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Ruptura convencional en Francia viviendo en España: indemnización mínima, exención, retención y reclamación del exceso

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Fuente: Tribunal de Casación – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Colegio de Abogados de París Detención policial, instrucción, tribunal con jurado Ficha CNB avocat.fr
Hassan Kohen, abogado fiscalista en París
Hassan KOHEN
Abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París

Ruptura convencional en Francia viviendo en España: indemnización mínima, exención, retención y reclamación del exceso

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Vive en España, trabaja en Francia y su empresa le propone terminar el contrato de mutuo acuerdo con una indemnización. La figura se llama en francés rupture conventionnelle, que puede traducirse como ruptura convencional o terminación pactada del contrato de trabajo, y no es ni un despido ni una dimisión: es un acuerdo firmado por las dos partes y validado por la administración francesa. La pregunta fiscal que sigue es muy concreta: ¿qué parte de esa indemnización queda exenta en Francia?, ¿qué retiene la empresa antes de pagar?, ¿dónde se declara si ya vive en España y cómo se reclama si Francia retuvo de más?

La respuesta combina tres piezas que conviene no mezclar. Primero, el procedimiento laboral francés, que condiciona la validez del acuerdo y el importe mínimo de la indemnización. Segundo, la exención fiscal francesa, que depende del importe pactado, del salario del año anterior y de que el trabajador no esté ya en edad de cobrar una pensión de jubilación. Tercero, el convenio para evitar la doble imposición entre Francia y España, que reparte el derecho a gravar entre los dos países. Este artículo explica las tres piezas con las fuentes oficiales, con un ejemplo de cálculo y con el procedimiento para reclamar dentro de plazo. Las citas en francés se reproducen en su idioma original y se explican a continuación en español; esas explicaciones son traducciones de trabajo, no el texto oficial.

I. La ruptura pactada del contrato francés y su indemnización mínima

A. Un acuerdo firmado, con desistimiento y validación administrativa

La ruptura convencional está definida en el artículo L. 1237-11 del código de trabajo francés, que permite al empresario y al asalariado convenir de común acuerdo las condiciones de la ruptura del contrato que los une. El mismo texto precisa lo esencial: la ruptura convencional excluye el despido y la dimisión, nadie puede imponerla a la otra parte y nace de un convenio firmado por ambas partes, sometido a reglas destinadas a garantizar la libertad del consentimiento. Dicho en español: sin firma libre de los dos, no hay ruptura convencional válida.

El acuerdo se prepara en una o varias entrevistas en las que el trabajador puede hacerse acompañar. El artículo L. 1237-12 del código de trabajo detalla ese derecho: el asalariado elige a una persona de la plantilla, sea un representante sindical, un miembro de la representación del personal o cualquier otro compañero, y si la empresa no tiene representación del personal, a un consejero del asalariado elegido de una lista elaborada por la administración. Cuando el trabajador usa esa asistencia, el empresario también puede hacerse acompañar, avisando previamente. Para un residente en España que negocia a distancia o que ya está de preaviso de marcha, esa entrevista con acompañante es la primera prueba del consentimiento libre, y conviene conservar la convocatoria y las actas.

Firmado el convenio, cada parte dispone de quince días naturales para desistir. El artículo L. 1237-13 del código de trabajo fija ese plazo de quince días naturales contados desde la firma por ambas partes, ejercido mediante carta remitida por cualquier medio que acredite su fecha de recepción por la otra parte. El mismo artículo añade dos reglas: la indemnización específica de ruptura convencional no puede ser inferior a la indemnización legal de despido, y la fecha de ruptura del contrato no puede ser anterior al día siguiente de la validación administrativa. El plazo de desistimiento es, por tanto, una trampa clásica para quien firma deprisa antes de mudarse: durante quince días naturales el acuerdo aún puede caer.

Pasado el desistimiento, la parte más diligente pide la validación a la administración. El artículo L. 1237-14 del código de trabajo organiza esa fase: la solicitud de homologación se dirige a la autoridad administrativa con un ejemplar del convenio, según un modelo fijado por orden ministerial, y la administración dispone de quince días laborables desde la recepción para comprobar que se respetan las condiciones legales y la libertad del consentimiento de las partes. Si en ese plazo no hay notificación, la homologación se considera concedida y la administración pierde la mano. La validez del convenio depende de esa homologación, y cualquier litigio sobre el convenio, la homologación o su denegación es competencia del consejo de prud’hommes francés, que en español equivale al juzgado de lo social, con un recurso que debe interponerse, so pena de inadmisibilidad, antes de que pasen doce meses desde la homologación. Esos tres plazos los dice el propio artículo L. 1237-14: quince días laborables de instrucción, silencio positivo y doce meses para acudir al juez.

La libertad del consentimiento no es una fórmula: la administración debe comprobarla y el juez la controla. El Consejo de Estado francés lo recordó en una decisión del 24 de julio de 2026, dictada en el litigio entre la Société Générale y un asalariado protegido miembro del comité social y económico, que habían firmado una ruptura convencional autorizada primero por el inspector de trabajo y denegada después por la ministra (Consejo de Estado, 24 de julio de 2026, n.º 505713). Según esa decisión, el inspector de trabajo y, en su caso, el ministro deben asegurarse, bajo control del juez, de que la ruptura no figura entre las prohibidas, de que no fue impuesta a ninguna parte y de que se respetaron el procedimiento y las garantías legales. A ese título, les corresponde comprobar que ninguna circunstancia ligada a las funciones representativas del asalariado o a su afiliación sindical vició su consentimiento. La decisión añade un matiz importante: la existencia de hechos de acoso moral o de discriminación sindical cometidos por el empresario en perjuicio del asalariado protegido no impide por sí sola autorizar la ruptura, salvo que esos hechos hayan viciado el consentimiento en ese caso concreto. En aquel litigio, el tribunal de apelación constató que el trabajador, en baja médica por una patología vinculada a la degradación de sus condiciones de trabajo, firmó cuando solo conocía una investigación interna que minimizaba prácticas que un peritaje posterior calificó de persecutorias, con mensajes culpabilizadores y de intimidación que empujaban a la dimisión; de ese conjunto dedujo una situación de violencia moral que viciaba el consentimiento e impedía autorizar la ruptura, y el Consejo de Estado confirmó ese análisis y rechazó el recurso de la empresa. La lección práctica para quien firma viviendo entre dos países es directa: una ruptura firmada bajo presión, con una baja médica en curso o sin haber podido hacerse acompañar, puede ser denegada o anulada, y con ella cae todo el montaje fiscal que sigue.

B. La indemnización mínima: un cuarto de mes por año y un tercio a partir de diez años

La indemnización específica de ruptura convencional tiene un suelo: no puede bajar de la indemnización legal de despido. El artículo L. 1234-9 del código de trabajo abre ese derecho al asalariado con contrato indefinido despedido tras ocho meses de antigüedad ininterrumpida al servicio del mismo empresario, salvo falta grave, y remite a la vía reglamentaria para el tipo y las modalidades de cálculo según el salario bruto anterior a la ruptura. El montante está en el artículo R. 1234-2 del código de trabajo: la indemnización no puede ser inferior a un cuarto de mes de salario por año de antigüedad hasta diez años, y a un tercio de mes de salario por año a partir de diez años. Todo lo que se pacte por encima de ese suelo es mejora negociada, y esa mejora es precisamente lo que luego se discute con Hacienda.

Un ejemplo sencillo fija las ideas. Suponga un trabajador con doce años de antigüedad, un salario bruto anual del año anterior de 45 000 euros y un salario mensual bruto de referencia de 3 750 euros. El mínimo legal vale diez años a un cuarto de mes, es decir, 2,5 mensualidades, más dos años a un tercio de mes, es decir, dos tercios de mensualidad: en total unos 3,17 meses, unos 11 875 euros. Si el convenio pacta 60 000 euros, la diferencia hasta 60 000 es mejora voluntaria del empresario. Esa distinción entre suelo legal y mejora pactada es la que la norma fiscal utiliza para medir la exención, como se verá ahora. Y un aviso útil: la indemnización mínima se calcula sobre el salario bruto de referencia y la antigüedad exacta, de modo que una nómina mal reconstruida o un año de antigüedad discutido cambian el suelo y, con él, la parte exenta.

II. Qué parte queda exenta en Francia, qué se retiene y cómo se reclama viviendo en España

A. La exención francesa: dos veces el salario anual o la mitad de la indemnización, con un tope de seis techos de la Seguridad Social

En derecho francés toda indemnización pagada con ocasión de la ruptura del contrato de trabajo es en principio una remuneración imponible, salvo las excepciones que la ley enumera. Para la ruptura convencional, la excepción está en el 6.º del apartado 1 del artículo 80 duodecies del código general de los impuestos francés, que exonera la fracción de las indemnizaciones previstas en el artículo L. 1237-13 del código de trabajo pagadas con ocasión de la ruptura convencional, cuando el trabajador no tiene derecho a una pensión de jubilación de un régimen legalmente obligatorio, hasta el más elevado de dos importes: el montante de la indemnización de despido prevista por el convenio colectivo, el acuerdo profesional o, en su defecto, la ley, o bien dos veces la remuneración bruta anual percibida el año natural anterior a la ruptura, o el 50 % del importe de la indemnización si ese umbral es superior, con un tope igual a seis veces el techo anual de la Seguridad Social vigente a la fecha del pago. Esa es la traducción de trabajo del texto oficial; el texto francés citado es el único que vale ante la administración.

La doctrina fiscal oficial francesa sobre las indemnizaciones de ruptura, en su versión vigente desde el 29 de abril de 2025, explica la misma regla con sus modalidades: se exonera hasta el importe legal o convencional liquidado conforme a las reglas aplicables, y si lo percibido supera ese importe, lo exento vale el 50 % del total percibido o, si es más alto, dos veces el salario bruto anual del año natural anterior, sin superar nunca seis techos anuales de la Seguridad Social. El techo anual de la Seguridad Social francesa, el llamado plafond, lo fija cada año el Gobierno: para 2026, el decreto de 22 de diciembre de 2025 publicado en el Diario Oficial francés lo establece en 4 005 euros mensuales, es decir, 48 060 euros anuales por simple multiplicación, de modo que el tope de seis techos vale 288 360 euros para las indemnizaciones pagadas en 2026. Retenga el mecanismo más que la cifra, porque el techo cambia cada año y la fecha que cuenta es la del pago.

Vuelva al ejemplo anterior: salario bruto del año anterior de 45 000 euros, mínimo legal de 11 875 euros e indemnización pactada de 60 000 euros. El segundo importe alternativo vale dos veces 45 000, es decir, 90 000 euros, que supera al 50 % de la indemnización, 30 000 euros, y queda por debajo del tope de 288 360 euros. El límite exento es el más elevado entre el importe legal, 11 875 euros, y ese importe alternativo, 90 000 euros: 90 000 euros. Como lo pactado, 60 000 euros, no supera ese límite, la indemnización queda íntegramente exenta del impuesto francés sobre la renta. Si en cambio se hubieran pactado 120 000 euros, lo exento seguiría siendo 90 000 y los 30 000 restantes tributarían como salarios. El cálculo se hace siempre en ese orden: primero el suelo legal o convencional, después el doble del salario anual o la mitad de lo percibido, después el tope de seis techos, y solo el exceso sobre el límite tributa.

Tres advertencias delimitan la exención. Primera, la condición de jubilación: si el trabajador ya tiene derecho a una pensión de jubilación de un régimen legalmente obligatorio, la exención del 6.º no se aplica y la indemnización de ruptura convencional tributa íntegramente. Quien pacta su salida a las puertas de la jubilación debe comprobar ese punto antes de firmar, porque convierte una indemnización supuestamente exenta en salario imponible. Segunda, la causa de la indemnización: el Consejo de Estado juzgó el 18 de julio de 2023 que las reglas del artículo 80 duodecies, que fijan cómo tributan las indemnizaciones pagadas como consecuencia de la ruptura del contrato, no se aplican a sumas que, aunque se paguen al mismo tiempo que la ruptura, no tienen su causa en esa ruptura (Consejo de Estado, 18 de julio de 2023, n.º 468125). En aquel caso, un trabajador había cobrado una indemnización de ruptura convencional, que la administración aceptó exonerar tras su reclamación, y además otra suma en ejecución de un acuerdo transaccional firmado el 1 de septiembre de 2017; el tribunal de apelación apreció soberanamente que esa transacción no tenía su causa en la ruptura sino que resolvía un litigio sobre las condiciones de ejecución del contrato, y el Consejo de Estado confirmó que, en tal caso, lo no imponible exige que la suma compense un perjuicio distinto de una pérdida de rentas. La misma decisión recuerda dos reglas de prueba: cuando la liquidación se hizo conforme a lo declarado por el contribuyente, a él le corresponde demostrar que la suma no era imponible, y alegar sin más que la suma se pagó para evitar un pleito no prueba que reparara otro perjuicio. Traducido a su caso: si junto a la ruptura convencional cobra una transacción por el conflicto previo, esa segunda suma solo queda exenta si demuestra que repara un perjuicio distinto de la pérdida de ingresos, con documentos, no con su sola palabra. Tercera, la contrapartida de no competencia: la doctrina oficial advierte que, si la transacción incluye una cláusula de no competencia, su contrapartida financiera sigue siendo siempre imponible y debe evaluarse si su importe no está predeterminado. Separar en el acuerdo qué euros pagan la ruptura y qué euros pagan la no competencia no es un detalle de redacción, es la prueba que Hacienda pedirá después.

B. Retención francesa, declaración como no residente y reparto con España

La parte de la indemnización que supera el límite exento se trata como salario de fuente francesa. Si usted ya vive en España, Francia la somete a retención en la fuente. El artículo 182 A del código general de los impuestos dispone que los sueldos, salarios, pensiones y rentas vitalicias de fuente francesa pagados a personas sin domicilio fiscal en Francia dan lugar a una retención en la fuente. La base es el importe neto de las sumas pagadas, calculado según las reglas del impuesto sobre la renta pero sin deducción de gastos profesionales reales, y la tarifa anual exonera la fracción hasta 17 275 euros y aplica después un 12 % a la fracción entre 17 275 y 50 112 euros y un 20 % por encima de 50 112 euros. Esos umbrales se revisan cada año en la misma proporción que el primer tramo del baremo y se prorratean si el pago es trimestral, mensual, semanal o diario. Con el ejemplo de los 30 000 euros imponibles: la fracción hasta 17 275 no soporta nada y los 12 725 restantes soportan el 12 %, es decir, unos 1 527 euros de retención practicada por el pagador francés antes de pagarle. Esa retención no es un impuesto definitivo: el mismo artículo 182 A dice que se imputa sobre el impuesto sobre la renta calculado según el artículo 197 A del código general de los impuestos.

El artículo 197 A fija cómo tributan en Francia quienes no tienen allí su domicilio fiscal y perciben rentas de fuente francesa: el impuesto no puede ser inferior al que resulta de aplicar un 20 % a la fracción de la renta neta imponible hasta el límite superior del segundo tramo del baremo y un 30 % por encima, tipos reducidos para las rentas de ultramar que aquí no importan. Con 30 000 euros imponibles, ese mínimo vale del orden de 6 000 euros, de los que se descuentan los 1 527 ya retenidos, dejando un saldo a pagar de unos 4 470 euros, siempre antes de pedir el tipo medio. Porque el propio artículo 197 A añade una válvula: cuando el contribuyente justifica que el tipo del impuesto francés sobre el conjunto de sus rentas francesas y extranjeras sería inferior a esos mínimos, ese tipo medio se aplica a sus rentas francesas, y los residentes en un Estado de la Unión Europea, como España, pueden acompañar a su declaración una declaración de honor sobre la exactitud de los datos mientras reúnen los justificantes. Para un residente en España con rentas mundiales modestas el año de la ruptura, pedir ese tipo medio puede cambiar mucho el resultado, pero exige declarar todas las rentas y probarlo. Quien sigue cobrando mes a mes un salario francés desde España encuentra el mismo mecanismo de retención y declaración explicado en el artículo sobre cómo tributa el salario francés viviendo en España.

¿Es usted no residente a ojos de Hacienda francesa? El artículo 4 B del código general de los impuestos considera domiciliadas en Francia a las personas que tienen allí su hogar o su lugar de estancia principal, a las que ejercen en Francia una actividad profesional salvo que sea accesoria y a las que tienen en Francia el centro de sus intereses económicos, pero añade que quien cumple alguno de esos criterios no se considera domiciliado en Francia cuando, por aplicación de los convenios internacionales, no se le mira como residente francés. Vivir todo el año en España con el hogar y la vida diaria allí desplaza normalmente la residencia al otro lado de los Pirineos, y el convenio decide en caso de duda. El año de la marcha, además, hay una última declaración francesa que liquidar y rentas que siguen tributando en Francia, como explica el artículo sobre qué declarar al volver a España después de vivir en Francia: la indemnización de ese año se integra en esa declaración de no residente, con la parte exenta fuera de la base y la parte imponible sometida a la retención y al artículo 197 A.

Del otro lado de la frontera, el convenio franco-español de 10 de octubre de 1995 reparte el derecho a gravar. Su artículo 15 sobre profesiones dependientes dice que los sueldos y remuneraciones similares que un residente de un Estado recibe por un empleo asalariado solo tributan en ese Estado, salvo que el empleo se ejerza en el otro Estado, en cuyo caso lo recibido por ese empleo es imponible en ese otro Estado. La indemnización ligada a un empleo ejercido en Francia es, por tanto, imponible en Francia en la medida en que el derecho interno francés la grava, y España, como Estado de residencia, elimina la doble imposición según su legislación interna concediendo una deducción igual al impuesto pagado en Francia, sin que lo deducido pueda superar la fracción del impuesto español correspondiente a esas rentas imponibles en Francia, como prevé el apartado 2-a del artículo 24 del convenio. En la práctica eso significa tres cosas: la parte exenta en Francia no genera crédito alguno en España porque no hubo impuesto francés; la parte imponible en Francia da derecho a deducir en España lo pagado en Francia con ese tope; y si Francia retuvo sobre una parte que era exenta, ese exceso no se compensa en España, se reclama en Francia.

La reclamación francesa tiene un plazo riguroso. El artículo R*196-1 del libro de procedimientos fiscales exige que las reclamaciones sobre impuestos que no dieron lugar a padrón ni a aviso de cobro, como una retención practicada por el pagador, se presenten como muy tarde el 31 de diciembre del segundo año siguiente al del pago del impuesto discutido. Una indemnización cobrada en 2026 con retención indebida se reclama, por tanto, antes del 31 de diciembre de 2028. La reclamación identifica el pago, explica que la suma estaba exenta por el 6.º del artículo 80 duodecies dentro del límite calculado, o que la retención superó lo debido, y pide la restitución. Conviene acompañar el convenio de ruptura homologado con su prueba de validación, el desglose empresario entre indemnización específica, transacción y eventual no competencia, el justificante de la retención practicada, el certificado de residencia fiscal española y el cálculo del límite exento con el salario del año anterior y el techo aplicable. Y recuerde la lección del Consejo de Estado de 2023: si la liquidación se hizo conforme a lo que usted declaró, la carga de demostrar que la suma no era imponible recae sobre usted, de modo que los documentos se preparan antes de reclamar y se conservan hasta la resolución firme. Los errores más frecuentes son cuatro: declarar en Francia la parte exenta como si fuera salario, aceptar sin discutir una retención sobre una indemnización íntegramente exenta, mezclar en la misma bolsa la indemnización de ruptura y una transacción por el conflicto previo sin probar el perjuicio distinto, y dejar pasar el 31 de diciembre del segundo año siguiente al pago.

Conclusión

Firmar una ruptura convencional viviendo en España exige recorrer las tres piezas en orden. Primero, un acuerdo válido: entrevistas con posibilidad de acompañante, quince días naturales de desistimiento desde la firma, solicitud de homologación y quince días laborables de instrucción con silencio positivo, fecha de ruptura posterior a la validación y doce meses para acudir al juez de lo social si la validación se discute, con un control real de la libertad del consentimiento que una firma bajo presión no supera. Segundo, una indemnización medida: suelo mínimo de un cuarto de mes por año hasta diez años y un tercio después, exención hasta el importe legal o convencional o, si es más alto, hasta dos veces el salario bruto del año anterior o la mitad de lo percibido, con el tope de seis techos de la Seguridad Social, y ninguna exención si ya se tiene derecho a pensión de jubilación; la transacción que acompaña a la ruptura solo queda exenta si repara un perjuicio distinto de la pérdida de rentas y se prueba, y la no competencia tributa siempre. Tercero, una retención ajustada y una reclamación en plazo: tarifa del artículo 182 A con mínimo exento, impuesto del artículo 197 A con tipos mínimos del 20 y el 30 % salvo tipo medio justificado, residencia decidida por el artículo 4 B y el convenio, reparto de los artículos 15 y 24 del convenio franco-español, y reclamación antes del 31 de diciembre del segundo año siguiente al pago con el expediente completo. Con esas tres piezas en su sitio, la salida pactada de un empleo francés tributa una sola vez, en el país que el convenio designa, y sin retenciones indebidas que luego haya que perseguir.

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