{"id":2516235,"date":"2026-11-18T13:52:42","date_gmt":"2026-11-18T12:52:42","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/?p=2516235"},"modified":"2026-11-18T13:52:42","modified_gmt":"2026-11-18T12:52:42","slug":"inhabilitacion-servidores-publicos-cuanto-dura-como-impugnarla","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/es\/inhabilitacion-servidores-publicos-cuanto-dura-como-impugnarla\/","title":{"rendered":"Inhabilitaci\u00f3n de servidores p\u00fablicos en M\u00e9xico: cu\u00e1nto dura y c\u00f3mo impugnarla"},"content":{"rendered":"<p>La palabra \u00abinhabilitaci\u00f3n\u00bb figura estos d\u00edas entre las b\u00fasquedas en aumento en M\u00e9xico. En el derecho federal mexicano, la inhabilitaci\u00f3n de servidores p\u00fablicos es una sanci\u00f3n temporal: impide desempe\u00f1ar empleos, cargos o comisiones en el servicio p\u00fablico y participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras p\u00fablicas. Su duraci\u00f3n no es \u00fanica. Seg\u00fan la <a href=\"https:\/\/www.diputados.gob.mx\/LeyesBiblio\/pdf\/LGRA.pdf\">Ley General de Responsabilidades Administrativas<\/a>, cuyo texto vigente lleva una \u00faltima reforma publicada en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n el 15 de diciembre de 2025, va de tres meses a un a\u00f1o cuando la falta no es grave y puede llegar a veinte a\u00f1os cuando el Tribunal sanciona una falta grave con una afectaci\u00f3n elevada. Tambi\u00e9n cambian la autoridad que la impone, el momento en que se ejecuta y el recurso disponible.<\/p>\n<p>Esta gu\u00eda tiene un alcance general: no comenta ning\u00fan expediente concreto ni atribuye conducta alguna a una persona. Explica qu\u00e9 distingue a una inhabilitaci\u00f3n administrativa de una penal, cu\u00e1ndo empieza a aplicarse, qu\u00e9 consecuencias laborales tiene y qu\u00e9 plazos corren para defenderse o impugnarla. Se basa en la ley general y en las normas federales. En los estados, los \u00f3rganos de control y los tribunales de justicia administrativa aplican la misma ley general junto con leyes locales, como las que regulan el juicio ante el tribunal estatal, que conviene revisar en cada caso. Se trata de informaci\u00f3n sobre un derecho extranjero, redactada desde Par\u00eds.<\/p>\n<p>Por Hassan Kohen, abogado inscrito en el Colegio de Abogados de Par\u00eds.<\/p>\n<h2>I. Qu\u00e9 es la inhabilitaci\u00f3n y cu\u00e1nto puede durar<\/h2>\n<h3>A. Faltas no graves: la sanci\u00f3n que impone el \u00f3rgano interno de control<\/h3>\n<p>El punto de partida est\u00e1 en el art\u00edculo 109, fracci\u00f3n III, de la <a href=\"https:\/\/www.diputados.gob.mx\/LeyesBiblio\/pdf\/CPEUM.pdf\">Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de los Estados Unidos Mexicanos<\/a>. Ese precepto prev\u00e9 sanciones administrativas para los servidores p\u00fablicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempe\u00f1o de sus empleos, cargos o comisiones, y enumera la amonestaci\u00f3n, la suspensi\u00f3n, la destituci\u00f3n, la inhabilitaci\u00f3n y las sanciones econ\u00f3micas. El mismo art\u00edculo reparte la competencia en dos bloques. Las faltas graves se investigan y se substancian por la Auditor\u00eda Superior de la Federaci\u00f3n y los \u00f3rganos internos de control, o por sus hom\u00f3logos locales, y las resuelve el tribunal de justicia administrativa competente. Para el resto, el texto constitucional dispone: \u00abLas dem\u00e1s faltas y sanciones administrativas, ser\u00e1n conocidas y resueltas por los \u00f3rganos internos de control.\u00bb<\/p>\n<p>La ley general desarrolla esa divisi\u00f3n. Su art\u00edculo 3, fracci\u00f3n XV, define la falta administrativa no grave como aquella cuya sanci\u00f3n corresponde a las Secretar\u00edas y a los \u00f3rganos internos de control; la fracci\u00f3n XVI reserva la falta grave al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y a sus hom\u00f3logos en las entidades federativas. El art\u00edculo 49 enumera las obligaciones cuyo incumplimiento constituye una falta no grave. Entre ellas figuran cumplir las funciones encomendadas con disciplina y respeto, denunciar los actos que puedan constituir faltas, atender las instrucciones de los superiores cuando sean acordes con las disposiciones del servicio p\u00fablico, presentar en tiempo y forma las declaraciones de situaci\u00f3n patrimonial y de intereses, y custodiar la documentaci\u00f3n que se tiene bajo responsabilidad por raz\u00f3n del empleo. El art\u00edculo 50 a\u00f1ade los da\u00f1os y perjuicios causados de manera culposa o negligente a la Hacienda P\u00fablica o al patrimonio de un ente p\u00fablico, siempre que no constituyan una falta grave.<\/p>\n<p>Para estas faltas, el art\u00edculo 75 de la <a href=\"https:\/\/www.diputados.gob.mx\/LeyesBiblio\/pdf\/LGRA.pdf\">Ley General de Responsabilidades Administrativas<\/a> prev\u00e9 cuatro sanciones: amonestaci\u00f3n p\u00fablica o privada, suspensi\u00f3n del empleo, cargo o comisi\u00f3n, destituci\u00f3n e inhabilitaci\u00f3n temporal para desempe\u00f1ar empleos, cargos o comisiones en el servicio p\u00fablico y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras p\u00fablicas. La suspensi\u00f3n va de uno a treinta d\u00edas naturales. Sobre la inhabilitaci\u00f3n, el texto fija un marco preciso: \u00ab\u00e9sta no ser\u00e1 menor de tres meses ni podr\u00e1 exceder de un a\u00f1o\u00bb. La autoridad puede imponer una o varias sanciones a la vez, siempre que sean compatibles entre s\u00ed y de acuerdo con la trascendencia de la falta.<\/p>\n<p>La duraci\u00f3n concreta no se elige libremente dentro de ese margen. El art\u00edculo 76 obliga a considerar los elementos del empleo, cargo o comisi\u00f3n que desempe\u00f1aba la persona cuando incurri\u00f3 en la falta, su nivel jer\u00e1rquico y sus antecedentes, incluida la antig\u00fcedad en el servicio, las condiciones exteriores y los medios de ejecuci\u00f3n, as\u00ed como la reincidencia. En caso de reincidencia en faltas no graves, la nueva sanci\u00f3n no puede ser igual ni menor a la anterior. La ley considera reincidente a quien, tras una sanci\u00f3n que haya causado ejecutoria, comete otra infracci\u00f3n del mismo tipo. Por eso, una resoluci\u00f3n que impone una inhabilitaci\u00f3n debe explicar por qu\u00e9 la falta tiene la trascendencia suficiente para justificarla en lugar de una amonestaci\u00f3n o una suspensi\u00f3n breve.<\/p>\n<p>El art\u00edculo 77 ofrece adem\u00e1s una salida que se pasa por alto con frecuencia. Los \u00f3rganos internos de control pueden abstenerse de imponer la sanci\u00f3n cuando el servidor p\u00fablico no haya sido sancionado previamente por la misma falta no grave y no haya actuado de forma dolosa. En ese caso, la autoridad deja constancia de la no imposici\u00f3n. Para una persona que enfrenta un procedimiento por una omisi\u00f3n documental o un retraso sin intenci\u00f3n, esta posibilidad merece plantearse expresamente en la defensa, con pruebas de la ausencia de dolo y del historial limpio.<\/p>\n<p>El momento en que la sanci\u00f3n produce efectos tambi\u00e9n es distinto seg\u00fan la v\u00eda. El art\u00edculo 222 dispone que la ejecuci\u00f3n de las sanciones por faltas no graves se lleva a cabo de inmediato, una vez impuestas por las Secretar\u00edas o los \u00f3rganos internos de control, y conforme a lo que disponga la resoluci\u00f3n. Desde el punto de vista laboral, eso significa que una inhabilitaci\u00f3n de seis meses impuesta por un \u00f3rgano interno de control puede empezar a correr sin esperar a que se resuelva un recurso, salvo que se obtenga la suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n que se analiza en la segunda parte. Si la resoluci\u00f3n combina la inhabilitaci\u00f3n con la destituci\u00f3n, la relaci\u00f3n con el ente p\u00fablico termina, adem\u00e1s, por esta \u00faltima sanci\u00f3n. El art\u00edculo 223 precisa que, para los servidores p\u00fablicos de base, la suspensi\u00f3n y la destituci\u00f3n las ejecuta el titular del ente p\u00fablico correspondiente.<\/p>\n<p>Un ejemplo hipot\u00e9tico permite ver la l\u00f3gica. Una persona servidora p\u00fablica a la que se atribuye no haber custodiado debidamente expedientes a su cargo, en los t\u00e9rminos de la fracci\u00f3n V del art\u00edculo 49, enfrenta en principio un procedimiento por falta no grave. Si no tiene antecedentes y no hubo dolo, la autoridad puede abstenerse de sancionar. Si sanciona, debe razonar la elecci\u00f3n entre amonestaci\u00f3n, suspensi\u00f3n, destituci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n, y una eventual inhabilitaci\u00f3n no puede bajar de tres meses ni superar un a\u00f1o.<\/p>\n<p>Por \u00faltimo, el tiempo tambi\u00e9n protege. Seg\u00fan el art\u00edculo 74, las facultades para sancionar faltas no graves prescriben en tres a\u00f1os, contados desde el d\u00eda siguiente a la comisi\u00f3n de la infracci\u00f3n o desde que hubiera cesado. Para las faltas graves y las faltas de particulares, el plazo es de siete a\u00f1os. La prescripci\u00f3n se interrumpe con la calificaci\u00f3n de la conducta prevista en el art\u00edculo 100, y los plazos de este art\u00edculo se computan en d\u00edas naturales. El mismo precepto proh\u00edbe dejar de actuar en el procedimiento durante m\u00e1s de seis meses sin causa justificada: si eso ocurre, se decreta la caducidad de la instancia a solicitud del presunto infractor. Comprobar las fechas de la conducta, de la calificaci\u00f3n y de las \u00faltimas actuaciones es, por tanto, uno de los primeros pasos de cualquier defensa.<\/p>\n<h3>B. Faltas graves y particulares: la sanci\u00f3n que impone el Tribunal<\/h3>\n<p>Las faltas graves est\u00e1n enumeradas en el cap\u00edtulo que comienza en el art\u00edculo 51 de la ley general. Comprenden, entre otras, el cohecho, el peculado, el desv\u00edo de recursos p\u00fablicos, la utilizaci\u00f3n indebida de informaci\u00f3n, el abuso de funciones, la actuaci\u00f3n bajo conflicto de inter\u00e9s, la contrataci\u00f3n indebida, el enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de inter\u00e9s, el tr\u00e1fico de influencias, el encubrimiento, el desacato, el nepotismo y la obstrucci\u00f3n de la justicia. Los art\u00edculos 64 Bis y 64 Ter a\u00f1aden las violaciones a las disposiciones sobre fideicomisos de la Ley Federal de Austeridad Republicana y la omisi\u00f3n de enterar ciertas cuotas, aportaciones y descuentos ante el instituto de seguridad social de los trabajadores del Estado.<\/p>\n<p>Para estas conductas, el art\u00edculo 78 atribuye la sanci\u00f3n al Tribunal y prev\u00e9 suspensi\u00f3n de treinta a noventa d\u00edas naturales, destituci\u00f3n, sanci\u00f3n econ\u00f3mica e inhabilitaci\u00f3n temporal. La duraci\u00f3n de la inhabilitaci\u00f3n depende de la afectaci\u00f3n. Es de uno hasta diez a\u00f1os si el monto de la afectaci\u00f3n de la falta grave no excede de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizaci\u00f3n, y de diez a veinte a\u00f1os si excede de ese l\u00edmite. Cuando no se causen da\u00f1os o perjuicios ni exista beneficio o lucro alguno, la ley permite imponer de tres meses a un a\u00f1o de inhabilitaci\u00f3n. La cuantificaci\u00f3n de la afectaci\u00f3n es, por tanto, un punto central del debate: un error en el c\u00e1lculo del monto puede desplazar el caso de un tramo al otro.<\/p>\n<p>El art\u00edculo 79 completa el cuadro econ\u00f3mico. Si la falta grave gener\u00f3 beneficios econ\u00f3micos al servidor p\u00fablico o a las personas mencionadas en el art\u00edculo 52, la sanci\u00f3n econ\u00f3mica puede alcanzar hasta dos tantos de esos beneficios y nunca puede ser menor o igual a ellos. Si hubo da\u00f1os y perjuicios a la Hacienda P\u00fablica o al patrimonio de los entes p\u00fablicos, el Tribunal determina adem\u00e1s una indemnizaci\u00f3n. Para individualizar la sanci\u00f3n, el art\u00edculo 80 a\u00f1ade a los criterios ya vistos los da\u00f1os y perjuicios patrimoniales, las circunstancias socioecon\u00f3micas del servidor p\u00fablico y el monto del beneficio obtenido.<\/p>\n<p>En el \u00e1mbito federal, la <a href=\"https:\/\/www.diputados.gob.mx\/LeyesBiblio\/pdf\/LOTFJA.pdf\">Ley Org\u00e1nica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa<\/a>, con \u00faltima reforma publicada en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n el 16 de octubre de 2025, atribuye a sus Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas la resoluci\u00f3n de las faltas graves investigadas y substanciadas por la Auditor\u00eda Superior de la Federaci\u00f3n y los \u00f3rganos internos de control, y la imposici\u00f3n de las sanciones que correspondan (art\u00edculo 38, apartado A). Su art\u00edculo 20 encarga a la Tercera Secci\u00f3n de la Sala Superior, entre otras funciones, resolver el recurso de apelaci\u00f3n contra las resoluciones de esas salas especializadas.<\/p>\n<p>La inhabilitaci\u00f3n no se limita a los servidores p\u00fablicos. El art\u00edculo 81 de la ley general prev\u00e9, para los particulares vinculados con faltas graves, una inhabilitaci\u00f3n temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras p\u00fablicas. Para las personas f\u00edsicas, ese periodo no puede ser menor de tres meses ni mayor de ocho a\u00f1os. Para las personas morales, va de tres meses a diez a\u00f1os, y puede acompa\u00f1arse de sanci\u00f3n econ\u00f3mica e indemnizaci\u00f3n. La suspensi\u00f3n de actividades y la disoluci\u00f3n de la sociedad solo proceden cuando la sociedad obtiene un beneficio econ\u00f3mico y se acredita la participaci\u00f3n de sus \u00f3rganos de administraci\u00f3n, de vigilancia o de sus socios, o cuando se advierte que la sociedad se utiliza de manera sistem\u00e1tica para vincularse con faltas graves. El art\u00edculo 83 aclara que la responsabilidad del particular se determina de manera aut\u00f3noma e independiente de la participaci\u00f3n de un servidor p\u00fablico.<\/p>\n<p>La ejecuci\u00f3n de estas sanciones sigue reglas propias. El art\u00edculo 84 dispone que la inhabilitaci\u00f3n ser\u00e1 impuesta por el Tribunal y ejecutada en los t\u00e9rminos de la resoluci\u00f3n dictada. El art\u00edculo 225 prev\u00e9 que, cuando haya causado ejecutoria una sentencia que determine la plena responsabilidad de un servidor p\u00fablico por faltas graves, el magistrado comunique la sentencia de oficio para su cumplimiento y, si hubo suspensi\u00f3n, destituci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n, d\u00e9 vista al superior jer\u00e1rquico y a la Secretar\u00eda. Para los particulares inhabilitados, el art\u00edculo 226 ordena publicar la sentencia en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n y en los peri\u00f3dicos oficiales de las entidades federativas. La diferencia con las faltas no graves es relevante: all\u00ed la ejecuci\u00f3n es inmediata, mientras que aqu\u00ed la ley vincula el cumplimiento a una sentencia que ha causado ejecutoria.<\/p>\n<p>Una vez firme, la sanci\u00f3n entra en un registro p\u00fablico. Seg\u00fan el art\u00edculo 27 de la <a href=\"https:\/\/www.diputados.gob.mx\/LeyesBiblio\/pdf\/LGRA.pdf\">Ley General de Responsabilidades Administrativas<\/a>, en el sistema nacional de servidores p\u00fablicos y particulares sancionados de la Plataforma digital nacional se inscriben y se hacen p\u00fablicas las constancias de sanciones o de inhabilitaci\u00f3n que se encuentren firmes contra quienes hayan sido sancionados por actos vinculados con faltas graves, as\u00ed como la anotaci\u00f3n de las abstenciones previstas en los art\u00edculos 77 y 80. El mismo art\u00edculo impone una consulta obligatoria a los entes p\u00fablicos, que deben revisar ese sistema con el fin de verificar si existen inhabilitaciones, y lo hacen \u00abprevio al nombramiento, designaci\u00f3n o contrataci\u00f3n de quienes pretendan ingresar al servicio p\u00fablico\u00bb. El art\u00edculo 59 cierra el c\u00edrculo: comete contrataci\u00f3n indebida el servidor p\u00fablico que autoriza la contrataci\u00f3n, el nombramiento o la designaci\u00f3n de quien est\u00e9 inhabilitado por resoluci\u00f3n de autoridad competente, siempre que la inhabilitaci\u00f3n figure inscrita en ese sistema al momento de la autorizaci\u00f3n.<\/p>\n<p>En los resultados de b\u00fasqueda sobre la inhabilitaci\u00f3n predominan las p\u00e1ginas oficiales dedicadas a la constancia que acredita si existe o no una sanci\u00f3n registrada. Este texto no describe ese tr\u00e1mite, que depende de la autoridad de control de cada orden de gobierno, pero s\u00ed permite leer el resultado. Ante una anotaci\u00f3n inesperada, conviene identificar la autoridad que emiti\u00f3 la resoluci\u00f3n, la fecha en que qued\u00f3 firme, la duraci\u00f3n de la sanci\u00f3n, la fecha de inicio que fija la resoluci\u00f3n y si se trata de una sanci\u00f3n o de una abstenci\u00f3n anotada. Si alguno de esos elementos no coincide con la resoluci\u00f3n, conviene dirigirse a la autoridad que gener\u00f3 la anotaci\u00f3n, con la resoluci\u00f3n y la constancia de su firmeza a la vista, para pedir que se revise.<\/p>\n<p>La inhabilitaci\u00f3n administrativa debe distinguirse, por \u00faltimo, de la inhabilitaci\u00f3n penal. La fracci\u00f3n II del art\u00edculo 109 constitucional dispone que la comisi\u00f3n de delitos por servidores p\u00fablicos o particulares que incurran en hechos de corrupci\u00f3n se sanciona conforme a la legislaci\u00f3n penal. El art\u00edculo 24 del <a href=\"https:\/\/www.diputados.gob.mx\/LeyesBiblio\/pdf\/CPF.pdf\">C\u00f3digo Penal Federal<\/a>, con \u00faltima reforma publicada en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n el 13 de marzo de 2026, incluye entre las penas la inhabilitaci\u00f3n, destituci\u00f3n o suspensi\u00f3n de funciones o empleos. Su art\u00edculo 212, aplicable a los delitos del T\u00edtulo D\u00e9cimo, dedicado a los delitos por hechos de corrupci\u00f3n, y del t\u00edtulo siguiente, impone de manera adicional la destituci\u00f3n y la inhabilitaci\u00f3n para desempe\u00f1ar empleo, cargo o comisi\u00f3n p\u00fablicos por un plazo de uno a veinte a\u00f1os: hasta diez a\u00f1os cuando no exista da\u00f1o o perjuicio o cuando el monto no exceda de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizaci\u00f3n, y de diez a veinte a\u00f1os si lo excede. Esa pena la impone un juez penal al t\u00e9rmino de un proceso penal, no un \u00f3rgano de control.<\/p>\n<p>Ambas v\u00edas pueden coexistir respecto de los mismos hechos. El art\u00edculo 109 de la <a href=\"https:\/\/www.diputados.gob.mx\/LeyesBiblio\/pdf\/CPEUM.pdf\">Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de los Estados Unidos Mexicanos<\/a> dispone que los procedimientos para aplicar las distintas sanciones se desarrollan aut\u00f3nomamente y a\u00f1ade una garant\u00eda: \u00abNo podr\u00e1n imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.\u00bb La aplicaci\u00f3n de esta regla a un caso concreto, por ejemplo cuando coinciden una inhabilitaci\u00f3n administrativa y una penal, depende del an\u00e1lisis de la autoridad competente y no puede resolverse en abstracto. La autonom\u00eda que proclama el texto constitucional significa, al menos, que cada v\u00eda sigue su propio cauce, ante su propia autoridad y con sus propias reglas.<\/p>\n<h2>II. C\u00f3mo defenderse y c\u00f3mo impugnar la inhabilitaci\u00f3n<\/h2>\n<h3>A. Durante el procedimiento: derechos, plazos y medidas cautelares<\/h3>\n<p>La defensa empieza mucho antes de la resoluci\u00f3n. El art\u00edculo 111 de la ley general exige que en los procedimientos de responsabilidad administrativa se respeten los principios de legalidad, presunci\u00f3n de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos humanos. El art\u00edculo 135 de la <a href=\"https:\/\/www.diputados.gob.mx\/LeyesBiblio\/pdf\/LGRA.pdf\">Ley General de Responsabilidades Administrativas<\/a> desarrolla la presunci\u00f3n de inocencia: la culpabilidad debe demostrarse m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable, la carga de la prueba corresponde a las autoridades investigadoras y la persona se\u00f1alada no est\u00e1 obligada a confesar ni a declarar en su contra, de modo que \u00absu silencio no deber\u00e1 ser considerado como prueba o indicio de su responsabilidad\u00bb.<\/p>\n<p>El procedimiento tiene una secuencia marcada por la ley. Cuando concluye la investigaci\u00f3n, la autoridad investigadora analiza los hechos y, si encuentra una falta, la califica como grave o no grave (art\u00edculo 100). Esa calificaci\u00f3n se incluye en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, que se presenta ante la autoridad substanciadora. Si no hay elementos suficientes, se dicta un acuerdo de conclusi\u00f3n y archivo, que se notifica a las personas investigadas dentro de los diez d\u00edas h\u00e1biles siguientes, sin perjuicio de que la investigaci\u00f3n se reabra con nuevos indicios mientras la facultad de sancionar no haya prescrito.<\/p>\n<p>Cuando el informe se admite, el art\u00edculo 208 ordena el emplazamiento del presunto responsable y su citaci\u00f3n a una audiencia inicial, con indicaci\u00f3n precisa del d\u00eda, el lugar, la hora y la autoridad ante la que se celebrar\u00e1. En ese acto se le informa del derecho a no declarar contra s\u00ed mismo ni a declararse culpable, a defenderse personalmente o con un defensor perito en la materia y, si no cuenta con defensor, a que se le nombre uno de oficio. Entre el emplazamiento y la audiencia debe mediar un plazo no menor de diez ni mayor de quince d\u00edas h\u00e1biles. El diferimiento solo procede por caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificados.<\/p>\n<p>La audiencia inicial es el momento decisivo para la prueba. La persona presunta responsable rinde su declaraci\u00f3n por escrito o verbalmente y debe ofrecer las pruebas que estime necesarias. Si se trata de documentos, debe exhibir todos los que tenga en su poder o acreditar con el acuse correspondiente que los solicit\u00f3; si obran en archivos de terceros, debe se\u00f1alar d\u00f3nde se encuentran. Una vez cerrada la audiencia, ya no pueden ofrecerse m\u00e1s pruebas, salvo las supervenientes. En la pr\u00e1ctica, eso obliga a preparar desde el emplazamiento un expediente propio: nombramiento y descripci\u00f3n del puesto, manuales o lineamientos aplicables, oficios con instrucciones recibidas, acuses de entrega de documentaci\u00f3n, correos institucionales relevantes y cualquier constancia que permita reconstruir qui\u00e9n decidi\u00f3 qu\u00e9 y en qu\u00e9 fecha.<\/p>\n<p>Tras la audiencia, en las faltas no graves, la autoridad substanciadora dicta el acuerdo de admisi\u00f3n de pruebas dentro de los quince d\u00edas h\u00e1biles siguientes, abre un periodo de alegatos de cinco d\u00edas h\u00e1biles y, cerrada la instrucci\u00f3n, la autoridad resolutora dicta resoluci\u00f3n en un plazo no mayor a treinta d\u00edas h\u00e1biles, ampliable una sola vez por otros treinta cuando la complejidad lo requiera. La resoluci\u00f3n se notifica personalmente al presunto responsable. En las faltas graves, el art\u00edculo 209 prev\u00e9 que, dentro de los tres d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la conclusi\u00f3n de la audiencia inicial, la autoridad substanciadora env\u00ede los autos originales al Tribunal. Este verifica que la falta descrita sea efectivamente grave; si no lo es, devuelve el expediente para que contin\u00fae como falta no grave. Si los hechos corresponden a otra falta grave, ordena la reclasificaci\u00f3n. Despu\u00e9s siguen las etapas de pruebas, alegatos y resoluci\u00f3n con plazos equivalentes.<\/p>\n<p>Durante el tr\u00e1mite existe un recurso espec\u00edfico. El recurso de reclamaci\u00f3n procede contra las resoluciones que admitan, desechen o tengan por no presentado el informe, la contestaci\u00f3n o alguna prueba, contra las que decreten o nieguen el sobreseimiento antes del cierre de instrucci\u00f3n y contra las que admitan o rechacen la intervenci\u00f3n del tercero interesado (art\u00edculo 213). Se interpone ante la autoridad que dict\u00f3 el auto dentro de los cinco d\u00edas h\u00e1biles siguientes a aquel en que surta efectos la notificaci\u00f3n, y su resoluci\u00f3n no admite recurso alguno (art\u00edculo 214). Un auto que desecha una prueba clave debe atacarse en ese plazo corto, porque despu\u00e9s ser\u00e1 dif\u00edcil reabrir la cuesti\u00f3n.<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n puede tener efectos laborales inmediatos aunque todav\u00eda no exista sanci\u00f3n. Los art\u00edculos 123 y 124 permiten a las autoridades investigadoras pedir medidas cautelares para evitar la destrucci\u00f3n de pruebas, la continuaci\u00f3n de los efectos perjudiciales, la obstaculizaci\u00f3n del procedimiento o un da\u00f1o irreparable a la Hacienda P\u00fablica. Entre ellas est\u00e1 la suspensi\u00f3n temporal del servidor p\u00fablico se\u00f1alado como presunto responsable. La ley la rodea de garant\u00edas, ya que, seg\u00fan el art\u00edculo 124 de la <a href=\"https:\/\/www.diputados.gob.mx\/LeyesBiblio\/pdf\/LGRA.pdf\">Ley General de Responsabilidades Administrativas<\/a>, \u00abDicha suspensi\u00f3n no prejuzgar\u00e1 ni ser\u00e1 indicio de la responsabilidad que se le impute\u00bb. Mientras dure, deben adoptarse medidas que garanticen el m\u00ednimo vital de la persona y de sus dependientes econ\u00f3micos y que impidan presentarla p\u00fablicamente como responsable. Si finalmente no resulta responsable, la dependencia o entidad la restituye en el goce de sus derechos y le cubre las percepciones que debi\u00f3 recibir durante la suspensi\u00f3n.<\/p>\n<h3>B. Despu\u00e9s de la resoluci\u00f3n: revocaci\u00f3n, juicio contencioso y apelaci\u00f3n<\/h3>\n<p>Si la sanci\u00f3n proviene de un \u00f3rgano interno de control por una falta no grave, el art\u00edculo 210 de la ley general abre el recurso de revocaci\u00f3n. Los servidores p\u00fablicos que resulten responsables pueden interponerlo ante la autoridad que emiti\u00f3 la resoluci\u00f3n dentro de los quince d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificaci\u00f3n. El escrito debe expresar los agravios que a juicio del servidor p\u00fablico le cause la resoluci\u00f3n y ofrecer las pruebas que considere necesario rendir (art\u00edculo 211). La autoridad decide sobre su admisi\u00f3n en tres d\u00edas h\u00e1biles y, si falta alg\u00fan requisito, previene una sola vez para que se subsane en un plazo que no puede exceder de tres d\u00edas. Desahogadas las pruebas, la resoluci\u00f3n se dicta en treinta d\u00edas h\u00e1biles y se notifica en un plazo no mayor de setenta y dos horas.<\/p>\n<p>Como la inhabilitaci\u00f3n por falta no grave se ejecuta de inmediato, la suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n tiene un peso pr\u00e1ctico considerable. El art\u00edculo 212 prev\u00e9 que la interposici\u00f3n del recurso suspende la ejecuci\u00f3n de la resoluci\u00f3n recurrida si el recurrente lo solicita y si no se sigue perjuicio al inter\u00e9s social ni se contravienen disposiciones de orden p\u00fablico. Cuando la suspensi\u00f3n pueda causar da\u00f1o a un tercero, el recurrente debe otorgar garant\u00eda suficiente. La autoridad debe pronunciarse sobre la solicitud en un plazo no mayor de veinticuatro horas. Pedir la suspensi\u00f3n en el mismo escrito del recurso, con una explicaci\u00f3n concreta de por qu\u00e9 no afecta al inter\u00e9s social, evita que la inhabilitaci\u00f3n transcurra mientras se discute su legalidad.<\/p>\n<p>La v\u00eda judicial viene despu\u00e9s o en paralelo, seg\u00fan el dise\u00f1o elegido. El segundo p\u00e1rrafo del art\u00edculo 210 dispone que las resoluciones dictadas en el recurso de revocaci\u00f3n son impugnables ante los tribunales mediante el juicio contencioso administrativo, en el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o mediante el juicio que dispongan las leyes de las entidades federativas. Por su parte, el art\u00edculo 38, apartado B, fracci\u00f3n III, de la <a href=\"https:\/\/www.diputados.gob.mx\/LeyesBiblio\/pdf\/LOTFJA.pdf\">Ley Org\u00e1nica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa<\/a> atribuye a las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas el conocimiento de las resoluciones definitivas que impongan sanciones administrativas a los servidores p\u00fablicos en t\u00e9rminos de la ley general, as\u00ed como de las que decidan los recursos administrativos previstos en ella. Elegir entre presentar primero la revocaci\u00f3n o acudir directamente al juicio exige verificar la normativa aplicable al ente y el plazo que corre para cada v\u00eda.<\/p>\n<p>En el \u00e1mbito federal, los plazos del juicio se rigen por la <a href=\"https:\/\/www.diputados.gob.mx\/LeyesBiblio\/pdf\/LFPCA.pdf\">Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo<\/a>, cuya \u00faltima reforma se public\u00f3 en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n el 9 de junio de 2026. Su art\u00edculo 13 fija un plazo de treinta d\u00edas siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n impugnada, y su art\u00edculo 74 precisa que los plazos fijados en d\u00edas se computan solo en d\u00edas h\u00e1biles. El mismo art\u00edculo 13 permite presentar la demanda por escrito ante la sala competente o en l\u00ednea, a trav\u00e9s del Sistema de Justicia en L\u00ednea; la persona demandante debe manifestar su opci\u00f3n al presentar la demanda y, una vez elegida, no puede variarla. Si no la manifiesta, se entiende que eligi\u00f3 la v\u00eda tradicional. Dentro del juicio, el art\u00edculo 28 regula la solicitud de suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n del acto impugnado, que se concede siempre que no se afecte el inter\u00e9s social ni se contravengan disposiciones de orden p\u00fablico.<\/p>\n<p>Si la inhabilitaci\u00f3n proviene del Tribunal por una falta grave, el medio de impugnaci\u00f3n es el recurso de apelaci\u00f3n. El art\u00edculo 215 de la ley general permite a los responsables o a los terceros impugnar las resoluciones de los tribunales mediante escrito presentado ante el tribunal que emiti\u00f3 la resoluci\u00f3n, dentro de los quince d\u00edas h\u00e1biles siguientes a aquel en que surta sus efectos la notificaci\u00f3n. El escrito debe formular los agravios y acompa\u00f1ar una copia para el expediente y una para cada parte. La apelaci\u00f3n procede contra la resoluci\u00f3n que impone sanciones por faltas graves o faltas de particulares y contra la que declara que no existe responsabilidad (art\u00edculo 216). La instancia que conoce del recurso decide sobre su admisi\u00f3n en tres d\u00edas h\u00e1biles (art\u00edculo 217).<\/p>\n<p>Dos reglas favorecen a quien apela. El art\u00edculo 218 manda estudiar los conceptos de apelaci\u00f3n seg\u00fan su prelaci\u00f3n l\u00f3gica y privilegiar los de fondo sobre los de procedimiento y forma, salvo que invertir el orden d\u00e9 certeza sobre la inocencia del servidor p\u00fablico o del particular; las violaciones de fondo de las que pudiera derivarse el sobreseimiento, la inocencia del recurrente o la determinaci\u00f3n de culpabilidad respecto de alguna conducta se estudian con preferencia, incluso de oficio. El art\u00edculo 219 dispone que, si la sentencia se revoca o se modifica a favor del servidor p\u00fablico, el ente p\u00fablico en el que preste o haya prestado sus servicios debe restituirlo de inmediato en el goce de los derechos de que hubiera sido privado por la ejecuci\u00f3n de las sanciones impugnadas. La ley except\u00faa a los agentes del Ministerio P\u00fablico, a los peritos oficiales y a los miembros de las instituciones policiales: en esos casos, la instituci\u00f3n solo est\u00e1 obligada a pagar la indemnizaci\u00f3n y las dem\u00e1s prestaciones, sin reincorporaci\u00f3n al servicio.<\/p>\n<p>Las autoridades tambi\u00e9n pueden recurrir. El art\u00edculo 220 permite a las autoridades de control y de fiscalizaci\u00f3n que menciona impugnar las resoluciones definitivas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa mediante el recurso de revisi\u00f3n, en un plazo de diez d\u00edas h\u00e1biles, que se tramita conforme a las reglas de la revisi\u00f3n en amparo indirecto. Para las sentencias de los tribunales de las entidades federativas, el art\u00edculo 221 remite a las leyes locales. Una resoluci\u00f3n favorable, por tanto, no siempre es definitiva el d\u00eda en que se notifica, y conviene seguir el expediente hasta que quede firme.<\/p>\n<p>Como informaci\u00f3n sobre el contexto del autor, la p\u00e1gina del <a href=\"https:\/\/kohenavocats.com\/es\/\">despacho de abogados en Par\u00eds en espa\u00f1ol<\/a> identifica su lugar de ejercicio. El an\u00e1lisis de este art\u00edculo se limita al derecho mexicano descrito y no supone ejercicio profesional en M\u00e9xico.<\/p>\n<p>Para organizar la defensa frente a una inhabilitaci\u00f3n, cinco datos ordenan casi todas las decisiones. El primero es la calificaci\u00f3n de la falta, grave o no grave, porque determina la autoridad, la duraci\u00f3n posible y el recurso. El segundo es la fecha en que surti\u00f3 efectos la notificaci\u00f3n, que abre los plazos de quince d\u00edas h\u00e1biles para la revocaci\u00f3n o la apelaci\u00f3n y de treinta d\u00edas para el juicio federal. El tercero es si la sanci\u00f3n ya se est\u00e1 ejecutando, lo que hace urgente la solicitud de suspensi\u00f3n. El cuarto es la existencia de una medida cautelar previa, cuyas consecuencias econ\u00f3micas deben revertirse si no hay responsabilidad. El quinto es la situaci\u00f3n en el sistema nacional de sancionados, donde el art\u00edculo 27 ordena inscribir las sanciones e inhabilitaciones firmes vinculadas con faltas graves y que los entes p\u00fablicos consultan antes de contratar.<\/p>\n<p>Dos situaciones hipot\u00e9ticas muestran c\u00f3mo cambian esas decisiones. En la primera, una persona empleada en una dependencia federal recibe la notificaci\u00f3n de una resoluci\u00f3n del \u00f3rgano interno de control que le impone seis meses de inhabilitaci\u00f3n por una falta no grave. La sanci\u00f3n se ejecuta de inmediato, de modo que la prioridad es presentar la revocaci\u00f3n dentro de los quince d\u00edas h\u00e1biles y pedir en ese mismo escrito la suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n, o valorar la demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa dentro de su propio plazo. En la segunda, una exfuncionaria es sancionada por la sala especializada con cuatro a\u00f1os de inhabilitaci\u00f3n por una falta grave. El recurso es la apelaci\u00f3n, en quince d\u00edas h\u00e1biles, y el debate se centrar\u00e1 en la calificaci\u00f3n de la conducta, la cuantificaci\u00f3n de la afectaci\u00f3n que fija el tramo de duraci\u00f3n y la individualizaci\u00f3n de la sanci\u00f3n.<\/p>\n<h2>Conclusi\u00f3n<\/h2>\n<p>En M\u00e9xico, la inhabilitaci\u00f3n de servidores p\u00fablicos no es una sanci\u00f3n uniforme. Por una falta no grave, la impone el \u00f3rgano interno de control, dura entre tres meses y un a\u00f1o, se ejecuta de inmediato y se impugna mediante la revocaci\u00f3n, en quince d\u00edas h\u00e1biles, o ante el tribunal de justicia administrativa. Por una falta grave, la impone el Tribunal, puede durar de tres meses a veinte a\u00f1os seg\u00fan la afectaci\u00f3n y el beneficio, se cumple cuando la sentencia causa ejecutoria y se impugna mediante la apelaci\u00f3n, tambi\u00e9n en quince d\u00edas h\u00e1biles. La inhabilitaci\u00f3n penal es distinta y la impone un juez penal. En todos los casos, la calificaci\u00f3n de la falta, la fecha de notificaci\u00f3n, la solicitud oportuna de suspensi\u00f3n y la revisi\u00f3n del registro de sancionados son los elementos que deciden si la sanci\u00f3n puede corregirse a tiempo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En M\u00e9xico, la inhabilitaci\u00f3n de un servidor p\u00fablico puede durar de tres meses a veinte a\u00f1os seg\u00fan la falta. 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