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Sanción del 40 % u 80 % e intereses de demora en Francia viviendo en España: remisión graciosa, transacción y aplazamiento para reducir la factura

El abogado Hassan KOHEN interviene con urgencia, desde la comisaría hasta el tribunal con jurado (cour d'assises). Primer análisis estratégico: 80 € IVA incluido, respuesta personal en un plazo de 24 horas.

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Fuente: Tribunal de Casación – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Colegio de Abogados de París Detención policial, instrucción, tribunal con jurado Ficha CNB avocat.fr
Hassan Kohen, abogado fiscalista en París
Hassan KOHEN
Abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París

Sanción del 40 % u 80 % e intereses de demora en Francia viviendo en España: remisión graciosa, transacción y aplazamiento para reducir la factura

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Vive en España, cobra un alquiler en Francia, conserva una cuenta o percibe una renta de origen francés, y un día recibe un aviso de cobro del fisco francés (el llamado avis de mise en recouvrement, la notificación oficial por la que el Tesoro francés le exige el pago) con una sorpresa desagradable: junto a los derechos simples, es decir, el impuesto propiamente dicho, aparecen intereses de demora y un recargo del 40 % o incluso del 80 %. La primera reacción suele ser pensar que la distancia le protege o que pagar es la única salida. Ninguna de las dos ideas es correcta.

Vivir en España no le sitúa fuera del alcance del fisco francés por las rentas de fuente francesa. El Código Tributario francés considera rentas de fuente francesa, entre otras, las rentas de inmuebles situados en Francia, los rendimientos de valores y capitales colocados en Francia y los beneficios de actividades ejercidas en Francia, según el artículo 164 B del Código General de Impuestos. Y aunque usted viva en España, si el fisco francés considera que su hogar, su estancia principal o su actividad profesional siguen en Francia, puede discutir su residencia fiscal con los criterios del artículo 4 B del mismo Código, que atiende al hogar (foyer), al lugar de la estancia principal, al ejercicio en Francia de una actividad profesional y al centro de los intereses económicos. Sobre cómo se aprecia la residencia fiscal viviendo en España, con sus criterios y sus pruebas, puede leer nuestro análisis dedicado a la residencia fiscal en Francia viviendo en España.

Este artículo parte del momento siguiente: el control ya se ha producido y la Administración le reclama, además del impuesto, intereses y sanciones. Su promesa práctica es concreta y se cumple en cuatro pasos. Primero, calcular lo que le piden: entender el interés de demora del 0,20 % mensual y los recargos del 10 %, 40 % y 80 %, con sus reglas exactas de cómputo. Segundo, discutir lo discutible: la carga de la prueba del carácter deliberado pesa sobre la Administración, y una motivación genérica de la sanción se puede combatir. Tercero, pedir lo pedible aunque la deuda sea correcta: remisión graciosa (remise gracieuse, el perdón administrativo total o parcial de sanciones e intereses) o transacción (transaction, el acuerdo con el fisco para atenuar sanciones no definitivas), además del aplazamiento del pago. Cuarto, ganar tiempo sin agravar la factura: la suspensión legal del pago (sursis de paiement) cuando se reclama, con sus garantías y sus límites.

Lo que este artículo no hace es contarle la fase anterior del procedimiento. Si usted está todavía en la fase de la propuesta de rectificación (proposition de rectification, el documento motivado por el que el fisco le anuncia lo que quiere rectificar y le invita a responder), lea primero nuestra guía sobre el control fiscal y la propuesta de rectificación viviendo en España, donde se explican los plazos de respuesta y los recursos. Y si su problema es que aún no ha declarado, empiece por nuestra guía para declarar la renta en Francia como no residente, porque declarar tarde pero antes de que le requieran cambia por completo el porcentaje aplicable, como verá en la primera parte.

I. Lo que le reclama el fisco: intereses, recargos y en qué casos se aplican

Antes de discutir o de pedir, hay que leer correctamente el aviso de cobro. La factura del fisco francés tras un control se compone de tres capas: los derechos simples (el impuesto), el interés de demora (el precio del tiempo) y los recargos o sanciones (el castigo de la conducta). Cada capa tiene su propio texto, su propio tipo y sus propias vías de reducción. Confundirlas es el error más caro, porque lo que funciona contra una no funciona contra la otra.

A. El interés de demora del 0,20 % mensual: cómo se calcula y cómo se reduce a la mitad regularizando a tiempo

El interés de demora (intérêt de retard) no es una sanción por portarse mal: es el precio legal del pago tardío. Toda deuda de naturaleza fiscal que no se paga en el plazo legal genera este interés, y a él se añaden, en su caso, las sanciones del Código, según dispone el artículo 1727 del Código General de Impuestos. El tipo es del 0,20 % por mes, y se aplica sobre el importe de las deudas fiscales a cargo del contribuyente o cuyo pago se haya diferido, como precisa el mismo artículo 1727.

El 0,20 % mensual equivale a un 2,4 % anual en términos simples, y el cómputo tiene reglas precisas que conviene conocer porque determinan desde cuándo corre y hasta cuándo. El interés se calcula desde el primer día del mes siguiente a aquel en que el impuesto debía pagarse hasta el último día del mes del pago, según el artículo 1727. En materia de impuesto sobre la renta, con excepción del impuesto de las plusvalías inmobiliarias de los artículos 150 U a 150 UC, el punto de partida es el 1 de julio del año siguiente a aquel por el que se establece la imposición, como fija el mismo artículo 1727. Un ejemplo sencillo: si le regularizan el impuesto sobre la renta de 2022, los intereses corren en principio desde el 1 de julio de 2023. Y el cómputo se detiene el último día del mes de la propuesta de rectificación cuando se aplican los recargos de los artículos 1728 o 1729, o el último día del mes en que se depositó la declaración tardía, según también establece el artículo 1727. Dicho de otro modo: el reloj de los intereses se para cuando el fisco le notifica la propuesta, no sigue corriendo durante años de procedimiento.

La buena noticia es que el propio texto premia a quien regulariza por sí mismo antes de que le controlen. El importe debido por interés de demora se reduce un 50 % en caso de depósito espontáneo por el contribuyente, antes de que expire el plazo del derecho de comprobación de la Administración, de una declaración rectificativa, siempre que la regularización no afecte a una infracción incompatible con la buena fe y que la declaración vaya acompañada del pago de los derechos simples (o del pago en la fecha límite del aviso si el impuesto se recauda por padrón), como prevé el artículo 1727. Y si no puede pagar de inmediato, el beneficio de la reducción del 50 % se conserva cuando el contable público acepta un plan de pago escalonado de los derechos simples, según el mismo artículo 1727. La doctrina administrativa detalla este mecanismo de reducción a la mitad por regularización espontánea en el marco del derecho al error en el comentario oficial BOI-DAE-20-10, y el cálculo general del interés se comenta en el BOI-CF-INF-10-10-20. Para un residente en España con un alquiler francés no declarado, la diferencia entre regularizar hoy y esperar a la carta del fisco puede ser, literalmente, la mitad de los intereses.

Existen además supuestos en que el interés ni siquiera se debe, y merecen una lectura atenta porque protegen al contribuyente de buena fe que interpreta la norma con transparencia. El interés no se debe por los elementos de imposición sobre los que el contribuyente haya indicado expresamente, en la declaración o en nota anexa, los motivos de derecho o de hecho que le llevan a no mencionarlos total o parcialmente o a darles una calificación que implicaría una tributación atenuada, como dispone el artículo 1727. Es la llamada mención expresa (mention expresse): si usted declaró su criterio con claridad, el fisco podrá discutir el fondo, pero no cobrarle intereses por el tiempo del desacuerdo. Tampoco hay intereses, salvo incumplimiento deliberado, cuando la insuficiencia declarada no excede de la décima parte de la base en derechos de registro ni de la vigésima parte en impuesto sobre la renta y sociedades, según el mismo artículo 1727. Son las tolerancias legales de las pequeñas diferencias: un error menor y no deliberado en su declaración de rentas francesas no genera intereses.

B. Los recargos del 10 %, 40 % y 80 %: declaración tardía, incumplimiento deliberado y maniobra fraudulenta

Si el interés es el precio del tiempo, los recargos (majorations) son el castigo de la conducta, y su porcentaje depende de lo que usted hizo o dejó de hacer. Hay dos familias: no declarar a tiempo y declarar mal. Cada una tiene su escala, y cada escalón se activa con un hecho preciso que el fisco debe acreditar.

La primera familia es la falta de declaración en plazo. No presentar en plazo una declaración con elementos para la base o la liquidación del impuesto genera un recargo sobre los derechos del 10 % si no hubo requerimiento previo (mise en demeure, el requerimiento formal de la Administración que le conmina a presentar la declaración en treinta días) o si se deposita la declaración en los treinta días siguientes a su recepción, del 40 % si no se deposita en esos treinta días, y del 80 % en caso de descubrimiento de una actividad oculta, según el artículo 1728 del Código General de Impuestos. Fíjese en el detalle que más dinero ahorra a los residentes en España: si usted no declaró sus alquileres franceses pero deposita la declaración en los treinta días siguientes al requerimiento, el recargo es del 10 %, no del 40 %, en aplicación del mismo artículo 1728. El requerimiento no es una condena: es una segunda oportunidad con un plazo de treinta días contados desde su recepción. Dejarlo pasar sin responder es lo que convierte un 10 % en un 40 %. Y la actividad oculta (activité occulte), que dispara el recargo al 80 %, se reserva a quien ejerce una actividad sin declararla ni darse de alta: no es el caso del propietario que cobra un alquiler con contrato y lo ingresa en su cuenta visible, aunque no lo haya declarado.

La segunda familia es la inexactitud o la omisión en una declaración presentada. Aquí la escala mide la intención: las inexactitudes u omisiones generan un recargo del 40 % en caso de incumplimiento deliberado (manquement délibéré), del 80 % en caso de abuso de derecho en el sentido del artículo L. 64 del Libro de Procedimientos Fiscales (reducido al 40 % cuando no se acredita que el contribuyente tuvo la iniciativa principal de los actos constitutivos del abuso o fue su principal beneficiario), y del 80 % en caso de maniobras fraudulentas (manœuvres frauduleuses), de disimulación de parte del precio en un contrato o de aplicación del artículo 792 bis, según el artículo 1729 del Código General de Impuestos. Traducido a su caso: olvidar una renta por desconocimiento se discute en el terreno del 40 % y a veces por debajo; montar facturas falsas, ocultar parte del precio de venta de un inmueble o disimular la titularidad real entra en el terreno del 80 %.

El punto decisivo, y el que más recursos gana, es que el 40 % por incumplimiento deliberado no es automático: la Administración debe probar la intención. La Corte Administrativa de Apelación de Douai lo recuerda con nitidez en su sentencia de 5 de noviembre de 2020 (n.º 18DA02674, texto oficial): de su redacción resulta claramente que la carga de la prueba del carácter deliberado de los incumplimientos incumbe a la Administración, y el tribunal verificó que la motivación de las propuestas de rectificación retenía elementos de hecho propios de la situación de la sociedad (minoración repetida de la base, conocimiento de la minoración a la vista de su contabilidad, reiteración tras un control anterior y deducción anticipada de impuestos no pagados a proveedores) para justificar el carácter intencional. Para usted, viviendo en España, la lección es operativa: exija que la sanción describa hechos propios de su expediente (reiteración, importes, conocimiento, ocultación), no fórmulas generales. Una motivación copiada y pegada, sin ningún hecho concreto, es un motivo de anulación formal de la sanción.

El control de la desproporción existe, pero tiene límites que conviene conocer para no fundar el recurso en una ilusión. El Consejo Constitucional, en su decisión n.º 2016-554 QPC de 22 de julio de 2016, declaró contraria a la Constitución, por instituir una sanción manifiestamente desproporcionada, la multa proporcional al saldo de cuentas extranjeras no declaradas del artículo 1736, como recuerda el Consejo de Estado en su decisión de 18 de julio de 2018 (n.º 417266, texto oficial). Y esa misma decisión del Consejo de Estado fija un principio sobrio sobre la transacción fiscal: los contribuyentes no tienen ningún derecho al mantenimiento de las condiciones en que la Administración fiscal prevé usar la facultad legal de transigir. En la práctica: puede invocar la desproporción de una sanción concreta ante el juez, pero no puede exigir que le apliquen las condiciones de una circular o de una campaña de regularización pasada. Cada expediente se defiende con sus hechos y con sus textos vigentes.

II. Cómo reducir o escalonar la factura desde España: discutir, pedir remisión y suspender el pago

Ya sabe calcular la factura y ya sabe dónde el fisco debe probar. Ahora viene la estrategia en tres tiempos: discutir lo que es discutible por la vía contenciosa, pedir lo que es pedible por la vía graciosa aunque la deuda sea correcta, y suspender o escalonar el pago mientras tanto. Las tres vías son compatibles entre sí, pero obedecen a lógicas distintas y, sobre todo, a plazos distintos. El orden importa: primero se asegura el plazo contencioso, después se pide la gracia.

A. Discutir la base y la sanción: respuesta motivada, reclamación contenciosa y juez administrativo

Todo empieza con la propuesta de rectificación, y su primera defensa es formal. La Administración debe dirigir al contribuyente una propuesta de rectificación motivada de manera que le permita formular sus observaciones o dar a conocer su aceptación, según el artículo L. 57 del Libro de Procedimientos Fiscales. El plazo general para responder a cualquier notificación del fisco es de treinta días contados desde su recepción, como fija el artículo L. 11 del mismo Libro, y el propio artículo L. 57 añade que, si usted lo solicita antes de que expire ese plazo, se prorroga treinta días más. Desde España, con correo transfronterizo y necesidad de reunir justificantes bancarios o contractuales, pedir esa prórroga por escrito antes del vencimiento es casi siempre lo prudente. En su respuesta, acepte expresamente lo que sea correcto (ello acredita buena fe y reduce intereses y recargos sobre la parte aceptada) y discuta con firmeza, hecho por hecho, lo que no lo sea: residencia, calificación de la renta, cálculo y, sobre todo, la prueba del carácter deliberado de cada sanción del 40 %.

Si la rectificación se confirma y llega el aviso de cobro, se abre la vía contenciosa, la de quien pide al juez que le dé la razón. Las reclamaciones que pretenden reparar errores en la base o el cálculo o reclamar el beneficio de un derecho legal pertenecen a la jurisdicción contenciosa, según el artículo L. 190 del Libro de Procedimientos Fiscales. Esa reclamación previa ante la Administración debe presentarse, para ser admisible, como muy tarde el 31 de diciembre del segundo año siguiente al de la puesta al cobro del padrón o la notificación del aviso de cobro, o al del pago del impuesto si no hubo padrón ni aviso, según el artículo R* 196-1 del mismo Libro. Un ejemplo: un aviso de cobro notificado en 2025 se puede reclamar hasta el 31 de diciembre de 2027 en aplicación del mismo artículo R* 196-1. Es un plazo de caducidad (forclusion): pasado ese 31 de diciembre, la reclamación es inadmisible aunque tenga usted toda la razón sobre el fondo. Y si la Administración rechaza su reclamación, el recurso ante el tribunal administrativo debe interponerse en los dos meses siguientes a la notificación de la decisión, sin que el tribunal pueda ser requerido sino por recurso contra una decisión, como exige el artículo R. 421-1 del Código de Justicia Administrativa. Para las peticiones de pago de una suma de dinero, además, solo son admisibles tras la decisión de la Administración sobre una solicitud previa, según el mismo artículo R. 421-1. Desde España, estos dos plazos (31 de diciembre del segundo año y dos meses ante el tribunal) se vigilan con calendario propio, porque la distancia y el idioma no suspenden ninguno de ellos.

Ante el juez del impuesto, que es juez de pleno contencioso, pida la descarga de cada sanción mal fundada con sus hechos: ausencia de prueba del carácter deliberado, motivación genérica, error de calificación entre el 1728 y el 1729, tolerancias del 1727. La sentencia de Douai antes citada muestra el método que los tribunales esperan: hechos propios del expediente contra hechos propios del expediente. Y recuerde el marco general de la residencia: si el verdadero litigio es saber si usted era residente fiscal francés, ese debate se libra con los criterios del artículo 4 B y con el haz de indicios (vivienda, familia, cuentas, estancias), que desarrollamos en nuestra guía sobre la residencia fiscal en Francia viviendo en España. Ganar la residencia suele hacer caer en cadena base, intereses y recargos.

B. Remisión graciosa, transacción, aplazamiento y suspensión del pago: pagar menos o pagar más tarde, en regla

Supongamos ahora lo peor para el fondo y lo mejor para la estrategia: la base es correcta y las sanciones están motivadas. Aun así, la factura puede bajar o escalonarse. La vía graciosa (voie gracieuse) es la petición al fisco de un perdón total o parcial cuando el contribuyente no puede pagar o cuando la sanción merece atenuación, y no exige tener razón sobre el fondo: exige exponer su situación. El artículo L. 247 del Libro de Procedimientos Fiscales permite a la Administración conceder, a solicitud del contribuyente, remisiones totales o parciales de impuestos directos cuando el contribuyente está en la imposibilidad de pagar por apuro o indigencia (gêne ou indigence), remisiones de multas fiscales o de recargos cuando esas sanciones y, en su caso, las imposiciones a las que se añaden son definitivas, y remisiones de gastos de apremio y de intereses moratorios del artículo L. 209, según el mismo artículo L. 247. Por vía de transacción, el texto permite una atenuación de multas o recargos cuando esas sanciones y, en su caso, las imposiciones a las que se añaden no son definitivas, como prevé el mismo artículo L. 247. La diferencia es esencial y determina qué pedir: si la deuda ya es definitiva (ya no cabe recurso), se pide remisión; si aún se puede discutir, se propone transacción. Y las reglas de los apartados 2 y 3 se aplican en su caso a las sumas debidas por interés de demora del artículo 1727, según precisa el mismo artículo L. 247: los intereses también se pueden remitir o atenuar por esta vía.

Tres límites del mismo texto deben conocerse antes de pedir. Primero, ninguna autoridad pública puede conceder remisión de derechos de registro, del impuesto sobre la fortuna inmobiliaria, de tasas de publicidad inmobiliaria, de IVA y de las demás contribuciones que enumera el artículo L. 247: si su litigio es una plusvalía inmobiliaria con derechos de registro, la remisión no cubrirá esos derechos, aunque sí podrá cubrir los recargos. Segundo, la Administración no puede transigir cuando el contribuyente despliega maniobras dilatorias para entorpecer el control, según el mismo artículo L. 247: pedir tiempo de mala fe cierra la puerta de la transacción. Tercero, y lo recuerda el Consejo de Estado en la decisión 417266 ya citada (texto oficial), nadie tiene derecho al mantenimiento de unas condiciones de transacción pasadas: la transacción se negocia con los criterios vigentes el día en que se pide.

En la práctica, la solicitud graciosa se dirige al servicio de impuestos del lugar de imposición, normalmente su centro de Finanzas Públicas, y si pide la remisión del recargo del 10 % por retraso, de los gastos de apremio o de los intereses moratorios, al servicio indicado en el aviso de imposición, como explica la página oficial de impots.gouv.fr sobre cómo pedir una remisión graciosa. Desde España, la vía más segura es la mensajería segura de su espacio personal en impots.gouv.fr, siguiendo la ruta Escribir, Pago, Dificultad de pago, según detalla la misma página oficial. La Administración se esfuerza en responder en los dos meses siguientes a la recepción, plazo que puede extenderse a cuatro meses en expedientes complejos avisándole antes de que venzan los dos meses, y el silencio equivale a rechazo, como indica la misma página oficial. Dos advertencias que la página oficial formula con claridad y que deben integrarse en la estrategia: las decisiones graciosas no se motivan, la Administración no tiene que explicar su elección, y la remisión puede condicionarse al pago previo de los impuestos restantes, a ponerse al día en las declaraciones o a renunciar a todo contencioso sobre esos impuestos, según la misma página oficial. Por eso el orden recomendado es reclamar primero en plazo (para no perder el contencioso) y pedir la gracia después o en paralelo, midiendo bien a qué se renuncia. La doctrina administrativa sobre estas peticiones se detalla en los comentarios oficiales BOI-CTX-GCX-10 y BOI-CTX-GCX-10-20.

Queda la cuestión del tiempo: ¿hay que pagar mientras se reclama? La ley prevé la suspensión del pago para no obligarle a adelantar lo discutido. El contribuyente que discute el fundamento o el importe de las imposiciones puede, si lo ha pedido expresamente en su reclamación precisando el importe o las bases de la desgravación pretendida, diferir el pago de la parte discutida y de las sanciones correspondientes, quedando suspendidas la exigibilidad del crédito y la prescripción de la acción de cobro hasta la decisión definitiva sobre la reclamación, según el artículo L. 277 del Libro de Procedimientos Fiscales. Es el llamado efecto suspensivo (sursis de paiement): la parte no discutida debe pagarse en sus plazos normales, pero la parte discutida espera. Cuando la reclamación supera el importe fijado por decreto, el deudor debe constituir garantías sobre los derechos discutidos, y si no las constituye o son insuficientes, el contable puede adoptar medidas cautelares, como prevé el mismo artículo L. 277. Y si el contable ha trabado un embargo cautelar, el contribuyente puede pedir al juez de medidas urgentes de los artículos L. 279 y L. 279 A que lo limite o lo levante si produce consecuencias difícilmente reparables, según el mismo artículo L. 277. Desde España, este mecanismo se combina con el plan de pago escalonado que el contable puede aceptar para los derechos simples, y conviene recordar que, cuando el contable acepta ese plan, se conserva la reducción a la mitad de los intereses por regularización espontánea, como ya se vio con el artículo 1727. Para el futuro, y antes del próximo control, existe además la vía preventiva del rescrit fiscal, la respuesta vinculante de la Administración sobre su situación, que explicamos en nuestra guía para pedir un rescrit fiscal viviendo en España: fijar la interpretación aplicable antes de declarar vale más que discutir sanciones después.

Conclusión

Recibir del fisco francés un aviso con intereses y un recargo del 40 % o del 80 % viviendo en España no es el final de la historia: es el inicio de un procedimiento con reglas escritas y plazos estrictos. El interés de demora es del 0,20 % mensual, se detiene con la propuesta de rectificación y se reduce a la mitad si usted regulariza espontáneamente antes del control. Los recargos distinguen no declarar a tiempo (10 %, 40 % o 80 % según el requerimiento y la actividad oculta) de declarar mal (40 % por incumplimiento deliberado que la Administración debe probar con hechos propios de su expediente, 80 % por abuso de derecho, maniobras fraudulentas o disimulación del precio). La propuesta debe estar motivada y se responde en treinta días prorrogables; la reclamación contenciosa caduca el 31 de diciembre del segundo año; el tribunal se recurre en dos meses. Y aunque la deuda sea correcta, quedan la remisión graciosa o la transacción según la deuda sea definitiva o no, el aplazamiento negociado con el contable y la suspensión legal del pago de la parte discutida con sus garantías. Verifique cada cifra de su aviso con los textos citados, asegure primero el plazo contencioso y pida después la gracia: en materia de sanciones fiscales francesas, el orden de las gestiones vale tanto como su fundamento.

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