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Vive en España y Francia le cobra CSG y CRDS sobre su alquiler o su plusvalía: cuándo está exento por estar afiliado en España y cómo reclamar lo cobrado de más

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Fuente: Tribunal de Casación – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Colegio de Abogados de París Detención policial, instrucción, tribunal con jurado Ficha CNB avocat.fr
Hassan Kohen, abogado fiscalista en París
Hassan KOHEN
Abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París

Vive en España y Francia le cobra CSG y CRDS sobre su alquiler o su plusvalía: cuándo está exento por estar afiliado en España y cómo reclamar lo cobrado de más

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Vive en España, cobra un alquiler de un piso situado en Francia o acaba de vender un apartamento en París, y un día recibe el aviso de la Hacienda francesa con una línea que no esperaba: además del impuesto sobre la renta, Francia le reclama las contribuciones sociales, la CSG y la CRDS, que elevan la factura hasta el 17,2 % de la renta. La pregunta que surge es inmediata: ¿cómo puede Francia cobrarme cotizaciones sociales si estoy afiliado a la Seguridad Social española y no utilizo la sanidad francesa? La respuesta está en una regla europea sencilla y en su traducción exacta al derecho francés: una persona solo puede estar sometida a la legislación de seguridad social de un único Estado miembro, de modo que quien está afiliado en España no tiene que pagar en Francia la CSG ni la CRDS, y solo sigue debiendo la detracción de solidaridad del 7,5 %. Este artículo explica cuándo Francia puede cobrarle estas contribuciones aunque viva en España, cuándo está exento por estar afiliado en España, cómo probarlo en su declaración y cómo reclamar lo que ya le hayan cobrado de más, con los textos oficiales franceses, el reglamento europeo y la jurisprudencia que los tribunales aplican.

La idea central conviene fijarla desde el principio. Primero se mira si Francia puede gravarle, lo que depende de su residencia fiscal y del origen francés de la renta; después se mira si las contribuciones sociales que le reclaman son de las que exigen afiliación francesa o de las que no. La CSG (contribution sociale généralisée, cotización social generalizada) y la CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale, cotización destinada a pagar la deuda de la Seguridad Social francesa) presuponen estar a cargo del régimen francés, y por eso quien depende del régimen español queda fuera; en cambio el prélèvement de solidarité (detracción de solidaridad) financia el presupuesto del Estado y se sigue pagando. Esa distinción, confirmada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2015 y escrita después en la ley francesa, es la que organiza todo lo demás: qué se paga, qué no se paga, qué prueba hay que aportar y en qué plazo se reclama.

I. Cuándo Francia le cobra contribuciones sociales aunque viva en España

Vivir en España no significa automáticamente escapar de las contribuciones sociales francesas, del mismo modo que vivir en España no significa automáticamente escapar del impuesto francés sobre las rentas de origen francés. Francia grava a los no residentes por sus rentas de fuente francesa, y sobre algunas de esas rentas calcula también contribuciones sociales. Pero ese poder tiene un límite europeo cuando usted está afiliado en España. Para entender dónde está ese límite hay que empezar por saber qué le están cobrando exactamente y sobre qué rentas.

A. Qué son la CSG, la CRDS y la detracción de solidaridad, y sobre qué rentas las paga un residente en España

La CSG, la CRDS y la detracción de solidaridad son tres detracciones distintas que el aviso francés agrupa bajo el nombre de contribuciones sociales, pero no tienen la misma naturaleza ni el mismo destino. La CSG es una cotización que financia la protección social francesa; la CRDS es una cotización temporal destinada a amortizar la deuda de la Seguridad Social; la detracción de solidaridad, en cambio, alimenta el presupuesto general del Estado y no la Seguridad Social. Esa diferencia de destino es la que explica que las dos primeras puedan desaparecer cuando usted está afiliado en España y que la tercera permanezca. Los tipos vigentes sobre las rentas del patrimonio son del 9,2 % para la CSG, del 0,5 % para la CRDS y del 7,5 % para la detracción de solidaridad, es decir, un total del 17,2 % cuando las tres se aplican y solo un 7,5 % cuando opera la exención, según detalla la ficha oficial de la administración francesa sobre las contribuciones sociales en las rentas del patrimonio.

La base legal de la CSG sobre las rentas del patrimonio está en el artículo L. 136-6 del Código de la Seguridad Social, cuyo texto francés enumera las rentas sujetas: en su apartado I cita, en francés, « des revenus fonciers », « des rentes viagères constituées à titre onéreux », « des revenus de capitaux mobiliers » y « Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l’impôt sur le revenu », lo que en español llano significa rentas de alquiler de inmuebles, rentas vitalicias a título oneroso, rentas del capital mobiliario y plusvalías y ganancias de capital sujetas al impuesto sobre la renta. Los productos de ahorro e inversión se rigen además por el artículo L. 136-7 del mismo código, y la detracción de solidaridad fue creada por el artículo 235 ter del Código Tributario francés, que instituye una detracción sobre las rentas del patrimonio del artículo L. 136-6 y sobre los productos de inversión del artículo L. 136-7. Retenga el esquema: la CSG y la CRDS van a la Seguridad Social, la detracción de solidaridad va al Estado.

¿Y quién las paga cuando vive en España? La página oficial de la Hacienda francesa dedicada a los no residentes responde con claridad a la pregunta de si un no residente debe las contribuciones sociales y sobre qué rentas: para un no residente fiscal, las contribuciones sociales se aplican a las rentas inmobiliarias y a las plusvalías inmobiliarias de fuente francesa, según explica la página oficial sobre no residentes y contribuciones sociales. Es decir, si vive en Málaga y alquila un estudio en Lyon, el alquiler tributa en Francia y soporta contribuciones sociales; si vende ese estudio, la plusvalía soporta el impuesto francés y también las contribuciones. Esto encaja con el artículo 164 B del Código Tributario, que considera rentas de fuente francesa las rentas de inmuebles situados en Francia, y con el artículo 244 bis A del mismo código, que somete a una detracción específica las plusvalías realizadas por personas no domiciliadas fiscalmente en Francia al ceder bienes o derechos. Para situar este punto en su mapa fiscal completo puede apoyarse en el artículo sobre la residencia fiscal en Francia viviendo en España: criterios, prueba y cambio de residencia, en el dedicado al alquiler de un piso en Francia viviendo en España y en el relativo a la venta de un piso en Francia viviendo en España: plusvalía y retención.

Los salarios y las pensiones merecen una precisión aparte, porque siguen una vía distinta. Los sueldos, salarios, pensiones y rentas vitalicias de fuente francesa pagados a personas sin domicilio fiscal en Francia soportan una retención en origen conforme al artículo 182 A del Código Tributario, y el impuesto de los no residentes no puede ser inferior a unos mínimos del 20 % y del 30 % salvo que el contribuyente justifique que el tipo de su impuesto francés sobre el conjunto de sus rentas mundiales sería inferior, en cuyo caso se aplica ese tipo medio, según el artículo 197 A del mismo código. La CSG sobre un salario, en cambio, presupone afiliación al régimen francés: quien trabaja físicamente en Francia y está afiliado allí la paga como cualquier cotizante, mientras que quien trabaja en Francia pero sigue afiliado en España, por ejemplo un trabajador desplazado con su certificado de desplazamiento, no debería soportarla, por el principio de unicidad que se explica en el apartado siguiente. Si su caso es el del salario, el artículo sobre el trabajo en Francia viviendo en España: salario, retención y convenio detalla la retención, los mínimos y el tipo medio, y el dedicado al convenio de doble imposición entre España y Francia reparte cada tipo de renta entre los dos países.

Un último matiz antes de pasar a la exención: no todo el mundo puede invocarla. La propia Hacienda francesa advierte de que los agentes del Estado, de las colectividades territoriales y de la función pública hospitalaria destinados en el extranjero siguen debiendo el conjunto de las contribuciones sociales sobre las rentas del patrimonio cuando conservan la residencia fiscal francesa, como precisa la misma página oficial sobre no residentes. Si usted es funcionario francés destinado en Madrid y sigue siendo residente fiscal francés, este artículo no le exime: su caso se rige por las reglas de los residentes. La exención que sigue está pensada para quien vive en España, depende del régimen español de Seguridad Social y percibe rentas francesas de las que sí gravan a los no residentes.

B. La exención por estar afiliado en España: un solo Estado de seguridad social y una ley francesa que lo reconoce desde 2019

El fundamento de la exención no está en el convenio fiscal hispano-francés, sino en el derecho europeo de la seguridad social. El artículo 11 del Reglamento (CE) n.º 883/2004 sobre coordinación de los sistemas de seguridad social establece el principio de unicidad de legislación aplicable: una persona solo está sometida a la legislación de un único Estado miembro. En español llano, esto significa que no se puede estar asegurado en dos países a la vez para las mismas contingencias, y por tanto no se pueden exigir cotizaciones sociales francesas a quien ya cotiza en España por esas mismas contingencias. España y Francia son ambos Estados miembros de la Unión Europea, de modo que este principio se aplica directamente a quien vive en España y está afiliado allí, por ejemplo al Régimen General a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo dijo con todas las letras en su sentencia de 26 de febrero de 2015 en el asunto C-623/13, de Ruyter: las detracciones francesas como la CSG, aunque las recaude el fisco y se calculen sobre la renta, constituyen cotizaciones de seguridad social cuando financian prestaciones sociales, y por tanto no pueden exigirse a una persona afiliada al régimen de otro Estado miembro. Dicho en español llano, el Tribunal consideró que la CSG funciona como una cotización y no como un simple impuesto, de modo que cobrarla a alguien asegurado en otro país europeo vulnera la regla de un solo Estado de aseguramiento. Los tribunales franceses aplicaron esta doctrina ordenando devoluciones: la Corte Administrativa de Apelación de París, el 7 de noviembre de 2019 en el asunto n.º 18PA03007, examinó la reclamación de dos contribuyentes que pedían la restitución, con intereses de demora, de las contribuciones sociales pagadas por la plusvalía de un inmueble situado en Francia, invocando la sentencia de Ruyter, el artículo 11 del Reglamento 883/2004 y la decisión del Consejo de Estado de 27 de julio de 2015. Este fallo muestra que la vía de la restitución con intereses existe y que los jueces la examinan renta por renta y año por año, sin automatismos.

El legislador francés tradujo esta jurisprudencia a la ley, y esa traducción es la que usted debe citar en su declaración y en su reclamación. El apartado I ter del artículo L. 136-6 del Código de la Seguridad Social dispone, en francés, que « ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français », lo que en español llano significa que no deben la cotización las personas que, por el Reglamento 883/2004, dependen en materia de seguro de enfermedad de la legislación de otro Estado y no están a cargo de ningún régimen obligatorio francés. La Hacienda francesa confirma en su página oficial que, desde el 1 de enero de 2019, las personas afiliadas a un régimen obligatorio de seguridad social distinto del francés dentro de un país del Espacio Económico Europeo o de Suiza están exoneradas de CSG y de CRDS, aunque esos rendimientos siguen sometidos a la detracción de solidaridad del 7,5 %. Y la doctrina administrativa del BOFiP sobre las plusvalías inmobiliarias de los no residentes precisa que, por la excepción del I ter del artículo L. 136-7, quienes dependen de otro régimen por el Reglamento 883/2004 y no están a cargo del régimen francés no deben CSG ni CRDS sobre las plusvalías inmobiliarias sujetas a la detracción del artículo 244 bis A, de modo que solo se debe la detracción de solidaridad del 7,5 %, que corresponde al presupuesto del Estado y no a la Seguridad Social.

La condición temporal es esencial y suele ser donde se pierden las reclamaciones mal preparadas. La afiliación debe ser efectiva al 31 de diciembre del año en que se percibieron o realizaron las rentas, como recuerda la página oficial de la Hacienda francesa; para las plusvalías con pago aplazado del régimen del artículo 150-0 B ter del Código Tributario, la afiliación se aprecia a la fecha de realización de la plusvalía. En español llano: no basta con estar afiliado en España el día en que usted reclama, hay que haberlo estado en las fechas que la ley fija para cada renta. Un alta en la Seguridad Social española en marzo no cubre retroactivamente un alquiler cobrado en enero del mismo año si en enero usted seguía a cargo del régimen francés, y una baja del régimen español antes del 31 de diciembre puede hacerle perder la exención de ese año. Cada renta y cada año se examinan por separado, con sus propias fechas y sus propias pruebas.

Conviene cerrar este apartado con una advertencia sobre el convenio fiscal, porque muchos contribuyentes mezclan dos debates distintos. El convenio de doble imposición entre España y Francia reparte el impuesto sobre la renta entre los dos países y organiza el crédito que elimina la doble imposición, pero la exención de CSG y CRDS no nace del convenio sino del reglamento europeo y de la ley francesa que lo aplica. En la práctica, usted puede tener razón en los dos debates a la vez: que Francia no grave una renta por impedirlo el convenio, y que además no le cobre CSG ni CRDS por estar afiliado en España. Pero también puede ganar uno y perder el otro: por ejemplo, el alquiler de su piso de Lyon puede tributar legítimamente en Francia según el convenio y al mismo tiempo estar exento de CSG y CRDS por su afiliación española, quedando solo la detracción del 7,5 %. No mezcle los argumentos ni los plazos de cada reclamación.

II. Cómo demostrar la exención y reclamar lo que le hayan cobrado de más

Saber que tiene razón no basta: la administración francesa aplica las contribuciones sociales por defecto y espera que sea usted quien marque la exención en su declaración o quien reclame después con pruebas. El orden práctico es siempre el mismo: primero reunir la prueba de afiliación española con las fechas exactas, después declararlo correctamente, y si el aviso ya llegó con las tres contribuciones, reclamar la restitución dentro del plazo legal ante el servicio competente. Cada paso tiene sus formularios, sus casillas y sus fechas, y un error en cualquiera de ellos puede costarle un año entero de exención.

A. Probar la afiliación española y declararlo en las casillas correctas

La prueba que todo lo decide es la afiliación efectiva a un régimen obligatorio distinto del francés. En español llano, la Hacienda francesa no le pide que opine sobre dónde vive, sino que demuestre con documentos de qué Seguridad Social depende y desde cuándo hasta cuándo. Los documentos útiles son el certificado de afiliación o de situación actual expedido por la Seguridad Social española, con las fechas de alta y en su caso de baja; si es un trabajador desplazado a Francia que sigue cotizando en España, el formulario de desplazamiento A1 que acredita que sigue sometido a la legislación española; y si recibe asistencia sanitaria en España por cuenta de otro Estado, el documento S1 de derecho a la asistencia sanitaria. Guarde también los avisos de imposición franceses donde figuren las contribuciones que le cobraron, porque la página oficial exige adjuntar a la reclamación tanto la prueba de la afiliación como el aviso donde aparecen las contribuciones cuya devolución se pide. Cuanto más precisas sean las fechas de los certificados, menos margen deja a la administración para discutir año por año.

En la declaración anual, la exención se marca y no se presume. La Hacienda francesa indica que debe marcar las casillas 8SH (primer declarante) o 8SI (segundo declarante) en el apartado «8 – Divers» de la declaración complementaria 2042 C, según la misma página oficial; si están casados o tienen un pacto civil de solidaridad y solo uno de los dos cónyuges cumple las condiciones, cada uno marca su propia casilla según su situación personal. Para el conjunto de la declaración como no residente, con los formularios 2042, 2047 y 3916 y la opción por el tipo medio del artículo 197 A, el artículo sobre la declaración de la renta en Francia viviendo en España le guía paso a paso por cada impreso. Tenga en cuenta que el tipo medio del artículo 197 A se calcula sobre el conjunto de sus rentas mundiales de fuente francesa o extranjera, de modo que declarar bien sus rentas españolas en Francia no solo sirve para el impuesto, sino también para reducir el tipo aplicable a sus rentas francesas cuando ese tipo medio es inferior a los mínimos del 20 % y del 30 %.

Tres errores frecuentes merecen una mención porque aparecen una y otra vez en los expedientes. El primero es creer que el certificado de residencia fiscal, el que acredita que vive en España a efectos del convenio, prueba por sí solo la afiliación social: son dos pruebas distintas, una fiscal y otra social, y la exención de CSG y CRDS exige la segunda. El segundo es marcar las casillas 8SH u 8SI sin tener la afiliación efectiva a 31 de diciembre, o hacerlo para un año en que a esa fecha ya estaba a cargo del régimen francés: la casilla marcada sin prueba fechada es una regularización casi segura. El tercero es olvidar que cada año es independiente: la exención obtenida un año no se renueva sola, hay que reunir la prueba y marcar las casillas cada campaña, y una interrupción de la afiliación española, por ejemplo por un periodo de trabajo en Francia con alta francesa, rompe la cadena para ese año. Si ya cometió alguno de estos errores y el aviso llegó con las tres contribuciones, no todo está perdido: la vía que sigue es la reclamación contenciosa, siempre que esté dentro del plazo.

B. Reclamar la restitución: plazo del 31 de diciembre, ventanilla del SIPNR y juez en caso de rechazo

La reclamación que pide la devolución de contribuciones pagadas de más es una reclamación contenciosa, es decir, la que tiende a reparar errores en la base o en el cálculo o a obtener el beneficio de un derecho que resulta de una disposición legal, como define el artículo L. 190 del Libro de Procedimientos Fiscales. El plazo es estricto y no admite distracciones: las reclamaciones deben presentarse ante la administración como muy tarde el 31 de diciembre del segundo año siguiente al de la puesta al cobro del impuesto o al del pago del impuesto discutido, según el artículo R. 196-1 del mismo Libro. En español llano, para unas contribuciones puestas al cobro en 2024, la reclamación debe presentarse como muy tarde el 31 de diciembre de 2026; para las cobradas en 2025, el límite es el 31 de diciembre de 2027. Pasada esa fecha, la administración puede rechazar la reclamación por extemporánea sin examinar el fondo, por muy clara que sea su afiliación española. Compruebe en su aviso la fecha exacta de puesta al cobro y no confunda el año de la renta con el año del cobro: el plazo corre desde el cobro.

La ventanilla competente para un residente en España es el Servicio de Impuestos de los Particulares No Residentes, y la propia Hacienda francesa recomienda la vía electrónica: la reclamación puede enviarse por la mensajería segura de su espacio personal en impots.gouv.fr o por correo dirigido a ese servicio, adjuntando el conjunto de los justificantes necesarios, es decir, la prueba de la afiliación y el aviso de imposición donde figuren las contribuciones cuya restitución se pide, como indica la página oficial. La misma página advierte de que el volumen de reclamaciones puede alargar los plazos de tramitación y de que es inútil volver a escribir para pedir noticias, porque cada nuevo mensaje no acelera el expediente. Redacte una reclamación por año y por tributo discutido, identifique cada aviso con su número y su fecha, cite el apartado I ter del artículo L. 136-6 y la doctrina del BOFiP, y pida expresamente la restitución de la CSG y de la CRDS con los intereses de demora, manteniendo la detracción de solidaridad del 7,5 % fuera de la discusión para mostrar que su petición se ajusta al derecho vigente. Si la cantidad en juego es importante y el aviso aún no se ha pagado en la parte discutida, puede pedir en la propia reclamación el aplazamiento del pago de esa parte, precisando el importe o las bases de la desgravación a la que cree tener derecho, que es la suspensión legal del pago prevista por el artículo L. 277 del Libro de Procedimientos Fiscales.

Un ejemplo con cifras ayuda a calibrar lo que está en juego, sin prejuzgar ningún expediente concreto. Imagine un alquiler anual de 12 000 euros de un piso de Lyon declarado por un residente en Barcelona afiliado todo el año al régimen español: con las tres contribuciones al 17,2 %, el aviso cargaría 2 064 euros; con solo la detracción de solidaridad al 7,5 %, la carga sería de 900 euros; la diferencia recuperable por la exención sería de 1 164 euros para ese año. Para una plusvalía inmobiliaria de 80 000 euros de un vendedor residente en Valencia afiliado en España a la fecha de la venta, las tres contribuciones al 17,2 % representarían 13 760 euros frente a 6 000 euros de solidaridad sola, es decir, 7 760 euros en discusión. Son operaciones aritméticas sobre tipos oficiales, no promesas de resultado: cada expediente depende de que la afiliación sea efectiva en las fechas legales y de que la prueba esté completa, y solo la administración y en su caso el juez deciden.

Si la administración rechaza la reclamación de forma expresa o guarda silencio, la vía que sigue es el tribunal administrativo, y también aquí los plazos son estrictos. El recurso contra la decisión de rechazo debe presentarse en los dos meses desde la notificación de esa decisión, conforme al artículo R. 421-1 del Código de Justicia Administrativa. Ante el juez, el debate se centrará en tres puntos: si Francia podía gravar la renta en cuestión, lo que remite al artículo 164 B y al artículo 244 bis A para las rentas inmobiliarias y las plusvalías; si usted estaba efectivamente afiliado en España en las fechas legales, lo que remite a sus certificados; y si la reclamación se presentó dentro del plazo del artículo R. 196-1. El fallo parisino de 2019 citado más arriba muestra que los jueces examinan estos litigios renta por renta y que pueden conceder intereses de demora cuando estiman la demanda. Y si su problema no es solo social sino también de impuesto sobre la renta retenido en exceso, por ejemplo una retención del artículo 182 A superior al tipo medio del artículo 197 A, el artículo sobre el aviso de la Hacienda francesa que cobra de más viviendo en España explica la reclamación del exceso de impuesto, complementaria de la que aquí se detalla para las contribuciones.

Conclusión

Quien vive en España y percibe rentas francesas no está condenado a pagar el 17,2 % de contribuciones sociales sobre cada euro. Cuando esas rentas son de las que Francia puede gravar a un no residente, como los alquileres y las plusvalías de inmuebles situados en Francia, la CSG del 9,2 % y la CRDS del 0,5 % solo son legítimas si usted está a cargo del régimen francés; si depende del régimen español de Seguridad Social en las fechas que fija la ley, está exento de ambas desde el 1 de enero de 2019 y solo debe la detracción de solidaridad del 7,5 %, por el principio europeo de un único Estado de aseguramiento que el Tribunal de Justicia declaró en 2015 y que la ley francesa recoge en el apartado I ter del artículo L. 136-6. La exención no es automática: hay que probarla con certificados fechados, marcar las casillas 8SH u 8SI de la declaración 2042 C cada año y, si el aviso ya llegó con las tres contribuciones, reclamar la restitución con intereses antes del 31 de diciembre del segundo año siguiente al cobro ante el servicio de no residentes, con la posibilidad de acudir al tribunal administrativo en dos meses si la reclamación se rechaza. Verifique cada cifra de su aviso, conserve cada certificado y no confunda la prueba fiscal de la residencia con la prueba social de la afiliación: de esas fechas y de esos papeles depende que la diferencia entre el 17,2 % y el 7,5 % vuelva a su bolsillo o se quede definitivamente en las arcas francesas.

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