{"id":2517057,"date":"2026-11-18T21:51:00","date_gmt":"2026-11-18T20:51:00","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/?p=2517057"},"modified":"2026-11-18T21:51:00","modified_gmt":"2026-11-18T20:51:00","slug":"agrupacion-de-trafico-recurrir-multa-guardia-civil","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/es\/agrupacion-de-trafico-recurrir-multa-guardia-civil\/","title":{"rendered":"Agrupaci\u00f3n de Tr\u00e1fico: c\u00f3mo recurrir una multa de la Guardia Civil"},"content":{"rendered":"<p><em>Hassan Kohen, abogado inscrito en el Colegio de Abogados de Par\u00eds.<\/em><\/p>\n<p>En Espa\u00f1a se busca estos d\u00edas \u00abagrupaci\u00f3n de tr\u00e1fico\u00bb. Detr\u00e1s de esa consulta suele haber una situaci\u00f3n muy concreta: un agente de la Guardia Civil le ha parado en carretera y le ha entregado un bolet\u00edn de denuncia, o la denuncia le ha llegado d\u00edas despu\u00e9s por v\u00eda electr\u00f3nica o por correo, y usted no est\u00e1 de acuerdo con lo que describe. Las preguntas se repiten. \u00bfBasta la palabra del agente para sancionar? \u00bfCu\u00e1nto tiempo hay para responder? \u00bfConviene pagar con descuento o presentar alegaciones? \u00bfQu\u00e9 ocurre si, pese a todo, llega la resoluci\u00f3n?<\/p>\n<p>Esta gu\u00eda ofrece informaci\u00f3n general sobre el derecho espa\u00f1ol aplicable a las denuncias de tr\u00e1fico formuladas por agentes en v\u00edas interurbanas y traves\u00edas. El m\u00e9todo que expone es de alcance general y no sustituye la lectura de su propio expediente. Las comunidades aut\u00f3nomas que han asumido las funciones de tr\u00e1fico y los ayuntamientos, en las v\u00edas urbanas, cuentan con \u00f3rganos sancionadores propios. Los hechos que puedan constituir delito siguen otra v\u00eda y quedan fuera de este an\u00e1lisis.<\/p>\n<p>La idea central cabe en una frase: la denuncia del agente vale como prueba, pero solo hasta que se demuestre lo contrario, y ese \u00abcontrario\u00bb se construye con documentos, plazos y peticiones concretas dentro del procedimiento. Quien deja pasar los veinte d\u00edas naturales sin hacer nada, o paga sin medir a qu\u00e9 renuncia, pierde la mayor parte de su margen de defensa.<\/p>\n<h2>I. Qu\u00e9 prueba la denuncia de un agente de la Agrupaci\u00f3n de Tr\u00e1fico<\/h2>\n<h3>A. Qui\u00e9n denuncia, qui\u00e9n sanciona y qu\u00e9 debe constar en el bolet\u00edn<\/h3>\n<p>El punto de partida es saber qui\u00e9n hace qu\u00e9. El art\u00edculo 6.2 del <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-2015-11722\">texto refundido de la Ley sobre Tr\u00e1fico, Circulaci\u00f3n de Veh\u00edculos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6\/2015<\/a>, dispone que, para la vigilancia del tr\u00e1fico y para la denuncia de las infracciones, act\u00fae la Guardia Civil, \u00abespecialmente su Agrupaci\u00f3n de Tr\u00e1fico, que a estos efectos depende espec\u00edficamente del organismo aut\u00f3nomo Jefatura Central de Tr\u00e1fico\u00bb. El agente observa, denuncia y documenta. No es \u00e9l quien impone la multa.<\/p>\n<p>La sanci\u00f3n corresponde a otra autoridad. Seg\u00fan el art\u00edculo 84.1 de la misma ley, la competencia para sancionar las infracciones cometidas en v\u00edas interurbanas y traves\u00edas corresponde al Jefe de Tr\u00e1fico de la provincia en que se haya cometido el hecho. Si la infracci\u00f3n se ha cometido en el territorio de m\u00e1s de una provincia, la competencia corresponde, en su caso, al Jefe de Tr\u00e1fico de la provincia en que la infracci\u00f3n hubiera sido primeramente denunciada. El art\u00edculo 84.3 a\u00f1ade que, en las comunidades aut\u00f3nomas que han recibido el traspaso de funciones y servicios en materia de tr\u00e1fico, son competentes los \u00f3rganos previstos en la normativa auton\u00f3mica, y el art\u00edculo 84.4 atribuye a los alcaldes la sanci\u00f3n de las infracciones a las normas de circulaci\u00f3n cometidas en v\u00edas urbanas. Este reparto tiene una consecuencia pr\u00e1ctica inmediata: sus alegaciones y sus recursos se dirigen al \u00f3rgano que va a resolver, no a la unidad del agente.<\/p>\n<p>El momento en que empieza el procedimiento tambi\u00e9n importa. El art\u00edculo 86.2 de la ley de tr\u00e1fico establece que la denuncia formulada por los agentes encargados de la vigilancia del tr\u00e1fico, cuando se notifica en el acto al denunciado, es el acto de iniciaci\u00f3n del procedimiento sancionador a todos los efectos. Dicho de otro modo, cuando el agente le entrega el bolet\u00edn en la carretera, el procedimiento ya est\u00e1 abierto y los plazos empiezan a correr desde ese d\u00eda. No hace falta esperar ninguna carta posterior para reaccionar.<\/p>\n<p>La ley prefiere que la denuncia se entregue en el acto. El art\u00edculo 89.1 lo dice de forma directa: las denuncias se notificar\u00e1n en el acto al denunciado. El art\u00edculo 89.2 admite una notificaci\u00f3n posterior en cuatro supuestos: que detener el veh\u00edculo pueda originar un riesgo para la circulaci\u00f3n, en cuyo caso el agente deber\u00e1 indicar los motivos concretos que lo impiden; que el veh\u00edculo est\u00e9 estacionado sin el conductor presente; que la infracci\u00f3n se haya conocido mediante medios de captaci\u00f3n y reproducci\u00f3n de im\u00e1genes que permitan identificar el veh\u00edculo; o que el agente est\u00e9 realizando labores de vigilancia, control, regulaci\u00f3n o disciplina del tr\u00e1fico y carezca de medios para seguir al veh\u00edculo. Si la denuncia le ha llegado m\u00e1s tarde, compruebe cu\u00e1l de estos supuestos se invoca y, en el primero, si figuran los motivos concretos que exige la ley.<\/p>\n<p>El contenido del bolet\u00edn no es libre. El art\u00edculo 87.2 exige que en las denuncias por hechos de circulaci\u00f3n conste, en todo caso, la identificaci\u00f3n del veh\u00edculo, la identidad del denunciado si se conoce, una descripci\u00f3n sucinta del hecho con expresi\u00f3n del lugar o tramo, fecha y hora, y, cuando el denunciante es un agente de la autoridad, su n\u00famero de identificaci\u00f3n profesional. Cuando la denuncia se notifica en el acto, el art\u00edculo 87.3 a\u00f1ade otras menciones: la infracci\u00f3n presuntamente cometida, la sanci\u00f3n que pueda corresponder y los puntos cuya p\u00e9rdida lleve aparejada; el \u00f3rgano competente para sancionar y la norma que le atribuye esa competencia; las consecuencias del pago; el plazo de veinte d\u00edas naturales para pagar con reducci\u00f3n o para formular alegaciones y proponer pruebas, con indicaci\u00f3n de los lugares donde presentarlas; y la advertencia de que, si no se hace nada, el procedimiento se tendr\u00e1 por concluido conforme al art\u00edculo 95.4.<\/p>\n<p>Con esa lista en la mano, lea su bolet\u00edn l\u00ednea por l\u00ednea. Compruebe la matr\u00edcula, la marca y el modelo del veh\u00edculo; el punto kilom\u00e9trico o el tramo; la fecha y la hora; la descripci\u00f3n del hecho; el precepto que se considera infringido y el n\u00famero del agente. Anote cada discrepancia con sus propios datos: un justificante de peaje, un ticket de aparcamiento, la factura de un taller, el historial de ubicaci\u00f3n de su tel\u00e9fono o el registro de un sistema de gesti\u00f3n de flotas pueden situar el veh\u00edculo en otro lugar u otra hora. Un dato err\u00f3neo no anula por s\u00ed solo la denuncia, pero puede debilitar la descripci\u00f3n del hecho, y debe se\u00f1alarse expresamente en las alegaciones. Lo que no se dice en el procedimiento dif\u00edcilmente se podr\u00e1 hacer valer despu\u00e9s.<\/p>\n<h3>B. Valor probatorio \u00absalvo prueba en contrario\u00bb: qu\u00e9 significa y c\u00f3mo se combate<\/h3>\n<p>El n\u00facleo de la cuesti\u00f3n est\u00e1 en el art\u00edculo 88 del texto refundido de la Ley sobre Tr\u00e1fico. Seg\u00fan ese precepto, las denuncias formuladas por los agentes encargados de la vigilancia del tr\u00e1fico, en el ejercicio de esas funciones, tienen valor probatorio, salvo prueba en contrario, respecto de tres extremos: los hechos denunciados, la identidad de quienes los cometieron y, en su caso, la notificaci\u00f3n de la denuncia. El mismo art\u00edculo deja a salvo el deber de los agentes de aportar todos los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado.<\/p>\n<p>La frase tiene dos mitades y conviene leerlas juntas. La primera otorga a la versi\u00f3n del agente un peso probatorio propio: sobre los hechos, sobre qui\u00e9n los cometi\u00f3 y sobre la notificaci\u00f3n, la denuncia sirve de prueba sin necesidad de otra cosa. La segunda impone al agente un deber: aportar todos los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado. Un bolet\u00edn que se limita a una f\u00f3rmula gen\u00e9rica no tiene la misma solidez que una denuncia acompa\u00f1ada de fotograf\u00edas, de la lectura de un aparato de medida o de una descripci\u00f3n detallada del lugar y de la maniobra. Cuando el hecho admit\u00eda documentarse y no se document\u00f3, ese silencio forma parte de lo que usted puede se\u00f1alar.<\/p>\n<p>Esta regla especial se inserta en un marco general. El art\u00edculo 83.1 de la ley de tr\u00e1fico precisa que no se puede imponer sanci\u00f3n alguna sino en virtud de un procedimiento instruido conforme a su cap\u00edtulo de procedimiento sancionador y, supletoriamente, a la normativa de procedimiento administrativo com\u00fan. Esa normativa es la <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-2015-10565\">Ley 39\/2015, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas<\/a>. Su art\u00edculo 77.5 recoge la misma idea para todos los documentos formalizados por funcionarios con condici\u00f3n de autoridad: los hechos constatados por ellos, observ\u00e1ndose los requisitos legales, \u00abhar\u00e1n prueba de \u00e9stos salvo que se acredite lo contrario\u00bb. Y su art\u00edculo 53.2.b) reconoce a los presuntos responsables, en los procedimientos sancionadores, el derecho a la \u00abpresunci\u00f3n de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario\u00bb.<\/p>\n<p>En la c\u00faspide del sistema, el art\u00edculo 25.1 de la <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-1978-31229\">Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola<\/a> establece que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que, en el momento de producirse, no constituyan delito, falta o infracci\u00f3n administrativa seg\u00fan la legislaci\u00f3n vigente. El art\u00edculo 24.1 garantiza la tutela efectiva de los jueces y tribunales \u00absin que, en ning\u00fan caso, pueda producirse indefensi\u00f3n\u00bb. Estas garant\u00edas no eliminan el valor de la denuncia del agente, pero explican por qu\u00e9 ese valor admite prueba en contrario y por qu\u00e9 el procedimiento debe permitirle presentarla.<\/p>\n<p>\u00bfQu\u00e9 cuenta como prueba en contrario? El art\u00edculo 77.1 de la Ley 39\/2015 permite acreditar los hechos relevantes por cualquier medio de prueba admisible en Derecho. En la pr\u00e1ctica, las pruebas \u00fatiles son las que contradicen un elemento concreto de la denuncia, no las que expresan desacuerdo. Si la denuncia se refiere a una se\u00f1al, fotograf\u00edas fechadas del lugar que muestren su ausencia, su ocultaci\u00f3n o su colocaci\u00f3n pueden ser relevantes. Si se discute la hora o el lugar, sirven los justificantes con fecha y hora, los registros de ubicaci\u00f3n y las declaraciones de testigos identificados. Si se discute la identidad del veh\u00edculo, la documentaci\u00f3n que demuestre que otro veh\u00edculo con datos parecidos pudo ser el observado. Una simple negaci\u00f3n, sin apoyo, deja intacta la versi\u00f3n del agente.<\/p>\n<p>Cuando la denuncia se apoya en un aparato, hay un argumento adicional. El art\u00edculo 83.2 de la ley de tr\u00e1fico dispone que los instrumentos, aparatos o medios y sistemas de medida utilizados para formular denuncias por infracciones a la normativa de tr\u00e1fico estar\u00e1n sometidos a control metrol\u00f3gico en los t\u00e9rminos de la normativa de metrolog\u00eda. Si la infracci\u00f3n se basa en una medici\u00f3n, es razonable pedir en las alegaciones que se incorpore al expediente la documentaci\u00f3n que acredite ese control respecto del aparato empleado y la lectura concreta que sustenta la denuncia.<\/p>\n<p>El procedimiento ofrece herramientas para que esa prueba se practique. El art\u00edculo 95.2 de la ley de tr\u00e1fico prev\u00e9 que, si las alegaciones aportan datos nuevos o distintos de los constatados por el agente denunciante, y siempre que el instructor lo estime necesario, se d\u00e9 traslado de ellas al agente para que informe en el plazo de quince d\u00edas naturales. El mismo apartado permite al instructor acordar las pruebas que estime pertinentes y exige que la denegaci\u00f3n de la pr\u00e1ctica de pruebas sea motivada, dejando constancia en el procedimiento. En el mismo sentido, el art\u00edculo 77.3 de la Ley 39\/2015 solo permite rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resoluci\u00f3n motivada. De ah\u00ed una pauta de redacci\u00f3n: proponga las pruebas de forma expresa y concreta, por ejemplo la ratificaci\u00f3n o el informe del agente sobre un extremo determinado, la aportaci\u00f3n de las fotograf\u00edas tomadas o la documentaci\u00f3n del aparato, y explique para qu\u00e9 sirve cada una.<\/p>\n<p>Por \u00faltimo, para discutir una prueba hay que conocerla. El art\u00edculo 53.1.a) de la Ley 39\/2015 reconoce a los interesados el derecho a conocer en cualquier momento el estado de la tramitaci\u00f3n, el \u00f3rgano competente para la instrucci\u00f3n y la resoluci\u00f3n, y los actos de tr\u00e1mite dictados, as\u00ed como a acceder y obtener copia de los documentos contenidos en el procedimiento. Pedir copia del expediente, incluido el bolet\u00edn completo y los elementos que el agente haya aportado, permite ajustar las alegaciones a lo que realmente consta en \u00e9l y no a lo que se supone que contiene.<\/p>\n<h2>II. Plazos y v\u00edas para contestar una multa de tr\u00e1fico de la Guardia Civil<\/h2>\n<h3>A. Los veinte d\u00edas naturales: pagar con reducci\u00f3n, alegar o identificar al conductor<\/h3>\n<p>El art\u00edculo 93.1 del texto refundido de la Ley sobre Tr\u00e1fico fija el plazo decisivo: notificada la denuncia, ya sea en el acto o en un momento posterior, el denunciado dispone de veinte d\u00edas naturales para realizar el pago voluntario con reducci\u00f3n de la multa, o para formular alegaciones y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas. Son d\u00edas naturales, no h\u00e1biles. El art\u00edculo 30.2 de la Ley 39\/2015 establece que, por regla general, los plazos se\u00f1alados por d\u00edas son h\u00e1biles, salvo que una ley declare que son naturales, como hace aqu\u00ed la ley de tr\u00e1fico. Los s\u00e1bados, domingos y festivos cuentan. El art\u00edculo 30.3 indica que los plazos en d\u00edas se cuentan a partir del d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n, y el art\u00edculo 30.5 prev\u00e9 que, cuando el \u00faltimo d\u00eda del plazo sea inh\u00e1bil, se entiende prorrogado al primer d\u00eda h\u00e1bil siguiente. Aun as\u00ed, lo prudente es no esperar al \u00faltimo d\u00eda.<\/p>\n<p>Fijar la fecha de notificaci\u00f3n es, por tanto, el primer trabajo. Si la denuncia se entreg\u00f3 en el acto, la fecha es la del bolet\u00edn. Si se notific\u00f3 despu\u00e9s, el art\u00edculo 90 de la ley de tr\u00e1fico regula la notificaci\u00f3n en la Direcci\u00f3n Electr\u00f3nica Vial: la notificaci\u00f3n se entiende practicada desde el acceso a su contenido, y, si transcurren diez d\u00edas naturales desde su puesta a disposici\u00f3n sin que se acceda a ella, se entiende rechazada, salvo imposibilidad t\u00e9cnica o material comprobada, y el procedimiento contin\u00faa. Quien no tenga esa direcci\u00f3n recibir\u00e1 la notificaci\u00f3n en el domicilio indicado para el procedimiento o, en su defecto, en el que figure en los registros de la Jefatura Central de Tr\u00e1fico. El art\u00edculo 91 prev\u00e9 la publicaci\u00f3n en el Bolet\u00edn Oficial del Estado cuando esas v\u00edas fallan, con la notificaci\u00f3n entendida practicada a los veinte d\u00edas naturales de la publicaci\u00f3n, y el art\u00edculo 92 contempla adem\u00e1s, con car\u00e1cter previo y facultativo, el Tabl\u00f3n Edictal de Sanciones de Tr\u00e1fico. Mantener actualizado el domicilio y revisar la Direcci\u00f3n Electr\u00f3nica Vial, si se tiene, evita descubrir una sanci\u00f3n cuando ya no queda plazo.<\/p>\n<p>La primera opci\u00f3n es pagar. El art\u00edculo 94 detalla lo que ocurre si se paga en el acto o dentro de los veinte d\u00edas naturales: la multa se reduce en un 50 por ciento; se renuncia a formular alegaciones, que, si se presentan, se tendr\u00e1n por no presentadas; el procedimiento termina sin resoluci\u00f3n expresa el d\u00eda del pago; se agota la v\u00eda administrativa, de modo que la sanci\u00f3n solo es recurrible ante el orden contencioso-administrativo, con un plazo que se inicia el d\u00eda siguiente al pago; y la sanci\u00f3n adquiere firmeza en v\u00eda administrativa desde ese momento. El mismo art\u00edculo a\u00f1ade que la sanci\u00f3n no computar\u00e1 como antecedente en el Registro de Conductores e Infractores siempre que se trate de infracciones graves que no lleven aparejada p\u00e9rdida de puntos. Pagar no es, por tanto, un gesto neutro: cierra la discusi\u00f3n administrativa y, cuando la infracci\u00f3n lleva puntos, conduce a su anotaci\u00f3n una vez firme la sanci\u00f3n, conforme al art\u00edculo 87.4. El art\u00edculo 93.2 excluye adem\u00e1s del procedimiento abreviado varias infracciones muy graves que enumera, entre ellas la de no identificar verazmente al conductor y la de conducir con inhibidores de radar.<\/p>\n<p>La segunda opci\u00f3n es alegar. El art\u00edculo 95.1 concede el mismo plazo de veinte d\u00edas naturales para formular las alegaciones que se tengan por convenientes y proponer o aportar las pruebas oportunas. Un escrito eficaz identifica el expediente y la denuncia, expone los hechos tal como usted los sostiene, se\u00f1ala los errores o las omisiones del bolet\u00edn, relaciona los documentos que adjunta y propone de forma concreta las pruebas que deben practicarse. Puede pedir en el mismo escrito copia del expediente y el archivo del procedimiento. Conserve el justificante de presentaci\u00f3n con su fecha. El art\u00edculo 93.4 permite presentar alegaciones, escritos y recursos en los registros y oficinas previstos por la normativa de procedimiento administrativo com\u00fan y en los designados expresamente en la denuncia o en la resoluci\u00f3n.<\/p>\n<p>\u00bfY si no hace nada? El art\u00edculo 95.4 responde con precisi\u00f3n. Si el denunciado no formula alegaciones ni paga en los veinte d\u00edas naturales siguientes a la notificaci\u00f3n, la denuncia surte el efecto de acto resolutorio en tres casos: las infracciones leves, en todo caso; las graves que no supongan detracci\u00f3n de puntos cuya notificaci\u00f3n no se haya podido efectuar en el acto; y las graves y muy graves notificadas en el acto, supongan o no la detracci\u00f3n de puntos. En estos supuestos, la sanci\u00f3n puede ejecutarse transcurridos treinta d\u00edas naturales desde la notificaci\u00f3n de la denuncia, y el art\u00edculo 95.5 precisa que esa terminaci\u00f3n pone fin a la v\u00eda administrativa. Fuera de esos casos, el \u00f3rgano competente debe dictar resoluci\u00f3n. En esos supuestos, el silencio del denunciado convierte la denuncia en la decisi\u00f3n final sin que se haya examinado ninguna versi\u00f3n distinta de la del agente.<\/p>\n<p>Un supuesto merece atenci\u00f3n especial: el del titular que no conduc\u00eda. El segundo p\u00e1rrafo del art\u00edculo 93.1 dispone que, cuando no se ha producido la detenci\u00f3n del veh\u00edculo, el titular, el arrendatario a largo plazo o el conductor habitual, en su caso, disponen de veinte d\u00edas naturales para identificar al conductor responsable, contra el que se iniciar\u00e1 el procedimiento sancionador, y que esa identificaci\u00f3n se har\u00e1 por medios telem\u00e1ticos si la notificaci\u00f3n se realiz\u00f3 en la Direcci\u00f3n Electr\u00f3nica Vial. El art\u00edculo 77.j) califica como infracci\u00f3n muy grave el incumplimiento por el titular o el arrendatario de la obligaci\u00f3n de identificar verazmente al conductor cuando sean debidamente requeridos en el plazo establecido, y el art\u00edculo 80.2.b) fija para ella una multa del doble de la prevista para la infracci\u00f3n originaria si esta es leve, y del triple si es grave o muy grave. Identificar dentro de plazo y con datos veraces evita convertir una infracci\u00f3n ajena en una propia m\u00e1s cara.<\/p>\n<h3>B. Despu\u00e9s de la resoluci\u00f3n: reposici\u00f3n, v\u00eda contencioso-administrativa, prescripci\u00f3n y caducidad<\/h3>\n<p>Una vez instruido el procedimiento, el art\u00edculo 95.3 de la ley de tr\u00e1fico prev\u00e9 que el instructor eleve la propuesta de resoluci\u00f3n al \u00f3rgano competente para sancionar. Solo se da traslado de esa propuesta al interesado, para nuevas alegaciones en quince d\u00edas naturales, si figuran en el procedimiento o se han tenido en cuenta en la resoluci\u00f3n otros hechos, alegaciones o pruebas distintos de los aducidos por \u00e9l. Seg\u00fan el art\u00edculo 96.1, la resoluci\u00f3n sancionadora pone fin a la v\u00eda administrativa y la sanci\u00f3n se puede ejecutar desde el d\u00eda siguiente a su notificaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Contra esa resoluci\u00f3n cabe, en primer lugar, el recurso de reposici\u00f3n. El art\u00edculo 96.2 lo configura como potestativo y fija un plazo de un mes desde el d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n, ante el mismo \u00f3rgano que dict\u00f3 la resoluci\u00f3n. El art\u00edculo 96.3 advierte que su interposici\u00f3n no suspende la ejecuci\u00f3n de la sanci\u00f3n y que, si se solicita la suspensi\u00f3n, se entiende denegada transcurrido un mes sin resoluci\u00f3n. El art\u00edculo 96.5 dispone que el recurso se entiende desestimado si no recae resoluci\u00f3n expresa en el plazo de un mes, quedando expedita la v\u00eda contencioso-administrativa. Hay adem\u00e1s un l\u00edmite que condiciona toda la estrategia, recogido en el art\u00edculo 96.4 de la ley de tr\u00e1fico: en la resoluci\u00f3n del recurso no se tienen en cuenta los hechos, documentos y alegaciones del recurrente que hubieran podido aportarse en el procedimiento originario. La consecuencia es clara: las pruebas se aportan en la fase de alegaciones; guardarlas para el recurso es arriesgarse a que no se examinen.<\/p>\n<p>La notificaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n debe facilitarle el camino. El art\u00edculo 40.2 de la Ley 39\/2015 exige que toda notificaci\u00f3n contenga el texto \u00edntegro de la resoluci\u00f3n, con indicaci\u00f3n de si pone fin o no a la v\u00eda administrativa, la expresi\u00f3n de los recursos que procedan en v\u00eda administrativa y judicial, el \u00f3rgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos. Su art\u00edculo 40.3 a\u00f1ade que una notificaci\u00f3n que contenga el texto \u00edntegro pero omita alguno de esos requisitos surte efecto desde que el interesado realiza actuaciones que suponen el conocimiento de su contenido y alcance o interpone el recurso que proceda. Su art\u00edculo 123.2 recuerda que, si se opta por la reposici\u00f3n, no se puede acudir a la v\u00eda contencioso-administrativa hasta que ese recurso se resuelva expresamente o se entienda desestimado.<\/p>\n<p>El control judicial se rige por la <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-1998-16718\">Ley 29\/1998, reguladora de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso-administrativa<\/a>. Su art\u00edculo 46.1 fija en dos meses el plazo para interponer el recurso, contados desde el d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n del acto que pone fin a la v\u00eda administrativa, si fuera expreso, y el art\u00edculo 46.4 hace correr ese plazo, cuando se interpuso reposici\u00f3n, desde el d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n de su resoluci\u00f3n expresa o a aquel en que deba entenderse presuntamente desestimado. El art\u00edculo 8.3 atribuye a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo los recursos contra actos de la Administraci\u00f3n perif\u00e9rica del Estado y de los organismos p\u00fablicos cuya competencia no se extiende a todo el territorio nacional, con las excepciones que el propio precepto enumera; el pie de recurso de la resoluci\u00f3n, exigido por el art\u00edculo 40.2 antes citado, debe indicar el \u00f3rgano ante el que acudir. El art\u00edculo 78.1 somete al procedimiento abreviado, entre otros, los asuntos de competencia de los Juzgados cuya cuant\u00eda no supere los 30.000 euros. Y el art\u00edculo 23.1 dispone que, ante \u00f3rganos unipersonales, las partes podr\u00e1n conferir su representaci\u00f3n a un procurador y ser\u00e1n asistidas, en todo caso, por abogado.<\/p>\n<p>Antes de dar ese paso conviene ponderar lo que realmente est\u00e1 en juego. La cuant\u00eda de la multa es solo una parte. El art\u00edculo 113.1 de la ley de tr\u00e1fico obliga a comunicar al Registro de Conductores e Infractores las sanciones por infracciones graves y muy graves y la detracci\u00f3n de puntos en los quince d\u00edas naturales siguientes a su firmeza en v\u00eda administrativa, y el art\u00edculo 113.4 prev\u00e9 que esas anotaciones se cancelen de oficio, a efectos de antecedentes, transcurridos tres a\u00f1os desde su total cumplimiento o prescripci\u00f3n. Para quien depende del permiso de conducci\u00f3n por su trabajo, la p\u00e9rdida de puntos puede pesar m\u00e1s que el importe. Conviene medir esas consecuencias antes de decidir si se paga, se alega o se recurre.<\/p>\n<p>Los plazos de la Administraci\u00f3n tambi\u00e9n cuentan. El art\u00edculo 112.1 fija la prescripci\u00f3n de las infracciones en tres meses para las leves y seis meses para las graves y muy graves, a contar desde el mismo d\u00eda en que se cometieron los hechos. El art\u00edculo 112.2 precisa que la prescripci\u00f3n se interrumpe por cualquier actuaci\u00f3n administrativa de la que tenga conocimiento el denunciado o que est\u00e9 encaminada a averiguar su identidad o domicilio y se practique con otras administraciones, instituciones u organismos, as\u00ed como por la notificaci\u00f3n de la denuncia, y que el plazo se reanuda si el procedimiento se paraliza durante m\u00e1s de un mes por causa no imputable al denunciado. El art\u00edculo 112.3 establece la caducidad: si no se ha dictado resoluci\u00f3n sancionadora transcurrido un a\u00f1o desde la iniciaci\u00f3n del procedimiento, se procede al archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio, con una suspensi\u00f3n del c\u00f3mputo cuando la paralizaci\u00f3n obedece al conocimiento de los hechos por la jurisdicci\u00f3n penal. Ordenar en una cronolog\u00eda la fecha del hecho, la de cada notificaci\u00f3n, la de cada escrito y la de la resoluci\u00f3n permite comprobar si alguno de esos l\u00edmites se ha superado.<\/p>\n<p>Dos \u00faltimas reglas completan el cuadro. Si la sanci\u00f3n adquiere firmeza, el art\u00edculo 110.1 concede un plazo final de quince d\u00edas naturales para pagar la multa, tras el cual se inicia el procedimiento de apremio, y el art\u00edculo 112.4 fija en cuatro a\u00f1os el plazo de prescripci\u00f3n de las sanciones de multa, desde el d\u00eda siguiente a su firmeza en v\u00eda administrativa. Y si en el procedimiento aparecen indicios de un delito perseguible de oficio, el art\u00edculo 85.1 obliga a la autoridad administrativa a ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal y a suspender las actuaciones; los apartados siguientes regulan el archivo o la continuaci\u00f3n del procedimiento seg\u00fan el resultado del proceso penal y, si el procedimiento sancionador se reanuda, la resoluci\u00f3n debe respetar los hechos declarados probados en ese proceso.<\/p>\n<p>Esta gu\u00eda sobre derecho espa\u00f1ol forma parte de la <a href=\"https:\/\/kohenavocats.com\/es\/\">informaci\u00f3n jur\u00eddica en espa\u00f1ol del despacho de Par\u00eds<\/a>. Su objeto es ayudar a leer una denuncia y a ordenar los plazos; la valoraci\u00f3n de un caso concreto depende siempre del contenido del expediente y de la normativa aplicable en el lugar de los hechos.<\/p>\n<h2>Conclusi\u00f3n<\/h2>\n<p>Una denuncia de un agente de la Agrupaci\u00f3n de Tr\u00e1fico de la Guardia Civil no es una condena anticipada, pero tampoco una simple opini\u00f3n. El art\u00edculo 88 del texto refundido de la Ley sobre Tr\u00e1fico le reconoce valor probatorio sobre los hechos, la identidad y la notificaci\u00f3n, salvo prueba en contrario, y obliga al agente a aportar todos los elementos probatorios posibles. Entre esos dos polos se juega la defensa: leer el bolet\u00edn frente a las exigencias del art\u00edculo 87, pedir copia del expediente, reunir pruebas que contradigan un elemento concreto y proponer expresamente las diligencias que el instructor debe valorar.<\/p>\n<p>El calendario manda. Los veinte d\u00edas naturales desde la notificaci\u00f3n obligan a elegir entre pagar con una reducci\u00f3n del 50 por ciento, renunciando a alegar, o presentar alegaciones con todas las pruebas, porque el recurso de reposici\u00f3n no examinar\u00e1 lo que pudo aportarse antes. Si no se hace nada, la denuncia puede convertirse en la resoluci\u00f3n final. El titular que no conduc\u00eda debe identificar verazmente al conductor en ese mismo plazo.<\/p>\n<p>Despu\u00e9s de la resoluci\u00f3n quedan el recurso potestativo de reposici\u00f3n en un mes y la v\u00eda contencioso-administrativa en dos meses, con asistencia letrada. La prescripci\u00f3n de la infracci\u00f3n y la caducidad del procedimiento al a\u00f1o ofrecen un control adicional que solo se ejerce con una cronolog\u00eda precisa de fechas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En Espa\u00f1a, la denuncia de un agente de la Agrupaci\u00f3n de Tr\u00e1fico abre un plazo de veinte d\u00edas naturales. 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