Ha esperado más de un año desde que entregó su solicitud de nacionalidad francesa y por fin llega una carta de la administración. La abre con el corazón acelerado y lee que su solicitud ha sido «aplazada dos años» o directamente «denegada». ¿Significa que todo ha terminado? ¿Que esos años de residencia, de trabajo y de esfuerzos por integrarse no han servido de nada? ¿Qué puede hacer ahora, y en qué plazo? Este artículo responde a esas preguntas desde el derecho francés verificado el 4 de octubre de 2026. La primera idea tranquiliza y organiza todo lo demás: ni el aplazamiento ni la denegación son lo mismo que la inadmisibilidad, y cada una de estas decisiones abre caminos distintos. La segunda idea es práctica: el aplazamiento de dos años no es una sanción que se cumple esperando sin hacer nada, sino un plazo para reunir las pruebas que faltaban. Y la tercera es procesal: contra estas decisiones existe un recurso administrativo previo obligatorio ante el ministro del Interior y, después, un recurso ante el tribunal administrativo de Nantes, sea cual sea su domicilio en Francia, incluido París o la región parisina.
Conviene fijar desde el principio dos distinciones que evitan la mayoría de los errores. La primera, entre la nacionalidad de una persona y su país de residencia: este artículo trata de la adquisición de la nacionalidad francesa por decreto, es decir, por decisión de la autoridad pública a solicitud de la persona extranjera, y no del permiso de residencia, que es otra materia con otras reglas. La segunda, entre ciudadanos de la Unión Europea y nacionales de terceros Estados: un ciudadano español, por ejemplo, no necesita permiso de residencia para vivir en Francia porque ejerce su libre circulación europea, pero si solicita la nacionalidad francesa por decreto debe cumplir las mismas condiciones de nacionalización que cualquier otro solicitante, con las únicas excepciones que la ley prevé. Dicho esto, la naturalización por decreto es una decisión de oportunidad: aunque se cumplan las condiciones legales, el ministro puede denegarla o aplazarla si considera que no procede concederla todavía. Comprender esa lógica es lo que permite reaccionar bien.
I. Lo que la administración puede decidir sobre su solicitud de naturalización por decreto
A. Inadmisibilidad, aplazamiento y denegación: tres decisiones con efectos muy distintos
El punto de partida está en el artículo 21-15 del Código civil francés, que dispone, presentado aquí como traducción y no como cita literal, que fuera del caso previsto en el artículo 21-14-1, la adquisición de la nacionalidad francesa por decisión de la autoridad pública resulta de una naturalización concedida por decreto a solicitud de la persona extranjera. La fórmula francesa exacta es: «Hors le cas prévu à l’article 21-14-1 , l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger». Todo el procedimiento gira alrededor de esa idea: usted lo solicita, la administración instruye y el Gobierno decide por decreto.
La primera decisión posible es la inadmisibilidad, en francés irrecevabilité, que se pronuncia cuando no se cumple alguna condición exigida por la ley. La corte administrativa de apelación de Nantes, en una sentencia que se examinará más adelante, reproduce el artículo 43 del decreto n.º 93-1362 del 30 de diciembre de 1993 en estos términos franceses: «Le préfet du département de résidence du postulant (…) déclare la demande irrecevable si les conditions requises par les articles 21-15, (…) 21-23 (…) et 21-27 du code civil ne sont pas remplies», es decir, en traducción explicativa, el prefecto declara inadmisible la solicitud si no se cumplen las condiciones exigidas por esos artículos del Código civil. ¿Cuáles son esas condiciones? La más conocida es la del artículo 21-17 del Código civil: salvo las excepciones legales, la naturalización solo puede concederse a la persona extranjera que justifique una residencia habitual en Francia durante los cinco años anteriores a la presentación de la solicitud. A esa residencia se añade la exigencia del artículo 21-16, según el cual nadie puede ser naturalizado si no tiene su residencia en Francia en el momento de la firma del decreto de naturalización. También pertenecen a este bloque la exigencia de buenas costumbres del artículo 21-23 y los impedimentos del artículo 21-27, que excluyen, entre otros supuestos, a quien haya sido condenado por crímenes o delitos contra los intereses fundamentales de la Nación o por terrorismo, a quien haya sido condenado a una pena igual o superior a seis meses de prisión firme, a quien sea objeto de una orden de expulsión no revocada o de una prohibición del territorio francés no cumplida íntegramente, y a quien se encuentre en situación irregular respecto de las normas de estancia de extranjeros. Si falta alguna de estas condiciones, la solicitud es inadmisible, y la página oficial de service-public.fr dedicada a la naturalización por decreto precisa que, cuando desaparecen los motivos de inadmisibilidad, puede presentarse una nueva solicitud.
Pero muchas cartas que reciben los solicitantes no declaran la inadmisibilidad, sino que aplazan o deniegan. Aquí entra el artículo 48 del mismo decreto n.º 93-1362, tal como lo reproduce la corte de Nantes en su sentencia del 23 de mayo de 2026 citada: «Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions», es decir, en traducción explicativa, si el ministro encargado de las naturalizaciones considera que no procede conceder la naturalización solicitada, dicta la denegación de la solicitud, y también puede dictar su aplazamiento imponiendo un plazo o unas condiciones. La corte reproduce asimismo, en su sentencia de 2020 sobre el aplazamiento por hechos de conducta, la frase siguiente del mismo artículo: «Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande», o sea, una vez vencido ese plazo o cumplidas esas condiciones, corresponde a la persona interesada, si lo considera oportuno, presentar una nueva solicitud. Esta es la clave de todo el artículo: el aplazamiento, en francés ajournement, no cierra la puerta, sino que impone un tiempo de espera, normalmente dos años, para que la situación madure; la denegación, en francés rejet, cierra la solicitud concreta, pero no prohíbe volver a intentarlo más adelante.
La página oficial de service-public añade dos precisiones capitales sobre las nuevas solicitudes. Si la solicitud fue denegada por inoportuna, una nueva solicitud presentada menos de cinco años después de la notificación de la denegación puede archivarse sin tramitación, previo examen de las eventuales circunstancias nuevas alegadas. Si la solicitud fue aplazada, una nueva solicitud presentada antes de que venza el plazo impuesto puede archivarse sin tramitación. Dicho en lenguaje corriente: tras una denegación, conviene dejar pasar el tiempo y volver con elementos nuevos; tras un aplazamiento, hay que respetar el plazo y volver cuando venza, con el expediente reforzado. Presentar la nueva solicitud demasiado pronto es uno de los errores más frecuentes y más fáciles de evitar.
Quedan dos datos de procedimiento que conviene conocer desde el inicio. Primero, los plazos de respuesta de la administración: dieciocho meses como máximo desde la entrega del resguardo de solicitud para responder a una petición de naturalización, plazo reducido a doce meses cuando se justifica una residencia habitual en Francia de al menos diez años en la fecha de entrega del resguardo, con una única prórroga posible de tres meses. Segundo, el régimen de residencia exigido admite excepciones que mucha gente desconoce: el artículo 21-18 del Código civil reduce el período de cinco años a dos para quien haya cursado con éxito dos años de estudios superiores para obtener un título expedido por una universidad francesa, para quien pueda prestar a Francia servicios importantes por sus capacidades y talentos, y para quien presente una trayectoria excepcional de integración en los ámbitos cívico, científico, económico, cultural o deportivo; el artículo 21-19 permite naturalizar sin período previo de residencia, entre otros, a quien haya prestado efectivamente servicio militar en una unidad del ejército francés, a quien haya rendido servicios excepcionales a Francia y a quien haya obtenido el estatuto de refugiado; y el artículo 21-20 dispensa del período previo a la persona que pertenezca a la entidad cultural y lingüística francesa, cuando sea nacional de territorios o Estados cuya lengua oficial sea el francés, o cuando el francés sea su lengua materna, o cuando justifique una escolarización mínima de cinco años en un centro que enseñe en francés. Verificar si se encaja en alguna de estas excepciones es el primer reflejo útil antes de discutir el motivo concreto del aplazamiento o de la denegación.
B. Los tres motivos que más aplazamientos y denegaciones provocan, explicados con sentencias reales
El ministro dispone, como han visto los tribunales, de un amplio poder de apreciación sobre la oportunidad de conceder la nacionalidad francesa, bajo el control del juez del exceso de poder, que solo anula la decisión si detecta un error manifiesto de apreciación. Tres familias de motivos concentran la inmensa mayoría de los aplazamientos y denegaciones: la inserción profesional y la estabilidad de los recursos, la asimilación a la comunidad francesa, y el comportamiento pasado reflejado en condenas o antecedentes. Cada una se entiende mejor con una sentencia real de la corte administrativa de apelación de Nantes, que es el tribunal que revisa en apelación estos litigios.
El primer motivo es la inserción profesional insuficiente o los recursos inestables. La sentencia de la corte de Nantes del 23 de mayo de 2025, asunto 24NT02434, cuenta una historia instructiva. Un nacional senegalés vio aplazada dos años su solicitud el 10 de septiembre de 2020 porque, según el ministro, el examen de su trayectoria profesional desde su entrada en Francia no permitía considerar plenamente realizada su inserción profesional, al no disponer de recursos estables. El tribunal administrativo de Nantes anuló esa decisión y ordenó reexaminar el expediente, el ministro recurrió, y la corte confirmó la anulación. ¿Por qué? Porque a la fecha de la decisión el interesado justificaba un empleo continuo desde el 1 de septiembre de 2013 con contratos de duración determinada renovados cada inicio de curso por la región de Île-de-France como agente de mantenimiento en institutos, con una remuneración media mensual de unos 1 200 euros; porque la sola circunstancia de que esos contratos se interrumpieran al final de cada curso no cuestionaba el carácter duradero de su empleo, dado que daba plena satisfacción y su empleador certificaba que su forma de servir le abriría la perspectiva de una titularización; y porque, aunque a la fecha de la decisión su contrato no había sido renovado, había retomado su actividad con el mismo empleador el 25 de septiembre de 2020 tras una baja por enfermedad larga y había firmado un contrato indefinido el 6 de agosto de 2021. La corte concluyó que el ministro había incurrido en error manifiesto de apreciación. La lección para el lector es doble: los contratos temporales encadenados con el mismo empleador público, acompañados de buenas evaluaciones y de ingresos regulares, pueden constituir una inserción suficiente; y la prueba documental completa, desde el primer contrato hasta las nóminas y las certificaciones del empleador, es lo que permite al juez comprobar el error. Obsérvese también que la corte enmarca jurídicamente el control en estos términos franceses: el ministro puede tener en cuenta, bajo control del juez, «le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources», es decir, en traducción explicativa, el grado de inserción profesional y de autonomía material del solicitante, así como el carácter suficiente y duradero de sus recursos.
El segundo motivo es el defecto de asimilación, en francés défaut d’assimilation: lengua, historia, cultura y sociedad francesas, derechos y deberes de la nacionalidad y adhesión a los principios y valores esenciales de la República. El artículo 21-24 del Código civil exige justificar la asimilación, en particular mediante un conocimiento suficiente, según su condición, de la lengua, la historia, la cultura y la sociedad francesas, y precisa que la persona debe justificar un nivel de lengua que le permita al menos comprender el contenido esencial de temas concretos o abstractos en un texto complejo, comunicarse con espontaneidad y expresarse de forma clara y detallada sobre una gran variedad de temas; al término del control de asimilación, firma la carta de derechos y deberes del ciudadano francés. En la práctica actual, la página oficial de service-public.fr sobre el nivel de francés exige justificar un conocimiento oral y escrito al menos igual al nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, y enumera los diplomas y certificaciones aceptados. La sentencia de la corte de Nantes del 13 de enero de 2026, asunto 25NT00015, muestra la otra cara de la moneda: una nacional turca vio denegada su solicitud porque sus respuestas en la entrevista de asimilación en la prefectura revelaron un conocimiento insuficiente de los elementos fundamentales sobre los grandes hitos de la historia de Francia y las reglas de vida en sociedad vinculadas a los principios, símbolos e instituciones de la República. Del acta de la entrevista resultaba que su integración no estaba realizada y que su nivel de francés era bajo y, pese a veintidós años de residencia en Francia, sus conocimientos sobre Francia eran muy insuficientes: en particular no había sabido explicar qué fue la Revolución francesa, ni el significado de la fiesta nacional, ni dar el nombre del himno nacional. La interesada alegó que padecía un cáncer tratado con quimioterapia que le causaba a veces trastornos de memoria y que estaba estresada por la entrevista, pero la corte respondió que no constaba que hubiera mencionado su estado de salud durante la instrucción, que no estaba probado que las preguntas fueran de dificultad inadecuada a su nivel de instrucción ni que el agente hubiera tenido una actitud intimidatoria, y que los elementos médicos, aun suponiéndolos ciertos, no podían explicar por sí solos las lagunas constatadas. El recurso fue desestimado. La enseñanza es severa pero clara: la antigüedad de residencia no compensa una entrevista fallida, los problemas de salud deben señalarse y documentarse durante la instrucción y no solo ante el juez, y la preparación de la entrevista, incluidos los símbolos republicanos básicos, es tan importante como el diploma de lengua. Quien desee profundizar en la vertiente lingüística encontrará un análisis detallado en el artículo dedicado al nivel B2 y la entrevista de asimilación denegada, que complementa lo expuesto aquí sobre el resto de motivos.
El tercer motivo es el comportamiento pasado: condenas, procedimientos y menciones en ficheros policiales. Aquí conviene distinguir dos planos que la sentencia de la corte de Nantes del 3 de julio de 2020, asunto 19NT01942, separa con nitidez. Una mujer vio aplazada dos años su solicitud por unos hechos de fuga tras un accidente de tráfico ocurridos en Lyon en 2014, que habían dado lugar a una regularización a petición de la fiscalía dentro de una medida alternativa a la persecución prevista en el artículo 41-1 del Código de procedimiento penal francés, aunque la mención correspondiente en el fichero de antecedentes judiciales, el TAJ, había sido borrada por decisión del fiscal. El tribunal de Nantes había anulado el aplazamiento por considerar no probados los hechos, pero la corte revocó ese criterio: el aviso de archivo con regularización bastaba para establecerlos, y el borrado del TAJ no los hacía desaparecer jurídicamente. A continuación, la corte precisó algo esencial: la solicitud no había sido declarada inadmisible por incumplir la condición de buenas costumbres del artículo 21-23, sino aplazada en ejercicio del poder de apreciación de la oportunidad, de modo que la interesada no podía invocar útilmente una vulneración de ese artículo; y el ministro había podido, dado el carácter suficientemente grave y reciente de los hechos a la fecha de la decisión, aplazar dos años sin incurrir en error manifiesto, sin que la estabilidad de su residencia, su inserción profesional o su asimilación influyeran en la legalidad de una decisión fundada en ese motivo. Tres lecciones para el lector: un antecedente archivado con medida alternativa puede bastar para un aplazamiento aunque el TAJ haya sido borrado; la vía para pedir el borrado de una mención del TAJ pasa por el fiscal, y debe intentarse documentalmente antes de la nueva solicitud; y cuando el motivo es la conducta, acreditar una buena inserción no neutraliza el motivo, de modo que la estrategia debe centrarse en la antigüedad, la gravedad relativa y la ejemplaridad posterior. Quien haya accedido a la nacionalidad por la vía del matrimonio debe saber además que esa vía es declarativa y sigue otras reglas, analizadas en el artículo sobre la nacionalidad francesa por matrimonio denegada; lo que aquí se expone concierne exclusivamente a la naturalización por decreto.
II. Qué hacer tras el aplazamiento o la denegación: pruebas durante el plazo y recursos en orden
A. Cómo aprovechar el plazo de dos años y qué pruebas reunir para la nueva solicitud
Si su decisión es un aplazamiento de dos años, el peor reflejo es guardar la carta en un cajón y esperar a que pase el tiempo. El plazo es una oportunidad para construir el expediente que faltaba, y la experiencia de los litigios muestra exactamente qué documentos miran el ministro y el juez. Si el motivo fue la inserción profesional, reúna desde ahora la cadena completa: todos los contratos desde su entrada en Francia, las prórrogas, las nóminas de cada mes, los avisos de imposición, las certificaciones del empleador sobre la calidad de su trabajo y las perspectivas de renovación o de titularización, y, si obtiene un contrato indefinido durante el plazo, incorpórelo de inmediato al futuro expediente. La sentencia del agente de mantenimiento de Île-de-France demuestra que una sucesión de contratos temporales puede valorarse como empleo duradero cuando el conjunto es coherente y el empleador avala. Si el motivo fue la asimilación, prepare los dos frentes: el diploma o certificado de nivel B2 o superior aceptado por la administración, y la preparación real de la entrevista, incluidos la historia, los símbolos, las instituciones y los valores de la República, con la carta de derechos y deberes que firmará al término del control. Si el motivo fue la conducta, solicite sin demora su boletín del casier judiciaire, verifique qué menciones subsisten, pida en su caso el borrado de las menciones del TAJ ante el fiscal competente y conserve todas las resoluciones de archivo, sobreseimiento o rehabilitación, porque la rehabilitación o la exclusión de la mención del boletín número 2 del casier eximen de declarar ciertas condenas según la propia página oficial. En todos los casos, mantenga impecable la prueba de residencia habitual y continua: avisos de imposición, justificantes de domicilio, y residencia en Francia el día de la futura firma del decreto, como exige el artículo 21-16.
Dos advertencias de calendario evitan los tropiezos más comunes. Primera: no presente la nueva solicitud antes de que venza el plazo de aplazamiento, porque puede archivarse sin tramitación; marque la fecha exacta de vencimiento contada desde la decisión inicial y prepare el envío para justo después. Segunda: tras una denegación, recuerde que una nueva solicitud presentada antes de cinco años puede archivarse sin examen salvo circunstancias nuevas, de modo que solo tiene sentido volver pronto si aporta elementos realmente nuevos, como un contrato indefinido, un diploma de lengua o el borrado de un antecedente. En ambos escenarios, guarde cada resguardo, cada acuse de recepción y cada notificación, porque todos los plazos de recurso se cuentan desde la notificación de la decisión desfavorable.
Una nota geográfica útil para quienes viven en París o en Île-de-France: el procedimiento es nacional y las reglas son las mismas en todo el territorio, pero la competencia contenciosa está centralizada. Aunque resida en la capital o en su región, el recurso contra la decisión del ministro no se interpone ante el tribunal administrativo de París, sino ante el tribunal administrativo de Nantes, como confirman tanto la página oficial de la Dirección General de Extranjeros en Francia como el Código de justicia administrativa que se cita en el apartado siguiente. Esa centralización explica también por qué la jurisprudencia de la corte de Nantes, ilustrada en este artículo con tres sentencias, es la referencia que conviene conocer: es ese tribunal, y en apelación esa corte, quienes juzgarán su caso si llega al juez.
B. Los recursos, en orden y sin saltarse etapas: del recurso administrativo al juez de Nantes
El sistema de recursos está claramente descrito en la página oficial de la Dirección General de Extranjeros en Francia dedicada al contencioso del acceso a la nacionalidad. Si el solicitante no transmite las piezas pedidas en plazo, su expediente puede archivarse sin tramitación, y ese archivo se impugna ante el tribunal administrativo del departamento donde radique la autoridad que lo dictó. Pero si lo que se impugna es la decisión por la que el prefecto declaró la inadmisibilidad, denegó o aplazó la solicitud, el solicitante debe obligatoriamente interponer un recurso administrativo previo ante el Ministerio del Interior: solo la desestimación de ese recurso podrá llevarse ante el juez administrativo. Esa misma página precisa que el tribunal administrativo de Nantes es el único competente para los contenciosos relativos a las solicitudes de naturalización o reintegración, sea cual sea el domicilio del solicitante, dada la radicación de los servicios del ministro; que la corte administrativa de apelación de Nantes conoce de las apelaciones; y que el Consejo de Estado juzga los recursos de casación. El fundamento normativo de esa competencia exclusiva figura en el artículo R312-18 del Código de justicia administrativa, que atribuye al tribunal administrativo de Nantes los recursos contra las decisiones del ministro encargado de las naturalizaciones adoptadas en aplicación del artículo 45 de ese decreto, según la traducción explicativa del precepto.
La página de service-public detalla los plazos y la forma del recurso para los expedientes presentados en línea: dos meses desde la notificación de la decisión desfavorable para interponer el recurso administrativo ante el ministro encargado de las naturalizaciones, obligatoriamente a través del formulario disponible en el espacio personal, so pena de inadmisibilidad salvo imposibilidad técnica justificada; y, en caso de respuesta negativa o de silencio durante cuatro meses desde la recepción del recurso, dos meses para interponer el recurso contencioso ante el tribunal administrativo de Nantes, plazo contado desde la notificación de la denegación o, en caso de silencio, desde el acuse de recepción a efectos de vías y plazos. El recurso administrativo debe interponerse imperativamente antes que el contencioso: acudir directamente al tribunal sin pasar por el ministro expone a la inadmisibilidad. Para los expedientes presentados en papel, la misma página indica un esquema equivalente de dos meses para el recurso administrativo y dos meses ante el tribunal de Nantes tras la respuesta o el silencio de cuatro meses.
¿Qué puede obtener del juez? Las tres sentencias citadas muestran el abanico realista. En el asunto del agente de mantenimiento, el tribunal de Nantes anuló el aplazamiento y ordenó al ministro reexaminar la solicitud en dos meses, y la corte confirmó tanto la anulación como la orden de reexamen. En el asunto de la regularización tras el accidente, el tribunal había anulado y ordenado reexaminar, pero la corte estimó el recurso del ministro y validó el aplazamiento. En el asunto de la entrevista fallida, el tribunal desestimó y la corte confirmó la desestimación. El juez administrativo anula cuando detecta un error manifiesto de apreciación y ordena normalmente el reexamen del expediente, no la concesión directa de la nacionalidad, que sigue siendo una decisión del Gobierno por decreto. Por eso el recurso debe construirse como una demostración de error manifiesto sobre el motivo exacto invocado: si fue la inserción, probar la estabilidad con la cadena documental completa; si fue la asimilación, impugnar el acta de entrevista solo con elementos sólidos y contemporáneos; si fue la conducta, acreditar la antigüedad, la levedad relativa y la ejemplaridad posterior, y el borrado de las menciones cuando proceda. Los argumentos genéricos sobre los años de residencia o la buena integración, sin conexión con el motivo, no influyen en la legalidad de la decisión, como recordó expresamente la corte en el asunto de 2020.
Queda una última pieza del calendario: durante la instrucción inicial, la administración dispone de dieciocho meses, o doce si se acreditan diez años de residencia, más una prórroga única de tres meses. Si ese plazo vence sin respuesta, conviene consultar el estado del expediente en la plataforma y conservar la prueba de la fecha del resguardo, porque de ella dependen los plazos posteriores. Y si la decisión que llega es un archivo sin tramitación por falta de piezas o por presentación prematura, recuerde que ese archivo indica sus propias vías y plazos de recurso y que, según el caso, se impugna ante el tribunal del departamento o, tras el recurso previo, ante Nantes. En esta materia, el procedimiento es tan decisivo como el fondo: un buen expediente presentado fuera de plazo o ante el juez equivocado se pierde por la forma antes de discutirse el fondo.
Conclusión
Recibir un aplazamiento o una denegación de naturalización por decreto es un revés serio, pero no es el final del camino cuando se comprende la decisión. La inadmisibilidad sanciona el incumplimiento de una condición legal y se supera haciendo desaparecer la causa; el aplazamiento impone un plazo, normalmente de dos años, para consolidar la inserción, la asimilación o la ejemplaridad; la denegación cierra la solicitud pero deja abierta una nueva petición con elementos nuevos y respetando los plazos. Las tres sentencias de Nantes examinadas muestran que el juez controla efectivamente los errores manifiestos, tanto para anular un aplazamiento injusto por inserción como para confirmar una denegación por asimilación insuficiente o un aplazamiento por hechos recientes. Su plan de acción cabe en cuatro gestos: leer la carta para identificar el motivo exacto y la fecha de vencimiento, reunir durante el plazo las pruebas que responden a ese motivo y solo a ese motivo, interponer en dos meses el recurso administrativo previo ante el ministro por el cauce exigido, y, si es desestimado expresa o tácitamente, acudir en dos meses al tribunal administrativo de Nantes, único competente sea cual sea su domicilio. Con el motivo identificado, las pruebas reunidas y los plazos respetados, el aplazamiento deja de ser un muro y se convierte en lo que la ley quiso que fuera: un tiempo para llegar a la nacionalidad francesa con el expediente que el decreto exige.