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Soy empresa en Francia y quiero contratar a una persona extranjera: autorización de trabajo, oposición a la situación del empleo, sanciones y recurso (2026)

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Fuente: Tribunal de Casación – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Colegio de Abogados de París Detención policial, instrucción, tribunal con jurado Ficha CNB avocat.fr
Hassan Kohen, abogado de extranjería en París
Hassan KOHEN
Abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París

Soy empresa en Francia y quiero contratar a una persona extranjera: autorización de trabajo, oposición a la situación del empleo, sanciones y recurso (2026)

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Una empresa instalada en Francia quiere contratar a una persona extranjera que no es ciudadana de la Unión Europea: un perfil hispanohablante localizado en México, en Colombia, en la Argentina o en España con pasaporte de un tercer país, o una persona ya presente en Francia con otro estatuto. La pregunta que recibe el despacho es siempre la misma: ¿qué debe hacer la empresa, en qué orden y en qué plazo, para que esa contratación sea legal? La respuesta se juega en un solo documento, la autorización de trabajo (autorisation de travail), que en Francia no la pide el trabajador sino el empleador. Hacer empezar a la persona antes de obtenerla, o hacerla trabajar en un puesto distinto del autorizado, expone a la empresa a sanciones penales y administrativas graves, y deja al trabajador sin tarjeta de residencia de asalariado. Este artículo explica el procedimiento completo desde el lado de la empresa: quién está obligado, dónde se presenta la solicitud en París e Île-de-France, las cinco condiciones que examina el prefecto (préfet, representante del Estado en el departamento), los dos errores que provocan casi todas las denegaciones según la jurisprudencia reciente, las sanciones y el recurso contencioso que puede interponer la propia empresa.

El punto de partida es una regla simple. Para ejercer una actividad asalariada en Francia, las personas extranjeras que no son nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, de otro Estado parte del Espacio Económico Europeo o de Suiza deben tener una autorización de trabajo cuando son empleadas conforme al Código de Trabajo francés. Así lo dispone el artículo R. 5221-1 del Código de Trabajo, vigente y verificado para este artículo a 9 de octubre de 2026. La dispensa europea es total: un ciudadano español, por ejemplo, no necesita este trámite. Pero un nacional de un tercer país sí, aunque ya tenga un visado o una tarjeta por otro motivo, salvo que su tarjeta le confiera por sí misma el derecho a trabajar. La posesión de una tarjeta de residencia temporal, plurianual o de residente confiere en principio a su titular el derecho a ejercer una actividad profesional en Francia metropolitana, con las excepciones previstas por la ley, según el artículo L. 414-10 del Código de extranjería (CESEDA). Por eso la primera verificación de la empresa es leer la tarjeta que ya tiene la persona, si la tiene: algunas autorizan a trabajar y otras no, y las excepciones figuran en el artículo L. 414-11 del mismo código.

Cuando la persona no tiene derecho a trabajar con su situación actual, la empresa debe pedir la autorización antes de que empiece a trabajar. Para entrar en Francia con el fin de ejercer una profesión asalariada, el extranjero presenta los documentos y visados exigidos y un contrato de trabajo visado por la autoridad administrativa o una autorización de trabajo: es el artículo L. 5221-2 del Código de Trabajo. Y un extranjero autorizado a residir en Francia no puede ejercer una actividad asalariada sin haber obtenido antes esa autorización, como establece el artículo L. 5221-5 del Código de Trabajo. La tarjeta de asalariado que recibirá después el trabajador depende directamente de este paso previo: el extranjero que ejerce una actividad asalariada con contrato indefinido recibe una tarjeta temporal con la mención «salarié» (asalariado) de un año como máximo, y su expedición está subordinada a tener antes la autorización de trabajo, según el artículo L. 421-1 del CESEDA. En la práctica, el expediente del trabajador y el expediente de la empresa avanzan encadenados: sin autorización patronal no hay tarjeta de asalariado, y sin tarjeta no hay contratación estable.

I. Quién debe pedir la autorización, cuándo y ante quién

A. La solicitud la presenta la empresa, para un puesto preciso, antes del primer día trabajado

La solicitud de autorización de trabajo la hace el empleador, no el candidato. Puede presentarla también una persona habilitada por mandato escrito del empleador. Así lo establece el citado artículo R. 5221-1, que añade dos reglas que las empresas olvidan con frecuencia. Primera: cada nuevo contrato de trabajo exige una nueva solicitud de autorización. Cambiar a la persona de contrato, de entidad empleadora o de puesto no es un simple ajuste interno: es un nuevo expediente. Segunda: en el destacamento temporal (détachement) por una empresa no establecida en Francia, la solicitud la hace quien recurre a esos trabajadores en Francia (el ordenante o la empresa usuaria), no la empresa extranjera de origen.

El carácter previo de la autorización es absoluto. Emplear a la persona «mientras sale el papel», aunque sea unos días y con contrato firmado, constituye empleo de extranjero sin título. El Código de Trabajo lo prohíbe en términos tajantes: nadie puede, directa o indirectamente, contratar, mantener a su servicio o emplear por cualquier duración a un extranjero que no tenga el título que le autoriza a ejercer una actividad asalariada en Francia, según el artículo L. 8251-1 del Código de Trabajo. La prohibición incluye mantener a la persona en una categoría profesional, una profesión o una zona geográfica distintas de las que figuran, en su caso, en su título. Esta segunda frase es la que condena a las empresas que obtienen una autorización para un puesto y emplean a la persona en otro: la autorización vale para lo que dice, no para lo que la empresa necesita después.

Antes de presentar nada, la empresa debe además verificar la situación del candidato. El empleador se asegura ante las administraciones territorialmente competentes de que existe el título que autoriza al extranjero a ejercer una actividad asalariada en Francia, salvo si esa persona está inscrita en la lista de demandantes de empleo, conforme al artículo L. 5221-8 del Código de Trabajo. En términos prácticos: pedir copia del pasaporte y del título de residencia, comprobar la nacionalidad exacta (un residente en España no es necesariamente español y un hispanohablante puede necesitar visado), y no fiarse de una tarjeta caducada o de un resguardo (récépissé) sin comprobar qué autoriza. La administración considera que el empleador que tiene dudas sobre la veracidad de los documentos y no hace las comprobaciones necesarias comete deliberadamente la infracción, como recuerda la página oficial del Ministerio de Trabajo sobre el empleo de extranjero sin título. Esa página oficial, con sus encabezados sobre la obligación de tener título, la definición del delito, las personas sancionables y las sanciones, es la lectura que todo directivo debería hacer antes de firmar: describe exactamente lo que la inspección de trabajo buscará en caso de control.

Un caso frecuente merece una mención separada: el estudiante extranjero que la empresa quiere contratar al terminar sus estudios. Su tarjeta de estudiante no le permite sin más ocupar un puesto a tiempo completo, y el cambio de estatuto hacia asalariado exige una autorización de trabajo vinculada al nuevo contrato. Del lado del trabajador, los requisitos y recursos de ese cambio de estatuto se explican en detalle en el artículo sobre el cambio de estatuto de estudiante a trabajador denegado en Francia; del lado de la empresa, las reglas que siguen se aplican igual: solicitud patronal previa, puesto preciso y salario conforme. Lo mismo vale para el trabajador altamente cualificado: si el perfil encaja en el dispositivo del pasaporte talento, con sus umbrales salariales y sus propias reglas de cambio de empresa, conviene leer también el artículo sobre el pasaporte talento denegado o no renovado antes de elegir entre la vía del asalariado común y la del talento.

B. Dónde se presenta en París e Île-de-France y qué decide el prefecto

La solicitud se dirige por teleservicio al prefecto del departamento donde se encuentra el establecimiento empleador. La decisión sobre la solicitud la toma el prefecto y se notifica al empleador o a su mandatario, así como a la persona extranjera, según el artículo R. 5221-17 del Código de Trabajo. En caso de acuerdo, el prefecto transmite las autorizaciones que cubren contratos de más de tres meses o contratos de temporada a la Oficina Francesa de Inmigración e Integración (OFII, Office français de l’immigration et de l’intégration), conforme al artículo R. 5221-18 del Código de Trabajo. La empresa debe organizar su calendario teniendo en cuenta este circuito: instrucción prefectoral, eventual intervención de la OFII y, para el candidato que está fuera de Francia, solicitud de visado posterior. Hacer coincidir la fecha de incorporación con la obtención efectiva de la autorización, y no con la presentación de la solicitud, evita la infracción más común.

En Île-de-France existe una particularidad organizativa que la empresa parisina debe conocer. La instrucción de las solicitudes puede pasar por la plataforma interregional de mano de obra extranjera, radicada en Sena-San Denis, que actúa por delegación del prefecto territorialmente competente. Así ocurrió en un litigio reciente donde la sociedad, con sede en Melun, vio su solicitud instruida y denegada por el jefe de esa plataforma actuando por delegación del prefecto de Sena y Marne: la Corte Administrativa de Apelación de París lo constató en su fallo de 11 de junio de 2025, que se analiza más abajo. Consecuencia práctica para una empresa de París o de la pequeña y gran corona: identificar desde el primer día cuál es el prefecto competente según la sede del establecimiento que contrata, conservar el acuse del teleservicio oficial de la administración de extranjería y archivar cada notificación, porque el recurso posterior dependerá de quién firmó exactamente la denegación.

La empresa parisina debe preparar además cuatro elementos antes de pulsar «enviar»: la prueba de que buscó mano de obra disponible (oferta publicada, respuestas recibidas y motivos de descarte), el contrato o proyecto de contrato con la denominación exacta del puesto y el salario, los documentos que acreditan que está al corriente de sus obligaciones sociales y que su actividad está regularmente declarada, y la verificación de que el candidato cumple las condiciones reglamentarias para ejercer esa profesión cuando la actividad está regulada (sanidad, seguridad, profesiones colegiadas). Presentar un expediente coherente desde el inicio es la mejor defensa contra la causa de denegación más invocada: la oposición a la situación del empleo.

II. Cómo se obtiene, por qué se deniega y cómo recurrir

A. Las cinco condiciones y los dos errores que lo hacen fracasar todo

La autorización se concede cuando la solicitud cumple las condiciones fijadas por la norma reglamentaria. El texto determinante es el artículo R. 5221-20 del Código de Trabajo, que conviene leer como una lista de comprobación. Primera condición, relativa al empleo propuesto: o bien el puesto figura en la lista de oficios con dificultades de contratación (métiers en tension, oficios en tensión), establecida por orden conjunta de los ministros de Trabajo e Inmigración en aplicación del artículo L. 421-4 del CESEDA; o bien la oferta se publicó durante tres semanas en los organismos del servicio público de empleo y ningún candidato con el perfil exigido la cubrió. Segunda condición, relativa al empleador y, en su caso, al ordenante o a la empresa usuaria o de acogida: deben estar al corriente de sus obligaciones sociales y no haber sido condenados ni sancionados por trabajo ilegal, infracciones de salud y seguridad, ayuda a la entrada y residencia irregular o incumplimientos en materia de destacamento, ni presentar incumplimientos graves detectados por la administración en esas materias. Tercera condición: empleador y trabajador deben cumplir las condiciones reglamentarias de ejercicio de la actividad cuando existen. Cuarta condición: el salario propuesto debe respetar el salario mínimo de crecimiento (SMIC, salaire minimum interprofessionnel de croissance) o el mínimo del convenio colectivo aplicable. La empresa que prepara su expediente con esta lista en la mano rara vez es sorprendida.

La regla de los oficios en tensión merece una explicación porque es la vía que evita el obstáculo principal. Cuando la délivrance del título está subordinada a la autorización previa de trabajo, la situación del mercado de empleo es oponible al solicitante, salvo que el código disponga otra cosa, en particular cuando la solicitud se refiere a un oficio y una zona geográfica con dificultades de contratación. Así lo establece el artículo L. 414-13 del CESEDA, y el artículo L. 421-4 del CESEDA precisa que en ese caso las tarjetas de asalariado y de trabajador temporal se expiden sin que se pueda oponer la situación del empleo. La lista de oficios y zonas se establece y actualiza al menos una vez al año tras consultar a las organizaciones sindicales de empleadores y de trabajadores. En lenguaje corriente: si el puesto y la región están en la lista, la administración no puede denegar alegando que hay demandantes de empleo disponibles; si no están, la empresa debe demostrar que publicó la oferta tres semanas y que nadie adecuado se presentó. Verificar la lista vigente para la región de contratación antes de redactar el contrato es el gesto que más denegaciones evita.

El primer error mortal es el desajuste entre la autorización y el puesto realmente ocupado. Lo ilustra una sentencia reciente, leída íntegramente para este artículo: Corte Administrativa de Apelación de Nancy, 5.ª sala, 2 de junio de 2026, n.º 25NC02006 (texto oficial). Un trabajador turco, titular de un visado de larga duración con tarjeta de asalariado, pidió la renovación. Su empleador había obtenido el 10 de octubre de 2024 una autorización para un puesto de jefe de obra (chef de chantier), oficio para el que en Gran Este la situación del empleo no es oponible. Pero su contrato indefinido y sus nóminas describían un puesto de técnico albañil o albañil, oficios para los que la situación del empleo sí es oponible. La empresa alegó un error material y aportó una modificación del contrato firmada después de la denegación, que reconocía el trabajo como albañil hasta esa fecha y como jefe de obra desde entonces, con nóminas posteriores coherentes. La Corte confirmó la denegación: los documentos posteriores a la decisión impugnada no influyen en su legalidad, y el trabajador no acreditaba una autorización correspondiente al puesto efectivamente ocupado. La lección para la empresa es triple: la denominación del contrato, la autorización pedida y las nóminas deben decir lo mismo desde el primer día; corregir después no salva la denegación; y contratar a alguien como «jefe» cuando cobra y cotiza como «peón» se paga con la pérdida de la tarjeta y una orden de abandonar el territorio. Cuando la renovación de la tarjeta del trabajador es denegada y se dicta esa orden, del lado del trabajador existen vías de recurso que se detallan en el artículo sobre la denegación de visado y permiso de trabajo con sus pruebas y recursos; pero la empresa debe saber que el litigio nace casi siempre de su propio expediente.

El segundo error clásico es descuidar la prueba de la publicación de la oferta durante tres semanas. Un litigio parisino reciente muestra que ese motivo, mal utilizado por la administración, se anula ante el juez. El Tribunal Administrativo de Melun anuló el 11 de octubre de 2024 la denegación opuesta a una sociedad que pedía una autorización para un técnico en electricidad y electrónica con contrato indefinido, denegación basada en que la oferta no se había publicado durante el plazo legal de tres semanas, y ordenó al prefecto reexaminar la solicitud en dos meses. El prefecto apeló, y la Corte Administrativa de Apelación de París, 8.ª sala, 11 de junio de 2025, n.º 24PA04997 y 24PA04998 (texto oficial), desestimó su recurso. El interés del fallo para las empresas es doble. Sobre el fondo, confirma que el motivo de la falta de publicación debe verificarse con rigor y que el juez controla efectivamente la denegación. Sobre el procedimiento, la Corte declaró inadmisible la apelación porque la había interpuesto el prefecto equivocado: la solicitud se había presentado ante el prefecto del departamento de la sede de la empresa, y solo ese prefecto, destinatario de la notificación de la sentencia, podía representar al Estado en apelación, en aplicación de las reglas de representación del Estado ante las jurisdicciones administrativas. La moraleja administrativa es clara: saber exactamente qué prefecto es competente y quién firma cada acto condiciona todo el contencioso posterior, tanto para la administración como para la empresa que recurre.

Quedan dos condiciones que las empresas hispanohablantes suelen subestimar. El salario debe alcanzar el SMIC o el mínimo convencional: una oferta por debajo, aunque el candidato la acepte, funda la denegación. Y los antecedentes de la empresa cuentan: condenas o sanciones por trabajo ilegal, incumplimientos de seguridad o ayuda a la irregularidad permiten denegar aunque el puesto y el candidato sean perfectos. Una empresa con un control anterior manchado debe sanear su situación antes de patrocinar a un trabajador extranjero, no después.

B. Sanciones si se trabaja sin autorización y recurso de la empresa si se la deniegan

Hacer trabajar a una persona extranjera sin la autorización exigida es un delito (délit) con sanciones penales y administrativas que se acumulan. En lo penal, emplear o mantener a una persona extranjera sin el título que le autoriza a trabajar se castiga con cinco años de prisión y 30 000 euros de multa, según el artículo L. 8256-2 del Código de Trabajo. El fraude o la falsa declaración para obtener o hacer obtener a un extranjero una autorización de trabajo se castiga con un año de prisión y 3 000 euros de multa, como recuerda la ficha oficial de service-public sobre la autorización de trabajo del asalariado extranjero. En lo administrativo, la empresa se expone a la devolución de ayudas públicas, al cierre temporal del establecimiento, a la exclusión de los contratos públicos y a multas administrativas calculadas por trabajador afectado, además de una contribución especial vinculada al empleo irregular. Pueden ser sancionados el autor directo (empleador, persona física o jurídica, incluido un particular), quien recurre deliberadamente a los servicios de un extranjero no autorizado y el cómplice que facilita la infracción. Y obtener después la autorización no borra la infracción ya cometida: la regularización posterior no hace desaparecer el delito, como subraya el Ministerio de Trabajo.

El trabajador empleado sin título no queda, sin embargo, sin derechos frente a la empresa. Está asimilado desde su contratación a un trabajador regularmente contratado en cuanto a las obligaciones del empleador, y tiene derecho, por el período de empleo ilícito, al pago del salario y sus accesorios conforme a las disposiciones legales, convencionales y contractuales aplicables, deducidas las sumas ya percibidas. La Corte de Casación, Sala Social, 23 de noviembre de 2022, n.º 21-12.125 (texto oficial), lo expresó con nitidez en un caso de vigilante nocturno despedido por carecer de tarjeta: la irregularidad de la situación del trabajador constituye necesariamente una causa objetiva que justifica la ruptura, pero no es en sí misma una falta grave; solo la falta grave permite una suspensión cautelar de empleo y sueldo sin abono posterior, de modo que el salario del período anterior a la ruptura seguía debido. Para la empresa, la conclusión es incómoda pero clara: despedir es posible y a veces obligatorio, pero tiene un coste y no evita las sanciones públicas.

Si la autorización es denegada, la empresa no está inerme: ella misma, como solicitante, puede impugnar la denegación. La vía es el recurso por exceso de poder (recours pour excès de pouvoir) ante el tribunal administrativo competente, en el plazo de dos meses desde la notificación de la decisión, conforme al artículo R. 421-1 del Código de Justicia Administrativa. El tribunal competente es en principio el del lugar donde tiene su sede la decisión, es decir, el del departamento del establecimiento que presentó la solicitud (en el caso citado, Melun para una sociedad con sede en Melun). El juez controla la motivación, la exactitud de los hechos y el error manifiesto de apreciación, y puede anular y ordenar el reexamen en un plazo determinado, como hizo Melun con dos meses. Antes del contencioso, la empresa puede intentar un recurso graciable (recours gracieux) ante el prefecto que denegó, aportando la pieza que faltaba: prueba de la publicación de tres semanas con fechas, corrección de la denominación del puesto con nóminas coherentes, o certificado de estar al corriente de las obligaciones sociales. Pero ese recurso no suspende el plazo contencioso más que en las condiciones legales del recurso administrativo previo, de modo que la empresa prudente interpone el contencioso en plazo aunque negocie en paralelo. Y si el trabajador ya tenía tarjeta y la denegación de la autorización arrastra la denegación de su renovación con orden de abandonar el territorio, cada decisión tiene su propio plazo y su propio juez: la empresa defiende su autorización y el trabajador defiende su residencia, aunque nazcan del mismo expediente. Cuando el despido o el cambio de empresa ya se han producido y la tarjeta está en juego, conviene coordinar con la estrategia del trabajador descrita en el artículo sobre despido o cambio de empresa con tarjeta de asalariado.

Conclusión

Contratar en Francia a una persona extranjera fuera de la Unión Europea es un procedimiento patronal, previo y nominativo: la empresa pide, para un puesto exacto y antes del primer día trabajado, y el prefecto concede o deniega según cinco condiciones verificables. La oposición a la situación del empleo solo se evita por la lista de oficios en tensión o por una publicación de tres semanas demostrable; el salario debe respetar el mínimo legal o convencional; y la empresa debe estar limpia de condenas por trabajo ilegal. Los tribunales lo confirman en ambos sentidos: anulan las denegaciones mal motivadas, como hizo Melun con la oferta supuestamente no publicada, y confirman las denegaciones merecidas, como hizo Nancy con la autorización de jefe de obra para un albañil. Hacer trabajar sin autorización cuesta hasta cinco años de prisión y 30 000 euros de multa por trabajador, más sanciones administrativas, sin que la regularización posterior borre nada, y el salario del período ilícito sigue debido. La empresa que prepara el expediente como si fuera a ser controlado —puesto, salario, publicación y notificaciones archivadas— contrata tranquila; la que improvisa descubre el derecho de extranjería por la vía más cara: la sanción y el contencioso.

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