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Despacho Kohen Avocats, criptoactivos y fintech en París
Abogado cripto en París: MiCA, fintech, litigios y fiscalidad
Autorización como proveedor de servicios de criptoactivos ante la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF), salida del estatuto de proveedor de servicios sobre activos digitales (PSAN), autorización de la Autoridad de Control Prudencial y de Resolución (ACPR) como entidad de pago o de dinero electrónico, dispositivo contra el blanqueo de capitales, cuenta bloqueada o fondos perdidos en una plataforma, tributación de las plusvalías: el despacho asesora a las empresas del sector, a sus directivos e inversores, y defiende a los clientes de las plataformas. Todo parte de la calificación jurídica exacta de la actividad o del litigio.
Despacho disponible 24 horas, 7 días a la semana. Desde el 1 de julio de 2026, prestar en Francia servicios de criptoactivos sin la autorización prevista en el artículo 59 del Reglamento (UE) 2023/1114 está prohibido y se castiga con dos años de prisión y 30 000 euros de multa (artículos L. 54-10-4 y L. 572-23 del Código Monetario y Financiero francés, Code monétaire et financier); en cuanto al cliente, la reclamación ante la plataforma autorizada no tiene coste para él y debe examinarse en un plazo razonable (artículo 71 del Reglamento MiCA).
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El abogado Hassan Kohen
Abogado del Colegio de Abogados de París, criptoactivos y fintech: autorización y cumplimiento normativo, contratos, litigios con plataformas y con proveedores de servicios de pago.
Ficha oficial en el directorio de abogados de Francia (CNB) · 4,9/5 en Google (270 reseñas)
Página actualizada el 1 de noviembre de 2026.
Respuesta rápida
Desde el 30 de diciembre de 2024, los criptoactivos se rigen por el Reglamento (UE) 2023/1114, conocido como MiCA, al que remite el artículo L. 54-10-1 del Código Monetario y Financiero francés. Prestar en Francia alguno de los servicios que enumera, como la custodia, el canje por euros o la gestión de una plataforma de negociación, exige la autorización del artículo 59 del Reglamento, que se solicita a la AMF, la cual recaba el dictamen vinculante de la ACPR sobre el dispositivo contra el blanqueo de capitales (artículo L. 54-10-7). El antiguo registro PSAN ha dejado de ser válido desde el 1 de julio de 2026, y el ejercicio sin autorización se castiga con dos años de prisión y 30 000 euros de multa (artículos L. 54-10-4 y L. 572-23). Las fintech de pago, por su parte, necesitan en principio la autorización de la ACPR como entidad de pago o de dinero electrónico (artículos L. 522-6 y L. 526-7) y están sujetas al Reglamento DORA. El cliente de una plataforma dispone de una reclamación sin coste (artículo 71 de MiCA) y, después, de una acción de responsabilidad, a menudo ante el juez de su domicilio. Las plusvalías de los particulares tributan en el impuesto sobre la renta al tipo fijo del 12,8 % (artículos 150 VH bis y 200 C del Código General de Impuestos francés, Code général des impôts), a lo que se suman las cotizaciones sociales, entre ellas la contribución social generalizada (CSG) del 10,6 % (artículos L. 136-6 y L. 136-8 del Código de la Seguridad Social francés, Code de la sécurité sociale). El despacho Kohen Avocats, en el distrito 16 de París, interviene tanto para la empresa como para el cliente. Contacto: +33 6 89 11 34 45.
¿Una autorización que obtener, una cuenta bloqueada, una plusvalía que declarar?
Comprender su situación
Abogado cripto en París: el derecho de los criptoactivos y de las fintech, explicado
Los criptoactivos son los que contempla el Reglamento MiCA (artículo L. 54-10-1 del Código Monetario y Financiero). Quién debe obtener autorización y de quién, qué exige la normativa de pagos, cómo actuar contra una plataforma o un proveedor, y cómo trata la administración tributaria sus ganancias.
Puntos clave
Ejercer una actividad con criptoactivos: cuatro comprobaciones
Lo que la AMF examina antes de conceder la autorización, y lo que un cliente o un competidor podrá reprocharle más adelante.
Un criptoactivo en el sentido del Reglamento MiCA, definido como «una representación digital de un valor o de un derecho que puede transferirse y almacenarse electrónicamente mediante la tecnología de registro distribuido o una tecnología similar» (artículo 3, apartado 1, punto 5, del Reglamento (UE) 2023/1114). El Código Monetario y Financiero remite ahora directamente a esta definición (artículo L. 54-10-1).
Un servicio de criptoactivos: custodia y administración por cuenta de clientes, gestión de una plataforma de negociación, canje por fondos o por otros criptoactivos, ejecución de órdenes, colocación, recepción y transmisión de órdenes, asesoramiento, gestión de carteras, transferencia por cuenta de clientes (artículo 3, apartado 1, punto 16)).
Una autorización: solo una persona jurídica u otra empresa autorizada como proveedor de servicios de criptoactivos, o una entidad financiera ya autorizada que haya notificado su proyecto, puede prestar estos servicios en la Unión (artículo 59, apartado 1). En Francia, la solicitud se presenta ante la AMF, que recaba el dictamen vinculante de la ACPR sobre el dispositivo de lucha contra el blanqueo de capitales (artículo L. 54-10-7).
Garantías prudenciales permanentes, al menos iguales al mayor de dos importes: el capital mínimo del anexo IV, es decir, 50 000, 125 000 o 150 000 euros según los servicios, o la cuarta parte de los gastos generales fijos del año anterior (artículo 67, apartado 1, y anexo IV).
El régimen francés de los proveedores de servicios sobre activos digitales, conocido como PSAN, desapareció el 1 de julio de 2026, al término del régimen transitorio de MiCA (artículo 143, apartado 3). Desde esa fecha, el ejercicio de la profesión «está prohibido a toda persona que no haya sido autorizada a prestar servicios de criptoactivos de conformidad con el artículo 59» del Reglamento (traducción propia) (artículo L. 54-10-4). El calendario de esta transición y sus consecuencias para los antiguos PSAN se detallan en nuestra página abogado MiCA.
La autorización abre el mercado de la Unión. El proveedor autorizado puede prestar servicios en todos los Estados miembros, mediante una sucursal o en libre prestación de servicios, sin presencia física en el Estado de acogida (artículo 59, apartado 7); comunica la lista de los Estados y de los servicios previstos, y puede comenzar desde la recepción de la comunicación de la autoridad competente o, a más tardar, a partir del decimoquinto día natural siguiente a esa transmisión (artículo 65, apartado 4). La tramitación está regulada: acuse de recibo en cinco días hábiles, control de que la solicitud está completa en veinticinco días hábiles y, después, decisión motivada en los cuarenta días hábiles siguientes a la recepción de una solicitud completa (artículo 63, apartados 1, 2 y 9), plazo que suspende, con un límite de veinte días hábiles, una solicitud de información adicional formulada a más tardar el vigésimo día (artículo 63, apartado 12).
El Código Monetario y Financiero vincula sanciones penales a estas prohibiciones. Infringir la prohibición de ejercer sin autorización, o presentarse como autorizado sin estarlo, se castiga con dos años de prisión y 30 000 euros de multa (artículo L. 572-23); difundir información inexacta o engañosa, o utilizar una denominación que haga creer en una autorización, con seis meses y 7 500 euros (artículo L. 572-26). La AMF también puede requerir formalmente al operador no autorizado y, después, obtener del presidente del tribunal judicial (tribunal judiciaire) de París una orden de bloqueo de su sitio web (artículo L. 621-13-5). Bajo el régimen anterior, ese juez ordenó así a los proveedores de acceso a internet bloquear un sitio tras constatar que el operador «no dispone de ningún registro ante la AMF» (traducción propia) (TJ Paris, prés., procédure accélérée au fond, 19 mars 2025, n° 25/50486). Las ofertas públicas de tokens, el libro blanco y las sanciones administrativas del Reglamento se tratan en la misma página abogado MiCA y ofertas de tokens.
Fintech
Pagos, dinero electrónico, DORA y lucha contra el blanqueo de capitales
Una fintech que maneja los fondos de sus clientes entra casi siempre en un estatuto regulado.
Monopolio
Se prohíbe a toda persona distinta de los proveedores habilitados prestar servicios de pago como actividad profesional habitual (artículo L. 521-2 del Código Monetario y Financiero). El incumplimiento de esta prohibición se castiga con tres años de prisión y 375 000 euros de multa (artículo L. 572-5).
Entidad de pago
La autorización la concede la ACPR, previo dictamen del Banco de Francia (Banque de France), y solo a una persona jurídica; la ACPR comprueba la gobernanza, el control interno, la seguridad de los servicios y la protección de los datos de pago sensibles (artículo L. 522-6).
Dinero electrónico
Emitir y gestionar dinero electrónico exige una autorización de la ACPR como entidad de dinero electrónico (artículo L. 526-7). Los emisores de dinero electrónico y de fichas de dinero electrónico son las entidades de dinero electrónico y las entidades de crédito (artículo L. 525-1), y determinadas instituciones públicas se consideran también emisoras (artículo L. 525-2).
Pagos y cripto
Un proveedor de servicios de criptoactivos puede prestar servicios de pago vinculados a su oferta, por sí mismo o a través de un tercero, siempre que uno u otro esté autorizado conforme a la Directiva (UE) 2015/2366 (artículo 70, apartado 4, del Reglamento MiCA).
DORA
El Reglamento (UE) 2022/2554 sobre la resiliencia operativa digital se aplica desde el 17 de enero de 2025 a las entidades de pago, a las entidades de dinero electrónico y a los proveedores de servicios de criptoactivos autorizados (artículos 2 y 64).
PBC-FT
Los proveedores autorizados en virtud del artículo 59 de MiCA están sujetos a las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales (artículo L. 561-2, 7° bis): identificar al cliente y al titular real antes de iniciar la relación de negocios (artículo L. 561-5) y comunicar las sumas u operaciones sospechosas (artículo L. 561-15).
El estatuto regulado genera deberes frente a las víctimas de fraude. En un asunto de opciones binarias y Forex, el Tribunal de Casación (Cour de cassation) confirmó la condena in solidum de un proveedor de servicios de pago y de su intermediario: el primero «no podía ignorar que la sociedad Seroph pertenecía a las profesiones reguladas y que el funcionamiento de su cuenta presentaba transferencias a favor de sociedades inscritas en la lista negra de la Autoridad de los Mercados Financieros» (traducción propia). Se aplicaba la ley francesa, ya que el perjuicio se había sufrido en la cuenta del inversor abierta en Francia (Cass. com., 1er octobre 2025, n° 22-23.136).
El dispositivo contra el blanqueo de capitales, en cambio, no beneficia directamente al cliente. Para el Tribunal de Casación, «la víctima de actuaciones fraudulentas no puede invocar el incumplimiento de las obligaciones de diligencia debida y de comunicación antes citadas para reclamar daños y perjuicios a la entidad financiera» (traducción propia) (Cass. com., 21 septembre 2022, n° 21-12.335). La responsabilidad se discute entonces en el terreno del deber general de vigilancia y de las anomalías aparentes, o en el de las normas propias de las operaciones no autorizadas (artículo L. 133-18).
El despacho califica el modelo de negocio antes del lanzamiento: flujos de fondos, tenencia o no de los activos, servicios prestados, clientela a la que se dirige, recurso a un agente o a un socio autorizado. Las cuestiones de crédito, banca y mercados financieros tienen su propia página: abogado de derecho bancario y financiero; el programa de cumplimiento y el control interno se tratan en la página abogado de compliance.
Los litigios
Cuenta bloqueada, fondos perdidos, plataforma extranjera: las vías de recurso
Primero la reclamación, después la responsabilidad, ante el juez competente y con las pruebas adecuadas.
Reclamación
El proveedor autorizado mantiene un procedimiento de tramitación de reclamaciones eficaz y transparente; la reclamación no tiene coste para el cliente, se presenta con un modelo normalizado y debe examinarse de manera equitativa en un plazo razonable (artículo 71 del Reglamento MiCA).
Custodia de los activos
El proveedor que posee los criptoactivos de sus clientes protege sus derechos de propiedad, en particular en caso de insolvencia, y no puede utilizarlos por cuenta propia; los fondos de los clientes se depositan en una cuenta separada (artículo 70).
Pérdida imputable
El custodio responde ante sus clientes de la pérdida de los criptoactivos o de los medios de acceso a ellos derivada de un incidente que le sea imputable, con el límite de su valor de mercado en el momento de la pérdida (artículo 75, apartado 8).
Incumplimiento
A falta de régimen especial, el deudor es condenado a pagar daños y perjuicios por el incumplimiento o el retraso, salvo fuerza mayor (artículo 1231-1 del Código Civil francés, Code civil).
Juez competente
Frente a una plataforma que dirige sus actividades a Francia, el consumidor puede demandar ante los órganos jurisdiccionales de su domicilio, cualquiera que sea el domicilio de la plataforma (artículos 17 y 18 del Reglamento (UE) n° 1215/2012, conocido como Bruselas I bis); el tribunal francés territorialmente competente se determina después conforme al artículo R. 631-3 del Código de Consumo francés (Code de la consommation), y la cláusula que crea en perjuicio del consumidor un desequilibrio significativo es abusiva (artículo L. 212-1).
Operación no autorizada
El reembolso de las operaciones no autorizadas solo afecta a las operaciones de pago (artículos L. 133-18 y L. 133-24 del Código Monetario y Financiero), no a los criptoactivos custodiados en una plataforma; se trata en las páginas derecho bancario y financiero y fraude del falso asesor bancario.
La responsabilidad de una plataforma se prueba hecho por hecho. El tribunal de apelación (cour d'appel) de Grenoble condenó a una plataforma a indemnizar a un cliente cuyos Ethereum habían sido desviados tras el pirateo de su cuenta, porque había seguido operando antes de su registro ante la AMF y «no ejercía, por tanto, su actividad de forma regular» (traducción propia). En cambio, descartó toda falta de vigilancia, ya que el cliente había sido alertado de la conexión sospechosa, y consideró que «la congelación de las transacciones es únicamente una posibilidad que se reserva la parte apelada, sin estar obligada a ello» (traducción propia). La solicitud de indemnización en Ethereum fue desestimada, porque «no puede prosperar al tratarse de una solicitud formulada en una moneda que no tiene curso legal» (traducción propia), al igual que la pérdida de oportunidad de obtener una plusvalía (CA Grenoble, ch. com., 26 juin 2025, n° 24/02105). Dictada en rebeldía, esta sentencia sigue siendo una decisión ligada a las circunstancias del caso.
A la inversa, el cliente que ordenó él mismo las transferencias soporta en principio su pérdida. El tribunal judicial de París desestimó la demanda de un cliente que reprochaba a su proveedor haber ejecutado transferencias de bitcoins a un estafador: la obligación del proveedor «consistía en este caso en garantizar la correcta ejecución de las órdenes de conversión y posterior transferencia recibidas del demandante» (traducción propia), en ausencia de anomalía aparente (TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 18 septembre 2024, n° 23/13786). Del mismo modo, el Tribunal de Casación confirmó la sentencia de un tribunal de apelación que había descartado la responsabilidad de un banco, dado que las transferencias autorizadas «no presentaban anomalías aparentes fácilmente detectables por un profesional diligente» (traducción propia) (Cass. com., 25 mars 2026, n° 24-18.093).
Frente a una plataforma establecida fuera de Francia, el juez francés sigue siendo a menudo accesible. El juez encargado de la preparación del procedimiento (juge de la mise en état) del tribunal judicial de Niza descartó la cláusula que designaba un órgano jurisdiccional estonio, abusiva respecto de un consumidor «al imponerle acudir, en caso de litigio, a un órgano jurisdiccional situado en otro país y geográficamente alejado de su lugar de residencia» (traducción propia), tras constatar que una página en francés «demuestra que la sociedad dirigió sus actividades a Francia» (traducción propia) (TJ Nice, juge de la mise en état, 7 mai 2025, n° 23/02973). Cuando estas normas europeas no se aplican, porque la plataforma está establecida fuera de la Unión y no se cumplen las condiciones del artículo 17 del Reglamento, la competencia se rige por el derecho francés (artículo 6, apartado 1, del Reglamento (UE) n° 1215/2012). El Tribunal de Casación establece entonces que el consumidor no puede ser privado, mediante una cláusula que designe un órgano jurisdiccional extranjero, «del derecho a acudir a los tribunales franceses si está domiciliado en Francia» (traducción propia), pero aplicó la cláusula a clientes que no estaban domiciliados en Francia en la fecha de la demanda (Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-21.422).
El robo, el pirateo y la estafa con criptoactivos son materia penal y tienen su propia página: abogado por robo de criptomonedas. Cuando el juez de instrucción (juge d'instruction) ha embargado activos, el auto que resuelve sobre su restitución se impugna ante el primer presidente del tribunal de apelación (Cass. crim., 20 mai 2026, n° 25-86.539). Véanse también nuestros artículos sobre los fondos bloqueados en una plataforma de trading y sobre el falso bróker que bloquea las retiradas.
Fiscalidad
La tributación de los criptoactivos en 2026
El régimen depende de la forma de operar y, después, de las declaraciones que lo acompañan.
Las plusvalías obtenidas por una persona física domiciliada en Francia en una transmisión a título oneroso de criptoactivos sujetos a MiCA tributan, salvo que constituyan beneficios profesionales (artículo 150 VH bis del Código General de Impuestos, I).
El canje sin compensación en metálico (soulte) entre criptoactivos no tributa el año del canje, y las transmisiones cuya suma de precios no supere 305 euros en el año están exentas (artículo 150 VH bis, II).
La plusvalía se calcula sobre el conjunto de la cartera: precio de transmisión, menos el precio total de adquisición multiplicado por la relación entre ese precio de transmisión y el valor global de la cartera (artículo 150 VH bis, III).
Las minusvalías solo se compensan con las plusvalías de la misma naturaleza obtenidas el mismo año (artículo 150 VH bis, IV).
El tipo fijo es del 12,8 % del impuesto sobre la renta, salvo opción global e irrevocable por la escala progresiva, ejercida al presentar la declaración (artículo 200 C).
A ello se suman las cotizaciones sociales, entre ellas la contribución social generalizada sobre los rendimientos del patrimonio, que grava las plusvalías sujetas al impuesto sobre la renta (artículo L. 136-6 del Código de la Seguridad Social) al tipo del 10,6 % (artículo L. 136-8, I, 2°).
Las operaciones realizadas en condiciones análogas a las de un profesional tributan como beneficios no comerciales (bénéfices non commerciaux) (artículo 92, 2, 1° bis).
Las declaraciones cuentan tanto como el impuesto. El importe global de la plusvalía o minusvalía se consigna en la declaración anual, con un anexo que detalla cada transmisión sujeta o el precio de cada transmisión exenta (artículo 150 VH bis, V). Las referencias de las carteras abiertas, poseídas, utilizadas o cerradas en entidades establecidas en el extranjero se declaran al mismo tiempo, al igual que los criptoactivos únicos y no fungibles poseídos en el extranjero (artículo 1649 bis C). La omisión cuesta 750 euros por cartera, o 125 euros por omisión o inexactitud, con el límite de 10 000 euros por declaración, importes que se elevan a 1 500 y 250 euros cuando el valor ha superado 50 000 euros en cualquier momento del año (artículo 1736, X).
Los proveedores pasan a ser declarantes. El artículo 1649 AC bis, en vigor desde el 1 de enero de 2026, obliga al proveedor que presta un servicio de criptoactivos a declarar a la administración tributaria, en las condiciones y plazos fijados por decreto, las transacciones realizadas por sus usuarios, con su identificación y su residencia (artículo 1649 AC bis). Las discrepancias entre estos datos y las declaraciones del contribuyente podrán cotejarse; una regularización se prepara antes de la inspección, no durante.
El cálculo paso a paso, la minería y el staking y las cuentas en el extranjero tienen sus propios artículos: calcular y declarar una plusvalía cripto, minería y staking, cuentas cripto en el extranjero y DAC 8. La inspección fiscal y los litigios tributarios se tratan en la página abogado fiscalista en París.
Las dos partes
Usted es una empresa del sector o cliente de una plataforma
Los mismos textos se leen de forma distinta según la posición que usted ocupe, y cada tema tiene su página.
Usted es una empresa cripto o fintech
- Calificar los servicios prestados a la luz de MiCA, del derecho de pagos y del derecho financiero.
- Preparar el expediente de autorización, el dispositivo contra el blanqueo de capitales y la documentación para clientes.
- Responder a la AMF o a la ACPR, a un requerimiento formal, a una reclamación o a una demanda de un cliente.
Usted es cliente o inversor
- Comprobar el estatuto de la plataforma y conservar extractos, comunicaciones y condiciones generales.
- Presentar la reclamación, comprobar la custodia y la segregación de los activos y, después, cuantificar la pérdida en euros.
- Elegir el juez y el fundamento: incumplimiento, pérdida imputable, vigilancia, cláusula abusiva.
Las páginas de la materia:
Abogado blockchain: contratos inteligentes, tokenización y prueba en registro distribuido.
Abogado MiCA y ofertas de tokens: libro blanco, oferta pública, fichas referenciadas a activos y fichas de dinero electrónico.
Abogado NFT: emisión, venta, derechos asociados y litigios sobre los tokens no fungibles.
Abogado por robo de criptomonedas: denuncia, congelación de fondos y acciones penales tras un robo o una estafa.
Abogado de compliance: programa de cumplimiento, control interno e investigaciones de las autoridades.
Los fundamentos que el despacho examina en cada expediente:
Preguntas
Preguntas frecuentes
Catorce respuestas detalladas, basadas en los textos en vigor y en decisiones verificadas.
¿Qué hace un abogado cripto para una empresa del sector?
En primer lugar, califica la actividad. Todo depende de si la empresa presta un servicio de criptoactivos en el sentido del Reglamento MiCA: custodia y administración por cuenta de clientes, plataforma de negociación, canje por fondos o por otros criptoactivos, ejecución, recepción y transmisión de órdenes, colocación, asesoramiento, gestión de carteras o transferencia (artículo 3, apartado 1, punto 16, del Reglamento (UE) 2023/1114). En tal caso, solo una persona jurídica u otra empresa autorizada, o una entidad financiera ya autorizada que haya notificado su proyecto, puede prestarlo en la Unión (artículo 59, apartado 1), y el ejercicio sin autorización está prohibido en Francia (artículo L. 54-10-4 del Código Monetario y Financiero).
Después, prepara el expediente. La solicitud se presenta ante la AMF, que recaba el dictamen vinculante de la ACPR sobre los procedimientos de control interno destinados a detectar y gestionar los riesgos de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, y su dictamen no vinculante sobre el órgano de dirección (artículo L. 54-10-7). El proveedor debe tener su domicilio social en un Estado miembro en el que preste parte de sus servicios, su sede de dirección efectiva en la Unión y al menos un administrador residente en la Unión (artículo 59, apartado 2).
El despacho acompaña también la vida de la empresa después de la autorización: condiciones generales, procedimiento de reclamación, ampliación de la autorización, pasaporte europeo, respuesta a los requerimientos de las autoridades, contratos con los socios de pago y litigios con los clientes.
¿Cómo comprobar que una plataforma cripto está autorizada y qué riesgos implica una plataforma que no lo está?
Empezar por la lista oficial. La lista de los proveedores autorizados a prestar servicios de criptoactivos en Francia la publica la Autoridad de los Mercados Financieros (artículo L. 54-10-7, V, del Código Monetario y Financiero). El antiguo registro PSAN ya no basta: el régimen transitorio de MiCA terminó el 1 de julio de 2026 (artículo 143, apartado 3, del Reglamento (UE) 2023/1114), y el ejercicio de la profesión «está prohibido a toda persona que no haya sido autorizada a prestar servicios de criptoactivos de conformidad con el artículo 59» del Reglamento (traducción propia). El mismo texto prohíbe utilizar una denominación, una razón social o una publicidad que haga creer en una autorización (artículo L. 54-10-4).
La plataforma no autorizada se expone a acciones penales, dos años de prisión y 30 000 euros de multa por el ejercicio sin autorización (artículo L. 572-23), y al bloqueo de su sitio web a instancia de la AMF (artículo L. 621-13-5). Bajo el régimen anterior, el presidente del tribunal judicial de París ordenó así el bloqueo de un sitio cuyo operador «no dispone de ningún registro ante la AMF» (traducción propia) (TJ Paris, prés., procédure accélérée au fond, 19 mars 2025, n° 25/50486).
Para el cliente, la falta de autorización puede fundamentar una acción de responsabilidad. El tribunal de apelación de Grenoble apreció la culpa de una plataforma que había proseguido su actividad antes de estar registrada y que «no ejercía, por tanto, su actividad de forma regular» (traducción propia); la sentencia, dictada en rebeldía, sigue siendo una decisión ligada a las circunstancias del caso (CA Grenoble, ch. com., 26 juin 2025, n° 24/02105). El despacho comprueba el estatuto del proveedor y su Estado de origen, organiza la retirada de los activos y prepara la reclamación. El calendario de la transición y sus consecuencias para los antiguos PSAN se detallan en nuestra página abogado MiCA.
¿Cuánto tiempo se tarda en obtener la autorización como proveedor de servicios de criptoactivos?
Los plazos de la autoridad los fija el Reglamento; los de la preparación dependen del expediente. La autoridad competente acusa recibo de la solicitud en un plazo de cinco días hábiles, comprueba si está completa en un plazo de veinticinco días hábiles y, si está incompleta, fija un plazo para aportar la información que falta; puede negarse a reexaminar una solicitud que siga incompleta al vencer ese plazo (artículo 63, apartados 1 a 3, del Reglamento (UE) 2023/1114).
Una vez completa la solicitud, dispone de cuarenta días hábiles para evaluar si el solicitante cumple el título V del Reglamento y adoptar una decisión debidamente motivada de concesión o de denegación, notificada en un plazo de cinco días hábiles (artículo 63, apartado 9). Este plazo no es un máximo rígido: hasta el vigésimo día hábil de la evaluación, la autoridad puede solicitar por escrito información adicional, y la evaluación queda suspendida hasta la respuesta, con un límite de veinte días hábiles (artículo 63, apartado 12). En Francia, la autoridad competente es la AMF, que recaba el dictamen vinculante de la ACPR sobre el dispositivo de lucha contra el blanqueo de capitales y su dictamen no vinculante sobre la dirección (artículo L. 54-10-7 del Código Monetario y Financiero).
El calendario real depende, por tanto, sobre todo de la calidad de la primera presentación: programa de actividades, gobernanza, honorabilidad y competencia de los directivos, garantías prudenciales, política de custodia, procedimiento de reclamación, dispositivo contra el blanqueo de capitales. El despacho prepara estos documentos con el equipo, anticipa las preguntas de la autoridad y sigue la tramitación hasta la decisión.
¿Qué capital mínimo necesita un proveedor de servicios de criptoactivos?
El Reglamento MiCA no habla solo de capital social, sino de garantías prudenciales que deben mantenerse en todo momento. Su importe debe ser al menos igual al mayor de dos importes: el capital mínimo permanente fijado por el anexo IV según los servicios prestados, o una cuarta parte de los gastos generales fijos del año anterior, recalculados cada año (artículo 67, apartado 1, del Reglamento (UE) 2023/1114).
El anexo IV distingue tres categorías. La primera, de 50 000 euros, abarca en particular la ejecución y la recepción y transmisión de órdenes, la colocación, la transferencia, el asesoramiento y la gestión de carteras. La segunda, de 125 000 euros, añade la custodia y administración de criptoactivos por cuenta de clientes y el canje por fondos o por otros criptoactivos. La tercera, de 150 000 euros, añade la gestión de una plataforma de negociación (anexo IV). Durante su primer año de actividad, el proveedor calcula la cuarta parte de los gastos generales sobre las proyecciones adjuntas a su solicitud de autorización (artículo 67, apartado 2).
Estas garantías se suman a los requisitos de organización, entre ellos la protección de los activos de los clientes: el proveedor que los posee adopta las disposiciones adecuadas «para proteger los derechos de propiedad de los clientes, en particular en caso de insolvencia del proveedor de servicios de criptoactivos» (traducción propia) (artículo 70, apartado 1). El despacho cuantifica la categoría aplicable desde el plan de negocio, a menudo en el momento de la ronda de financiación, y redacta las cláusulas del pacto de socios y de los estatutos que dependen de ella.
¿Puede una plataforma autorizada en otro Estado de la Unión prestar servicios a clientes franceses?
Sí. El proveedor autorizado en un Estado miembro puede prestar sus servicios en todo el territorio de la Unión, ya sea mediante el derecho de establecimiento, incluso a través de una sucursal, ya sea en régimen de libre prestación de servicios, y no está obligado a tener presencia física en el Estado de acogida (artículo 59, apartado 7, del Reglamento (UE) 2023/1114). Comunica a la autoridad de su Estado de origen la lista de los Estados a los que se dirige y de los servicios de que se trate y, después, puede comenzar en la fecha de recepción de la comunicación de esa autoridad o, a más tardar, a partir del decimoquinto día natural después de haber facilitado esa información (artículo 65, apartado 4).
La misma regla funciona en sentido inverso para una empresa autorizada en Francia que se dirige a otros mercados. La implantación no suprime todo el derecho nacional: los proveedores establecidos en otro Estado miembro que recurren en Francia a agentes o a otras personas para prestar servicios de criptoactivos entran en el ámbito de las obligaciones francesas de prevención del blanqueo de capitales (artículo L. 561-2 del Código Monetario y Financiero, 1° quater). La lista de los proveedores autorizados a prestar servicios en Francia la publica la AMF (artículo L. 54-10-7, V).
Para el cliente francés, este punto tiene dos consecuencias: comprobar el estatuto de la plataforma antes de abrir una cuenta, y saber que el juez francés sigue siendo a menudo competente si la plataforma dirige sus actividades a Francia. El despacho comprueba la autorización, el Estado de origen y las condiciones generales antes de cualquier litigio.
Fintech: ¿hace falta una autorización como entidad de pago o de dinero electrónico?
En cuanto presta servicios de pago como actividad profesional habitual, la fintech debe pertenecer a una de las categorías de proveedores habilitados. La prohibición la establece el artículo L. 521-2 del Código Monetario y Financiero y su incumplimiento se castiga con tres años de prisión y 375 000 euros de multa (artículo L. 572-5).
La autorización como entidad de pago la concede la ACPR, previo dictamen del Banco de Francia, y solo puede otorgarse a una persona jurídica; la ACPR comprueba la gobernanza, el control interno, la seguridad de los servicios y la protección de los datos de pago sensibles, así como la honorabilidad, la competencia y la experiencia de los directivos (artículo L. 522-6). La emisión y la gestión de dinero electrónico exigen el mismo tipo de autorización (artículo L. 526-7), y los emisores de dinero electrónico y de fichas de dinero electrónico «son las entidades de dinero electrónico y las entidades de crédito» (traducción propia) (artículo L. 525-1), y el Banco de Francia, el Tesoro Público (Trésor public) y la Caisse des dépôts et consignations se consideran también emisores cuando emiten dinero electrónico (artículo L. 525-2).
Se suman dos regímenes. El Reglamento DORA se aplica desde el 17 de enero de 2025 a las entidades de pago y de dinero electrónico, incluidas las exentas (artículos 2 y 64 del Reglamento (UE) 2022/2554): gestión del riesgo informático, incidentes, proveedores terceros. El dispositivo contra el blanqueo de capitales obliga a identificar al cliente y al titular real antes de cualquier relación de negocios (artículo L. 561-5). Antes del lanzamiento, el despacho compara los esquemas posibles: autorización propia, agente o asociación con un socio autorizado.
Mi plataforma bloquea mis retiradas o mi cuenta: ¿qué hacer?
Empezar por una reclamación escrita y fechada. El proveedor autorizado debe tramitar las reclamaciones mediante un procedimiento eficaz y transparente, poner un modelo normalizado a disposición de los clientes y examinar cada reclamación de manera equitativa y en un plazo razonable y, después, comunicar el resultado en un plazo razonable; «Los clientes podrán presentar reclamaciones ante los proveedores de servicios de criptoactivos sin coste alguno.» (traducción propia) (artículo 71 del Reglamento (UE) 2023/1114). Conserve los extractos, las comunicaciones, las capturas de pantalla y la versión de las condiciones generales aceptada al abrir la cuenta.
El bloqueo puede estar justificado. El proveedor sujeto al dispositivo contra el blanqueo de capitales debe identificar a su cliente y al titular real, y comunicar las operaciones sospechosas (artículo L. 561-5 del Código Monetario y Financiero y artículo L. 561-15); una solicitud de justificantes sobre el origen de los fondos forma parte de estas obligaciones. En cambio, un bloqueo prolongado sin causa, o una negativa a restituir los activos, abre una acción de responsabilidad contractual, ya que el deudor es condenado a pagar daños y perjuicios por el incumplimiento o el retraso, salvo fuerza mayor (artículo 1231-1 del Código Civil).
La reclamación se cuantifica en euros. El tribunal de apelación de Grenoble denegó una indemnización en Ethereum, solicitud que «no puede prosperar al tratarse de una solicitud formulada en una moneda que no tiene curso legal» (traducción propia), aunque condenó a la plataforma a reparar el perjuicio económico (CA Grenoble, ch. com., 26 juin 2025, n° 24/02105). El despacho redacta la reclamación y el requerimiento formal y, después, interpone el procedimiento de urgencia (référé) o la acción sobre el fondo.
Han pirateado mi cuenta en una plataforma: ¿es responsable la plataforma?
Puede serlo, si el incidente le es imputable. Los proveedores que prestan servicios de custodia y administración de criptoactivos por cuenta de clientes «son responsables ante sus clientes de la pérdida de cualquier criptoactivo o de los medios de acceso a los criptoactivos derivada de un incidente que les sea imputable» (traducción propia), con una responsabilidad limitada al valor de mercado del criptoactivo en el momento de la pérdida (artículo 75, apartado 8, del Reglamento (UE) 2023/1114). Fuera de este texto, la acción se basa en el incumplimiento del contrato (artículo 1231-1 del Código Civil).
Todo depende de la prueba de la seguridad. En el asunto juzgado por el tribunal de apelación de Grenoble, la plataforma había alertado al cliente de una conexión desde un dispositivo desconocido y le había propuesto congelar su cuenta; el pirata había superado la autenticación de doble factor y desactivado la confirmación de las retiradas, lo que suponía un acceso al correo electrónico del cliente. El tribunal descartó la falta de vigilancia y consideró que «la congelación de las transacciones es únicamente una posibilidad que se reserva la parte apelada, sin estar obligada a ello» (traducción propia). La plataforma fue, sin embargo, condenada por otra culpa: operaba sin el registro entonces exigido (CA Grenoble, ch. com., 26 juin 2025, n° 24/02105).
La pérdida de oportunidad de haber vendido en el punto más alto no fue indemnizada, al considerarse la cotización demasiado fluctuante. El despacho reconstruye el historial de conexiones, alertas y parámetros de seguridad y, después, elige el fundamento más sólido. Cuando el pirateo constituye una infracción penal, la denuncia se prepara en paralelo: véase nuestra página abogado por robo de criptomonedas.
Una plataforma extranjera me impone un tribunal en el extranjero: ¿puedo acudir al juez francés?
A menudo, si usted es consumidor y está domiciliado en Francia. La competencia internacional se rige en primer lugar por el Reglamento (UE) n° 1215/2012, conocido como Bruselas I bis. Cuando la plataforma ejerce sus actividades en Francia o, por cualquier medio, dirige sus actividades a Francia, y el contrato está comprendido en el marco de dichas actividades (artículo 17, apartado 1, letra c), del Reglamento), el consumidor puede demandar, «cualquiera que sea el domicilio de la otra parte, ante el órgano jurisdiccional del lugar en que esté domiciliado el consumidor» (traducción propia) (artículo 18, apartado 1), incluso contra una plataforma establecida fuera de la Unión (artículo 6, apartado 1). Una cláusula pactada antes del litigio no puede, en principio, privarle de esta opción (artículo 19). El tribunal francés territorialmente competente se determina después conforme al artículo R. 631-3 del Código de Consumo: el del lugar en que residía el consumidor en el momento de la celebración del contrato o de producirse el hecho dañoso.
El juez encargado de la preparación del procedimiento del tribunal judicial de Niza, tras constatar que la página de suscripción en francés «demuestra que la sociedad dirigió sus actividades a Francia» (traducción propia), aplicó los artículos 17 y 18 del Reglamento y, después, el artículo R. 631-3, y descartó la cláusula que obligaba a un jubilado, cliente de un servicio de trading automatizado, a acudir a un órgano jurisdiccional estonio, cláusula abusiva «al imponerle acudir, en caso de litigio, a un órgano jurisdiccional situado en otro país y geográficamente alejado de su lugar de residencia» (traducción propia) (TJ Nice, juge de la mise en état, 7 mai 2025, n° 23/02973; artículo L. 212-1 del Código de Consumo).
Cuando la plataforma está establecida fuera de la Unión y no se cumplen las condiciones del artículo 17, la competencia se rige por la ley francesa. El Tribunal de Casación establece entonces que el consumidor no puede ser privado, mediante una cláusula que designe un órgano jurisdiccional extranjero, «del derecho a acudir a los tribunales franceses si está domiciliado en Francia» (traducción propia); aplicó la cláusula a clientes que no estaban domiciliados en Francia en la fecha de la demanda (Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-21.422). El despacho comprueba estas condiciones antes de presentar la demanda.
La plataforma quiebra: ¿están protegidos mis criptoactivos?
Si están custodiados por un proveedor autorizado, el Reglamento MiCA los pone a salvo de sus acreedores. El custodio separa los criptoactivos que posee por cuenta de sus clientes de sus propios activos, también en el registro distribuido, y los criptoactivos custodiados están «jurídicamente separados del patrimonio del proveedor de servicios de criptoactivos» (traducción propia), de modo que sus acreedores «no pueden hacer valer ningún derecho sobre los criptoactivos custodiados por el proveedor de servicios de criptoactivos, en particular en caso de insolvencia» (traducción propia) (artículo 75, apartado 7, del Reglamento (UE) 2023/1114). Debe también disponer de los procedimientos necesarios para devolver lo antes posible a sus clientes sus criptoactivos o los medios de acceso a ellos (artículo 75, apartado 6).
El proveedor prepara esta situación antes de que se produzca. Dispone de un plan adecuado para respaldar una liquidación ordenada de sus actividades, que demuestra su capacidad para llevarla a cabo sin causar un perjuicio económico excesivo a sus clientes (artículo 74), y adopta las disposiciones adecuadas para proteger los derechos de propiedad de sus clientes, sin poder utilizar sus criptoactivos por cuenta propia (artículo 70, apartado 1). El registro de posiciones abierto a nombre de cada cliente y los extractos que este recibe al menos cada tres meses sirven entonces de prueba (artículo 75, apartados 2 y 5).
Estas protecciones presuponen un proveedor autorizado que custodia los activos por cuenta del cliente. Cuando los criptoactivos se han perdido por un incidente imputable al custodio, su responsabilidad se limita a su valor de mercado en el momento de la pérdida (artículo 75, apartado 8); fuera de este texto, la acción se basa en el incumplimiento del contrato (artículo 1231-1 del Código Civil). El despacho reconstruye las posiciones del cliente a partir de sus extractos y del historial de transacciones y, después, hace valer sus derechos ante el proveedor o ante quienes dirigen su liquidación.
Víctima de una falsa plataforma de inversión: ¿se puede actuar contra el banco o el proveedor de servicios de pago?
A veces, pero no en el terreno de la prevención del blanqueo de capitales. Las entidades obligadas comunican las operaciones sospechosas (artículo L. 561-15 del Código Monetario y Financiero), pero el Tribunal de Casación considera que «la víctima de actuaciones fraudulentas no puede invocar el incumplimiento de las obligaciones de diligencia debida y de comunicación antes citadas para reclamar daños y perjuicios a la entidad financiera» (traducción propia) (Cass. com., 21 septembre 2022, n° 21-12.335). La acción pasa por el deber general de vigilancia, que presupone una anomalía aparente.
El banco que ejecuta transferencias autorizadas no está obligado a investigar: el Tribunal de Casación confirmó la sentencia de un tribunal de apelación que había considerado que unas transferencias internacionales, numerosas y seguidas, «no presentaban anomalías aparentes fácilmente detectables por un profesional diligente» (traducción propia) (Cass. com., 25 mars 2026, n° 24-18.093). En cambio, el proveedor de servicios de pago que servía a una plataforma fraudulenta puede ser condenado: en un asunto de Forex y opciones binarias, el Tribunal de Casación confirmó la condena de un proveedor que había puesto una cuenta a disposición de un intermediario de pago y no podía ignorar que su cliente pertenecía a las profesiones reguladas y que su cuenta recibía fondos destinados a sociedades inscritas en la lista negra de la AMF (Cass. com., 1er octobre 2025, n° 22-23.136).
La estafa en sí es materia penal, con denuncia, congelación y embargo de los activos: véase nuestra página abogado por robo de criptomonedas y nuestro artículo sobre el embargo penal de las criptomonedas. Ambas vías se llevan a cabo conjuntamente, y el procedimiento penal sirve a menudo de prueba para la acción civil.
¿Cómo tributan las plusvalías de criptoactivos?
Para un particular que gestiona su patrimonio privado, al tipo fijo del 12,8 % del impuesto sobre la renta, salvo opción global e irrevocable por la escala progresiva (artículo 200 C del Código General de Impuestos). Este tipo no refleja toda la carga: a él se suman las cotizaciones sociales, entre ellas la contribución social generalizada sobre los rendimientos del patrimonio, que grava las plusvalías sujetas al impuesto sobre la renta (artículo L. 136-6 del Código de la Seguridad Social) al tipo del 10,6 % (artículo L. 136-8, I, 2°). El hecho imponible es la transmisión a título oneroso de criptoactivos sujetos a MiCA, a cambio de euros o de otra contraprestación (artículo 150 VH bis, I). El canje sin compensación en metálico entre criptoactivos no tributa el año del canje, y las transmisiones cuya suma de precios no supere 305 euros en el año están exentas (artículo 150 VH bis, II).
La plusvalía se calcula sobre el conjunto de la cartera: del precio de transmisión, minorado en los gastos, se resta el precio total de adquisición de la cartera multiplicado por la relación entre ese precio de transmisión y el valor global de la cartera en el momento de la transmisión (artículo 150 VH bis, III). Las minusvalías se compensan exclusivamente con las plusvalías de la misma naturaleza del mismo año (IV). El importe global se consigna en la declaración de la renta, con un anexo que detalla cada transmisión (V).
El régimen cambia si la actividad se asemeja a la de un profesional: los rendimientos de las operaciones de compra, venta y canje de criptoactivos realizadas en condiciones análogas a las de una persona que se dedica a ellas de forma profesional tributan como beneficios no comerciales (artículo 92, 2, 1° bis). El despacho analiza la frecuencia de las operaciones, los importes y las herramientas utilizadas para situar la actividad a uno u otro lado de esta frontera. Véase nuestro artículo sobre el cálculo y la declaración de una plusvalía cripto.
¿Qué riesgos hay si no se declara una cuenta cripto en el extranjero?
Una multa por cuenta, y un riesgo de regularización tributaria más amplio. Las personas domiciliadas o establecidas en Francia declaran, junto con su declaración de la renta o de resultados, las referencias de las carteras de criptoactivos abiertas, poseídas, utilizadas o cerradas en entidades establecidas en el extranjero, así como los criptoactivos únicos y no fungibles poseídos o utilizados en el extranjero (artículo 1649 bis C del Código General de Impuestos).
La omisión se sanciona con una multa de 750 euros por cartera o por criptoactivo único y no fungible no declarado, o de 125 euros por omisión o inexactitud, con el límite de 10 000 euros por declaración. Estos importes se elevan a 1 500 y 250 euros cuando el valor de los activos ha superado 50 000 euros en cualquier momento del año (artículo 1736, X).
La administración dispondrá de una fuente directa. El artículo 1649 AC bis, en vigor desde el 1 de enero de 2026, obliga a los proveedores que prestan servicios de criptoactivos a declarar, en las condiciones y plazos fijados por decreto, las transacciones de sus usuarios, con su identificación, su número de identificación fiscal cuando esté disponible y su Estado de residencia (artículo 1649 AC bis). El despacho revisa el historial de las cuentas y de las transmisiones, prepara las declaraciones complementarias y asiste al contribuyente en caso de inspección. Véase nuestro artículo sobre las cuentas cripto en el extranjero y DAC 8.
¿Qué honorarios cobra un abogado cripto?
Los honorarios se fijan en un convenio escrito, conforme al artículo 10 de la ley de 31 de diciembre de 1971: usted sabe, antes de comprometerse, qué cubre el encargo y cuánto cuesta. El convenio precisa, en particular, el importe o el modo de determinación de los honorarios que cubren las actuaciones previsibles, así como los gastos y desembolsos previstos.
El despacho da preferencia a la tarifa fija por fase: nota de calificación de una actividad a la luz de MiCA o del derecho de pagos, preparación de un expediente de autorización, redacción de las condiciones generales o de un contrato de colaboración, reclamación y requerimiento formal a una plataforma, procedimiento de urgencia (référé), procedimiento sobre el fondo, recurso de apelación, declaración complementaria o asistencia durante una inspección fiscal. Los gastos propios de las autoridades y de los procedimientos se suman a los honorarios. Todo encargo nuevo da lugar a una adenda, sin facturación imprevista.
Para una primera opinión sobre documentos, el estudio previo del expediente por 80 € IVA incluido, a través del formulario de esta página, da lugar a un análisis escrito en un plazo de 24 horas hábiles. Primer contacto en el +33 6 89 11 34 45.
Referencias
Textos oficiales y páginas relacionadas
Las fuentes de esta página, verificadas el 1 de noviembre de 2026, y las áreas de práctica afines del despacho.
Textos oficiales
- Reglamento (UE) 2023/1114 relativo a los mercados de criptoactivos (MiCA): definiciones (artículo 3), autorización (artículos 59, 63, 65), garantías prudenciales (artículo 67 y anexo IV), liquidación ordenada, custodia, reclamaciones y responsabilidad (artículos 70, 71, 74, 75), régimen transitorio (artículo 143)
- Reglamento (UE) n° 1215/2012 (Bruselas I bis): competencia frente a un demandado establecido fuera de la Unión (artículo 6), contratos celebrados por los consumidores (artículos 17 a 19)
- Reglamento (UE) 2022/2554 sobre la resiliencia operativa digital (DORA): ámbito de aplicación (artículo 2), aplicación a partir del 17 de enero de 2025 (artículo 64)
- Artículos L. 54-10-1, L. 54-10-4 y L. 54-10-7 del Código Monetario y Financiero: criptoactivos, prohibición de ejercer sin autorización, autorización de la AMF y dictamen de la ACPR
- Artículos L. 572-23, L. 572-26 y L. 621-13-5 del Código Monetario y Financiero: sanciones penales, requerimiento formal y bloqueo por la AMF
- Artículos L. 521-2, L. 522-6, L. 525-1, L. 525-2, L. 526-7 y L. 572-5 del Código Monetario y Financiero: servicios de pago, entidades de pago y de dinero electrónico
- Artículos L. 561-2, L. 561-5 y L. 561-15 del Código Monetario y Financiero: lucha contra el blanqueo de capitales, identificación del cliente, comunicación de operaciones sospechosas
- Artículos L. 133-18 y L. 133-24 del Código Monetario y Financiero: operaciones de pago no autorizadas, reembolso, notificación
- Artículos 150 VH bis, 200 C y 92 del Código General de Impuestos: plusvalías de criptoactivos, tipo fijo, beneficios no comerciales
- Artículos 1649 bis C, 1736 y 1649 AC bis del Código General de Impuestos: cuentas en el extranjero, multas, declaración de los proveedores
- Artículos L. 136-6 y L. 136-8 del Código de la Seguridad Social: contribución social generalizada sobre los rendimientos del patrimonio y su tipo
- Artículos L. 212-1 y R. 631-3 del Código de Consumo: cláusulas abusivas, órgano jurisdiccional del domicilio del consumidor
- Artículo 1231-1 del Código Civil: daños y perjuicios por incumplimiento
- Artículo 99 del Código de Procedimiento Penal francés (Code de procédure pénale): restitución de los bienes embargados durante la instrucción judicial
- Artículo 10 de la ley n° 71-1130 de 31 de diciembre de 1971: convenio de honorarios
Decisiones citadas
- Cass. com., 1er octobre 2025, n° 22-23.136: deber de vigilancia del proveedor de servicios de pago, ley aplicable
- Cass. com., 21 septembre 2022, n° 21-12.335: obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y acción de la víctima
- Cass. com., 25 mars 2026, n° 24-18.093: transferencias autorizadas sin anomalía aparente
- Cass. com., 14 janvier 2026, n° 22-14.822: notificación de una operación no autorizada, negligencia grave
- Cass. com., 4 février 2026, n° 22-22.609: falta de prueba de la fecha de la notificación y denegación del reembolso
- Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-21.422: cláusula atributiva de competencia y consumidor
- Cass. crim., 20 mai 2026, n° 25-86.539: restitución de activos digitales embargados
- CA Grenoble, ch. com., 26 juin 2025, n° 24/02105: plataforma no registrada, pirateo de una cuenta
- TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 18 septembre 2024, n° 23/13786: transferencias ordenadas por el cliente
- TJ Paris, prés., procédure accélérée au fond, 19 mars 2025, n° 25/50486: bloqueo de un sitio no registrado ante la AMF
- TJ Nice, juge de la mise en état, 7 mai 2025, n° 23/02973: cláusula atributiva descartada, actividad dirigida a Francia
Para profundizar
¿Una autorización que obtener, fondos que recuperar, una declaración que regularizar?
El despacho está disponible 24 horas, 7 días a la semana. Envíe la descripción de la actividad o del litigio, las condiciones generales, los extractos de cuenta y de operaciones, las comunicaciones con la plataforma o con la autoridad y los documentos de que disponga: el abogado Hassan Kohen examina el estatuto aplicable, los plazos y las pruebas y, después, le indica la vía adecuada: expediente de autorización, adecuación normativa, reclamación, requerimiento formal, procedimiento de urgencia (référé), acción sobre el fondo o regularización fiscal.