{"id":2525635,"date":"2026-11-22T03:50:02","date_gmt":"2026-11-22T02:50:02","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/?p=2525635"},"modified":"2026-11-22T03:50:02","modified_gmt":"2026-11-22T02:50:02","slug":"huelga-20-noviembre-falta-justificada-sancion-alumno","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/es\/huelga-20-noviembre-falta-justificada-sancion-alumno\/","title":{"rendered":"Huelga 20 noviembre: \u00bfes falta justificada y pueden sancionar al alumno?"},"content":{"rendered":"<p>En Espa\u00f1a, la b\u00fasqueda \u00abhuelga 20 noviembre\u00bb se dispar\u00f3 en Google entre el 15 y el 20 de noviembre de 2026, acompa\u00f1ada de \u00abhuelga estudiantes 20 noviembre\u00bb, \u00abjustificante huelga 20 noviembre\u00bb y \u00abhuelga estudiantes falta justificada\u00bb. Detr\u00e1s de esas palabras hay una pregunta jur\u00eddica concreta que se hacen alumnos y familias: si faltar a clase para secundar una huelga estudiantil cuenta como falta, si hace falta un justificante y si el instituto puede imponer una sanci\u00f3n. La respuesta est\u00e1 en la legislaci\u00f3n estatal b\u00e1sica. El art\u00edculo 8 de la Ley Org\u00e1nica 8\/1985, reguladora del Derecho a la Educaci\u00f3n (LODE), en la redacci\u00f3n que le dio la Ley Org\u00e1nica 3\/2020, dispone que las decisiones colectivas de no asistir a clase que adopte el alumnado desde tercero de ESO no son faltas de conducta ni pueden sancionarse, siempre que nazcan del ejercicio del derecho de reuni\u00f3n y se comuniquen antes a la direcci\u00f3n del centro, seg\u00fan lo que regulen las Administraciones educativas de cada comunidad aut\u00f3noma. Por debajo de tercero, esa protecci\u00f3n no existe y la ausencia sigue las reglas ordinarias del centro. Este texto expone el derecho espa\u00f1ol aplicable a la ense\u00f1anza no universitaria tal como se lee a 22 de noviembre de 2026, sin describir la convocatoria ni sus motivos. La metodolog\u00eda es de alcance general: el decreto de convivencia de cada comunidad y las normas de cada centro concretan los detalles. Se trata de una informaci\u00f3n sobre derecho extranjero, redactada por Hassan Kohen, abogado inscrito en el Colegio de Abogados de Par\u00eds, que no ejerce en Espa\u00f1a.<\/p>\n<h2>I. \u00bfEs legal la huelga de estudiantes? Lo que dice la ley espa\u00f1ola<\/h2>\n<h3>A. Huelga de estudiantes: un derecho de reuni\u00f3n, no una huelga laboral<\/h3>\n<p>En el lenguaje de todos los d\u00edas se habla de \u00abhuelga de estudiantes\u00bb, y as\u00ed aparece en las b\u00fasquedas. En derecho espa\u00f1ol, sin embargo, la palabra huelga tiene un sentido preciso. La <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-1978-31229#a28\">Constituci\u00f3n espa\u00f1ola, en su art\u00edculo 28<\/a>, lo dice de forma expresa: \u00abSe reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses\u00bb. El titular del derecho de huelga es, por tanto, la persona trabajadora que deja de prestar su trabajo frente a quien la emplea. Un alumno de instituto no tiene un contrato de trabajo con su centro ni presta un servicio retribuido: cuando deja de ir a clase no ejerce el derecho de huelga en sentido t\u00e9cnico, aunque el t\u00e9rmino se use para describir la protesta.<\/p>\n<p>Esto no significa que la protesta estudiantil carezca de base jur\u00eddica. La misma Constituci\u00f3n reconoce en su art\u00edculo 21 el derecho de reuni\u00f3n pac\u00edfica y sin armas, cuyo ejercicio no necesita autorizaci\u00f3n previa, y en su art\u00edculo 27 el derecho de todos a la educaci\u00f3n, junto con la intervenci\u00f3n de profesores, padres y, en su caso, alumnos en el control y la gesti\u00f3n de los centros sostenidos con fondos p\u00fablicos. El legislador ha tomado como punto de partida el derecho de reuni\u00f3n, y no el de huelga, para dar un tratamiento propio a la inasistencia colectiva del alumnado.<\/p>\n<p>Ese tratamiento est\u00e1 en el art\u00edculo 8 de la LODE, una ley org\u00e1nica de 1985 cuyo texto consolidado puede leerse en el Bolet\u00edn Oficial del Estado con la referencia BOE-A-1985-12978. Su primer p\u00e1rrafo garantiza en los centros docentes el derecho de reuni\u00f3n de profesores, personal de administraci\u00f3n y servicios, padres y alumnos, y precisa que su ejercicio se facilitar\u00e1 de acuerdo con la legislaci\u00f3n vigente y teniendo en cuenta \u00abel normal desarrollo de las actividades docentes\u00bb. El segundo p\u00e1rrafo es el que responde a la pregunta de las familias: encarga a cada centro fijar, en sus normas de organizaci\u00f3n y funcionamiento, las condiciones en que el alumnado puede reunirse y, a continuaci\u00f3n, establece que las \u00abdecisiones colectivas\u00bb del alumnado sobre la asistencia a clase, a partir de tercero de ESO, no tienen la consideraci\u00f3n de \u00abfaltas de conducta\u00bb ni son \u00abobjeto de sanci\u00f3n\u00bb cuando resultan del ejercicio del derecho de reuni\u00f3n y se comunican previamente a la direcci\u00f3n.<\/p>\n<p>Ese \u00faltimo p\u00e1rrafo no figuraba en la ley original de 1985. Seg\u00fan el propio texto consolidado del BOE, lo a\u00f1adi\u00f3 la disposici\u00f3n final primera, apartado 5, de la Ley Org\u00e1nica 2\/2006, de Educaci\u00f3n, y lo modific\u00f3 la disposici\u00f3n final primera, apartado 5, de la Ley Org\u00e1nica 3\/2020. La redacci\u00f3n actual est\u00e1 en vigor desde el 19 de enero de 2021. La reforma de 2020 introdujo dos matices que conviene retener: la referencia expresa a las normas de organizaci\u00f3n y funcionamiento de cada centro y la remisi\u00f3n a lo que establezcan las Administraciones educativas, es decir, las consejer\u00edas de educaci\u00f3n de las comunidades aut\u00f3nomas y, en su \u00e1mbito, el Ministerio.<\/p>\n<p>La diferencia con una huelga laboral tiene consecuencias pr\u00e1cticas. Cuando quien para es el profesorado, s\u00ed se trata de un derecho de huelga de trabajadores: el mismo art\u00edculo 28 de la Constituci\u00f3n remite a una ley que garantice el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, y por eso las administraciones fijan servicios m\u00ednimos en los centros p\u00fablicos. Cuando quien no acude es el alumnado, no hay servicios m\u00ednimos, ni descuento de salario, ni preaviso a una autoridad laboral. Lo que hay es un r\u00e9gimen escolar espec\u00edfico: la ausencia queda registrada por el centro y su calificaci\u00f3n depende de que se cumplan o no las condiciones de la LODE. Por eso la pregunta \u00fatil no es si la huelga de estudiantes es \u00ablegal\u00bb en abstracto, sino si la ausencia concreta de un alumno concreto entra en la protecci\u00f3n del art\u00edculo 8.<\/p>\n<p>Este an\u00e1lisis se limita a la ense\u00f1anza no universitaria, que es el \u00e1mbito al que se refiere el art\u00edculo 8 de la LODE cuando habla de los cursos de educaci\u00f3n secundaria obligatoria. En la universidad la asistencia y sus consecuencias se rigen por otras normas y por las gu\u00edas docentes de cada asignatura, y no se estudian aqu\u00ed.<\/p>\n<h3>B. Huelga estudiantes 20 noviembre: las tres condiciones que protegen al alumno<\/h3>\n<p>La protecci\u00f3n de la LODE no es autom\u00e1tica. Funciona como una regla con condiciones, y cada una de ellas tiene un efecto distinto sobre el alumno y su familia.<\/p>\n<p>La primera condici\u00f3n es la edad escolar, medida por curso y no por a\u00f1os cumplidos. La ley habla del alumnado que est\u00e1 \u00aba partir del tercer curso\u00bb de educaci\u00f3n secundaria obligatoria. Un alumno de tercero o de cuarto de ESO est\u00e1 dentro; un alumno de primero o de segundo de ESO, o de primaria, est\u00e1 fuera, aunque acompa\u00f1e a sus compa\u00f1eros mayores. Por su propio tenor, la expresi\u00f3n abarca tambi\u00e9n los cursos que siguen a tercero dentro de la ense\u00f1anza no universitaria, como el bachillerato. Para quien est\u00e1 por debajo de tercero, la ausencia no se convierte en ilegal, pero queda sometida a las reglas ordinarias sobre faltas de asistencia y a la decisi\u00f3n de su familia, como se explica en la segunda parte.<\/p>\n<p>La segunda condici\u00f3n es que la decisi\u00f3n sea colectiva y fruto del ejercicio del derecho de reuni\u00f3n. La ley protege \u00abdecisiones colectivas\u00bb, no la decisi\u00f3n aislada de un alumno de quedarse en casa ese d\u00eda. En la pr\u00e1ctica, eso supone que el grupo, la clase o el conjunto del alumnado haya adoptado la decisi\u00f3n por el cauce de participaci\u00f3n que prev\u00e9n las normas del centro: asamblea, delegados de grupo, junta de delegados u otro \u00f3rgano que el reglamento interno reconozca. La LODE no fija ese cauce; deja que cada centro lo concrete en sus normas de organizaci\u00f3n y funcionamiento, dentro del marco que establezca su comunidad aut\u00f3noma.<\/p>\n<p>Ese marco auton\u00f3mico est\u00e1 anclado en la <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-2006-7899#a124\">Ley Org\u00e1nica 2\/2006, de Educaci\u00f3n, en su art\u00edculo 124<\/a>, relativo a las normas de organizaci\u00f3n, funcionamiento y convivencia de los centros. El precepto obliga a cada centro a elaborar un plan de convivencia que concrete los derechos y deberes del alumnado y las medidas correctoras aplicables. A\u00f1ade que \u00abLas normas de convivencia y conducta de los centros ser\u00e1n de obligado cumplimiento\u00bb, que esas medidas tendr\u00e1n un car\u00e1cter educativo y recuperador y que \u00abLas medidas correctoras deber\u00e1n ser proporcionadas a las faltas cometidas\u00bb. Su apartado 4 encarga a las Administraciones educativas que faciliten que los centros, en el marco de su autonom\u00eda, elaboren sus propias normas de organizaci\u00f3n y funcionamiento. De ah\u00ed que el procedimiento exacto para comunicar una inasistencia colectiva cambie de una comunidad a otra y, a veces, de un instituto a otro.<\/p>\n<p>La tercera condici\u00f3n es la comunicaci\u00f3n previa a la direcci\u00f3n. La ley exige que esas decisiones se hayan comunicado \u00abpreviamente a la direcci\u00f3n del centro\u00bb. Una comunicaci\u00f3n posterior, enviada cuando la jornada ya ha pasado, no cumple la letra del art\u00edculo 8. La ley estatal no fija la antelaci\u00f3n ni la forma; lo hacen la norma auton\u00f3mica y el reglamento del centro. Por eso es prudente que la comunicaci\u00f3n conste por escrito, con fecha, con identificaci\u00f3n de qui\u00e9n la presenta en nombre del grupo y con una copia que el alumnado o sus representantes conserven. Si m\u00e1s adelante surge una discrepancia sobre si la comunicaci\u00f3n existi\u00f3 o lleg\u00f3 a tiempo, ese documento es la mejor prueba.<\/p>\n<p>Cuando se cumplen las tres condiciones, la consecuencia jur\u00eddica es clara: la ausencia de ese d\u00eda no puede tratarse como una conducta contraria a la convivencia y no puede dar lugar a una medida correctora. El centro sigue pasando lista, porque tiene el deber de conocer qui\u00e9n est\u00e1 y qui\u00e9n no est\u00e1 en el aula; lo que no puede hacer es convertir ese registro en una sanci\u00f3n. La ley estatal no dice, en cambio, que la ausencia tenga que anotarse como \u00abfalta justificada\u00bb a todos los efectos. La palabra que usa es \u00abfaltas de conducta\u00bb, que se refiere a la disciplina, no al c\u00f3mputo de asistencia. La forma en que se registra la ausencia en el programa de gesti\u00f3n del centro y su incidencia en otros aspectos, como la evaluaci\u00f3n, dependen de la normativa auton\u00f3mica y de las normas del propio centro. Esta distinci\u00f3n entre falta justificada y falta no sancionable es la que m\u00e1s dudas genera, y conviene tenerla presente antes de discutir con el instituto.<\/p>\n<p>Cuando falta alguna de las condiciones, la protecci\u00f3n decae, pero no por ello la ausencia se convierte autom\u00e1ticamente en una sanci\u00f3n. El centro tiene que aplicar sus normas de convivencia con los l\u00edmites del art\u00edculo 124 de la Ley Org\u00e1nica de Educaci\u00f3n: medidas educativas, recuperadoras y proporcionadas. Una ausencia individual sin justificar no se trata igual que un acto de indisciplina grave, y la medida que se adopte debe guardar relaci\u00f3n con la conducta y con la situaci\u00f3n personal del alumno.<\/p>\n<h2>II. Justificante y falta justificada despu\u00e9s del 20 de noviembre: qu\u00e9 puede hacer el centro<\/h2>\n<h3>A. Justificante huelga 20 noviembre: qui\u00e9n lo firma y qu\u00e9 pasa con los menores de tercero<\/h3>\n<p>La b\u00fasqueda \u00abjustificante huelga 20 noviembre\u00bb refleja una preocupaci\u00f3n pr\u00e1ctica: qu\u00e9 papel debe presentarse en el instituto y qui\u00e9n debe firmarlo. La respuesta depende de dos datos: el curso del alumno y si es menor de edad.<\/p>\n<p>Para el alumnado de primero y segundo de ESO, y para el de primaria, la protecci\u00f3n del art\u00edculo 8 de la LODE no se aplica. La decisi\u00f3n de que un ni\u00f1o o un adolescente de esa edad no acuda a clase un d\u00eda concreto corresponde a quienes ejercen la patria potestad. El <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-1889-4763#art154\">C\u00f3digo Civil, en su art\u00edculo 154<\/a>, define la patria potestad como una responsabilidad parental que se ejerce siempre en inter\u00e9s de los hijos e incluye, entre los deberes y facultades de los progenitores, el de \u00abVelar por ellos, tenerlos en su compa\u00f1\u00eda, alimentarlos, educarlos y procurarles una formaci\u00f3n integral\u00bb. El mismo art\u00edculo a\u00f1ade que, si los hijos tienen suficiente madurez, deben ser o\u00eddos antes de adoptar decisiones que les afecten. Una familia que decide que su hijo de doce o trece a\u00f1os no vaya a clase ese d\u00eda ejerce esa funci\u00f3n, y es ella quien debe justificar la ausencia ante el centro.<\/p>\n<p>Que la familia firme un justificante no obliga al centro a considerar la ausencia justificada en todos los casos. Las normas de convivencia de cada comunidad y de cada centro definen qu\u00e9 motivos justifican una falta de asistencia y c\u00f3mo se acreditan. Lo que la familia obtiene con el justificante es que la ausencia conste como conocida y asumida por ella, lo que permite distinguirla de un absentismo que el centro debe vigilar. La ley estatal no fija aqu\u00ed una consecuencia autom\u00e1tica: todo depende de lo que las normas del centro califiquen como falta injustificada y del tratamiento que den a la justificaci\u00f3n familiar.<\/p>\n<p>En las familias con progenitores separados, surge a menudo la pregunta de si basta la firma de uno de ellos. El art\u00edculo 156 del C\u00f3digo Civil establece que la patria potestad se ejerce conjuntamente por ambos progenitores o por uno solo con el consentimiento expreso o t\u00e1cito del otro, y que son v\u00e1lidos los actos que realice uno de ellos \u00abconforme al uso social\u00bb y a las circunstancias. Respecto de los \u00abterceros de buena fe\u00bb, como lo es en principio el centro escolar, se presume que cada progenitor act\u00faa en el ejercicio ordinario de la patria potestad con el consentimiento del otro. Justificar una ausencia puntual encaja, en general, en esa esfera ordinaria. Si los progenitores discrepan abiertamente y de forma reiterada sobre estas cuestiones, el mismo art\u00edculo prev\u00e9 que cualquiera de ellos pueda acudir a la autoridad judicial para que atribuya la facultad de decidir a uno de los dos.<\/p>\n<p>Para el alumnado de tercero de ESO en adelante, la situaci\u00f3n es distinta. Si la ausencia forma parte de una decisi\u00f3n colectiva comunicada previamente a la direcci\u00f3n, la protecci\u00f3n frente a la sanci\u00f3n deriva directamente de la LODE, sin que la ley estatal exija para ello una autorizaci\u00f3n de los padres. Ahora bien, la mayor\u00eda de esos alumnos siguen siendo menores de edad y, por tanto, siguen bajo la patria potestad de sus progenitores. Si las normas del centro piden que la familia firme un documento en el que declara conocer la ausencia, conviene presentarlo en el plazo que el centro indique: ese documento no crea la protecci\u00f3n de la LODE, pero evita que la ausencia se confunda con un absentismo no comunicado y facilita la relaci\u00f3n con el tutor.<\/p>\n<p>La segunda preocupaci\u00f3n habitual es la de los ex\u00e1menes y trabajos fijados para el d\u00eda de la inasistencia. La Ley Org\u00e1nica de Educaci\u00f3n dispone en su art\u00edculo 28 que la evaluaci\u00f3n en la ESO es \u00abcontinua, formativa e integradora\u00bb, y en su art\u00edculo 36 que en el bachillerato es \u00abcontinua y diferenciada seg\u00fan las distintas materias\u00bb. Ni la LODE ni la Ley Org\u00e1nica de Educaci\u00f3n contienen una regla que obligue a repetir una prueba fijada para el d\u00eda de la inasistencia colectiva, ni una que lo proh\u00edba. La respuesta depende de las normas de evaluaci\u00f3n del centro y de la programaci\u00f3n de cada departamento. Lo que s\u00ed impide el art\u00edculo 8 de la LODE, cuando se cumplen sus condiciones, es que la ausencia se utilice como sanci\u00f3n encubierta: calificar con un cero una prueba por el solo hecho de no haber asistido, sin ofrecer ninguna alternativa, puede plantear esa objeci\u00f3n, aunque la respuesta definitiva depende de c\u00f3mo est\u00e9 regulada la evaluaci\u00f3n en el centro. Ante una situaci\u00f3n as\u00ed, lo razonable es pedir por escrito al profesor o al departamento c\u00f3mo se recuperar\u00e1 la prueba, citando la comunicaci\u00f3n previa a la direcci\u00f3n.<\/p>\n<p>La incidencia de las faltas en la evaluaci\u00f3n no es una cuesti\u00f3n nueva. El Real Decreto 732\/1995, sobre derechos y deberes de los alumnos y normas de convivencia, dictado para los centros del \u00e1mbito de gesti\u00f3n del entonces Ministerio de Educaci\u00f3n y Ciencia y publicado con la referencia BOE-A-1995-13291, ya preve\u00eda en su art\u00edculo 44 que la falta a clase de modo reiterado puede impedir la aplicaci\u00f3n correcta de los criterios de evaluaci\u00f3n y la propia evaluaci\u00f3n continua, y encargaba a los reglamentos de r\u00e9gimen interior fijar el n\u00famero m\u00e1ximo de faltas y los sistemas extraordinarios de evaluaci\u00f3n. Hoy son las normas auton\u00f3micas y los proyectos de cada centro los que fijan esos umbrales. Una \u00fanica jornada de inasistencia colectiva protegida no deber\u00eda computarse en contra del alumno a efectos disciplinarios; su incidencia en los umbrales de asistencia es una de las cuestiones que conviene comprobar en las normas del propio centro.<\/p>\n<p>Para las familias que viven entre Francia y Espa\u00f1a y que siguen la escolaridad de sus hijos en uno u otro pa\u00eds, el despacho publica otras explicaciones de <a href=\"https:\/\/kohenavocats.com\/es\/\">derecho de familia<\/a> elaboradas con el mismo m\u00e9todo: lectura de los textos oficiales en vigor y advertencia expresa sobre el papel de las normas auton\u00f3micas y de las normas internas de cada centro.<\/p>\n<h3>B. \u00bfPueden sancionar al alumno por la huelga? C\u00f3mo reaccionar ante una medida correctora<\/h3>\n<p>La respuesta corta es que depende de las condiciones vistas en la primera parte. Si un alumno de tercero de ESO o de un curso posterior falt\u00f3 como parte de una decisi\u00f3n colectiva, adoptada por el cauce de reuni\u00f3n que prev\u00e9 su centro y comunicada antes a la direcci\u00f3n, el art\u00edculo 8 de la LODE impide tratar esa ausencia como falta de conducta y sancionarla. Una amonestaci\u00f3n, una suspensi\u00f3n del derecho de asistencia a determinadas clases o la p\u00e9rdida de una actividad complementaria impuestas por ese motivo ser\u00edan contrarias a la ley.<\/p>\n<p>Si alguna de las condiciones no se cumple, el centro puede aplicar sus normas de convivencia, pero con los l\u00edmites que fija el art\u00edculo 124 de la Ley Org\u00e1nica de Educaci\u00f3n. Las medidas tienen que ser educativas y recuperadoras, deben respetar los derechos del resto del alumnado y han de guardar proporci\u00f3n con la falta. La ley precisa adem\u00e1s que las medidas por faltas leves son inmediatamente ejecutivas y que los hechos constatados por profesores y miembros del equipo directivo gozan de presunci\u00f3n de veracidad \u00abiuris tantum\u00bb, es decir, salvo prueba en contrario, sin perjuicio de las pruebas que aporten los propios alumnos. Esa presunci\u00f3n explica por qu\u00e9 la documentaci\u00f3n es tan importante: si la comunicaci\u00f3n previa a la direcci\u00f3n existi\u00f3, la copia fechada es la prueba que permite discutir la versi\u00f3n del centro.<\/p>\n<p>El reparto de competencias dentro del centro tambi\u00e9n est\u00e1 en la ley. El art\u00edculo 132 de la Ley Org\u00e1nica de Educaci\u00f3n atribuye al director o directora la tarea de favorecer la convivencia, garantizar la mediaci\u00f3n en los conflictos e imponer las medidas correctoras que correspondan, en cumplimiento de la normativa vigente y sin perjuicio de las competencias del consejo escolar. El art\u00edculo 127 encarga al consejo escolar conocer las conductas contrarias a la convivencia y la aplicaci\u00f3n de las medidas correctoras, velando por que se ajusten a la normativa, y le permite revisar la decisi\u00f3n del director, a instancia de los padres, madres o tutores legales o, en su caso, del propio alumnado, cuando la medida corresponda a conductas que perjudiquen gravemente la convivencia del centro.<\/p>\n<p>Si la normativa auton\u00f3mica prev\u00e9, antes de imponer la medida, un tr\u00e1mite de audiencia del alumno y, cuando es menor, de su familia, ese es el momento de alegar que la ausencia formaba parte de una decisi\u00f3n colectiva comunicada a la direcci\u00f3n y de aportar la copia de la comunicaci\u00f3n. Si la medida se impone de todos modos, la v\u00eda de reclamaci\u00f3n depende del tipo de centro y de la norma de convivencia de la comunidad.<\/p>\n<p>En los centros p\u00fablicos, las decisiones de la direcci\u00f3n son actos de una Administraci\u00f3n p\u00fablica. Cuando no ponen fin a la v\u00eda administrativa, la regla general de la <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-2015-10565#a121\">Ley 39\/2015, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan, en su art\u00edculo 121<\/a> es que estos actos \u00abpodr\u00e1n ser recurridos en alzada ante el \u00f3rgano superior jer\u00e1rquico del que los dict\u00f3\u00bb. El recurso puede presentarse ante el \u00f3rgano que dict\u00f3 el acto o ante el competente para resolverlo, y si se presenta ante el primero, este debe remitirlo al segundo en el plazo de diez d\u00edas con su informe y una copia del expediente.<\/p>\n<p>El art\u00edculo 122 de la misma ley fija los plazos: el recurso de alzada se interpone en el plazo de \u00abun mes, si el acto fuera expreso\u00bb; pasado ese plazo sin recurso, la resoluci\u00f3n es firme. La administraci\u00f3n dispone de tres meses para resolver y notificar, y si no lo hace se puede entender desestimado el recurso. Contra la resoluci\u00f3n de la alzada no cabe otro recurso administrativo, salvo el extraordinario de revisi\u00f3n en los casos tasados; queda abierta la v\u00eda contencioso-administrativa. El art\u00edculo 112 de la Ley 39\/2015 permite, sin embargo, que las leyes sustituyan el recurso de alzada en \u00e1mbitos sectoriales por otros procedimientos de impugnaci\u00f3n o reclamaci\u00f3n. Por eso, antes de recurrir, hay que leer el decreto de convivencia de la comunidad: puede prever una reclamaci\u00f3n ante el consejo escolar o ante la direcci\u00f3n territorial con un plazo propio, m\u00e1s corto que el de la ley general. Seg\u00fan el art\u00edculo 40 de la Ley 39\/2015, la notificaci\u00f3n debe indicar si el acto pone fin o no a la v\u00eda administrativa, los recursos que proceden, el \u00f3rgano ante el que presentarlos y el plazo; si no lo hace, conviene pedir que se complete.<\/p>\n<p>Este esquema se refiere a los centros p\u00fablicos, cuyas decisiones son actos administrativos. En los centros privados concertados y en los privados, el cauce de reclamaci\u00f3n hay que buscarlo en la norma auton\u00f3mica de convivencia y en el reglamento del centro, que conviene pedir por escrito.<\/p>\n<p>Para preparar cualquier reclamaci\u00f3n, una lista breve de documentos suele bastar: la comunicaci\u00f3n previa a la direcci\u00f3n, con su fecha y su acuse de recibo si lo hay; las normas de organizaci\u00f3n y funcionamiento y el plan de convivencia del centro, que se pueden pedir a la secretar\u00eda o a la direcci\u00f3n; la notificaci\u00f3n de la medida, con su fecha; y, en su caso, el justificante familiar. Con esos papeles se puede comprobar en pocos minutos si se cumplieron las tres condiciones del art\u00edculo 8 de la LODE y si la medida respeta la proporcionalidad del art\u00edculo 124 de la Ley Org\u00e1nica de Educaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Conviene, por \u00faltimo, no confundir la reacci\u00f3n frente a una sanci\u00f3n con la discusi\u00f3n sobre la evaluaci\u00f3n. Si el problema es una nota, el cauce es el de las reclamaciones contra las calificaciones que regule la comunidad aut\u00f3noma; si el problema es una medida disciplinaria, el cauce es el de la normativa de convivencia y, en los centros p\u00fablicos, el de la Ley 39\/2015. Mezclar ambos planos en un mismo escrito suele retrasar la respuesta.<\/p>\n<h2>Conclusi\u00f3n<\/h2>\n<p>La b\u00fasqueda \u00abhuelga 20 noviembre\u00bb esconde una pregunta jur\u00eddica que va m\u00e1s all\u00e1 de una fecha concreta. En derecho espa\u00f1ol, el alumnado no ejerce un derecho de huelga en sentido laboral, reservado por el art\u00edculo 28 de la Constituci\u00f3n a los trabajadores, sino un derecho de reuni\u00f3n que la LODE traduce en una regla precisa para la ense\u00f1anza no universitaria. Desde tercero de ESO, la decisi\u00f3n colectiva de no asistir a clase, adoptada como ejercicio de ese derecho y comunicada previamente a la direcci\u00f3n del centro, no es falta de conducta y no puede sancionarse. Por debajo de tercero, la ausencia se rige por las reglas ordinarias y la decisi\u00f3n corresponde a la familia, que la justifica ante el centro en ejercicio de la patria potestad.<\/p>\n<p>La protecci\u00f3n de la LODE se refiere a la disciplina y no convierte por s\u00ed sola la ausencia en falta justificada a todos los efectos: su registro, su incidencia en la evaluaci\u00f3n y el procedimiento de comunicaci\u00f3n dependen de las normas auton\u00f3micas y del reglamento de cada centro. Si se impone una medida correctora, el art\u00edculo 124 de la Ley Org\u00e1nica de Educaci\u00f3n exige proporcionalidad, y en los centros p\u00fablicos la Ley 39\/2015 abre el recurso de alzada en el plazo de un mes, salvo que el decreto de convivencia de la comunidad prevea otro cauce. Estas reglas son las que se leen a 22 de noviembre de 2026 y deben contrastarse, en cada caso, con la norma auton\u00f3mica y con las normas del centro de que se trate.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En Espa\u00f1a, faltar a clase por una huelga de estudiantes no se sanciona desde tercero de ESO si la decisi\u00f3n es colectiva y se comunica antes a la direcci\u00f3n. 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