{"id":2519312,"date":"2026-11-19T16:49:47","date_gmt":"2026-11-19T15:49:47","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/?p=2519312"},"modified":"2026-11-19T16:49:47","modified_gmt":"2026-11-19T15:49:47","slug":"pulseras-telematicas-no-llevar-inutilizar-dispositivo-espana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/es\/pulseras-telematicas-no-llevar-inutilizar-dispositivo-espana\/","title":{"rendered":"Pulseras telem\u00e1ticas: qu\u00e9 arriesga quien no lleva o inutiliza el dispositivo en Espa\u00f1a"},"content":{"rendered":"<p>La consulta \u00abpulseras telem\u00e1ticas\u00bb se busca ahora en Espa\u00f1a. Este texto no describe ning\u00fan incidente, ning\u00fan fallo t\u00e9cnico concreto ni ninguna causa en curso: en este pase no se ha le\u00eddo un documento oficial sobre el hecho que haya podido disparar la b\u00fasqueda, y por eso no se afirma ninguno. La pregunta que s\u00ed puede responderse con las leyes le\u00eddas es otra: qu\u00e9 base legal tiene el control telem\u00e1tico de una prohibici\u00f3n de aproximarse y qu\u00e9 arriesga, seg\u00fan el derecho penal estatal espa\u00f1ol, la persona obligada que no lleva el dispositivo, no lo mantiene en funcionamiento o lo inutiliza.<\/p>\n<p>La respuesta corta tiene tres partes. La pulsera no es una pena aut\u00f3noma: vigila una prohibici\u00f3n de aproximarse, de comunicarse o de acudir a un lugar que un juez ya ha acordado. Inutilizar o perturbar el dispositivo, no llevarlo consigo u omitir las medidas exigibles para que funcione es un delito propio, castigado con multa de seis a doce meses por el art\u00edculo 468.3 del C\u00f3digo Penal. Acercarse a la persona protegida es otra conducta: cuando esta es una de las personas del art\u00edculo 173.2, el quebrantamiento se castiga en todo caso con prisi\u00f3n de seis meses a un a\u00f1o, y el incumplimiento de una medida cautelar obliga al juez a convocar una comparecencia en la que puede acordarse una medida m\u00e1s restrictiva.<\/p>\n<p>El m\u00e9todo es de alcance general. Se limita al derecho estatal espa\u00f1ol de los textos consolidados del BOE le\u00eddos en este pase. Por Hassan Kohen, abogado inscrito en el Colegio de Abogados de Par\u00eds, como informaci\u00f3n sobre derecho extranjero, sin inscripci\u00f3n ni ejercicio en Espa\u00f1a.<\/p>\n<h2>I. Qu\u00e9 es jur\u00eddicamente una pulsera telem\u00e1tica en Espa\u00f1a<\/h2>\n<h3>A. Un instrumento de control al servicio de una prohibici\u00f3n<\/h3>\n<p>Quien busca \u00abpulseras telem\u00e1ticas\u00bb encuentra sobre todo explicaciones t\u00e9cnicas: un brazalete, un receptor, una distancia, un aviso. La ley espa\u00f1ola no usa la palabra pulsera. Habla de medios electr\u00f3nicos, de instrumentos con la tecnolog\u00eda adecuada, de dispositivos telem\u00e1ticos, de aparatos electr\u00f3nicos y de dispositivos t\u00e9cnicos. Esa variedad no es un detalle de estilo. Cada expresi\u00f3n aparece en un texto distinto y corresponde a un momento distinto del proceso penal: la investigaci\u00f3n, la sentencia, la suspensi\u00f3n de la pena o la libertad vigilada que sigue a la prisi\u00f3n.<\/p>\n<p>El punto de partida es el art\u00edculo 48 del <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-1995-25444\">C\u00f3digo Penal<\/a>, en el texto consolidado le\u00eddo en este pase, cuya \u00faltima actualizaci\u00f3n publicada es del 9 de abril de 2026. La p\u00e1gina del BOE advierte que la consolidaci\u00f3n es informativa y que, para fines jur\u00eddicos, debe consultarse la publicaci\u00f3n oficial. El art\u00edculo 48 describe tres privaciones de derechos. La primera impide residir o acudir al lugar del delito o al lugar en que resida la v\u00edctima o su familia. La segunda, la prohibici\u00f3n de aproximarse, impide al penado acercarse a la v\u00edctima, a los familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, en cualquier lugar donde se encuentren, y tambi\u00e9n a su domicilio, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro lugar frecuentado por ellos. La tercera, la prohibici\u00f3n de comunicarse, impide cualquier contacto escrito, verbal o visual por cualquier medio, incluido el inform\u00e1tico o telem\u00e1tico. El mismo art\u00edculo a\u00f1ade una consecuencia que suele pasar desapercibida: mientras dura la prohibici\u00f3n de aproximarse, queda en suspenso respecto de los hijos el r\u00e9gimen de visitas, comunicaci\u00f3n y estancia que se hubiera reconocido en una sentencia civil, hasta el total cumplimiento de la pena. Y cierra con la frase que sostiene todo el sistema de control: \u00abEl juez o tribunal podr\u00e1 acordar que el control de estas medidas se realice a trav\u00e9s de aquellos medios electr\u00f3nicos que lo permitan.\u00bb Esa es la base, dentro del C\u00f3digo Penal, de lo que el lenguaje corriente llama pulsera. El verbo es \u00abpodr\u00e1\u00bb: el control electr\u00f3nico no acompa\u00f1a de forma autom\u00e1tica a toda prohibici\u00f3n, sino que el juez o tribunal lo acuerda.<\/p>\n<p>De ah\u00ed se sigue la idea central de este texto. La pulsera no crea por s\u00ed sola la obligaci\u00f3n de mantenerse lejos de alguien. Esa obligaci\u00f3n nace de la prohibici\u00f3n acordada en una resoluci\u00f3n judicial. El dispositivo verifica su cumplimiento. Por eso conviven dos deberes distintos para la persona obligada: respetar la distancia o la prohibici\u00f3n, y mantener operativo el medio de control. La ley penal los trata por separado, con penas distintas, como se ver\u00e1 en la segunda parte.<\/p>\n<p>La <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-2004-21760\">Ley Org\u00e1nica 1\/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protecci\u00f3n Integral contra la Violencia de G\u00e9nero<\/a> recoge la misma herramienta en el terreno cautelar. Su art\u00edculo 64.3 permite al juez prohibir al inculpado que se aproxime a la persona protegida en cualquier lugar donde se encuentre, as\u00ed como a su domicilio, a su lugar de trabajo o a cualquier otro frecuentado por ella. A continuaci\u00f3n dispone: \u00abPodr\u00e1 acordarse la utilizaci\u00f3n de instrumentos con la tecnolog\u00eda adecuada para verificar de inmediato su incumplimiento.\u00bb Y a\u00f1ade que \u00abEl Juez fijar\u00e1 una distancia m\u00ednima entre el inculpado y la persona protegida que no se podr\u00e1 rebasar, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal.\u00bb La distancia, por tanto, no la fija el aparato ni un protocolo t\u00e9cnico: la fija la resoluci\u00f3n judicial.<\/p>\n<p>El \u00e1mbito de esa ley org\u00e1nica est\u00e1 definido en su art\u00edculo 1. Comprende la violencia que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes sean o hayan sido sus c\u00f3nyuges o de quienes est\u00e9n o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Desde 2021, el apartado 4 de ese art\u00edculo incluye tambi\u00e9n la violencia ejercida sobre familiares o allegados menores de edad con el objetivo de causar perjuicio o da\u00f1o a las mujeres. Fuera de ese \u00e1mbito, el control telem\u00e1tico sigue siendo posible, pero se apoya en los dem\u00e1s textos.<\/p>\n<p>La <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-1882-6036\">Ley de Enjuiciamiento Criminal<\/a>, en el texto consolidado le\u00eddo en este pase, con \u00faltima actualizaci\u00f3n publicada el 9 de abril de 2026, contiene una tercera base. El \u00faltimo p\u00e1rrafo de su art\u00edculo 544 bis se refiere a la investigaci\u00f3n de los delitos de violencia sexual a los que remite el propio precepto, a trav\u00e9s de la ley org\u00e1nica de garant\u00eda integral de la libertad sexual de 2022. Para esos casos, si se acuerda alguna de las medidas de protecci\u00f3n de la v\u00edctima previstas en el precepto, el texto dice que \u00abpodr\u00e1 acordarse mediante resoluci\u00f3n motivada la utilizaci\u00f3n de dispositivos telem\u00e1ticos para el control de su cumplimiento\u00bb. Seg\u00fan el texto consolidado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la redacci\u00f3n vigente del art\u00edculo 544 bis procede de una modificaci\u00f3n publicada el 9 de abril de 2026 y en vigor desde el 10 de abril de 2026.<\/p>\n<p>La cuarta base pertenece a la fase posterior a la condena. El art\u00edculo 106 del C\u00f3digo Penal define la libertad vigilada como el sometimiento del condenado a control judicial mediante una o varias medidas. La primera de la lista obliga al condenado a estar siempre localizable mediante aparatos electr\u00f3nicos que permitan seguirlo de forma permanente. Esa medida se impone en sentencia para cumplirse despu\u00e9s de la pena de prisi\u00f3n cuando el C\u00f3digo lo prev\u00e9 de forma expresa, y el art\u00edculo 173.2 la permite, por ejemplo, en los supuestos de violencia habitual en el \u00e1mbito familiar.<\/p>\n<p>En resumen, el control telem\u00e1tico tiene en Espa\u00f1a cuatro apoyos legales distintos, y siempre acompa\u00f1a a otra medida: una prohibici\u00f3n del art\u00edculo 48, una medida cautelar de alejamiento o una medida de libertad vigilada. Para saber qu\u00e9 obliga exactamente a una persona hay que leer la resoluci\u00f3n que la acord\u00f3.<\/p>\n<h3>B. Qui\u00e9n la acuerda, en qu\u00e9 momento del proceso y con qu\u00e9 garant\u00edas<\/h3>\n<p>Durante la investigaci\u00f3n, el art\u00edculo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite imponer cautelarmente la prohibici\u00f3n de residir en un lugar, de acudir a determinados lugares o de aproximarse o comunicarse, con la graduaci\u00f3n que sea precisa, a determinadas personas. El supuesto es la investigaci\u00f3n de un delito de los mencionados en el art\u00edculo 57 del C\u00f3digo Penal, y el juez o tribunal solo puede acordarlo de forma motivada y cuando sea estrictamente necesario para proteger a la v\u00edctima o evitar la reiteraci\u00f3n delictiva. La ley obliga adem\u00e1s a tener en cuenta la situaci\u00f3n econ\u00f3mica del inculpado, su salud, su situaci\u00f3n familiar y su actividad laboral, con atenci\u00f3n especial a la continuidad de esta \u00faltima.<\/p>\n<p>La lista del art\u00edculo 57 del C\u00f3digo Penal es amplia. Comprende los delitos de homicidio, aborto, lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, trata de seres humanos, contra la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, el honor, el patrimonio, el orden socioecon\u00f3mico y las relaciones familiares. La medida cautelar de alejamiento, y con ella su posible control telem\u00e1tico, no est\u00e1 reservada a la violencia de g\u00e9nero.<\/p>\n<p>La orden de protecci\u00f3n del art\u00edculo 544 ter es el cauce m\u00e1s conocido. El juez de instrucci\u00f3n la dicta para las v\u00edctimas de violencia dom\u00e9stica cuando existen indicios fundados de un delito contra la vida, la integridad f\u00edsica o moral, la libertad sexual, la libertad o la seguridad de alguna de las personas del art\u00edculo 173.2 del C\u00f3digo Penal, y resulta una situaci\u00f3n objetiva de riesgo que requiere alguna de las medidas de protecci\u00f3n del art\u00edculo. La puede acordar el juez de oficio, o a instancia de la v\u00edctima, de una persona con alguna de esas relaciones o del Ministerio Fiscal. La solicitud puede presentarse ante la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal, ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en las oficinas de atenci\u00f3n a la v\u00edctima o ante los servicios sociales o instituciones asistenciales dependientes de las administraciones p\u00fablicas, que deben remitirla de forma inmediata al juez competente.<\/p>\n<p>Recibida la solicitud, el juez de guardia convoca una audiencia urgente a la v\u00edctima o su representante legal, al solicitante y al presunto agresor, asistido en su caso de abogado, y al Ministerio Fiscal. La audiencia debe celebrarse en un plazo m\u00e1ximo de setenta y dos horas desde la presentaci\u00f3n de la solicitud, y las declaraciones se toman por separado para evitar la confrontaci\u00f3n. Despu\u00e9s, el juez resuelve mediante auto. Las medidas penales de la orden pueden ser cualesquiera de las previstas en la legislaci\u00f3n procesal criminal, con los requisitos, el contenido y la vigencia que esa legislaci\u00f3n establece. Las medidas civiles tienen una vigencia de treinta d\u00edas; si dentro de ese plazo la v\u00edctima o su representante legal inicia un proceso de familia ante la jurisdicci\u00f3n civil, permanecen en vigor durante los treinta d\u00edas siguientes a la presentaci\u00f3n de la demanda, plazo en el que deben ser ratificadas, modificadas o dejadas sin efecto por el juez civil competente.<\/p>\n<p>Cuando el procedimiento se refiere a violencia de g\u00e9nero, la Ley Org\u00e1nica 1\/2004 a\u00f1ade tres garant\u00edas. Su art\u00edculo 61.2 obliga al juez competente a pronunciarse en todo caso, de oficio o a instancia de las v\u00edctimas, de los hijos, de las personas que convivan con ellas, del Ministerio Fiscal o de la administraci\u00f3n de la que dependan los servicios de atenci\u00f3n, sobre la pertinencia de las medidas cautelares y de aseguramiento, especialmente las de los art\u00edculos 64, 65 y 66, determinando su plazo y su r\u00e9gimen de cumplimiento. Su art\u00edculo 68 exige un auto motivado que aprecie la proporcionalidad y la necesidad de la medida, con intervenci\u00f3n del Ministerio Fiscal y respeto de los principios de contradicci\u00f3n, audiencia y defensa. Su art\u00edculo 69 permite mantener las medidas tras la sentencia definitiva y durante la tramitaci\u00f3n de los recursos, siempre que la sentencia lo haga constar.<\/p>\n<p>En la sentencia, el art\u00edculo 57.1 del C\u00f3digo Penal permite imponer una o varias de las prohibiciones del art\u00edculo 48, atendiendo a la gravedad de los hechos o al peligro que el delincuente represente, por un tiempo que no exceder\u00e1 de diez a\u00f1os si el delito es grave o de cinco si es menos grave. Si la condena es a prisi\u00f3n, la prohibici\u00f3n dura entre uno y diez a\u00f1os m\u00e1s que la prisi\u00f3n impuesta, si el delito es grave, o entre uno y cinco a\u00f1os m\u00e1s, si es menos grave, y ambas se cumplen de forma simult\u00e1nea. El apartado 2 endurece la regla: cuando el delito se comete contra quien sea o haya sido c\u00f3nyuge o pareja, aun sin convivencia, o contra los dem\u00e1s familiares y personas vulnerables que enumera, la prohibici\u00f3n de aproximarse del art\u00edculo 48.2 se acuerda en todo caso. Para los delitos leves de la misma lista, el apartado 3 limita las prohibiciones a seis meses.<\/p>\n<p>Si la pena de prisi\u00f3n se suspende, el art\u00edculo 83 del C\u00f3digo Penal permite condicionar la suspensi\u00f3n a la prohibici\u00f3n de aproximarse a la v\u00edctima o de comunicar con ella. Cuando se trata de delitos cometidos sobre la mujer por quien sea o haya sido su c\u00f3nyuge o pareja, aun sin convivencia, esa prohibici\u00f3n se impone siempre, junto con las reglas 4.\u00aa y 6.\u00aa del mismo apartado; la misma regla rige para los delitos contra la libertad sexual, el matrimonio forzado, la mutilaci\u00f3n genital femenina y la trata de seres humanos. El apartado 3 ordena comunicar la prohibici\u00f3n a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que velan por su cumplimiento, y comunicar de inmediato al Ministerio Fiscal y al juez o tribunal de ejecuci\u00f3n cualquier posible quebrantamiento.<\/p>\n<p>Para la persona obligada y para la persona protegida, el documento decisivo es siempre el mismo: la resoluci\u00f3n, auto o sentencia, que fija la prohibici\u00f3n, las personas protegidas, la distancia, la duraci\u00f3n y, en su caso, el control por medios electr\u00f3nicos. Sin esa resoluci\u00f3n no puede saberse si el dispositivo es obligatorio, qu\u00e9 distancia activa una alerta ni hasta cu\u00e1ndo dura la medida. Otros contenidos informativos en espa\u00f1ol del despacho, todos de alcance general, se re\u00fanen en la <a href=\"https:\/\/kohenavocats.com\/es\/\">secci\u00f3n en espa\u00f1ol del despacho<\/a>.<\/p>\n<h2>II. Qu\u00e9 ocurre cuando el dispositivo deja de controlar la medida<\/h2>\n<h3>A. El art\u00edculo 468.3, el art\u00edculo 468.2 y el importe de la multa<\/h3>\n<p>El tipo penal espec\u00edfico est\u00e1 en el cap\u00edtulo del C\u00f3digo Penal dedicado al quebrantamiento de condena. El apartado 3 del art\u00edculo 468 castiga con multa de seis a doce meses a quienes inutilicen o perturben el funcionamiento normal de los dispositivos t\u00e9cnicos dispuestos para controlar el cumplimiento de penas, medidas de seguridad o medidas cautelares, a quienes no los lleven consigo y a quienes omitan las medidas exigibles para mantener su correcto estado de funcionamiento. Seg\u00fan las notas del texto consolidado, ese apartado se a\u00f1adi\u00f3 en 2015 y su redacci\u00f3n est\u00e1 en vigor desde el 1 de julio de 2015.<\/p>\n<p>El precepto describe cuatro conductas distintas. La primera es inutilizar el dispositivo, es decir, dejarlo sin capacidad de cumplir su funci\u00f3n. La segunda es perturbar su funcionamiento normal, lo que no exige destruirlo. La tercera es no llevarlo consigo, una conducta de simple omisi\u00f3n que no requiere tocar el aparato. La cuarta es omitir las medidas exigibles para mantener su correcto estado de funcionamiento. La falta de carga de la bater\u00eda es la hip\u00f3tesis que esta \u00faltima expresi\u00f3n parece cubrir de manera m\u00e1s natural, pero qu\u00e9 medida era exigible en un caso concreto y si se omiti\u00f3 es una cuesti\u00f3n de hecho que debe probarse en cada procedimiento. El texto describe conductas de la persona obligada; un fallo del sistema que no tenga su origen en ninguna de esas conductas no aparece descrito en el precepto.<\/p>\n<p>El \u00e1mbito del apartado 3 abarca los tres momentos vistos en la primera parte. Los dispositivos pueden haberse dispuesto para controlar penas, medidas de seguridad o medidas cautelares. Por eso el mismo delito puede cometerse durante la investigaci\u00f3n, tras una orden de protecci\u00f3n, durante el cumplimiento de una pena de alejamiento o durante una libertad vigilada.<\/p>\n<p>La pena es de multa de seis a doce meses, y el C\u00f3digo Penal la calcula por el sistema de d\u00edas multa del art\u00edculo 50. Cuando la duraci\u00f3n se fija por meses, cada mes se computa como treinta d\u00edas, de modo que seis meses equivalen a 180 d\u00edas y doce meses a 360 d\u00edas. La cuota diaria va de un m\u00ednimo de 2 euros a un m\u00e1ximo de 400 euros para las personas f\u00edsicas. El marco te\u00f3rico de la multa va, por tanto, de 360 euros (180 d\u00edas a 2 euros) a 144.000 euros (360 d\u00edas a 400 euros). El juez fija motivadamente la extensi\u00f3n dentro de ese marco, y fija la cuota teniendo en cuenta exclusivamente la situaci\u00f3n econ\u00f3mica del reo, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares y dem\u00e1s circunstancias personales. Por causa justificada, puede autorizar el pago en un plazo que no exceda de dos a\u00f1os desde la firmeza de la sentencia, de una vez o a plazos; el impago de dos plazos hace vencer los restantes.<\/p>\n<p>La multa impagada tiene una consecuencia personal. El art\u00edculo 53 establece una responsabilidad personal subsidiaria de un d\u00eda de privaci\u00f3n de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas. En una multa de 180 d\u00edas, el impago total equivale a 90 d\u00edas; en una de 360 d\u00edas, a 180 d\u00edas. Con la conformidad del penado, el juez puede acordar que esa responsabilidad se cumpla mediante trabajos en beneficio de la comunidad, a raz\u00f3n de una jornada por cada d\u00eda. El cumplimiento de la responsabilidad subsidiaria extingue la obligaci\u00f3n de pago, aunque mejore despu\u00e9s la situaci\u00f3n econ\u00f3mica del penado.<\/p>\n<p>Acercarse a la persona protegida, entrar en la zona prohibida o comunicarse con ella es otra conducta, con otra pena. El apartado 1 del art\u00edculo 468 castiga a quienes quebrantan su condena, medida de seguridad, prisi\u00f3n, medida cautelar, conducci\u00f3n o custodia con prisi\u00f3n de seis meses a un a\u00f1o si est\u00e1n privados de libertad, y con multa de doce a veinticuatro meses en los dem\u00e1s casos. El apartado 2 introduce la regla m\u00e1s severa: impone en todo caso la pena de prisi\u00f3n de seis meses a un a\u00f1o a quienes quebranten una pena del art\u00edculo 48 o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza impuesta en procesos penales en los que el ofendido sea alguna de las personas del art\u00edculo 173.2, as\u00ed como a quienes quebranten la medida de libertad vigilada. Esa regla fija la diferencia pr\u00e1ctica: la multa del apartado 3 sanciona el ataque al medio de control; la prisi\u00f3n del apartado 2 sanciona el incumplimiento de la prohibici\u00f3n misma.<\/p>\n<p>Las personas del art\u00edculo 173.2 son quien sea o haya sido c\u00f3nyuge, la persona que est\u00e9 o haya estado ligada al autor por una an\u00e1loga relaci\u00f3n de afectividad aun sin convivencia, los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopci\u00f3n o afinidad, propios o del c\u00f3nyuge o conviviente, los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protecci\u00f3n que convivan con \u00e9l o est\u00e9n sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del c\u00f3nyuge o conviviente, la persona integrada en el n\u00facleo de su convivencia familiar y las personas especialmente vulnerables sometidas a custodia o guarda en centros p\u00fablicos o privados. Si la persona protegida no est\u00e1 en esa lista, el quebrantamiento de la prohibici\u00f3n se rige por el apartado 1.<\/p>\n<p>Puede ocurrir que una misma secuencia de hechos combine las dos conductas: el dispositivo deja de funcionar y, despu\u00e9s, hay un acercamiento. El texto describe dos comportamientos distintos con penas distintas. C\u00f3mo se califican en un caso concreto, como uno o como varios delitos, es una cuesti\u00f3n de calificaci\u00f3n jur\u00eddica que depende de los hechos probados y que este texto no resuelve sin una resoluci\u00f3n judicial le\u00edda sobre ese punto.<\/p>\n<p>El art\u00edculo 173.2 contiene, adem\u00e1s, una agravaci\u00f3n propia. Cuando alguno de los actos de violencia habitual que castiga se realiza quebrantando una pena del art\u00edculo 48 o una medida cautelar o de seguridad o prohibici\u00f3n de la misma naturaleza, las penas se imponen en su mitad superior. Y en la libertad vigilada, el art\u00edculo 106.4 prev\u00e9 que el juez o tribunal, ante un incumplimiento, pueda modificar las obligaciones o prohibiciones; si el incumplimiento es reiterado o grave, revelador de la voluntad de no someterse a ellas, el juez debe adem\u00e1s deducir testimonio por un presunto delito del art\u00edculo 468.<\/p>\n<h3>B. La respuesta procesal y lo que puede pedir la persona protegida<\/h3>\n<p>La sanci\u00f3n penal llega al final de un proceso. Antes, el incumplimiento tiene una consecuencia procesal inmediata. El cuarto p\u00e1rrafo del art\u00edculo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que, en caso de incumplimiento por parte del inculpado de la medida acordada, el juez o tribunal convocar\u00e1 la comparecencia del art\u00edculo 505 para la adopci\u00f3n de la prisi\u00f3n provisional en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 503, de la orden de protecci\u00f3n del art\u00edculo 544 ter o de otra medida cautelar que implique una mayor limitaci\u00f3n de su libertad personal. Para decidir, seg\u00fan el mismo p\u00e1rrafo, el juez tiene en cuenta la incidencia del incumplimiento, sus motivos, su gravedad y sus circunstancias, sin perjuicio de las responsabilidades que del incumplimiento puedan resultar.<\/p>\n<p>La prisi\u00f3n provisional no es autom\u00e1tica. El art\u00edculo 505 exige una audiencia, que debe celebrarse en el plazo m\u00e1s breve posible dentro de las setenta y dos horas siguientes a la puesta del detenido a disposici\u00f3n judicial, con asistencia de letrado, y en ella el Ministerio Fiscal o una parte acusadora debe pedir la prisi\u00f3n o la libertad con fianza; si ninguna parte la pide, el juez acuerda la libertad del detenido. El art\u00edculo 503 fija los requisitos. Por regla general, el delito debe estar castigado con una pena cuyo m\u00e1ximo sea igual o superior a dos a\u00f1os de prisi\u00f3n, salvo antecedentes penales no cancelados por delito doloso. Sin embargo, cuando el fin perseguido es evitar que el investigado o encausado pueda actuar contra bienes jur\u00eddicos de la v\u00edctima, especialmente si es una de las personas del art\u00edculo 173.2 del C\u00f3digo Penal, ese l\u00edmite de pena no se aplica. As\u00ed, el incumplimiento de un alejamiento puede abrir el debate sobre la prisi\u00f3n provisional aunque el delito investigado tenga una pena m\u00e1xima inferior a dos a\u00f1os.<\/p>\n<p>Si la prohibici\u00f3n se impuso como condici\u00f3n de una suspensi\u00f3n de la pena, el art\u00edculo 86 del C\u00f3digo Penal ordena revocar la suspensi\u00f3n cuando el penado incumple de forma grave o reiterada las prohibiciones y deberes impuestos conforme al art\u00edculo 83. Si el incumplimiento no es grave ni reiterado, el juez o tribunal puede imponer nuevas prohibiciones o prorrogar el plazo de suspensi\u00f3n, sin exceder de la mitad del inicialmente fijado. En todos los casos resuelve tras o\u00edr al Fiscal y a las dem\u00e1s partes, pero puede revocar la suspensi\u00f3n y ordenar el ingreso inmediato en prisi\u00f3n cuando resulte imprescindible para evitar el riesgo de reiteraci\u00f3n delictiva o de huida, o para asegurar la protecci\u00f3n de la v\u00edctima.<\/p>\n<p>La persona protegida tiene, por su parte, derechos de informaci\u00f3n precisos. La <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-2015-4606\">Ley 4\/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la v\u00edctima del delito<\/a>, en el texto consolidado le\u00eddo en este pase, con \u00faltima actualizaci\u00f3n publicada el 7 de septiembre de 2022, enumera en su art\u00edculo 7 las resoluciones que se notifican a la v\u00edctima. Entre ellas figuran las que acuerdan la prisi\u00f3n o la posterior puesta en libertad del infractor y su posible fuga, y las que acuerdan medidas cautelares personales o modifican las ya acordadas cuando ten\u00edan por objeto garantizar la seguridad de la v\u00edctima. Estas comunicaciones incluyen, al menos, la parte dispositiva y un breve resumen del fundamento, y se remiten a la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico de la v\u00edctima o, excepcionalmente, por correo ordinario.<\/p>\n<p>Para las v\u00edctimas de violencia de g\u00e9nero, el apartado 3 del mismo art\u00edculo 7 del Estatuto de la v\u00edctima del delito dispone que esas dos categor\u00edas de resoluciones se les notifican sin necesidad de que lo soliciten, salvo que manifiesten su deseo de no recibirlas. El apartado 4 permite pedir informaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n del procedimiento, salvo que ello pueda perjudicar el correcto desarrollo de la causa. Cuando existe orden de protecci\u00f3n, el art\u00edculo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a\u00f1ade el deber de informar permanentemente a la v\u00edctima sobre la situaci\u00f3n procesal del investigado o encausado y sobre el alcance y la vigencia de las medidas cautelares, incluida su situaci\u00f3n penitenciaria.<\/p>\n<p>La persona protegida tambi\u00e9n puede pedir. El art\u00edculo 544 ter permite acordar la orden de protecci\u00f3n durante un procedimiento penal en curso cuando surge una situaci\u00f3n de riesgo para alguna de las personas vinculadas con el investigado o encausado. En los procedimientos de violencia de g\u00e9nero, el art\u00edculo 61.2 de la Ley Org\u00e1nica 1\/2004 obliga al juez a pronunciarse sobre las medidas tambi\u00e9n a instancia de las v\u00edctimas. Y el art\u00edculo 19 del Estatuto de la v\u00edctima del delito impone a las autoridades encargadas de la investigaci\u00f3n, persecuci\u00f3n y enjuiciamiento la adopci\u00f3n de las medidas necesarias, conforme a la ley procesal, para garantizar la vida, la integridad f\u00edsica y ps\u00edquica, la libertad y la seguridad de la v\u00edctima y de sus familiares. Ning\u00fan texto le\u00eddo promete un resultado: lo que garantizan es un cauce para pedir y una obligaci\u00f3n de resolver.<\/p>\n<p>Un punto conviene no perder de vista cuando el debate p\u00fablico gira en torno a los fallos t\u00e9cnicos. Si el dispositivo deja de funcionar, la prohibici\u00f3n que controla no desaparece: sigue vigente en los t\u00e9rminos de la resoluci\u00f3n que la acord\u00f3. La pulsera es un medio de verificaci\u00f3n, no la fuente de la obligaci\u00f3n. Por eso, una incidencia t\u00e9cnica no autoriza a la persona obligada a acercarse, y tampoco deja a la persona protegida sin el respaldo de la resoluci\u00f3n judicial, que puede hacerse valer ante cualquier autoridad y administraci\u00f3n p\u00fablica cuando se trata de una orden de protecci\u00f3n.<\/p>\n<p>En la pr\u00e1ctica, quien tenga que demostrar algo en este terreno, sea la persona protegida o la persona obligada, depende de los mismos documentos. La copia de la resoluci\u00f3n que fija la prohibici\u00f3n, la distancia, la duraci\u00f3n y el control telem\u00e1tico; las notificaciones recibidas al amparo del art\u00edculo 7 del Estatuto; las fechas y horas de cada incidencia conocida; y las comunicaciones mantenidas con las autoridades. Para la defensa de la persona obligada, la cuesti\u00f3n de hecho ser\u00e1 si hubo inutilizaci\u00f3n, perturbaci\u00f3n, falta de porte u omisi\u00f3n de una medida exigible, o un fallo ajeno a su conducta. Para la persona protegida, la cuesti\u00f3n ser\u00e1 si el riesgo justifica pedir una medida distinta o m\u00e1s intensa. En ambos casos, la respuesta depende de pruebas concretas y de la decisi\u00f3n del juez competente.<\/p>\n<p>Este texto no examina el protocolo t\u00e9cnico de los dispositivos, la organizaci\u00f3n del servicio de seguimiento, la normativa auton\u00f3mica de asistencia a las v\u00edctimas ni la jurisprudencia sobre el art\u00edculo 468.3, que no se ha le\u00eddo en una fuente oficial durante este pase. Tampoco describe ning\u00fan incidente concreto ni atribuye a nadie conducta alguna.<\/p>\n<h2>Conclusi\u00f3n<\/h2>\n<p>La pulsera telem\u00e1tica no es una pena ni una medida aut\u00f3noma en el derecho espa\u00f1ol. Es el medio electr\u00f3nico que el juez o tribunal puede acordar para verificar una prohibici\u00f3n de aproximarse, de comunicarse o de acudir a un lugar, sobre la base del art\u00edculo 48.4 del C\u00f3digo Penal, del art\u00edculo 64.3 de la Ley Org\u00e1nica 1\/2004 en violencia de g\u00e9nero, del \u00faltimo p\u00e1rrafo del art\u00edculo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en los delitos a los que remite la ley org\u00e1nica de garant\u00eda integral de la libertad sexual, y del art\u00edculo 106 del C\u00f3digo Penal en la libertad vigilada. La resoluci\u00f3n que la acuerda fija la distancia, la duraci\u00f3n y las personas protegidas, con auto motivado y audiencia en la fase cautelar.<\/p>\n<p>Cuando la persona obligada inutiliza o perturba el dispositivo, no lo lleva consigo u omite las medidas exigibles para mantenerlo en funcionamiento, el art\u00edculo 468.3 prev\u00e9 una multa de seis a doce meses, es decir, de 180 a 360 d\u00edas multa con una cuota diaria de 2 a 400 euros, y su impago puede convertirse en privaci\u00f3n de libertad a raz\u00f3n de un d\u00eda por cada dos cuotas. Cuando se incumple la prohibici\u00f3n misma y la persona protegida es una de las del art\u00edculo 173.2, la pena es de prisi\u00f3n de seis meses a un a\u00f1o en todo caso. El incumplimiento de una medida cautelar obliga adem\u00e1s al juez a convocar una comparecencia en la que puede acordarse la prisi\u00f3n provisional, sin el l\u00edmite general de pena cuando se trata de proteger a la v\u00edctima, y el incumplimiento grave o reiterado de las condiciones de una suspensi\u00f3n lleva a su revocaci\u00f3n.<\/p>\n<p>La persona protegida recibe por ley la notificaci\u00f3n de las resoluciones que afectan a su seguridad, sin necesidad de pedirla en los casos de violencia de g\u00e9nero, y puede solicitar nuevas medidas cuando surge un riesgo nuevo. Queda por establecer, porque no consta en un documento oficial le\u00eddo en este pase, el hecho concreto que haya podido disparar la b\u00fasqueda, y queda por acreditar en cada expediente la resoluci\u00f3n aplicable, la conducta atribuida y su prueba. El m\u00e9todo expuesto es de alcance general; los textos consolidados son informativos y no sustituyen la publicaci\u00f3n oficial.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Qu\u00e9 castiga el C\u00f3digo Penal espa\u00f1ol cuando la persona obligada no lleva, no mantiene o inutiliza la pulsera telem\u00e1tica, qu\u00e9 hace el juez ante el incumplimiento y qu\u00e9 se notifica a la v\u00edctima.<\/p>\n","protected":false},"author":232070755,"featured_media":3885,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_kj_source_type":"","_kj_official_id":"","_kj_official_url":"","_kj_judilibre_id":"","_kj_jur":"","_kj_lieu":"","_kj_chambre":"","_kj_rg":"","_kj_date":"","footnotes":""},"categories":[545233,545234],"tags":[],"class_list":["post-2519312","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-derecho-es","category-derecho-es-penal"],"yoast_head":"<!-- This site is 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