{"id":2526874,"date":"2026-11-22T16:52:37","date_gmt":"2026-11-22T15:52:37","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/?p=2526874"},"modified":"2026-11-22T16:52:37","modified_gmt":"2026-11-22T15:52:37","slug":"cayucos-que-pasa-con-los-inmigrantes-que-llegan-a-canarias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/es\/cayucos-que-pasa-con-los-inmigrantes-que-llegan-a-canarias\/","title":{"rendered":"Cayucos: qu\u00e9 pasa con los inmigrantes que llegan a Canarias y ad\u00f3nde van"},"content":{"rendered":"<p>La palabra \u00abcayucos\u00bb figura este domingo entre las b\u00fasquedas en ascenso en Espa\u00f1a, y las consultas que la acompa\u00f1an en el buscador apuntan a Canarias y a El Hierro, pero tambi\u00e9n a preguntas muy concretas: qu\u00e9 pasa con los inmigrantes que llegan a Canarias, ad\u00f3nde van, qu\u00e9 hacen con ellos las autoridades. Son preguntas que se hacen los vecinos de las islas, los familiares que esperan noticias desde otro pa\u00eds o desde la pen\u00ednsula, y las propias personas que acaban de desembarcar. Este art\u00edculo no relata ning\u00fan desembarco concreto: responde a esas preguntas desde el derecho.<\/p>\n<p>La respuesta se refiere al derecho de Espa\u00f1a aplicable en todo el territorio y, en la pr\u00e1ctica, en las islas Canarias, en la versi\u00f3n vigente el 22 de noviembre de 2026, fecha de redacci\u00f3n. Combina dos niveles de normas que hoy funcionan juntos: las leyes espa\u00f1olas de extranjer\u00eda y de asilo, con su reglamento, y los reglamentos europeos del Pacto de Migraci\u00f3n y Asilo, que se aplican directamente en Espa\u00f1a desde el 12 de junio de 2026 y han cambiado el recorrido de quien llega por mar. Se trata de una informaci\u00f3n sobre derecho extranjero, firmada por Hassan Kohen, abogado del Colegio de Abogados de Par\u00eds.<\/p>\n<p>El m\u00e9todo expuesto es de alcance general. No se refiere a ninguna persona, embarcaci\u00f3n ni expediente concretos, y los ejemplos que aparecen son hipot\u00e9ticos. La situaci\u00f3n de cada persona depende de su edad, de su nacionalidad, de su estado de salud, de que pida o no protecci\u00f3n internacional y de las decisiones que adopten las autoridades y los jueces en su caso.<\/p>\n<h2>I. \u00bfQu\u00e9 pasa en los primeros d\u00edas con los inmigrantes que llegan en cayuco a Canarias?<\/h2>\n<h3>A. Cayucos en Canarias: rescate, triaje europeo e identificaci\u00f3n en comisar\u00eda<\/h3>\n<p>Desde el 12 de junio de 2026, la primera etapa jur\u00eddica despu\u00e9s de un desembarco ya no es solo espa\u00f1ola. El Reglamento (UE) 2024\/1356, que introduce el llamado triaje de nacionales de terceros pa\u00edses en las fronteras exteriores, se aplica desde esa fecha en toda la Uni\u00f3n y, al tratarse de un reglamento, rige directamente en Espa\u00f1a sin necesidad de una ley que lo incorpore. Su art\u00edculo 5 lo extiende a dos grupos de personas que no cumplen las condiciones de entrada en el espacio Schengen: las que son aprehendidas al cruzar de forma no autorizada una frontera exterior por tierra, mar o aire, y las que han sido desembarcadas en el territorio de un Estado miembro despu\u00e9s de una operaci\u00f3n de b\u00fasqueda y salvamento. Una persona rescatada en el mar y llevada a puerto en Canarias entra, por tanto, en el \u00e1mbito del triaje, haya pedido o no asilo.<\/p>\n<p>El triaje tiene un contenido y una duraci\u00f3n fijados por el propio reglamento. Debe hacerse sin demora y terminar como m\u00e1ximo siete d\u00edas despu\u00e9s del desembarco. Comprende un reconocimiento m\u00e9dico preliminar, que sirve para detectar necesidades sanitarias urgentes o de aislamiento; un examen preliminar de vulnerabilidad, realizado por personal formado, para detectar si la persona puede ser menor, v\u00edctima de tortura o de trata, ap\u00e1trida o persona con necesidades especiales; la identificaci\u00f3n o verificaci\u00f3n de la identidad, con consulta de las bases de datos europeas; el registro de los datos biom\u00e9tricos en el sistema Eurodac; y una inspecci\u00f3n de seguridad. Todo ello queda recogido en un formulario de triaje que acompa\u00f1a a la persona en la fase siguiente. Durante esos d\u00edas, la persona tiene acceso a la atenci\u00f3n sanitaria de urgencia y debe ser informada de la finalidad del triaje, de sus derechos y obligaciones y de la posibilidad de solicitar protecci\u00f3n internacional.<\/p>\n<p>El reglamento a\u00f1ade dos reglas que explican por qu\u00e9 los primeros d\u00edas transcurren en lugares controlados. Mientras dura el triaje no se autoriza la entrada en el territorio, aunque la persona se encuentre f\u00edsicamente en Canarias, y cada Estado debe asegurar que permanezca a disposici\u00f3n de las autoridades en los lugares que designe, generalmente en las fronteras exteriores o cerca de ellas. Al final, el triaje no decide nada sobre el fondo: quien no ha pedido protecci\u00f3n internacional es derivado a las autoridades competentes para los procedimientos de retorno, y quien la ha pedido es derivado a las autoridades que registran su solicitud. El reglamento no precisa c\u00f3mo debe organizar cada Estado esa permanencia, y esa organizaci\u00f3n sigue sometida a las garant\u00edas nacionales sobre la libertad que se examinan en el apartado siguiente.<\/p>\n<p>En paralelo, el derecho espa\u00f1ol regula desde hace a\u00f1os el destino inmediato de las personas interceptadas en la costa. El <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-2024-24099#a2-5\">Reglamento de la Ley Org\u00e1nica 4\/2000, aprobado por el Real Decreto 1155\/2024, de 19 de noviembre<\/a>, vigente desde el 20 de mayo de 2025, dispone en su art\u00edculo 23 que las fuerzas encargadas de la custodia de costas y fronteras que intercepten a personas extranjeras que pretenden entrar irregularmente \u00ablos conducir\u00e1n con la mayor brevedad posible a la correspondiente comisar\u00eda del Cuerpo Nacional de Polic\u00eda, para que pueda procederse a su identificaci\u00f3n y, en su caso, a su devoluci\u00f3n\u00bb. El mismo art\u00edculo incluye expresamente entre quienes \u00abpretenden entrar irregularmente\u00bb a las personas interceptadas en la frontera o en sus inmediaciones, y atribuye la decisi\u00f3n de devoluci\u00f3n al Subdelegado o al Delegado del Gobierno.<\/p>\n<p>A la pregunta de ad\u00f3nde van los inmigrantes que llegan a Canarias, el derecho responde, por tanto, por etapas. Primero, a los lugares de triaje y a las dependencias policiales donde se identifica a cada persona. Despu\u00e9s, seg\u00fan el resultado, a una de tres v\u00edas: la protecci\u00f3n de menores si se trata de un ni\u00f1o o de una ni\u00f1a sin adultos responsables, el procedimiento de asilo si la persona pide protecci\u00f3n internacional, o el procedimiento de retorno si no la pide. La ley no fija un centro concreto para cada caso, salvo dos supuestos: el internamiento en un centro de internamiento de extranjeros exige autorizaci\u00f3n judicial y nunca puede afectar a menores, y los menores no acompa\u00f1ados quedan bajo la tutela de los servicios auton\u00f3micos de protecci\u00f3n.<\/p>\n<p>El examen de vulnerabilidad del triaje tiene consecuencias inmediatas en el derecho espa\u00f1ol. El mismo art\u00edculo 23 del Reglamento de extranjer\u00eda suspende la ejecuci\u00f3n de una devoluci\u00f3n cuando se trata de una mujer embarazada y la medida puede suponer un riesgo para la gestaci\u00f3n o para su salud, de una persona enferma para la que la medida suponga un riesgo, de una v\u00edctima de trata, o cuando existen indicios de que la persona puede ser menor de edad y no est\u00e1 acompa\u00f1ada. Por eso tiene tanta importancia lo que se declara y se observa en los primeros d\u00edas: la edad que la persona afirma tener, los adultos con los que viaja, las se\u00f1ales de violencia o de explotaci\u00f3n, el estado de salud.<\/p>\n<h3>B. Detenci\u00f3n de 72 horas, abogado, int\u00e9rprete y juez: los derechos desde el desembarco<\/h3>\n<p>La Constituci\u00f3n fija el l\u00edmite que ninguna norma puede rebasar. El <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-1978-31229#a17\">art\u00edculo 17 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola<\/a> reconoce a toda persona, sea cual sea su nacionalidad, el derecho a la libertad y a la seguridad, y establece que la detenci\u00f3n preventiva no puede durar m\u00e1s del tiempo estrictamente necesario y que, \u00aben el plazo m\u00e1ximo de setenta y dos horas, el detenido deber\u00e1 ser puesto en libertad o a disposici\u00f3n de la autoridad judicial\u00bb. El mismo art\u00edculo exige que la persona detenida sea informada de forma inmediata y comprensible de sus derechos y de las razones de su detenci\u00f3n, garantiza la asistencia de abogado en las diligencias policiales y judiciales, y remite a un procedimiento de habeas corpus para llevar de inmediato ante un juez a quien considere que est\u00e1 detenido ilegalmente.<\/p>\n<p>La ley de extranjer\u00eda concreta esas garant\u00edas para quien llega sin autorizaci\u00f3n. La <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-2000-544#a22\">Ley Org\u00e1nica 4\/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa\u00f1a y su integraci\u00f3n social<\/a>, dispone en su art\u00edculo 22 que los extranjeros que se hallen en Espa\u00f1a \u00abtienen derecho a asistencia letrada en los procedimientos administrativos que puedan llevar a su denegaci\u00f3n de entrada, devoluci\u00f3n, o expulsi\u00f3n del territorio espa\u00f1ol\u00bb y en todos los procedimientos de protecci\u00f3n internacional, as\u00ed como a un int\u00e9rprete si no comprenden o hablan la lengua oficial que se utilice. Esas asistencias son gratuitas para quien carece de recursos econ\u00f3micos suficientes seg\u00fan la normativa de asistencia jur\u00eddica gratuita. La persona que acaba de llegar en cayuco no necesita, por tanto, conocer a un abogado ni poder pagarlo para que su expediente de devoluci\u00f3n se tramite con defensa.<\/p>\n<p>El plazo de setenta y dos horas reaparece en la ley de extranjer\u00eda con un efecto preciso. Seg\u00fan su art\u00edculo 58, apartado 6: \u00abCuando la devoluci\u00f3n no se pudiera ejecutar en el plazo de 72 horas, se solicitar\u00e1 de la autoridad judicial la medida de internamiento prevista para los expedientes de expulsi\u00f3n\u00bb. Y el art\u00edculo 61 a\u00f1ade que, en cualquier supuesto de detenci\u00f3n, la puesta a disposici\u00f3n judicial debe producirse en un plazo no superior a setenta y dos horas. Una detenci\u00f3n no puede, por tanto, prolongarse m\u00e1s all\u00e1 de tres d\u00edas sin que la persona quede en libertad o sin que un juez intervenga para decidir si debe seguir privada de ella.<\/p>\n<p>El internamiento en un centro de internamiento de extranjeros es una medida judicial y limitada. El art\u00edculo 62 de la ley encarga la decisi\u00f3n al Juez de Instrucci\u00f3n del lugar de la detenci\u00f3n, que resuelve tras o\u00edr al interesado y al Ministerio Fiscal, mediante auto motivado y conforme al principio de proporcionalidad. El juez debe ponderar el riesgo de incomparecencia, la falta de domicilio o de documentaci\u00f3n, las actuaciones dirigidas a evitar la salida y la existencia de antecedentes, y, en caso de enfermedad grave, el riesgo que el internamiento supone para la salud. El texto dispone que el internamiento \u00abse mantendr\u00e1 por el tiempo imprescindible para los fines del expediente, siendo su duraci\u00f3n m\u00e1xima de 60 d\u00edas\u00bb, sin que pueda acordarse un nuevo internamiento por las mismas causas en el mismo expediente, y obliga a liberar inmediatamente a la persona cuando dejan de cumplirse las condiciones que lo justificaron.<\/p>\n<p>Dos prohibiciones completan este cuadro. Ning\u00fan menor puede ser internado en un centro de internamiento de extranjeros, y los menores no acompa\u00f1ados deben ser puestos a disposici\u00f3n de los servicios p\u00fablicos de protecci\u00f3n de menores. Adem\u00e1s, la ley atribuye al juez del lugar donde se encuentra el centro el control de la estancia de los internos y el conocimiento de sus quejas cuando afecten a sus derechos fundamentales.<\/p>\n<p>Para la persona afectada, o para quien la ayuda desde fuera, de todo ello se desprenden algunas comprobaciones pr\u00e1cticas. Conviene saber en qu\u00e9 fecha y a qu\u00e9 hora tuvo lugar el desembarco, porque de ese momento dependen el plazo de siete d\u00edas del triaje y el de setenta y dos horas de la detenci\u00f3n. Conviene pedir que conste por escrito la asistencia del abogado y del int\u00e9rprete, y que se haga constar la voluntad de pedir protecci\u00f3n internacional si existe. Conviene declarar la edad real y, si se trata de un menor, insistir en ello desde el principio. Y conviene conservar cualquier documento entregado, porque la resoluci\u00f3n de devoluci\u00f3n, el auto de internamiento o la constancia de la solicitud de asilo determinan los recursos posibles.<\/p>\n<h2>II. Devoluci\u00f3n o asilo: \u00bfqu\u00e9 decide Espa\u00f1a sobre las personas llegadas en cayuco?<\/h2>\n<h3>A. Devoluci\u00f3n sin expediente de expulsi\u00f3n: cu\u00e1ndo procede, cu\u00e1ndo se suspende y qu\u00e9 pasa si no se ejecuta<\/h3>\n<p>Quien no pide protecci\u00f3n internacional y no es menor queda, tras el triaje, sometido al procedimiento de retorno. En el derecho espa\u00f1ol, la v\u00eda prevista para quien llega por mar sin autorizaci\u00f3n es la devoluci\u00f3n, que el art\u00edculo 58 de la ley de extranjer\u00eda permite acordar sin tramitar un expediente de expulsi\u00f3n para dos grupos de personas: quienes, habiendo sido expulsados, contravienen la prohibici\u00f3n de entrada, y quienes \u00abpretendan entrar ilegalmente en el pa\u00eds\u00bb. La decisi\u00f3n corresponde a la autoridad gubernativa competente para la expulsi\u00f3n, es decir, al Subdelegado o al Delegado del Gobierno, y debe tramitarse con la asistencia letrada y de int\u00e9rprete descrita en el apartado anterior.<\/p>\n<p>La devoluci\u00f3n tiene l\u00edmites legales que la propia ley enumera. No puede ejecutarse mientras se tramita una solicitud de protecci\u00f3n internacional, en los t\u00e9rminos que fija la normativa de asilo, ni contra mujeres embarazadas cuando la medida puede suponer un riesgo para la gestaci\u00f3n o para la salud de la madre. El Reglamento de extranjer\u00eda a\u00f1ade la suspensi\u00f3n en el caso de las personas enfermas para las que la medida suponga un riesgo, de las v\u00edctimas de trata y de quienes presentan indicios de ser menores no acompa\u00f1ados. Estas causas no son favores administrativos, sino impedimentos jur\u00eddicos a la ejecuci\u00f3n: si concurren, la orden puede existir, pero no puede llevarse a cabo.<\/p>\n<p>La devoluci\u00f3n deja huella en el futuro de la persona. El art\u00edculo 58, apartado 7, de la ley dispone que toda devoluci\u00f3n acordada por intento de entrada ilegal lleva consigo una prohibici\u00f3n de entrada en territorio espa\u00f1ol por un plazo m\u00e1ximo de tres a\u00f1os. El Reglamento fija, a su vez, un plazo de prescripci\u00f3n de la resoluci\u00f3n de devoluci\u00f3n de dos a\u00f1os cuando se acord\u00f3 por ese motivo, plazo que los \u00f3rganos competentes deben aplicar de oficio. Pasado ese tiempo sin ejecuci\u00f3n, la orden ya no puede ejecutarse.<\/p>\n<p>Una pregunta frecuente es qu\u00e9 ocurre cuando la devoluci\u00f3n no puede ejecutarse, por ejemplo porque el pa\u00eds de origen no acepta el retorno o porque la persona no ha podido ser identificada. Si el juez no autoriza el internamiento, o si se agotan los sesenta d\u00edas sin que la salida se produzca, la persona debe quedar en libertad. Esa libertad no equivale a una autorizaci\u00f3n de estancia: la orden de devoluci\u00f3n sigue vigente hasta su ejecuci\u00f3n o su prescripci\u00f3n, y la permanencia sin autorizaci\u00f3n constituye, seg\u00fan el art\u00edculo 53 de la ley, una infracci\u00f3n grave por encontrarse irregularmente en territorio espa\u00f1ol. El Reglamento prev\u00e9, sin embargo, una salida concreta para quien con el tiempo re\u00fane los requisitos de una autorizaci\u00f3n de residencia por circunstancias excepcionales: si se le concede, la resoluci\u00f3n de devoluci\u00f3n no ejecutada debe ser revocada, y si el \u00f3rgano que concede la autorizaci\u00f3n no es el que dict\u00f3 la devoluci\u00f3n, debe instar de oficio su revocaci\u00f3n.<\/p>\n<p>La resoluci\u00f3n de devoluci\u00f3n es recurrible. La ley de extranjer\u00eda regula el reconocimiento de la asistencia jur\u00eddica gratuita en los procesos contencioso-administrativos contra las resoluciones de denegaci\u00f3n de entrada, devoluci\u00f3n o expulsi\u00f3n, que requiere una solicitud, y el Reglamento dispone que, si la persona est\u00e1 privada de libertad y manifiesta su voluntad de recurrir ante el Delegado o Subdelegado del Gobierno o ante el director del centro de internamiento, esa voluntad se haga constar en un acta incorporada al expediente. En la pr\u00e1ctica, la primera comprobaci\u00f3n consiste en leer el pie de recurso de la resoluci\u00f3n notificada, que indica el \u00f3rgano ante el que se recurre y el plazo.<\/p>\n<h3>B. Pedir asilo tras llegar en cayuco: procedimiento fronterizo de doce semanas y protecci\u00f3n de los menores<\/h3>\n<p>El derecho a pedir protecci\u00f3n internacional sigue reconocido por la ley espa\u00f1ola. La <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-2009-17242#a19\">Ley 12\/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protecci\u00f3n subsidiaria<\/a>, reconoce a toda persona no comunitaria o ap\u00e1trida presente en territorio espa\u00f1ol el derecho a solicitarla, con asistencia sanitaria, asistencia jur\u00eddica gratuita e int\u00e9rprete, y su art\u00edculo 19 establece el efecto protector esencial de la solicitud: \u00abSolicitada la protecci\u00f3n, la persona extranjera no podr\u00e1 ser objeto de retorno, devoluci\u00f3n o expulsi\u00f3n hasta que se resuelva sobre su solicitud o \u00e9sta no sea admitida\u00bb. La misma ley precisa que la entrada ilegal no puede sancionarse cuando la realiza una persona que re\u00fane los requisitos para ser beneficiaria de protecci\u00f3n internacional, y que la persona solicitante tiene derecho a ser documentada como tal, a que su solicitud se comunique al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y a recibir, si carece de recursos, los servicios sociales y de acogida necesarios para cubrir sus necesidades b\u00e1sicas en condiciones de dignidad.<\/p>\n<p>Lo que ha cambiado en 2026 es el procedimiento. El Reglamento (UE) 2024\/1348, que establece un procedimiento com\u00fan de protecci\u00f3n internacional en la Uni\u00f3n, se aplica a las solicitudes formalizadas desde el 12 de junio de 2026. Para ordenar su aplicaci\u00f3n en Espa\u00f1a, la Subsecretar\u00eda del Ministerio del Interior dict\u00f3 una instrucci\u00f3n de 11 de junio de 2026, publicada en el Bolet\u00edn Oficial del Estado el 13 de junio, que se aplica desde el 12 de junio. Esa instrucci\u00f3n parte de la primac\u00eda del derecho europeo: la Ley 12\/2009 sigue aplic\u00e1ndose en todo lo que sea compatible con los reglamentos europeos, y debe dejarse de aplicar en lo que los contradiga. Se trata de una instrucci\u00f3n de servicio dirigida a los \u00f3rganos de la Administraci\u00f3n, que orienta su actuaci\u00f3n, pero no sustituye a la ley ni a los reglamentos de la Uni\u00f3n.<\/p>\n<p>El punto decisivo para quien llega en cayuco es el procedimiento fronterizo de asilo. El reglamento europeo permite examinar en ese procedimiento la solicitud de una persona que no cumple las condiciones de entrada y que la formula, entre otros casos, como resultado del desembarco en el territorio de un Estado miembro despu\u00e9s de una operaci\u00f3n de b\u00fasqueda y rescate, y la instrucci\u00f3n espa\u00f1ola recoge expresamente ese supuesto entre los que abren el procedimiento fronterizo en Espa\u00f1a. La instrucci\u00f3n equipara as\u00ed, a estos efectos, la solicitud formulada tras un salvamento mar\u00edtimo a la presentada en un puesto fronterizo, aunque el art\u00edculo 21 de la ley espa\u00f1ola solo menciona los puestos fronterizos. Mientras dura el procedimiento fronterizo, la persona no est\u00e1 autorizada a entrar en el territorio, aunque se encuentre f\u00edsicamente en Canarias, y el reglamento europeo exige como regla general que resida en la frontera exterior, en sus proximidades o en otros lugares designados.<\/p>\n<p>El procedimiento fronterizo no es facultativo en todos los casos. El reglamento europeo obliga a aplicarlo cuando concurre alguna de tres circunstancias: que la persona haya inducido deliberadamente a enga\u00f1o a las autoridades sobre su identidad o nacionalidad, por ejemplo destruyendo su documentaci\u00f3n para impedir su identificaci\u00f3n; que existan motivos razonables para considerarla un peligro para la seguridad nacional o el orden p\u00fablico; o que tenga la nacionalidad de un pa\u00eds para el que la tasa de reconocimiento de protecci\u00f3n internacional en toda la Uni\u00f3n, seg\u00fan los \u00faltimos datos de Eurostat, sea igual o inferior al 20 por ciento, salvo cambio significativo en ese pa\u00eds o salvo que la persona pertenezca a una categor\u00eda para la que esa tasa no sea representativa. Este \u00faltimo criterio depende de la nacionalidad y de datos estad\u00edsticos que cambian con el tiempo, por lo que no puede afirmarse de antemano qu\u00e9 nacionalidades quedan cubiertas en cada momento.<\/p>\n<p>Los plazos son mucho m\u00e1s cortos que en el procedimiento ordinario. Seg\u00fan el reglamento europeo, la solicitud sujeta al procedimiento fronterizo debe formalizarse como m\u00e1ximo cinco d\u00edas despu\u00e9s de su primer registro, y todo el procedimiento, recurso judicial incluido, debe concluir en un plazo m\u00e1ximo de doce semanas desde el registro; transcurrido ese plazo, la persona debe ser autorizada a entrar en el territorio, salvo en los supuestos previstos en el art\u00edculo 4 del Reglamento (UE) 2024\/1349. La instrucci\u00f3n espa\u00f1ola organiza esas semanas en dos tiempos. En un primer examen, que debe procurar resolverse en el plazo de cuatro d\u00edas naturales del art\u00edculo 21 de la Ley 12\/2009, ampliable en los casos previstos por esa ley, se decide si la solicitud es inadmisible o puede ser desestimada por alguna de las causas previstas en el reglamento europeo. Si ese examen no puede concluirse en cuatro d\u00edas, el expediente sigue en el procedimiento fronterizo y es resuelto por la Subsecretar\u00eda a propuesta de la Comisi\u00f3n Interministerial de Asilo y Refugio, con el objetivo de dictar resoluci\u00f3n en las seis primeras semanas.<\/p>\n<p>Ese cambio tiene una consecuencia que conviene conocer. El art\u00edculo 21, apartado 5, de la ley espa\u00f1ola dispone que el transcurso del plazo de cuatro d\u00edas sin resoluci\u00f3n notificada lleva a la tramitaci\u00f3n ordinaria y a la autorizaci\u00f3n de entrada y permanencia provisional. La instrucci\u00f3n indica ahora que ni el paso a la segunda fase ni la falta de resoluci\u00f3n en seis semanas suponen autorizaci\u00f3n de entrada ni cambio de procedimiento, conforme al reglamento europeo. Lo que pone fin al procedimiento fronterizo sin resoluci\u00f3n es el plazo m\u00e1ximo de doce semanas, o alguna de las excepciones que el propio reglamento prev\u00e9.<\/p>\n<p>Esas excepciones protegen a las personas m\u00e1s vulnerables. El procedimiento fronterizo no se aplica, o deja de aplicarse en cualquier fase, cuando la autoridad considera que no concurren las causas de inadmisi\u00f3n o de examen acelerado, cuando no puede prestarse el apoyo necesario a solicitantes con necesidades especiales de acogida, en particular menores, o con necesidades de garant\u00edas procedimentales especiales, cuando existen razones m\u00e9dicas, incluidas las de salud mental, o cuando no se cumplen las garant\u00edas del internamiento y el procedimiento no puede aplicarse sin recurrir a \u00e9l. En todos esos casos, la persona debe ser autorizada a entrar y su solicitud sigue el procedimiento adecuado. La instrucci\u00f3n espa\u00f1ola prev\u00e9 adem\u00e1s que la asistencia jur\u00eddica es preceptiva en el procedimiento fronterizo, desde la formalizaci\u00f3n de la solicitud, y que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados puede acceder a la solicitud y ser o\u00eddo antes de una inadmisi\u00f3n o denegaci\u00f3n cuando la persona lo consiente.<\/p>\n<p>Frente a una resoluci\u00f3n negativa caben recursos breves. La instrucci\u00f3n prev\u00e9 que, contra la resoluci\u00f3n dictada en el primer examen, se puede formular una petici\u00f3n de reexamen dentro de los dos primeros d\u00edas naturales del plazo de recurso, que debe resolverse en dos d\u00edas, adem\u00e1s del recurso contencioso-administrativo; contra la resoluci\u00f3n dictada en la segunda fase solo cabe recurso contencioso-administrativo. El reglamento europeo fija para las inadmisiones y para las desestimaciones dictadas cuando concurren las causas de examen acelerado, que son las que permiten resolver en el procedimiento fronterizo, un plazo de recurso de entre cinco y diez d\u00edas, y la instrucci\u00f3n exige que el pie de recurso de la resoluci\u00f3n indique el plazo y el \u00f3rgano competente. Con car\u00e1cter general, quien recurre tiene derecho a permanecer hasta que se resuelva el recurso, pero ese efecto no es autom\u00e1tico cuando se deniega una solicitud en el procedimiento fronterizo, salvo para los menores no acompa\u00f1ados: en ese caso, la persona dispone de al menos cinco d\u00edas desde la notificaci\u00f3n para pedir al juez que le permita permanecer mientras se resuelve el recurso, y no puede ser expulsada mientras corre ese plazo ni mientras el juez decide sobre esa petici\u00f3n.<\/p>\n<p>Las solicitudes que no entran en el procedimiento fronterizo siguen el procedimiento de examen acelerado o el procedimiento de examen ordinario del reglamento europeo, completados por los art\u00edculos 24 y 25 de la Ley 12\/2009 en lo que sean compatibles. Y, antes que todo ello, el Reglamento (UE) 2024\/1351 obliga a determinar qu\u00e9 Estado miembro es responsable de examinar la solicitud. Quien, tras pasar por Espa\u00f1a, llega a Francia queda sometido adem\u00e1s a las reglas francesas de extranjer\u00eda y de asilo, que el despacho explica en su p\u00e1gina dedicada al <a href=\"https:\/\/kohenavocats.com\/es\/abogado-extranjeria-paris\/\">abogado de extranjer\u00eda en Par\u00eds<\/a>, con sus propios plazos y autoridades.<\/p>\n<p>Los menores no acompa\u00f1ados tienen un estatuto propio, que prevalece sobre el resto. La ley de extranjer\u00eda dispone que, cuando las fuerzas de seguridad localizan a un extranjero indocumentado cuya minor\u00eda de edad no puede establecerse con seguridad, los servicios de protecci\u00f3n de menores deben prestarle la atenci\u00f3n inmediata que precise, \u00abponi\u00e9ndose el hecho en conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal, que dispondr\u00e1 la determinaci\u00f3n de su edad\u00bb, con la colaboraci\u00f3n prioritaria de las instituciones sanitarias. Determinada la edad, el Ministerio Fiscal pone al menor a disposici\u00f3n de los servicios de protecci\u00f3n de la comunidad aut\u00f3noma en la que se encuentra, y la residencia de los menores tutelados por una Administraci\u00f3n p\u00fablica se considera regular a todos los efectos. El Reglamento de extranjer\u00eda a\u00f1ade una regla de interpretaci\u00f3n favorable: cuando la determinaci\u00f3n de la edad arroja una horquilla de a\u00f1os, la persona se considera menor si la edad m\u00e1s baja de esa horquilla es inferior a dieciocho a\u00f1os.<\/p>\n<p>Una nota reciente del texto consolidado del Reglamento en el Bolet\u00edn Oficial del Estado refuerza esa protecci\u00f3n. A ra\u00edz de un fallo judicial publicado en el diario oficial el 22 de septiembre de 2026, el inciso \u00aben su caso\u00bb del art\u00edculo 166.1 ha sido anulado, y la nota precisa que la obligaci\u00f3n de atenci\u00f3n inmediata \u00abopera con car\u00e1cter imperativo e incondicionado desde el momento en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado comuniquen la localizaci\u00f3n del extranjero de minor\u00eda de edad incierta\u00bb. Dicho de otro modo, la duda sobre la edad no permite aplazar la atenci\u00f3n propia de un menor mientras se decide si lo es.<\/p>\n<p>En materia de asilo, el reglamento europeo limita mucho el procedimiento fronterizo para los menores no acompa\u00f1ados: solo puede aplic\u00e1rseles cuando existen motivos razonables para considerarlos un peligro para la seguridad nacional o el orden p\u00fablico, o cuando han sido expulsados con car\u00e1cter forzoso por motivos graves de esa naturaleza, y, en caso de duda sobre la edad, la determinaci\u00f3n debe hacerse sin demora. La Ley 12\/2009 dispone, por su parte, que los menores no acompa\u00f1ados solicitantes de protecci\u00f3n internacional sean remitidos a los servicios de protecci\u00f3n de menores, con conocimiento del Ministerio Fiscal, y que su representante legal act\u00fae en su nombre y les asista en el examen de la solicitud.<\/p>\n<p>Por \u00faltimo, la ley de extranjer\u00eda prev\u00e9 un r\u00e9gimen de reparto de los menores entre comunidades aut\u00f3nomas para situaciones de saturaci\u00f3n. Desde la reforma introducida por el Real Decreto-ley 2\/2025, de 18 de marzo, se declara una situaci\u00f3n de contingencia migratoria extraordinaria en la comunidad aut\u00f3noma cuyo sistema de protecci\u00f3n de menores no acompa\u00f1ados supera en ocupaci\u00f3n tres veces su capacidad ordinaria, y la declaraci\u00f3n debe aprobarse en un plazo m\u00e1ximo de cinco d\u00edas naturales desde la comunicaci\u00f3n de la comunidad afectada. Mientras dura esa situaci\u00f3n, el menor debe ser rese\u00f1ado e inscrito en el Registro de Menores Extranjeros No Acompa\u00f1ados en las veinticuatro horas siguientes a la rese\u00f1a, y trasladado en un plazo m\u00e1ximo de quince d\u00edas naturales a la comunidad de destino, tras o\u00edr al menor y a esa comunidad y con conocimiento del Ministerio Fiscal; si su edad no ha podido establecerse con seguridad, el expediente de determinaci\u00f3n de la edad se tramita en la comunidad de destino. Seg\u00fan el an\u00e1lisis del texto consolidado en el Bolet\u00edn Oficial del Estado, esos art\u00edculos han sido objeto de varios recursos de inconstitucionalidad; a la fecha de consulta, el texto consolidado los mantiene en vigor.<\/p>\n<h2>Conclusi\u00f3n<\/h2>\n<p>Quien llega a Canarias en cayuco no entra jur\u00eddicamente en Espa\u00f1a en el momento en que pisa tierra. Desde el 12 de junio de 2026, la primera etapa es un triaje europeo de siete d\u00edas como m\u00e1ximo, con reconocimiento m\u00e9dico, examen de vulnerabilidad, identificaci\u00f3n, registro biom\u00e9trico e inspecci\u00f3n de seguridad, durante el cual no se autoriza la entrada. En paralelo, el derecho espa\u00f1ol conduce a la persona a dependencias policiales para identificarla y, en su caso, devolverla.<\/p>\n<p>Las garant\u00edas b\u00e1sicas no dependen del origen ni del modo de llegada. La detenci\u00f3n no puede superar setenta y dos horas sin libertad o control judicial, la asistencia de abogado y de int\u00e9rprete es un derecho en los procedimientos de devoluci\u00f3n y de asilo, y el internamiento en un centro de internamiento de extranjeros exige autorizaci\u00f3n judicial, tiene un m\u00e1ximo de sesenta d\u00edas y est\u00e1 prohibido para los menores.<\/p>\n<p>Despu\u00e9s del triaje, el recorrido se bifurca. Quien no pide protecci\u00f3n internacional queda expuesto a una devoluci\u00f3n sin expediente de expulsi\u00f3n, que se suspende en caso de embarazo con riesgo, enfermedad, trata o indicios de minor\u00eda de edad, conlleva una prohibici\u00f3n de entrada de hasta tres a\u00f1os y prescribe a los dos a\u00f1os si no se ejecuta. Quien la pide no puede ser devuelto mientras se resuelve su solicitud, pero, tras un rescate en el mar, puede ver su solicitud examinada en el procedimiento fronterizo europeo, con plazos muy breves, recursos de cinco a diez d\u00edas y un m\u00e1ximo de doce semanas sin autorizaci\u00f3n de entrada.<\/p>\n<p>Los menores no acompa\u00f1ados quedan al margen de ese esquema general: atenci\u00f3n inmediata e incondicionada incluso cuando su edad es dudosa, determinaci\u00f3n de la edad bajo la direcci\u00f3n del Ministerio Fiscal, tutela auton\u00f3mica, prohibici\u00f3n de internamiento y, en caso de saturaci\u00f3n declarada, traslado a otra comunidad aut\u00f3noma en un plazo de quince d\u00edas. Para cada persona, el resultado depender\u00e1 de su edad, de su nacionalidad, de lo que declare desde el primer d\u00eda y de las decisiones administrativas y judiciales que se adopten en su expediente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En Espa\u00f1a, qu\u00e9 ocurre jur\u00eddicamente con quienes llegan en cayuco a Canarias: triaje europeo de siete d\u00edas, detenci\u00f3n de 72 horas, devoluci\u00f3n, asilo en procedimiento fronterizo y protecci\u00f3n de los menores no 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