Vive en España, pero su seguro de vida está en Francia. Quizá lo abrió cuando trabajaba en París, quizá lo heredó de un familiar, quizá lo contrató un banco francés cuando compró un piso al otro lado de los Pirineos. Un día necesita el dinero y pide un rescate, o fallece el asegurado y la aseguradora le ingresa el capital como beneficiario. Y entonces llega la pregunta que decide si pagará una o dos veces: ¿Francia retiene algo, España lo vuelve a gravar y qué dice el convenio entre los dos países?
La respuesta tiene dos tiempos. El rescate en vida tributa como rendimiento del capital: Francia grava en origen con sus reglas del seguro de vida y España, como país de residencia, grava la renta mundial pero concede un crédito por lo pagado en Francia. El cobro por fallecimiento sigue otro camino: Francia aplica sus gravámenes propios del seguro de vida y el convenio franco-español de 1963 reparte la tributación sucesoria entre los dos Estados. En los dos tiempos, los plazos para reclamar son cortos y los errores de calificación cuestan dinero. Este artículo explica, paso a paso y con las fuentes oficiales, dónde tributa cada cobro, cuánto retiene Francia, cómo se recupera la doble imposición y qué hacer cuando la aseguradora o la administración se equivocan.
Los términos franceses se explican en su primera aparición, porque los papeles que recibirá el lector llegan en francés. Rachat significa rescate. Produits son los rendimientos. Prélèvement es una retención o un pago a cuenta. Bénéficiaire es el beneficiario. Abattement es una reducción de la base, parecida a un mínimo exento.
I. El rescate en vida: Francia grava primero
A. Cómo calcula Francia el impuesto sobre el rescate
En Francia, el rescate de un seguro de vida puede ser parcial, cuando se retira una parte y el contrato sigue vivo, o total, cuando se cierra el contrato. En ambos casos, Francia no grava todo lo que cobra el cliente, sino solo los rendimientos. La regla de cálculo está en el artículo 125-0 A del Código General de Impuestos francés: los rendimientos son la diferencia entre las cantidades que devuelve la aseguradora y las primas que pagó el cliente. Solo esa diferencia tributa. Lo que el cliente aportó en su día no vuelve a tributar, porque ya era su dinero.
El texto oficial dice que los productos están constituidos por la diferencia entre, por un lado, las sumas reembolsadas al beneficiario y, por otro, el importe de las primas pagadas. Esta es la base de todo lo demás: antes de discutir de tipos, de convenios o de reclamaciones, hay que comprobar que la aseguradora ha calculado bien esa diferencia. Los errores en la base son frecuentes cuando el contrato es antiguo, cuando ha tenido varios rescates parciales o cuando se han aplicado gastos de gestión que no debían restarse de las primas.
En el momento del cobro, la aseguradora francesa practica un pago a cuenta obligatorio, el llamado prélèvement forfaitaire obligatoire. Este pago a cuenta no es definitivo: se descuenta del impuesto final del año y, si el impuesto final es menor, Hacienda devuelve el exceso. Así lo explica la doctrina oficial francesa en el BOI-RPPM-RCM-20-15 de la administración fiscal. Para el residente en España, este pago a cuenta es el primer dinero que se queda Francia, y todo el trabajo posterior consiste en comprobar si Francia podía quedarse esa cantidad y en recuperar en España lo que corresponda.
A partir de ahí, el impuesto definitivo depende de la fecha de las primas, porque Francia cambió las reglas en septiembre de 2017 y hoy conviven dos regímenes. La fecha de cada prima cuenta, no solo la fecha del contrato: un mismo contrato puede tener primas de antes y de después del cambio, y cada parte de los rendimientos sigue su régimen.
Para las primas pagadas desde el 27 de septiembre de 2017, se aplica el impuesto a tipo fijo, el llamado prélèvement forfaitaire unique. El artículo 200 A del Código General de Impuestos fija el tipo general en el 12,8 %. Existe un tipo reducido del 7,5 % para los rendimientos de contratos de más de ocho años cuando las primas del contribuyente no superan el umbral de 150 000 euros, con reglas precisas de cómputo que detalla la doctrina oficial citada. El contribuyente puede también optar expresamente por llevar estos rendimientos a la escala progresiva del impuesto sobre la renta, pero esa opción es global: alcanza al conjunto de los rendimientos del capital del año y no se puede elegir contrato por contrato.
Para las primas pagadas hasta el 26 de septiembre de 2017, el contribuyente puede optar por una retención liberatoria, el llamado prélèvement forfaitaire libératoire. Su tipo depende de la antigüedad del contrato: 45 % si la duración es inferior a dos años, 25 % entre dos y cuatro años, 15 % a partir de cuatro años y 7,5 % a partir de ocho años para los contratos suscritos desde 1990, con tipos del 35 % para las duraciones cortas de estos contratos. Todo ello resulta del artículo 125-0 A del Código General de Impuestos leído en este expediente.
Esta opción por la retención liberatoria tiene una trampa que ha dado lugar a pleitos: es irrevocable y debe ejercerse como muy tarde al cobrar los rendimientos. No se puede esperar a ver la liquidación del año siguiente y elegir entonces lo más barato. La Corte Administrativa de Apelación de París lo confirmó el 27 de noviembre de 2026 en su sentencia 24PA01915: unos contribuyentes que habían rescatado un seguro de vida sin optar por la retención del 15 % quisieron recuperar la diferencia entre la escala progresiva y ese tipo fijo mediante una reclamación posterior, y la Corte desestimó su recurso. La sentencia explica que la retención la practica en origen quien paga los rendimientos, de modo que la opción solo puede nacer de una elección expresada como muy tarde en el momento del pago, y que el plazo general de reclamación no sirve para ejercitar tarde una opción que la ley exigía al cobrar. La lección práctica es clara: cuando la aseguradora propone el formulario de opción en el momento del rescate, esa casilla decide el impuesto de forma definitiva.
Quedan dos piezas del régimen francés que conviene conocer. La primera es la reducción anual de la base, el abattement: para los contratos suscritos desde 1990 con al menos ocho años de antigüedad, se restan 4 600 euros al año de los rendimientos imponibles si el contribuyente tributa solo, y 9 200 euros si tributa conjuntamente con su cónyuge, según el artículo 125-0 A. La segunda es la exoneración total, sea cual sea la antigüedad del contrato, cuando el contrato termina pagando una renta vitalicia, o cuando el cobro se debe al despido del beneficiario, a su jubilación anticipada o a su invalidez o la de su cónyuge. Un despido en Francia con un seguro de vida francés puede, por tanto, cambiar por completo la factura fiscal del rescate.
B. El convenio con España: quién puede gravar y con qué tope
Que Francia grave en origen no significa que Francia pueda quedarse con todo. Entre Francia y España existe un convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre la fortuna, firmado el 10 de octubre de 1995 y publicado en Francia por el decreto 97-756 de 2 de julio de 1997. El texto oficial puede consultarse en el documento de la administración fiscal francesa.
El método para usar el convenio lo recuerda el Consejo de Estado en su decisión de 30 de enero de 2019, recurso 408469, dictada precisamente sobre el convenio franco-español: primero hay que mirar la ley fiscal francesa para saber si el impuesto se ha establecido válidamente y bajo qué calificación, y solo después se comprueba si el convenio se opone a esa imposición. Dicho de otro modo, el convenio no crea el impuesto francés, pero puede limitarlo o prohibirlo. Por eso el análisis empieza siempre por el cálculo francés del apartado anterior.
La calificación de los rendimientos del seguro de vida dentro del convenio decide el techo de la retención francesa. El artículo 11 del convenio trata de los intereses: los intereses que proceden de un Estado y se pagan a un residente del otro Estado son imponibles en ese otro Estado, pero también pueden gravarse en el Estado de origen, con un tope del 10 % del importe bruto si el perceptor es el beneficiario efectivo. Y la definición de intereses del propio artículo incluye todos los demás productos asimilados a rendimientos de cantidades prestadas por la legislación fiscal del Estado del que proceden. El artículo 22, en cambio, trata de los demás rendimientos no regulados en otros artículos y los reserva en exclusiva al Estado de residencia del beneficiario efectivo.
Esta calificación no es un detalle teórico: si los rendimientos del rescate entran en el artículo 11, Francia puede retener hasta el 10 % y España descuenta lo pagado en Francia; si entran en el artículo 22, solo España puede gravar y toda retención francesa que supere ese reparto debe recuperarse. En la práctica, la administración francesa trata estos productos como rendimientos de fuente francesa sometidos a su retención en origen, y la vía para el residente en España consiste en invocar el convenio desde el primer momento: acreditar la residencia fiscal española con el certificado de residencia que expide la Agencia Tributaria española, pedir a la aseguradora la aplicación del tipo convencional y, si la retención ya se practicó en exceso, reclamar. La prueba de la residencia es el punto que más pleitos genera, porque el convenio resuelve los conflictos de residencia con criterios jerárquicos que empiezan por el hogar de habitación permanente, como recuerda la jurisprudencia citada sobre este mismo convenio. Quien vive todo el año en España, con su vivienda, su familia y su actividad allí, debe reunir desde el primer día las pruebas de esa residencia: padrón, facturas de suministros, billetes, contratos y declaraciones. Sobre cómo se prueba la residencia fiscal francesa y su cambio a España existe una explicación detallada que conviene leer antes de pelear por el tipo del convenio: residencia fiscal en Francia viviendo en España, criterios, prueba y cambio.
El otro pilar del convenio es la eliminación de la doble imposición. Su artículo 24 dice que, cuando un residente de España recibe rendimientos que son imponibles en Francia según el convenio, España concede sobre su propio impuesto una deducción igual al impuesto pagado en Francia, con un límite: la deducción no puede superar la fracción del impuesto español correspondiente a esos rendimientos imponibles en Francia. En la práctica española, esto significa declarar en España la totalidad de los rendimientos del rescate dentro de la renta mundial y aplicar después el crédito por el impuesto francés, con justificantes del pago en Francia. Si el impuesto francés supera al español correspondiente a esos rendimientos, el exceso no se devuelve: el crédito llega hasta el impuesto español, no más allá. Por eso conviene limitar primero la retención francesa al tope del convenio y solo después calcular el crédito en España.
Cuando los dos Estados no se ponen de acuerdo y la doble imposición persiste, el convenio ofrece una vía propia: el procedimiento amistoso de su artículo 26. El contribuyente que considere que las medidas de uno o de los dos Estados le generan una imposición contraria al convenio puede someter su caso a la autoridad competente de su Estado de residencia, con independencia de los recursos internos. El plazo es de tres años desde la primera notificación de la medida que genera la imposición contraria al convenio. Las autoridades deben intentar resolver el caso de común acuerdo, y lo acordado se aplica aunque los plazos internos hayan pasado. Es una vía lenta pero real, y su plazo de tres años convive con los plazos internos de reclamación, que son más cortos.
En Francia, además, el residente en España que percibe rendimientos de fuente francesa debe verificar si tiene que presentar declaración. La regla general de los no residentes con rentas francesas y los formularios aplicables se explican en la guía de declaración de la renta en Francia para no residentes, y la retención francesa sobre salarios de fuente francesa, que sigue una lógica parecida de gravamen en origen con convenio, en la guía de salario francés viviendo en España. Cada rendimiento tiene sus formularios, pero la lógica es siempre la misma: Francia grava en origen, el convenio pone el techo y España descuenta.
II. El cobro por fallecimiento: el capital, los dos gravámenes y el reparto entre Estados
A. Los dos gravámenes franceses sobre el capital del seguro
Cuando fallece el asegurado, el capital que paga la aseguradora al beneficiario designado no sigue las reglas del rescate: tiene sus propios gravámenes, y hay dos, que se aplican según la edad a la que se pagaron las primas. Conviene separarlos con nitidez, porque se calculan de forma distinta y se reclaman por vías distintas.
El primer gravamen es el del artículo 990 I del Código General de Impuestos. Se aplica a las sumas pagadas por causa de muerte cuando no entran en el campo del segundo gravamen, es decir, en general, a las primas pagadas antes de los setenta años del asegurado. La base es la parte rescatable de los contratos más las primas de la parte no rescatable, con un abatimiento fijo de 152 500 euros por beneficiario. El tipo es del 20 % para la parte imponible de cada beneficiario hasta 700 000 euros y del 31,25 % para lo que supere ese umbral. Un ejemplo sencillo: un beneficiario que recibe 500 000 euros de un contrato cuyas primas se pagaron antes de los setenta años descuenta 152 500 euros y paga el 20 % sobre 347 500 euros, es decir, 69 500 euros, siempre que no existan otros contratos del mismo asegurado que compartan el cálculo. La propia doctrina oficial califica este gravamen de exacción sui generis, es decir, de naturaleza propia y distinta de los derechos de sucesión ordinarios, en el BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20. Esa calificación tendrá consecuencias para el convenio, como se verá.
El segundo gravamen es el del artículo 757 B del Código General de Impuestos. Se aplica a la fracción de las primas pagadas después de los setenta años del asegurado, para contratos suscritos desde el 20 de noviembre de 1991. Esas sumas pagan los derechos de sucesión ordinarios según el parentesco entre el beneficiario y el asegurado, con un abatimiento global de 30 500 euros para el conjunto de los contratos del mismo asegurado. La doctrina oficial precisa que todos los contratos de seguro en caso de muerte o en caso de vida entran en este régimen, sea cual sea su nombre comercial e independientemente de que el beneficiario sea una persona física o jurídica, como se lee en el BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20.
Un caso especial merece atención: si el contrato no designa beneficiario, el capital pasa a formar parte de la sucesión del difunto y paga los derechos de sucesión ordinarios, según las reglas comunes. Así lo indica la doctrina oficial en el BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20. Una cláusula de beneficiario vacía, ambigua o caducada puede, por tanto, cambiar por completo la factura: conviene revisar la designación de beneficiarios antes de que sea tarde, sobre todo cuando el beneficiario vive en otro país.
La territorialidad de estos gravámenes depende del domicilio fiscal. El artículo 750 ter del Código General de Impuestos somete a los derechos de transmisión por causa de muerte todos los bienes muebles e inmuebles, estén en Francia o fuera de Francia, cuando el donante o el difunto tenía su domicilio fiscal en Francia, y solo los bienes situados en Francia cuando no lo tenía. Para el lector que vive en España, la pregunta decisiva es, pues, dónde tenía su domicilio fiscal el asegurado al fallecer y dónde está situado cada bien, porque de ahí depende qué puede gravar Francia. Y cuando Francia y España pueden gravar lo mismo, entra en juego el convenio sucesorio.
B. El convenio de 1963 sigue vivo para las sucesiones y reparte los bienes
Muchos creen que el convenio con España es solo el de 1995 sobre la renta. Pero en materia sucesoria sigue aplicándose el convenio firmado en Madrid el 8 de enero de 1963, cuyos artículos 29 a 38 sobre impuestos sucesorios continúan vigentes aunque la parte de renta fue sustituida primero por el convenio de 1973 y después por el de 1995. Así lo confirma la doctrina oficial francesa en el BOI-INT-CVB-ESP-20 sobre la convención con España en materia sucesoria. Del lado francés, el convenio cubre los derechos de transmisión por causa de muerte, y del lado español, el impuesto sobre sucesiones y donaciones.
El convenio reparte la herencia en dos masas imponibles, una en cada Estado. Los inmuebles solo tributan donde están situados. Y la regla que más interesa al beneficiario de un seguro de vida está en el artículo 34, sobre los demás bienes incorporales: los bienes incorporales de la sucesión que no están invertidos en una empresa ni afectos a una profesión liberal solo son imponibles en el Estado donde el difunto era residente al fallecer. La doctrina precisa que los valores mobiliarios y todos los demás créditos son bienes incorporales, de modo que los créditos cuyo deudor está domiciliado en Francia no pagan el impuesto sucesorio en Francia cuando forman parte de la sucesión de una persona residente en España al fallecer. Un capital de seguro de vida es, jurídicamente, un crédito del beneficiario contra la aseguradora: si el difunto era residente en España, el convenio atribuye esa masa a España. Cada Estado conserva, además, el derecho a calcular el tipo aplicable teniendo en cuenta el conjunto de los bienes, para respetar la progresividad de su escala: es la regla del artículo 36 del convenio.
Aquí aparece la dificultad que hay que mirar de frente. El convenio cubre los derechos de transmisión por causa de muerte, pero el gravamen del artículo 990 I es, según la propia administración francesa, una exacción de naturaleza propia, distinta de esos derechos. Las decisiones consultadas en este expediente no resuelven si el 990 I entra en el reparto del convenio cuando el beneficiario vive en España y la aseguradora en Francia. Ante esa incertidumbre, lo prudente no es afirmar ni en un sentido ni en otro, sino actuar: pedir a la administración francesa una toma de posición formal mediante una consulta vinculante, el llamado rescrit, antes de pagar o justo después, y conservar todas las pruebas del pago francés para pedir en España la eliminación de la doble imposición.
La consulta vinculante está regulada en el artículo L80 B del Libro de Procedimientos Fiscales: la administración debe responder en tres meses a la demanda escrita, precisa y completa de un contribuyente de buena fe. Y si el impuesto ya se pagó y se considera contrario al convenio o a la ley, la reclamación debe presentarse como muy tarde el 31 de diciembre del segundo año siguiente al del cobro del impuesto o a la notificación del aviso, según el artículo R*196-1 del Libro de Procedimientos Fiscales. Pasado ese plazo, la reclamación es inadmisible aunque el fondo sea excelente. En la práctica, el calendario manda: pedir el certificado de residencia española cuanto antes, reclamar en Francia dentro del plazo con el certificado y el convenio en la mano, declarar en España con el crédito correspondiente y, si la doble imposición subsiste, acudir al procedimiento amistoso del convenio de 1995 dentro de sus tres años.
Conclusión
El seguro de vida francés del residente en España se juega en dos tableros. En vida, al rescatar, Francia calcula los rendimientos como la diferencia entre lo cobrado y las primas, aplica su pago a cuenta y su tipo fijo del 12,8 % o el tipo reducido que corresponda, y el convenio con España limita la retención francesa y obliga a España a descontar lo pagado en Francia. Al fallecer el asegurado, el capital paga en Francia el gravamen del 990 I o los derechos del 757 B según la edad de las primas, y el convenio sucesorio de 1963 atribuye a España los créditos del residente español, con la zona gris del 990 I, que exige una consulta formal en lugar de una afirmación arriesgada. En los dos tableros valen las mismas tres reglas de prudencia: comprobar la base que calcula la aseguradora antes de discutir el tipo, acreditar la residencia fiscal española con documentos desde el primer día y no dejar pasar los plazos, el 31 de diciembre del segundo año para reclamar en Francia y los tres años para el procedimiento amistoso. El seguro de vida transfronterizo no perdona ni la improvisación ni el retraso, pero con las fuentes oficiales en la mano y el calendario bajo control, la doble imposición se evita o se recupera en la mayoría de los casos.