{"id":2520608,"date":"2026-11-20T02:59:34","date_gmt":"2026-11-20T01:59:34","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/?p=2520608"},"modified":"2026-11-20T02:59:34","modified_gmt":"2026-11-20T01:59:34","slug":"reforma-constitucional-pensiones-ipc-revalorizacion-espana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/es\/reforma-constitucional-pensiones-ipc-revalorizacion-espana\/","title":{"rendered":"Reforma constitucional de las pensiones y el IPC: qu\u00e9 garantiza hoy la ley en Espa\u00f1a"},"content":{"rendered":"<p>En Espa\u00f1a, la b\u00fasqueda \u00abreforma\u00bb crece estos d\u00edas junto a otra muy cercana, \u00abIPC\u00bb, en plena campa\u00f1a de las elecciones generales. Detr\u00e1s aparece una pregunta muy concreta para quien cobra una pensi\u00f3n: \u00bfla subida anual con el IPC est\u00e1 garantizada o depende de la mayor\u00eda que gobierne? Hoy la respuesta est\u00e1 en una ley ordinaria, no en la Constituci\u00f3n. La <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-1978-31229\">Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola<\/a> pide pensiones \u00abadecuadas y peri\u00f3dicamente actualizadas\u00bb, pero no fija ning\u00fan \u00edndice. Es la ley que regula la Seguridad Social la que ordena revalorizar cada mes de enero las pensiones contributivas seg\u00fan la media del IPC, y una ley posterior puede modificar esa regla.<\/p>\n<p>Una p\u00e1gina de prensa fechada el 19 de noviembre de 2026 recoge que, en un debate electoral celebrado ese d\u00eda, se habr\u00eda propuesto pactar durante la pr\u00f3xima legislatura una reforma constitucional que garantizar\u00eda la revalorizaci\u00f3n de las pensiones conforme al IPC. Se tratar\u00eda de una propuesta electoral, no de un texto registrado en las C\u00e1maras: el derecho vigente le\u00eddo este 20 de noviembre de 2026 no ha cambiado. Adem\u00e1s, el Congreso y el Senado est\u00e1n disueltos y las nuevas C\u00e1maras no se reunir\u00e1n hasta el 23 de diciembre.<\/p>\n<p>Esta explicaci\u00f3n de alcance general se limita a las pensiones del sistema de la Seguridad Social en Espa\u00f1a. No cubre las clases pasivas del Estado ni las ayudas que puedan conceder las comunidades aut\u00f3nomas. Explica qu\u00e9 protege hoy cada norma, qu\u00e9 exigir\u00eda una reforma constitucional, c\u00f3mo calcular la subida de enero y c\u00f3mo reclamarla si no se aplica.<\/p>\n<h2>I. Qu\u00e9 garantiza hoy el derecho espa\u00f1ol cuando sube el IPC<\/h2>\n<h3>A. La Constituci\u00f3n exige pensiones actualizadas, pero no impone el IPC<\/h3>\n<p>El texto de partida es el art\u00edculo 50 de la Constituci\u00f3n. Obliga a los poderes p\u00fablicos a garantizar, \u00abmediante pensiones adecuadas y peri\u00f3dicamente actualizadas\u00bb, la suficiencia econ\u00f3mica de los ciudadanos durante la tercera edad. El precepto contiene un mandato de actualizaci\u00f3n, pero no menciona el IPC, ni un porcentaje, ni una fecha. Tampoco dice si la actualizaci\u00f3n debe ser anual. Esa precisi\u00f3n importa, porque buena parte del debate p\u00fablico da por hecho que la Constituci\u00f3n ya obliga a subir las pensiones con la inflaci\u00f3n. Le\u00edda literalmente, no lo hace.<\/p>\n<p>El art\u00edculo 41 completa el cuadro. Obliga a los poderes p\u00fablicos a mantener un r\u00e9gimen p\u00fablico de Seguridad Social para todos los ciudadanos, con prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad. Pero tanto el art\u00edculo 41 como el art\u00edculo 50 est\u00e1n situados en el cap\u00edtulo tercero del t\u00edtulo I, dedicado a los principios rectores de la pol\u00edtica social y econ\u00f3mica. Esa ubicaci\u00f3n tiene consecuencias jur\u00eddicas directas que conviene conocer antes de valorar cualquier propuesta de reforma.<\/p>\n<p>El art\u00edculo 53.3 establece que esos principios del cap\u00edtulo tercero \u00abinformar\u00e1n la legislaci\u00f3n positiva, la pr\u00e1ctica judicial\u00bb y la actuaci\u00f3n de los poderes p\u00fablicos. A continuaci\u00f3n precisa que solo pueden alegarse ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria en los t\u00e9rminos que dispongan las leyes que los desarrollen. En la pr\u00e1ctica, un pensionista no puede acudir a un juzgado invocando solo el art\u00edculo 50 para exigir una subida igual al IPC. Necesita una ley que reconozca ese derecho y fije su cuant\u00eda. Hoy esa ley existe, pero su fuerza es la de cualquier ley: otra ley puede cambiarla.<\/p>\n<p>El Tribunal Constitucional ya examin\u00f3 esta cuesti\u00f3n en un contexto de congelaci\u00f3n. En la <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/doc.php?id=BOE-A-2015-3827\">Sentencia 49\/2015, de 5 de marzo de 2015<\/a>, dictada por el Pleno, resolvi\u00f3 un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por m\u00e1s de cincuenta diputados contra un real decreto-ley de noviembre de 2012 que dej\u00f3 sin efecto la actualizaci\u00f3n de las pensiones de ese a\u00f1o. Los recurrentes sosten\u00edan que la medida era retroactiva y expropiatoria. El Tribunal desestim\u00f3 el recurso. En sus fundamentos record\u00f3 su doctrina anterior, seg\u00fan la cual el art\u00edculo 50 \u00abno obliga a que todas y cada una de las pensiones ya causadas experimenten un incremento anual\u00bb. Tambi\u00e9n concluy\u00f3 que, cuando se aprob\u00f3 la norma de 2012, \u00ablos pensionistas s\u00f3lo ten\u00edan una mera expectativa a recibir la diferencia entre el IPC real y el IPC previsto\u00bb.<\/p>\n<p>Para entender esa conclusi\u00f3n hay que recordar c\u00f3mo funcionaba el sistema entonces vigente. Las pensiones se revalorizaban al inicio del a\u00f1o con un IPC previsto y la ley preve\u00eda, despu\u00e9s, una actualizaci\u00f3n si la inflaci\u00f3n real superaba la prevista. Seg\u00fan la sentencia, esa actualizaci\u00f3n solo se devengaba y se consolidaba a final de a\u00f1o, el 31 de diciembre de cada ejercicio. Como la norma de 2012 se aprob\u00f3 antes de esa fecha, el Tribunal entendi\u00f3 que no afectaba a un derecho ya incorporado al patrimonio de los pensionistas, sino a una expectativa, y descart\u00f3 tanto la retroactividad prohibida como la expropiaci\u00f3n.<\/p>\n<p>El Tribunal a\u00f1adi\u00f3 que la remisi\u00f3n que la ley de entonces hac\u00eda a la Ley de Presupuestos reconoc\u00eda al legislador \u00abun margen de discrecionalidad\u00bb para concretar esa actualizaci\u00f3n seg\u00fan las circunstancias econ\u00f3micas y sociales de cada momento. Esa afirmaci\u00f3n se refer\u00eda a un mecanismo distinto del actual, que remit\u00eda expresamente a los presupuestos. No puede trasladarse sin m\u00e1s a la regla de hoy. S\u00ed deja dos ense\u00f1anzas \u00fatiles. La primera: la Constituci\u00f3n, tal como est\u00e1 redactada, no garantiza por s\u00ed sola un aumento anual de cada pensi\u00f3n. La segunda: el momento en que un derecho econ\u00f3mico queda consolidado es decisivo para saber si una norma posterior puede afectarlo.<\/p>\n<p>La sentencia no fue un\u00e1nime. Dos magistrados formularon un voto particular, al que se adhirieron otros dos, en el que sosten\u00edan que la norma de 2012 debi\u00f3 declararse inconstitucional porque el derecho a la actualizaci\u00f3n ya se hab\u00eda incorporado al patrimonio de los pensionistas al cumplirse la condici\u00f3n prevista en la ley. Ese desacuerdo no cambia el fallo, pero muestra que la frontera entre expectativa y derecho adquirido fue discutida dentro del propio Tribunal. Para quien lee hoy la propuesta de reforma, la lecci\u00f3n es clara: mientras la garant\u00eda del IPC dependa solo de una ley ordinaria, su alcance futuro depende de lo que decidan las Cortes en cada momento.<\/p>\n<h3>B. La regla del IPC est\u00e1 en el art\u00edculo 58 de la Ley General de la Seguridad Social<\/h3>\n<p>El mecanismo vigente est\u00e1 en el texto refundido de la <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-2015-11724\">Ley General de la Seguridad Social<\/a>, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8\/2015, de 30 de octubre. Su art\u00edculo 58 se titula \u00abRevalorizaci\u00f3n y garant\u00eda de mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones\u00bb. El apartado 1 enuncia el principio: \u00abLas pensiones contributivas de la Seguridad Social mantendr\u00e1n su poder adquisitivo en los t\u00e9rminos previstos en esta ley.\u00bb El apartado 2 fija la regla de c\u00e1lculo. Todas las pensiones contributivas, incluido el complemento de brecha de g\u00e9nero, \u00abse revalorizar\u00e1n al comienzo de cada a\u00f1o en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variaci\u00f3n interanual expresadas en tanto por ciento del \u00cdndice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre del a\u00f1o anterior\u00bb. El apartado 3 a\u00f1ade: \u00abSi el valor medio al que se refiere el apartado anterior fuera negativo, el importe de las pensiones no variar\u00e1 al comienzo del a\u00f1o.\u00bb<\/p>\n<p>Esta redacci\u00f3n es la que figura como vigente en la versi\u00f3n consolidada del BOE. La modificaci\u00f3n del apartado 2 entr\u00f3 en vigor el 1 de enero de 2024 y la derogaci\u00f3n del antiguo apartado 4 produce efectos desde el 1 de enero de 2025, seg\u00fan las notas de esa misma versi\u00f3n. Para la subida de enero de 2027, el \u00aba\u00f1o anterior\u00bb es 2026. Los doce meses previos a diciembre de 2026 van de diciembre de 2025 a noviembre de 2026. Por tanto, el porcentaje se obtiene sumando las doce tasas interanuales del IPC de esos meses y dividiendo el resultado entre doce. No se toma solo el dato de noviembre ni la inflaci\u00f3n de un mes concreto.<\/p>\n<p>La cl\u00e1usula del apartado 3 es una protecci\u00f3n frente a la deflaci\u00f3n. La ley no prev\u00e9 una bajada de las pensiones cuando los precios caen: en ese caso, la pensi\u00f3n se mantiene. La regla es, por tanto, asim\u00e9trica. La media positiva se traslada a la pensi\u00f3n; la negativa no se traslada.<\/p>\n<p>Un ejemplo hipot\u00e9tico ayuda a ver el c\u00e1lculo, aplicado a una pensi\u00f3n contributiva, es decir, a una pensi\u00f3n causada por las cotizaciones acumuladas durante la vida laboral. Supongamos una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n contributiva de 1.200 euros brutos mensuales en 2026. Si la media de las doce tasas interanuales del IPC de diciembre de 2025 a noviembre de 2026 fuera del 2,5 %, la pensi\u00f3n pasar\u00eda a 1.230 euros brutos mensuales en enero de 2027. Si esa media fuera negativa, por ejemplo del 0,3 % a la baja, seguir\u00eda en 1.200 euros. Las cifras son ilustrativas: este art\u00edculo no anticipa el porcentaje real de 2027, que depende de datos oficiales a\u00fan no publicados en su totalidad a la fecha de redacci\u00f3n.<\/p>\n<p>La regla autom\u00e1tica no alcanza por igual a todas las cuant\u00edas. El segundo p\u00e1rrafo del apartado 2 del art\u00edculo 58 dispone que la cuant\u00eda m\u00e1xima de las pensiones y la cuant\u00eda m\u00ednima se actualizar\u00e1n en el mismo porcentaje, pero en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Para las pensiones no contributivas, el art\u00edculo 62 prev\u00e9 que esa misma ley de presupuestos las actualice, como m\u00ednimo, en el porcentaje que fije como incremento general de las pensiones contributivas. Quien cobra una pensi\u00f3n no contributiva, una pensi\u00f3n limitada al m\u00e1ximo o un complemento para alcanzar la m\u00ednima depende, por tanto, de una norma adicional adem\u00e1s del c\u00e1lculo autom\u00e1tico.<\/p>\n<p>Otras dos situaciones tienen reglas propias. Seg\u00fan el art\u00edculo 57, cuando el importe inicial de una pensi\u00f3n queda limitado a la cuant\u00eda m\u00e1xima en el a\u00f1o en que se causa, ese importe se revaloriza el a\u00f1o siguiente con el porcentaje del art\u00edculo 58.2 y las revalorizaciones posteriores se aplican sobre el importe resultante. Y el apartado 5 del art\u00edculo 58 regula las pensiones reconocidas en virtud de normas internacionales: cuando la Seguridad Social espa\u00f1ola solo paga un porcentaje de la cuant\u00eda te\u00f3rica, la revalorizaci\u00f3n se calcula aplicando ese mismo porcentaje al incremento que habr\u00eda correspondido a la pensi\u00f3n completa. Esta regla interesa especialmente a quienes han trabajado en varios pa\u00edses.<\/p>\n<p>La versi\u00f3n consolidada del art\u00edculo 58 recuerda, por \u00faltimo, que esta regla no ha sido inmune a cambios. Sus notas indican que la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo, en las redacciones entonces vigentes, qued\u00f3 suspendida en 2020 y en 2021 por normas con rango de ley, y que en 2022 la actualizaci\u00f3n se rigi\u00f3 por la ley de presupuestos de ese a\u00f1o. En 2020, la revalorizaci\u00f3n se realiz\u00f3 conforme a un real decreto-ley. Es la ilustraci\u00f3n m\u00e1s directa de lo que significa que la garant\u00eda tenga rango legal y no constitucional: una norma de igual rango puede suspenderla, sustituirla o modificarla para un ejercicio.<\/p>\n<p>Un \u00faltimo elemento de calendario afecta a enero de 2027. El art\u00edculo 134.4 de la Constituci\u00f3n prev\u00e9 que, si la Ley de Presupuestos no se aprueba antes del primer d\u00eda del ejercicio, se prorrogan autom\u00e1ticamente los presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobaci\u00f3n de los nuevos. El art\u00edculo 101 de la Constituci\u00f3n dispone que el Gobierno cesa tras la celebraci\u00f3n de elecciones generales y contin\u00faa en funciones hasta la toma de posesi\u00f3n del nuevo. Con las nuevas C\u00e1maras convocadas para constituirse el 23 de diciembre, una ley de presupuestos para 2027 no parece posible antes del 1 de enero. La revalorizaci\u00f3n de las pensiones contributivas est\u00e1 fijada directamente en la Ley General de la Seguridad Social. En cambio, la actualizaci\u00f3n de las cuant\u00edas que esa ley remite a los presupuestos requerir\u00e1 una norma que cumpla esa funci\u00f3n. Qu\u00e9 norma se adopte, y cu\u00e1ndo, no consta en ning\u00fan texto le\u00eddo para este art\u00edculo.<\/p>\n<h2>II. Qu\u00e9 exigir\u00eda blindar el IPC en la Constituci\u00f3n y qu\u00e9 puede hacer hoy el pensionista<\/h2>\n<h3>A. Una reforma por el art\u00edculo 167, imposible de tramitar con las Cortes disueltas<\/h3>\n<p>La reforma de la Constituci\u00f3n est\u00e1 regulada en su t\u00edtulo X. El art\u00edculo 166 remite la iniciativa de reforma a los apartados 1 y 2 del art\u00edculo 87. Pueden presentarla el Gobierno, el Congreso y el Senado, y las asambleas de las comunidades aut\u00f3nomas pueden pedir al Gobierno que la adopte o remitir una proposici\u00f3n a la Mesa del Congreso. El apartado 3 del art\u00edculo 87, que regula la iniciativa popular de 500.000 firmas, no est\u00e1 incluido en la remisi\u00f3n. Los ciudadanos no pueden, por tanto, promover directamente una reforma constitucional por recogida de firmas.<\/p>\n<p>El procedimiento aplicable depende de la parte de la Constituci\u00f3n que se modifique. El art\u00edculo 168 exige un procedimiento agravado cuando la reforma afecta al t\u00edtulo preliminar, a la secci\u00f3n primera del cap\u00edtulo segundo del t\u00edtulo I o al t\u00edtulo II, o cuando se trata de una revisi\u00f3n total. El art\u00edculo 50 est\u00e1 en el cap\u00edtulo tercero del t\u00edtulo I. Una reforma limitada a ese art\u00edculo seguir\u00eda, en principio, el procedimiento ordinario del art\u00edculo 167. Si el texto finalmente propuesto tocara alguna de las partes protegidas, habr\u00eda que aplicar el art\u00edculo 168, con aprobaci\u00f3n por dos tercios, disoluci\u00f3n inmediata de las Cortes, ratificaci\u00f3n por las nuevas C\u00e1maras y refer\u00e9ndum obligatorio.<\/p>\n<p>El art\u00edculo 167 exige que los proyectos de reforma se aprueben por una mayor\u00eda de tres quintos de cada una de las C\u00e1maras. Si las dos C\u00e1maras no coinciden, se intenta un acuerdo mediante una comisi\u00f3n paritaria de diputados y senadores. Si tampoco as\u00ed se aprueba, el Congreso puede aprobar la reforma por mayor\u00eda de dos tercios, siempre que el texto haya obtenido el voto favorable de la mayor\u00eda absoluta del Senado. Una vez aprobada, la reforma se somete a refer\u00e9ndum si lo solicita una d\u00e9cima parte de los miembros de cualquiera de las C\u00e1maras dentro de los quince d\u00edas siguientes. El art\u00edculo 169 impide, adem\u00e1s, iniciar una reforma en tiempo de guerra o mientras est\u00e9 vigente alguno de los estados previstos en el art\u00edculo 116, es decir, los de alarma, excepci\u00f3n y sitio.<\/p>\n<p>Las mayor\u00edas exigidas explican por qu\u00e9 una propuesta de este tipo se formula como un pacto. El anexo del Real Decreto 806\/2026, de 5 de octubre, reparte 350 diputados entre las circunscripciones; tres quintos del Congreso son, por tanto, 210 votos, y el mismo umbral relativo se exige en el Senado. La propuesta de la que da cuenta la p\u00e1gina fechada el 19 de noviembre se presenta como un acuerdo entre dos fuerzas pol\u00edticas para la pr\u00f3xima legislatura. Su contenido concreto no se conoce: no hay texto articulado registrado en las C\u00e1maras.<\/p>\n<p>El calendario tambi\u00e9n cuenta. Ese Real Decreto 806\/2026, publicado en el BOE n\u00fam. 248, de 6 de octubre de 2026, disolvi\u00f3 el Congreso de los Diputados y el Senado elegidos el 23 de julio de 2023. Su art\u00edculo 2 convoca elecciones a ambas C\u00e1maras para el domingo 29 de noviembre de 2026. Su art\u00edculo 4 fija la campa\u00f1a entre el 13 y el 27 de noviembre. Su art\u00edculo 5 precisa que las C\u00e1maras resultantes se reunir\u00e1n en sesiones constitutivas el d\u00eda 23 de diciembre, a las diez horas.<\/p>\n<p>Mientras tanto, solo funcionan las Diputaciones Permanentes. El art\u00edculo 78.2 de la Constituci\u00f3n les atribuye, cuando las C\u00e1maras han sido disueltas, las facultades que a estas correspondan seg\u00fan los art\u00edculos 86 y 116, adem\u00e1s de velar por los poderes de las C\u00e1maras. Los art\u00edculos 86 y 116 se refieren a los decretos-leyes y a los estados de alarma, excepci\u00f3n y sitio. La reforma constitucional no figura entre esas facultades. Ninguna reforma puede, por tanto, tramitarse antes de que las nuevas Cortes est\u00e9n constituidas.<\/p>\n<p>Del lado del Gobierno, el ya citado art\u00edculo 101 de la Constituci\u00f3n lo sit\u00faa en funciones desde la celebraci\u00f3n de las elecciones. La Ley 50\/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, limita en su art\u00edculo 21 lo que puede hacer en esa situaci\u00f3n: entre otras cosas, le impide presentar proyectos de ley a las C\u00e1maras. Como la iniciativa gubernamental de reforma constitucional se ejerce por la v\u00eda del art\u00edculo 87.1, la lectura m\u00e1s prudente es que esa iniciativa tendr\u00eda que esperar a un Gobierno con plenas facultades. Las propias C\u00e1maras podr\u00edan tomar la iniciativa una vez constituidas.<\/p>\n<p>Queda la cuesti\u00f3n del efecto real de una eventual reforma. Depender\u00eda de su redacci\u00f3n y de su ubicaci\u00f3n. Si el nuevo texto se limitara a a\u00f1adir una referencia al IPC dentro del art\u00edculo 50, seguir\u00eda situado en el cap\u00edtulo tercero. El art\u00edculo 53.3, en su redacci\u00f3n actual, seguir\u00eda exigiendo una ley de desarrollo para alegar ese principio ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria. Un texto constitucional expl\u00edcito s\u00ed limitar\u00eda, en cambio, el margen del legislador: una ley futura que suspendiera la revalorizaci\u00f3n tendr\u00eda que confrontarse con ese mandato ante el Tribunal Constitucional. Todo ello son hip\u00f3tesis sobre un texto inexistente. Lo \u00fanico verificable hoy es el procedimiento y el calendario.<\/p>\n<h3>B. Comprobar la revalorizaci\u00f3n de enero y reclamarla ante la entidad gestora<\/h3>\n<p>Para el pensionista, la cuesti\u00f3n inmediata no es la reforma, sino la subida de enero. El primer paso consiste en reunir tres documentos: la resoluci\u00f3n que reconoci\u00f3 la pensi\u00f3n, el detalle del \u00faltimo pago de 2026 y el del primer pago de 2027. La resoluci\u00f3n indica la clase de pensi\u00f3n y su r\u00e9gimen. Los dos justificantes permiten comparar el importe bruto antes y despu\u00e9s de la revalorizaci\u00f3n, sin la distorsi\u00f3n que introducen las retenciones fiscales.<\/p>\n<p>El segundo paso es identificar la regla aplicable. Una pensi\u00f3n contributiva sin l\u00edmites ni complementos sigue el porcentaje del art\u00edculo 58.2 de la Ley General de la Seguridad Social. Una pensi\u00f3n no contributiva, una pensi\u00f3n limitada al m\u00e1ximo o un complemento a m\u00ednimos depende de las cuant\u00edas que fije la norma correspondiente para 2027. Una pensi\u00f3n reconocida en aplicaci\u00f3n de normas internacionales se revaloriza en proporci\u00f3n a la parte que paga Espa\u00f1a. Confundir estas categor\u00edas es el error m\u00e1s frecuente al comparar la propia pensi\u00f3n con el porcentaje general anunciado.<\/p>\n<p>El tercer paso es el c\u00e1lculo. Con el porcentaje general, se multiplica el importe bruto de diciembre por uno m\u00e1s ese porcentaje. Si el resultado difiere del importe bruto de enero, conviene comprobar primero si la diferencia se explica por otra causa: un cambio en un complemento, una regularizaci\u00f3n, la aplicaci\u00f3n de un l\u00edmite o una variaci\u00f3n de las retenciones. Solo cuando la diferencia afecta al importe bruto y no tiene explicaci\u00f3n en la propia resoluci\u00f3n tiene sentido reclamar.<\/p>\n<p>La v\u00eda de reclamaci\u00f3n est\u00e1 en la <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-2011-15936\">Ley 36\/2011, reguladora de la jurisdicci\u00f3n social<\/a>. Su art\u00edculo 2, letra o), atribuye al orden social, el mismo que resuelve los litigios laborales entre empresarios y trabajadores, las cuestiones en materia de prestaciones de Seguridad Social. Su art\u00edculo 71.1 establece: \u00abSer\u00e1 requisito necesario para formular demanda en materia de prestaciones de Seguridad Social, que los interesados interpongan reclamaci\u00f3n previa ante la Entidad gestora de las mismas.\u00bb Antes de acudir al Juzgado de lo Social, el pensionista debe dirigirse por escrito a la entidad que le paga la pensi\u00f3n.<\/p>\n<p>La revalorizaci\u00f3n plantea una particularidad. No responde a una solicitud del pensionista, sino que la entidad debe aplicarla de oficio. El art\u00edculo 71.4 prev\u00e9 ese caso: cuando la entidad est\u00e1 obligada a proceder de oficio y no se produce acuerdo o resoluci\u00f3n, el interesado puede pedir que se dicte, y esa petici\u00f3n tiene \u00abvalor de reclamaci\u00f3n previa\u00bb. El mismo apartado permite reiterar la reclamaci\u00f3n si la anterior hubiera caducado, mientras no haya prescrito el derecho. Si, en cambio, existe una resoluci\u00f3n expresa que fija el nuevo importe, el art\u00edculo 71.2 da treinta d\u00edas desde su notificaci\u00f3n para presentar la reclamaci\u00f3n previa.<\/p>\n<p>Los plazos siguientes son cortos. Seg\u00fan el art\u00edculo 71.5, la entidad debe contestar expresamente en cuarenta y cinco d\u00edas; si no lo hace, la reclamaci\u00f3n se entiende denegada por silencio administrativo. Seg\u00fan el art\u00edculo 71.6, la demanda debe presentarse en los treinta d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de la denegaci\u00f3n o a la fecha en que se entienda denegada por silencio. Conviene anotar cada fecha y conservar el justificante de presentaci\u00f3n, que el apartado 7 del mismo art\u00edculo obliga a expedir.<\/p>\n<p>Los efectos econ\u00f3micos de una correcci\u00f3n tambi\u00e9n est\u00e1n limitados. El art\u00edculo 53.1 de la Ley General de la Seguridad Social dispone que, cuando el contenido econ\u00f3mico de prestaciones ya reconocidas se ve afectado por solicitudes de revisi\u00f3n, los efectos de la nueva cuant\u00eda tienen una retroactividad m\u00e1xima de tres meses desde la fecha de la solicitud. La misma norma excluye ese l\u00edmite cuando se trata de rectificar errores materiales, de hecho o aritm\u00e9ticos. Si una diferencia constituye una revisi\u00f3n o la correcci\u00f3n de un error aritm\u00e9tico es una calificaci\u00f3n que depende del caso. En la duda, presentar la reclamaci\u00f3n sin demora evita perder meses de diferencias.<\/p>\n<p>La situaci\u00f3n inversa tambi\u00e9n existe. Si la entidad considera que ha pagado de m\u00e1s, por ejemplo porque un complemento a m\u00ednimos depend\u00eda de unos ingresos que se superaron, puede reclamar el reintegro. El art\u00edculo 55.3 de la misma ley fija en cuatro a\u00f1os la prescripci\u00f3n de esa obligaci\u00f3n de reintegro, contados desde el cobro o desde que fue posible ejercitar la acci\u00f3n para exigir la devoluci\u00f3n, incluso cuando la revisi\u00f3n se debe a un error imputable a la entidad gestora. Comprobar cada enero la cuant\u00eda y sus componentes protege, por tanto, en los dos sentidos.<\/p>\n<p>Hassan Kohen, abogado inscrito en el Colegio de Abogados de Par\u00eds, firma esta nota de informaci\u00f3n sobre derecho extranjero para la <a href=\"https:\/\/kohenavocats.com\/es\/\">edici\u00f3n en espa\u00f1ol del despacho<\/a>. Su objeto no es valorar ninguna propuesta electoral, sino separar lo que hoy dice el derecho vigente de lo que depender\u00eda de una reforma futura.<\/p>\n<p>Dos l\u00edmites conviene tener presentes al reclamar. Una promesa electoral no crea ning\u00fan derecho exigible: solo una norma publicada en el BOE lo hace. Y el art\u00edculo 50 de la Constituci\u00f3n, por s\u00ed solo, no permite pedir ante un juzgado una subida igual al IPC, por la regla del art\u00edculo 53.3. Lo que s\u00ed puede exigirse es la correcta aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 58 de la Ley General de la Seguridad Social y de las cuant\u00edas que fije la norma aplicable a cada clase de pensi\u00f3n.<\/p>\n<h2>Conclusi\u00f3n<\/h2>\n<p>En Espa\u00f1a, la revalorizaci\u00f3n de las pensiones contributivas con el IPC es hoy una obligaci\u00f3n legal, no constitucional. El art\u00edculo 50 de la Constituci\u00f3n exige pensiones adecuadas y peri\u00f3dicamente actualizadas, pero no menciona ning\u00fan \u00edndice. El art\u00edculo 58 de la Ley General de la Seguridad Social fija la regla: cada mes de enero, las pensiones contributivas suben seg\u00fan la media de las tasas interanuales del IPC de los doce meses anteriores a diciembre, y no bajan si esa media es negativa. Las cuant\u00edas m\u00e1ximas y m\u00ednimas y las pensiones no contributivas dependen, adem\u00e1s, de lo que fije la norma presupuestaria o la que la sustituya.<\/p>\n<p>Elevar esa regla a la Constituci\u00f3n exigir\u00eda seguir el art\u00edculo 167, con tres quintos de cada C\u00e1mara o, en su defecto, dos tercios del Congreso y mayor\u00eda absoluta del Senado, y un posible refer\u00e9ndum. Con las Cortes disueltas hasta la sesi\u00f3n constitutiva del 23 de diciembre de 2026, ninguna reforma puede tramitarse antes. La propuesta formulada en campa\u00f1a no cambia por ahora el derecho aplicable. Para la subida de enero de 2027, lo \u00fatil es comparar los importes brutos, identificar la clase de pensi\u00f3n y, si la diferencia no se explica, presentar la reclamaci\u00f3n previa ante la entidad gestora dentro de los plazos de la Ley reguladora de la jurisdicci\u00f3n social.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En Espa\u00f1a, la subida de las pensiones con el IPC la fija una ley, no la Constituci\u00f3n. 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