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Permiso de residencia por razones médicas denegado en Francia: OFII, pruebas y recurso contra la OQTF (guía 2026)

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Fuente: Tribunal de Casación – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Colegio de Abogados de París Detención policial, instrucción, tribunal con jurado Ficha CNB avocat.fr
Hassan Kohen, abogado de extranjería en París
Hassan KOHEN
Abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París

Permiso de residencia por razones médicas denegado en Francia: OFII, pruebas y recurso contra la OQTF (guía 2026)

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Recibir en Francia una denegación del permiso de residencia cuando se padece una enfermedad grave es una de las situaciones más duras del derecho de extranjería. La persona vive en Francia, sigue un tratamiento que funciona y, de pronto, la prefectura responde que debe marcharse. Para un hispanohablante que no domina el francés administrativo, la carta resulta casi incomprensible: menciona un dictamen médico que nunca ha visto, una obligación de abandonar el territorio y un plazo de treinta días. Este artículo explica, paso a paso y con las fuentes oficiales, cómo funciona el permiso de residencia por razones médicas en Francia, qué debe contener el expediente para tener posibilidades reales, qué errores de la administración permiten anular una denegación y cómo recurrir ante el juez.

Conviene aclarar desde el principio el marco de este artículo. Aquí no se habla de nacionalidad francesa, sino de residencia: del derecho a vivir legalmente en Francia por motivos de salud. Tampoco se habla de turistas ni de estancias cortas de menos de tres meses. El permiso por razones médicas está pensado para la persona extranjera que reside habitualmente en Francia, es decir, que vive allí de forma estable, y cuya salud exige una atención médica sin la cual sufriría consecuencias de una gravedad excepcional. La nacionalidad del lector da igual para este procedimiento: un ciudadano español residente en Francia casi no necesitará este permiso porque, como ciudadano de la Unión Europea, dispone de sus propias reglas de estancia, mientras que un nacional de un tercer país, por ejemplo un mexicano, un colombiano, un argentino o un peruano que vive en Francia, sí depende de este mecanismo. Cada situación se examina de forma individual, con pruebas médicas concretas y actuales.

La base del procedimiento se encuentra en el artículo L. 425-9 del Código de la entrada y la estancia de los extranjeros y del derecho de asilo, conocido por sus siglas CESEDA, que es el gran código francés de extranjería. Ese artículo prevé una tarjeta de estancia temporal con la mención « vie privée et familiale », que significa vida privada y familiar, de un año de duración. La condición habitual del visado de larga estancia, prevista en el artículo L. 412-1 del mismo código, no se exige en este caso: dicho de otro modo, la persona puede obtener el permiso aunque haya entrado en Francia sin el visado correspondiente, porque la ley levanta expresamente esa barrera por motivos humanitarios y sanitarios. La decisión la toma la autoridad administrativa, el prefecto del departamento donde reside el solicitante, después del dictamen de un colegio de médicos del servicio médico de la Oficina Francesa de Inmigración e Integración. Esa oficina, llamada en francés Office français de l’immigration et de l’intégration y conocida por las siglas OFII, es el organismo público que gestiona la parte médica del procedimiento. Cuando el colegio de médicos considera que se cumplen las condiciones de salud, la administración solo puede denegar el permiso mediante una decisión especialmente motivada, lo que significa una resolución que explique de forma reforzada por qué se aparta de un dictamen médico favorable. Cada año, además, un informe presentado ante el Parlamento describe la actividad del servicio médico en esta materia, lo que muestra la importancia que el legislador concede a este procedimiento. La referencia oficial del artículo L. 425-9 puede consultarse en el texto vigente del código.

I. Quién puede pedir el permiso por razones médicas y cómo se tramita ante la OFII

El permiso por razones médicas no es una vía general para quedarse en Francia cuando otros permisos han fallado. Tiene dos condiciones médicas acumulativas, una condición de residencia y un procedimiento médico-administrativo muy formalizado. Entender cada pieza antes de presentar la solicitud evita los errores que después resultan casi imposibles de reparar.

A. Las dos condiciones de salud, la residencia habitual y el caso de los hijos menores enfermos

La primera condición se refiere a la gravedad del estado de salud. La ley exige que el estado de salud necesite una atención médica cuya falta podría tener para la persona consecuencias de una gravedad excepcional. La expresión francesa « conséquences d’une exceptionnelle gravité », que se traduce como consecuencias de una gravedad excepcional, no designa cualquier enfermedad crónica ni cualquier tratamiento en curso. Designa situaciones en las que interrumpir la atención médica expondría a la persona a un riesgo vital o a un deterioro grave e irreversible. Una hipertensión controlada con medicamentos corrientes y disponibles en todas partes no entra normalmente en esta categoría, mientras que una esquizofrenia estabilizada con un antipsicótico inyectable de acción prolongada sin equivalente disponible en el país de origen sí puede entrar, como lo muestra un caso real que se analiza más adelante. El matiz importante es que la gravedad se aprecia en función de lo que ocurriría sin tratamiento, no en función de lo bien que la persona se encuentra gracias al tratamiento actual. Estar estable porque el tratamiento funciona no juega en contra: al contrario, demuestra que la atención médica en Francia es eficaz y necesaria.

La segunda condición se refiere al acceso efectivo a un tratamiento adecuado en el país de origen. La ley utiliza la fórmula « traitement approprié », que se traduce como tratamiento adecuado, y exige examinar la oferta de asistencia y las características del sistema sanitario del país del que la persona es nacional. No basta con que el tratamiento exista teóricamente en algún hospital de la capital. El juez comprueba si la persona podría beneficiarse de él de forma efectiva, teniendo en cuenta la disponibilidad real del medicamento, la posibilidad de viajar sin riesgo hasta el lugar donde se dispensa, el coste y la continuidad del seguimiento. Un medicamento que no está registrado ni distribuido en el país de origen, o que no admite sustitución por otro equivalente según el médico que sigue al paciente, inclina la balanza hacia la concesión del permiso. Por el contrario, cuando los informes disponibles muestran que el tratamiento existe y resulta accesible, la denegación suele confirmarse, como ocurrió en dos sentencias de 2022 y 2025 que se comentan en la segunda parte. La prueba decisiva es, por tanto, doble: un certificado médico detallado del médico que sigue habitualmente al paciente, que describa la patología, el tratamiento exacto con dosis, el carácter sustituible o no del fármaco y el riesgo concreto de interrupción, más elementos objetivos sobre la indisponibilidad del tratamiento en el país de origen, como attestaciones de médicos, documentación de agencias del medicamento o informes de organizaciones sanitarias.

La condición de residencia habitual significa que la persona debe vivir en Francia de forma estable, no de paso. La ley no exige una duración mínima expresada en meses, pero la prefectura examina las pruebas de presencia: alquiler o alojamiento estable, hijos escolarizados, seguimiento médico regular en Francia, vínculos familiares y sociales. Una persona que acaba de llegar y solicita inmediatamente el permiso por razones médicas despierta la sospecha de un uso instrumental del procedimiento, aunque la sospecha por sí sola no basta para denegar si las condiciones médicas se cumplen. Los justificantes de domicilio, los historiales de consultas y los certificados de escolarización forman parte del expediente no médico que se presenta en la prefectura, separado del expediente médico que viaja bajo secreto médico hacia la OFII.

Un caso particular importante es el de los hijos menores enfermos. Cuando es un niño extranjero quien cumple las condiciones de salud del artículo L. 425-9, sus padres extranjeros, o la persona extranjera titular de una resolución judicial que le atribuye el ejercicio de la autoridad parental sobre ese menor, reciben una autorización provisional de estancia de una duración máxima de seis meses, siempre que justifiquen residir habitualmente en Francia con el niño y ocuparse de su manutención y educación. Esa autorización provisional, llamada en francés autorisation provisoire de séjour, permite trabajar y se renueva mientras duren las condiciones. La exigencia del visado de larga estancia tampoco se opone en este caso. Esta regla, prevista en el artículo L. 425-10 del código, protege la unidad familiar alrededor del niño enfermo y evita separar a un menor de quienes lo cuidan. Para los padres hispanohablantes de un niño tratado en un hospital francés, esta es la vía que deben conocer, distinta de la tarjeta anual del adulto enfermo.

Conviene distinguir este permiso de otras tarjetas con la misma mención de vida privada y familiar. El artículo L. 423-23 del código prevé una tarjeta por vínculos personales y familiares cuando denegar la estancia supondría una injerencia desproporcionada en el derecho al respeto de la vida privada y familiar. Esa vía general, vinculada al artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, puede invocarse de forma complementaria cuando existen arraigo, hijos escolarizados o pareja en Francia, pero no sustituye la prueba médica del artículo L. 425-9. En la práctica, un buen recurso invoca ambas: el permiso por razones médicas como fundamento principal y la protección de la vida privada y familiar como fundamento adicional.

B. El procedimiento ante la OFII, el secreto médico y los plazos que no admiten distracción

El procedimiento tiene dos carriles separados y esa separación es una garantía esencial. El carril administrativo se tramita en la prefectura, que es la oficina del prefecto, el representante del Estado en el departamento. El carril médico viaja directamente al servicio médico de la OFII sin pasar por la prefectura. Comprender esta dualidad evita el error más frecuente: entregar los informes médicos en la ventanilla de la prefectura, donde no deben estar.

Todo comienza en la prefectura del lugar de residencia. Allí se presenta la solicitud de tarjeta de estancia y se recibe un sobre con la mención « SECRET MÉDICAL », que significa secreto médico, con la dirección del servicio médico de la OFII ya indicada, junto con un certificado médico en blanco para que lo rellene el médico y una nota que explica los pasos. La prefectura toma una fotografía para transmitirla a la OFII, de modo que el servicio médico pueda identificar al solicitante cuando lo convoque. Los certificados y resultados médicos no deben depositarse en la prefectura, sino enviarse a la OFII en ese sobre. Esta regla protege la confidencialidad de la salud frente a la autoridad que decidirá sobre la estancia.

El segundo paso es acudir al médico que sigue habitualmente al paciente, o a un médico hospitalario inscrito en el cuadro de la orden profesional, para que rellene el certificado con el mayor detalle posible sobre el estado de salud, añadiendo analíticas, informes de hospitalización y pruebas complementarias. El certificado debe estar fechado, firmado y sellado por el médico, y el paciente también debe firmarlo: esa firma acredita su consentimiento para la transferencia de sus datos personales de salud y su tratamiento informático. Los originales se devuelven al interesado. La calidad de este certificado condiciona todo lo que sigue, porque el médico de la OFII trabajará a partir de él. Un certificado vago, sin dosis, sin diagnóstico preciso y sin pronóstico en caso de interrupción, debilita el expediente desde el origen. Un certificado que identifica el fármaco exacto, explica por qué no admite sustitución y describe el riesgo concreto, como ocurrió en el caso del medicamento inyectable Trévicta en dosis de 263 miligramos que se cita más adelante, permite al juez controlar el dictamen de la OFII.

El tercer paso es el envío del certificado a la OFII dentro del plazo de un mes desde que se pone a disposición en el espacio personal del solicitante. Cuando se ha presentado en paralelo una solicitud de asilo, el plazo es de tres meses desde el registro de esa solicitud. Estos plazos, que figuran en la página oficial de la OFII dedicada al extranjero enfermo y en la ficha oficial del portal de la administración francesa sobre el permiso por enfermedad grave, son estrictos: dejar pasar el mes sin enviar el certificado paraliza el procedimiento. Después del envío, el médico de la OFII puede pedir información complementaria al médico que extendió el certificado, informando de ello al solicitante, y puede convocar al solicitante para un examen. El día de la convocatoria hay que llevar un documento de identidad, por ejemplo el pasaporte, y los documentos complementarios sobre la salud. Los complementos y los resultados de exámenes deben llegar al médico de la OFII en quince días desde la petición, y si no se dispone de ellos en ese plazo hay que acreditar en el mismo plazo que se han iniciado las gestiones para obtenerlos. La falta de presentación a la convocatoria, la falta de justificación de la identidad o la negativa a los exámenes complementarios pueden comunicarse a la prefectura, que en ese caso puede no expedir el acuse de recibo. Ese acuse, llamado en francés récépissé, es el documento que acredita que la solicitud está en trámite y que autoriza, según los casos, a permanecer y trabajar mientras se resuelve. Perderlo por una incomparecencia deja a la persona sin prueba de regularidad durante meses.

El informe médico elaborado por el médico de la OFII se transmite después a un colegio de médicos de la OFII con competencia nacional, conforme al artículo R. 425-11 del código. Ese colegio emite su dictamen según las reglas fijadas por orden conjunta de los ministros de inmigración y sanidad, a la vista del informe médico y de la información disponible sobre las posibilidades de tratamiento en el país de origen. El artículo R. 425-12 precisa que el informe se elabora a partir del certificado del médico habitual o del hospitalario, que el médico de la OFII puede dirigirse a ese médico informando al solicitante y que puede convocar al solicitante. El colegio puede oír al interesado y ordenar exámenes complementarios, en presencia si se desea del médico elegido por el paciente y de un intérprete, lo que resulta especialmente útil para hispanohablantes con francés limitado: pedir intérprete es un derecho y evita malentendidos clínicos. Cuando la solicitud afecta a un menor, este acude acompañado de su representante legal. Tras deliberar, el colegio envía su dictamen al prefecto del lugar de residencia, y el prefecto decide. La prefectura no está vinculada mecánicamente por el dictamen, pero si el dictamen es favorable solo puede denegar con una motivación reforzada, y si es desfavorable debe igualmente examinar la situación individual y motivar su decisión. Esta arquitectura explica por qué el dictamen, su comunicación y su motivación concentran casi todo el contencioso.

II. Cuando la prefectura deniega: cómo leer la resolución, qué pruebas aportan y cómo recurrir

Una denegación en esta materia casi nunca llega sola. Suele acompañarse de una obligación de abandonar el territorio francés, conocida por las siglas OQTF, y de la fijación del país de destino y de un plazo de salida. La carta debe leerse como un conjunto de tres decisiones: denegación de estancia, obligación de salida y plazo con país de retorno. Cada una puede impugnarse y cada una exige sus propias pruebas. Actuar con método en los primeros días resulta determinante.

A. Los tres errores anulables, la prueba que tumba un dictamen y lo que enseñan tres sentencias reales

El contencioso francés ha identificado tres errores frecuentes de las prefecturas que permiten anular la denegación sin entrar siquiera en el fondo médico. El primero es la falta de aportación del dictamen del colegio de médicos de la OFII. Cuando la resolución invoca ese dictamen pero la administración no lo presenta ante el juez, los tribunales consideran que no queda acreditado el respeto del procedimiento previo obligatorio. Así lo han declarado el tribunal administrativo de Orleans en julio de 2025, la corte administrativa de apelación de París en febrero de 2025 y el tribunal administrativo de Melun en noviembre de 2024, según la síntesis publicada por la prensa jurídica francesa especializada, que identifica además como garantía esencial que el médico autor del informe previo no haya formado parte del colegio que dictamina. En la práctica, el abogado debe pedir desde el inicio la comunicación del dictamen y, si no se aporta, invocar el vicio de procedimiento.

El segundo error es la motivación aparente: el prefecto se limita a reproducir el dictamen médico sin mostrar que lo ha hecho suyo ni que ha examinado la situación individual. La jurisprudencia constante recuerda que el dictamen no vincula a la autoridad prefectoral, que debe ejercer su propio poder de apreciación, de modo que una resolución que se cree vinculada comete una ilegalidad por incompetencia en sentido amplio. La corte de París anuló en 2025 dos denegaciones por este motivo, al constatar la ausencia de apropiación explícita del dictamen y de examen individual. La lección para el solicitante es leer la motivación con lupa: una fórmula genérica, sin referencia a sus documentos concretos, es un punto de ataque serio.

El tercer error es la omisión de consultar a la comisión del título de estancia cuando resulta obligatoria. Esa comisión, órgano consultivo previo a ciertas denegaciones, constituye una garantía de procedimiento y su omisión puede viciar la resolución. El recurso debe verificar sistemáticamente si la consulta era exigible en el caso concreto, porque las administraciones la omiten con frecuencia.

Más allá de los vicios formales, el fondo se gana con prueba médica precisa y actualizada. El caso más ilustrativo de los últimos años es la sentencia de la corte administrativa de apelación de Burdeos de 27 de junio de 2025, dictada con el número 25BX00177 y consultable en su texto íntegro oficial. Un nacional guineano llegado con visado de larga estancia por estudios había obtenido primero una tarjeta por enfermedad para la duración de sus cuidados, estimada en seis meses, y al pedir la renovación la prefectura se la negó apoyándose en el dictamen del colegio de la OFII, aunque le concedió una tarjeta de estudiante. El interesado impugnó la negativa ante el tribunal administrativo de Limoges, que desestimó su demanda en noviembre de 2024, y apeló. La corte constató que el colegio había admitido la gravedad, al estimar que la salud exigía una atención cuya falta podía tener consecuencias de gravedad excepcional, pero había considerado que el tratamiento resultaba accesible en Guinea y que el viaje no entrañaba riesgo. El demandante demostró entonces, con un certificado de su psiquiatra, que el antipsicótico que tomaba en Francia para la esquizofrenia, el medicamento Trévicta en dosis de 263 miligramos, no era conocido ni estaba disponible en Guinea y, sobre todo, que no admitía sustitución por otro tratamiento equivalente. La corte declaró que esos elementos bastaban para cuestionar el dictamen de la OFII y la apreciación de la prefectura sobre el acceso efectivo, anuló la sentencia y las resoluciones y ordenó al prefecto expedir la tarjeta de extranjero enfermo en dos meses, con condena en costas al Estado. La enseñanza es clara: un certificado que nombra el fármaco, afirma su carácter insustituible y acredita su indisponibilidad en origen puede vencer un dictamen desfavorable.

El reverso lo muestran dos sentencias desestimatorias de la misma corte que conviene conocer para no crear falsas expectativas. En diciembre de 2025, con el número 25BX00489 y texto íntegro oficial disponible, la corte confirmó la denegación de renovación a una nacional kosovar que había dispuesto de tarjetas por enfermedad entre 2021 y 2023, así como la obligación de salida en treinta días con fijación del país de retorno. Los motivos de incompetencia del firmante, de vulneración del derecho a la vida privada y familiar y de error manifiesto se desestimaron, y al no anularse la denegación tampoco cayó la medida de salida. En marzo de 2022, con el número 21BX02756 y texto íntegro oficial disponible, la corte desestimó el recurso de una nacional congoleña contra la denegación y la salida en treinta días, rechazando las peticiones de instrucción sobre la colegialidad y los extractos del sistema informático y apartando la invocación del artículo 3 del Convenio Europeo, cuya fórmula francesa « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », que se traduce como nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes, exige un umbral de gravedad que la mera dificultad de acceso a la asistencia no alcanza por sí sola. Estos dos fracasos enseñan que sin prueba concreta de indisponibilidad efectiva, el juez mantiene la denegación y la salida.

Para quien prepara su expediente tras una denegación, la lista de pruebas útiles se deduce de estas sentencias: certificado actualizado del especialista con fármaco, dosis, insustituibilidad y riesgo de ruptura; prueba de la indisponibilidad en el país de origen referida a ese fármaco exacto, no a la patología en general; informes de hospitalización y analíticas recientes; justificantes de residencia habitual y de seguimiento continuo en Francia; y, cuando existan, elementos de vida privada y familiar como hijos escolarizados o pareja estable. Todo documento en español debe acompañarse de traducción al francés, porque el juez trabaja en francés y un documento no traducido corre el riesgo de no ser examinado.

B. La OQTF de treinta días, el recurso ante el tribunal y lo que se puede pedir al juez

La obligación de abandonar el territorio francés, la OQTF, puede dictarse cuando la persona, sin poder justificar una entrada regular, se ha mantenido en Francia sin título vigente, o cuando, habiendo entrado con un visado hoy caducado, o sin estar sometida a visado pero más de tres meses después de su entrada, se ha mantenido sin permiso, conforme al artículo L. 611-1 del código. En la práctica de las denegaciones por enfermedad, la prefectura dicta la OQTF junto con la negativa y fija normalmente un plazo de salida voluntaria de treinta días y el país de retorno, como se vio en los dos casos desestimatorios citados. Ese plazo, llamado en francés délai de départ volontaire, permite organizar la salida sin ejecución forzosa, pero la administración puede denegarlo en los supuestos del artículo L. 612-2, por ejemplo cuando considera la solicitud manifiestamente infundada o fraudulenta, cuando existe amenaza para el orden público o riesgo de sustracción a la medida. Si la resolución deniega el plazo, el recurso debe impugnar también esa negativa, porque una salida sin plazo expone a una ejecución inmediata.

El recurso contra la OQTF y contra las decisiones de estancia, de plazo y de prohibición de retorno que la acompañan se interpone ante el tribunal administrativo, el tribunal administratif, que es el juez de primera instancia de lo contencioso-administrativo, según el procedimiento del artículo L. 614-1 del código. La ficha oficial de la administración recuerda que el recurso contra una denegación de tarjeta puede interponerse ante el juez administrativo en dos meses desde la notificación. Ese plazo de dos meses es imperativo: dejarlo pasar consolida la denegación y la salida. El recurso debe dirigirse contra cada decisión por separado, con motivos propios para la denegación, para la OQTF, para el plazo y para el país de destino. La impugnación de la OQTF por vía de consecuencia solo prospera si cae la denegación, de modo que el esfuerzo principal debe concentrarse en anular la negativa de estancia.

Además del motivo médico principal, el recurso invoca útilmente la protección de la vida privada y familiar del artículo 8 del Convenio Europeo y, cuando los hechos lo permiten, la prohibición de tratos inhumanos del artículo 3, sabiendo que este segundo requiere un nivel alto de gravedad. También puede alegar el error manifiesto de apreciación sobre la situación personal, aunque las sentencias muestran que ese motivo solo prospera con pruebas sólidas. Al juez se le puede pedir la anulación de las resoluciones, una orden de expedición o de reexamen, llamada en francés injonction, con plazo y, en su caso, apremio económico por día de retraso, conocido como astreinte, como la de cien o ciento cincuenta euros diarios solicitada en los casos citados, además de la condena en costas sobre la base del artículo L. 761-1 del Código de justicia administrativa y del artículo 37 de la ley de 10 de julio de 1991 sobre ayuda jurídica. En el caso guineano, la corte ordenó expedir la tarjeta en dos meses y condenó al Estado a pagar mil doscientos euros al abogado en aplicación de esos textos, lo que ilustra lo que un éxito puede obtener. Nada de esto constituye una promesa de resultado: cada expediente depende de sus pruebas y del dictamen, y los dos casos perdidos demuestran que el juez confirma la salida cuando la prueba de indisponibilidad falta.

Quienes ya disponen de una tarjeta por enfermedad y piden su renovación deben saber que el examen se repite íntegramente: un permiso anterior no garantiza el siguiente si el colegio considera que el tratamiento ya resulta accesible en origen o que la gravedad ha remitido. Conviene actualizar todo el expediente médico en cada renovación, sin limitarse a reenviar los certificados antiguos. Y quienes acumulan una denegación de asilo con una solicitud por enfermedad, como la demandante kosovar, deben separar cuidadosamente ambas vías: los motivos del asilo denegado no alimentan el expediente médico, y solo la prueba sanitaria actualizada puede sostener el permiso por enfermedad. Para orientarse entre estas vías vecinas, el lector puede consultar también la guía sobre denegación genérica del permiso con OQTF y la guía sobre renovación denegada con OQTF publicadas en estas mismas páginas españolas, que tratan los recursos comunes a todas las denegaciones de estancia.

Conclusión

El permiso de residencia por razones médicas protege a quien vive en Francia y necesita una atención sin la cual sufriría consecuencias de gravedad excepcional y sin acceso efectivo a ese tratamiento en su país. El procedimiento combina un expediente administrativo en la prefectura y un expediente médico bajo secreto hacia la OFII, con plazos estrictos de un mes, o tres meses en caso de asilo paralelo, y de quince días para los complementos. La decisión del prefecto debe apoyarse en el dictamen del colegio nacional de médicos y motivarse de forma reforzada si se aparta de un dictamen favorable. Cuando la prefectura deniega y añade una obligación de salida en treinta días, el recurso ante el tribunal administrativo en dos meses puede anular la denegación por vicios como la falta de aportación del dictamen, la motivación aparente o la omisión de la comisión, o por el fondo cuando un certificado preciso demuestra que el fármaco exacto no está disponible ni admite sustitución en origen. Las tres sentencias de Burdeos comentadas muestran las dos caras: el éxito cuando la prueba de indisponibilidad es concreta y la confirmación de la salida cuando falta. Preparar el expediente con certificados detallados, traducciones al francés, justificantes de residencia habitual y prueba de la indisponibilidad efectiva es la única vía seria. La enfermedad no concede automáticamente la residencia, pero una prueba rigurosa sí permite al juez controlar a la administración.

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