{"id":2526746,"date":"2026-11-22T15:50:48","date_gmt":"2026-11-22T14:50:48","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/?p=2526746"},"modified":"2026-11-22T15:50:48","modified_gmt":"2026-11-22T14:50:48","slug":"agencia-valenciana-antifrau-canal-de-denuncias-proteccion-denunciante","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/es\/agencia-valenciana-antifrau-canal-de-denuncias-proteccion-denunciante\/","title":{"rendered":"Ag\u00e8ncia Valenciana Antifrau: canal de denuncias, denuncia an\u00f3nima y protecci\u00f3n del denunciante"},"content":{"rendered":"<p>La b\u00fasqueda \u00abag\u00e8ncia valenciana antifrau\u00bb figura desde el 16 de noviembre de 2026 entre las b\u00fasquedas en ascenso en Espa\u00f1a, y las consultas que la acompa\u00f1an en el buscador son muy pr\u00e1cticas: el canal de denuncias de la Agencia, sus funciones, la ley que la regula. Detr\u00e1s de ellas suele haber la misma situaci\u00f3n. Una persona que trabaja en un ayuntamiento, en una consejer\u00eda, en una universidad p\u00fablica o en una empresa contratista, o un simple vecino, ha visto algo que le parece irregular y se pregunta si puede contarlo, a qui\u00e9n, de qu\u00e9 manera, con qu\u00e9 riesgo y qu\u00e9 protecci\u00f3n tendr\u00e1 despu\u00e9s.<\/p>\n<p>Este art\u00edculo responde a esas preguntas seg\u00fan el derecho de Espa\u00f1a aplicable en la Comunitat Valenciana, donde la Agencia de Prevenci\u00f3n y Lucha contra el Fraude y la Corrupci\u00f3n, conocida como Ag\u00e8ncia Valenciana Antifrau, recibe e investiga denuncias sobre el sector p\u00fablico valenciano. La respuesta combina dos niveles de normas, la ley auton\u00f3mica que cre\u00f3 la Agencia y la ley estatal que protege a las personas que informan sobre infracciones, en la versi\u00f3n vigente el 22 de noviembre de 2026, fecha de redacci\u00f3n. Se trata de una informaci\u00f3n sobre derecho extranjero, firmada por Hassan Kohen, abogado del Colegio de Abogados de Par\u00eds.<\/p>\n<p>El m\u00e9todo expuesto es de alcance general. No se refiere a ning\u00fan expediente abierto ni a ninguna persona o entidad concreta, y los ejemplos que aparecen son hipot\u00e9ticos. Toda persona se\u00f1alada en una denuncia se presume inocente mientras los hechos y su eventual responsabilidad no queden establecidos por la autoridad competente.<\/p>\n<h2>I. \u00bfQu\u00e9 es la Ag\u00e8ncia Valenciana Antifrau y qu\u00e9 denuncias puede recibir?<\/h2>\n<h3>A. Ag\u00e8ncia Valenciana Antifrau: qu\u00e9 es, qu\u00e9 funciones tiene y qu\u00e9 ley la regula<\/h3>\n<p>La Agencia nace de la <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-2016-12048#a1-6\">Ley 11\/2016, de 28 de noviembre, de la Agencia de Prevenci\u00f3n y Lucha contra el Fraude y la Corrupci\u00f3n de la Comunitat Valenciana<\/a>, aprobada por Les Corts y publicada tambi\u00e9n en el Bolet\u00edn Oficial del Estado. Es una entidad con personalidad jur\u00eddica propia, adscrita a Les Corts y no al Gobierno auton\u00f3mico, y su propia ley insiste en esa posici\u00f3n: \u00abLa agencia act\u00faa con independencia de las administraciones p\u00fablicas en el ejercicio de sus funciones\u00bb. Desde la reforma introducida por la Ley 5\/2025, de 30 de mayo, de medidas fiscales, de gesti\u00f3n administrativa y financiera, y de organizaci\u00f3n de la Generalitat, vigente desde el 1 de junio de 2025, el art\u00edculo 1 de esa ley a\u00f1ade que \u00abLa Agencia se constituye como la autoridad independiente de protecci\u00f3n del informante de la Comunitat Valenciana\u00bb. Y su art\u00edculo 11 abre la puerta a cualquiera: \u00abCualquier persona puede dirigirse a la agencia para comunicar conductas que puedan ser susceptibles de ser investigadas o inspeccionadas por esta\u00bb.<\/p>\n<p>Las funciones de la Agencia est\u00e1n enumeradas en el art\u00edculo 4 de esa ley. La primera es preventiva: detectar y evitar el uso o el destino irregular de fondos p\u00fablicos y las conductas contrarias a la integridad, a la objetividad y al sometimiento pleno a la ley. La segunda es investigadora: examinar actos u omisiones que pudieran constituir una infracci\u00f3n administrativa, disciplinaria o penal y, seg\u00fan el resultado, instar la apertura de los procedimientos que correspondan para depurar responsabilidades. A ellas se suman el an\u00e1lisis de riesgos en la contrataci\u00f3n p\u00fablica, en las ayudas y subvenciones y en el acceso al empleo p\u00fablico, el asesoramiento y las recomendaciones a Les Corts, al Consell y a las entidades de su \u00e1mbito, y la formaci\u00f3n del personal p\u00fablico en materia de \u00e9tica e integridad.<\/p>\n<p>Para investigar, la ley le da poderes reales. Seg\u00fan su art\u00edculo 6, el personal habilitado de la Agencia puede presentarse en cualquier oficina o dependencia p\u00fablica para pedir informaci\u00f3n y examinar expedientes, registros, contabilidad y bases de datos, cualquiera que sea su soporte. Puede realizar entrevistas personales, en las que la persona entrevistada conserva sus derechos, incluidos el derecho a guardar silencio y la asistencia letrada. Puede pedir, si la legislaci\u00f3n lo permite, informaci\u00f3n sobre cuentas bancarias en las que se hayan efectuado pagos relacionados con contratos p\u00fablicos o con subvenciones, y hacer copias adveradas de los documentos. Los funcionarios que tienen atribuidas funciones inspectoras son agentes de la autoridad, y los documentos en los que recogen hechos constatados hacen prueba salvo que se acredite lo contrario. Las entidades y las personas incluidas en su \u00e1mbito est\u00e1n obligadas a colaborar, y quien obstaculiza la investigaci\u00f3n, se niega a entregar informaci\u00f3n o la entrega incompleta puede ser sancionado por la propia Agencia, con multas que el art\u00edculo 19 escalona de 200 a 5.000 euros para las infracciones leves, de 5.001 a 30.000 euros para las graves y de 30.001 a 400.000 euros para las muy graves.<\/p>\n<p>Conviene saber tambi\u00e9n lo que la Agencia no es. No es un juzgado, ni la Fiscal\u00eda, ni la polic\u00eda judicial. El art\u00edculo 5.2 de su ley, en la redacci\u00f3n dada por la Ley 5\/2025, lo dice expresamente y a\u00f1ade una regla de prioridad: si la autoridad judicial o el ministerio fiscal abren un procedimiento para determinar el alcance penal de hechos que la Agencia est\u00e1 investigando, esta debe interrumpir sus actuaciones y entregarles de inmediato toda la informaci\u00f3n de que dispone. Su potestad sancionadora tampoco recae sobre la corrupci\u00f3n en s\u00ed: se limita a las infracciones que su ley tipifica, como la obstrucci\u00f3n de la investigaci\u00f3n, la filtraci\u00f3n de informaci\u00f3n, el incumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n del denunciante o las denuncias manifiestamente falsas. Cuando aprecia una posible infracci\u00f3n disciplinaria, la comunica al \u00f3rgano competente; cuando aprecia indicios de delito, traslada los hechos al ministerio fiscal o a la autoridad judicial.<\/p>\n<p>La segunda pieza del sistema es estatal. Se trata de la <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-2023-4513#a3-8\">Ley 2\/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protecci\u00f3n de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupci\u00f3n<\/a>, en vigor desde el 13 de marzo de 2023, que incorpor\u00f3 al derecho espa\u00f1ol la directiva europea de 2019 sobre protecci\u00f3n de los denunciantes. Su art\u00edculo 16 permite acudir directamente al canal externo, sin pasar antes por el canal interno de la propia organizaci\u00f3n: \u00abToda persona f\u00edsica podr\u00e1 informar ante la Autoridad Independiente de Protecci\u00f3n del Informante, A.A.I., o ante las autoridades u \u00f3rganos auton\u00f3micos correspondientes\u00bb. Su art\u00edculo 17 admite la comunicaci\u00f3n sin identificarse: \u00abLa informaci\u00f3n puede llevarse a cabo de forma an\u00f3nima\u00bb. Su art\u00edculo 36 establece el principio central de todo el sistema: \u00abSe proh\u00edben expresamente los actos constitutivos de represalia, incluidas las amenazas de represalia y las tentativas de represalia\u00bb. Y su art\u00edculo 38 facilita la prueba al informante que se considera perjudicado, porque una vez que demuestra razonablemente que inform\u00f3 conforme a la ley y que sufri\u00f3 un perjuicio, \u00abse presumir\u00e1 que el perjuicio se produjo como represalia por informar o por hacer una revelaci\u00f3n p\u00fablica\u00bb.<\/p>\n<p>Las dos leyes se articulan entre s\u00ed. El art\u00edculo 2 de la ley valenciana, modificado por la Ley 3\/2024, de 27 de junio, dispone que el canal externo de denuncias de la Agencia se rige por su propia ley y su normativa de desarrollo, por la directiva europea y por la ley estatal, y que la persona denunciante goza de la protecci\u00f3n de la ley estatal y, adem\u00e1s, de la que prev\u00e9 la norma valenciana. Del lado estatal, el art\u00edculo 16.2 de la Ley 2\/2023 precisa que las referencias de su t\u00edtulo III a la Autoridad Independiente se entienden hechas, en su caso, a las autoridades auton\u00f3micas competentes. Un detalle de redacci\u00f3n merece se\u00f1alarse para no confundir al lector que consulte el texto: el apartado 4 del art\u00edculo 1 de la ley valenciana, tal como fue publicado, menciona una \u00abLey 2\/2003, del 20 de febrero\u00bb; la fecha y el t\u00edtulo completo que siguen identifican sin margen de duda la ley estatal de 2023.<\/p>\n<h3>B. Ag\u00e8ncia Valenciana Antifrau: qu\u00e9 hechos se pueden denunciar y contra qui\u00e9n<\/h3>\n<p>El primer filtro es subjetivo: la Agencia solo act\u00faa sobre determinadas entidades y personas. El art\u00edculo 3.1 de su ley, en la redacci\u00f3n de 2024, incluye la administraci\u00f3n de la Generalitat y su sector p\u00fablico instrumental; Les Corts y las instituciones estatutarias, como la Sindicatura de Comptes o el S\u00edndic de Greuges, en relaci\u00f3n con su actividad administrativa y presupuestaria; las entidades de la administraci\u00f3n local de la Comunitat Valenciana, como ayuntamientos, diputaciones o mancomunidades, con sus entes dependientes; las universidades p\u00fablicas valencianas; las corporaciones de derecho p\u00fablico, para su actividad sujeta al derecho administrativo; y las asociaciones constituidas por administraciones p\u00fablicas.<\/p>\n<p>La lista alcanza tambi\u00e9n a sujetos privados, pero con l\u00edmites precisos. Las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas concesionarias de servicios o perceptoras de ayudas o subvenciones p\u00fablicas entran en el \u00e1mbito de la Agencia solo para comprobar el destino y el uso de esas ayudas. Los contratistas y subcontratistas que ejecutan obras p\u00fablicas o gestionan servicios p\u00fablicos entran en relaci\u00f3n con la gesti\u00f3n contable, econ\u00f3mica y financiera del servicio o de la obra y con las obligaciones que derivan del contrato o de la ley. Figuran adem\u00e1s los partidos pol\u00edticos, las organizaciones sindicales y empresariales, y cualquier entidad financiada mayoritariamente por administraciones p\u00fablicas o sometida a su dominio efectivo. Una empresa privada que no recibe fondos p\u00fablicos ni contrata con la administraci\u00f3n no queda, por regla general, bajo la investigaci\u00f3n de la Agencia en virtud de su ley propia.<\/p>\n<p>A esa lista se a\u00f1ade lo que deriva de la ley estatal. Su art\u00edculo 24.2 atribuye a la autoridad que designe cada comunidad aut\u00f3noma las comunicaciones que afectan al sector p\u00fablico auton\u00f3mico y local de su territorio y a las entidades del sector privado cuando el incumplimiento comunicado se circunscribe al territorio de esa comunidad. Como la ley valenciana designa a la Agencia autoridad independiente de protecci\u00f3n del informante con el \u00e1mbito y las funciones de la ley estatal, la combinaci\u00f3n de ambos textos conduce a que una persona que trabaja en una empresa privada pueda dirigirse a ella cuando la infracci\u00f3n que comunica se limita a la Comunitat Valenciana. Si la infracci\u00f3n produce efectos en m\u00e1s de una comunidad aut\u00f3noma, o afecta al sector p\u00fablico estatal, el art\u00edculo 24.1 reserva la competencia a la Autoridad Independiente de Protecci\u00f3n del Informante de \u00e1mbito estatal.<\/p>\n<p>El segundo filtro es material: qu\u00e9 hechos. El art\u00edculo 3.2 de la ley valenciana define cuatro grupos de conductas. La corrupci\u00f3n, entendida como el uso o la desviaci\u00f3n de poder o de recursos p\u00fablicos para fines distintos de los concedidos, o el abuso del poder p\u00fablico para obtener ventajas particulares, propias o de terceros. El fraude, entendido como el acto que elude de forma enga\u00f1osa una disposici\u00f3n legal o el uso inapropiado y perjudicial de los recursos de una organizaci\u00f3n. Las irregularidades administrativas y las infracciones administrativas o disciplinarias detr\u00e1s de las cuales hay una situaci\u00f3n potencial de fraude o de corrupci\u00f3n. Y, por \u00faltimo, las conductas contrarias a la objetividad, la imparcialidad, la eficacia, la integridad o el buen gobierno, incluida la realizaci\u00f3n de gastos \u00absuperfluos e innecesarios\u00bb con fondos p\u00fablicos, constituyan o no una infracci\u00f3n directa de una norma. Este \u00faltimo grupo es el m\u00e1s amplio y explica que la Agencia pueda examinar pr\u00e1cticas que, sin ser ilegales en sentido estricto, deterioran la gesti\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n<p>La ley estatal utiliza otro criterio. Su art\u00edculo 2 protege a quien informa sobre infracciones del derecho de la Uni\u00f3n Europea en determinados \u00e1mbitos y sobre acciones u omisiones que puedan constituir una infracci\u00f3n penal o una infracci\u00f3n administrativa grave o muy grave, incluidas en todo caso las que causan un perjuicio econ\u00f3mico a la Hacienda P\u00fablica o a la Seguridad Social. Su art\u00edculo 35.2 excluye de la protecci\u00f3n las informaciones vinculadas a conflictos interpersonales o que solo afectan al informante y a la persona a la que se refieren, las que ya est\u00e1n completamente disponibles para el p\u00fablico y los meros rumores. Un desacuerdo personal con un superior sobre un horario o unas vacaciones no se canaliza, por tanto, a trav\u00e9s de este sistema, sino por las v\u00edas laborales o de funci\u00f3n p\u00fablica ordinarias.<\/p>\n<p>Algunos ejemplos hipot\u00e9ticos ayudan a situar los casos. Un contrato de obra dividido artificialmente en varios contratos menores para evitar la licitaci\u00f3n, el pago de una factura por trabajos que no se realizaron, una subvenci\u00f3n destinada a un fin distinto del concedido, un proceso de selecci\u00f3n de personal con preguntas filtradas a un candidato, el uso privado y reiterado de un veh\u00edculo municipal o un conflicto de intereses no declarado en una adjudicaci\u00f3n encajan en las categor\u00edas del art\u00edculo 3.2. Varios de esos hechos pueden adem\u00e1s constituir delitos contra la administraci\u00f3n p\u00fablica, como la prevaricaci\u00f3n, el cohecho o la malversaci\u00f3n; en ese caso, la Agencia no es la \u00faltima palabra, porque los traslada al ministerio fiscal, y quien los conoce puede tambi\u00e9n acudir directamente a la Fiscal\u00eda, a la polic\u00eda o al juzgado de guardia.<\/p>\n<p>Estas categor\u00edas se cruzan constantemente con el derecho penal de la corrupci\u00f3n y del fraude, que se trata con m\u00e1s detalle en la <a href=\"https:\/\/kohenavocats.com\/es\/\">informaci\u00f3n jur\u00eddica en espa\u00f1ol sobre derecho penal de un abogado del Colegio de Abogados de Par\u00eds<\/a>. La elecci\u00f3n entre la v\u00eda administrativa de la Agencia y la v\u00eda penal no es excluyente: una misma persona puede informar a la Agencia de una irregularidad y, si despu\u00e9s aparecen indicios de delito, ver c\u00f3mo el expediente pasa a la Fiscal\u00eda por decisi\u00f3n de la propia Agencia o por iniciativa del juez.<\/p>\n<h2>II. \u00bfC\u00f3mo denunciar ante la Ag\u00e8ncia Valenciana Antifrau y qu\u00e9 protecci\u00f3n tiene el denunciante?<\/h2>\n<h3>A. Canal de denuncias de la Ag\u00e8ncia Valenciana Antifrau: c\u00f3mo presentar la denuncia, anonimato y plazos<\/h3>\n<p>Antes de escribir, hay que elegir la v\u00eda. La ley estatal ofrece tres. La primera es el sistema interno de informaci\u00f3n de la propia entidad, que el art\u00edculo 13 de la Ley 2\/2023 impone a todas las entidades del sector p\u00fablico, desde la administraci\u00f3n auton\u00f3mica hasta los ayuntamientos, las universidades p\u00fablicas, las corporaciones de derecho p\u00fablico y las sociedades p\u00fablicas; su art\u00edculo 4 lo presenta como el cauce preferente siempre que la infracci\u00f3n pueda tratarse de forma efectiva y el informante considere que no hay riesgo de represalia. La segunda es el canal externo, que en la Comunitat Valenciana corresponde a la Agencia y al que, como se ha visto, se puede acudir directamente. La tercera es la v\u00eda penal cl\u00e1sica, ante la Fiscal\u00eda, la polic\u00eda o el juzgado. Cuando el autor de la irregularidad es precisamente quien controla el canal interno, o cuando la represalia parece probable, el canal externo suele ser la opci\u00f3n m\u00e1s segura.<\/p>\n<p>El contenido de la denuncia es decisivo. El art\u00edculo 12 de la ley valenciana, en su redacci\u00f3n de 2025, dispone que la Agencia comprueba primero que la denuncia contiene una \u00abrelaci\u00f3n descriptiva de hechos presuntamente cometidos\u00bb y que esos hechos est\u00e1n dentro de su \u00e1mbito de actuaci\u00f3n, y que solo inicia una investigaci\u00f3n cuando aprecia \u00abindicios razonables de veracidad\u00bb. En la pr\u00e1ctica, eso significa describir hechos y no opiniones: qu\u00e9 ocurri\u00f3, cu\u00e1ndo, d\u00f3nde, en qu\u00e9 expediente, contrato o convocatoria, qu\u00e9 \u00f3rgano o qu\u00e9 cargo intervino, qu\u00e9 importe est\u00e1 en juego y qu\u00e9 documentos o testigos pueden confirmarlo. Un n\u00famero de expediente, una fecha de resoluci\u00f3n o la referencia de una licitaci\u00f3n permiten a la Agencia verificar con rapidez lo que se le cuenta. Los documentos deben haberse obtenido de forma l\u00edcita: el art\u00edculo 14 de la ley valenciana excluye su estatuto protector cuando la informaci\u00f3n es falsa, tergiversada u obtenida de manera il\u00edcita, y el art\u00edculo 38.2 de la ley estatal solo exime de responsabilidad por la adquisici\u00f3n de la informaci\u00f3n cuando esa adquisici\u00f3n no constituye un delito. Acceder a un sistema inform\u00e1tico sin autorizaci\u00f3n o llevarse expedientes que no se tienen derecho a consultar puede convertir al denunciante en investigado.<\/p>\n<p>La cuesti\u00f3n del anonimato merece una decisi\u00f3n meditada. El art\u00edculo 11.2 de la ley valenciana permite a quien informa pedir que se garantice la confidencialidad de su identidad, y obliga al personal de la Agencia a mantenerla salvo requerimiento judicial. La ley estatal va m\u00e1s lejos: adem\u00e1s de admitir la comunicaci\u00f3n an\u00f3nima, su art\u00edculo 21 reconoce al informante el derecho a elegir entre comunicar de forma an\u00f3nima o identificada, a hacerlo por escrito o verbalmente, a indicar un domicilio, un correo electr\u00f3nico o un lugar seguro para recibir comunicaciones, a renunciar a recibirlas, a comparecer asistido de abogado, a pedir que esa comparecencia se haga por videoconferencia y a conocer el estado de la tramitaci\u00f3n y el resultado de la investigaci\u00f3n. El anonimato protege frente a la exposici\u00f3n, pero tiene un coste: la Agencia no puede pedir aclaraciones ni informar del curso del expediente, y una denuncia an\u00f3nima imprecisa corre el riesgo de no superar el filtro de verosimilitud. La denuncia confidencial, en la que el nombre consta pero queda reservado, permite en cambio un di\u00e1logo con los investigadores. Si una persona que inform\u00f3 de forma an\u00f3nima es identificada m\u00e1s tarde, el art\u00edculo 35.3 de la ley estatal le conserva la protecci\u00f3n siempre que cumpla las dem\u00e1s condiciones.<\/p>\n<p>La reserva de identidad no es absoluta, y conviene saberlo antes de presentar la denuncia. El art\u00edculo 33 de la Ley 2\/2023 permite comunicar la identidad del informante a la autoridad judicial, al ministerio fiscal o a la autoridad administrativa competente en el marco de una investigaci\u00f3n penal, disciplinaria o sancionadora. En ese caso, el informante debe ser avisado antes de que se revele su identidad, salvo que el aviso pueda comprometer la investigaci\u00f3n o el procedimiento judicial, y recibir un escrito que explique los motivos. Quien denuncia hechos que pueden acabar en un juicio penal debe contar con la posibilidad de ser llamado como testigo.<\/p>\n<p>Los plazos dependen del texto que se aplique. La ley valenciana fija, para la Agencia, un m\u00e1ximo de tres meses desde la presentaci\u00f3n de la denuncia para que la direcci\u00f3n decida abrir una investigaci\u00f3n o archivar, y precisa que si el denunciante rectifica o ampl\u00eda los datos aportados empieza a correr un plazo nuevo. Abierta la investigaci\u00f3n, el art\u00edculo 13 limita su duraci\u00f3n a seis meses desde el acuerdo de inicio, prorrogables de forma motivada por otros seis como m\u00e1ximo. La ley estatal, para las actuaciones de la Autoridad Independiente, que su art\u00edculo 16.2 extiende en su caso a las autoridades auton\u00f3micas, prev\u00e9 un acuse de recibo en un plazo de cinco d\u00edas h\u00e1biles, una decisi\u00f3n sobre la admisi\u00f3n en un plazo m\u00e1ximo de diez d\u00edas h\u00e1biles desde el registro, comunicada al informante en los cinco d\u00edas h\u00e1biles siguientes, y una respuesta en un plazo que no puede superar tres meses. Guardar el acuse de recibo y anotar la fecha de presentaci\u00f3n sirve para controlar esos plazos y, si llega a producirse una represalia, para demostrar que la denuncia exist\u00eda antes de la medida perjudicial.<\/p>\n<p>Al t\u00e9rmino de la investigaci\u00f3n, el art\u00edculo 16 de la ley valenciana ofrece varias salidas. La direcci\u00f3n de la Agencia emite un informe motivado con sus conclusiones, que se remite al \u00f3rgano competente, el cual debe informar despu\u00e9s de las medidas adoptadas o de las razones por las que no sigue las recomendaciones. El expediente puede archivarse, y el archivo se comunica al denunciante por escrito motivado. La Agencia puede abrir un procedimiento sancionador por las infracciones de su propia ley, comunicar al \u00f3rgano competente los indicios de infracci\u00f3n disciplinaria, trasladar de inmediato al ministerio fiscal o a la autoridad judicial los hechos que puedan constituir delito y remitir a la jurisdicci\u00f3n contable los casos de posible responsabilidad contable. Puede tambi\u00e9n dirigir recomendaciones a las administraciones para que modifiquen o revisen actos y pr\u00e1cticas, y elevar informes extraordinarios a Les Corts cuando la relevancia de los hechos lo justifica.<\/p>\n<p>El denunciante no es, sin embargo, parte en el expediente. El art\u00edculo 20.5 de la Ley 2\/2023 establece que presentar una comunicaci\u00f3n no confiere por s\u00ed sola la condici\u00f3n de interesado, y su art\u00edculo 13.5 dispone que las decisiones de los organismos p\u00fablicos con funciones de comprobaci\u00f3n o investigaci\u00f3n sobre las informaciones recibidas no son recurribles en v\u00eda administrativa ni contencioso-administrativa. Si la Agencia archiva, el denunciante que sigue convencido de la existencia de un delito conserva la posibilidad de presentar su denuncia ante la Fiscal\u00eda, la polic\u00eda o el juzgado, y puede dirigirse a otros \u00f3rganos de control cuando los hechos entran en sus competencias.<\/p>\n<p>Los empleados p\u00fablicos tienen, adem\u00e1s, un deber espec\u00edfico. El art\u00edculo 11.3 de la ley valenciana obliga a las autoridades, a los empleados p\u00fablicos y a quienes ejercen funciones p\u00fablicas a comunicar inmediatamente a la Agencia los hechos que puedan ser objeto de su investigaci\u00f3n, sin perjuicio de las obligaciones de denuncia que impone la legislaci\u00f3n procesal penal. Esas obligaciones figuran en la <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-1882-6036#a262\">Ley de Enjuiciamiento Criminal<\/a>, cuyo art\u00edculo 262 dispone: \u00abLos que por raz\u00f3n de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de alg\u00fan delito p\u00fablico, estar\u00e1n obligados a denunciarlo inmediatamente\u00bb. El mismo texto precisa, en su art\u00edculo 264, que quien conoce por otros medios un delito perseguible de oficio debe denunciarlo \u00absin que se entienda obligado por esto a probar los hechos denunciados ni a formalizar querella\u00bb. Denunciar no exige, por tanto, tener la prueba completa; exige describir con honestidad lo que se sabe.<\/p>\n<p>Para los cargos y funcionarios que dudan antes de firmar o tramitar un expediente, la Ley 5\/2025 a\u00f1adi\u00f3 a la ley valenciana un art\u00edculo 5 bis con una herramienta preventiva. Cualquier funcionario o autoridad p\u00fablica que presta servicios en una entidad del \u00e1mbito de la Agencia puede plantearle consultas, solicitudes, alertas y comunicaciones preventivas sobre expedientes administrativos en tramitaci\u00f3n que a\u00fan no tienen resoluci\u00f3n definitiva. Esas consultas deben responderse en el plazo m\u00e1ximo de un mes. Es una v\u00eda \u00fatil para quien detecta una irregularidad en un expediente vivo y prefiere frenarla antes de que se consume.<\/p>\n<h3>B. Protecci\u00f3n del denunciante: represalias, nulidad, sanciones y riesgo de denuncia falsa<\/h3>\n<p>La protecci\u00f3n no depende de que la denuncia acabe demostrando una irregularidad. El art\u00edculo 35.1 de la ley estatal la reconoce a quien tiene motivos razonables para pensar que la informaci\u00f3n es veraz en el momento de comunicarla, aunque no aporte pruebas concluyentes, siempre que la informaci\u00f3n entre en el \u00e1mbito de la ley y se haya comunicado conforme a sus requisitos. La ley valenciana, por su parte, define de forma amplia a la persona denunciante en su art\u00edculo 14: cualquier persona f\u00edsica o jur\u00eddica que comunica hechos que pueden dar lugar a responsabilidades legales, ante la propia Agencia, ante otro \u00f3rgano administrativo, ante el ministerio fiscal o ante la autoridad judicial. Las personas denunciantes de buena fe reciben, \u00absin necesidad de previa declaraci\u00f3n o reconocimiento\u00bb, asesor\u00eda legal sobre los hechos denunciados y la garant\u00eda de confidencialidad de su identidad. Las dos leyes no tienen el mismo radio: la protecci\u00f3n estatal frente a represalias est\u00e1 pensada sobre todo para quien informa desde un contexto laboral o profesional, mientras que el estatuto valenciano alcanza a cualquier denunciante.<\/p>\n<p>El estatuto valenciano incluye medidas concretas. La Agencia debe velar para que el denunciante no sufra, durante la investigaci\u00f3n ni despu\u00e9s, aislamiento, persecuci\u00f3n, empeoramiento de sus condiciones laborales o profesionales ni ninguna otra forma de perjuicio o discriminaci\u00f3n. Si tiene conocimiento de actos de intimidaci\u00f3n o de represalia, puede adoptar las acciones correctoras o de restablecimiento que considere oportunas. A petici\u00f3n del denunciante, puede instar al \u00f3rgano competente a trasladarlo a otro puesto sin perjuicio para su carrera y, de forma excepcional, a concederle un permiso temporal con mantenimiento de la retribuci\u00f3n. El denunciante puede pedirle asesoramiento en los procedimientos que se dirijan contra \u00e9l a causa de la denuncia, y la protecci\u00f3n puede mantenerse, mediante resoluci\u00f3n de la Agencia, m\u00e1s all\u00e1 del final de la investigaci\u00f3n. Un punto de procedimiento tiene consecuencias pr\u00e1cticas: seg\u00fan el art\u00edculo 14.3, la falta de resoluci\u00f3n expresa en los procedimientos de protecci\u00f3n del denunciante tiene \u00abefectos desestimatorios\u00bb, de modo que el silencio de la Agencia equivale a una negativa y permite al solicitante actuar en consecuencia.<\/p>\n<p>La ley estatal describe con precisi\u00f3n lo que es una represalia. Su art\u00edculo 36.3 enumera, a t\u00edtulo de ejemplo, la suspensi\u00f3n del contrato, el despido o la extinci\u00f3n de la relaci\u00f3n laboral o estatutaria, la no renovaci\u00f3n o la terminaci\u00f3n anticipada de un contrato temporal, la imposici\u00f3n de medidas disciplinarias, la degradaci\u00f3n o la denegaci\u00f3n de ascensos, las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, la no conversi\u00f3n de un contrato temporal en indefinido cuando hab\u00eda expectativas leg\u00edtimas, los da\u00f1os reputacionales, las coacciones, el acoso o el ostracismo, las evaluaciones o referencias negativas, la inclusi\u00f3n en listas negras, la denegaci\u00f3n o anulaci\u00f3n de una licencia o un permiso, la denegaci\u00f3n de formaci\u00f3n y cualquier trato discriminatorio. La \u00fanica salvedad son las medidas adoptadas en el ejercicio regular del poder de direcci\u00f3n por circunstancias, hechos o infracciones acreditados y ajenos a la denuncia.<\/p>\n<p>Las consecuencias para quien toma represalias son importantes. El art\u00edculo 36.5 declara nulos de pleno derecho los actos administrativos que impiden o dificultan la presentaci\u00f3n de comunicaciones y los que constituyen una represalia, y prev\u00e9 medidas disciplinarias o de responsabilidad, incluida la indemnizaci\u00f3n de los da\u00f1os y perjuicios. En el juicio sobre el despido, la sanci\u00f3n o el perjuicio, opera la presunci\u00f3n ya citada del art\u00edculo 38.4: corresponde a quien adopt\u00f3 la medida demostrar que se bas\u00f3 en motivos debidamente justificados y ajenos a la denuncia. El art\u00edculo 38 a\u00f1ade que el informante no incurre en responsabilidad por haber vulnerado una restricci\u00f3n de revelaci\u00f3n de informaci\u00f3n cuando ten\u00eda motivos razonables para considerar la comunicaci\u00f3n necesaria, salvo en el plano penal, y que en los procesos por difamaci\u00f3n, revelaci\u00f3n de secretos o protecci\u00f3n de datos puede alegar en su defensa haber informado conforme a la ley. La protecci\u00f3n cubre en principio dos a\u00f1os; el art\u00edculo 36.4 permite, de forma excepcional y motivada, prolongarla cuando los derechos del informante se ven lesionados despu\u00e9s de ese plazo.<\/p>\n<p>En el plano sancionador, la represalia contra un informante es una infracci\u00f3n muy grave seg\u00fan el art\u00edculo 63.1 de la ley estatal, como lo es vulnerar la confidencialidad o el anonimato. El art\u00edculo 65 prev\u00e9 para las personas f\u00edsicas multas de 30.001 a 300.000 euros en las infracciones muy graves y, para las personas jur\u00eddicas, de 600.001 a 1.000.000 de euros, a las que pueden a\u00f1adirse la amonestaci\u00f3n p\u00fablica, la prohibici\u00f3n de obtener subvenciones durante un m\u00e1ximo de cuatro a\u00f1os y la de contratar con el sector p\u00fablico durante un m\u00e1ximo de tres. La ley valenciana, por su lado, castiga como infracci\u00f3n muy grave el incumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n del denunciante cuando la falta de colaboraci\u00f3n causa un grave perjuicio al denunciante o a la investigaci\u00f3n, con multa de 30.001 a 400.000 euros. Estas sanciones administrativas pueden concurrir con el r\u00e9gimen disciplinario del funcionario o del trabajador responsable.<\/p>\n<p>Para la persona que sufre una represalia, el orden de las actuaciones importa. Primero, reunir la prueba de la denuncia, empezando por el acuse de recibo y su fecha, y la cronolog\u00eda de lo ocurrido despu\u00e9s: cambios de funciones, comunicaciones, evaluaciones, sanciones. Segundo, solicitar a la autoridad competente las medidas de apoyo del art\u00edculo 37 de la ley estatal, que incluyen informaci\u00f3n y asesoramiento completos e independientes sobre los procedimientos y los recursos disponibles, la certificaci\u00f3n de que la persona puede acogerse a la protecci\u00f3n de la ley, la asistencia jur\u00eddica en los procesos penales y, de forma excepcional, apoyo financiero y psicol\u00f3gico; y pedir a la Agencia las medidas del estatuto valenciano. Tercero, impugnar la medida perjudicial ante la jurisdicci\u00f3n competente dentro de los plazos, a menudo muy breves, que fija la legislaci\u00f3n laboral o de funci\u00f3n p\u00fablica aplicable, sin esperar el resultado de la investigaci\u00f3n sobre los hechos denunciados.<\/p>\n<p>La protecci\u00f3n tiene un l\u00edmite claro: la mentira. El art\u00edculo 14 de la ley valenciana excluye el estatuto del denunciante cuando la denuncia proporciona informaci\u00f3n falsa, tergiversada u obtenida de manera il\u00edcita; en esos casos, la Agencia puede archivar tras una audiencia reservada y advertir al denunciante de las responsabilidades que podr\u00eda asumir. Las denuncias manifiestamente falsas son una infracci\u00f3n de esa misma ley, muy grave si causan graves perjuicios a la persona denunciada. La ley estatal califica tambi\u00e9n de muy grave comunicar o revelar p\u00fablicamente informaci\u00f3n a sabiendas de su falsedad. Y en el plano penal, el <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-1995-25444#a456\">C\u00f3digo Penal<\/a> castiga en su art\u00edculo 456 a quienes, \u00abcon conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad\u00bb, imputan a alguien hechos que constituir\u00edan una infracci\u00f3n penal ante un funcionario judicial o administrativo obligado a averiguarlos: prisi\u00f3n de seis meses a dos a\u00f1os y multa de doce a veinticuatro meses si se imputa un delito grave, multa de doce a veinticuatro meses si se trata de un delito menos grave y multa de tres a seis meses si es leve. El mismo art\u00edculo a\u00f1ade una garant\u00eda procesal: \u00abNo podr\u00e1 procederse contra el denunciante o acusador sino tras sentencia firme o auto tambi\u00e9n firme, de sobreseimiento o archivo\u00bb del juez o tribunal que conoci\u00f3 de la infracci\u00f3n imputada.<\/p>\n<p>La frontera entre el error y la falsedad es, por tanto, la que separa la protecci\u00f3n del riesgo. Quien describe con exactitud lo que ha visto, distingue entre lo que le consta y lo que supone y aporta los documentos de que dispone no comete ninguna infracci\u00f3n aunque la investigaci\u00f3n concluya que no hubo irregularidad. Lo que la ley sanciona es la acusaci\u00f3n construida a sabiendas de su falsedad o con un desprecio temerario por la verdad. Una f\u00f3rmula prudente consiste en redactar la denuncia en t\u00e9rminos de hechos verificables y de indicios, y no de culpabilidad.<\/p>\n<p>Las personas a las que se refiere la denuncia tambi\u00e9n tienen derechos, y conocerlos ayuda a calibrar el propio relato. El art\u00edculo 10 de la ley valenciana obliga a la Agencia a informar a la persona afectada en cuanto determina una posible implicaci\u00f3n individual, a darle audiencia y a no formular conclusiones personalizadas ni referencias nominales en sus informes sin que haya podido conocer los hechos y presentar alegaciones; el aviso solo puede diferirse cuando la investigaci\u00f3n exige un secreto absoluto. El art\u00edculo 39 de la ley estatal le garantiza la presunci\u00f3n de inocencia, el derecho de defensa, el acceso al expediente sin revelar la identidad del informante y la misma reserva de identidad que al denunciante. Por \u00faltimo, el art\u00edculo 40 de la ley estatal prev\u00e9 un supuesto particular: quien particip\u00f3 en una infracci\u00f3n administrativa y la comunica antes de que se le notifique la apertura del procedimiento puede quedar exento de la sanci\u00f3n administrativa, o ver atenuada su sanci\u00f3n, si ces\u00f3 en la conducta, coopera plenamente, aporta informaci\u00f3n veraz y relevante y repara el da\u00f1o que le es imputable. Esa regla no alcanza a la responsabilidad penal.<\/p>\n<h2>Conclusi\u00f3n<\/h2>\n<p>La Ag\u00e8ncia Valenciana Antifrau es, desde la reforma de 2025, la autoridad independiente de protecci\u00f3n del informante de la Comunitat Valenciana. Recibe denuncias de cualquier persona sobre el sector p\u00fablico valenciano, sobre los contratistas y los beneficiarios de fondos p\u00fablicos en lo que concierne a esos fondos y, en virtud de la ley estatal, sobre las empresas privadas cuando la infracci\u00f3n se limita al territorio valenciano. No es un tribunal: investiga, recomienda, sanciona la obstrucci\u00f3n y la falsedad, y traslada al ministerio fiscal lo que puede ser delito.<\/p>\n<p>Para denunciar con eficacia, lo esencial es describir hechos concretos y verificables, con fechas, expedientes y documentos obtenidos de forma l\u00edcita, elegir con conocimiento de causa entre la denuncia identificada, la confidencial y la an\u00f3nima, y conservar el acuse de recibo. Los plazos de la ley valenciana, tres meses para decidir si se investiga y seis meses prorrogables para investigar, permiten seguir el expediente, aunque el denunciante no sea parte en \u00e9l ni pueda recurrir el archivo.<\/p>\n<p>La protecci\u00f3n descansa en dos leyes que se suman. La ley estatal proh\u00edbe toda represalia, declara nulos los actos que la materializan, presume que el perjuicio sufrido tras una comunicaci\u00f3n conforme a la ley es una represalia y sanciona a su autor con multas elevadas; la ley valenciana a\u00f1ade asesor\u00eda, confidencialidad y medidas de traslado o de permiso. Esa protecci\u00f3n cubre al denunciante de buena fe aunque su denuncia no se confirme, y desaparece ante la falsedad consciente, que puede acarrear sanciones administrativas y una condena penal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En la Comunitat Valenciana, qui\u00e9n puede denunciar ante la Ag\u00e8ncia Valenciana Antifrau, qu\u00e9 hechos investiga, si cabe la denuncia an\u00f3nima, qu\u00e9 plazos rigen y c\u00f3mo protege la ley al denunciante frente a 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