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Flota pesquera: quién paga la repatriación cuando termina el contrato en un puerto extranjero

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Fuente: Tribunal de Casación – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Colegio de Abogados de París Detención policial, instrucción, tribunal con jurado Ficha CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Hassan KOHEN
Abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París

Flota pesquera: quién paga la repatriación cuando termina el contrato en un puerto extranjero

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En España se busca «flota pesquera». Para quien trabaja a bordo de un pesquero de pabellón español, una pregunta concreta es quién paga el regreso si el contrato termina mientras el buque está en un puerto extranjero. En los supuestos que regula el artículo 4 del Real Decreto 618/2020, de 30 de junio, el coste de la repatriación al país de residencia corresponde al armador. La excepción que recoge el texto para el despido disciplinario exige que se haya declarado procedente. Una carta en la que la empresa califique así el despido no equivale por sí sola a esa declaración.

Este análisis explica con carácter general el derecho laboral español aplicable a la pesca comercial. La respuesta en cada caso depende del pabellón, de la relación de trabajo, de la situación del buque o del traslado a puerto y del hecho que activa el derecho a regresar. El país de residencia también importa. Puede ser distinto del país del pasaporte o del lugar donde se firmó el contrato. El artículo distingue entre el viaje pendiente y los gastos ya pagados, explica qué acredita cada documento y señala qué comprobar si se discute el motivo del desembarque o quién debe asumir el coste.

Hassan Kohen, abogado del Colegio de Abogados de París.

I. Cuándo nace el derecho al regreso y quién paga el viaje

A. El pabellón, el puerto y la causa del desembarque

El punto de partida es el puesto de trabajo a bordo. Los artículos 2 y 3 del Real Decreto 618/2020 sitúan su ámbito general en la pesca comercial y en el trabajo por cuenta ajena en un buque pesquero abanderado en España o registrado bajo plena jurisdicción española. El artículo 4, que contiene la regla concreta de repatriación, se refiere expresamente al pabellón español. Esta distinción importa cuando el armador tiene su sede en un país, el contrato se firma en otro y el buque navega bajo una tercera bandera. La sede de la empresa y el lugar de contratación sirven para identificar la relación laboral. Para aplicar este artículo hay que comprobar además qué pabellón enarbolaba el buque.

El régimen se refiere a la pesca comercial y atiende al trabajo realizado a bordo. El artículo 2 excluye de la definición de pescador a los prácticos, a los observadores científicos y al personal de tierra que realiza trabajos a bordo mientras el buque está en puerto. El artículo 3 extiende determinadas garantías de seguridad y salud a trabajadores por cuenta propia. Esa extensión tiene un objeto específico. Si hay una discrepancia sobre si existía trabajo por cuenta ajena, conviene examinar cómo se organizaban los turnos, quién daba las instrucciones y a qué título se pagaba la remuneración. El nombre de un puesto en una lista de embarque aporta información sobre lo que se hacía a bordo. Las condiciones en que se prestaban los servicios ayudan a resolver la cuestión laboral.

El otro dato es el puerto extranjero. El artículo 4 cubre al pescador cuando el buque se encuentra en ese puerto y concurre una de las causas previstas. También contempla el traslado del pescador desde el buque hasta un puerto extranjero por esos mismos motivos. Esto permite distinguir dos situaciones. En la primera, el barco hace escala y la relación de trabajo termina allí. En la segunda, es el pescador quien es trasladado a tierra por una de las causas recogidas en la norma. En ambas, la documentación es más útil si indica por separado el momento en que se produjo el hecho laboral y el lugar al que llegó el trabajador. Una escala, por sí sola, solo acredita la localización del buque.

La primera causa del artículo 4.1 es la extinción del contrato. Para comprobarla, el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores diferencia la expiración del tiempo convenido de otras formas de extinción. Si la fecha prevista en un contrato temporal pasó y la persona siguió desempeñando sus tareas, los partes posteriores, la nómina y la comunicación de cese permiten comprobar si la fecha prevista coincidió con la efectiva. El propio artículo 49 contempla supuestos de prórroga cuando continúa la prestación laboral. También puede suceder que el trabajador deje de estar enrolado en ese buque porque la empresa lo destina a otro. En ese caso, el movimiento entre barcos y la continuidad del contrato deben examinarse por separado.

El artículo 4.1 recoge también la denuncia del contrato por causa justificada por una o ambas partes, la suspensión de la prestación por razones que no sean imputables a la voluntad del pescador y la incapacidad para desempeñar las tareas pactadas o la situación en la que las circunstancias impidan esperar que las realice. En un desembarque por razones de salud, el informe disponible puede aportar la fecha y las limitaciones para el trabajo o el viaje. La norma preserva las reglas específicas de protección social del sector marítimo-pesquero, de modo que esa situación puede requerir comprobar una cobertura distinta de la que se analiza aquí para la extinción. En una suspensión, serán especialmente útiles la decisión que la comunica y las fechas en que la prestación quedó suspendida. Ni la suspensión ni la incapacidad requieren presentar la relación de trabajo como definitivamente extinguida para que se estudie el supuesto que corresponda.

El artículo 21 del Convenio núm. 188 sobre el trabajo en la pesca, en vigor para España desde el 29 de febrero de 2024, también contempla la entrada en puerto extranjero y el traslado desde el buque, entre otros casos cuando ha vencido el acuerdo de trabajo. El decreto español entró en vigor el 3 de julio de 2020 y concreta para los casos que regula el destino del regreso. La expresión país de residencia remite a dónde reside la persona. Cuando el domicilio quedó desactualizado entre la firma y el desembarque, el contrato sirve como antecedente y los documentos contemporáneos ayudan a explicar el cambio. El país donde embarcó y la nacionalidad son datos distintos. Es útil indicar desde el primer escrito cuál era el país de residencia en el momento pertinente y con qué documento se acredita.

B. La obligación del armador, la excepción disciplinaria y el seguro

El artículo 4.2 del Real Decreto 618/2020 atribuye el coste al armador en los supuestos de su apartado primero. Para el trabajador que prepara el regreso, la primera cuestión práctica es quién figura como armador del buque en los documentos. Puede haber comunicaciones del patrón, de un agente portuario, de una oficina que gestiona billetes y del empleador que aparece en el contrato. Esas intervenciones indican quién transmite instrucciones o maneja una reserva. La identificación del armador permite saber a quién atribuye el decreto la obligación. Si el empleador y el armador aparecen bajo identificaciones diversas, conviene dejar constancia de ambas y de la función que está acreditada para cada uno.

La excepción del artículo 4.2 se refiere a un contrato extinguido por despido disciplinario declarado procedente. En el Estatuto de los Trabajadores ya citado, los artículos 54 y 55 distinguen el despido disciplinario y su calificación. Así, una comunicación que atribuye faltas al pescador aporta el contenido y la fecha de la posición empresarial. Si existe una declaración de procedencia, es otro documento. Conviene que la secuencia indique cuál se tiene, qué fecha tiene y si hay una controversia pendiente sobre el cese. Una discusión sobre conducta a bordo, un descuento consignado en un recibo o la negativa a confirmar una reserva tampoco demuestran por sí solos el presupuesto de esa excepción.

El Convenio núm. 188 atribuye el coste al propietario del buque pesquero en los términos de su artículo 21.2, que prevé la salvedad de un incumplimiento grave constatado conforme al derecho nacional u otras medidas. Para el supuesto español descrito aquí, la formulación precisa que debe comprobarse es la del decreto. El artículo 21.4 contempla además la actuación del Estado de pabellón cuando el propietario omite autorizar una repatriación comprendida en el convenio y permite a ese Estado reclamar al propietario el reembolso. Esa previsión regula la responsabilidad del Estado de pabellón cuando se produce la omisión. No fija un plazo uniforme de salida desde cualquier puerto ni identifica una ventanilla para todas las escalas.

La garantía financiera completa la regla sobre el coste. El artículo 4.2 remite a la disposición final cuarta del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, publicado y en vigor desde el 27 de junio de 2020. En los supuestos que recoge esa disposición, el armador de un pesquero de pabellón español que entra en puerto extranjero debe suscribir un seguro obligatorio o una garantía financiera equivalente. El texto cubre también, por los mismos motivos, el traslado del pescador del buque al puerto extranjero. Para una extinción de contrato, esta garantía es la comprobación pertinente si hay dudas sobre quién está preparando el viaje o si se ha dicho verbalmente que ninguna cobertura existe.

El apartado tercero de la disposición indica los datos mínimos del certificado. Comprende la identificación del buque y del armador, el nombre y la dirección del proveedor, el periodo de validez y la acreditación del proveedor de que la garantía cumple los requisitos del artículo 21 del Convenio núm. 188. Con esos datos se puede comparar el certificado con el barco en el que se trabajó y con la fecha del desembarque. Una póliza de otra embarcación de la empresa o una fotografía con la fecha cortada deja sin acreditar parte de esa correspondencia. Un certificado válido permite identificar la garantía documentada. Para saber si el proveedor ha recibido la incidencia o si ya ha dado instrucciones sobre ese caso hace falta una comunicación diferente.

El decreto preserva el derecho del armador a recuperar el coste en virtud de acuerdos con terceros. Esa posibilidad explica por qué una empresa puede decir que el viaje lo gestiona otra o que está a la espera de un proveedor. Una cosa es qué operador compra finalmente el billete y otra a quién atribuye la norma el coste. El expediente será más comprensible si deja claro quién propuso el trayecto, si lo confirmó, quién pagó y si la persona tuvo que adelantar alguna cantidad. Esta guía se integra en los análisis jurídicos en español y se limita al retorno del trabajador en el régimen indicado.

II. Cómo documentar el regreso pendiente y los gastos adelantados

A. Qué guardar y cómo ordenar las pruebas antes de viajar

El contrato de trabajo, los documentos de embarque y la comunicación de terminación cumplen funciones distintas. El contrato identifica a sus partes y puede consignar destino, duración, condiciones de finalización y referencias a la repatriación. El enrolamiento y el desembarque ayudan a establecer a qué buque se vinculó la prestación y en qué fechas. La comunicación de cese explica el hecho que invoca quien puso fin a la relación. Si hay una adenda, una renovación o un cambio de barco, saber a qué periodo se refiere cada documento evita atribuir al último viaje las condiciones de una campaña anterior.

El artículo 8.2 del Estatuto de los Trabajadores exige que el contrato de trabajo de los pescadores conste por escrito. Ante la falta de forma escrita, el mismo precepto establece una presunción de contrato indefinido y a jornada completa que admite prueba en contrario. Los artículos 18 y 20 del Convenio núm. 188 tratan, respectivamente, de la entrega y disponibilidad a bordo de una copia del acuerdo y de la responsabilidad del propietario de asegurarse de que exista el acuerdo escrito, con la previsión que el propio artículo recoge para quien fue contratado por otra persona. Si el pescador carece de copia, nóminas, órdenes de trabajo, registros de turnos y mensajes sobre su incorporación ayudan a reconstruir la prestación. En esa situación, la ausencia de contrato en manos del trabajador es un hecho que se puede dejar expresamente anotado.

Una cronología útil suele caber en una página. Empieza con las fechas de contratación y embarque, sigue con la entrada del buque o el traslado del pescador a puerto y recoge cuándo se notificó el cese y cuándo surtió efecto. Termina, si procede, con la primera solicitud de regreso, la oferta de itinerario y la compra o realización del viaje. Para una extinción en puerto extranjero, la secuencia permite comprobar los elementos del artículo 4.1.a del decreto. Si hay dos versiones de una fecha, se pueden anotar ambas con sus respectivos documentos. Por ejemplo, un mensaje enviado desde tierra puede confirmar cuándo se solicitó un billete y dejar abierta la fecha exacta del desembarque. Una ficha de escala complementa ese mensaje si identifica la llegada del buque.

El país de residencia merece una línea propia en esa cronología, con los documentos disponibles. Puede figurar en el contrato, en un justificante administrativo o en documentación reciente coherente con la residencia efectiva. El pasaporte es una prueba de identidad y nacionalidad. Para un expediente donde se discute el destino, interesa además el documento que vincula a la persona con su lugar de residencia. Si el itinerario propuesto acaba en un país diferente, conviene identificar el destino ofrecido, la razón que se dio para elegirlo y qué trayecto quedaría por hacer. La comparación entre ambos destinos tiene más valor que una discusión genérica sobre lo que cada parte entendió por regreso.

Cuando todavía no hay billete confirmado, lo primero es separar los hechos comprobables de las propuestas. Una reserva provisional puede incluir fecha o ruta y seguir pendiente de emisión. Un billete emitido permite comprobar condiciones y conexión. Una instrucción para comprar el billete por cuenta propia puede ir acompañada de una promesa de reembolso o dejar la cuestión abierta. En todos esos casos sirven las copias completas de los mensajes, con fecha, remitente y adjuntos. Si la conversación principal se hizo de palabra, una confirmación posterior que enumere el plan comunicado deja constancia de la información que recibió la persona y permite corregir un posible malentendido antes de incurrir en el gasto.

Una solicitud de organización del regreso resulta más clara si identifica el buque, indica el puerto, describe de forma breve la causa que se invoca y precisa el país de residencia. También puede pedir confirmación de quién emitirá el billete, cuál es la ruta y si la asignación de costes comprende todo el itinerario ofrecido. Si hubo una respuesta sobre el seguro o sobre una garantía equivalente, es útil guardar su certificado y la respuesta junto al contrato y al justificante de desembarque. Son piezas que documentan problemas distintos. En un traslado por motivos de salud se pueden registrar las limitaciones concretas que afecten al desplazamiento sin difundir datos médicos ajenos a la preparación del regreso.

B. Qué acreditar si ya se pagó el billete o si se discute la factura

Cuando el trabajador ya ha comprado el billete, la cuestión inmediata es demostrar que el pago correspondió al trayecto de regreso vinculado con el desembarque. Son útiles el recibo de compra, el billete con el itinerario, el cargo efectivo y, cuando exista, el justificante del viaje realizado. Cada documento prueba un aspecto distinto. La confirmación de reserva identifica la ruta prevista. El cargo indica quién pagó. Un justificante de viaje corrobora qué tramo se utilizó. Si la reserva incluye a varias personas, interesa poder separar el importe de cada viajero. En el caso de un gasto pagado por un familiar, conviene indicar quién adelantó el dinero y conservar el recibo que permita reconocer la misma reserva.

La cuenta se puede ordenar por partidas. Para cada una basta con indicar el concepto, la fecha, la moneda, el importe y el documento que lo respalda. Si se compró un billete nuevo por anulación de otro, conviene adjuntar los dos y dejar claro qué importe se devolvió. Un reembolso parcial se registra como tal y se deduce al calcular el saldo pendiente. En un itinerario con conexiones, puede ser necesario identificar qué tramo pagó el armador y cuál adelantó la persona. Así se evita reclamar dos veces la misma partida o presentar como pendiente el precio completo de un viaje que ya fue parcialmente cubierto.

Una factura de alojamiento durante la espera o el recibo de un traslado entre terminales pueden documentarse en una partida separada, con la razón por la que se incurrió en el gasto. El artículo 4.2 asigna el coste de la repatriación, pero no contiene un catálogo de gastos accesorios automáticamente reembolsables. Para discutir una partida adicional interesa poder relacionarla con el itinerario y explicar las circunstancias concretas. Por ejemplo, si se perdió una conexión por una modificación del trayecto comunicado, sirven el aviso de cambio y los horarios de ambos billetes. Un recibo, por sí solo, acredita una compra. La secuencia de comunicaciones y horarios permite explicar por qué la persona la relaciona con la repatriación.

El caso cambia según lo que se discuta. Si el armador confirma que le correspondía el regreso y solo cuestiona el importe, la comparación de facturas y reembolsos es central. Si discrepa del país de residencia, primero hay que contrastar los documentos que sitúan la residencia y el punto al que iba el billete. Si alega que el pescador seguía contratado y solo dejaba ese barco, conviene examinar la comunicación de cese y los documentos posteriores relativos a la continuidad de la prestación. Si invoca la excepción disciplinaria, la pregunta es qué documento acredita la declaración de procedencia que exige el artículo 4.2. Delimitar el desacuerdo de esta manera permite conservar la prueba pertinente incluso si la compra se hizo con urgencia.

Supóngase que alguien recibe un aviso de fin de contrato cuando su buque de pabellón español está en puerto extranjero. La empresa comunica que se encargará de viajar hasta un aeropuerto de conexión, pero queda sin confirmar el tramo hasta el país de residencia. Si el trabajador acaba comprando ese segundo billete, el aviso de cese, la oferta parcial, la solicitud de completar el itinerario y el comprobante del segundo tramo permiten explicar por qué se pide solo esa cantidad. Si después recibe el dinero correspondiente a ese billete, el comprobante del abono actualiza el expediente. El mismo método sirve cuando al principio solo hay una respuesta verbal y después llega un documento con condiciones distintas.

Por último, vale la pena mantener separadas la cuenta del regreso y las cantidades por terminación de contrato. El artículo 49 del Estatuto regula la extinción y prevé, para algunos contratos temporales, una indemnización de fin de contrato sujeta a las condiciones que establece. Ese concepto responde a un hecho distinto del coste de repatriación que regula el decreto. Si un documento de liquidación agrupa importes, el desglose permite identificar qué se pagó en concepto de salario, qué correspondía en su caso a la extinción y qué cantidad se atribuyó al viaje. Dejar constancia de qué partida se considera abonada y cuál sigue controvertida hace posible entender el saldo sin dar por zanjada toda la discusión laboral.

Conclusión

Si un pescador por cuenta ajena termina su contrato cuando el pesquero de pabellón español se encuentra en un puerto extranjero, el artículo 4 del Real Decreto 618/2020 reconoce el regreso al país de residencia en el supuesto que regula y atribuye su coste al armador. La misma norma contempla el traslado a puerto por las causas que enumera. Para imputar el coste a la persona por la excepción disciplinaria, el decreto exige un despido disciplinario declarado procedente. El seguro o garantía financiera sirve para respaldar la obligación en los términos de la disposición que lo regula.

La documentación decisiva depende del desacuerdo. El contrato y el registro de desembarque ayudan a fijar la causa, el momento y el lugar. El certificado identifica al proveedor de la garantía. Si el regreso ya se pagó, los billetes, los cargos y los abonos permiten reconstruir el saldo. La secuencia debe dejar claro si el problema que queda por resolver es organizar el viaje, acreditar el destino o recuperar un importe adelantado.

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