{"id":2526026,"date":"2026-11-22T09:49:04","date_gmt":"2026-11-22T08:49:04","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/?p=2526026"},"modified":"2026-11-22T09:49:04","modified_gmt":"2026-11-22T08:49:04","slug":"expropiacion-vivienda-justiprecio-como-recurrir-espana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/es\/expropiacion-vivienda-justiprecio-como-recurrir-espana\/","title":{"rendered":"Expropiaci\u00f3n de vivienda en Espa\u00f1a: cu\u00e1ndo procede, cu\u00e1nto te pagan y c\u00f3mo recurrir"},"content":{"rendered":"<p>En Espa\u00f1a, \u00abexpropiaci\u00f3n\u00bb figura entre las b\u00fasquedas en ascenso desde la noche del s\u00e1bado 21 de noviembre de 2026, y las consultas que la acompa\u00f1an son muy concretas: expropiaci\u00f3n forzosa, expropiaci\u00f3n de vivienda, expropiaci\u00f3n de viviendas vac\u00edas, expropiaci\u00f3n de la vivienda habitual o precio de una expropiaci\u00f3n. Detr\u00e1s de todas ellas aparece la misma inquietud: \u00bfpuede la Administraci\u00f3n quedarse con mi casa, cu\u00e1nto me pagar\u00eda y qu\u00e9 puedo hacer si no estoy de acuerdo con la cantidad que me ofrecen?<\/p>\n<p>Esta gu\u00eda responde a esas preguntas con el derecho espa\u00f1ol vigente, le\u00eddo el 22 de noviembre de 2026 en el Bolet\u00edn Oficial del Estado: la garant\u00eda del art\u00edculo 33 de la Constituci\u00f3n, la Ley de Expropiaci\u00f3n Forzosa de 1954, el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitaci\u00f3n Urbana de 2015, las leyes de procedimiento y de la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa y la Sentencia 93\/2015 del Tribunal Constitucional sobre la expropiaci\u00f3n del uso de viviendas. Explica cu\u00e1ndo puede expropiarse una vivienda, qu\u00e9 ocurre con las viviendas vac\u00edas, c\u00f3mo se calcula el justiprecio, qu\u00e9 plazos corren y c\u00f3mo se recurre. La regla de fondo es sencilla: sin causa legal, sin indemnizaci\u00f3n y sin procedimiento no hay expropiaci\u00f3n v\u00e1lida.<\/p>\n<p>Por Hassan Kohen, abogado inscrito en el Colegio de Abogados de Par\u00eds. Este texto es informaci\u00f3n general sobre el derecho estatal espa\u00f1ol; el m\u00e9todo expuesto es de alcance general y no sustituye el examen de un expediente concreto. Las comunidades aut\u00f3nomas tienen normas propias de vivienda y de urbanismo que conviene comprobar en cada caso.<\/p>\n<h2>I. Expropiaci\u00f3n de vivienda: cu\u00e1ndo puede la Administraci\u00f3n privarte de tu casa<\/h2>\n<h3>A. Expropiaci\u00f3n forzosa: la garant\u00eda de la Constituci\u00f3n y la causa que la justifica<\/h3>\n<p>La primera respuesta est\u00e1 en la <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-1978-31229#a33\">Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola<\/a>. Su art\u00edculo 33 reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, pero a\u00f1ade que \u00abLa funci\u00f3n social de estos derechos delimitar\u00e1 su contenido, de acuerdo con las leyes.\u00bb A continuaci\u00f3n fija la regla que gobierna cualquier expropiaci\u00f3n: \u00abNadie podr\u00e1 ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad p\u00fablica o inter\u00e9s social, mediante la correspondiente indemnizaci\u00f3n y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.\u00bb Son tres condiciones que deben cumplirse a la vez: una causa reconocida por la ley, una indemnizaci\u00f3n y un procedimiento legal. Si falta una de ellas, la privaci\u00f3n de la vivienda no es una expropiaci\u00f3n v\u00e1lida, sino una actuaci\u00f3n que el propietario puede combatir.<\/p>\n<p>El C\u00f3digo Civil va en la misma direcci\u00f3n desde 1889. Su art\u00edculo 349 exige una autoridad competente, una causa justificada de utilidad p\u00fablica y la indemnizaci\u00f3n previa, y prev\u00e9 que, si ese requisito no precede, los jueces amparen al propietario y, en su caso, lo reintegren en la posesi\u00f3n. Esta regla antigua sigue siendo \u00fatil hoy: recuerda que la Administraci\u00f3n no puede ocupar una vivienda por la v\u00eda de los hechos, sin t\u00edtulo y sin pagar o consignar lo que la ley exige.<\/p>\n<p>La norma que desarrolla la garant\u00eda constitucional sigue siendo la Ley de Expropiaci\u00f3n Forzosa de 16 de diciembre de 1954, reformada en numerosas ocasiones. Su art\u00edculo primero adopta una definici\u00f3n amplia: es expropiaci\u00f3n cualquier forma de privaci\u00f3n singular de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales leg\u00edtimos acordada de forma imperativa, tanto si implica una venta o un arrendamiento como una ocupaci\u00f3n temporal o la mera cesaci\u00f3n de su ejercicio. Por eso la ley no protege solo a quien pierde la propiedad de su piso. Tambi\u00e9n ampara a quien pierde temporalmente su uso, a quien es titular de un derecho real sobre el inmueble y al inquilino que vive en \u00e9l.<\/p>\n<p>El punto de partida de todo expediente es la causa. El art\u00edculo noveno de la ley exige la previa declaraci\u00f3n de utilidad p\u00fablica o de inter\u00e9s social del fin al que se destinar\u00e1 el bien. Esa declaraci\u00f3n no siempre es un acto separado. Seg\u00fan el art\u00edculo diez, la utilidad p\u00fablica se entiende impl\u00edcita, para los inmuebles, en los planes de obras y servicios del Estado, de la provincia y del municipio; cuando una ley ha declarado de forma gen\u00e9rica la utilidad p\u00fablica, su reconocimiento en cada caso concreto corresponde al Consejo de Ministros, salvo que las leyes sectoriales dispongan otra cosa, y el art\u00edculo once reserva a una ley aprobada en Cortes los dem\u00e1s supuestos relativos a inmuebles. En materia de urbanismo, el art\u00edculo 42 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitaci\u00f3n Urbana a\u00f1ade que la aprobaci\u00f3n de los instrumentos de ordenaci\u00f3n territorial y urban\u00edstica conlleva la declaraci\u00f3n de utilidad p\u00fablica y la necesidad de ocupaci\u00f3n de los bienes cuando su ejecuci\u00f3n deba hacerse por expropiaci\u00f3n. Una vivienda puede verse afectada, por tanto, por una obra p\u00fablica, como una carretera o una l\u00ednea ferroviaria, o por un plan urban\u00edstico que destina el suelo a un vial, a una zona verde o a un equipamiento.<\/p>\n<p>Declarada la causa, la Administraci\u00f3n no puede llevarse cualquier cosa. El art\u00edculo quince limita la ocupaci\u00f3n a los bienes o derechos estrictamente indispensables para el fin de la expropiaci\u00f3n, y el beneficiario debe presentar una relaci\u00f3n concreta e individualizada de los bienes que considera necesarios (art\u00edculo diecisiete). Cuando solo se expropia una parte de una finca y la conservaci\u00f3n del resto resulta antiecon\u00f3mica para el propietario, este puede pedir que la expropiaci\u00f3n comprenda la totalidad de la finca (art\u00edculo veintitr\u00e9s). Es una petici\u00f3n que conviene valorar pronto, porque un piso o una parcela amputados pueden perder buena parte de su valor real.<\/p>\n<p>La ley tambi\u00e9n define con qui\u00e9n se tramita el expediente. Seg\u00fan su art\u00edculo tercero, la Administraci\u00f3n considera propietario, salvo prueba en contrario, a quien figura como tal en los registros p\u00fablicos que producen presunci\u00f3n de titularidad, como el Registro de la Propiedad; en su defecto, a quien aparece en los registros fiscales y, finalmente, a quien lo es p\u00fablica y notoriamente. El art\u00edculo cuarto permite que intervengan tambi\u00e9n los titulares de derechos reales y de intereses econ\u00f3micos directos sobre el inmueble, as\u00ed como los arrendatarios, para cada uno de los cuales se abre un expediente incidental destinado a fijar su indemnizaci\u00f3n. Estas cuestiones pertenecen al <a href=\"https:\/\/kohenavocats.com\/es\/\">derecho civil y de la propiedad inmobiliaria<\/a>, donde la prueba de la titularidad y de las cargas decide muchas veces qui\u00e9n cobra y cu\u00e1nto. Una herencia no inscrita o un piso que sigue a nombre de un antiguo titular complican el expediente y, como se ver\u00e1, tambi\u00e9n el cobro.<\/p>\n<h3>B. \u00bfPueden expropiar una vivienda vac\u00eda? Lo que exige la ley y lo que dijo el Tribunal Constitucional<\/h3>\n<p>Una de las b\u00fasquedas que m\u00e1s se repiten es la expropiaci\u00f3n de viviendas vac\u00edas. La Ley de Expropiaci\u00f3n Forzosa contempla desde su origen una expropiaci\u00f3n por incumplimiento de la funci\u00f3n social de la propiedad, regulada en sus art\u00edculos setenta y uno a setenta y cinco. Seg\u00fan el art\u00edculo setenta y uno, existe causa de inter\u00e9s social cuando una ley ha declarado expresamente la oportunidad de que un bien o una clase de bienes se utilicen en un sentido determinado y el propietario incumple esa directiva. Pero el art\u00edculo setenta y dos somete este supuesto a cuatro requisitos acumulativos. Primero, una declaraci\u00f3n positiva de que un bien o una categor\u00eda de bienes debe transformarse o utilizarse de una manera espec\u00edfica. Segundo, que esa declaraci\u00f3n se formule por ley o por decreto acordado en Consejo de Ministros. Tercero, que la ley contenga de forma inequ\u00edvoca la advertencia de expropiaci\u00f3n forzosa en caso de incumplimiento. Cuarto, que se haya fijado un plazo para cumplir esa funci\u00f3n y que, a su vencimiento, el propietario la haya incumplido total o sustancialmente.<\/p>\n<p>El procedimiento de esta expropiaci\u00f3n es el general, con las mismas garant\u00edas de informaci\u00f3n p\u00fablica, notificaci\u00f3n, audiencia de los interesados y recursos (art\u00edculo setenta y cinco). El propietario conserva el derecho a un justo precio, y la ley prev\u00e9 incluso que, si el bien se adjudica en subasta a un particular que se compromete a cumplir la funci\u00f3n desatendida y el precio obtenido supera el fijado en el expediente, la diferencia quede a beneficio del expropiado. Dicho de otro modo: la Ley de Expropiaci\u00f3n Forzosa no contiene una regla general que permita expropiar una vivienda por el solo hecho de estar vac\u00eda. Hace falta una norma espec\u00edfica que imponga el uso, fije un plazo y anuncie la expropiaci\u00f3n, y que respete adem\u00e1s las exigencias constitucionales sobre el tipo de norma utilizada y el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades aut\u00f3nomas.<\/p>\n<p>Ese \u00faltimo punto qued\u00f3 ilustrado por la <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/diario_boe\/txt.php?id=BOE-A-2015-6831\">Sentencia 93\/2015, de 14 de mayo de 2015<\/a>, dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional y publicada en el BOE. El recurso se dirig\u00eda contra un decreto-ley andaluz de 2013 de medidas para asegurar el cumplimiento de la funci\u00f3n social de la vivienda. El Tribunal anul\u00f3 el inciso que declaraba parte del contenido esencial del derecho de propiedad de la vivienda el deber de destinarla de forma efectiva al uso habitacional, porque regular de ese modo el r\u00e9gimen general del derecho de propiedad, razon\u00f3, \u00abest\u00e1 vedado a esta modalidad de disposici\u00f3n con fuerza de ley\u00bb, es decir, al decreto-ley. Pero precis\u00f3 el alcance de su decisi\u00f3n: \u00abEsta conclusi\u00f3n no significa que la configuraci\u00f3n constitucional del derecho de propiedad impida al legislador restringir de ese modo la amplitud de las facultades de uso y disposici\u00f3n del propietario de vivienda, an\u00e1lisis que no procede desarrollar en este momento\u00bb. La objeci\u00f3n se refer\u00eda, por tanto, a la forma: un deber de esa naturaleza exige una ley formal aprobada por un parlamento, no una norma de urgencia del Gobierno.<\/p>\n<p>La misma sentencia anul\u00f3 la disposici\u00f3n adicional segunda del decreto-ley, que declaraba de inter\u00e9s social la cobertura de la necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social afectadas por desahucios derivados de ejecuciones hipotecarias, a efectos de expropiar el uso de la vivienda durante un plazo m\u00e1ximo de tres a\u00f1os desde el lanzamiento. Aqu\u00ed el motivo fue competencial. Para el Tribunal, ese mecanismo chocaba con las medidas que el Estado hab\u00eda adoptado para la misma situaci\u00f3n en la Ley 1\/2013, la suspensi\u00f3n de los lanzamientos de deudores especialmente vulnerables y el fondo social de viviendas, dictadas en ejercicio de su competencia sobre las bases de la planificaci\u00f3n econ\u00f3mica del art\u00edculo 149.1.13.\u00aa de la Constituci\u00f3n. La norma auton\u00f3mica, dice la sentencia, \u00abarbitra un mecanismo por completo incompatible\u00bb con la estatal. En cambio, el Tribunal declar\u00f3 conforme a la Constituci\u00f3n el resto del precepto andaluz que defin\u00eda la vivienda deshabitada, siempre que se interprete como instrumento de fomento del alquiler, y desestim\u00f3 el recurso en todo lo dem\u00e1s.<\/p>\n<p>La sentencia tambi\u00e9n recuerda que esa ley andaluza combinaba varias herramientas para movilizar las viviendas deshabitadas: sanciones para ciertos propietarios personas jur\u00eddicas, intermediaci\u00f3n en el mercado del alquiler, aseguramiento de riesgos, medidas fiscales y subvenciones. La expropiaci\u00f3n es solo una de las respuestas posibles y, como se ve, la m\u00e1s exigente desde el punto de vista constitucional. Hay que a\u00f1adir una precauci\u00f3n: el decreto-ley examinado ya hab\u00eda sido derogado por una ley andaluza de octubre de 2013 cuando se dict\u00f3 la sentencia, y la legislaci\u00f3n auton\u00f3mica de vivienda ha seguido evolucionando desde entonces. La sentencia fija criterios constitucionales; no describe el derecho vigente en cada comunidad.<\/p>\n<p>\u00bfQu\u00e9 significa todo esto para un propietario hoy? En primer lugar, que una propuesta, un debate parlamentario o un anuncio pol\u00edtico sobre la expropiaci\u00f3n de viviendas vac\u00edas no produce ning\u00fan efecto jur\u00eddico mientras no se apruebe una norma, se publique en el bolet\u00edn oficial correspondiente y entre en vigor. En segundo lugar, que, aun aprobada, una norma de ese tipo tendr\u00eda que respetar la garant\u00eda del art\u00edculo 33.3 de la Constituci\u00f3n: causa declarada, indemnizaci\u00f3n y procedimiento con recursos. En tercer lugar, que la forma de la norma importa: seg\u00fan la doctrina de la Sentencia 93\/2015, la regulaci\u00f3n general del contenido del derecho de propiedad de la vivienda no puede hacerse por decreto-ley. Y en cuarto lugar, que la comunidad aut\u00f3noma no puede crear un mecanismo que contradiga las medidas estatales adoptadas para la misma situaci\u00f3n en el \u00e1mbito de la planificaci\u00f3n econ\u00f3mica.<\/p>\n<h2>II. Justiprecio y recursos: cu\u00e1nto te pagan y c\u00f3mo defenderte<\/h2>\n<h3>A. Precio de la expropiaci\u00f3n de una vivienda: c\u00f3mo se calcula el justiprecio<\/h3>\n<p>Antes de cualquier tasaci\u00f3n, la ley abre una puerta que conviene conocer. La Administraci\u00f3n y el propietario pueden convenir libremente la adquisici\u00f3n del bien por mutuo acuerdo; si no lo alcanzan en quince d\u00edas, el expediente sigue su curso, aunque el acuerdo sigue siendo posible en cualquier momento posterior (art\u00edculo veinticuatro de la Ley de Expropiaci\u00f3n Forzosa). A falta de acuerdo, el justo precio se fija en una pieza separada, con un expediente individual para cada propietario, salvo que el bien pertenezca en comunidad a varias personas o que varios bienes formen una unidad econ\u00f3mica (art\u00edculos veinticinco y veintis\u00e9is).<\/p>\n<p>La fecha de referencia de la valoraci\u00f3n es decisiva. El texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitaci\u00f3n Urbana se aplica a la fijaci\u00f3n del justiprecio en toda expropiaci\u00f3n, sea cual sea su finalidad y la legislaci\u00f3n que la motive, y dispone que la valoraci\u00f3n se refiere al momento de iniciaci\u00f3n del expediente de justiprecio individualizado o, si se sigue el procedimiento de tasaci\u00f3n conjunta, al de exposici\u00f3n al p\u00fablico del proyecto de expropiaci\u00f3n (art\u00edculo 34). La Ley de Expropiaci\u00f3n Forzosa a\u00f1ade que no se tienen en cuenta las plusval\u00edas que sean consecuencia directa del proyecto que da lugar a la expropiaci\u00f3n ni las previsibles para el futuro, y que las mejoras realizadas despu\u00e9s de la incoaci\u00f3n del expediente no se indemnizan, salvo que fueran indispensables para conservar el bien; las anteriores s\u00ed se indemnizan, excepto si se hicieron de mala fe (art\u00edculo treinta y seis).<\/p>\n<p>Para una vivienda situada en suelo urbanizado, la regla central est\u00e1 en el <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-2015-11723#a37\">texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitaci\u00f3n Urbana<\/a>, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7\/2015, de 30 de octubre. Su art\u00edculo 37.2 dispone: \u00abCuando se trate de suelo edificado o en curso de edificaci\u00f3n, el valor de la tasaci\u00f3n ser\u00e1 el superior de los siguientes\u00bb. El primero es la tasaci\u00f3n conjunta del suelo y de la edificaci\u00f3n existente que se ajuste a la legalidad, por el m\u00e9todo de comparaci\u00f3n, aplicado exclusivamente a los usos de esa edificaci\u00f3n. El segundo es el valor del suelo calculado por el m\u00e9todo residual, sin tener en cuenta la edificaci\u00f3n existente. El art\u00edculo 35 completa la regla: el suelo se valora en pleno dominio, libre de cargas, y \u00abLa valoraci\u00f3n de las edificaciones o construcciones tendr\u00e1 en cuenta su antig\u00fcedad y su estado de conservaci\u00f3n.\u00bb Si la edificaci\u00f3n ha quedado fuera de ordenaci\u00f3n, su valor se reduce en proporci\u00f3n al tiempo transcurrido de su vida \u00fatil.<\/p>\n<p>Para el expropiado, esto tiene una consecuencia pr\u00e1ctica. La discusi\u00f3n no gira en torno a lo que pag\u00f3 por el piso ni a lo que cree que vale, sino a si la Administraci\u00f3n ha aplicado correctamente el m\u00e9todo legal: si los inmuebles tomados como comparaci\u00f3n son de verdad comparables, si se ha considerado el estado real de la vivienda, si el uso y la edificabilidad son los que corresponden. La Ley de Expropiaci\u00f3n Forzosa excluye, para los inmuebles, los criterios estimativos libres que admite para otros bienes: el justiprecio de un inmueble se fija exclusivamente con el sistema de valoraci\u00f3n de la ley del suelo (art\u00edculo cuarenta y tres, en la redacci\u00f3n que le dio el texto refundido de 2015). Si la vivienda est\u00e1 en suelo rural, el m\u00e9todo cambia: el terreno se tasa por capitalizaci\u00f3n de la renta anual real o potencial de la explotaci\u00f3n, sin incluir expectativas urban\u00edsticas que no se hayan realizado, y las edificaciones que deban valorarse aparte se tasan por su coste de reposici\u00f3n seg\u00fan su estado y antig\u00fcedad (art\u00edculos 35.3 y 36 del texto refundido).<\/p>\n<p>Al justiprecio se suma siempre un cinco por ciento en concepto de premio de afecci\u00f3n (art\u00edculo cuarenta y siete de la Ley de Expropiaci\u00f3n Forzosa). Si la vivienda est\u00e1 arrendada, el inquilino tiene un expediente incidental propio y una indemnizaci\u00f3n que fija el Jurado de Expropiaci\u00f3n conforme a la legislaci\u00f3n de arrendamientos y que paga la Administraci\u00f3n o la entidad expropiante (art\u00edculos cuarto y cuarenta y cuatro). Cuando la finca soporta cargas, como una hipoteca o un usufructo, el texto refundido permite a la Administraci\u00f3n elegir entre fijar el justiprecio de cada derecho por separado o valorar el inmueble en su conjunto y consignar su importe ante el \u00f3rgano judicial, que distribuir\u00e1 la parte que corresponde a cada interesado (art\u00edculo 35.4).<\/p>\n<p>Quien vive en la vivienda expropiada tiene adem\u00e1s una protecci\u00f3n espec\u00edfica en las actuaciones sobre el medio urbano, es decir, en las operaciones de rehabilitaci\u00f3n, regeneraci\u00f3n o renovaci\u00f3n urbana que obligan a desalojar a los ocupantes legales de su residencia habitual. En ese caso, cuando se act\u00faa por expropiaci\u00f3n, la Administraci\u00f3n expropiante o el beneficiario deben garantizar el realojamiento, poniendo a disposici\u00f3n de los afectados viviendas en las condiciones de venta o alquiler de las viviendas protegidas y con una superficie adecuada a sus necesidades. La entrega de la vivienda de reemplazo, en el mismo r\u00e9gimen en que se ocupaba la expropiada, equivale al pago del justiprecio, salvo que el expropiado prefiera cobrar en met\u00e1lico, en cuyo caso pierde el derecho de realojo (art\u00edculo 19 del texto refundido). Ese derecho es personal e intransferible, salvo para los herederos forzosos o el c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite que compartan con el titular la vivienda como residencia habitual.<\/p>\n<p>Una vez fijado el justiprecio, la Administraci\u00f3n debe pagarlo en un plazo m\u00e1ximo de seis meses (art\u00edculo cuarenta y ocho de la Ley de Expropiaci\u00f3n Forzosa). Si el propietario reh\u00fasa cobrar o existe un litigio, la cantidad discutida se consigna en la Caja General de Dep\u00f3sitos, pero el expropiado tiene derecho a recibir, incluso con un recurso pendiente, la parte en la que hay conformidad con la Administraci\u00f3n (art\u00edculo cincuenta). La ley prev\u00e9 dos tipos de intereses. Los primeros compensan la demora en la fijaci\u00f3n: si pasan seis meses desde la iniciaci\u00f3n legal del expediente sin que el justo precio se haya determinado por resoluci\u00f3n definitiva, la Administraci\u00f3n culpable de la demora abona el inter\u00e9s legal del justiprecio hasta su determinaci\u00f3n (art\u00edculo cincuenta y seis). Los segundos compensan la demora en el pago: el justiprecio devenga el inter\u00e9s legal desde que vencen los seis meses del art\u00edculo cuarenta y ocho hasta que se paga (art\u00edculo cincuenta y siete). Si transcurren cuatro a\u00f1os sin que el justiprecio se pague ni se consigne, procede una nueva valoraci\u00f3n, la llamada retasaci\u00f3n (art\u00edculo cincuenta y ocho).<\/p>\n<p>Para cobrar, el expropiado debe acreditar su derecho. El texto refundido de la Ley de Suelo exige que los interesados aporten una certificaci\u00f3n registral a su favor o, en su defecto, los t\u00edtulos que justifiquen su derecho, completados con certificaciones negativas del Registro de la Propiedad sobre la misma finca; si existen cargas, deben comparecer sus titulares, y en caso contrario la cantidad se consigna (art\u00edculo 43.4). Quien tenga una herencia pendiente de inscripci\u00f3n o un t\u00edtulo que no refleja la realidad tiene inter\u00e9s en regularizar su situaci\u00f3n cuanto antes, porque la ley tambi\u00e9n permite pagar a quien haya rectificado los pronunciamientos registrales contrarios a la realidad por los medios de la legislaci\u00f3n hipotecaria o mediante acta de notoriedad (art\u00edculo 43.5).<\/p>\n<h3>B. Plazos para recurrir una expropiaci\u00f3n: hoja de aprecio, jurado y recurso contencioso-administrativo<\/h3>\n<p>Los plazos de una expropiaci\u00f3n son cortos y empiezan a correr antes de que se hable de dinero. La relaci\u00f3n de bienes que presenta el beneficiario se somete a informaci\u00f3n p\u00fablica durante quince d\u00edas (art\u00edculo dieciocho de la Ley de Expropiaci\u00f3n Forzosa). En ese tr\u00e1mite, cualquier persona puede aportar por escrito datos para corregir errores de la relaci\u00f3n u oponerse, por razones de fondo o de forma, a la necesidad de la ocupaci\u00f3n, indicando qu\u00e9 otros bienes ser\u00edan preferibles para el fin perseguido (art\u00edculo diecinueve). Despu\u00e9s, el acuerdo de necesidad de ocupaci\u00f3n inicia formalmente el expediente expropiatorio; se publica y se notifica individualmente a cada interesado en la parte que le afecta (art\u00edculo veintiuno). La Ley 39\/2015, de procedimiento administrativo com\u00fan, obliga a que toda notificaci\u00f3n indique si el acto pone fin o no a la v\u00eda administrativa, qu\u00e9 recursos proceden, ante qu\u00e9 \u00f3rgano y en qu\u00e9 plazo (art\u00edculo 40.2). Esa informaci\u00f3n debe leerse el mismo d\u00eda en que se recibe la notificaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Llega entonces la fase del precio. La Administraci\u00f3n requiere al propietario para que, en el plazo de veinte d\u00edas desde el siguiente a la notificaci\u00f3n, presente su hoja de aprecio, en la que concreta el valor que atribuye al bien y formula las alegaciones que considere oportunas. La valoraci\u00f3n debe estar motivada y puede ir avalada por la firma de un perito, cuyos honorarios corren siempre a cargo del propietario (art\u00edculo veintinueve). La Administraci\u00f3n dispone de otros veinte d\u00edas para aceptarla o rechazarla. Si la acepta, el justo precio queda fijado y debe pagarse antes de la ocupaci\u00f3n. Si la rechaza, emite su propia hoja de aprecio fundada, que se notifica al propietario; este tiene diez d\u00edas para aceptarla sin m\u00e1s o rechazarla, alegando los m\u00e9todos de valoraci\u00f3n que considere adecuados y aportando las pruebas que justifiquen su valoraci\u00f3n (art\u00edculo treinta). Conviene preparar la hoja de aprecio con rigor desde el principio, porque es la valoraci\u00f3n que el propietario defender\u00e1 durante todo el procedimiento.<\/p>\n<p>Si el propietario rechaza el precio ofrecido, el expediente pasa al Jurado provincial de expropiaci\u00f3n (art\u00edculo treinta y uno). Se trata de un \u00f3rgano administrativo presidido por un magistrado designado por el presidente de la audiencia correspondiente, del que forman parte un Abogado del Estado, dos funcionarios t\u00e9cnicos, un representante de la c\u00e1mara, colegio profesional u organizaci\u00f3n empresarial que corresponda seg\u00fan el tipo de bien, un notario y el interventor territorial (art\u00edculo treinta y dos). El Jurado decide sobre el justo precio a la vista de las dos hojas de aprecio (art\u00edculo treinta y cuatro), y su resoluci\u00f3n debe estar motivada, con explicaci\u00f3n de los criterios de valoraci\u00f3n aplicados. Esa resoluci\u00f3n pone fin a la v\u00eda administrativa y contra ella procede el recurso contencioso-administrativo (art\u00edculo treinta y cinco).<\/p>\n<p>Frente a un acto que pone fin a la v\u00eda administrativa, la Ley 39\/2015 ofrece dos caminos: interponer un recurso potestativo de reposici\u00f3n ante el mismo \u00f3rgano, en el plazo de un mes, o acudir directamente a los tribunales (art\u00edculos 123 y 124); si se elige la reposici\u00f3n, no puede presentarse el recurso judicial hasta que se resuelva o se entienda desestimada. El plazo judicial lo fija la <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-1998-16718#a46\">Ley 29\/1998, reguladora de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso-administrativa<\/a>, cuyo art\u00edculo 46.1 dispone: \u00abEl plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo ser\u00e1 de dos meses contados desde el d\u00eda siguiente al de la publicaci\u00f3n de la disposici\u00f3n impugnada o al de la notificaci\u00f3n o publicaci\u00f3n del acto que ponga fin a la v\u00eda administrativa, si fuera expreso.\u00bb Si se interpuso reposici\u00f3n, los dos meses se cuentan desde el d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n de su resoluci\u00f3n expresa o desde que deba entenderse desestimada (art\u00edculo 46.4). El \u00f3rgano judicial competente depende de la Administraci\u00f3n que dicta el acto, conforme a los art\u00edculos 8 y 10 de esa ley, y debe figurar en la notificaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Durante el proceso, el expropiado puede pedir medidas cautelares en cualquier estado del procedimiento. La ley de la jurisdicci\u00f3n permite acordarlas cuando la ejecuci\u00f3n del acto pudiera hacer perder su finalidad leg\u00edtima al recurso, tras valorar todos los intereses en conflicto, y permite denegarlas si de ellas pudiera seguirse una perturbaci\u00f3n grave de los intereses generales o de terceros (art\u00edculos 129 y 130). En materia de expropiaci\u00f3n, el inter\u00e9s p\u00fablico de la obra forma parte de esa ponderaci\u00f3n, de modo que quien pida la suspensi\u00f3n debe explicar con precisi\u00f3n qu\u00e9 perjuicio irreparable le causar\u00eda la ocupaci\u00f3n inmediata.<\/p>\n<p>La ocupaci\u00f3n urgente altera ese calendario. De forma excepcional, la Administraci\u00f3n del Estado puede declarar, por acuerdo del Consejo de Ministros, urgente la ocupaci\u00f3n de los bienes afectados (art\u00edculo cincuenta y dos). En ese caso se entiende cumplido el tr\u00e1mite de necesidad de ocupaci\u00f3n y se notifica a los interesados, con una antelaci\u00f3n m\u00ednima de ocho d\u00edas y mediante c\u00e9dula, el d\u00eda y la hora en que se levantar\u00e1 el acta previa a la ocupaci\u00f3n, en la que se describen el bien, los derechos afectados y los datos \u00fatiles para valorarlos; los interesados pueden acudir acompa\u00f1ados de sus peritos y de un notario. La Administraci\u00f3n formula despu\u00e9s una hoja de dep\u00f3sito previo, calculado a partir de la riqueza imponible del inmueble, y fija una indemnizaci\u00f3n por los perjuicios derivados de la rapidez de la ocupaci\u00f3n, como la mudanza; una vez consignados el dep\u00f3sito y esa indemnizaci\u00f3n, puede ocupar el bien en el plazo m\u00e1ximo de quince d\u00edas. El justiprecio se fija despu\u00e9s por el cauce general y los intereses por demora en su determinaci\u00f3n se calculan desde el d\u00eda siguiente al de la ocupaci\u00f3n.<\/p>\n<p>La expropiaci\u00f3n tampoco es siempre definitiva. Si la obra no se ejecuta, si el servicio no se establece, si queda una parte sobrante o si desaparece la afectaci\u00f3n, el antiguo due\u00f1o o sus causahabientes pueden recuperar el bien mediante el derecho de reversi\u00f3n, devolviendo la indemnizaci\u00f3n actualizada conforme al \u00edndice de precios al consumo (art\u00edculos cincuenta y cuatro y cincuenta y cinco). El plazo para pedirla es de tres meses desde que la Administraci\u00f3n notifica el exceso de expropiaci\u00f3n, la desafectaci\u00f3n o su prop\u00f3sito de no ejecutar la obra; a falta de notificaci\u00f3n, la ley abre otras v\u00edas, por ejemplo cuando han pasado cinco a\u00f1os desde la toma de posesi\u00f3n sin iniciar la obra o el servicio. No hay reversi\u00f3n, entre otros casos, cuando el bien se afecta a otro fin de utilidad p\u00fablica o inter\u00e9s social, o cuando la afectaci\u00f3n se ha mantenido diez a\u00f1os desde la terminaci\u00f3n de la obra. En urbanismo, el art\u00edculo 47 del texto refundido de la Ley de Suelo regula supuestos propios de reversi\u00f3n y de retasaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Por \u00faltimo, la ley contempla los fallos m\u00e1s graves del procedimiento. Si la Administraci\u00f3n ocupa una vivienda sin t\u00edtulo, sin seguir el procedimiento o sin la indemnizaci\u00f3n que deb\u00eda preceder, act\u00faa por la v\u00eda de hecho: el propietario puede requerirle que cese y, si no atiende el requerimiento en diez d\u00edas, recurrir en plazos muy breves, de diez d\u00edas desde que termina el plazo del requerimiento o de veinte d\u00edas desde el inicio de la actuaci\u00f3n si no hubo requerimiento (art\u00edculo 46.3 de la ley de la jurisdicci\u00f3n). Y si el expediente expropiatorio se declara nulo, el expropiado tiene derecho a ser indemnizado siempre que acredite haber sufrido por esa causa un da\u00f1o efectivo e indemnizable (disposici\u00f3n adicional de la Ley de Expropiaci\u00f3n Forzosa).<\/p>\n<h2>Conclusi\u00f3n<\/h2>\n<p>La b\u00fasqueda \u00abexpropiaci\u00f3n\u00bb refleja una inquietud leg\u00edtima, pero el marco jur\u00eddico espa\u00f1ol es claro y protector. Ninguna vivienda puede expropiarse en Espa\u00f1a sin una causa de utilidad p\u00fablica o de inter\u00e9s social declarada conforme a la ley, sin una indemnizaci\u00f3n y sin un procedimiento con garant\u00edas, como exigen el art\u00edculo 33.3 de la Constituci\u00f3n y la Ley de Expropiaci\u00f3n Forzosa. Las viviendas vac\u00edas no constituyen una excepci\u00f3n: su expropiaci\u00f3n, de la propiedad o del uso, solo es posible si una norma espec\u00edfica impone su ocupaci\u00f3n, fija un plazo y anuncia la expropiaci\u00f3n, y esa norma debe respetar la forma de ley cuando regula el contenido general del derecho de propiedad y el reparto de competencias con el Estado, como record\u00f3 la Sentencia 93\/2015. Mientras no se publique y entre en vigor una norma de ese tipo, un anuncio o un debate no cambia nada para el propietario. Cuando la expropiaci\u00f3n llega, el precio se calcula con los m\u00e9todos del texto refundido de la Ley de Suelo, se incrementa con el cinco por ciento del premio de afecci\u00f3n y genera intereses si la Administraci\u00f3n tarda en fijarlo o en pagarlo. Los plazos son breves: quince d\u00edas en la informaci\u00f3n p\u00fablica, veinte para la hoja de aprecio, diez para responder a la oferta de la Administraci\u00f3n, un mes para la reposici\u00f3n y dos meses para el recurso contencioso-administrativo. Reunir desde el primer d\u00eda las escrituras, la nota del Registro, la descripci\u00f3n del estado de la vivienda, los contratos de arrendamiento y cualquier tasaci\u00f3n disponible es la mejor manera de defender un justiprecio a la altura del bien perdido.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En Espa\u00f1a, expropiar una vivienda exige causa legal, justiprecio y procedimiento. 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