Una diseñadora colombiana instalada en Francia con una tarjeta de búsqueda de empleo y creación de empresa monta su agencia de comunicación, declara sus primeros ingresos como autónoma y pide el cambio de estatuto a la tarjeta de empresario. Un consultor informático chino que lleva casi veinte años en Francia con tarjetas de profesión liberal ve cómo la prefectura de policía de París le deniega la renovación porque sus ingresos han caído. Un albañil ruso convertido en autoempresario en Dijon recibe la misma respuesta: su cifra de negocios no convence. Y un gerente albanés de una sociedad de decoración en Charente-Maritime, con 237 419 euros de facturación, gana ante el tribunal porque la denegación estaba mal calculada. Los cuatro casos son reales, juzgados por tribunales administrativos de apelación franceses entre 2023 y septiembre de 2026, y describen el mismo examen con dos preguntas: ¿su actividad por cuenta propia es económicamente viable y le proporciona ingresos suficientes? Este artículo explica la tarjeta de residencia temporal con la mención empresario o profesión liberal (entrepreneur / profession libérale), los papeles que exige la prefectura (préfecture, representante del Estado en el departamento), el umbral de ingresos que aplican los jueces, los errores que provocan casi todas las denegaciones y el recurso contencioso con sus plazos, incluida la orden de abandonar el territorio francés (obligation de quitter le territoire français, OQTF) de treinta días que suele acompañar a la denegación. Si reside en París o en Île-de-France, encontrará además las particularidades de la prefectura de policía y de los tribunales de la región, porque dos de las cuatro sentencias comentadas se dictaron en apelación en París y una tercera afecta a un expediente de Seine-et-Marne.
I. La tarjeta de empresario o profesión liberal y sus dos condiciones
A. Quién puede pedirla, dónde y con qué expediente
La tarjeta con la mención empresario o profesión liberal es una tarjeta de residencia temporal (carte de séjour temporaire) reservada a la persona extranjera que ejerce en Francia una actividad no asalariada: comercio, artesanía, industria o profesión liberal. La regla está en el artículo L. 421-5 del Código de extranjería francés (CESEDA), vigente y verificado para este artículo a 10 de octubre de 2026: « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ” entrepreneur/ profession libérale ” d’une durée maximale d’un an. » Traducción: la persona extranjera que ejerce una actividad no asalariada, económicamente viable y de la que obtiene medios de existencia suficientes, respetando la legislación vigente, recibe una tarjeta de residencia temporal con la mención empresario o profesión liberal de una duración máxima de un año. La fórmula contiene las dos condiciones que deciden todo el expediente: viabilidad económica e ingresos suficientes. La duración máxima de un año distingue esta tarjeta de la tarjeta plurianual, que dura cuatro años.
Existe además una pasarela hacia la tarjeta plurianual con la misma mención. El artículo L. 421-6 del CESEDA dispone que la persona extranjera titular de una tarjeta por otro motivo que solicita la plurianual de empresario recibe primero una temporal de un año si cumple las condiciones, y al vencimiento obtiene la plurianual si sigue cumpliéndolas, debiendo además respetar las condiciones de integración previstas por la ley. Traducción: el cambio de estatuto desde otra tarjeta pasa por una temporal de un año antes de la plurianual de cuatro años. Esta pasarela es la que utilizan, por ejemplo, los antiguos estudiantes que crean su empresa o los titulares de la tarjeta de búsqueda de empleo y creación de empresa (recherche d’emploi – création d’entreprise).
La primera entrega de la tarjeta exige, salvo convenios internacionales o excepciones legales, un visado de larga duración (visa de long séjour). Así lo impone el artículo L. 412-1 del CESEDA: « la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » Traducción: la primera entrega de la tarjeta está subordinada a la presentación del visado de larga duración. Quien entra con un visado de corta duración o sin visado parte, por tanto, con una desventaja seria, aunque la jurisprudencia examina también las regularizaciones por la vía de la admisión excepcional.
La actividad debe estar declarada ante los registros franceses. El artículo R. 421-7 del CESEDA precisa que el artículo L. 421-5 se aplica a la persona extranjera cuya actividad no asalariada requiere una matriculación en el Registro nacional de empresas como empresa artesanal, en el Registro de comercio y sociedades (registre du commerce et des sociétés, RCS) o ante la URSSAF (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, organismo que recauda las cotizaciones sociales). Traducción: sin inscripción en el registro correspondiente o afiliación a la seguridad social de independientes, no hay tarjeta posible. El extracto Kbis para las sociedades o el justificante de afiliación para los autónomos son, por tanto, piezas obligatorias.
El lugar de la solicitud depende de dónde resida la persona. El artículo R. 421-8 del CESEDA distingue dos situaciones: « L’étranger résidant hors de France qui sollicite la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 421-5 présente sa demande auprès des autorités diplomatiques ou consulaires françaises territorialement compétentes dans son pays de résidence. » Traducción: quien reside fuera de Francia presenta la solicitud ante las autoridades diplomáticas o consulares francesas de su país de residencia. Quien ya es titular de otra tarjeta en Francia presenta la solicitud ante el prefecto del departamento de su domicilio. En París, esa autoridad es el prefecto de policía (préfet de police), y el servicio competente es el servicio de títulos de residencia de la prefectura de policía; en los demás departamentos de Île-de-France, la prefectura del departamento.
Antes incluso de depositar la solicitud, la ley impone una consulta previa sobre la viabilidad. El artículo R. 421-9 del CESEDA establece: « Préalablement au dépôt de sa demande de délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 421-5 , l’étranger sollicite un avis sur la viabilité économique de l’activité non salariée auprès du service en charge de la main d’œuvre étrangère compétent pour le département dans lequel il souhaite réaliser cette activité. » Traducción: antes de presentar la solicitud, la persona pide un dictamen sobre la viabilidad económica de la actividad al servicio encargado de la mano de obra extranjera del departamento donde quiere ejercer. Ese dictamen no decide por sí solo, pero un dictamen desfavorable anuncia casi siempre la denegación, y un dictamen favorable no obliga al prefecto a conceder la tarjeta.
El prefecto controla además la honorabilidad y la compatibilidad de la actividad con el orden público. El artículo R. 421-10 del CESEDA indica: « le préfet vérifie la compatibilité de l’activité en cause avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ainsi que, le cas échéant, l’absence de condamnation ou de décision emportant l’interdiction d’exercer une activité commerciale en France. » Traducción: el prefecto verifica la compatibilidad de la actividad con la seguridad, la salubridad y la tranquilidad públicas, así como la ausencia de condenas o decisiones que prohíban ejercer una actividad comercial en Francia. Una condena incompatible o una prohibición de gestionar cierran la puerta aunque los ingresos sean buenos.
La ficha oficial de service-public, verificada el 1 de junio de 2026 en la página dedicada a esta tarjeta, detalla el expediente según el tipo de actividad. Para crear una actividad comercial, industrial o artesanal se piden, entre otros documentos: el formulario cerfa de comerciante, artesano o industrial, el extracto de antecedentes penales del país de origen si se reside fuera de Francia, el dictamen de la plataforma de mano de obra extranjera, la presentación libre del proyecto con plan de negocios y presupuesto provisional plurianual, un justificante de caución bancaria o de saldo acreedor de una cuenta abierta en Francia, la promesa de arrendamiento comercial o el contrato de domiciliación, y el proyecto de estatutos si se crea una sociedad. Para continuar una actividad ya creada se exigen el justificante de matriculación, la prueba de la efectividad de la empresa y de ingresos de la actividad de al menos 1 867,02 euros mensuales, el contrato de arrendamiento, la situación fiscal de la empresa, el aviso de imposición sobre la renta y, si no se es asalariado, el extracto del libro de cuentas con la remuneración de los tres últimos meses. Para la actividad liberal, la creación requiere la afiliación a la URSSAF, los justificantes de que la actividad puede procurar ingresos de al menos 1 867,02 euros mensuales, la autorización o inscripción en el colegio profesional si es una profesión regulada y el dictamen de mano de obra extranjera; la continuación exige justificar ingresos de la actividad de al menos 1 867,02 euros mensuales. Ese umbral de 1 867,02 euros al mes, fijado por la administración, corresponde aproximadamente al salario mínimo de crecimiento (salaire minimum interprofessionnel de croissance, SMIC) y es la cifra que los jueces utilizan como punto de referencia, como muestran las sentencias comentadas más abajo.
Los costes y los plazos también están fijados. La renovación de la temporal cuesta 250 euros (50 de timbre y 200 de tasa) y la plurianual 350 euros (50 de timbre y 300 de tasa), pagados con timbres fiscales. La solicitud de renovación se presenta en la prefectura del domicilio en los dos meses anteriores al vencimiento; fuera de plazo, salvo fuerza mayor o visado válido, se añaden 180 euros de derecho de visado de regularización. Estos importes y plazos provienen de la misma ficha oficial verificada el 1 de junio de 2026. Si la actividad es regulada —artesanía, farmacia, transporte, agencia inmobiliaria, profesiones colegiadas como la abogacía o la auditoría contable—, la autorización de ejercicio o la inscripción en el colegio correspondiente condiciona todo lo demás: ningún plan de negocios compensa su falta.
Quien dude entre esta tarjeta y la de asalariado debe comparar bien los regímenes antes de elegir, porque la autorización de trabajo del asalariado la pide la empresa y responde a otras condiciones, explicadas en el artículo sobre el visado y el permiso de residencia de trabajo denegados por falta de autorización. Y quien cree una empresa innovadora con fuerte inversión puede examinar si cumple los requisitos superiores del pasaporte talento, cuya denegación o no renovación por salario o cambio de empresa se analiza en el artículo sobre el pasaporte talento denegado o no renovado. Elegir mal la tarjeta es el primer motivo evitable de denegación.
B. Por qué la deniegan: viabilidad e ingresos a la luz de cuatro sentencias recientes
Las denegaciones se concentran en dos motivos: la actividad no parece económicamente viable o no proporciona ingresos suficientes. Cuatro decisiones de tribunales de apelación, leídas íntegramente para este artículo, muestran cómo los jueces verifican cada cifra y cada papel, y dónde se gana o se pierde.
La primera sentencia anula una denegación mal calculada. La Corte administrativa de apelación de Burdeos, 18 de abril de 2023, n.º 22BX02749, juzgó el caso de un nacional albanés, gerente único de una sociedad de decoración y obras inscrita en el registro de comercio el 28 de febrero de 2019. El prefecto de Charente-Maritime le había denegado la tarjeta de empresario el 28 de abril de 2022 con una orden de abandonar el territorio, reprochándole no justificar la viabilidad de su sociedad y no obtener ingresos suficientes, apoyándose en que solo se había pagado 800 euros de salario mensual en enero y febrero de 2021. La Corte examinó las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2021: cifra de negocios de 237 419 euros en 2021, con un aumento del 273 % respecto al año anterior, 28 355 euros de impuesto sobre sociedades pagado por los beneficios y un resultado neto contable de 24 467 euros en el año, que permitía unos recursos netos mensuales superiores a 2 000 euros. Añadió las nóminas aportadas en apelación —9 143,74 euros netos en marzo de 2022 y 1 221,11 euros en abril de 2022— y las formaciones seguidas en 2020 y 2021 vinculadas a la actividad (eficiencia y renovación energética de viviendas, habilitación eléctrica). Conclusión de la Corte: el prefecto había incurrido en un error de apreciación respecto al artículo L. 421-5, de modo que anuló la denegación y la orden de salida y ordenó al prefecto expedir la tarjeta temporal de empresario en tres meses, con 1 200 euros a cargo del Estado por los gastos del litigio. La lección es clara: el prefecto no puede quedarse con dos nóminas bajas e ignorar el beneficio anual, el crecimiento y la cualificación; y el solicitante que aporta cuentas anuales, avisos fiscales y diplomas de formación gana.
La segunda sentencia confirma una denegación por ingresos duraderamente insuficientes. La Corte administrativa de apelación de París, 14 de noviembre de 2025, n.º 24PA01882, juzgó el caso de un nacional chino entrado en Francia el 1 de marzo de 2005 con visado de estudiante, con tarjetas de estudiante entre 2005 y 2013 y tarjetas de profesión liberal o independiente del 13 de diciembre de 2013 al 1 de junio de 2022. El 24 de mayo de 2022 pidió la renovación como empresario o profesión liberal y el prefecto de policía de París se la denegó el 19 de octubre de 2023, con orden de abandonar el territorio en treinta días. La Corte constató que su actividad de consultoría informática le procuraba ingresos inferiores al SMIC desde 2018: ningún ingreso en 2019, 11 168 euros en 2020, 697 euros en 2021 y 3 068 euros en 2022, más un empleo temporal en el ayuntamiento de París a 500 euros al mes entre octubre de 2021 y julio de 2022 y ninguna actividad entre julio de 2022 y la fecha de la decisión. El motivo del prefecto —no obtener medios de existencia suficientes por no alcanzar al menos el equivalente del SMIC— fue validado, y la Corte anuló la sentencia de primera instancia que había dado la razón al solicitante y rechazó toda su demanda. La Corte rechazó también el argumento de los diez años de presencia regular, porque los años con tarjeta de estudiante no cuentan para esa protección, y el argumento de la vida privada y familiar, porque el interesado, soltero y sin cargas familiares en Francia, conservaba vínculos en su país, donde había vivido hasta los 25 años. La lección es simétrica a la de Burdeos: varios años por debajo del SMIC, sin prueba de que un acompañamiento empresarial reciente haya cambiado la facturación, justifican la denegación aunque la presencia en Francia sea muy larga.
La tercera sentencia precisa cómo se calculan los ingresos del autoempresario. La Corte administrativa de apelación de Lyon, 17 de octubre de 2024, n.º 23LY02014, juzgó el caso de un nacional ruso entrado en 2018 con visado de empresario, con tarjeta temporal del 26 de mayo de 2020 al 25 de mayo de 2021 y solicitud de renovación el 15 de marzo de 2021, denegada por el prefecto de Côte-d’Or el 8 de diciembre de 2022 con orden de salida en treinta días. Su actividad de bricolaje y pequeños trabajos, en régimen de autoempresario dentro de una sociedad creada e inscrita el 20 de enero de 2021, había generado una cifra de negocios bruta de 20 918 euros en 2022, con 2 738 euros de cotizaciones. La Corte recordó primero que al creador le corresponde aportar los justificantes que permitan evaluar la viabilidad, esté la empresa en proyecto o ya creada. Después admitió que los ingresos no pueden reducirse sin más aplicando a la facturación las reducciones fiscales del 71 %, 50 % y 34 % del régimen de autoempresario, pero exigió restar de la cifra de negocios las cargas, las cotizaciones y los gastos profesionales: como el interesado no aportó ningún elemento sobre sus gastos profesionales, nada permitía establecer que obtuviera medios suficientes. La Corte añadió que la mitad de la facturación de 2022 se había realizado en el cuarto trimestre y que una factura de 6 079 euros del 12 de diciembre de 2022 era posterior a la decisión, de modo que no podía tenerse en cuenta. Recurso rechazado en todas sus pretensiones. La lección para el autoempresario hispanohablante es práctica: la cifra bruta no basta, hay que documentar gastos y cargas para mostrar el ingreso neto real; concentrar la facturación en el último trimestre y aportar facturas posteriores a la decisión no corrige un expediente débil.
La cuarta sentencia, la más reciente, combina casi todos los errores en un cambio de estatuto. La Corte administrativa de apelación de París, 24 de septiembre de 2026, n.º 25PA06219, con audiencia el 3 de septiembre de 2026, juzgó el caso de una nacional malgache entrada en Francia el 21 de agosto de 2017 con visado de larga duración, titular de una tarjeta de búsqueda de empleo y creación de empresa del 26 de octubre de 2023 al 25 de octubre de 2024, que el 17 de octubre de 2024 pidió el cambio a empresario o profesión liberal. El prefecto de Seine-et-Marne, en Île-de-France, denegó el 31 de marzo de 2025 con orden de salida en treinta días, por no aportar ningún documento que mostrara que su actividad liberal podía generar recursos suficientes y por no acreditar actividad profesional alguna durante su tarjeta anterior. La interesada, con un máster en estrategia de marca y marketing, había creado el 25 de enero de 2025 una agencia de comunicación registrada en el repertorio Sirene, y aportó en apelación su proyecto, un balance provisional, una cuenta de resultados provisional, un plan de financiación y un plan de tesorería no fechados ni certificados, además de sus declaraciones a la URSSAF: 780 euros de facturación en marzo de 2025, 1 820 euros en abril y 430 euros en mayo, es decir, ingresos muy inferiores al salario mínimo en dos de los tres meses anteriores a la decisión. La Corte confirmó la denegación: los ingresos posteriores a la decisión no prueban la viabilidad a la fecha en que se dictó, los documentos provisionales sin fecha ni certificación no convencen y la interesada además reconoció no haber enviado a tiempo los documentos pedidos. El tribunal de Melun había rechazado ya su demanda en noviembre de 2025 y la Corte desestimó también la petición de tarjeta, el reexamen y la autorización provisional de residencia. La lección es triple y muy actual: el cambio de estatuto desde búsqueda de empleo se juzga con los mismos umbrales estrictos, los provisionales deben estar fechados y certificados por un profesional, y los plazos de la prefectura para completar el expediente son imperativos.
De las cuatro sentencias sale una regla de oro: el juez cuenta en neto y a fecha de la decisión. Suma los ingresos realmente disponibles después de cargas, cotizaciones y gastos profesionales, los compara con el umbral de aproximadamente un SMIC mensual —los 1 867,02 euros de la ficha oficial— y no tiene en cuenta ni las facturas posteriores ni las promesas de mejora. El expediente que gana es el que llega completo, fechado y certificado el día en que el prefecto decide, no el que se reconstruye en apelación.
II. Denegación en mano: pruebas y recurso
A. Reconstruir la prueba de los ingresos y de la viabilidad
Cuando la denegación llega, normalmente acompañada de la orden de abandonar el territorio en treinta días, el primer trabajo es leer los motivos exactos del prefecto y responder a cada uno con documentos, porque el juez solo anula si la apreciación del prefecto era errónea a la vista de las piezas del expediente. Si el motivo es la insuficiencia de ingresos, hay que demostrar el ingreso neto real, no la facturación bruta. Para una sociedad, las piezas decisivas son las cuentas anuales con el resultado neto, los avisos de imposición sobre la renta y sobre sociedades, los extractos del libro de cuentas con la remuneración de los tres últimos meses y las nóminas: en Burdeos, el resultado neto de 24 467 euros y el impuesto pagado pesaron más que dos nóminas bajas. Para el autoempresario, la sentencia de Lyon exige ir más allá de la cifra bruta declarada a la URSSAF: hay que detallar las cotizaciones pagadas y, sobre todo, los gastos profesionales —materiales, desplazamientos, alquiler, seguros—, porque sin ellos el juez no puede calcular el ingreso disponible y rechaza el recurso aunque la facturación parezca correcta. Las declaraciones trimestrales de la URSSAF sirven, pero deben cubrir un período representativo: concentrar la mitad del año en el último trimestre, como en Lyon, o presentar dos meses de tres por debajo del mínimo, como en París en 2026, conduce a la confirmación de la denegación.
Si el motivo es la falta de viabilidad, el proyecto debe presentarse como lo haría un banco: plan de negocios, presupuesto provisional plurianual, plan de financiación y plan de tesorería, fechados, firmados y, cuando sea posible, certificados por un contable (expert-comptable). Los documentos provisionales sin fecha ni certificación fueron expresamente descartados en la sentencia parisina de septiembre de 2026. La cualificación refuerza la viabilidad: diplomas, experiencia y formaciones vinculadas a la actividad, como las de eficiencia energética del gerente juzgado en Burdeos, o el máster de la solicitante de Seine-et-Marne, que sin embargo no bastó sin ingresos. Para las profesiones reguladas, la autorización o la colegiación debe figurar en cabeza del expediente. Y el dictamen previo de viabilidad del servicio de mano de obra extranjera debe solicitarse antes de presentar la solicitud, como exige el artículo R. 421-9: pedirlo tarde o no aportarlo es un motivo autónomo de fragilidad.
La fecha de apreciación es un punto que muchos solicitantes descubren demasiado tarde: el juez juzga la situación tal como era el día de la decisión del prefecto. Las facturas posteriores, como la de diciembre de 2022 en Lyon, y los aumentos de ingresos posteriores a la denegación, como los de la primavera de 2025 en Seine-et-Marne, fueron declarados inoperantes. De ahí una consecuencia práctica imperiosa: cuando la prefectura pide completar el expediente en un plazo, hay que responder dentro del plazo con piezas fechadas, porque lo enviado tarde no se tiene en cuenta y lo aportado por primera vez en apelación solo sirve si describe la situación anterior a la decisión. Conservar los acuses de recepción de cada envío, en la plataforma digital de extranjería (Administration numérique pour les étrangers en France, ANEF) o en ventanilla, evita además el reproche de no haber transmitido los documentos.
Quien pierde su empleo asalariado y piensa pasarse al trabajo independiente debe saber que el cambio de tarjeta no es automático y que el período de desempleo pesa en el examen de los ingresos, como se explica en el artículo sobre el despido o cambio de empresa con tarjeta de asalariado. Y el antiguo estudiante que termina sus estudios y quiere crear su empresa debe preparar desde la tarjeta de búsqueda de empleo el expediente de viabilidad, porque el cambio de estatuto se juzga con el mismo rigor que una primera solicitud, como muestra la sentencia de septiembre de 2026; el marco de ese paso desde los estudios se detalla en el artículo sobre el cambio de estatuto de estudiante a trabajador denegado.
B. Recursos, plazos y particularidades de París e Île-de-France
Contra la denegación de la tarjeta existen varias vías, con plazos estrictos que corren en paralelo con el plazo de salida de treinta días de la orden de abandonar el territorio. La primera es el recurso graciable ante el propio prefecto (recours gracieux) y el recurso jerárquico ante el ministro del Interior, que piden reconsiderar la decisión aportando las piezas que faltaban; no suspenden por sí solos la obligación de salir, pero interrumpen el plazo para acudir al juez si se presentan dentro de los dos meses. La segunda es el recurso contencioso ante el tribunal administrativo (tribunal administratif): el artículo R. 421-1 del Código de justicia administrativa fija la regla general: « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Traducción: el juez solo puede ser acudido mediante un recurso contra una decisión, dentro de los dos meses desde la notificación de la decisión impugnada. Pedir al juez la anulación de la denegación y, si la orden de salida la acompaña, la anulación de esa orden, con una petición de mandato (injonction) para que la prefectura reexamine o expida la tarjeta en un plazo determinado, como obtuvo el solicitante de Burdeos en tres meses.
Cuando la denegación va acompañada de la orden de abandonar el territorio, el marco es el de los artículos L. 611-1 y siguientes del CESEDA. El artículo L. 611-1 permite a la administración obligar a salir a la persona extranjera en los casos que enumera, empezando por quien, no pudiendo justificar una entrada regular, se ha mantenido sin título de residencia válido. Traducción: sin tarjeta válida, la orden de salida puede imponerse legalmente. Esa orden, la decisión sobre la residencia, el plazo de salida voluntaria y la eventual prohibición de retorno pueden impugnarse ante el tribunal administrativo: el artículo L. 614-1 del CESEDA dispone que « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Traducción: la orden de salida, la decisión de residencia, el plazo de salida voluntaria y la prohibición de retorno pueden impugnarse ante el tribunal administrativo. En la práctica de estas tarjetas, la orden suele fijar treinta días para salir, como en las cuatro sentencias comentadas, y el recurso debe pedir expresamente la anulación de cada decisión —residencia, salida, país de destino— porque la anulación de la denegación arrastra normalmente la de la orden, pero no a la inversa.
En París e Île-de-France, tres particularidades merecen atención. Primero, la autoridad que deniega en París es el prefecto de policía, y sus decisiones están firmadas por funcionarios con delegación publicada; el argumento de la incompetencia del firmante fue examinado y descartado en las dos sentencias parisinas, de 2025 y 2026, porque la delegación constaba en el boletín de actos administrativos. Segundo, el tribunal competente es el del departamento de la prefectura que decidió: París, Melun para Seine-et-Marne, Cergy-Pontoise, Montreuil o Versalles según el domicilio, con apelación ante la Corte de París para estos tribunales; la sentencia de septiembre de 2026 muestra el recorrido Melun-París completo. Tercero, los solicitantes de la región parisina suelen encadenar estatutos —estudiante, búsqueda de empleo, empresario— y cada cambio se examina de forma autónoma: los largos años con tarjeta de estudiante no otorgan por sí solos derecho a la tarjeta de empresario ni bloquean la orden de salida, como recordó la Corte de París en 2025. Preparar cada cambio como una primera solicitud completa, con dictamen de viabilidad previo, inscripción actualizada y prueba de ingresos netos del nivel exigido, es la única estrategia que resiste el control del juez.
Conclusión
La tarjeta de empresario o profesión liberal no premia la idea de negocio sino su prueba: una actividad declarada e inscrita, declarada viable antes de solicitarla, y unos ingresos netos reales que alcancen de forma estable el umbral aplicado por la administración y los jueces, del orden de 1 867,02 euros mensuales. Las cuatro sentencias comentadas trazan la frontera con precisión: por encima, con cuentas anuales, beneficios fiscales pagados y cualificación, el juez anula la denegación y ordena expedir la tarjeta, como en Burdeos en 2023; por debajo del salario mínimo durante años, con una facturación bruta sin gastos documentados o con provisionales sin fecha, el juez confirma la denegación y la orden de salida de treinta días, como en París en 2025, en Lyon en 2024 y de nuevo en París en septiembre de 2026 para un cambio de estatuto desde búsqueda de empleo. Quien recibe la denegación debe responder motivo por motivo con piezas fechadas y certificadas anteriores a la decisión, respetar los plazos de la prefectura y del tribunal —dos meses para el juez, treinta días de la orden de salida— e impugnar cada decisión por separado. El expediente que convence es el que demuestra, el día en que el prefecto decide, que la empresa vive y que su titular vive de ella.