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Familiar de ciudadano de la UE en Francia: permiso denegado, pruebas que faltan y recurso contra la OQTF (2026)

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Fuente: Tribunal de Casación – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Colegio de Abogados de París Detención policial, instrucción, tribunal con jurado Ficha CNB avocat.fr
Hassan Kohen, abogado de extranjería en París
Hassan KOHEN
Abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París

Familiar de ciudadano de la UE en Francia: permiso denegado, pruebas que faltan y recurso contra la OQTF (2026)

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Su esposo o su esposa es español, portuguesa, italiano o neerlandés y vive en Francia. Usted, en cambio, tiene pasaporte de un país fuera de la Unión Europea: Marruecos, Colombia, Argentina, México, Brasil, Argelia o cualquier otro. Piden en la préfecture (la prefectura, la autoridad administrativa francesa que concede los permisos de residencia) una carte de séjour (la tarjeta de residencia) como familiar de ciudadano de la Unión Europea, y la respuesta es una denegación acompañada de una OQTF (obligation de quitter le territoire français, la orden de abandonar el territorio francés). ¿Cómo es posible, si el matrimonio es real y el ciudadano europeo trabaja o vive legalmente en Francia? ¿Qué prueba faltó? ¿Hay que irse o se puede recurrir?

Esta situación es una de las más tensas del derecho de extranjería francés, porque mezcla dos lógicas distintas. El familiar de un ciudadano de la Unión Europea no pide un favor discrecional: invoca un derecho de estancia derivado del derecho europeo, siempre que el ciudadano europeo cumpla las condiciones y el vínculo familiar esté probado. Pero ese derecho no es automático: si el ciudadano europeo no acredita actividad profesional, recursos suficientes y seguro médico, o si el expediente no demuestra el vínculo, la prefectura deniega, y la denegación arrastra casi siempre una orden de salida. Este artículo explica, con los textos vigentes y tres decisiones reales leídas íntegramente, quién entra en este régimen, qué debe probar cada uno, qué no puede exigir la administración y cómo recurrir una denegación con orden de salida.

Una precisión previa sobre el vocabulario francés, que aparecerá en sus papeles. Titre de séjour significa permiso o tarjeta de residencia. Carte de séjour es la tarjeta física. Préfet es el prefecto, el representante del Estado que firma las decisiones. Recours es el recurso ante el juez. Assurance maladie es el seguro de enfermedad. Ressources suffisantes son los recursos suficientes. Séjour permanent es la residencia permanente que se adquiere tras cinco años. Conservar estas palabras le ayudará a leer su decisión sin perderse.

I. El derecho de estancia del familiar de un ciudadano de la Unión: quién está cubierto y en qué condiciones

El régimen del familiar de ciudadano europeo no es la reagrupación familiar (regroupement familial) clásica. La reagrupación familiar sirve, en general, cuando un extranjero instalado legalmente en Francia quiere traer a su familia desde fuera; ese procedimiento, con su cálculo de recursos por número de miembros y su examen en el extranjero, lo explicamos en detalle en nuestro artículo sobre la reagrupación familiar denegada por falta de recursos. El régimen europeo, en cambio, protege a quien acompaña o se reúne con un ciudadano de la Unión que ejerce su libertad de circulación en otro Estado miembro: por ejemplo, una española que trabaja en París y cuyo esposo marroquí vive con ella, o un portugués instalado en Nîmes casado con un brasileño. El derecho es derivado: nace del ciudadano europeo, pero beneficia directamente al familiar de país tercero.

A. Quién es familiar y qué debe acreditar el ciudadano europeo

La lista de familiares está fijada por el artículo L200-4 del CESEDA (Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, el Código francés de extranjería). Son familiares, cualquiera que sea su nacionalidad: el cónyuge del ciudadano de la Unión; el descendiente directo menor de veintiún años del ciudadano o de su cónyuge; el descendiente directo a cargo del ciudadano o de su cónyuge; y el ascendiente directo a cargo del ciudadano o de su cónyuge. La pareja no casada no entra en esta lista salvo pacto reconocido con efecto equivalente según el caso; el concubinato simple no basta. El matrimonio debe existir y no haber sido disuelto por la autoridad competente, como se verá más adelante.

El segundo elemento es la situación del propio ciudadano europeo. El artículo L233-1 del CESEDA establece que los ciudadanos de la Unión tienen derecho a residir en Francia más de tres meses si cumplen una de estas condiciones: ejercer una actividad profesional en Francia; disponer, para ellos y sus familiares, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para el sistema de asistencia social, con seguro médico; estar matriculados en un centro de estudios y garantizar seguro médico y recursos suficientes para ellos y su cónyuge o descendientes a cargo; o ser ellos mismos familiares que acompañan o se reúnen con un europeo que cumple las anteriores. Y el artículo L233-2 del CESEDA extiende ese derecho a los familiares de país tercero: tienen derecho a residir en Francia más de tres meses cuando acompañan o se reúnen con un ciudadano de la Unión que cumple las condiciones de actividad profesional o de recursos con seguro, y lo mismo para cónyuges o descendientes a cargo de un estudiante europeo. Estos dos artículos son la transposición francesa del artículo 7 de la Directiva 2004/38/CE (directive relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement, la directiva europea sobre libre circulación y residencia, transpuesta en los artículos L233-1 y L233-2 citados arriba), cuyo apartado primero reconoce el derecho de estancia superior a tres meses al trabajador por cuenta ajena o propia, a quien dispone de recursos suficientes y seguro médico completo, y al estudiante con seguro y recursos, y cuyo apartado segundo extiende ese derecho a los familiares sin nacionalidad de un Estado miembro que acompañan o se reúnen con él.

En la práctica, el expediente debe demostrar dos cadenas de prueba a la vez. Primera cadena: el vínculo familiar. Acta de matrimonio íntegra y, si se celebró fuera de Francia, con la legalización o apostille (la apostilla, la certificación internacional del documento) y traducción jurada cuando sea necesario; libro de familia si existe; actas de nacimiento de los hijos comunes; documento de identidad o pasaporte del ciudadano europeo; prueba de que el matrimonio no ha sido disuelto. Segunda cadena: la situación del ciudadano europeo. Si trabaja: contrato de trabajo, nóminas de los últimos meses, justificante de actividad por cuenta propia, avisos de imposición (avis d’imposition, el documento fiscal francés). Si no trabaja: extractos bancarios, justificantes de pensión, rentas o ayuda familiar estable, y sobre todo un seguro médico real: afiliación a la Protection universelle maladie (PUMA, la cobertura sanitaria universal francesa), mutua o seguro privado completo. La ayuda médica del Estado, la aide médicale d’État (AME, la ayuda reservada a extranjeros en situación irregular para la atención sanitaria), no cuenta como seguro médico, como confirmó el Consejo de Estado en un caso que analizamos abajo. Cada documento extranjero debe ser legible, traducido y coherente con los demás: una fecha de entrada contradictoria o un acta sin legalizar basta para que la prefectura dude de todo el expediente.

Un caso frecuente merece atención especial: el del progenitor de país tercero a cargo de un hijo menor ciudadano de la Unión. La jurisprudencia europea y francesa reconoce que un niño ciudadano de la Unión, incluso pequeño, puede ser titular del derecho de estancia si tiene seguro médico adecuado y si el progenitor que lo tiene a cargo dispone de recursos suficientes; por consecuencia, ese progenitor obtiene un derecho derivado. Pero la doble condición es estricta: seguro del niño y recursos del progenitor. Presentarse solo con el acta de nacimiento del hijo francés, holandés o español, sin acreditar ni seguro ni recursos, conduce a la denegación. En nuestro artículo sobre el permiso de residencia del padre o la madre de un hijo francés denegado detallamos la prueba de la contribución efectiva al mantenimiento del niño; esa lógica de prueba concreta vale también aquí, aunque el fundamento jurídico sea el régimen europeo y no el del progenitor de hijo francés.

B. Lo que la prefectura no puede exigir: convivencia, cifra fija de recursos y seguro de fachada

Tres errores de la administración aparecen una y otra vez en los expedientes denegados, y los jueces los corrigen con firmeza. Conocerlos permite detectar si su denegación es vulnerable.

Primer límite: la prefectura no puede exigir la vida en común como condición del derecho del cónyuge. La corte administrativa de apelación de Toulouse lo recordó el 14 de septiembre de 2023 en el asunto CAA Toulouse, 22TL22619: un brasileño casado desde 2013 con una portuguesa, titular de una tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión renovada varias veces hasta 2019, vio denegada su renovación porque, según la prefecta del Gard, había perdido esa calidad al estar separado de su esposa desde mayo de 2020. La corte anuló la decisión. La noción de miembro de la familia, explicó, reposa sobre la calidad de cónyuge, que exige un vínculo matrimonial no disuelto, no la constatación de una convivencia; el vínculo solo se disuelve por decisión de la autoridad competente, de modo que unos esposos simplemente separados, incluso con intención de divorciarse después, siguen siendo cónyuges. La corte se apoyó expresamente en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de noviembre de 2012, CJUE, C-40/11, Iida, según la cual la expedición de la tarjeta al cónyuge de país tercero no está subordinada a ninguna condición de comunidad de vida. Consecuencia práctica: si su denegación dice que ya no viven juntos y por eso ya no es familiar, sin que el matrimonio haya sido disuelto por divorcio, ese motivo es jurídicamente erróneo y debe invocarse en el recurso. Atención, sin embargo, a no invertir el argumento: la ausencia de convivencia no destruye el derecho, pero una convivencia real y documentada (contrato de alquiler a nombre de ambos, facturas comunes, correspondencia a la misma dirección, nacimiento de hijos) refuerza la credibilidad del expediente y protege frente a sospechas de matrimonio de conveniencia.

Segundo límite: la prefectura no puede aplicar una cifra mínima automática de recursos. El artículo 8, apartado 4, de la Directiva 2004/38/CE (transpuesto en el examen personalizado de los recursos que aplican los artículos L233-1 y L233-2) lo prohíbe: los Estados no pueden fijar el importe que consideran suficiente, deben tener en cuenta la situación personal del interesado, y en todo caso ese importe no supera el nivel por debajo del cual los nacionales del Estado de acogida pueden recibir asistencia social ni, cuando ese criterio no sirva, la pensión mínima de seguridad social del Estado de acogida. El Consejo de Estado francés aplica esta regla desde hace años. En la práctica, la prefectura examina la estabilidad y regularidad de los ingresos del ciudadano europeo (salario, actividad por cuenta propia, pensión, rentas), su duración previsible y la composición del hogar, sin convertir el umbral de la asistencia social en un muro automático. Un expediente con nóminas irregulares, trabajo no declarado o ingresos solo ocasionales es frágil; pero una denegación motivada únicamente con la frase de que los ingresos están por debajo de tal cifra, sin examen de la situación personal, es atacable. Guarde contratos, nóminas, extractos donde se vea el abono del salario, justificantes de actividad y, si hay ahorro, su historial: la regularidad cuenta tanto como el importe.

Tercer límite: el seguro médico debe ser real y completo, y la ayuda médica del Estado no sirve. El Consejo de Estado lo zanjó el 17 de junio de 2020 en el asunto CE, 424643: una marroquí entrada en Francia con su hija menor neerlandesa pedía la tarjeta como familiar de ciudadana de la Unión; la corte de Nancy había confirmado la denegación porque la interesada solo disponía de la ayuda médica del Estado, que es una ayuda social prevista en el código de acción social y de las familias, y no un seguro médico en el sentido exigido. El Consejo de Estado confirmó que no había error de derecho: la AME no equivale a la assurance maladie exigida, y por ese solo motivo la denegación era legal. La lección es directa: si el ciudadano europeo o el niño europeo no tienen afiliación sanitaria real (empleo que afilia, PUMA, seguro privado completo), el expediente caerá por ese motivo aunque los recursos sean buenos. Y a la inversa: un seguro real contratado antes de la solicitud, con justificante de derechos abiertos, elimina uno de los dos motivos más frecuentes de denegación.

Hay un cuarto punto que no es un límite sino una advertencia: casarse después de una orden de salida no borra el pasado. La corte de Toulouse lo mostró el 24 de junio de 2025 en el asunto CAA Toulouse, 24TL00530: un argelino entrado en 2019, objeto en enero de 2022 de una orden de salida sin plazo con prohibición de retorno de un año, solicitó en noviembre de 2022 la tarjeta como miembro de la familia de su esposa portuguesa y padre de un hijo nacido en Francia; el prefecto denegó invocando los artículos L233-1, L233-2 y el poder de regularización, y recordó el carácter ejecutorio de la orden anterior. La corte confirmó la denegación: los elementos sobre antigüedad e integración no estaban probados con justificantes suficientes, el interesado podía reconstruir su vida familiar en Portugal, país de su esposa e hijos, conservaba vínculos en Argelia y se había mantenido en Francia y se había casado desobedeciendo la orden. El matrimonio real no bastó porque las dos condiciones del derecho derivado (recursos y seguro del ciudadano europeo, examinadas a la luz de los artículos L233-1 y L233-2 y del artículo 7 de la directiva) no estaban acreditadas y porque la decisión no separaba al interesado de su familia, que podía vivir en Portugal. Moraleja: tras una OQTF, el nuevo expediente debe ser impecable en prueba y explicar dónde puede vivir realmente la familia; invocar solo el acta de matrimonio no alcanza.

II. Denegación y orden de salida: cómo responder sin perder el plazo

Cuando llega la carta de la prefectura, el tiempo manda. La decisión contiene normalmente tres bloques: el rechazo de la tarjeta, la orden de abandonar Francia y, a veces, la fijación del país de destino y una prohibición de retorno. Cada bloque tiene su propio recurso, pero todos se impugnan ante el mismo juez y en plazos cortos. No espere a entenderlo todo para actuar: lea la motivación, identifique la prueba que faltó y prepare el recurso con documentos nuevos.

A. Leer la denegación, identificar la prueba que faltó y reconstruir el expediente

La orden de salida debe estar motivada. El artículo L613-1 del CESEDA exige que la decisión que obliga a abandonar Francia esté motivada tras verificar el derecho de estancia, teniendo en cuenta la duración de la presencia, la naturaleza y antigüedad de los vínculos con Francia y las consideraciones humanitarias; cuando la orden acompaña a un rechazo de residencia del artículo L611-1, 3° del CESEDA (extranjero al que se denegó la expedición o renovación del permiso), no necesita motivación separada de la del rechazo, aunque los motivos del plazo de salida voluntaria y de la prohibición de retorno deben indicarse. En cristiano: la prefectura puede dictar la OQTF con la misma motivación que la denegación, y lo hace casi siempre en el tercer supuesto del artículo L611-1, que es exactamente el del familiar de europeo al que se niega la tarjeta. No se sorprenda de recibir un solo documento con varios artículos: es el funcionamiento normal.

Lea entonces la motivación línea por línea y clasifique cada reproche. Si dice que el vínculo no está probado, aporte el acta completa legalizada, la prueba de que el matrimonio sigue vigente (certificado reciente de no divorcio cuando exista en el país de celebración, sentencia extranjera de divorcio si hubo uno anterior que libera a los esposos, con exequatur si hace falta), y la coherencia de fechas entre pasaportes, visados y actas. Si dice que el ciudadano europeo no trabaja, aporte contrato, últimas nóminas, justificante del empleador, inscripción como autónomo y cotizaciones. Si dice que los recursos son insuficientes, aporte la serie completa (no una sola nómina): seis a doce meses de ingresos, extractos con los abonos, avisos de imposición, y explique la composición del hogar. Si dice que falta el seguro, afilie de inmediato al ciudadano europeo y al niño europeo a la cobertura real y aporte el justificante de derechos, sin presentar la AME como equivalente. Si invoca amenaza al orden público, prepare antecedentes, pruebas de rehabilitación y vínculos actuales, porque ese motivo sigue su propia lógica.

Dos errores de expediente son mortales y evitables. El primero es el documento extranjero sin legalizar ni traducir: un acta de matrimonio sin apostilla o sin traducción jurada es, para la prefectura, un papel sin valor. El segundo es la contradicción de fechas: declarar una entrada en una fecha y presentar un visado o un sello con otra, o afirmar una convivencia que los justificantes desmienten, destruye la credibilidad. Antes de recurrir, ponga todas las fechas en una línea de tiempo y elimine las incoherencias con documentos, no con explicaciones. Y recuerde la lección del asunto de Toulouse de 2025: si ya pesa una OQTF anterior no ejecutada, el juez mirará si la familia puede vivir en el Estado del ciudadano europeo (Portugal en aquel caso) o en un Estado donde sean legalmente admisibles; prepare prueba de por qué Francia es el único lugar posible (trabajo estable del europeo en Francia, escolarización de los hijos, imposibilidad real de instalarse en otro país), con documentos y no con afirmaciones.

Si su caso mezcla trabajo y familia europea, no mezcle los fundamentos en el mismo saco. El permiso como familiar de europeo depende del ciudadano europeo; el permiso por trabajo depende de la autorización de trabajo y del contrato. Nuestro artículo sobre el visado y permiso de trabajo denegado por falta de autorización detalla la prueba laboral; aquí la prioridad es la cadena europea (vínculo más situación del ciudadano UE), y lo laboral entra como refuerzo de los recursos, no como sustituto del vínculo.

B. El recurso ante el tribunal administrativo y el camino hacia la residencia permanente

La impugnación se lleva ante el juez administrativo. El artículo L614-1 del CESEDA dispone que la decisión de salida, así como la decisión de residencia, la del plazo de salida voluntaria y la prohibición de retorno que la acompañan, pueden impugnarse ante el tribunal administratif (el tribunal administrativo, el juez de primera instancia de la extranjería). El plazo depende del tipo de orden (con plazo de salida o sin plazo, con o sin privación de libertad), y la carta de notificación lo indica: respételo al día, porque un recurso fuera de plazo se declara inadmisible sin examinar el fondo. El recurso contra una orden con plazo de salida tiene, en ese marco, efecto suspensivo práctico cuando se interpone en plazo: no abandone Francia ni compre billetes antes de hablar con un abogado, pero tampoco se quede quieto. Pida al tribunal, cuando la situación lo requiera, las medidas urgentes que suspendan la ejecución y, en todo caso, solicite la anulación de cada decisión (rechazo, orden, plazo, país de destino, prohibición) con sus propios motivos: error de derecho sobre los artículos L233-1 y L233-2, error sobre la calidad de familiar del artículo L200-4, falta de examen de la situación personal en los recursos, violación del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, el derecho al respeto de la vida privada y familiar) cuando la salida rompería desproporcionadamente la familia, y error manifiesto en el poder de regularización.

Lo que el juez puede ordenar es concreto, y las dos sentencias de Toulouse lo muestran. En el caso de 2023 donde la prefecta había exigido indebidamente la convivencia, la corte anuló el rechazo y ordenó solo el reexamen de la situación en dos meses, sin astreinte, porque el reexamen bastaba para ejecutar la sentencia. En el caso de 2025, confirmó el rechazo y desestimó también la petición de tarjeta por vida privada y familiar y de regularización discrecional, porque ni los vínculos ni los motivos humanitarios o profesionales estaban probados. Pida siempre, por orden de preferencia: la anulación, la orden de expedir la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión (o, si el tribunal duda, el reexamen con plazo), y la suspensión de la orden mientras se juzga. Acompañe cada petición con piezas numeradas y un inventario: el juez administrativo trabaja con el expediente, no con promesas.

Si gana y obtiene la tarjeta, piense ya en la etapa siguiente: la residencia permanente. El artículo L234-1 del CESEDA reconoce que los ciudadanos de la Unión que residieron legal e ininterrumpidamente cinco años en Francia adquieren el derecho de residencia permanente en todo el territorio, y que los familiares de país tercero lo adquieren también si residieron legal e ininterrumpidamente cinco años con ese ciudadano; se les expide entonces una tarjeta de diez años renovable de pleno derecho. Cinco años legales e ininterrumpidos con el europeo, sin rupturas de derecho: ese es el cómputo que debe proteger desde el primer día, guardando cada tarjeta, cada renovación y cada justificante de presencia común. Y cuidado con las ausencias largas: el artículo L234-2 del CESEDA dispone que una ausencia de Francia de más de dos años consecutivos hace perder el beneficio de la residencia permanente. Un familiar que pasa dos años y medio fuera sin motivo ni prueba de mantenimiento del vínculo puede perder lo ganado. Conserve billetes, justificantes de domicilio continuo y prueba de que el ciudadano europeo siguió en Francia.

Queda una pregunta que muchos lectores se hacen: ¿y si el ciudadano europeo es español y yo también soy español, o si soy europeo yo mismo? Entonces no necesita este régimen derivado: como ciudadano de la Unión, su propio derecho nace del artículo L233-1 (trabajo, recursos con seguro, o estudios con seguro y recursos), sin pasar por el vínculo familiar. Este artículo está pensado para la pareja mixta —europeo y no europeo— y para el progenitor no europeo de un niño europeo a cargo. Si toda la familia es europea, el expediente es más simple pero la prueba de recursos y seguro sigue siendo exigible cuando no hay trabajo. Y si el vínculo es con un francés en Francia (no con un europeo de otro Estado miembro), el régimen aplicable es el del cónyuge o progenitor de francés, distinto del europeo, que tratamos en los artículos citados sobre cónyuge y sobre padre o madre de hijo francés. No mezcle los regímenes en su solicitud: invoque el europeo cuando el referente es un ciudadano de la Unión que circula (español, portugués, italiano en Francia), y el nacional cuando el referente es francés en Francia.

Conclusión

El permiso como familiar de ciudadano de la Unión se gana con dos cadenas de prueba y se pierde por un solo eslabón roto. Retenga esta lista antes de presentar o recurrir. Primero, el vínculo: matrimonio existente y no disuelto, con acta completa legalizada y traducida, pasaporte del europeo y prueba de vigencia del vínculo; la separación de hecho, sin divorcio, no destruye la calidad de cónyuge, como juzgó la corte de Toulouse en 2023 a la luz de la sentencia Iida del Tribunal de Justicia. Segundo, la situación del europeo: trabajo con contrato y nóminas, o recursos estables y regulares con examen de la situación personal sin cifra automática, más seguro médico real para él y para la familia; la ayuda médica del Estado no vale como seguro, como confirmó el Consejo de Estado en 2020. Tercero, la coherencia: fechas, entradas, domicilios y documentos alineados, sin contradicciones. Cuarto, tras una denegación con orden de salida, recurso rápido ante el tribunal administrativo contra cada decisión, con piezas nuevas que colmen exactamente el motivo invocado y, cuando proceda, el argumento del artículo 8 del Convenio Europeo si la salida rompería la familia sin alternativa real en el Estado del europeo. Y a medio plazo, cómputo de cinco años de residencia legal e ininterrumpida con el europeo para la tarjeta de diez años, sin ausencias superiores a dos años. Con ese método, el expediente deja de ser una súplica y se convierte en la demostración de un derecho.

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