Despacho Kohen Avocats · Distrito 17 de París
Revolut en Italia bajo administración judicial: qué cambia para una cuenta en España y con el paso al banco francés Revolut Bank S.A.

El abogado Hassan KOHEN interviene con urgencia, desde la comisaría hasta el tribunal con jurado (cour d'assises). Primer análisis estratégico: 80 € IVA incluido, respuesta personal en un plazo de 24 horas.

100 % confidencial · Secreto profesional · Sin compromiso

Artículo generado por una inteligencia artificial, según un proceso diseñado y supervisado por el despacho

Fuente: Tribunal de Casación – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Colegio de Abogados de París Detención policial, instrucción, tribunal con jurado Ficha CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Hassan KOHEN
Abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París

Revolut en Italia bajo administración judicial: qué cambia para una cuenta en España y con el paso al banco francés Revolut Bank S.A.

Hablar con un abogado 06 89 11 34 45

El lunes 16 de noviembre de 2026, la justicia italiana intervino la sucursal en Italia del banco digital Revolut y la colocó durante un año bajo administración judicial, según El País. El diario precisa que el banco no está investigado como tal, que se trata de una medida preventiva y que la decisión no afecta al funcionamiento ordinario del banco ni a las cuentas de sus clientes en Italia. El Mundo añade que el tribunal no considera a la entidad cómplice de los clientes vinculados a actividades delictivas. Según El País, la filial española de Revolut recordó que la medida italiana no constituye ni una acusación penal ni una sanción.

En España, según la prensa económica, las cuentas dependen hoy de la sucursal española de Revolut Bank UAB, la entidad lituana del grupo. Según el comunicado de Revolut del 10 de agosto de 2026, recogido por Euronews, la nueva entidad francesa Revolut Bank S.A. atenderá primero a los clientes de Francia y después, en fases posteriores, a los de España, entre otros países; no se ha anunciado aún ningún calendario para España.

Los desarrollos que siguen son de alcance general: describen las comprobaciones útiles en cualquier situación comparable y no describen la situación de Revolut, sobre la que el artículo no formula ninguna constatación. Ninguna fuente oficial consultada constata, a la fecha de redacción, una indisponibilidad de depósitos ni establece responsabilidad alguna; los contratos firmados prevalecen sobre cualquier análisis general y solo un juez decide. El artículo explica el derecho de la Unión Europea y el derecho francés, que pasará a regir la garantía de los depósitos cuando una cuenta abierta en España dependa de un banco autorizado en Francia.

I. Una medida en Italia y una cuenta en España: qué protege hoy al cliente de un banco europeo con sucursal en España

A. ¿Afecta a mi cuenta en España una medida adoptada en otro país? Entidad, sucursal y supervisor

Conviene empezar por los hechos publicados. Según El País, la decisión procede de la Sección de Medidas de Prevención del Tribunal de Milán, que considera insuficientes los controles de la entidad contra el blanqueo de capitales, y se basa en una medida preventiva prevista en un decreto de 2011; el mismo diario recoge la declaración de Revolut, según la cual la entidad se toma muy en serio las normas contra el blanqueo y refuerza de forma constante sus sistemas, así como la de su filial española, que recordó no ser objeto de ninguna investigación penal. Según la prensa económica española, la sucursal española de la entidad lituana está inscrita en el registro del Banco de España. Según el comunicado de Revolut del 10 de agosto de 2026, Revolut Bank S.A. obtuvo una licencia bancaria completa tras una evaluación conjunta de la Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR, el supervisor bancario francés) y del Banco Central Europeo, y los mercados que se incorporarán tras Francia son Alemania, Irlanda, Italia, Portugal y España. En lo que sigue, los textos franceses se citan en su lengua original, seguidos de su traducción al español.

La primera comprobación es casi administrativa, pero condiciona todo lo demás: saber qué persona jurídica es la titular del contrato. En el mercado bancario europeo, una sucursal no es un banco distinto. Es un establecimiento del banco autorizado en otro Estado miembro, que opera en el país de acogida gracias al llamado pasaporte europeo. El contrato de cuenta, los extractos, el documento de información sobre la garantía de depósitos y el registro de entidades del Banco de España indican qué entidad presta el servicio y desde qué país ha sido autorizada. Esa información determina el supervisor competente, el fondo de garantía que cubre los depósitos y la entidad frente a la que se ejercen los derechos del cliente.

El derecho francés muestra cómo funciona ese pasaporte desde el lado del país de origen, que es el que interesará a los clientes españoles el día en que su cuenta dependa de un banco francés. El artículo L. 511-27 del Código monetario y financiero francés dispone que «Tout établissement de crédit ayant son siège social en France et désirant établir une succursale dans un autre Etat membre notifie son projet à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution» (toda entidad de crédito con domicilio social en Francia que desee establecer una sucursal en otro Estado miembro notificará su proyecto a la Autoridad de Control Prudencial y de Resolución). El supervisor francés transmite después esa información a la autoridad del Estado de acogida. Dicho de otro modo, la sucursal española de un banco francés sigue siendo ese banco francés: su solvencia se vigila desde Francia, en el marco de la supervisión bancaria europea en la que interviene el Banco Central Europeo, mientras que la autoridad del país de acogida, destinataria de esa notificación, conserva competencias sobre la actividad de la sucursal en su territorio; en el caso español, según la prensa económica, la vigilancia de la conducta de la sucursal corresponde al Banco de España.

Con esta grilla de lectura, una medida adoptada en otro Estado miembro se analiza con cuatro preguntas. ¿A qué entidad se dirige exactamente? ¿Qué actividad o qué territorio abarca? ¿Qué efectos tiene sobre las cuentas, según la propia decisión o las autoridades que la comunican? ¿Qué ha comunicado el banco a sus clientes? En el caso descrito en la introducción, la prensa española indica que la decisión de Milán se refiere a la actividad italiana y que no afecta a las cuentas ni al funcionamiento ordinario del banco. El presente artículo no analiza el derecho italiano: el despacho solo trata el derecho francés y el derecho de la Unión.

El derecho francés organiza de otro modo la intervención en la gestión de un banco. En Francia, los instrumentos que permiten intervenir en la dirección de una entidad de crédito pertenecen ante todo al supervisor y no al juez penal. El artículo L. 612-33 del mismo código prevé que, cuando la solvencia o la liquidez de una entidad, o los intereses de sus clientes, estén comprometidos o puedan estarlo, «l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures conservatoires nécessaires» (la Autoridad de Control Prudencial y de Resolución adopta las medidas cautelares necesarias). Entre ellas figura la posibilidad de «Limiter ou interdire temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités par cette personne, y compris l’acceptation de primes ou dépôts» (limitar o prohibir temporalmente el ejercicio de determinadas operaciones o actividades por dicha persona, incluida la aceptación de primas o depósitos). El artículo L. 612-34 va más allá: «L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut désigner un administrateur provisoire auprès d’une personne qu’elle contrôle, auquel sont transférés tous les pouvoirs d’administration, de direction et de représentation de la personne morale.» (la Autoridad de Control Prudencial y de Resolución puede designar un administrador provisional ante una persona que controla, al que se transfieren todas las facultades de administración, dirección y representación de la persona jurídica).

El Conseil d’État, máxima jurisdicción administrativa francesa, ha calificado esa facultad. En una decisión de 25 de marzo de 2021 (CE, 25 de marzo de 2021, n.º 438669), dictada a petición de un socio que reclamaba el nombramiento de un administrador provisional en un banco, se refiere a los «pouvoirs de police administrative qu’elle tient de l’article L. 612-34 du code monétaire et financier» (facultades de policía administrativa que le confiere el artículo L. 612-34 del Código monetario y financiero) y precisa, respecto al supervisor: «Elle dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation.» (dispone, a tal efecto, de un amplio margen de apreciación). La decisión añade que la negativa del supervisor a actuar es una decisión administrativa que el juez puede anular por error de hecho o de derecho, error manifiesto de apreciación o desviación de poder. Para un cliente, la lección práctica es sencilla: en derecho francés, la designación de un administrador provisional o la limitación de actividades son medidas de supervisión, distintas de la garantía de depósitos, que solo entra en juego cuando los depósitos resultan indisponibles, como se verá en la segunda parte.

B. ¿Está seguro el dinero de una cuenta en un banco europeo? La garantía de 100.000 euros y los controles contra el blanqueo

La protección de los depósitos está armonizada en toda la Unión por la Directiva 2014/49/UE relativa a los sistemas de garantía de depósitos. Su artículo 6, apartado 1, fija en 100.000 euros el nivel de garantía del conjunto de los depósitos de un mismo depositante en caso de indisponibilidad. Su artículo 14 establece la regla decisiva para una sucursal: el sistema de garantía del Estado de origen del banco cubre a los depositantes de las sucursales creadas en otros Estados miembros, y el reembolso lo efectúa el sistema del Estado de acogida por cuenta del sistema de origen y siguiendo sus instrucciones. Para una cuenta abierta en la sucursal española de un banco autorizado en otro Estado miembro, el fondo responsable es, por tanto, el del país de origen, y el interlocutor práctico del cliente es el fondo español que actúa por su cuenta. Según la prensa económica española, el sistema que cubre hoy los depósitos de la sucursal española de la entidad lituana del grupo es el lituano.

La misma directiva fija los plazos. Su artículo 8, apartado 1, obliga a los sistemas de garantía a poner los importes reembolsables a disposición en un plazo de siete días hábiles a partir de la constatación de la indisponibilidad por la autoridad administrativa competente o de la decisión judicial que la declare (artículo 8 de la Directiva 2014/49/UE). Su artículo 6, apartado 2, protege por encima de 100.000 euros, durante al menos tres meses y hasta doce meses después de su abono o desde que puedan transferirse legalmente, ciertos depósitos ligados a acontecimientos concretos, como la venta de una vivienda privada o determinados acontecimientos de la vida del depositante definidos por el derecho nacional (artículo 6 de la Directiva 2014/49/UE). La garantía responde, pues, a una situación precisa: la indisponibilidad de los depósitos constatada por una autoridad o un juez. Una medida de supervisión o de prevención dirigida a los controles internos de un banco no equivale, por sí sola, a esa constatación.

Otra cuestión preocupa con razón a los clientes de cualquier banco sometido a un refuerzo de sus controles contra el blanqueo: el bloqueo de la cuenta y las peticiones de documentos. Las obligaciones de diligencia debida derivan del derecho de la Unión y se aplican en cada Estado miembro según su propia normativa. El derecho francés, que regirá estas obligaciones para un banco autorizado en Francia en lo que dependa de la ley francesa, es claro en sus consecuencias. Según el artículo L. 561-8 del Código monetario y financiero, cuando una entidad no puede cumplir sus obligaciones de identificación y conocimiento del cliente, «elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires» (no ejecuta ninguna operación, cualesquiera que sean sus modalidades, ni establece ni mantiene ninguna relación de negocios). Existe además un vínculo directo entre esta obligación y la garantía de depósitos: el artículo L. 312-4-1 excluye de la garantía francesa «Les dépôts anonymes ou les dépôts dont le titulaire n’est pas identifié en application des articles L. 561-5 et suivants» (los depósitos anónimos o aquellos cuyo titular no esté identificado en aplicación de los artículos L. 561-5 y siguientes). Responder a tiempo y con documentos completos a una solicitud de verificación es, por tanto, la mejor manera de conservar a la vez el uso de la cuenta y la protección del dinero depositado.

La jurisprudencia francesa delimita, por otra parte, lo que el cliente puede reclamar al banco por esos controles. En una sentencia publicada en el Boletín, la Sala de lo Mercantil de la Cour de cassation, el tribunal supremo francés en materia civil y penal, juzgó que «L’obligation de vigilance à l’égard de la clientèle imposée aux organismes financiers en application des articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.» (la obligación de vigilancia respecto a la clientela impuesta a las entidades financieras tiene como única finalidad la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo), y que «En conséquence la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de leur inobservation pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier.» (en consecuencia, la víctima de actuaciones fraudulentas no puede invocar su incumplimiento para reclamar daños y perjuicios a la entidad financiera) (Cass. com., 4 de marzo de 2026, n.º 24-19.588). La misma sala recuerda el límite opuesto, el deber de no injerencia: «Le banquier, tenu à une obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, ne doit l’alerter qu’en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent.» (el banquero, obligado a no inmiscuirse en los asuntos de su cliente, solo debe alertarle en presencia de anomalías aparentes fácilmente detectables por un profesional normalmente diligente) (Cass. com., 4 de febrero de 2026, n.º 24-19.196). En la práctica, un cliente que reprocha a un banco un bloqueo, un retraso o una operación no detectada debe situar su reclamación en el régimen adecuado, contractual o propio de los servicios de pago, y no en el incumplimiento genérico de las normas contra el blanqueo.

II. Revolut Bank S.A. y el paso a un banco francés: qué cambiará para una cuenta abierta en España

A. Garantía del FGDR para una cuenta en España: 100.000 euros, pago a través del fondo español y plazos para reclamar

Según la prensa económica española, la entidad ha explicado que, una vez migrada la cuenta, los depósitos elegibles de los clientes españoles quedarán protegidos por el Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR), el fondo de garantía francés, hasta 100.000 euros por persona. El fundamento está en el derecho francés. El artículo L. 312-4-1 del Código monetario y financiero dispone que «Les établissements de crédit agréés en France adhèrent au fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des dépôts.» (las entidades de crédito autorizadas en Francia se adhieren al fondo de garantía de depósitos y de resolución en el marco del mecanismo de garantía de depósitos), y que «La garantie des dépôts couvre, dans la limite d’un plafond, les fonds laissés en compte auprès d’un établissement de crédit et libellés en euros ou dans la devise d’un autre Etat» (la garantía de depósitos cubre, dentro de un límite, los fondos dejados en cuenta en una entidad de crédito y denominados en euros o en la divisa de otro Estado).

La orden ministerial francesa de 27 de octubre de 2015, que detalla el funcionamiento de esta garantía, incluye expresamente las sucursales situadas fuera de Francia. Su artículo 1 se aplica a los depósitos de las entidades con sede en Francia, «ainsi que dans leurs succursales établies sur le territoire de la République française, sur le territoire de la Principauté de Monaco et, le cas échéant, dans les autres Etats membres de l’Union européenne ou dans les Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen» (así como en sus sucursales establecidas en el territorio de la República Francesa, en el del Principado de Mónaco y, en su caso, en los demás Estados miembros de la Unión Europea o en los Estados parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo). Su artículo 7 fija el límite: «Le plafond d’indemnisation par déposant est de 100 000 euros.» (el límite de indemnización por depositante es de 100.000 euros), y precisa que «Ce plafond s’applique au montant cumulé des comptes créditeurs d’un même déposant auprès du même établissement de crédit, quels que soient leur nombre et leur localisation dans le champ défini à l’article 1er.» (este límite se aplica al importe acumulado de las cuentas acreedoras de un mismo depositante en la misma entidad de crédito, cualesquiera que sean su número y su localización dentro del ámbito definido en el artículo 1). Consecuencia práctica para un español: si mantiene una cuenta en la sucursal española y otra en Francia en el mismo banco francés, ambas se suman para el cálculo del límite. En cambio, los depósitos que siga teniendo en otra entidad de crédito, aunque pertenezca al mismo grupo, dependen de la garantía de esa otra entidad.

Hay un supuesto que interesa especialmente a quien recibe una suma importante. Según el artículo 9 de la misma orden, «Toute somme constituant un dépôt à caractère exceptionnel et temporaire ouvre droit à un rehaussement du plafond de la garantie dans la limite de 500 000 euros, pendant trois mois à compter de la date à laquelle elle a été portée au crédit d’un compte entrant dans le champ de la garantie des dépôts.» (toda suma que constituya un depósito de carácter excepcional y temporal da derecho a un aumento del límite de la garantía hasta 500.000 euros, durante tres meses a partir de la fecha en que se haya abonado en una cuenta incluida en el ámbito de la garantía). El mismo artículo enumera las sumas afectadas, entre ellas el producto de la venta de una vivienda del depositante, una herencia, una donación o una indemnización por la ruptura de un contrato de trabajo. El artículo 11, apartado VI, añade que esa indemnización superior a 100.000 euros se realiza a petición del depositante, presentada en un plazo de dos meses a partir de la recepción de la carta-cheque o del acuse de recibo, en el sitio web del Fondo, de la notificación de la indemnización, y acompañada de los justificantes (artículo 11 de la orden de 27 de octubre de 2015). Conservar la escritura de venta o el documento de la herencia no es un detalle.

¿Cuándo se activa esta garantía? El artículo L. 312-5 responde: «Le mécanisme de garantie des dépôts est mis en œuvre sur demande de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque celle-ci constate qu’un établissement de crédit n’est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les fonds mentionnés au I de l’article L. 312-4-1» (el mecanismo de garantía de depósitos se activa a petición de la Autoridad de Control Prudencial y de Resolución cuando esta constata que una entidad de crédito ya no está en condiciones de restituir, de inmediato o a corto plazo, los fondos mencionados en el apartado I del artículo L. 312-4-1). Para las cuentas en Francia, el artículo 11, apartado III, de la orden fija el plazo: «Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution met à disposition l’indemnisation due aux déposants pour les dépôts couverts par la garantie sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle le collège de supervision de l’Autorité de contrôle prudentiel fait le constat de l’indisponibilité des dépôts de l’établissement de crédit adhérent» (el Fondo pone a disposición de los depositantes la indemnización debida por los depósitos cubiertos siete días hábiles después de la fecha en que el colegio de supervisión constata la indisponibilidad de los depósitos de la entidad adherida).

Para un cliente de una sucursal española, el mismo artículo 11 prevé una regla propia en su apartado VII: «Le délai mentionné au III n’est pas applicable aux déposants dont les dépôts sont détenus par une succursale de l’établissement de crédit ayant fait l’objet de la déclaration d’indisponibilité, qui est située dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.» (el plazo mencionado en el apartado III no se aplica a los depositantes cuyos depósitos estén en una sucursal de la entidad situada en otro Estado miembro de la Unión Europea o parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo), y precisa que «Ces déposants sont indemnisés, sous la responsabilité du Fonds de garantie des dépôts et de résolution, par l’intermédiaire d’un mécanisme de garantie des dépôts qui a été établi ou reconnu dans cet Etat, selon les modalités prévues par l’accord conclu entre ce mécanisme et le fonds.» (estos depositantes son indemnizados, bajo la responsabilidad del Fondo, a través de un mecanismo de garantía de depósitos establecido o reconocido en ese Estado, según las modalidades previstas en el acuerdo celebrado entre ese mecanismo y el fondo). El artículo L. 312-5 completa la regla: «La responsabilité du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du I n’est engagée vis-à-vis des déposants des succursales d’un de ses adhérents situées dans un autre pays de l’Espace économique européen que si le fonds de garantie du pays dans lequel est située cette succursale a agi conformément aux instructions données par le fonds de garantie des dépôts et de résolution.» (la responsabilidad del fondo francés frente a los depositantes de las sucursales de sus adheridos situadas en otro país del Espacio Económico Europeo solo se compromete si el fondo de garantía del país de la sucursal ha actuado conforme a sus instrucciones). Es la traducción francesa del artículo 14 de la Directiva 2014/49/UE: el dinero lo garantiza el fondo francés, pero el pago lo efectúa el fondo español por su cuenta. En cuanto al plazo de ese pago transfronterizo, la directiva fija con carácter general siete días hábiles en su artículo 8, y la orden francesa remite al acuerdo entre ambos fondos; los textos consultados no precisan otra cosa.

Si el depositante discrepa del importe, la orden de 2015 organiza el recurso. Su artículo 15 dispone que toda impugnación de la decisión del Fondo sobre la indemnización, antes de llevarse ante la jurisdicción administrativa francesa, «est précédée d’un recours gracieux présenté devant le fonds dans un délai de deux mois» (va precedida de un recurso de reposición presentado ante el fondo en un plazo de dos meses), plazo que el mismo artículo hace correr, según el caso, desde la recepción de la carta-cheque, desde el acuse de recibo en el sitio web del Fondo o desde la notificación de su decisión. Su artículo 16 añade que toda acción contra el Fondo relacionada con su intervención «est prescrite par deux ans à compter de la date de déclaration d’indisponibilité des dépôts» (prescribe a los dos años a partir de la fecha de declaración de indisponibilidad de los depósitos), salvo que el interesado pruebe que la ignoraba, en cuyo caso el plazo corre desde que tuvo conocimiento de ella, según el mismo artículo 16. El artículo L. 312-5, apartado V, prevé la misma prescripción de dos años y atribuye a la jurisdicción administrativa los recursos contra las decisiones del Fondo dictadas en aplicación de ese artículo (artículo L. 312-5 del Código monetario y financiero).

Dos precisiones completan el cuadro. La primera se refiere a las inversiones: la garantía de depósitos no cubre las acciones, los fondos ni los demás instrumentos financieros. El derecho francés prevé otro mecanismo, la garantía de los títulos, cuyo objeto, según el artículo L. 322-1, es «d’indemniser les investisseurs en cas d’indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces lorsqu’ils sont liés à un service d’investissement» (indemnizar a los inversores en caso de indisponibilidad de sus instrumentos financieros y de sus depósitos en efectivo vinculados a un servicio de inversión). Quien utiliza una aplicación bancaria para invertir debe comprobar qué entidad conserva sus títulos y qué sistema la cubre, que puede no ser el de su cuenta corriente. La segunda precisión es documental: el artículo L. 312-16 prevé que las entidades adheridas informen a los titulares de depósitos elegibles «au moyen du relevé de compte qui leur est délivré et du formulaire d’information type mentionné au a qui leur est adressé au moins une fois par an» (mediante el extracto de cuenta que se les entrega y el formulario normalizado de información que se les envía al menos una vez al año). Ese formulario es el documento que indica, negro sobre blanco, qué fondo cubre la cuenta en cada momento.

B. Contrato, ley aplicable y tribunal: qué derechos conserva el cliente español durante el traspaso

El paso de una entidad a otra se traduce para el cliente en una modificación de su contrato. La Directiva (UE) 2015/2366 sobre servicios de pago, conocida como DSP2, establece en su artículo 54, apartado 1, que toda modificación del contrato marco se propone al cliente con una antelación mínima de dos meses respecto a su fecha de entrada en vigor, que el cliente puede aceptarla o rechazarla antes de esa fecha y que, si la rechaza, tiene derecho a resolver el contrato sin gastos y con efecto en cualquier momento hasta la fecha en que la modificación se habría aplicado (artículo 54 de la Directiva (UE) 2015/2366). En Francia, para las cuentas de depósito, el artículo L. 312-1-1 lo transpone así: «Tout projet de modification de la convention de compte de dépôt est fourni sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d’application envisagée.» (todo proyecto de modificación del contrato de cuenta de depósito se entrega al cliente en papel o en otro soporte duradero a más tardar dos meses antes de la fecha de aplicación prevista). El mismo artículo prevé que el banco solo puede resolver un contrato de duración indefinida «moyennant un préavis d’au moins deux mois» (con un preaviso de al menos dos meses). Para una cuenta abierta en España, estas reglas francesas sirven de referencia; la regla europea común es la del artículo 54 de la directiva, que cada Estado miembro ha incorporado a su derecho.

¿Qué ley regirá el contrato de un consumidor español con un banco francés? El Reglamento (CE) n.º 593/2008, llamado Roma I, responde en su artículo 6. Un contrato celebrado por un consumidor con un profesional que ejerce su actividad en el país de residencia habitual del consumidor, o que dirige su actividad hacia ese país, se rige por la ley de ese país. Las partes pueden elegir otra ley, pero esa elección no puede privar al consumidor de la protección que le otorgan las disposiciones imperativas de la ley que se habría aplicado a falta de elección (artículo 6 del Reglamento Roma I). Si unas nuevas condiciones generales designan la ley francesa, el consumidor residente en España conserva, por tanto, las protecciones imperativas de la ley española. El despacho no describe esas protecciones españolas: se limita a la regla europea que las preserva.

La cuestión del tribunal sigue la misma lógica. El Reglamento (UE) n.º 1215/2012, llamado Bruselas I bis, permite al consumidor demandar a la otra parte ante los tribunales del Estado miembro de su domicilio o del lugar donde él mismo está domiciliado, y obliga al profesional a demandar al consumidor ante los tribunales del Estado miembro en que este está domiciliado (artículo 18 del Reglamento Bruselas I bis). Esa protección exige que el contrato entre en el ámbito del artículo 17, y la Cour de cassation verifica con rigor esa condición. En una sentencia de 25 de marzo de 2026, publicada en el Boletín y en el Informe anual, recordó el texto según el cual el contrato debe haberse celebrado con una persona que «exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre» (ejerce actividades comerciales o profesionales en el Estado miembro del domicilio del consumidor o que, por cualquier medio, dirige esas actividades hacia ese Estado miembro), y aprobó a los jueces que habían descartado esa condición en el caso de un contrato firmado en el Líbano con un banco libanés, sin que se hubiera acreditado que este dirigía su actividad hacia Francia (Cass. civ. 1.ª, 25 de marzo de 2026, n.º 24-21.790). Para un banco que opera en España a través de una sucursal, la existencia de esa actividad en el país del consumidor resulta, en principio, más fácil de acreditar; aun así, conviene conservar el contrato, las comunicaciones comerciales recibidas y la prueba del domicilio.

Esa misma sentencia, junto con otra del mismo día, muestra la importancia del domicilio en la fecha de la demanda. Cuando el banco no está domiciliado en la Unión y el reglamento remite al derecho del foro, la Cour de cassation, aplicando los principios del derecho internacional privado francés, afirmó que «En cas de contrat conclu avec un consommateur, celui-ci ne peut être privé par une clause attributive désignant une juridiction étrangère du droit de saisir les juridictions françaises s’il est domicilié en France.» (en caso de contrato celebrado con un consumidor, este no puede verse privado, por una cláusula atributiva de competencia que designe una jurisdicción extranjera, del derecho a acudir a los tribunales franceses si está domiciliado en Francia), mientras que en el asunto paralelo aprobó a los jueces que habían considerado válida la cláusula a favor de los tribunales del Estado tercero porque los clientes no estaban domiciliados en Francia en la fecha de la demanda (Cass. civ. 1.ª, 25 de marzo de 2026, n.º 24-21.422). Estas dos sentencias se refieren a bancos de un Estado tercero; muestran, sin embargo, que quien cambia de país de residencia debe comprobar dónde está domiciliado en el momento de iniciar una acción. La situación de quien vive en Francia con una cuenta abierta en España plantea además cuestiones fiscales propias, tratadas en nuestra guía sobre las cuentas bancarias en España de los residentes en Francia.

Queda el litigio más frecuente: el pago no autorizado o mal ejecutado, por ejemplo tras un falso mensaje que suplanta al banco. La Cour de cassation ha juzgado que «dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier» (cuando se exige la responsabilidad de un proveedor de servicios de pago por una operación no autorizada o mal ejecutada, solo es aplicable el régimen de responsabilidad definido en los artículos L. 133-18 a L. 133-24 del Código monetario y financiero) (Cass. com., 15 de enero de 2025, n.º 23-15.437). La sentencia precisa que esos artículos transponen los artículos 71 a 74 de la DSP2: se trata, por tanto, de un régimen europeo armonizado que existe también en el derecho español. Su núcleo está en el artículo L. 133-18, según el cual el proveedor del ordenante «rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant» (reembolsa al ordenante el importe de la operación no autorizada inmediatamente después de haber tenido conocimiento de ella o de haber sido informado, y en todo caso a más tardar al final del primer día hábil siguiente), salvo sospecha fundada de fraude del usuario comunicada por escrito al Banco de Francia, según el mismo artículo. Un cambio de entidad no modifica esta lógica: lo importante es identificar qué entidad era el proveedor de servicios de pago en la fecha de la operación discutida.

Cuando llegue la comunicación del banco sobre el traspaso, una lectura ordenada evita sorpresas. Conviene anotar la entidad que pasará a prestar el servicio y su país de autorización; la fecha efectiva del cambio y la fecha límite para oponerse; el mantenimiento o no del IBAN y de las domiciliaciones; la situación de las tarjetas y de los pagos periódicos; la entidad que conservará las inversiones, los productos de ahorro o las criptomonedas, que no son depósitos; el nuevo formulario de información sobre la garantía de depósitos, y el procedimiento para resolver el contrato sin gastos si el cliente no acepta la modificación, en los términos del artículo 54 de la DSP2. Guardar una copia fechada de cada documento es la mejor prueba en caso de discrepancia posterior.

Conclusión

Una medida judicial o de supervisión adoptada en otro Estado miembro no equivale, por sí sola, a una indisponibilidad de los depósitos. Para cualquier cliente de un banco digital europeo con sucursal en España, la primera comprobación consiste en identificar la entidad titular del contrato, su país de autorización y el fondo que garantiza los depósitos. Hoy, el derecho de la Unión confía esa garantía al sistema del país de origen del banco, con un límite de 100.000 euros por depositante, y organiza el pago a través del fondo del país de la sucursal. Cuando una cuenta pase a depender de un banco autorizado en Francia, el fondo responsable será el FGDR francés: el límite se calculará sumando todas las cuentas del cliente en ese banco, cualquiera que sea su localización, ciertos depósitos excepcionales podrán beneficiarse de un límite de 500.000 euros durante tres meses y el pago a los clientes de la sucursal española se hará por medio del fondo español, bajo la responsabilidad del fondo francés.

El traspaso de un contrato tampoco priva al consumidor de sus derechos: dos meses de antelación para cualquier modificación y derecho a resolver sin gastos, protección de las normas imperativas de la ley de su residencia y posibilidad de litigar ante los tribunales de su domicilio, dentro de los límites que recuerda la jurisprudencia francesa. A la fecha de redacción, ninguna fuente oficial consultada constata una indisponibilidad de depósitos en las entidades mencionadas en la introducción ni establece responsabilidad alguna; los contratos firmados y las comunicaciones de cada banco prevalecen sobre este análisis general, y solo un juez puede decidir sobre un litigio concreto.

📄 Circular oficial