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Entierro: cómo detectar un extra cobrado dos veces al liquidar dos seguros de decesos

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Fuente: Tribunal de Casación – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Colegio de Abogados de París Detención policial, instrucción, tribunal con jurado Ficha CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Hassan KOHEN
Abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París

Entierro: cómo detectar un extra cobrado dos veces al liquidar dos seguros de decesos

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En España, la búsqueda de «entierro» puede llevar a una pregunta concreta para quien revisa las cuentas de un funeral: si había dos seguros de decesos y solo una compañía organizó el servicio, ¿cómo se comprueba si un extra pagado por la familia se descontó también del seguro? Un mismo entierro puede dar lugar a dos cálculos distintos. La compañía que prestó el servicio debe identificar su coste para determinar si quedó parte del capital sin consumir. La compañía que no pudo prestar el servicio puede quedar obligada a pagar la suma asegurada de su propio contrato. El destinatario de ese segundo pago puede ser distinto del destinatario del primero.

Esta guía expone un método general de derecho español para cotejar ambas liquidaciones. Parte de pólizas vigentes que cubren a la misma persona y distingue el gasto del sepelio, las prestaciones de cada aseguradora y las cantidades que la familia contrató por su cuenta. Los importes que aparecen son ejemplos. El objetivo es que, al revisar las dos respuestas, sea posible detectar una factura imputada dos veces, un capital tomado de la póliza equivocada o un pago dirigido a una persona sin acreditar en qué condición lo recibe. El análisis se limita al régimen estatal del seguro y a la contratación de servicios funerarios con consumidores.

I. Cómo calcular el saldo de la póliza que cubrió el entierro

A. Identificar la póliza vigente y el servicio que realmente asumió la compañía

El artículo 106 bis de la Ley 50/1980, de Contrato de Seguro, se incorporó por la disposición final primera, apartado cuatro, de la Ley 20/2015, de 14 de julio. El precepto está en vigor desde el 1 de enero de 2016. Su apartado primero regula el seguro de decesos como una obligación de prestar los servicios funerarios pactados, dentro de los límites de la ley y del contrato. A partir de ahí separa la prestación del servicio del destino del capital que sobre. Para aplicar la regla hacen falta dos datos: la suma asegurada aplicable al fallecimiento y el coste del servicio que prestó la aseguradora.

El primer paso consiste en identificar al tomador, al asegurado y a la compañía en cada contrato. El tomador es quien celebra el contrato de seguro. El asegurado es la persona cuyo fallecimiento activa la cobertura, si concurren las condiciones pactadas. Una sola póliza puede cubrir a varias personas, así que la cifra que interesa es la aplicable a la persona fallecida. Quien habló con la funeraria, pagó una ampliación o figura como interlocutor del expediente puede ser una persona distinta tanto del tomador como de los herederos. Anotar por separado estas posiciones desde el principio evita que el comprobante de un pago particular se confunda con la prueba de quién tiene derecho a recibir una liquidación.

Junto a las condiciones particulares, conviene reunir los suplementos que modificaron el capital y la documentación que permite conocer qué versión de la cobertura regía al fallecimiento. Un recibo de prima ayuda a identificar un contrato, pero la prima es el precio pagado por el seguro y cumple una función distinta de la suma asegurada. Un recibo anual con un importe mayor que el del año anterior tampoco permite reconstruir por sí solo cuánto capital estaba asignado al sepelio. Lo mismo ocurre con un presupuesto orientativo de la funeraria: describe un servicio y su precio previsto, sin acreditar por sí mismo el capital vigente en ninguna póliza.

Después hay que reconstruir quién asumió cada prestación. Una funeraria puede ejecutar materialmente el traslado y el entierro por encargo de la aseguradora. En ese caso, que la factura lleve el nombre de la funeraria no resuelve quién se hizo cargo del coste. La orden de prestación, la identificación del expediente de seguro y las liquidaciones ayudan a vincular el servicio con la compañía correspondiente. Si durante la preparación se añadió una partida fuera del servicio pactado, interesa conservar también el documento en que consten su precio y quién la pidió. La atribución importa más que el número de papeles emitidos para el mismo sepelio.

Un modo práctico de reconstruir la operación es ordenar los documentos por su función. La póliza y sus suplementos fijan qué se contrató y por qué importe estaba asegurado. El presupuesto u hoja de encargo permite comprobar qué pidió la persona que contrató con la funeraria. La factura recoge las partidas cobradas. Los justificantes de pago y el cierre del expediente sirven para averiguar qué coste asumió cada parte. Si dos documentos recogen el mismo traslado o servicio de sala, pueden estar describiendo el mismo concepto en fases distintas. Antes de sumar ambos, interesa comprobar si uno recoge el precio presupuestado y el otro el definitivo o si realmente corresponden a servicios diferentes.

Cuando un consumidor contrata directamente un servicio funerario, el artículo 60.1 y 60.2.c del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007 sirve para revisar qué información previa debía ofrecer el empresario. Incluye las condiciones económicas y el precio total con impuestos y tasas, o la forma de determinarlo si no puede calcularse razonablemente por adelantado, además de la información sobre gastos adicionales en los términos de ese artículo. Si el coste final incluye un extra, interesa localizar cuándo se comunicó el precio y en qué documento quedó registrado el encargo. Esta comprobación se refiere a la contratación con la funeraria. La liquidación frente a la aseguradora exige además aplicar la regla específica del seguro.

B. Conciliar el presupuesto, la factura y la liquidación del seguro

La operación del apartado 1 es restar de la suma asegurada el coste del servicio prestado por la aseguradora. Si la suma supera ese coste, el exceso corresponde al tomador o, en su defecto, a los herederos. La persona que pagó un servicio adicional queda identificada por su justificante de pago. Para saber si esa misma persona puede cobrar el sobrante hay que verificar además si es tomadora o si se presenta como heredera en el supuesto correspondiente. Si el tomador vive y es una persona distinta del asegurado fallecido, merece especial atención una liquidación que se dirija automáticamente a los herederos por el mero hecho de haberse producido el fallecimiento.

Supongamos que el capital aplicable de la primera póliza era de 5.000 euros y que la compañía documenta 3.800 euros por el servicio funerario pactado y prestado. La diferencia es de 1.200 euros. Supongamos también que un familiar contrató por separado un servicio adicional de 450 euros y que la funeraria lo facturó a ese familiar. Si esos 450 euros son realmente ajenos al servicio que prestó y asumió la compañía, la diferencia de la póliza sigue siendo de 1.200 euros. Restar los 4.250 euros que aparecen al sumar ambos gastos produciría una liquidación de 750 euros y atribuiría a la compañía un desembolso que, según las condiciones del ejemplo, hizo el familiar.

La conclusión puede cambiar si la documentación muestra que ese servicio adicional estaba incluido en la cobertura y se prestó por cuenta del seguro. En ese supuesto interesa averiguar por qué se cargó también al particular, qué importe se facturó efectivamente a la compañía y si hubo una rectificación posterior. El nombre comercial de la partida o su ubicación en la factura aportan pistas; el encargo y la liquidación permiten contrastarlas. Si un concepto aparece en la relación de gastos de la aseguradora y también en la factura pagada por la familia, hay una discrepancia que aclarar. Puede tratarse de un duplicado documental, de una distribución parcial del precio o de un cargo que deba corregirse.

Otra variante del ejemplo permite distinguir un cargo duplicado de un precio repartido. Si una prestación cuesta 450 euros y los documentos muestran que la compañía asumió 300 y el familiar pagó los 150 restantes, la partida puede aparecer en los dos expedientes con el mismo nombre. Para conciliarla, sirve una línea con el precio total, dos columnas con sendos pagos y una referencia al documento que prueba cada uno. Si la compañía incluye los 450 euros íntegros en su liquidación y el particular acredita los 150 que pagó, habrá que comprobar si la aseguradora usó el coste bruto en vez del efectivamente asumido o si consta una devolución que todavía no se había reflejado. La coincidencia del nombre de la partida indica dónde mirar. Los importes, el destinatario de cada factura y los justificantes permiten comprobar si el coste se atribuyó dos veces.

El artículo 63 del texto refundido de consumo aporta dos referencias para quien contrató directamente con la funeraria. Su apartado 1 prevé la entrega de un recibo, copia o documento acreditativo con las condiciones esenciales de la operación, incluidas las condiciones generales aceptadas y firmadas cuando se hayan utilizado. El apartado 3 reconoce al consumidor el derecho a recibir la factura en papel y sujeta la facturación electrónica al consentimiento expreso previo. Estos documentos permiten comparar el encargo y la factura. Si el consumidor contrató únicamente un extra, su justificante acredita ese extra. Para verificar el coste que la aseguradora imputa al resto queda por obtener el desglose de la liquidación de su expediente.

En esa liquidación conviene pedir que se identifiquen el capital, el coste computado por partida y el importe final que se atribuye a quien deba cobrarlo. Un cierre que indique únicamente que se consumió todo el capital deja abiertos al menos dos datos: qué cifra se consideró vigente y qué servicios entraron en la resta. Si los dos datos constan pero falta la relación entre ellos, una respuesta concreta puede centrarse en la partida discutida, con una copia de la factura y del encargo que permita localizarla rápidamente. Si el coste coincide con la suma asegurada, en cambio, la cuenta del apartado 1 queda sin exceso. Todavía puede quedar por revisar la obligación independiente de la segunda compañía.

La distinción entre quién contrató, quién pagó y quién es titular de un crédito también orienta la lectura de otras cuestiones de derecho civil y de consumo. Aquí importa porque un entierro se organiza en poco tiempo y es frecuente que una sola persona reciba documentos emitidos para contratantes distintos. Un expediente útil deja visible a quién se dirigió cada documento, en qué calidad actuó y si el importe figura como previsto, facturado, pagado o devuelto. Esa última distinción evita descontar una partida que fue anulada o tratar una cifra del presupuesto como dinero que alguien ya recuperó.

II. Cómo revisar la segunda póliza y separar las reclamaciones

A. Distinguir dos compañías, dos contratos de una misma compañía y un funeral contratado por cuenta propia

Si los seguros concurrían en compañías distintas y una no pudo cumplir su obligación de prestar el servicio funerario en los términos pactados, el artículo 106 bis.4 prevé que esa compañía pague la suma asegurada a los herederos del asegurado fallecido. Para comprobarlo se toma la cifra de la segunda póliza. El coste del entierro organizado por la primera compañía sirve para calcular el sobrante de la primera. Al segundo expediente le corresponden otras preguntas: si el contrato cubría a esa misma persona al fallecer, qué prestación ofrecía y qué ocurrió con su ejecución.

Continuando con el ejemplo, la primera compañía documenta los 3.800 euros y resulta un exceso de 1.200 euros. Supongamos que la segunda póliza fijaba una suma asegurada de 4.600 euros y se cumplen los requisitos del apartado 4. La referencia para la segunda compañía es 4.600 euros. Un error sería restarle los mismos 3.800 euros y considerar que solo quedan 800. La resta quedó ya en el primer expediente. Tampoco se asignan ambas cantidades a la misma persona por defecto: los 1.200 euros corresponden primero al tomador de la póliza que prestó el servicio, mientras que los 4.600 euros se atribuyen a los herederos en el supuesto legal descrito.

Para revisar lo sucedido, son especialmente útiles la primera comunicación del fallecimiento, la aceptación del encargo por la funeraria y la respuesta escrita de la segunda compañía. La fecha y la hora ayudan a ordenar una secuencia que pudo desarrollarse en pocas horas. Un aviso muestra que hubo una comunicación; el contenido del aviso y la respuesta muestran qué se pidió y qué se ofreció. Una petición de documentos o una referencia de expediente es distinta de una oferta efectiva de organizar el servicio. Si una compañía sostiene que su contrato tenía un alcance diferente, interesa identificar la cobertura o condición en que funda esa posición y cotejarla con la versión de la póliza aplicable al fallecimiento.

El caso cambia si las dos pólizas fueron contratadas con la misma compañía. El apartado 3 regula una devolución de primas a petición del tomador. Se refiere a las primas pagadas de la póliza que el tomador haya decidido anular desde que se produjo la concurrencia. Para comprobar esa cuenta sirven los periodos de coincidencia y los recibos de la póliza afectada. Las primas anteriores a la concurrencia o las pagadas por el otro contrato responden a conceptos distintos. El apartado 4, por su parte, describe expresamente la concurrencia en más de una aseguradora. Dos marcas, dos mediadores o dos números de contrato no bastan para saber si hay dos entidades aseguradoras: hay que comprobar quién figura como asegurador en cada póliza. Si el solapamiento se descubre tras el fallecimiento y existe duda sobre quién podía optar por la anulación, hace falta comprobar esa posición concreta antes de dar por hecha la devolución de primas.

Existe además el supuesto del apartado 2: la compañía no pudo prestar el servicio por causas ajenas a su voluntad, por fuerza mayor o porque se utilizó un medio distinto de los que ofrecía. La consecuencia que prevé la disposición es el pago de la suma asegurada a los herederos y la ausencia de responsabilidad del asegurador por la calidad del servicio prestado por otros. El artículo 106 quáter, introducido por la misma disposición de 2015, regula la libertad de elección del prestador dentro de los límites y condiciones del contrato y remite al apartado 2 para la contratación por los herederos por otros medios en los términos que establece. Para analizar esa vía importa conocer las opciones concretas ofrecidas, quién contrató y qué condiciones de elección contenía la póliza. Una factura externa puede demostrar lo que se contrató, pero no aclara por sí sola todos esos extremos.

B. Preparar una comprobación por escrito para cada importe y cada destinatario

Una hoja con una fila para cada póliza ayuda a descubrir pronto los puntos de desacuerdo. Puede contener identidad de la compañía, número de póliza, tomador, persona asegurada, suma vigente, tipo de prestación y fecha de comunicación. En otra columna se registra si la compañía prestó el servicio, asumió un coste, manifestó que no podía prestarlo o pidió más documentación. Al final se anotan el importe discutido y la condición en que la persona lo solicita. Adjuntar solo los documentos relacionados con cada discrepancia facilita comprobarla. Por ejemplo, un suplemento prueba un cambio de capital y una factura rectificativa ayuda a demostrar que una partida no debió seguir figurando en el coste definitivo.

En la primera liquidación se puede pedir que la compañía explique la diferencia entre su suma asegurada y los gastos que computa, y que indique a quién atribuye el exceso que resulte. Si una deducción no coincide con la factura, interesa describir la discrepancia con un importe y una partida identificable, además de señalar si se pagó directamente a la funeraria. En la segunda liquidación, la pregunta se centra en si la compañía considera que concurren los presupuestos del apartado 4, qué suma asegurada resulta de su contrato y qué documentación necesita para comprobar quiénes son los herederos. Si invoca una razón para considerar que no había concurrencia, una respuesta verificable debe permitir identificar si la discusión se refiere a la persona asegurada, la vigencia, la entidad o la prestación.

Si la discusión se refiere al precio de un extra contratado directamente, el interlocutor para comprobar el encargo y su facturación es la funeraria. Si se refiere al desembolso atribuido por el seguro a ese mismo concepto, el interlocutor para comprobar la liquidación es la aseguradora. Es posible que la solución requiera que ambas aclaren su papel. Una respuesta que se limite a reenviar la factura total puede ser insuficiente para saber si el seguro asumió todo lo facturado. Cuando la duda se concentra en una sola partida, resulta más eficaz identificar qué documento la atribuye a cada parte y pedir que ambas explicaciones se refieran al mismo concepto.

También puede surgir una discusión entre particulares sobre quién debe soportar los gastos que quedaron fuera de las pólizas. El artículo 1894 del Código Civil, en el ámbito en que resulte aplicable el derecho civil común, se refiere a los gastos funerarios proporcionados a la persona y a los usos de la localidad. Los atribuye a quienes habrían tenido obligación de prestarle alimentos en vida, incluso si la persona fallecida no dejó bienes. Esa regla obliga a examinar quién tendría realmente esa obligación y si el gasto reúne las condiciones legales. Sirve para distinguir una controversia sobre gastos funerarios entre particulares de una reclamación de capital frente a la aseguradora. La guía no resuelve posibles particularidades de derecho civil territorial ni el reparto de una herencia concreta.

Un último cotejo consiste en comparar las respuestas antes de aceptar el cierre de los expedientes. Si ambas compañías afirman que la otra prestó el servicio, la orden de encargo y el cierre documentado del seguro permiten comprobar la atribución. Si ambas hacen constar un pago, conviene distinguir el efectuado a la funeraria del dirigido al tomador o a los herederos y verificar importe, fecha y destinatario. Si una respuesta atribuye toda la suma a quien pagó el entierro, interesa determinar si esa persona actúa además en alguna de las condiciones previstas por la norma. Los comprobantes de transferencia ayudan a cuadrar lo que ya se pagó. La póliza y la condición acreditada por quien lo solicita permiten determinar qué cantidad queda por discutir.

Conclusión

Para comprobar las cuentas de un entierro cubierto por dos pólizas, conviene reconstruir primero qué servicio asumió cada compañía. En la póliza que prestó el servicio, el sobrante se calcula comparando su capital vigente con el coste del servicio que esa aseguradora prestó. El exceso corresponde al tomador o, en su defecto, a los herederos. Cuando concurren contratos de compañías distintas y se cumplen los requisitos legales, la compañía que no pudo prestar el servicio debe pagar a los herederos la suma asegurada de su propia póliza. Si la concurrencia se produce en la misma compañía, la devolución de primas se analiza por separado.

Las partidas contratadas directamente con la funeraria se revisan con el presupuesto, el encargo, la factura y el pago correspondiente. Mantener esos gastos separados del coste imputado a la primera póliza permite detectar una doble atribución y comprobar qué entidad debe explicar cada cantidad. La liquidación queda aclarada cuando pueden identificarse el capital aplicable, quién asumió cada coste, qué importe se pagó y en qué condición lo recibe su destinatario.

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