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Agrupación de Tráfico: cómo recurrir una multa de la Guardia Civil

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Fuente: Tribunal de Casación – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Colegio de Abogados de París Detención policial, instrucción, tribunal con jurado Ficha CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Hassan KOHEN
Abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París

Agrupación de Tráfico: cómo recurrir una multa de la Guardia Civil

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Hassan Kohen, abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París.

En España se busca estos días «agrupación de tráfico». Detrás de esa consulta suele haber una situación muy concreta: un agente de la Guardia Civil le ha parado en carretera y le ha entregado un boletín de denuncia, o la denuncia le ha llegado días después por vía electrónica o por correo, y usted no está de acuerdo con lo que describe. Las preguntas se repiten. ¿Basta la palabra del agente para sancionar? ¿Cuánto tiempo hay para responder? ¿Conviene pagar con descuento o presentar alegaciones? ¿Qué ocurre si, pese a todo, llega la resolución?

Esta guía ofrece información general sobre el derecho español aplicable a las denuncias de tráfico formuladas por agentes en vías interurbanas y travesías. El método que expone es de alcance general y no sustituye la lectura de su propio expediente. Las comunidades autónomas que han asumido las funciones de tráfico y los ayuntamientos, en las vías urbanas, cuentan con órganos sancionadores propios. Los hechos que puedan constituir delito siguen otra vía y quedan fuera de este análisis.

La idea central cabe en una frase: la denuncia del agente vale como prueba, pero solo hasta que se demuestre lo contrario, y ese «contrario» se construye con documentos, plazos y peticiones concretas dentro del procedimiento. Quien deja pasar los veinte días naturales sin hacer nada, o paga sin medir a qué renuncia, pierde la mayor parte de su margen de defensa.

I. Qué prueba la denuncia de un agente de la Agrupación de Tráfico

A. Quién denuncia, quién sanciona y qué debe constar en el boletín

El punto de partida es saber quién hace qué. El artículo 6.2 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, dispone que, para la vigilancia del tráfico y para la denuncia de las infracciones, actúe la Guardia Civil, «especialmente su Agrupación de Tráfico, que a estos efectos depende específicamente del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico». El agente observa, denuncia y documenta. No es él quien impone la multa.

La sanción corresponde a otra autoridad. Según el artículo 84.1 de la misma ley, la competencia para sancionar las infracciones cometidas en vías interurbanas y travesías corresponde al Jefe de Tráfico de la provincia en que se haya cometido el hecho. Si la infracción se ha cometido en el territorio de más de una provincia, la competencia corresponde, en su caso, al Jefe de Tráfico de la provincia en que la infracción hubiera sido primeramente denunciada. El artículo 84.3 añade que, en las comunidades autónomas que han recibido el traspaso de funciones y servicios en materia de tráfico, son competentes los órganos previstos en la normativa autonómica, y el artículo 84.4 atribuye a los alcaldes la sanción de las infracciones a las normas de circulación cometidas en vías urbanas. Este reparto tiene una consecuencia práctica inmediata: sus alegaciones y sus recursos se dirigen al órgano que va a resolver, no a la unidad del agente.

El momento en que empieza el procedimiento también importa. El artículo 86.2 de la ley de tráfico establece que la denuncia formulada por los agentes encargados de la vigilancia del tráfico, cuando se notifica en el acto al denunciado, es el acto de iniciación del procedimiento sancionador a todos los efectos. Dicho de otro modo, cuando el agente le entrega el boletín en la carretera, el procedimiento ya está abierto y los plazos empiezan a correr desde ese día. No hace falta esperar ninguna carta posterior para reaccionar.

La ley prefiere que la denuncia se entregue en el acto. El artículo 89.1 lo dice de forma directa: las denuncias se notificarán en el acto al denunciado. El artículo 89.2 admite una notificación posterior en cuatro supuestos: que detener el vehículo pueda originar un riesgo para la circulación, en cuyo caso el agente deberá indicar los motivos concretos que lo impiden; que el vehículo esté estacionado sin el conductor presente; que la infracción se haya conocido mediante medios de captación y reproducción de imágenes que permitan identificar el vehículo; o que el agente esté realizando labores de vigilancia, control, regulación o disciplina del tráfico y carezca de medios para seguir al vehículo. Si la denuncia le ha llegado más tarde, compruebe cuál de estos supuestos se invoca y, en el primero, si figuran los motivos concretos que exige la ley.

El contenido del boletín no es libre. El artículo 87.2 exige que en las denuncias por hechos de circulación conste, en todo caso, la identificación del vehículo, la identidad del denunciado si se conoce, una descripción sucinta del hecho con expresión del lugar o tramo, fecha y hora, y, cuando el denunciante es un agente de la autoridad, su número de identificación profesional. Cuando la denuncia se notifica en el acto, el artículo 87.3 añade otras menciones: la infracción presuntamente cometida, la sanción que pueda corresponder y los puntos cuya pérdida lleve aparejada; el órgano competente para sancionar y la norma que le atribuye esa competencia; las consecuencias del pago; el plazo de veinte días naturales para pagar con reducción o para formular alegaciones y proponer pruebas, con indicación de los lugares donde presentarlas; y la advertencia de que, si no se hace nada, el procedimiento se tendrá por concluido conforme al artículo 95.4.

Con esa lista en la mano, lea su boletín línea por línea. Compruebe la matrícula, la marca y el modelo del vehículo; el punto kilométrico o el tramo; la fecha y la hora; la descripción del hecho; el precepto que se considera infringido y el número del agente. Anote cada discrepancia con sus propios datos: un justificante de peaje, un ticket de aparcamiento, la factura de un taller, el historial de ubicación de su teléfono o el registro de un sistema de gestión de flotas pueden situar el vehículo en otro lugar u otra hora. Un dato erróneo no anula por sí solo la denuncia, pero puede debilitar la descripción del hecho, y debe señalarse expresamente en las alegaciones. Lo que no se dice en el procedimiento difícilmente se podrá hacer valer después.

B. Valor probatorio «salvo prueba en contrario»: qué significa y cómo se combate

El núcleo de la cuestión está en el artículo 88 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico. Según ese precepto, las denuncias formuladas por los agentes encargados de la vigilancia del tráfico, en el ejercicio de esas funciones, tienen valor probatorio, salvo prueba en contrario, respecto de tres extremos: los hechos denunciados, la identidad de quienes los cometieron y, en su caso, la notificación de la denuncia. El mismo artículo deja a salvo el deber de los agentes de aportar todos los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado.

La frase tiene dos mitades y conviene leerlas juntas. La primera otorga a la versión del agente un peso probatorio propio: sobre los hechos, sobre quién los cometió y sobre la notificación, la denuncia sirve de prueba sin necesidad de otra cosa. La segunda impone al agente un deber: aportar todos los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado. Un boletín que se limita a una fórmula genérica no tiene la misma solidez que una denuncia acompañada de fotografías, de la lectura de un aparato de medida o de una descripción detallada del lugar y de la maniobra. Cuando el hecho admitía documentarse y no se documentó, ese silencio forma parte de lo que usted puede señalar.

Esta regla especial se inserta en un marco general. El artículo 83.1 de la ley de tráfico precisa que no se puede imponer sanción alguna sino en virtud de un procedimiento instruido conforme a su capítulo de procedimiento sancionador y, supletoriamente, a la normativa de procedimiento administrativo común. Esa normativa es la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Su artículo 77.5 recoge la misma idea para todos los documentos formalizados por funcionarios con condición de autoridad: los hechos constatados por ellos, observándose los requisitos legales, «harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario». Y su artículo 53.2.b) reconoce a los presuntos responsables, en los procedimientos sancionadores, el derecho a la «presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario».

En la cúspide del sistema, el artículo 25.1 de la Constitución Española establece que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que, en el momento de producirse, no constituyan delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente. El artículo 24.1 garantiza la tutela efectiva de los jueces y tribunales «sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión». Estas garantías no eliminan el valor de la denuncia del agente, pero explican por qué ese valor admite prueba en contrario y por qué el procedimiento debe permitirle presentarla.

¿Qué cuenta como prueba en contrario? El artículo 77.1 de la Ley 39/2015 permite acreditar los hechos relevantes por cualquier medio de prueba admisible en Derecho. En la práctica, las pruebas útiles son las que contradicen un elemento concreto de la denuncia, no las que expresan desacuerdo. Si la denuncia se refiere a una señal, fotografías fechadas del lugar que muestren su ausencia, su ocultación o su colocación pueden ser relevantes. Si se discute la hora o el lugar, sirven los justificantes con fecha y hora, los registros de ubicación y las declaraciones de testigos identificados. Si se discute la identidad del vehículo, la documentación que demuestre que otro vehículo con datos parecidos pudo ser el observado. Una simple negación, sin apoyo, deja intacta la versión del agente.

Cuando la denuncia se apoya en un aparato, hay un argumento adicional. El artículo 83.2 de la ley de tráfico dispone que los instrumentos, aparatos o medios y sistemas de medida utilizados para formular denuncias por infracciones a la normativa de tráfico estarán sometidos a control metrológico en los términos de la normativa de metrología. Si la infracción se basa en una medición, es razonable pedir en las alegaciones que se incorpore al expediente la documentación que acredite ese control respecto del aparato empleado y la lectura concreta que sustenta la denuncia.

El procedimiento ofrece herramientas para que esa prueba se practique. El artículo 95.2 de la ley de tráfico prevé que, si las alegaciones aportan datos nuevos o distintos de los constatados por el agente denunciante, y siempre que el instructor lo estime necesario, se dé traslado de ellas al agente para que informe en el plazo de quince días naturales. El mismo apartado permite al instructor acordar las pruebas que estime pertinentes y exige que la denegación de la práctica de pruebas sea motivada, dejando constancia en el procedimiento. En el mismo sentido, el artículo 77.3 de la Ley 39/2015 solo permite rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada. De ahí una pauta de redacción: proponga las pruebas de forma expresa y concreta, por ejemplo la ratificación o el informe del agente sobre un extremo determinado, la aportación de las fotografías tomadas o la documentación del aparato, y explique para qué sirve cada una.

Por último, para discutir una prueba hay que conocerla. El artículo 53.1.a) de la Ley 39/2015 reconoce a los interesados el derecho a conocer en cualquier momento el estado de la tramitación, el órgano competente para la instrucción y la resolución, y los actos de trámite dictados, así como a acceder y obtener copia de los documentos contenidos en el procedimiento. Pedir copia del expediente, incluido el boletín completo y los elementos que el agente haya aportado, permite ajustar las alegaciones a lo que realmente consta en él y no a lo que se supone que contiene.

II. Plazos y vías para contestar una multa de tráfico de la Guardia Civil

A. Los veinte días naturales: pagar con reducción, alegar o identificar al conductor

El artículo 93.1 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico fija el plazo decisivo: notificada la denuncia, ya sea en el acto o en un momento posterior, el denunciado dispone de veinte días naturales para realizar el pago voluntario con reducción de la multa, o para formular alegaciones y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas. Son días naturales, no hábiles. El artículo 30.2 de la Ley 39/2015 establece que, por regla general, los plazos señalados por días son hábiles, salvo que una ley declare que son naturales, como hace aquí la ley de tráfico. Los sábados, domingos y festivos cuentan. El artículo 30.3 indica que los plazos en días se cuentan a partir del día siguiente a la notificación, y el artículo 30.5 prevé que, cuando el último día del plazo sea inhábil, se entiende prorrogado al primer día hábil siguiente. Aun así, lo prudente es no esperar al último día.

Fijar la fecha de notificación es, por tanto, el primer trabajo. Si la denuncia se entregó en el acto, la fecha es la del boletín. Si se notificó después, el artículo 90 de la ley de tráfico regula la notificación en la Dirección Electrónica Vial: la notificación se entiende practicada desde el acceso a su contenido, y, si transcurren diez días naturales desde su puesta a disposición sin que se acceda a ella, se entiende rechazada, salvo imposibilidad técnica o material comprobada, y el procedimiento continúa. Quien no tenga esa dirección recibirá la notificación en el domicilio indicado para el procedimiento o, en su defecto, en el que figure en los registros de la Jefatura Central de Tráfico. El artículo 91 prevé la publicación en el Boletín Oficial del Estado cuando esas vías fallan, con la notificación entendida practicada a los veinte días naturales de la publicación, y el artículo 92 contempla además, con carácter previo y facultativo, el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico. Mantener actualizado el domicilio y revisar la Dirección Electrónica Vial, si se tiene, evita descubrir una sanción cuando ya no queda plazo.

La primera opción es pagar. El artículo 94 detalla lo que ocurre si se paga en el acto o dentro de los veinte días naturales: la multa se reduce en un 50 por ciento; se renuncia a formular alegaciones, que, si se presentan, se tendrán por no presentadas; el procedimiento termina sin resolución expresa el día del pago; se agota la vía administrativa, de modo que la sanción solo es recurrible ante el orden contencioso-administrativo, con un plazo que se inicia el día siguiente al pago; y la sanción adquiere firmeza en vía administrativa desde ese momento. El mismo artículo añade que la sanción no computará como antecedente en el Registro de Conductores e Infractores siempre que se trate de infracciones graves que no lleven aparejada pérdida de puntos. Pagar no es, por tanto, un gesto neutro: cierra la discusión administrativa y, cuando la infracción lleva puntos, conduce a su anotación una vez firme la sanción, conforme al artículo 87.4. El artículo 93.2 excluye además del procedimiento abreviado varias infracciones muy graves que enumera, entre ellas la de no identificar verazmente al conductor y la de conducir con inhibidores de radar.

La segunda opción es alegar. El artículo 95.1 concede el mismo plazo de veinte días naturales para formular las alegaciones que se tengan por convenientes y proponer o aportar las pruebas oportunas. Un escrito eficaz identifica el expediente y la denuncia, expone los hechos tal como usted los sostiene, señala los errores o las omisiones del boletín, relaciona los documentos que adjunta y propone de forma concreta las pruebas que deben practicarse. Puede pedir en el mismo escrito copia del expediente y el archivo del procedimiento. Conserve el justificante de presentación con su fecha. El artículo 93.4 permite presentar alegaciones, escritos y recursos en los registros y oficinas previstos por la normativa de procedimiento administrativo común y en los designados expresamente en la denuncia o en la resolución.

¿Y si no hace nada? El artículo 95.4 responde con precisión. Si el denunciado no formula alegaciones ni paga en los veinte días naturales siguientes a la notificación, la denuncia surte el efecto de acto resolutorio en tres casos: las infracciones leves, en todo caso; las graves que no supongan detracción de puntos cuya notificación no se haya podido efectuar en el acto; y las graves y muy graves notificadas en el acto, supongan o no la detracción de puntos. En estos supuestos, la sanción puede ejecutarse transcurridos treinta días naturales desde la notificación de la denuncia, y el artículo 95.5 precisa que esa terminación pone fin a la vía administrativa. Fuera de esos casos, el órgano competente debe dictar resolución. En esos supuestos, el silencio del denunciado convierte la denuncia en la decisión final sin que se haya examinado ninguna versión distinta de la del agente.

Un supuesto merece atención especial: el del titular que no conducía. El segundo párrafo del artículo 93.1 dispone que, cuando no se ha producido la detención del vehículo, el titular, el arrendatario a largo plazo o el conductor habitual, en su caso, disponen de veinte días naturales para identificar al conductor responsable, contra el que se iniciará el procedimiento sancionador, y que esa identificación se hará por medios telemáticos si la notificación se realizó en la Dirección Electrónica Vial. El artículo 77.j) califica como infracción muy grave el incumplimiento por el titular o el arrendatario de la obligación de identificar verazmente al conductor cuando sean debidamente requeridos en el plazo establecido, y el artículo 80.2.b) fija para ella una multa del doble de la prevista para la infracción originaria si esta es leve, y del triple si es grave o muy grave. Identificar dentro de plazo y con datos veraces evita convertir una infracción ajena en una propia más cara.

B. Después de la resolución: reposición, vía contencioso-administrativa, prescripción y caducidad

Una vez instruido el procedimiento, el artículo 95.3 de la ley de tráfico prevé que el instructor eleve la propuesta de resolución al órgano competente para sancionar. Solo se da traslado de esa propuesta al interesado, para nuevas alegaciones en quince días naturales, si figuran en el procedimiento o se han tenido en cuenta en la resolución otros hechos, alegaciones o pruebas distintos de los aducidos por él. Según el artículo 96.1, la resolución sancionadora pone fin a la vía administrativa y la sanción se puede ejecutar desde el día siguiente a su notificación.

Contra esa resolución cabe, en primer lugar, el recurso de reposición. El artículo 96.2 lo configura como potestativo y fija un plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación, ante el mismo órgano que dictó la resolución. El artículo 96.3 advierte que su interposición no suspende la ejecución de la sanción y que, si se solicita la suspensión, se entiende denegada transcurrido un mes sin resolución. El artículo 96.5 dispone que el recurso se entiende desestimado si no recae resolución expresa en el plazo de un mes, quedando expedita la vía contencioso-administrativa. Hay además un límite que condiciona toda la estrategia, recogido en el artículo 96.4 de la ley de tráfico: en la resolución del recurso no se tienen en cuenta los hechos, documentos y alegaciones del recurrente que hubieran podido aportarse en el procedimiento originario. La consecuencia es clara: las pruebas se aportan en la fase de alegaciones; guardarlas para el recurso es arriesgarse a que no se examinen.

La notificación de la resolución debe facilitarle el camino. El artículo 40.2 de la Ley 39/2015 exige que toda notificación contenga el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos. Su artículo 40.3 añade que una notificación que contenga el texto íntegro pero omita alguno de esos requisitos surte efecto desde que el interesado realiza actuaciones que suponen el conocimiento de su contenido y alcance o interpone el recurso que proceda. Su artículo 123.2 recuerda que, si se opta por la reposición, no se puede acudir a la vía contencioso-administrativa hasta que ese recurso se resuelva expresamente o se entienda desestimado.

El control judicial se rige por la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Su artículo 46.1 fija en dos meses el plazo para interponer el recurso, contados desde el día siguiente a la notificación del acto que pone fin a la vía administrativa, si fuera expreso, y el artículo 46.4 hace correr ese plazo, cuando se interpuso reposición, desde el día siguiente a la notificación de su resolución expresa o a aquel en que deba entenderse presuntamente desestimado. El artículo 8.3 atribuye a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo los recursos contra actos de la Administración periférica del Estado y de los organismos públicos cuya competencia no se extiende a todo el territorio nacional, con las excepciones que el propio precepto enumera; el pie de recurso de la resolución, exigido por el artículo 40.2 antes citado, debe indicar el órgano ante el que acudir. El artículo 78.1 somete al procedimiento abreviado, entre otros, los asuntos de competencia de los Juzgados cuya cuantía no supere los 30.000 euros. Y el artículo 23.1 dispone que, ante órganos unipersonales, las partes podrán conferir su representación a un procurador y serán asistidas, en todo caso, por abogado.

Antes de dar ese paso conviene ponderar lo que realmente está en juego. La cuantía de la multa es solo una parte. El artículo 113.1 de la ley de tráfico obliga a comunicar al Registro de Conductores e Infractores las sanciones por infracciones graves y muy graves y la detracción de puntos en los quince días naturales siguientes a su firmeza en vía administrativa, y el artículo 113.4 prevé que esas anotaciones se cancelen de oficio, a efectos de antecedentes, transcurridos tres años desde su total cumplimiento o prescripción. Para quien depende del permiso de conducción por su trabajo, la pérdida de puntos puede pesar más que el importe. Conviene medir esas consecuencias antes de decidir si se paga, se alega o se recurre.

Los plazos de la Administración también cuentan. El artículo 112.1 fija la prescripción de las infracciones en tres meses para las leves y seis meses para las graves y muy graves, a contar desde el mismo día en que se cometieron los hechos. El artículo 112.2 precisa que la prescripción se interrumpe por cualquier actuación administrativa de la que tenga conocimiento el denunciado o que esté encaminada a averiguar su identidad o domicilio y se practique con otras administraciones, instituciones u organismos, así como por la notificación de la denuncia, y que el plazo se reanuda si el procedimiento se paraliza durante más de un mes por causa no imputable al denunciado. El artículo 112.3 establece la caducidad: si no se ha dictado resolución sancionadora transcurrido un año desde la iniciación del procedimiento, se procede al archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio, con una suspensión del cómputo cuando la paralización obedece al conocimiento de los hechos por la jurisdicción penal. Ordenar en una cronología la fecha del hecho, la de cada notificación, la de cada escrito y la de la resolución permite comprobar si alguno de esos límites se ha superado.

Dos últimas reglas completan el cuadro. Si la sanción adquiere firmeza, el artículo 110.1 concede un plazo final de quince días naturales para pagar la multa, tras el cual se inicia el procedimiento de apremio, y el artículo 112.4 fija en cuatro años el plazo de prescripción de las sanciones de multa, desde el día siguiente a su firmeza en vía administrativa. Y si en el procedimiento aparecen indicios de un delito perseguible de oficio, el artículo 85.1 obliga a la autoridad administrativa a ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal y a suspender las actuaciones; los apartados siguientes regulan el archivo o la continuación del procedimiento según el resultado del proceso penal y, si el procedimiento sancionador se reanuda, la resolución debe respetar los hechos declarados probados en ese proceso.

Esta guía sobre derecho español forma parte de la información jurídica en español del despacho de París. Su objeto es ayudar a leer una denuncia y a ordenar los plazos; la valoración de un caso concreto depende siempre del contenido del expediente y de la normativa aplicable en el lugar de los hechos.

Conclusión

Una denuncia de un agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil no es una condena anticipada, pero tampoco una simple opinión. El artículo 88 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico le reconoce valor probatorio sobre los hechos, la identidad y la notificación, salvo prueba en contrario, y obliga al agente a aportar todos los elementos probatorios posibles. Entre esos dos polos se juega la defensa: leer el boletín frente a las exigencias del artículo 87, pedir copia del expediente, reunir pruebas que contradigan un elemento concreto y proponer expresamente las diligencias que el instructor debe valorar.

El calendario manda. Los veinte días naturales desde la notificación obligan a elegir entre pagar con una reducción del 50 por ciento, renunciando a alegar, o presentar alegaciones con todas las pruebas, porque el recurso de reposición no examinará lo que pudo aportarse antes. Si no se hace nada, la denuncia puede convertirse en la resolución final. El titular que no conducía debe identificar verazmente al conductor en ese mismo plazo.

Después de la resolución quedan el recurso potestativo de reposición en un mes y la vía contencioso-administrativa en dos meses, con asistencia letrada. La prescripción de la infracción y la caducidad del procedimiento al año ofrecen un control adicional que solo se ejerce con una cronología precisa de fechas.

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