Su sociedad española es socia de una sociedad francesa, la junta aprueba el reparto de dividendos y, al llegar el pago, el banco o la propia sociedad francesa retiene una cuarta parte en concepto de impuesto francés. ¿Puede Francia quedarse con ese 25 %? ¿Existe una exención cuando la matriz está en España? ¿Qué dice exactamente el convenio franco-español? ¿Y cómo se recupera lo retenido de más, con qué formularios y en qué plazo? Esta guía responde a esas preguntas en orden: primero la regla interna francesa, después la exención europea entre matriz y filial, luego el convenio con España y por último el camino práctico para reclamar.
Conviene fijar desde el principio el vocabulario francés que reaparecerá en los documentos. La retenue à la source es la retención en la fuente: el pagador francés descuenta el impuesto antes de abonar el dividendo. El bénéficiaire effectif es el beneficiario efectivo, es decir, quien realmente percibe y dispone de la renta, no un simple intermediario. La société mère es la sociedad matriz y la filiale es la filial. El prélèvement designa de forma genérica la exacción practicada en el pago. Con estas equivalencias, que son explicaciones nuestras y no el texto oficial, el lector puede seguir los documentos franceses sin perderse.
I. Lo que Francia retiene por defecto cuando la matriz está en España
Cuando una sociedad francesa distribuye dividendos a una sociedad que no tiene en Francia ni su domicilio fiscal ni su sede, Francia aplica por defecto una retención en la fuente sobre el importe bruto. Esa es la regla de partida, y solo después entran en juego la exención europea y el convenio bilateral. Comprender la regla de partida permite medir exactamente qué se gana con cada mecanismo posterior.
A. La retención interna sobre los dividendos pagados a una sociedad no residente
El fundamento está en el artículo 119 bis del Código General de Impuestos francés, cuyo apartado primero somete a retención los rendimientos de capital mobiliario cuando benefician a personas que tienen su sede en Francia o en el extranjero o que no tienen su domicilio fiscal en Francia. Los dividendos que una sociedad francesa paga a su matriz española entran en este campo: son productos de los artículos 108 a 117 bis del mismo código y su beneficiaria no tiene domicilio fiscal ni sede en Francia. La retención se calcula sobre el importe bruto puesto en pago, sin deducir gasto alguno, porque la base legal es el dividendo acordado por la junta, no un beneficio neto.
El tipo aplicable a una sociedad no es el 12,8 % que soportan las personas físicas. El artículo 187 del mismo código dispone en francés que la retención es de « 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques », lo que en español significa que ese tipo reducido está reservado a las personas físicas, y reenvía para las sociedades al tipo del impuesto sobre sociedades. Ese tipo, fijado por el artículo 219 del Código General de Impuestos, cuyo texto declara « Le taux normal de l’impôt est fixé à 25 % », es decir, el tipo normal del impuesto es del 25 %, asciende por tanto al 25 % del dividendo bruto. Un dividendo de 100.000 euros pagado a la matriz española sufre por defecto una retención de 25.000 euros, y la matriz percibe 75.000 euros.
Esta retención es además un impuesto definitivo en Francia para la sociedad no residente: una vez practicada, la sociedad española no tiene que presentar en Francia una declaración anual por esos dividendos ni puede pedir que se le aplique el baremo progresivo francés. Funciona como un impuesto autónomo y liberatorio, distinto del impuesto sobre la renta de los residentes. La diferencia con las personas físicas es importante y conviene no mezclar los regímenes: cuando el que cobra el dividendo francés es un particular residente en España, el tipo interno es del 12,8 % y el convenio fija un tope del 15 %, como explicamos en nuestra guía sobre intereses y dividendos de personas físicas, mientras que cuando quien cobra es una sociedad española, el tipo interno de partida es del 25 % y el análisis pasa por la exención matriz-filial y por el artículo 10 del convenio.
Tampoco debe confundirse esta retención con el régimen interno español de la matriz: lo que España haga después con esos 75.000 euros, cómo los integre en la base y qué deducción conceda por el impuesto pagado en Francia, pertenece al Derecho español y al artículo 24 del convenio, que se estudia en la segunda parte. En esta primera parte basta retener la idea de partida: sin ningún mecanismo corrector, Francia retiene el 25 % del dividendo bruto pagado a la sociedad española.
B. La exención europea entre matriz y filial del artículo 119 ter
El Derecho francés prevé una exención total de esa retención cuando la matriz está establecida en la Unión Europea y cumple una serie de condiciones estrictas. Es el artículo 119 ter del Código General de Impuestos, que transpone la directiva europea sobre matrices y filiales. La doctrina oficial detalla el régimen en la ficha BOI-RPPM-RCM-30-30-20-10 del BOFiP, que es la referencia operativa que utilizan los bancos y las sociedades francesas.
Las condiciones se acumulan y deben reunirse todas en la fecha del pago. La sociedad española debe tener su sede de dirección efectiva en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo que haya concluido con Francia un convenio de asistencia administrativa contra el fraude, lo que España cumple. Debe revestir una de las formas societarias contempladas por la directiva europea, como la sociedad limitada o la sociedad anónima españolas. Debe estar sujeta al impuesto sobre sociedades en España, al tipo normal, sin posibilidad de opción por un régimen distinto y sin estar exenta: una entidad total o parcialmente exenta no puede invocar la exención. Debe poseer directamente al menos el 10 % del capital de la filial francesa, de forma ininterrumpida durante dos años como mínimo, apreciados en la fecha de puesta en pago de los dividendos. Y debe justificar que es la beneficiaria efectiva de los dividendos, es decir, que los percibe por cuenta propia y no como simple conducto hacia un tercero.
Dos precisiones merecen atención porque generan la mayoría de los rechazos. La primera es que el 10 % se calcula únicamente con las participaciones poseídas directamente por la matriz: las acciones que la matriz posea a través de otra sociedad interpuesta no cuentan para alcanzar el umbral. La segunda es que la duración de dos años se aprecia en la fecha del pago del dividendo, de modo que una participación adquirida hace dieciocho meses no abre todavía la exención inmediata, aunque exista el compromiso de conservarla dos años. Para ese caso intermedio, la doctrina admite una vía de espera: la retención se practica, y una vez transcurrido el plazo de dos años de tenencia, la matriz puede obtener su devolución si el resto de las condiciones se cumplía. Del mismo modo, los títulos poseídos en usufructo están excluidos con carácter general, salvo el caso particular en que el usufructuario reúna durante al menos dos años tanto los derechos de voto como los derechos financieros.
Cuando las condiciones ya se cumplen en la fecha del pago, la exención puede aplicarse de inmediato: la matriz española entrega a la sociedad francesa o al establecimiento pagador, antes del pago, los justificantes de que reúne los requisitos, incluido el compromiso de conservación de la participación durante dos años cuando la antigüedad aún no alcanza ese plazo, y el pagador abona el dividendo bruto sin practicar retención. Cuando los justificantes no estaban disponibles en la fecha del pago, la exención se obtiene por la vía del reembolso posterior: se reclama ante la administración francesa la devolución de la retención practicada, acreditando a posteriori que las condiciones se cumplían en la fecha de la distribución. Esta alternativa entre exención inmediata y reembolso posterior es esencial en la práctica, porque muchas matrices descubren el mecanismo cuando la retención ya se ha practicado y creen erróneamente que todo está perdido.
El régimen interno de las matrices, definido por el artículo 145 del Código General de Impuestos, completa el cuadro pero no debe confundirse con la exención de retención: ese artículo regula las condiciones de los títulos de participación para el régimen fiscal de matrices en el impuesto francés, con exigencias de nominatividad o depósito y de conservación, y sirve de referencia para delimitar qué productos pueden acogerse a la exención de retención, que en la práctica cubre los mismos dividendos que el régimen de matrices y filiales. Para la sociedad española, lo determinante sigue siendo el artículo 119 ter y su prueba documental.
II. Lo que el convenio con España añade y cómo recuperar lo retenido de más
La exención europea no agota el análisis. Incluso cuando la matriz no alcanza el 10 % o no cumple alguna condición del artículo 119 ter, el convenio firmado entre Francia y España limita lo que Francia puede retener y organiza la eliminación de la doble imposición en España. Y cuando se ha retenido más de lo permitido, existe un procedimiento reglado de devolución con formularios propios y un plazo que debe vigilarse desde el primer día.
A. El tope del 15 %, la exención del convenio para matrices y la deducción en España
El convenio entre Francia y España para evitar la doble imposición, firmado en Madrid el 10 de octubre de 1995, dedica su artículo 10 a los dividendos. Su apartado primero atribuye el derecho de gravar a España como Estado de residencia de la matriz, y su apartado segundo letra a) autoriza también a Francia a gravar en la fuente según su legislación interna, pero con un límite: si quien percibe los dividendos es su beneficiario efectivo, el impuesto francés no puede exceder del 15 % del importe bruto de los dividendos, que es lo que establece el tenor del apartado segundo letra a) del artículo 10 del convenio. La consecuencia práctica es directa: con una retención interna del 25 %, todo lo que supere el 15 % del dividendo bruto es un exceso contrario al convenio y, por tanto, recuperable. Sobre un dividendo de 100.000 euros, Francia solo puede conservar 15.000 euros; si retuvo 25.000, los 10.000 euros de diferencia deben devolverse.
El mismo artículo 10 contiene, en su letra b), una regla más favorable para las matrices: los dividendos solo son imponibles en el Estado de residencia del beneficiario efectivo cuando este es una sociedad sujeta al impuesto sobre sociedades que posee una participación cualificada en la sociedad que paga. Para una matriz residente en Francia basta una tenencia directa de al menos el 10 % del capital, mientras que para una matriz residente en España el convenio exige una participación sustancial, que es la traducción nuestra del término francés empleado por el texto, cuyo contenido se aprecia según las circunstancias y la práctica administrativa. Esta asimetría del texto es una trampa frecuente: la matriz española no puede invocar sin más el umbral del 10 % del convenio como si fuera automático, porque para ella el convenio habla de participación sustancial, y en la práctica la vía segura para la exención total sigue siendo el artículo 119 ter interno con su umbral del 10 % y sus dos años. Cuando la matriz española sí entra en el supuesto de la letra b), Francia no puede retener nada y todo lo retenido es recuperable.
El artículo 24 del convenio, dedicado a la eliminación de las dobles imposiciones, regula lo que ocurre después en España. Su apartado segundo dispone que cuando un residente en España percibe rentas imponibles en Francia conforme al convenio, España concede sobre su propio impuesto una deducción igual al impuesto pagado en Francia, con un límite: la deducción no puede exceder de la fracción del impuesto español correspondiente a esas rentas. En español, esto significa que el 15 % conservado por Francia se descuenta del impuesto español sobre esos dividendos, pero solo hasta el importe del impuesto español atribuible a ellos; si el impuesto español correspondiente fuera inferior, la diferencia no se devuelve ni se compensa con otros impuestos. El mismo apartado añade, para los dividendos pagados por una filial francesa a una matriz española que posea directamente al menos el 10 % del capital durante dos años ininterrumpidos antes del pago, una deducción adicional del impuesto efectivamente pagado por la filial francesa sobre los beneficios que sirven al pago de los dividendos, en la parte correspondiente, siempre dentro del mismo límite del impuesto español. Es el reflejo convenido del régimen de matrices, y exige la misma disciplina de prueba sobre el porcentaje y la antigüedad.
El procedimiento para aplicar el tipo del convenio desde el primer momento se apoya en el formulario 5000, la declaración de residencia fiscal. El esquema es el siguiente: la sociedad española cumplimenta el formulario, la administración española certifica en él su residencia fiscal en España, y la matriz lo entrega al pagador francés antes del cobro. La ficha oficial BOI-INT-DG-20-20-20-20 del BOFiP autoriza al establecimiento pagador en Francia a aplicar desde la puesta en pago el tipo previsto por el convenio, en principio el 15 %, cuando dispone de estos documentos. Si el formulario no estaba disponible en la fecha del pago, el pagador aplica el tipo interno del 25 % y la corrección se hace después mediante el formulario 5001-SD de liquidación y reembolso de la retención sobre dividendos, que existe incluso en versión española y se acompaña del formulario 5000-SD de declaración de residencia. Presentar el 5000 tarde no hace perder el derecho; simplemente desplaza la corrección del pago inmediato a la reclamación posterior.
La condición de beneficiario efectivo merece un desarrollo propio porque es donde la administración francesa concentra sus controles. El Consejo de Estado lo confirmó en su decisión de 5 de junio de 2020, número 423810: « la qualité de bénéficiaire effectif des dividendes doit être regardée comme une condition du bénéfice de l’exonération », es decir, la cualidad de beneficiario efectivo debe considerarse una condición del beneficio de la exención. En aquel asunto, relativo a dividendos pagados a una matriz luxemburguesa y a una cuenta abierta en Suiza, el Consejo validó el rechazo porque ninguna prueba demostraba que la sociedad hubiera realmente percibido los fondos: ni siquiera constaba que fuera titular de la cuenta bancaria suiza, y una carta del banco sin firmas identificables, en la que la entidad declaraba no asumir responsabilidad sobre su contenido, fue descartada como no probatoria. La traducción de la idea es nuestra, pero la exigencia es literal: para una matriz española, conviene reunir desde el principio la titularidad de la cuenta de abono, los acuerdos de distribución, la contabilidad que registre el dividendo y la cadena de participaciones que acredite el porcentaje y la antigüedad. Una sociedad instrumental sin sustancia, que se limite a reenviar los fondos a un tercer país, no superará este control, y la exención o el tipo convenido le serán denegados aunque los formularios estén formalmente cumplimentados.
Una advertencia histórica evita un error todavía frecuente en las reclamaciones. El apartado tercero del artículo 10 del convenio menciona un pago del Tesoro francés ligado al antiguo haber fiscal, el avoir fiscal. Ese mecanismo fue suprimido del Derecho interno francés y ya no puede invocarse: la jurisprudencia lo recuerda expresamente al señalar que las estipulaciones relativas al haber fiscal, suprimido en el Derecho interno, no pueden fundar una reclamación actual por la vía de un abatimiento posterior que lo sustituyó. Quien copie modelos antiguos de reclamación que reclamen el haber fiscal verá su solicitud desestimada, con pérdida de tiempo y riesgo para el plazo.
Para situar este régimen de sociedades dentro del conjunto, conviene recordar que las reglas cambian por completo cuando el perceptor es una persona física: ni el tipo interno del 25 %, ni la exención matriz-filial, ni el artículo 10 en su vertiente societaria le son aplicables, sino el tipo del 12,8 % y el tope del 15 % estudiados en la guía de particulares. Del mismo modo, la prueba de la residencia fiscal española, que condiciona todo el edificio del convenio, sigue las reglas generales de domicilio y documentación que desarrollamos en nuestra guía sobre residencia fiscal entre Francia y España: sin residencia fiscal española acreditada, ni el tope del 15 % ni la deducción posterior son accesibles.
B. Plazos, pruebas y errores que hacen perder la devolución
El plazo es el punto más peligroso del procedimiento, porque es corto en apariencia y fatal en sus efectos. La reclamación debe presentarse ante la administración francesa a más tardar el 31 de diciembre del segundo año siguiente al del pago del impuesto impugnado, cuando este no dio lugar a un rol ni a un aviso de cobro, que es precisamente el caso de una retención practicada por el pagador. El artículo R*196-1 del Libro de Procedimientos Fiscales lo establece en francés en estos términos: las reclamaciones deben presentarse « au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle » del pago del impuesto, es decir, como muy tarde el 31 de diciembre del segundo año siguiente al del pago. La doctrina oficial lo confirma para las restituciones de retenciones en la ficha del BOFiP dedicada a los organismos de inversión, que fija el plazo de reclamación en el del apartado b) del artículo R*196-1. Un dividendo pagado en 2024 con exceso de retención debe reclamarse como muy tarde el 31 de diciembre de 2026; pasada esa fecha, el exceso queda definitivamente adquirido por el Tesoro francés aunque el convenio le diera la razón a la matriz.
El expediente de reclamación debe construirse como un dossier probatorio completo, no como una simple carta. Sus piezas mínimas son el formulario 5000 con la certificación de residencia fiscal española, el formulario 5001 de liquidación y reembolso debidamente cumplimentado con el cálculo del exceso, el justificante de la retención practicada con referencia a la declaración del pagador, prueba de la titularidad de la cuenta donde se abonó el dividendo, los títulos o certificados que acrediten el porcentaje directo y la antigüedad ininterrumpida de la participación, y las cuentas o acuerdos que demuestren que la matriz dispuso efectivamente de los fondos como beneficiaria efectiva. Cada afirmación de la reclamación debe apoyarse en un documento: el porcentaje, con el registro de títulos; la antigüedad, con las fechas de adquisición; la residencia, con el 5000 visado; el pago y la retención, con el justificante bancario y la referencia declarativa. Un expediente que se limite a invocar el convenio sin cuantificar el exceso ni probarlo será rechazado o dará lugar a un requerimiento de subsanación que consumirá meses del plazo.
Los errores más frecuentes, observados en la práctica y en la jurisprudencia, pueden resumirse en cinco. El primero es creer que el tope del 15 % del convenio se aplica solo: sin el formulario 5000 presentado a tiempo, el pagador aplica el 25 % interno y la corrección exige la reclamación posterior con el 5001. El segundo es invocar el abatimiento del 40 % previsto para los residentes franceses: la corte administrativa de apelación de Versalles rechazó esa extensión a los no residentes en su sentencia de 1 de marzo de 2022, número 20VE00268, juzgando que la retención liberatoria se liquida sobre el importe bruto y que el convenio solo fija el tipo máximo sin imponer la base, de modo que ningún abatimiento interno de residentes puede trasladarse al cálculo de la retención de un no residente. El tercero es reclamar el antiguo haber fiscal, ya suprimido, en lugar del exceso sobre el tope vigente. El cuarto es computar mal el plazo del 31 de diciembre, tomando como referencia el ejercicio contable o la declaración española en lugar de la fecha del pago en Francia. Y el quinto es descuidar la prueba del beneficiario efectivo, aportando únicamente los estatutos y un certificado de residencia cuando la administración exige la trazabilidad de los fondos hasta su percepción real.
Cuando la administración rechaza total o parcialmente la reclamación, la vía no se agota: la decisión de rechazo abre el plazo del recurso contencioso ante el tribunal administrativo, donde el expediente documental construido desde el principio desplegará todo su valor. Las reglas de plazos, prueba y recursos ante un rechazo de la administración son las que desarrollamos en nuestra guía sobre control fiscal y reclamaciones en Francia, cuyas pautas sobre proposición de rectificación, motivación y carga de la prueba resultan igualmente útiles cuando el litigio versa sobre una retención en la fuente. En todo caso, la reclamación inicial debe presentarse siempre dentro del plazo del 31 de diciembre aunque se negocie paralelamente con el pagador: ninguna gestión amistosa interrumpe ni suspende ese plazo.
Conclusión
La matriz española que cobra dividendos de su filial francesa se enfrenta a una retención francesa de partida del 25 % sobre el importe bruto, fundada en los artículos 119 bis y 187 del Código General de Impuestos con el tipo normal del artículo 219. Si posee directamente al menos el 10 % del capital desde hace dos años, está sujeta al impuesto sobre sociedades sin exención y acredita ser la beneficiaria efectiva, la exención del artículo 119 ter elimina la retención, de inmediato con los justificantes previos o después por la vía del reembolso. Si no reúne esas condiciones, el convenio franco-español limita en todo caso la retención francesa al 15 % del dividendo bruto y obliga a España a conceder una deducción por el impuesto francés, con el límite del impuesto español correspondiente. El exceso sobre el 15 %, o la totalidad de lo retenido cuando procedía la exención, se recupera con los formularios 5000 y 5001 antes del 31 de diciembre del segundo año siguiente al pago, con un expediente que pruebe la residencia, el porcentaje, la antigüedad y la percepción efectiva de los fondos. Verificar estos cinco puntos antes de cada distribución convierte una retención sufrida en una exención anticipada, y una reclamación improvisada en una devolución documentada.