{"id":2517532,"date":"2026-11-19T02:57:57","date_gmt":"2026-11-19T01:57:57","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/?p=2517532"},"modified":"2026-11-19T02:57:57","modified_gmt":"2026-11-19T01:57:57","slug":"fiscal-general-inhabilitacion-nombramiento-espana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/es\/fiscal-general-inhabilitacion-nombramiento-espana\/","title":{"rendered":"Fiscal general: qu\u00e9 efectos tiene la inhabilitaci\u00f3n y c\u00f3mo se nombra el cargo en Espa\u00f1a"},"content":{"rendered":"<p><em>Hassan Kohen, abogado inscrito en el Colegio de Abogados de Par\u00eds.<\/em><\/p>\n<p>En Espa\u00f1a se busca estos d\u00edas la expresi\u00f3n \u00abfiscal general\u00bb. Esta nota no relata ning\u00fan suceso. No nombra a ninguna persona, no da por producido un cese, una dimisi\u00f3n ni una condena, y no describe lugar, fecha ni declaraci\u00f3n que no figure en los textos oficiales le\u00eddos para prepararla. La pregunta de la que parte es de alcance general: c\u00f3mo se nombra ese cargo, qu\u00e9 efectos tiene una inhabilitaci\u00f3n para empleo o cargo p\u00fablico y qu\u00e9 pasos prev\u00e9 la ley para denunciar una revelaci\u00f3n de secretos conocida por raz\u00f3n del oficio.<\/p>\n<p>La informaci\u00f3n se refiere al derecho espa\u00f1ol. La prepara un abogado inscrito en el Colegio de Abogados de Par\u00eds. No supone ejercicio en Espa\u00f1a ni inscripci\u00f3n en un colegio espa\u00f1ol. El m\u00e9todo vale para cualquier situaci\u00f3n del mismo tipo. No reemplaza la lectura de una sentencia, de un real decreto de nombramiento ni del expediente concreto.<\/p>\n<p>Los preceptos proceden de tres textos consolidados le\u00eddos el 19 de noviembre de 2026: la Constituci\u00f3n, actualizada el 20 de mayo de 2026; el C\u00f3digo Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, actualizados el 9 de abril de 2026. El bolet\u00edn advierte que la consolidaci\u00f3n es informativa y que el valor jur\u00eddico est\u00e1 en la publicaci\u00f3n oficial.<\/p>\n<p>Con eso basta para tres reglas. La Constituci\u00f3n organiza el nombramiento y no condena. El C\u00f3digo Penal exige que la sentencia precise el cargo. La ley procesal no convierte el archivo del fiscal en la \u00faltima palabra del juez.<\/p>\n<h2>I. Nombramiento del cargo y pena que puede privar de \u00e9l<\/h2>\n<h3>A. Lo que decide la Constituci\u00f3n y lo que queda fuera de ella<\/h3>\n<p>El punto de partida est\u00e1 en el art\u00edculo 124 de la <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-1978-31229\">Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola<\/a>. Su apartado 1 define la misi\u00f3n del Ministerio Fiscal, \u00absin perjuicio de las funciones encomendadas a otros \u00f3rganos\u00bb: \u00abpromover la acci\u00f3n de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del inter\u00e9s p\u00fablico tutelado por la ley, de oficio o a petici\u00f3n de los interesados, as\u00ed como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante \u00e9stos la satisfacci\u00f3n del inter\u00e9s social\u00bb. Esa frase fija tres ideas que suelen mezclarse cuando se busca el nombre del cargo. El fiscal promueve la acci\u00f3n. No juzga. Act\u00faa de oficio o a petici\u00f3n de los interesados. Y lo hace en defensa de la legalidad y del inter\u00e9s p\u00fablico, no de una parte privada.<\/p>\n<p>El apartado 2 a\u00f1ade el modo de actuar. El Ministerio Fiscal \u00abejerce sus funciones por medio de \u00f3rganos propios conforme a los principios de unidad de actuaci\u00f3n y dependencia jer\u00e1rquica y con sujeci\u00f3n, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad\u00bb. Unidad y dependencia jer\u00e1rquica explican por qu\u00e9 el titular del cargo puede dar instrucciones a los dem\u00e1s fiscales. Legalidad e imparcialidad explican el l\u00edmite: la instrucci\u00f3n no es una orden de condenar a una persona, ni una licencia para apartarse de la ley. El apartado 3 remite el detalle a otra norma: \u00abLa ley regular\u00e1 el estatuto org\u00e1nico del Ministerio Fiscal\u00bb. Esta nota no reproduce ese estatuto art\u00edculo por art\u00edculo. Se atiene a lo que la Constituci\u00f3n, el C\u00f3digo Penal y la ley procesal dicen por s\u00ed solos.<\/p>\n<p>El nombramiento, en cambio, s\u00ed est\u00e1 escrito en la Constituci\u00f3n. El apartado 4 del mismo art\u00edculo 124 dispone: \u00abEl Fiscal General del Estado ser\u00e1 nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, o\u00eddo el Consejo General del Poder Judicial\u00bb. La frase tiene tres sujetos y un orden. Nombra el Rey. Propone el Gobierno. Antes se oye al Consejo General del Poder Judicial. El texto constitucional le\u00eddo no a\u00f1ade un plazo de mandato, una lista de causas de cese ni un orden de sustituci\u00f3n. Quien busque esas reglas tiene que ir al estatuto org\u00e1nico al que remite el apartado 3, y comprobar en la publicaci\u00f3n oficial del d\u00eda la redacci\u00f3n vigente. Afirmar aqu\u00ed una duraci\u00f3n o una causa de cese que no est\u00e1 en los tres textos le\u00eddos ser\u00eda inventar derecho.<\/p>\n<p>El cargo no es un tribunal. El art\u00edculo 117.1 de la misma Constituci\u00f3n dice que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados, independientes, inamovibles, responsables y sometidos \u00fanicamente al imperio de la ley. El apartado 3 reserva el juzgar y el hacer ejecutar lo juzgado a los juzgados y tribunales determinados por las leyes. El fiscal puede promover la acci\u00f3n y velar por la independencia de esos \u00f3rganos. No comparte con ellos la potestad de condenar. Esa separaci\u00f3n importa cuando la consulta nace de una noticia: o\u00edr que el fiscal \u00abinvestiga\u00bb o \u00abacusa\u00bb no equivale a una condena, y una condena, si existe, tiene que estar en una sentencia, no en un comentario.<\/p>\n<p>Hay adem\u00e1s un l\u00edmite de incompatibilidad que s\u00ed est\u00e1 en la Constituci\u00f3n y que alcanza a los fiscales en activo. El art\u00edculo 127.1 establece: \u00abLos Jueces y Magistrados as\u00ed como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podr\u00e1n desempe\u00f1ar otros cargos p\u00fablicos, ni pertenecer a partidos pol\u00edticos o sindicatos\u00bb. El apartado 2 remite a la ley el r\u00e9gimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial, para asegurar su independencia. El precepto no dice que un fiscal no pueda haber militado antes, ni que no pueda hacerlo despu\u00e9s de cesar. Dice que, mientras est\u00e9 en activo, no puede desempe\u00f1ar otro cargo p\u00fablico ni pertenecer a un partido o a un sindicato. Es una regla de situaci\u00f3n, no una biograf\u00eda.<\/p>\n<p>El art\u00edculo 126 sit\u00faa a la polic\u00eda judicial en dependencia de los jueces, de los tribunales y del Ministerio Fiscal en las funciones de averiguaci\u00f3n del delito y de descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los t\u00e9rminos que la ley establezca. Sirve para no confundir dos planos. El fiscal puede dirigir actuaciones de investigaci\u00f3n en los t\u00e9rminos de la ley procesal. Eso no lo convierte en el \u00f3rgano que dicta la sentencia. La <a href=\"https:\/\/kohenavocats.com\/es\/\">informaci\u00f3n general de derecho en espa\u00f1ol<\/a> de este sitio se limita, en esta nota, a ese marco le\u00eddo, sin a\u00f1adir un caso ni un nombre.<\/p>\n<p>Quien lea el art\u00edculo 124.4 debe fijarse tambi\u00e9n en lo que no dice. No dice que el parecer del Consejo General del Poder Judicial vincule al Gobierno. Dice que se le oye. No dice que el nombramiento sea un acto judicial. Dice que lo hace el Rey a propuesta del Gobierno. No dice que el nombrado quede fuera del C\u00f3digo Penal. Un cargo constitucional sigue siendo un cargo p\u00fablico, y las penas que privan de un cargo p\u00fablico est\u00e1n en el c\u00f3digo, no en el art\u00edculo 124. Por eso la pregunta pr\u00e1ctica no es solo qui\u00e9n nombra, sino qu\u00e9 tiene que decir una sentencia para que ese nombramiento quede sin efecto.<\/p>\n<h3>B. Inhabilitaci\u00f3n, suspensi\u00f3n y el cargo que la sentencia debe precisar<\/h3>\n<p>El <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-1995-25444\">C\u00f3digo Penal<\/a> trata la inhabilitaci\u00f3n como pena, no como efecto autom\u00e1tico de una noticia. El art\u00edculo 39 la incluye entre las penas privativas de derechos. Distingue la inhabilitaci\u00f3n absoluta, la inhabilitaci\u00f3n especial para empleo o cargo p\u00fablico, profesi\u00f3n, oficio u otras actividades, y la suspensi\u00f3n de empleo o cargo p\u00fablico. Son tres penas distintas. Llamarlas todas \u00abinhabilitaci\u00f3n\u00bb es el error que m\u00e1s veces desfigura la consulta.<\/p>\n<p>La duraci\u00f3n general est\u00e1 en el art\u00edculo 40.1, cuya \u00faltima actualizaci\u00f3n publicada en la consolidaci\u00f3n le\u00edda es del 26 de noviembre de 2003, en vigor desde el 1 de octubre de 2004: \u00abLa pena de inhabilitaci\u00f3n absoluta tendr\u00e1 una duraci\u00f3n de seis a 20 a\u00f1os; las de inhabilitaci\u00f3n especial, de tres meses a 20 a\u00f1os, y la de suspensi\u00f3n de empleo o cargo p\u00fablico, de tres meses a seis a\u00f1os\u00bb. El apartado 5 a\u00f1ade que esa duraci\u00f3n es la prevista en los apartados anteriores, \u00absalvo lo que excepcionalmente dispongan otros preceptos de este C\u00f3digo\u00bb. Un delito concreto puede, por tanto, fijar una horquilla m\u00e1s estrecha. La horquilla del art\u00edculo 40 no se aplica en bloque si el precepto del delito dice otra cosa.<\/p>\n<p>El efecto de la inhabilitaci\u00f3n absoluta est\u00e1 en el art\u00edculo 41: \u00abLa pena de inhabilitaci\u00f3n absoluta produce la privaci\u00f3n definitiva de todos los honores, empleos y cargos p\u00fablicos que tenga el penado, aunque sean electivos\u00bb. Produce adem\u00e1s la incapacidad para obtener los mismos u otros honores, cargos o empleos p\u00fablicos, y la de ser elegido para cargo p\u00fablico, durante el tiempo de la condena. Es una pena ancha. Alcanza a todos los cargos p\u00fablicos que la persona tenga, no solo al que motiv\u00f3 el proceso. Por eso no puede presumirse a la ligera: hace falta que la sentencia imponga esa pena, no una pena menor con un nombre parecido.<\/p>\n<p>La inhabilitaci\u00f3n especial es m\u00e1s estrecha, y es la que suele interesar cuando se habla de un cargo concreto. El art\u00edculo 42, modificado por la Ley Org\u00e1nica 15\/2003 y vigente en la redacci\u00f3n consolidada desde el 1 de octubre de 2004, dice: \u00abLa pena de inhabilitaci\u00f3n especial para empleo o cargo p\u00fablico produce la privaci\u00f3n definitiva del empleo o cargo sobre el que recayere, aunque sea electivo, y de los honores que le sean anejos\u00bb. La frase siguiente cierra el efecto de futuro: \u00abProduce, adem\u00e1s, la incapacidad para obtener el mismo u otros an\u00e1logos, durante el tiempo de la condena\u00bb. Y la frase que m\u00e1s se pasa por alto es la tercera: \u00abEn la sentencia habr\u00e1n de especificarse los empleos, cargos y honores sobre los que recae la inhabilitaci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n<p>Esa exigencia de especificaci\u00f3n cambia la lectura de cualquier noticia. No basta con decir que alguien ha sido condenado, ni siquiera con decir que la pena incluye inhabilitaci\u00f3n. Hay que leer qu\u00e9 empleos, cargos y honores se\u00f1ala la sentencia. Si la sentencia no menciona el cargo de fiscal general, ni un cargo que el fallo trate como an\u00e1logo, el art\u00edculo 42 no permite dar por perdido ese cargo por deducci\u00f3n period\u00edstica. La privaci\u00f3n es del empleo \u00absobre el que recayere\u00bb. El verbo exige un objeto. El objeto lo pone el fallo, no el lector.<\/p>\n<p>La suspensi\u00f3n es otra cosa. El art\u00edculo 43 es breve: \u00abLa suspensi\u00f3n de empleo o cargo p\u00fablico priva de su ejercicio al penado durante el tiempo de la condena\u00bb. No habla de privaci\u00f3n definitiva ni de incapacidad para obtener despu\u00e9s el mismo cargo. Priva del ejercicio mientras dura la condena. Confundirla con la inhabilitaci\u00f3n especial lleva a anunciar una p\u00e9rdida del cargo que el precepto no impone. En el delito de revelaci\u00f3n de secretos, como se ver\u00e1, el c\u00f3digo usa una u otra seg\u00fan el supuesto. La diferencia no es de estilo. Es de pena.<\/p>\n<p>Hay un segundo filtro cuando la inhabilitaci\u00f3n no es la pena principal del delito, sino una accesoria. El art\u00edculo 56.1 se aplica a las penas de prisi\u00f3n inferiores a diez a\u00f1os. En esos casos, los jueces o tribunales imponen, atendiendo a la gravedad del delito, alguna o algunas penas accesorias de una lista: suspensi\u00f3n de empleo o cargo p\u00fablico, inhabilitaci\u00f3n especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, e inhabilitaci\u00f3n especial para empleo o cargo p\u00fablico u otros derechos si esos derechos hubieran tenido relaci\u00f3n directa con el delito cometido. El precepto exige que esa vinculaci\u00f3n \u00abdebiendo determinarse expresamente en la sentencia\u00bb. Otra vez aparece la misma idea: la relaci\u00f3n entre el cargo y el delito no se supone. Se escribe en el fallo.<\/p>\n<p>El art\u00edculo 56 no sustituye al art\u00edculo 42. Si el delito ya lleva como pena principal una inhabilitaci\u00f3n especial, se aplica el marco de ese delito. El art\u00edculo 56 importa cuando la prisi\u00f3n es inferior a diez a\u00f1os y se discute si, adem\u00e1s, cabe privar de un cargo. En ambos caminos el lector tiene que buscar en la sentencia dos datos: la pena impuesta y el cargo sobre el que recae. Sin esos dos datos, no hay efecto jur\u00eddico que contar.<\/p>\n<p>Una condena, adem\u00e1s, no se presume. El art\u00edculo 24.2 de la Constituci\u00f3n reconoce el derecho a ser informado de la acusaci\u00f3n, a un proceso con todas las garant\u00edas y a la presunci\u00f3n de inocencia. Mientras no hay sentencia, lo que circula es una alegaci\u00f3n o, como m\u00e1ximo, una actuaci\u00f3n procesal. Esta nota no examina ninguna causa. Dice solo c\u00f3mo se lee la pena cuando una sentencia, en un caso general, la impone y la especifica.<\/p>\n<h2>II. Revelaci\u00f3n de secretos y v\u00edas para poner el hecho en conocimiento del juez<\/h2>\n<h3>A. Elementos y penas del art\u00edculo 417 y de los delitos vecinos<\/h3>\n<p>El cap\u00edtulo IV del t\u00edtulo correspondiente del C\u00f3digo Penal se rubrica, en el texto consolidado, \u00abDe la infidelidad en la custodia de documentos y de la violaci\u00f3n de secretos\u00bb. El art\u00edculo que suele explicar la consulta es el 417. Su apartado 1, en la redacci\u00f3n consolidada le\u00edda, dice: \u00abLa autoridad o funcionario p\u00fablico que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por raz\u00f3n de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrir\u00e1 en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitaci\u00f3n especial para empleo o cargo p\u00fablico por tiempo de uno a tres a\u00f1os\u00bb.<\/p>\n<p>El tipo exige varios elementos, y ninguno sobra. Tiene que haber una autoridad o un funcionario p\u00fablico. Tiene que revelar secretos o informaciones. Tiene que haberlos conocido por raz\u00f3n de su oficio o cargo, no por una conversaci\u00f3n ajena a la funci\u00f3n. Y esos secretos o informaciones no deben ser divulgados. Si falta el nexo con el oficio, o si la informaci\u00f3n pod\u00eda divulgarse, el apartado 1 no se cumple por el solo hecho de que quien habla ocupe un cargo. La pena de ese primer p\u00e1rrafo es de multa y de inhabilitaci\u00f3n especial de uno a tres a\u00f1os. No es, en ese p\u00e1rrafo, una pena de prisi\u00f3n.<\/p>\n<p>El mismo apartado agrava el resultado. \u00abSi de la revelaci\u00f3n a que se refiere el p\u00e1rrafo anterior resultara grave da\u00f1o para la causa p\u00fablica o para tercero, la pena ser\u00e1 de prisi\u00f3n de uno a tres a\u00f1os, e inhabilitaci\u00f3n especial para empleo o cargo p\u00fablico por tiempo de tres a cinco a\u00f1os\u00bb. Aqu\u00ed s\u00ed hay prisi\u00f3n, y la inhabilitaci\u00f3n especial sube a tres a cinco a\u00f1os. El grave da\u00f1o no se presume por el revuelo. Es un resultado que tiene que resultar de la revelaci\u00f3n. Decirlo en una cr\u00f3nica no lo prueba.<\/p>\n<p>El apartado 2 cambia de pena cuando el secreto es de un particular: \u00abSi se tratara de secretos de un particular, las penas ser\u00e1n las de prisi\u00f3n de dos a cuatro a\u00f1os, multa de doce a dieciocho meses, y suspensi\u00f3n de empleo o cargo p\u00fablico por tiempo de uno a tres a\u00f1os\u00bb. La palabra decisiva es suspensi\u00f3n, no inhabilitaci\u00f3n. El art\u00edculo 43, ya citado, limita ese efecto a privar del ejercicio durante el tiempo de la condena. Quien lea solo el titular \u00abinhabilitaci\u00f3n\u00bb y lo aplique al apartado 2 estar\u00e1 aplicando una pena que ese apartado no escribe. La horquilla de uno a tres a\u00f1os del apartado 2 es de suspensi\u00f3n, dentro del marco general del art\u00edculo 40, que permite suspensiones de tres meses a seis a\u00f1os salvo precepto especial.<\/p>\n<p>Antes de aplicar el 417 hay que saber si la persona es autoridad o funcionario p\u00fablico. El art\u00edculo 24.1, cuya \u00faltima actualizaci\u00f3n publicada es del 2 de julio de 2021, en vigor desde el 3 de julio de 2021, reputa autoridad a quien por s\u00ed solo o como miembro de una corporaci\u00f3n, tribunal u \u00f3rgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicci\u00f3n propia. A\u00f1ade, en todo caso, a los miembros de las c\u00e1maras y de los parlamentos auton\u00f3micos y europeo. Y cierra con una regla expresa: \u00abTendr\u00e1n tambi\u00e9n la consideraci\u00f3n de autoridad los funcionarios del Ministerio Fiscal y los Fiscales de la Fiscal\u00eda Europea\u00bb. El apartado 2 define funcionario p\u00fablico: \u00abSe considerar\u00e1 funcionario p\u00fablico todo el que por disposici\u00f3n inmediata de la Ley o por elecci\u00f3n o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones p\u00fablicas\u00bb.<\/p>\n<p>Esas definiciones son el filtro. El c\u00f3digo llama autoridad a los funcionarios del Ministerio Fiscal. El cargo de fiscal general est\u00e1 creado por la Constituci\u00f3n y la instituci\u00f3n act\u00faa por \u00f3rganos propios. Saber si, en un caso concreto, el titular es funcionario del Ministerio Fiscal a efectos del art\u00edculo 24.1, o funcionario p\u00fablico por nombramiento y participaci\u00f3n en funciones p\u00fablicas a efectos del 24.2, es una calificaci\u00f3n que corresponde al \u00f3rgano que juzga, aplicando esos preceptos. Esta nota no la hace por nadie. S\u00ed impide el atajo inverso: no basta el nombre del cargo en una b\u00fasqueda para dar por cumplido el sujeto activo del art\u00edculo 417.<\/p>\n<p>Alrededor del 417 hay delitos vecinos que no deben mezclarse con \u00e9l. El art\u00edculo 413 castiga a la autoridad o funcionario p\u00fablico que, a sabiendas, sustraiga, destruya, inutilice u oculte documentos cuya custodia le est\u00e9 encomendada por raz\u00f3n de su cargo. La pena es prisi\u00f3n de uno a cuatro a\u00f1os, multa de siete a veinticuatro meses e inhabilitaci\u00f3n especial de tres a seis a\u00f1os. El 414 castiga a quien, teniendo encomendada la custodia de documentos de acceso restringido, destruya o inutilice los medios puestos para impedir ese acceso, o consienta esa destrucci\u00f3n. El 415 castiga el acceso, a sabiendas y sin la debida autorizaci\u00f3n, a documentos secretos cuya custodia est\u00e9 confiada por raz\u00f3n del cargo, o el permitir ese acceso. El 416 baja un grado las penas cuando el autor es un particular encargado accidentalmente del despacho o custodia. Revelar no es lo mismo que sustraer, destruir o acceder. El relato de hechos tiene que elegir el verbo que el c\u00f3digo usa, no el m\u00e1s sonoro.<\/p>\n<p>El art\u00edculo 418 no castiga al funcionario, sino al particular que aproveche para s\u00ed o para un tercero el secreto o la informaci\u00f3n privilegiada obtenida de un funcionario p\u00fablico o autoridad. Su \u00faltima actualizaci\u00f3n publicada es del 31 de marzo de 2015, en vigor desde el 1 de julio de 2015. La pena ordinaria es multa del tanto al triplo del beneficio y la p\u00e9rdida de ayudas p\u00fablicas y beneficios fiscales durante uno a tres a\u00f1os. Si resulta grave da\u00f1o para la causa p\u00fablica o para tercero, la prisi\u00f3n es de uno a seis a\u00f1os y la p\u00e9rdida de esos beneficios se alarga de seis a diez a\u00f1os. Sirve para recordar que el c\u00edrculo del secreto no se cierra en quien ocupa el cargo. Quien aprovecha la informaci\u00f3n tambi\u00e9n puede estar dentro del c\u00f3digo, con otro tipo y otras penas.<\/p>\n<p>Nada de lo anterior acredita que un hecho haya ocurrido. El art\u00edculo 417 describe una conducta. No declara que alguien la haya cometido. La presunci\u00f3n de inocencia del art\u00edculo 24.2 de la Constituci\u00f3n sigue en pie frente a cualquier nombre que una b\u00fasqueda asocie al cargo. Si una sentencia existe, sus efectos se leen en su fallo y en los art\u00edculos 40 a 43, no en el resumen de un tercero.<\/p>\n<h3>B. Denuncia, querella y el margen real del fiscal<\/h3>\n<p>La v\u00eda para poner un hecho de este tipo en conocimiento de la justicia est\u00e1 en la <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-1882-6036\">Ley de Enjuiciamiento Criminal<\/a>, le\u00edda en su consolidaci\u00f3n del 9 de abril de 2026. El art\u00edculo 100 dice que de todo delito nace acci\u00f3n penal para el castigo del culpable, y puede nacer acci\u00f3n civil para la restituci\u00f3n, la reparaci\u00f3n y la indemnizaci\u00f3n. El art\u00edculo 101 a\u00f1ade que la acci\u00f3n penal es p\u00fablica y que todos los ciudadanos espa\u00f1oles podr\u00e1n ejercitarla con arreglo a la ley. El art\u00edculo 102 excluye de ese ejercicio a quien no goce de la plenitud de los derechos civiles, a quien haya sido condenado dos veces por sentencia firme como reo de denuncia o querella calumniosas, y al juez o magistrado, con la salvedad de los delitos cometidos contra su persona o bienes o contra los de su c\u00f3nyuge, ascendientes, descendientes, hermanos y afines, y, para los dos \u00faltimos grupos, contra las personas o bienes de quienes est\u00e9n bajo su guarda legal.<\/p>\n<p>El art\u00edculo 105.1, cuya \u00faltima actualizaci\u00f3n publicada es del 9 de abril de 2026, en vigor desde el 10 de abril de 2026, obliga a los funcionarios del Ministerio Fiscal a ejercitar, con arreglo a la ley, todas las acciones penales que consideren procedentes, haya o no acusador particular, \u00abmenos aquellas que el C\u00f3digo Penal reserva exclusivamente a la querella privada\u00bb. El apartado 2 permite adem\u00e1s al fiscal denunciar en los delitos perseguibles a instancia de la persona agraviada si esta fuere menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protecci\u00f3n o desvalida, y aclara que la ausencia de denuncia no impide la pr\u00e1ctica de diligencias a prevenci\u00f3n. El art\u00edculo 417, en el texto le\u00eddo, no contiene una reserva a querella privada. La regla del art\u00edculo 105 se aplica entonces seg\u00fan est\u00e9 o no reservado el delito en el c\u00f3digo. No se decide por el tono de la noticia.<\/p>\n<p>La denuncia y la querella no son lo mismo. El art\u00edculo 259 obliga a quien presencie un delito p\u00fablico a ponerlo de inmediato en conocimiento del juez o del funcionario fiscal m\u00e1s pr\u00f3ximo, bajo una multa que el texto consolidado sigue expresando en pesetas, de 25 a 250. Esta nota no convierte esa cifra a euros, porque el precepto le\u00eddo no lo hace. El art\u00edculo 262 extiende un deber de denuncia inmediata a quienes por raz\u00f3n de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de un delito p\u00fablico, con la misma cautela sobre la multa y con la advertencia de que la omisi\u00f3n se entiende cuando no produjere otra responsabilidad conforme a las leyes. El art\u00edculo 264 alcanza a quien, por cualquier otro medio, tuviere conocimiento de un delito que deba perseguirse de oficio: deber\u00e1 denunciarlo al Ministerio Fiscal, al tribunal competente, al juez de instrucci\u00f3n o municipal, o a un funcionario de polic\u00eda, \u00absin que se entienda obligado por esto a probar los hechos denunciados ni a formalizar querella\u00bb. El denunciador no contrae otra responsabilidad que la de los delitos que hubiese cometido por medio de la denuncia o con su ocasi\u00f3n. Denunciar no es probar. Tampoco es querellarse.<\/p>\n<p>Formalizada la denuncia, el art\u00edculo 269 ordena proceder de inmediato a la comprobaci\u00f3n del hecho, salvo que este no revistiere car\u00e1cter de delito o que la denuncia fuere manifiestamente falsa. En esos dos casos, el tribunal o funcionario se abstendr\u00e1 de todo procedimiento, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra si desestima la denuncia indebidamente. El precepto no promete una investigaci\u00f3n infinita. S\u00ed impide tratar como cierre definitivo una desestimaci\u00f3n que no encaje en esas dos salvedades.<\/p>\n<p>La querella es m\u00e1s exigente. El art\u00edculo 270 permite querellarse a todos los ciudadanos espa\u00f1oles, hayan sido o no ofendidos, ejercitando la acci\u00f3n popular del art\u00edculo 101. Los extranjeros pueden querellarse por los delitos cometidos contra sus personas o bienes o los de sus representados, previo el art\u00edculo 280, si no estuvieren en el \u00faltimo p\u00e1rrafo del 281. El art\u00edculo 277 exige que la querella se presente siempre por medio de procurador con poder bastante y suscrita por letrado. Debe expresar el juez o tribunal ante quien se presenta, el nombre y vecindad del querellante y del querellado, o las se\u00f1as si se ignoran, la relaci\u00f3n circunstanciada del hecho con lugar, a\u00f1o, mes, d\u00eda y hora si se supieren, las diligencias que deban practicarse, la petici\u00f3n de admisi\u00f3n y, en su caso, de detenci\u00f3n, fianza o embargo, y la firma. El art\u00edculo 280 obliga al particular querellante a prestar la fianza que fije el juez o tribunal para responder de las resultas del juicio. El art\u00edculo 281, actualizado en la consolidaci\u00f3n del 28 de abril de 2015 y en vigor desde el 28 de octubre de 2015, exime al ofendido y a sus herederos o representantes, a ciertos parientes en los delitos de asesinato u homicidio, y a las asociaciones de v\u00edctimas y personas jur\u00eddicas legitimadas cuando la v\u00edctima haya autorizado expresamente el ejercicio de la acci\u00f3n. La exenci\u00f3n no alcanza a los extranjeros si no les correspondiere por tratado o por reciprocidad.<\/p>\n<p>Para un hecho que se quiera encajar en el art\u00edculo 417, la relaci\u00f3n circunstanciada del art\u00edculo 277 tiene que poder leerse con los elementos del tipo: qui\u00e9n era autoridad o funcionario, qu\u00e9 secreto o informaci\u00f3n revel\u00f3, c\u00f3mo lo conoci\u00f3 por raz\u00f3n del oficio y por qu\u00e9 no deb\u00eda divulgarse. Si se alega grave da\u00f1o, hay que decir en qu\u00e9 consiste. Si el secreto es de un particular, hay que decirlo, porque la pena pasa a ser de suspensi\u00f3n y no de inhabilitaci\u00f3n especial. Inventar la hora o el lugar cuando no se saben contradice el propio art\u00edculo 277, que solo exige esos datos \u00absi se supieren\u00bb.<\/p>\n<p>El margen del fiscal en el procedimiento abreviado est\u00e1 en el art\u00edculo 773, cuya \u00faltima actualizaci\u00f3n publicada es del 6 de octubre de 2015, en vigor desde el 6 de diciembre de 2015. El fiscal se constituye para el ejercicio de las acciones penal y civil, vela por las garant\u00edas del investigado o encausado y por los derechos de la v\u00edctima, impulsa la tramitaci\u00f3n y puede dar instrucciones a la polic\u00eda judicial, pedir diligencias, instar medidas cautelares y pedir la conclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n cuando estime que ya puede resolverse sobre el ejercicio de la acci\u00f3n penal. En ese mismo precepto, y solo respecto de \u00abeste procedimiento\u00bb, se lee: \u00abEl Fiscal General del Estado impartir\u00e1 cuantas \u00f3rdenes e instrucciones estime convenientes respecto a la actuaci\u00f3n del Fiscal en este procedimiento, y en especial, respecto a la aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el apartado 1 del art\u00edculo 780\u00bb. No es una cl\u00e1usula para cualquier proceso. Es una facultad de direcci\u00f3n dentro del procedimiento al que el art\u00edculo se refiere.<\/p>\n<p>El apartado 1 del art\u00edculo 780 concreta ese momento. Si el juez de instrucci\u00f3n acuerda seguir el tr\u00e1mite de ese cap\u00edtulo, da traslado de las diligencias previas al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas para que, \u00aben el plazo com\u00fan de diez d\u00edas, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusaci\u00f3n o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la pr\u00e1ctica de diligencias complementarias\u00bb. El apartado 2 permite al fiscal, si le faltan elementos esenciales para tipificar, instar antes esas diligencias indispensables. Diez d\u00edas no es un plazo universal de toda causa penal. Es el plazo com\u00fan de ese traslado. Las instrucciones del fiscal general a las que alude el art\u00edculo 773 tienen ah\u00ed un objeto preciso: c\u00f3mo act\u00faa el fiscal ante ese traslado.<\/p>\n<p>El apartado 2 del art\u00edculo 773 dice tambi\u00e9n qu\u00e9 pasa si el fiscal archiva. Cuando tenga noticia de un hecho aparentemente delictivo, informa a la v\u00edctima de sus derechos, eval\u00faa de manera provisional sus necesidades y practica o encarga las diligencias para comprobar el hecho o la responsabilidad. Decreta el archivo cuando el hecho no revista caracteres de delito, y lo comunica a quien hubiere alegado ser perjudicado u ofendido, \u00aba fin de que pueda reiterar su denuncia ante el Juez de Instrucci\u00f3n\u00bb. Si no archiva, insta la incoaci\u00f3n y pone a disposici\u00f3n del juez al detenido, si lo hay, y los efectos del delito. Cesa en sus diligencias tan pronto como conoce que ya hay un procedimiento judicial sobre los mismos hechos. El archivo del fiscal, en ese precepto, no impide reiterar la denuncia ante el juez. Esa es la consecuencia pr\u00e1ctica que la b\u00fasqueda del cargo no suele explicar.<\/p>\n<p>El art\u00edculo 106 completa el mapa. La acci\u00f3n penal por delito que d\u00e9 lugar al procedimiento de oficio no se extingue por la renuncia de la persona ofendida. S\u00ed se extinguen por esa renuncia las acciones que solo pueden perseguirse a instancia de parte, y las civiles, cualquiera que sea el delito. Renunciar a la indemnizaci\u00f3n no apaga, por s\u00ed solo, un delito perseguible de oficio. Pedir el archivo tampoco sustituye la decisi\u00f3n del juez cuando la ley procesal le reserva la comprobaci\u00f3n o la apertura del juicio.<\/p>\n<p>Nada de este recorrido identifica a un fiscal general concreto ni da por cierto un hecho de estos d\u00edas. Dice c\u00f3mo se nombra el cargo en la Constituci\u00f3n, c\u00f3mo se lee una inhabilitaci\u00f3n en el C\u00f3digo Penal y c\u00f3mo se denuncia o se querella seg\u00fan la ley procesal. Los hechos de cualquier causa siguen por establecer hasta que consten en una resoluci\u00f3n que los declare.<\/p>\n<h2>Conclusi\u00f3n<\/h2>\n<p>En Espa\u00f1a, la b\u00fasqueda \u00abfiscal general\u00bb no acredita por s\u00ed sola un nombramiento, un cese ni una condena. El art\u00edculo 124 de la Constituci\u00f3n responde a la pregunta de nombramiento con una regla corta: nombra el Rey, a propuesta del Gobierno, o\u00eddo el Consejo General del Poder Judicial. La misi\u00f3n del Ministerio Fiscal es promover la acci\u00f3n de la justicia y velar por la independencia de los tribunales, con unidad de actuaci\u00f3n, dependencia jer\u00e1rquica, legalidad e imparcialidad. Juzgar y hacer ejecutar lo juzgado corresponde a los juzgados y tribunales. El estatuto org\u00e1nico, al que la Constituci\u00f3n remite, es la sede de las reglas de detalle que estos tres textos no contienen.<\/p>\n<p>Si lo que se pregunta es el efecto de una inhabilitaci\u00f3n, el C\u00f3digo Penal separa tres penas. La absoluta priva de todos los cargos p\u00fablicos durante una horquilla general de seis a veinte a\u00f1os. La especial priva del empleo sobre el que recae, y de los honores anejos, e impide obtener el mismo u otros an\u00e1logos durante la condena, pero la sentencia tiene que especificar esos empleos, cargos y honores. La suspensi\u00f3n solo priva del ejercicio mientras dura la condena. En la revelaci\u00f3n de secretos del art\u00edculo 417, el primer p\u00e1rrafo y el grave da\u00f1o llevan inhabilitaci\u00f3n especial, de uno a tres a\u00f1os o de tres a cinco; el secreto de un particular lleva suspensi\u00f3n de uno a tres a\u00f1os, no inhabilitaci\u00f3n. Sin el fallo, no hay efecto que anunciar.<\/p>\n<p>Quien quiera poner un hecho en conocimiento de la justicia puede denunciar sin estar obligado a probar ni a querellarse. La querella exige procurador, letrado y, salvo exenci\u00f3n, fianza. Los ciudadanos espa\u00f1oles pueden ejercitar la acci\u00f3n popular. Los extranjeros quedan en el marco m\u00e1s estrecho de los art\u00edculos 270 y 281. El fiscal debe ejercitar las acciones que considere procedentes cuando la ley no las reserve a querella privada, y en el procedimiento abreviado el fiscal general puede impartir instrucciones, en especial sobre el traslado de diez d\u00edas del art\u00edculo 780. Si archiva porque el hecho no es delito, quien se dice ofendido puede reiterar la denuncia ante el juez de instrucci\u00f3n.<\/p>\n<p>Todo ello es un m\u00e9todo general, le\u00eddo en textos consolidados de car\u00e1cter informativo. Cualquier hecho concreto, cualquier persona y cualquier pena siguen por establecer hasta que una publicaci\u00f3n oficial o una sentencia los fije. Esta nota no los fija.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En Espa\u00f1a, c\u00f3mo se nombra el fiscal general del Estado, qu\u00e9 cargo debe precisar la sentencia de inhabilitaci\u00f3n y c\u00f3mo denunciar una revelaci\u00f3n de secretos.<\/p>\n","protected":false},"author":232070755,"featured_media":3558,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_kj_source_type":"","_kj_official_id":"","_kj_official_url":"","_kj_judilibre_id":"","_kj_jur":"","_kj_lieu":"","_kj_chambre":"","_kj_rg":"","_kj_date":"","footnotes":""},"categories":[545233,545234],"tags":[],"class_list":["post-2517532","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-derecho-es","category-derecho-es-penal"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.1 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Fiscal general: qu\u00e9 efectos tiene la 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