Si usted vive en Francia con un permiso de residencia y quiere traer a su esposo o esposa y a sus hijos menores para vivir con usted de forma estable, el procedimiento que debe utilizar se llama en francés regroupement familial, es decir, reagrupación familiar. No es una simple invitación ni un visado de visita: es un procedimiento administrativo completo, con condiciones de recursos y de vivienda, con una investigación a cargo de la Oficina Francesa de Inmigración e Integración (en francés Office français de l’immigration et de l’intégration, conocido por sus siglas OFII) y del alcalde (maire) de su municipio, y con una decisión final del prefecto (préfet), que es el representante del Estado en cada departamento. Cuando la solicitud es denegada, existe un recurso ante el tribunal administrativo (tribunal administratif), que es el juez de la administración en Francia.
Este artículo explica, en español y con referencias verificadas al derecho francés vigente, quién puede pedir la reagrupación familiar, a quién puede traer, qué nivel de ingresos y qué vivienda se exigen, cómo se desarrolla el expediente paso a paso, qué pruebas conviene reunir desde el primer día y cómo se impugna una denegación. Cada término francés aparece explicado en su primera mención, y cada afirmación jurídica importante remite a su fuente oficial enlazada en el propio texto.
Conviene empezar por una precisión de vocabulario que evita muchos errores. La reagrupación familiar del derecho francés no debe confundirse con la tarjeta de estancia por «vida privada y familiar» que se solicita directamente en la prefectura por otros motivos, ni con el visado de cónyuge de ciudadano francés, que sigue sus propias reglas. La reagrupación familiar es el camino reservado al extranjero que reside regularmente en Francia y quiere que su familia que vive fuera de Francia venga a instalarse con él. El procedimiento está regulado en el capítulo IV del título III del libro IV del Código de la entrada y la estancia de los extranjeros y del derecho de asilo (en francés Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abreviado CESEDA), y sus modalidades de aplicación se detallan en la parte reglamentaria del mismo código. La página oficial de referencia del procedimiento es la ficha de service-public.gouv.fr dedicada a la reagrupación familiar, que conviene leer junto con este artículo.
I. Las tres condiciones de fondo: recursos, vivienda y vida familiar conforme a las leyes de la República
La ley francesa formula tres condiciones acumulativas en el artículo L. 434-7 del CESEDA. El extranjero que pide la reagrupación solo es autorizado a ser alcanzado por su familia si cumple las tres a la vez. En francés, el texto dice: «1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil». En español, esto significa: primero, acreditar ingresos estables y suficientes para mantener a la familia; segundo, disponer, a más tardar el día de la llegada de la familia, de una vivienda considerada normal para una familia comparable que viva en la misma zona geográfica; tercero, respetar los principios esenciales que, según las leyes de la República, rigen la vida familiar en Francia. Las dos primeras condiciones concentran casi todos los litigios, y por eso se desarrollan aquí con detalle, con cifras y con jurisprudencia.
A. Recursos estables y suficientes: doce meses de prueba, umbrales ligados al salario mínimo y prestaciones excluidas
La primera condición es justificar recursos estables y suficientes para mantener a la familia. La ley precisa en el artículo L. 434-8 del CESEDA que se tienen en cuenta todos los recursos del solicitante y de su cónyuge, con independencia de las prestaciones familiares, y que el importe exigido se fija por decreto en Consejo de Estado en función del tamaño de la familia, con un mínimo igual al salario mínimo de crecimiento mensual. El salario mínimo de crecimiento, en francés salaire minimum de croissance y abreviado SMIC, es el salario mínimo legal francés, y sirve de unidad de medida de todo el sistema.
El decreto de aplicación es el artículo R. 434-4 del CESEDA, que fija el método de cálculo: los recursos que alimentarán de forma estable el presupuesto de la familia se aprecian a lo largo de un período de doce meses, por referencia a la media mensual del salario mínimo durante ese período, y se consideran suficientes cuando alcanzan un importe equivalente a esa media para una familia de dos o tres personas, a esa media incrementada en una décima parte para una familia de cuatro o cinco personas, y a esa media incrementada en una quinta parte para una familia de seis personas o más. En la práctica, por tanto, no basta con mostrar las tres últimas nóminas: hay que demostrar doce meses de ingresos estables, y el umbral sube con el número de personas que compondrán el hogar una vez reunido.
La ficha oficial de service-public.gouv.fr traduce actualmente estos umbrales en euros de la siguiente manera: para una familia de dos o tres personas, la media del salario mínimo bruto mensual, es decir, en promedio 1 867,02 euros durante los doce últimos meses anteriores a la solicitud; para una familia de cuatro o cinco personas, en promedio 2 053,72 euros; y para una familia de seis personas o más, en promedio 2 240,42 euros. Estas cifras siguen la evolución del salario mínimo y deben comprobarse el día de la solicitud en la ficha oficial de la reagrupación familiar, porque cambian cuando el salario mínimo se revaloriza. Lo que no cambia es el método: doce meses, media mensual, y comparación con la media del salario mínimo del mismo período.
Igual de importante es saber qué ingresos no cuentan. El artículo L. 434-8 del CESEDA excluye del cómputo las prestaciones familiares, la asignación equivalente de jubilación y las asignaciones previstas en el artículo L. 262-1 del Código de la acción social y de las familias (que es la renta de solidaridad activa, conocida como RSA), en el artículo L. 815-1 del Código de la Seguridad Social (el mínimo de vejez, llamado ASPA) y en los artículos L. 5423-1 y L. 5423-2 del Código del Trabajo (la asignación de solidaridad específica y la asignación temporal de espera). Dicho en español corriente: las ayudas asistenciales no sirven para alcanzar el umbral; solo cuentan los ingresos del trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, los rendimientos del patrimonio, las pensiones de jubilación y, en general, los recursos propios y estables del hogar. Los ingresos del cónyuge también se computan, siempre que sean ingresos que le seguirán siendo abonados cuando abandone su país. Y existe una excepción protectora: estas reglas de importe mínimo no se aplican cuando quien pide la reagrupación es titular de la asignación para adultos discapacitados (en francés allocation aux adultes handicapés, abreviada AAH).
La jurisprudencia administrativa muestra cómo aplican los jueces estas reglas a casos reales, y dos enseñanzas merecen destacarse. La primera la da la sentencia de la Corte administrativa de apelación de Lyon de 3 de noviembre de 2022, número 21LY03413, consultable en su texto íntegro oficial. Una mujer de nacionalidad argelina había pedido la reagrupación para su esposo, y el prefecto de Saboya se la había denegado por insuficiencia de recursos. La Corte examinó sus nóminas de noviembre de 2016 a octubre de 2017 en la misma empresa, por un total neto de 12 388,38 euros, más las indemnizaciones diarias percibidas durante una baja por accidente de trabajo, y añadió, en apelación, la prima de actividad (prime d’activité, un complemento de ingresos ligado al trabajo) percibida en el mismo período, por 2 155,35 euros. La Corte consideró que esa prima, calculada en función de los ingresos del trabajo, constituye por su naturaleza un ingreso de sustitución que no tiene el carácter de prestación familiar ni asistencial, y que por tanto debe incluirse en el cálculo. Sumados todos los conceptos, los recursos totales del año ascendían a 15 285,79 euros, es decir, una media mensual neta de 1 273,82 euros, superior al salario mínimo neto de referencia (1 141,61 euros en 2016 y 1 149,07 euros en 2017). El prefecto no podía, por tanto, denegar por ese motivo. La Corte anuló la denegación y ordenó al prefecto reexaminar la solicitud en un plazo de cuatro meses. La lección práctica es doble: hay que aportar desde el inicio todos los justificantes del año completo, incluidas las primas y complementos ligados al trabajo, y un rechazo basado en un cálculo incompleto de los recursos puede ser anulado por el juez.
La segunda enseñanza se refiere a la prueba. Los jueces miran doce meses de ingresos documentados: nóminas, certificados del empleador, declaraciones de impuestos sobre la renta (avis d’impôt sur le revenu), justificantes de pensiones o de rendimientos, y prueba de que los ingresos del cónyuge continuarán. Un período de desempleo con prestaciones que no cuentan, o unos ingresos concentrados en pocos meses, debilitan el expediente aunque el total anual parezca suficiente, porque la ley exige estabilidad, no solo un importe. Quien prepara su solicitud con un año de antelación, conservando cada nómina y cada justificante, llega al procedimiento en una posición incomparablemente más sólida que quien reconstruye sus ingresos a posteriori.
B. Vivienda normal para una familia comparable: superficies mínimas por zona, salubridad y control del alcalde
La segunda condición es disponer, como muy tarde el día de la llegada de la familia, de una vivienda considerada normal para una familia comparable que viva en la misma zona geográfica. La definición reglamentaria está en el artículo R. 434-5 del CESEDA, que combina dos exigencias: una superficie habitable mínima, que varía según la zona geográfica, y unas condiciones de salubridad y equipamiento. Para la superficie, el texto distingue las zonas A bis y A (las zonas más tensionadas, que incluyen París y gran parte de Isla de Francia), las zonas B1 y B2 y la zona C: en zonas A bis y A, 22 metros cuadrados para un hogar sin hijo o de dos personas, más 10 metros cuadrados por persona hasta ocho personas y 5 metros cuadrados por persona adicional más allá de ocho; en zonas B1 y B2, 24 metros cuadrados de base con la misma progresión; en zona C, 28 metros cuadrados de base con la misma progresión. En cuanto a la salubridad y el equipamiento, la vivienda debe cumplir las condiciones fijadas en los artículos 2 y 3 del decreto número 2002-120 de 30 de enero de 2002 sobre las características de la vivienda digna: cierre y cubierta, protección contra infiltraciones de aire, seguridad de los elementos de retención de personas, materiales sin riesgo manifiesto para la salud, redes de electricidad y gas y equipos de calefacción y agua caliente conformes y en buen estado, ventilación suficiente, iluminación natural de las piezas principales, calefacción normal, agua potable, evacuación de aguas, cocina o rincón de cocina equipado, instalación sanitaria interior y red eléctrica suficiente.
La verificación de estas condiciones no la hace el solicitante solo sobre el papel: la realiza el alcalde del municipio de residencia, o del municipio donde el extranjero prevé establecerse. El artículo L. 434-10 del CESEDA dispone que la autorización de entrada en Francia en el marco de la reagrupación se concede tras la verificación de las condiciones de vivienda y de recursos por el alcalde, que dispone de un plazo de dos meses desde la recepción del expediente y cuyo silencio equivale a un dictamen emitido. El artículo R. 434-15 del CESEDA precisa que el alcalde dispone de dos meses para comprobar los recursos y la vivienda, y del mismo plazo, cuando el prefecto le consulta a tal fin, para emitir su dictamen sobre el respeto de los principios esenciales de la vida familiar. En la práctica, esto significa que un agente municipal puede desplazarse a visitar la vivienda, medirla y comprobar su estado, y que su informe pesa de forma decisiva en la decisión del prefecto.
Una situación frecuente merece atención especial: la del solicitante que aún no dispone de la vivienda en el momento de la solicitud porque espera la llegada de su familia para mudarse a un piso más grande. La ley lo prevé. El artículo L. 434-11 del CESEDA permite autorizar la reagrupación, si se cumplen las demás condiciones, cuando la comprobación de la vivienda no haya podido efectuarse, siempre que el alcalde haya verificado sobre documentos las características de la vivienda y la fecha en que el solicitante dispondrá de ella. El artículo R. 434-22 del CESEDA detalla que esa verificación se hace a la vista de los documentos firmados por el propietario o el vendedor y por el solicitante, que mencionan la fecha de disponibilidad, la superficie y el conjunto de las características que permiten apreciar el confort y la habitabilidad. En español: un compromiso de alquiler o una promesa de venta firmados, con fecha, superficie y características, pueden bastar, a condición de que sean precisos y creíbles.
La jurisprudencia reciente ilustra con fuerza cómo controla el juez las denegaciones basadas en la vivienda. La sentencia de la Corte administrativa de apelación de Versalles de 20 de noviembre de 2025, número 24VE01675, cuyo texto íntegro oficial puede leerse en línea, anuló la denegación opuesta a una madre que pedía la reagrupación para su hijo. El prefecto de Altos del Sena había reconocido que los recursos eran estables y suficientes, pero había considerado que su vivienda de una sola habitación no podía tenerse por normal para una familia de cuatro personas. La Corte constató que la vivienda tenía una superficie de 56,60 metros cuadrados, superior a la exigida para cuatro personas en zona A, y que ningún elemento del expediente demostraba que incumpliera las condiciones de salubridad y equipamiento. La sola circunstancia de que la vivienda tuviera una única habitación no bastaba para negar la normalidad exigida por la ley. La Corte anuló la ordenanza del tribunal administrativo de Cergy-Pontoise y la decisión del prefecto, y ordenó al prefecto autorizar la reagrupación en un plazo de dos meses. La enseñanza es clara: cuando la superficie reglamentaria se cumple y el expediente no acredita ninguna insalubridad, una denegación basada en la distribución interior o en el número de habitaciones corre un grave riesgo de anulación.
La tercera condición, el respeto de los principios esenciales que rigen la vida familiar en Francia, se verifica también con intervención del alcalde, que puede emitir un dictamen cuando el prefecto le consulta, en el mismo plazo de dos meses. El caso más conocido de aplicación es el de la poligamia: el artículo L. 434-9 del CESEDA dispone que, cuando un extranjero polígamo reside en Francia con un primer cónyuge, la reagrupación no puede concederse a otro cónyuge, y que el permiso solicitado u obtenido por otro cónyuge es denegado o retirado. Fuera de este supuesto, esta tercera condición rara vez funda por sí sola una denegación, pero conviene saber que existe y que el alcalde puede pronunciarse sobre ella.
II. Procedimiento ante la OFII y el prefecto, denegación y recurso ante el juez
Superadas las condiciones de fondo, conviene describir el camino administrativo completo: dónde se presenta la solicitud, quién investiga, quién decide, en qué plazo, qué ocurre con el silencio de la administración, qué documentos hay que reunir y, sobre todo, qué hacer si la respuesta es negativa. Esta segunda parte sigue el orden cronológico real del expediente, desde la ventanilla de la OFII hasta la sentencia del tribunal administrativo.
A. Del depósito en la OFII a la decisión del prefecto: seis meses, silencio con efecto desestimatorio y pruebas que deciden el expediente
Antes de entrar en el procedimiento, conviene recordar quién puede pedir y a quién puede traer, porque muchos expedientes fracasan en esta puerta de entrada. El artículo L. 434-2 del CESEDA exige que el solicitante resida regularmente en Francia desde hace al menos dieciocho meses, con uno de los permisos de al menos un año de validez previstos por el código o por convenios internacionales, y permite pedir la reagrupación para su cónyuge, si tiene al menos dieciocho años, y para los hijos menores de dieciocho años de la pareja. El artículo R. 434-1 del CESEDA detalla los permisos que acreditan esa residencia: tarjeta de estancia temporal de al menos un año de validez, tarjeta de estancia plurianual, tarjeta de residente de diez años o de duración indeterminada, o el resguardo (récépissé, el justificante que se entrega al pedir la renovación) de solicitud de renovación de alguno de esos permisos. En español: hay que llevar al menos dieciocho meses en situación regular con un permiso sólido, y el resguardo de renovación también sirve. La familia que puede venir incluye, además de los hijos comunes menores, a los hijos menores del solicitante o de su cónyuge cuya filiación solo esté establecida respecto de uno de ellos, o cuando el otro progenitor haya fallecido o haya sido privado de la patria potestad (artículo L. 434-3 del CESEDA), así como a los menores confiados a uno u otro en el ejercicio de la patria potestad por decisión de un tribunal extranjero, aportando copia de esa decisión y la autorización del otro progenitor para que el menor venga a Francia (artículo L. 434-4 del CESEDA). El hijo que puede beneficiarse es el que tiene una filiación legalmente establecida, incluido el hijo adoptado por decisión de adopción, con verificación por el ministerio fiscal de la regularidad de la decisión cuando se dictó en el extranjero (artículo L. 434-5 del CESEDA). Y la ley admite que la reagrupación se pida para el conjunto de las personas designadas, aunque una reagrupación parcial puede autorizarse por motivos relacionados con el interés de los hijos (artículo L. 434-1 del CESEDA).
El procedimiento empieza ante los servicios de la OFII. El artículo R. 434-7 del CESEDA dispone que el extranjero presenta su solicitud ante la OFII, y que el prefecto territorialmente competente (en París, el prefecto de policía, en francés préfet de police) es informado inmediatamente. La OFII constituye el expediente, cobra la tasa correspondiente y transmite el dossier al alcalde para la verificación de los recursos y de la vivienda en el plazo de dos meses ya descrito. El alcalde y la OFII pueden pedir a la dirección regional de empresas, competencia, consumo, trabajo y empleo una investigación sobre el empleo que procura al solicitante todos o parte de los ingresos alegados (artículo R. 434-17 del CESEDA), de modo que un contrato de trabajo declarado y verificable es un activo importante del expediente.
La decisión pertenece al prefecto (en París, al prefecto de policía). El artículo R. 434-26 del CESEDA fija la regla de plazo más importante de todo el procedimiento: la autoridad competente resuelve la solicitud de reagrupación en un plazo de seis meses desde el depósito por el extranjero del expediente completo, y la ausencia de decisión en ese plazo equivale a una denegación. En español: seis meses desde que el dossier está completo, y el silencio es una denegación presunta, no una autorización. La decisión se notifica al solicitante (artículo R. 434-28 del CESEDA), el prefecto informa a la OFII de su decisión y de la fecha de notificación, y la OFII transmite sin demora esa información al alcalde y a la autoridad diplomática o consular de la circunscripción donde vive la familia (artículo R. 434-30 del CESEDA). La OFII se encarga además de organizar el reconocimiento médico de los familiares (artículo R. 434-31 del CESEDA). Cuando la autorización se concede, la familia obtiene el visado de larga estancia correspondiente, entra regularmente en Francia y, una vez en territorio francés, el familiar autorizado recibe una tarjeta de estancia temporal con la mención «vida privada y familiar», de un año de duración, cuando su cónyuge es titular de una tarjeta temporal, plurianual o de residente (artículo L. 423-14 del CESEDA). Quien ya conozca el sistema de permisos francés puede completar esta lectura con el análisis de la tarjeta de residente de diez años denegada y sus recursos, que describe con detalle la lógica de los recursos contra las denegaciones de permisos, y con la guía sobre el visado de larga estancia no validado en tres meses y el riesgo de resolución de salida, útil para no malograr la entrada de la familia una vez obtenida la autorización.
Dos reglas prácticas merecen destacarse antes de pasar al recurso. La primera es la de la nueva solicitud tras una denegación por vivienda: el artículo R. 434-29 del CESEDA dispone que, cuando la denegación se motiva por la falta de conformidad de la vivienda con las normas de superficie, confort y habitabilidad, o por el carácter no convincente de los documentos que acreditan su disponibilidad, el solicitante que presente una nueva solicitud en los seis meses siguientes a la notificación queda dispensado de aportar algunos de los documentos cuya lista fija la orden ministerial anexa al código. En español: si el único problema era la vivienda, la segunda intentona en seis meses es más ligera en papeleo, lo que invita a corregir deprisa el punto débil en lugar de dejar pasar el tiempo. La segunda regla es parisina e isleña, y responde a la exigencia de territorializar el análisis: en París decide el prefecto de policía y el expediente se instruye con el alcalde del distrito; en los departamentos de la pequeña y la gran corona (Altos del Sena, Sena-Saint-Denis, Valle del Marne, y también Yvelines, Essonne, Valle del Oise y Sena y Marne) decide el prefecto del departamento y el tribunal competente en caso de litigio es, según el domicilio, el tribunal administrativo de París, Montreuil, Cergy-Pontoise o Versalles. Además, París y la mayor parte de Isla de Francia están en zona A bis o A, de modo que se aplican los umbrales de superficie más bajos en metros (22 metros cuadrados de base) pero los alquileres más altos, lo que desplaza la dificultad desde la superficie hacia los recursos: hay que probar ingresos suficientes para un alquiler isleño con una vivienda que cumpla la superficie. Conviene preparar, para esta zona, el contrato de alquiler o las escrituras, las últimas facturas de electricidad y gas que acrediten la ocupación efectiva, y, si la vivienda prometida aún no está disponible, el compromiso firmado del propietario con fecha, superficie y características, como exige el artículo R. 434-22.
En cuanto a las pruebas, el expediente sólido se construye con cuatro bloques. Primero, la identidad y el vínculo familiar: pasaportes, actas de matrimonio y de nacimiento íntegras, traducidas por traductor jurado y, según el país, apostilladas o legalizadas, más, en su caso, la decisión extranjera de custodia y la autorización del otro progenitor. Segundo, la residencia regular del solicitante: permiso en vigor o resguardo de renovación, justificantes de dieciocho meses de presencia. Tercero, los recursos de doce meses: las doce nóminas, el contrato de trabajo, los certificados del empleador, el último aviso de imposición, los justificantes de pensiones o rendimientos, y la prueba de que los ingresos del cónyuge continuarán. Cuarto, la vivienda: título de ocupación, superficie detallada pieza por pieza, diagnóstico o fotografías que muestren el estado, y el informe municipal cuando exista. Cada documento extranjero debe ser legible, coherente con los demás en nombres, fechas y lugares, y presentado con su traducción: una incoherencia de estado civil o una traducción aproximada basta para sembrar la duda sobre el conjunto.
B. Denegación expresa o presunta: motivación, recurso ante el tribunal administrativo en dos meses e injonction del juez
Cuando la respuesta es negativa, el primer reflejo debe ser leer la motivación con frialdad y clasificarla. La denegación expresa indica normalmente uno de estos motivos: recursos insuficientes o inestables, vivienda no conforme, o expediente incompleto o incoherente. La denegación presunta, en cambio, nace del silencio del prefecto durante seis meses desde el expediente completo, y se impugna como tal, sin esperar una carta que quizá nunca llegue. En ambos casos, el plazo de recurso corre y no espera: el artículo R. 421-1 del Código de justicia administrativa, que fija el plazo general de recurso contencioso, dispone que la jurisdicción solo puede ser instada por recurso contra una decisión, y ello en los dos meses desde la notificación o la publicación de la decisión atacada. En español: dos meses desde la notificación de la denegación expresa, o desde el nacimiento de la denegación presunta, para acudir al tribunal administrativo. Dejar pasar ese plazo convierte una denegación anulable en definitiva, y es el error más grave y más frecuente de todo el procedimiento.
El recurso natural es el recurso por exceso de poder (recours pour excès de pouvoir), en el que se pide al tribunal administrativo la anulación de la denegación. Los motivos que admiten los jueces son los clásicos del contencioso francés aplicados a esta materia: incompetencia, vicio de forma o de procedimiento, violación de la ley (por ejemplo, exigir un umbral de recursos distinto del legal, o computar como insuficientes unos ingresos que alcanzan la media del salario mínimo), error de hecho (por ejemplo, afirmar una superficie errónea) y error manifiesto de apreciación (por ejemplo, declarar insuficiente una vivienda que cumple las normas). A la anulación pueden añadirse unas conclusiones de intimación (injonction): el artículo L. 911-1 del Código de justicia administrativa permite al juez, cuando su decisión implica necesariamente que la administración tome una medida de ejecución en un sentido determinado, prescribir esa medida, en su caso bajo apremio pecuniario (astreinte, una cantidad por día de retraso). En la práctica de la reagrupación, esto significa pedir al tribunal no solo que anule, sino que ordene al prefecto autorizar la reagrupación o reexaminar la solicitud en un plazo determinado, como hicieron las Cortes de los casos citados.
La jurisprudencia confirma que el juez ejerce un control real y a veces severo. Ya se ha visto la sentencia de la Corte de Versalles de 20 de noviembre de 2025, que anuló la denegación y ordenó autorizar la reagrupación en dos meses porque la vivienda cumplía la superficie y nada acreditaba insalubridad. En materia de recursos, la sentencia de la Corte de Lyon de 3 de noviembre de 2022 anuló la denegación y ordenó el reexamen en cuatro meses porque el cálculo del prefecto había omitido ingresos computables. Y en materia de procedimiento y acceso al juez, la sentencia de la Corte administrativa de apelación de Lyon de 24 de octubre de 2019, número 19LY00158, cuyo texto íntegro oficial también es consultable, anuló la ordenanza del presidente del tribunal administrativo de Grenoble que había rechazado por tardía e irrecibible la impugnación de una denegación presunta de reagrupación, y devolvió el asunto al tribunal para que lo juzgara. La lección es que el punto de partida del plazo en las denegaciones presuntas y la calificación de la decisión se discuten ante el juez, y que una inadmisión precipitada del tribunal puede ser corregida en apelación, aunque lo prudente es recurrir siempre dentro del plazo más corto posible y no jugar con los cómputos.
Antes del recurso contencioso, o en paralelo, cabe un recurso graciable ante el propio prefecto (recours gracieux) y un recurso jerárquico ante el ministro del Interior (recours hiérarchique), que piden a la administración que revise su decisión a la luz de documentos nuevos: una vivienda nueva con informe municipal favorable, doce meses de nóminas completas, una prima omitida en el primer cálculo, una traducción corregida. Estos recursos no sustituyen al recurso ante el tribunal y no siempre suspenden los plazos, de modo que la regla segura es interponer el recurso contencioso en plazo aunque se intente la vía amistosa. También puede solicitarse la ayuda jurisdiccional (aide juridictionnelle, la asistencia jurídica financiada por el Estado bajo condiciones de recursos), como hicieron varios demandantes de las sentencias citadas, y conviene pedirla cuanto antes porque su solicitud puede afectar al cómputo de los plazos según las reglas generales del contencioso.
Quedan tres advertencias finales para evitar los errores que más expedientes malogran. Primera: no traer a la familia con un visado de corta estancia o de visita para luego pedir la regularización por reagrupación desde Francia. El procedimiento está concebido como una reagrupación desde el extranjero, con visado de larga estancia, reconocimiento médico de la OFII y entrada regular; la presencia previa irregular de la familia complica gravemente el expediente y puede fundar una denegación. Segunda: no confundir la reagrupación con la vía del extranjero enfermo, del asilo o de la admisión excepcional al séjour: cada vía tiene sus condiciones y sus pruebas, y presentar la solicitud por el fundamento equivocado hace perder meses. Tercera: no descuidar la coherencia del estado civil. Los tribunales extranjeros que confían la custodia, las actas de nacimiento con filiación establecida respecto de un solo progenitor, las adopciones pronunciadas en el extranjero y las autorizaciones del otro progenitor se examinan con lupa; una decisión extranjera incomprensible sin traducción íntegra, o una autorización ambigua del otro progenitor, pueden bastar para una denegación que el juez confirmará. Preparar el expediente es, en esta materia, preparar el futuro recurso: cada documento que falta en el dossier administrativo faltará también ante el tribunal.
Conclusión
La reagrupación familiar en Francia es un derecho condicionado, no una autorización discrecional pura: si el solicitante lleva al menos dieciocho meses en situación regular, si sus ingresos estables de doce meses alcanzan la media del salario mínimo modulada según el tamaño de la familia, si su vivienda cumple las superficies y la salubridad exigidas, y si respeta los principios esenciales de la vida familiar, el prefecto debe autorizar la entrada de su cónyuge mayor de edad y de sus hijos menores. El procedimiento pasa por la OFII y por el alcalde, que dispone de dos meses para verificar los recursos y la vivienda, y termina con la decisión del prefecto en seis meses, cuyo silencio equivale a denegación. Cuando la denegación llega, expresa o presunta, el recurso por exceso de poder ante el tribunal administrativo en dos meses, acompañado de conclusiones de intimación para que el prefecto autorice o reexamine, es la vía que ha permitido a jueces como los de Lyon y Versalles anular rechazos mal calculados o mal fundados y ordenar la reagrupación. La clave del éxito se juega mucho antes del tribunal: doce meses de nóminas completas y coherentes, una vivienda que cumpla la superficie de su zona con prueba documental, un estado civil traducido y coherente, y un expediente depositado completo para que corra el plazo de seis meses. Con esas piezas reunidas a tiempo, la reagrupación familiar deja de ser una apuesta para convertirse en lo que la ley quiso que fuera: la reunión efectiva de una familia que cumple las condiciones.