{"id":2519981,"date":"2026-11-19T22:51:08","date_gmt":"2026-11-19T21:51:08","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/?p=2519981"},"modified":"2026-11-19T22:51:08","modified_gmt":"2026-11-19T21:51:08","slug":"defensor-del-pueblo-queja-no-suspende-plazo-recurso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/es\/defensor-del-pueblo-queja-no-suspende-plazo-recurso\/","title":{"rendered":"Defensor del Pueblo: la queja no suspende el plazo de recurso, c\u00f3mo actuar a tiempo"},"content":{"rendered":"<p>La consulta \u00abdefensor del pueblo\u00bb se busca ahora en Espa\u00f1a. Este texto no relata ning\u00fan nombramiento, informe ni actuaci\u00f3n concreta de la instituci\u00f3n: en este pase no se ha le\u00eddo un documento oficial sobre el hecho que haya podido disparar la b\u00fasqueda, y por eso no se afirma ninguno. S\u00ed puede responderse, con los textos le\u00eddos, a la pregunta pr\u00e1ctica que se hace quien piensa acudir a la instituci\u00f3n despu\u00e9s de recibir una sanci\u00f3n, una denegaci\u00f3n o una resoluci\u00f3n que considera injusta, o cuando un expediente no avanza: \u00bfdetiene la queja el plazo para recurrir?<\/p>\n<p>La respuesta es no. El Reglamento de Organizaci\u00f3n y Funcionamiento del Defensor del Pueblo dispone que ni la presentaci\u00f3n de la queja ni su posterior admisi\u00f3n suspenden los plazos legales para recurrir, en v\u00eda administrativa o judicial, ni la ejecuci\u00f3n del acto. Quien espera la respuesta de la instituci\u00f3n antes de recurrir puede encontrarse con un acto firme. La v\u00eda segura consiste en identificar el recurso que corresponde, calcular su plazo, presentarlo a tiempo, pedir la suspensi\u00f3n cuando la ejecuci\u00f3n cause un perjuicio dif\u00edcil de reparar y, si se desea, presentar la queja en paralelo.<\/p>\n<p>El m\u00e9todo expuesto es de alcance general y se limita al derecho estatal espa\u00f1ol, en los textos consolidados del BOE le\u00eddos el 19 de noviembre de 2026; los defensores auton\u00f3micos se rigen adem\u00e1s por normas propias que no se analizan aqu\u00ed. Por Hassan Kohen, abogado inscrito en el Colegio de Abogados de Par\u00eds, como informaci\u00f3n sobre derecho extranjero, sin inscripci\u00f3n ni ejercicio en Espa\u00f1a.<\/p>\n<h2>I. Lo que una queja ante el Defensor del Pueblo no hace<\/h2>\n<h3>A. Una instituci\u00f3n que supervisa, no una instancia de recurso<\/h3>\n<p>Para muchas personas, el Defensor del Pueblo es la primera puerta que viene a la mente cuando una Administraci\u00f3n les perjudica: una multa que consideran injusta, una prestaci\u00f3n denegada, una autorizaci\u00f3n que no llega o una solicitud que nadie contesta. La intuici\u00f3n se entiende. La instituci\u00f3n tiene rango constitucional, act\u00faa con independencia y su nombre transmite la idea de una defensa directa del ciudadano frente al poder p\u00fablico. Pero su funci\u00f3n jur\u00eddica es distinta de la de un \u00f3rgano que resuelve recursos, y esa diferencia explica por qu\u00e9 la queja, por \u00fatil que sea, no protege por s\u00ed sola los derechos de quien la presenta frente al acto que le perjudica.<\/p>\n<p>El punto de partida es el art\u00edculo 54 de la <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-1978-31229\">Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola<\/a>, en el texto consolidado del BOE cuya \u00faltima actualizaci\u00f3n publicada es del 20 de mayo de 2026: \u00abUna ley org\u00e1nica regular\u00e1 la instituci\u00f3n del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por \u00e9stas para la defensa de los derechos comprendidos en este T\u00edtulo, a cuyo efecto podr\u00e1 supervisar la actividad de la Administraci\u00f3n, dando cuenta a las Cortes Generales.\u00bb Tres rasgos se desprenden de esa frase. El Defensor es un comisionado de las Cortes, no un \u00f3rgano del Gobierno ni de la Administraci\u00f3n que dict\u00f3 el acto. Su misi\u00f3n es la defensa de los derechos del t\u00edtulo primero de la Constituci\u00f3n. Y su instrumento es la supervisi\u00f3n de la actividad administrativa, cuyo resultado se comunica a las Cortes. El precepto habla de supervisar y de dar cuenta; no habla de anular, revocar ni suspender actos administrativos.<\/p>\n<p>La Constituci\u00f3n organiza por separado el control de los actos. Su art\u00edculo 106.1 encomienda a los tribunales el control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuaci\u00f3n administrativa, as\u00ed como de su sometimiento a los fines que la justifican. Antes de llegar al juez, la <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-2015-10565\">Ley 39\/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas<\/a>, en el texto consolidado le\u00eddo cuya \u00faltima actualizaci\u00f3n publicada es del 6 de noviembre de 2024, establece en su art\u00edculo 112.1 que contra las resoluciones, y contra ciertos actos de tr\u00e1mite, los interesados pueden interponer los recursos de alzada y potestativo de reposici\u00f3n, fundados en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en la propia ley. Por encima de la v\u00eda administrativa est\u00e1 el recurso contencioso-administrativo que regula la <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-1998-16718\">Ley 29\/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso-administrativa<\/a>, en el texto consolidado le\u00eddo cuya \u00faltima actualizaci\u00f3n publicada es del 3 de enero de 2025. Son esas v\u00edas, y no la queja, las que permiten obtener que un acto se modifique o desaparezca.<\/p>\n<p>Ninguno de los textos le\u00eddos en este pase atribuye al Defensor del Pueblo la facultad de dejar sin efecto el acto que perjudica a quien presenta la queja. La Constituci\u00f3n le reconoce, en su art\u00edculo 162, legitimaci\u00f3n para interponer el recurso de inconstitucionalidad y el recurso de amparo, pero son facultades propias de la instituci\u00f3n, que decide si las ejerce; no sustituyen los recursos que el particular debe presentar por su cuenta contra el acto que le afecta. Dicho de otro modo: el Defensor puede investigar, se\u00f1alar un mal funcionamiento e informar de \u00e9l a las Cortes, pero quien quiere que una multa, una denegaci\u00f3n o una orden desaparezcan de su vida jur\u00eddica necesita un recurso presentado en plazo ante el \u00f3rgano competente.<\/p>\n<p>Esa separaci\u00f3n tiene una consecuencia de calendario que muchas personas descubren tarde. El recurso administrativo y el judicial est\u00e1n sujetos a plazos cortos, de uno o dos meses en la mayor\u00eda de los casos, que empiezan a correr con la notificaci\u00f3n del acto. La tramitaci\u00f3n de una queja, en cambio, no tiene una duraci\u00f3n que el ciudadano controle: la instituci\u00f3n debe registrarla, estudiarla, decidir si la admite y, en su caso, pedir informaci\u00f3n a la Administraci\u00f3n afectada. Si la queja suspendiera los plazos, bastar\u00eda con presentarla para ganar tiempo; si no los suspende, quien conf\u00eda en ella y no recurre corre el riesgo de que el acto se consolide mientras espera. La norma que resuelve esta cuesti\u00f3n no est\u00e1 en la Constituci\u00f3n, sino en el reglamento interno de la instituci\u00f3n.<\/p>\n<h3>B. El art\u00edculo 27.2 del Reglamento: el plazo y la ejecuci\u00f3n siguen su curso<\/h3>\n<p>La regla decisiva figura en el cap\u00edtulo del <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-1983-10613\">Reglamento de Organizaci\u00f3n y Funcionamiento del Defensor del Pueblo<\/a>, aprobado por las Mesas del Congreso y del Senado en su reuni\u00f3n conjunta de 6 de abril de 1983, dedicado a la presentaci\u00f3n, instrucci\u00f3n e investigaci\u00f3n de las quejas. En el texto consolidado le\u00eddo, cuya \u00faltima actualizaci\u00f3n publicada es del 1 de marzo de 2012, el art\u00edculo 27.2, en la redacci\u00f3n vigente desde el 2 de marzo de 2012, dispone: \u00abLa presentaci\u00f3n de una queja ante el Defensor del Pueblo, as\u00ed como su posterior admisi\u00f3n, si procediere, no suspender\u00e1 en ning\u00fan caso los plazos previstos en las Leyes para recurrir, tanto en v\u00eda administrativa como jurisdiccional, ni la ejecuci\u00f3n de la resoluci\u00f3n o acto afectado.\u00bb El mismo art\u00edculo, en su apartado 1, recuerda que la tramitaci\u00f3n e investigaci\u00f3n de las quejas se rige por la ley org\u00e1nica de la instituci\u00f3n y por el propio Reglamento.<\/p>\n<p>Cada elemento de la frase cierra una salida que el ciudadano podr\u00eda imaginar. La expresi\u00f3n \u00aben ning\u00fan caso\u00bb excluye las excepciones: no hay supuesto en el que la queja paralice el plazo. La menci\u00f3n de la \u00abposterior admisi\u00f3n\u00bb impide pensar que el efecto suspensivo nace cuando la instituci\u00f3n acepta investigar; aunque la queja se admita, el reloj del recurso sigue corriendo. La referencia a la v\u00eda administrativa y a la jurisdiccional abarca tanto el recurso de alzada o de reposici\u00f3n como el recurso contencioso-administrativo. Y la menci\u00f3n final de la ejecuci\u00f3n significa que la Administraci\u00f3n puede seguir aplicando el acto mientras la queja se tramita: cobrar la sanci\u00f3n, mantener la denegaci\u00f3n o ejecutar la orden.<\/p>\n<p>El resto del Reglamento confirma esa l\u00f3gica. Su art\u00edculo 1 repite que el Defensor, como alto comisionado de las Cortes Generales, puede supervisar la actividad de la Administraci\u00f3n dando cuenta a las Cortes, y a\u00f1ade que no est\u00e1 sujeto a mandato imperativo, que no recibe instrucciones de ninguna autoridad y que desempe\u00f1a sus funciones con autonom\u00eda y seg\u00fan su criterio. Su art\u00edculo 11 prev\u00e9 que el informe anual que el Defensor presenta a las Cortes Generales se somete previamente a la Comisi\u00f3n Mixta de relaciones con la instituci\u00f3n. Su art\u00edculo 12.4 atribuye al Defensor, o al Adjunto en quien delegue o que le sustituya, la admisi\u00f3n definitiva o el rechazo de las quejas y, en su caso, su resoluci\u00f3n \u00faltima. Esa resoluci\u00f3n pone fin a la tramitaci\u00f3n de la queja; no es la resoluci\u00f3n del recurso que el ciudadano pod\u00eda haber interpuesto contra el acto, porque ese recurso se dirige a otros \u00f3rganos y sigue otras reglas.<\/p>\n<p>La consecuencia pr\u00e1ctica m\u00e1s grave es la firmeza. El art\u00edculo 122.1 de la Ley 39\/2015 fija en un mes el plazo del recurso de alzada contra un acto expreso y a\u00f1ade que, transcurrido ese plazo sin recurso, la resoluci\u00f3n ser\u00e1 firme a todos los efectos. El art\u00edculo 124.1 prev\u00e9, para el recurso potestativo de reposici\u00f3n, que pasado su plazo de un mes \u00fanicamente puede interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio del recurso extraordinario de revisi\u00f3n. Quien presenta solo una queja y deja pasar el mes puede encontrarse, cuando llega la respuesta de la instituci\u00f3n, con un acto que ya no admite recurso ordinario en v\u00eda administrativa. Si adem\u00e1s deja pasar el plazo del recurso contencioso-administrativo, la puerta judicial tambi\u00e9n se habr\u00e1 cerrado.<\/p>\n<p>La segunda consecuencia afecta a la ejecuci\u00f3n. Aqu\u00ed la queja no est\u00e1 en peor situaci\u00f3n que el propio recurso, porque tampoco este suspende por s\u00ed solo el acto: el art\u00edculo 117.1 de la Ley 39\/2015 establece que la interposici\u00f3n de cualquier recurso no suspende la ejecuci\u00f3n del acto impugnado, salvo que una disposici\u00f3n establezca lo contrario. La diferencia est\u00e1 en que el recurso abre la posibilidad de pedir la suspensi\u00f3n al \u00f3rgano que debe resolverlo, con un r\u00e9gimen preciso que se expone en la segunda parte, mientras que el Reglamento del Defensor del Pueblo excluye expresamente que la queja produzca ese efecto. Quien necesita frenar una ejecuci\u00f3n debe pedirlo dentro del recurso, no esperarlo de la queja.<\/p>\n<p>La regla se aplica tambi\u00e9n a las quejas que tienen que ver con la justicia. El art\u00edculo 29.1 del Reglamento prev\u00e9 que, cuando la instituci\u00f3n reciba quejas referidas al funcionamiento de la Administraci\u00f3n de Justicia, debe dirigirlas al Ministerio Fiscal, para que investigue su realidad y adopte las medidas oportunas, o dar traslado de ellas al Consejo General del Poder Judicial, seg\u00fan el tipo de reclamaci\u00f3n. Como el art\u00edculo 27.2 menciona expresamente la v\u00eda jurisdiccional, una queja por el retraso o el funcionamiento de un juzgado no prolonga el plazo para recurrir una resoluci\u00f3n judicial. Los plazos procesales siguen su propio r\u00e9gimen y deben respetarse con independencia de cualquier queja.<\/p>\n<p>Conviene, por \u00faltimo, tener presente que algunas materias tienen procedimientos de impugnaci\u00f3n propios. El art\u00edculo 112.4 de la Ley 39\/2015 dispone que las reclamaciones econ\u00f3mico-administrativas se ajustan a los procedimientos establecidos por su legislaci\u00f3n espec\u00edfica, y el art\u00edculo 112.2 permite que las leyes sustituyan el recurso de alzada, en \u00e1mbitos sectoriales determinados, por otros procedimientos de impugnaci\u00f3n o reclamaci\u00f3n. En esos casos, el plazo que sigue corriendo durante la queja es el de la v\u00eda especial, no necesariamente el mes de la ley general. La regla del art\u00edculo 27.2 no cambia: ninguna de esas v\u00edas se detiene porque se haya acudido al Defensor del Pueblo.<\/p>\n<h2>II. C\u00f3mo proteger el recurso mientras se tramita la queja<\/h2>\n<h3>A. Identificar el recurso y calcular un plazo que no se detiene<\/h3>\n<p>El primer documento que hay que leer con atenci\u00f3n es la notificaci\u00f3n del acto. El art\u00edculo 40.2 de la Ley 39\/2015 exige que toda notificaci\u00f3n contenga el texto \u00edntegro de la resoluci\u00f3n, la indicaci\u00f3n de si pone fin o no a la v\u00eda administrativa, la expresi\u00f3n de los recursos que procedan en v\u00eda administrativa y judicial, el \u00f3rgano ante el que deben presentarse y el plazo para interponerlos. Esa informaci\u00f3n es la gu\u00eda principal para saber qu\u00e9 recurso cabe. El art\u00edculo 40.3 a\u00f1ade que una notificaci\u00f3n que contenga el texto \u00edntegro del acto pero omita alguno de esos otros requisitos solo surte efecto desde que el interesado realice actuaciones que supongan conocer el contenido y alcance de la resoluci\u00f3n o interponga el recurso que proceda; es un punto que debe comprobarse caso por caso, sin dar por supuesto que el plazo no ha empezado.<\/p>\n<p>Si el acto no pone fin a la v\u00eda administrativa, el recurso es el de alzada. Seg\u00fan el art\u00edculo 121 de la Ley 39\/2015, se dirige al \u00f3rgano superior jer\u00e1rquico del que dict\u00f3 el acto, aunque puede presentarse ante el mismo \u00f3rgano que lo dict\u00f3 o ante el competente para resolverlo; si se presenta ante el primero, este debe remitirlo al competente en el plazo de diez d\u00edas con su informe y una copia completa del expediente. El plazo de interposici\u00f3n es de un mes si el acto es expreso, y la Administraci\u00f3n dispone de tres meses para resolverlo; pasado ese tiempo sin resoluci\u00f3n, el recurso puede entenderse desestimado, salvo el supuesto especial del art\u00edculo 24.1, tercer p\u00e1rrafo, y se abre la v\u00eda contencioso-administrativa. Contra la resoluci\u00f3n del recurso de alzada no cabe otro recurso administrativo, salvo el extraordinario de revisi\u00f3n en los casos tasados.<\/p>\n<p>Si el acto pone fin a la v\u00eda administrativa, el interesado puede elegir. El art\u00edculo 123.1 de la Ley 39\/2015 prev\u00e9 que esos actos pueden recurrirse potestativamente en reposici\u00f3n ante el mismo \u00f3rgano que los dict\u00f3 o impugnarse directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. El plazo de la reposici\u00f3n es de un mes si el acto es expreso, y el \u00f3rgano dispone de un mes para resolver. Si se elige la reposici\u00f3n, el art\u00edculo 123.2 impide acudir al juez hasta que se resuelva expresamente o se produzca su desestimaci\u00f3n presunta, y el art\u00edculo 46.4 de la Ley 29\/1998 hace correr el plazo del recurso contencioso-administrativo desde el d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n expresa de la reposici\u00f3n o desde que esta deba entenderse presuntamente desestimada.<\/p>\n<p>Para el recurso judicial, el art\u00edculo 46.1 de la Ley 29\/1998 fija un plazo de dos meses, contados desde el d\u00eda siguiente a la publicaci\u00f3n de la disposici\u00f3n impugnada o a la notificaci\u00f3n o publicaci\u00f3n del acto que pone fin a la v\u00eda administrativa, cuando este es expreso. El mismo apartado fija un plazo de seis meses cuando el acto no es expreso, contado desde el d\u00eda siguiente a aquel en que, conforme a su normativa espec\u00edfica, se produzca el acto presunto. Adem\u00e1s, el art\u00edculo 128.2 de esa ley establece que durante el mes de agosto no corre el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo, salvo en el procedimiento para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, en el que agosto es h\u00e1bil. El art\u00edculo 30 de la Ley 39\/2015 le\u00eddo no contiene una regla equivalente para los recursos administrativos: no conviene trasladar la pausa de agosto al mes de la alzada o de la reposici\u00f3n.<\/p>\n<p>El c\u00f3mputo de los meses sigue el art\u00edculo 30.4 de la Ley 39\/2015: el plazo empieza el d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n o publicaci\u00f3n del acto, o al d\u00eda en que se produce el silencio, y concluye el mismo d\u00eda en que se produjo la notificaci\u00f3n, la publicaci\u00f3n o el silencio en el mes de vencimiento; si en ese mes no hay d\u00eda equivalente, el plazo expira el \u00faltimo d\u00eda del mes. Si el \u00faltimo d\u00eda es inh\u00e1bil, el art\u00edculo 30.5 lo prorroga al primer d\u00eda h\u00e1bil siguiente. Un ejemplo sencillo: un acto expreso notificado un 10 de marzo puede recurrirse en alzada hasta el 10 de abril, o hasta el primer d\u00eda h\u00e1bil siguiente si el 10 de abril es inh\u00e1bil. Cuando un plazo se fija en d\u00edas, el art\u00edculo 30.2 considera h\u00e1biles todos los d\u00edas salvo los s\u00e1bados, los domingos y los festivos. Presentar la queja el 15 de marzo no desplaza ninguna de esas fechas.<\/p>\n<p>El silencio de la Administraci\u00f3n merece una atenci\u00f3n particular, porque es una de las situaciones que m\u00e1s empujan a acudir al Defensor del Pueblo. El art\u00edculo 21.1 de la Ley 39\/2015 obliga a la Administraci\u00f3n a dictar resoluci\u00f3n expresa y a notificarla en todos los procedimientos, y su art\u00edculo 21.3 fija un plazo m\u00e1ximo de tres meses cuando la norma del procedimiento no establece otro. Cuando el plazo vence sin resoluci\u00f3n en un procedimiento en el que el silencio es negativo, el art\u00edculo 24.2 precisa que la desestimaci\u00f3n por silencio solo produce un efecto: permitir a los interesados interponer el recurso administrativo o contencioso-administrativo que proceda. Para los recursos administrativos, los art\u00edculos 122.1 y 124.1 permiten interponer la alzada o la reposici\u00f3n contra un acto que no es expreso en cualquier momento a partir del d\u00eda siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio. Para la v\u00eda judicial, el texto del art\u00edculo 46.1 de la Ley 29\/1998 mantiene la referencia a seis meses. Lo prudente es no dejar pasar el tiempo: quien ya sabe que su solicitud ha quedado sin respuesta puede recurrir desde ese momento.<\/p>\n<p>El recurso no exige f\u00f3rmulas complejas, pero s\u00ed unos elementos m\u00ednimos. El art\u00edculo 115.1 de la Ley 39\/2015 enumera el nombre y apellidos y la identificaci\u00f3n del recurrente, el acto que se recurre y la raz\u00f3n de la impugnaci\u00f3n, el lugar, la fecha, la firma y el medio o lugar se\u00f1alado para notificaciones, el \u00f3rgano, centro o unidad al que se dirige con su c\u00f3digo de identificaci\u00f3n, y las dem\u00e1s particularidades que exijan las disposiciones espec\u00edficas. El art\u00edculo 115.2 protege frente a un error de etiqueta: si el recurrente califica mal su recurso o no lo califica, eso no impide tramitarlo siempre que se deduzca su verdadero car\u00e1cter. Esa tolerancia se refiere al nombre que el recurrente da a su escrito dirigido a la Administraci\u00f3n; no convierte en recurso una queja presentada ante otra instituci\u00f3n.<\/p>\n<p>En cuanto al lugar de presentaci\u00f3n, el art\u00edculo 16.4 de la Ley 39\/2015 permite presentar los documentos dirigidos a las Administraciones en el registro electr\u00f3nico de la Administraci\u00f3n u organismo destinatario o en los de las dem\u00e1s administraciones, en las oficinas de Correos en la forma que se establezca reglamentariamente, en las representaciones diplom\u00e1ticas u oficinas consulares de Espa\u00f1a en el extranjero, en las oficinas de asistencia en materia de registros y en cualquier otro lugar que establezcan las disposiciones vigentes. La posibilidad de presentar en un consulado interesa a quien vive fuera de Espa\u00f1a y recibe una notificaci\u00f3n de una Administraci\u00f3n espa\u00f1ola: el plazo corre igual, y la distancia no lo ampl\u00eda.<\/p>\n<p>Si el plazo ya ha vencido, las salidas son estrechas. El recurso extraordinario de revisi\u00f3n del art\u00edculo 125 de la Ley 39\/2015 solo procede contra actos firmes y por causas tasadas: un error de hecho que resulte de los propios documentos del expediente, documentos de valor esencial que evidencien el error, documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, o una resoluci\u00f3n dictada como consecuencia de una conducta punible declarada por sentencia firme. Su plazo es de cuatro a\u00f1os desde la notificaci\u00f3n para el error de hecho y de tres meses en los dem\u00e1s casos. La revisi\u00f3n de oficio de los actos nulos del art\u00edculo 106.1, que puede pedirse en cualquier momento, se limita a los supuestos de nulidad de pleno derecho del art\u00edculo 47.1 y exige el dictamen favorable del Consejo de Estado u \u00f3rgano consultivo auton\u00f3mico equivalente. Ninguna de esas v\u00edas sustituye a un recurso presentado a tiempo.<\/p>\n<h3>B. Pedir la suspensi\u00f3n y dar a la queja su lugar<\/h3>\n<p>Cuando la ejecuci\u00f3n inmediata del acto causa un perjuicio serio, el recurso debe acompa\u00f1arse de una solicitud de suspensi\u00f3n. El art\u00edculo 117.2 de la Ley 39\/2015 permite al \u00f3rgano que debe resolver el recurso suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecuci\u00f3n del acto impugnado, tras una ponderaci\u00f3n suficientemente razonada entre el perjuicio que la suspensi\u00f3n causar\u00eda al inter\u00e9s p\u00fablico o a terceros y el que sufrir\u00eda el recurrente por la eficacia inmediata del acto. Hace falta, adem\u00e1s, que concurra alguna de dos circunstancias: que la ejecuci\u00f3n pueda causar perjuicios de imposible o dif\u00edcil reparaci\u00f3n, o que la impugnaci\u00f3n se funde en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho del art\u00edculo 47.1. La solicitud debe explicar con datos concretos por qu\u00e9 el perjuicio ser\u00eda dif\u00edcil de reparar.<\/p>\n<p>La ley a\u00f1ade un mecanismo que juega a favor de quien pide la suspensi\u00f3n a tiempo. Seg\u00fan el art\u00edculo 117.3 de la Ley 39\/2015, la ejecuci\u00f3n del acto impugnado se entiende suspendida si, transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensi\u00f3n tuvo entrada en el registro electr\u00f3nico de la Administraci\u00f3n u organismo competente para decidir sobre ella, el \u00f3rgano que debe resolver el recurso no ha dictado y notificado resoluci\u00f3n expresa al respecto. Ese efecto depende de una solicitud registrada dentro de un recurso; una queja ante el Defensor del Pueblo no lo produce. El art\u00edculo 117.4 permite acompa\u00f1ar la suspensi\u00f3n de medidas cautelares y exigir cauci\u00f3n o garant\u00eda cuando de ella puedan derivarse perjuicios, y prev\u00e9 que la suspensi\u00f3n se prolongue despu\u00e9s de agotada la v\u00eda administrativa cuando el interesado la haya solicitado previamente, exista medida cautelar y sus efectos se extiendan a la v\u00eda contencioso-administrativa. Si el interesado interpone recurso contencioso-administrativo pidiendo la suspensi\u00f3n, esta se mantiene hasta que el \u00f3rgano judicial se pronuncie sobre la solicitud.<\/p>\n<p>En la v\u00eda judicial, el art\u00edculo 129.1 de la Ley 29\/1998 permite a los interesados solicitar en cualquier estado del proceso cuantas medidas aseguren la efectividad de la sentencia. El criterio central figura en su art\u00edculo 130.1: tras valorar de forma circunstanciada todos los intereses en conflicto, la medida cautelar solo puede acordarse cuando la ejecuci\u00f3n del acto o la aplicaci\u00f3n de la disposici\u00f3n podr\u00edan hacer perder al recurso su finalidad leg\u00edtima. El art\u00edculo 130.2 permite denegarla cuando pueda seguirse una perturbaci\u00f3n grave de los intereses generales o de tercero. Para los casos de especial urgencia, el art\u00edculo 135 prev\u00e9 que el juez o tribunal, sin o\u00edr a la parte contraria, decida en el plazo de dos d\u00edas mediante auto si aprecia esa urgencia y adopta o deniega la medida. Son herramientas pensadas para que el tiempo del proceso no vac\u00ede el recurso de sentido; ninguna de ellas se activa por una queja.<\/p>\n<p>\u00bfQu\u00e9 lugar queda entonces para el Defensor del Pueblo? Uno real, siempre que no se le pida lo que no puede dar. La queja es especialmente pertinente cuando el problema es el funcionamiento de la Administraci\u00f3n m\u00e1s que el contenido de un acto concreto: solicitudes que no se resuelven en plazo, citas imposibles de obtener, expedientes paralizados o respuestas que no llegan. El art\u00edculo 21.1 de la Ley 39\/2015 impone la obligaci\u00f3n de resolver, y su art\u00edculo 21.6 hace directamente responsables del cumplimiento de esa obligaci\u00f3n al personal que despacha los asuntos y a los titulares de los \u00f3rganos competentes, cuyo incumplimiento da lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria. La supervisi\u00f3n del Defensor, que da cuenta a las Cortes, puede servir para poner de relieve esos incumplimientos. Pero el silencio, como se ha visto, ya permite recurrir, y conviene hacerlo en lugar de esperar.<\/p>\n<p>Para orientarse antes de presentar la queja, el art\u00edculo 26.3 del Reglamento prev\u00e9 una Oficina de Informaci\u00f3n que informa a quienes lo soliciten sobre las competencias del Defensor del Pueblo y orienta sobre la firma y el medio de interponer una queja. Los requisitos de forma y de plazo de la propia queja, as\u00ed como sus causas de rechazo, se rigen por la ley org\u00e1nica de la instituci\u00f3n a la que remiten el art\u00edculo 54 de la Constituci\u00f3n y el art\u00edculo 27.1 del Reglamento; este texto no los detalla porque no forman parte de los documentos verificados en este pase. En la pr\u00e1ctica, una queja \u00fatil describe con precisi\u00f3n el acto o la inactividad, las fechas de notificaci\u00f3n y de presentaci\u00f3n de escritos, y lo que ya se ha hecho: recurso interpuesto, fecha de registro, solicitud de suspensi\u00f3n. As\u00ed la instituci\u00f3n conoce el estado real del asunto y el interesado conserva una cronolog\u00eda completa de su expediente.<\/p>\n<p>La organizaci\u00f3n territorial a\u00f1ade una pregunta frecuente: \u00bfacudir al Defensor del Pueblo estatal o al \u00f3rgano similar de la comunidad aut\u00f3noma? El art\u00edculo 28.1 del Reglamento prev\u00e9 que el Defensor ejerza la alta coordinaci\u00f3n entre sus propias competencias y las de los \u00f3rganos similares de las comunidades aut\u00f3nomas, sin perjuicio de la autonom\u00eda que les corresponda en la fiscalizaci\u00f3n de la actividad de las respectivas administraciones auton\u00f3micas; su art\u00edculo 28.2 le permite pedir la colaboraci\u00f3n y el auxilio de esos \u00f3rganos, y su art\u00edculo 8 letra g) prev\u00e9 su relaci\u00f3n directa con ellos. La elecci\u00f3n del destinatario de la queja depende de la Administraci\u00f3n afectada y de la norma auton\u00f3mica aplicable, que este texto no examina. Lo que no depende de esa elecci\u00f3n es el plazo del recurso: el art\u00edculo 27.2 se refiere al Defensor del Pueblo estatal, y ninguna de las normas le\u00eddas en este pase prev\u00e9 que una queja ante un \u00f3rgano auton\u00f3mico suspenda los plazos de la Ley 39\/2015 o de la Ley 29\/1998.<\/p>\n<p>Queda la cuesti\u00f3n del da\u00f1o. Cuando el funcionamiento de un servicio p\u00fablico ha causado una lesi\u00f3n, la reparaci\u00f3n no se obtiene con una queja sino con una reclamaci\u00f3n de responsabilidad patrimonial. El art\u00edculo 106.2 de la Constituci\u00f3n reconoce a los particulares, en los t\u00e9rminos establecidos por la ley, el derecho a ser indemnizados por toda lesi\u00f3n que sufran en sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que sea consecuencia del funcionamiento de los servicios p\u00fablicos. El art\u00edculo 24.1 de la Ley 39\/2015 precisa que en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones P\u00fablicas el silencio tiene efecto desestimatorio, lo que abre la v\u00eda del recurso que proceda. Esa reclamaci\u00f3n tiene sus propias reglas de plazo y de prueba, que deben verificarse en la normativa aplicable antes de presentarla; tampoco ellas se suspenden por una queja. Otros contenidos en espa\u00f1ol del despacho se re\u00fanen en su <a href=\"https:\/\/kohenavocats.com\/es\/\">secci\u00f3n en espa\u00f1ol<\/a>.<\/p>\n<p>Una secuencia ordenada resume lo anterior. Primero, leer la notificaci\u00f3n y anotar la fecha exacta en que se recibi\u00f3. Segundo, identificar si el acto pone fin a la v\u00eda administrativa y qu\u00e9 recurso indica la propia notificaci\u00f3n. Tercero, calcular el \u00faltimo d\u00eda del plazo conforme al art\u00edculo 30 de la Ley 39\/2015, o al art\u00edculo 46 de la Ley 29\/1998 si se trata de la v\u00eda judicial, teniendo en cuenta los d\u00edas inh\u00e1biles y, solo en la v\u00eda contencioso-administrativa, el mes de agosto. Cuarto, presentar el recurso en un registro v\u00e1lido y conservar el justificante. Quinto, si la ejecuci\u00f3n causa un perjuicio dif\u00edcil de reparar, pedir la suspensi\u00f3n en el mismo recurso y anotar la fecha de entrada de esa solicitud. Sexto, si se desea, presentar la queja ante el Defensor del Pueblo explicando lo que ya se ha hecho. El orden importa: la queja puede llegar despu\u00e9s; el recurso no.<\/p>\n<h2>Conclusi\u00f3n<\/h2>\n<p>La consulta \u00abdefensor del pueblo\u00bb remite a una instituci\u00f3n con un papel constitucional claro: el art\u00edculo 54 de la Constituci\u00f3n la configura como alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos del t\u00edtulo primero, que supervisa la actividad de la Administraci\u00f3n y da cuenta a las Cortes. Esa funci\u00f3n de supervisi\u00f3n no la convierte en una instancia de recurso. El art\u00edculo 27.2 de su Reglamento de Organizaci\u00f3n y Funcionamiento lo dice sin matices: ni la presentaci\u00f3n de la queja ni su admisi\u00f3n suspenden los plazos legales para recurrir, en v\u00eda administrativa o judicial, ni la ejecuci\u00f3n del acto.<\/p>\n<p>De ah\u00ed se sigue la pauta pr\u00e1ctica. El recurso de alzada o de reposici\u00f3n contra un acto expreso debe presentarse en el plazo de un mes de la Ley 39\/2015; el recurso contencioso-administrativo, en el de dos meses de la Ley 29\/1998, con la pausa de agosto propia de la v\u00eda judicial. El silencio negativo permite recurrir y no conviene esperar. La suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n se pide dentro del recurso, con la regla de la suspensi\u00f3n presunta al mes de la solicitud, y en la v\u00eda judicial mediante medidas cautelares. La queja puede presentarse en paralelo y es \u00fatil para se\u00f1alar un mal funcionamiento, pero no protege por s\u00ed sola frente a la firmeza del acto.<\/p>\n<p>Queda por establecer, porque no consta en un documento oficial le\u00eddo en este pase, el hecho concreto que haya podido disparar la b\u00fasqueda. Quedan tambi\u00e9n fuera de este texto los requisitos de forma y de plazo de la propia queja, que regula la ley org\u00e1nica de la instituci\u00f3n, las normas de los \u00f3rganos auton\u00f3micos similares y los procedimientos especiales de impugnaci\u00f3n de cada materia. El m\u00e9todo expuesto es de alcance general; los textos consolidados del BOE son informativos y no sustituyen la publicaci\u00f3n oficial.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Presentar una queja ante el Defensor del Pueblo no detiene en Espa\u00f1a los plazos para recurrir ni la ejecuci\u00f3n del acto: c\u00f3mo calcular el mes de alzada o reposici\u00f3n, pedir la suspensi\u00f3n y combinar queja y recurso.<\/p>\n","protected":false},"author":232070755,"featured_media":3889,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_kj_source_type":"","_kj_official_id":"","_kj_official_url":"","_kj_judilibre_id":"","_kj_jur":"","_kj_lieu":"","_kj_chambre":"","_kj_rg":"","_kj_date":"","footnotes":""},"categories":[545239,545233],"tags":[],"class_list":["post-2519981","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-derecho-es-civil","category-derecho-es"],"yoast_head":"<!-- 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