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Pensión de viudedad divorciados: requisitos y cambios desde el 21 de octubre de 2026

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Fuente: Tribunal de Casación – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Colegio de Abogados de París Detención policial, instrucción, tribunal con jurado Ficha CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Hassan KOHEN
Abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París

Pensión de viudedad divorciados: requisitos y cambios desde el 21 de octubre de 2026

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En España, la pensión de viudedad de las personas divorciadas y de las parejas que no estaban inscritas como pareja de hecho cambió el 21 de octubre de 2026. Ese día entró en vigor el Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, publicado la misma fecha en el Boletín Oficial del Estado, y el Congreso de los Diputados lo convalidó el 18 de noviembre de 2026. Tres cambios afectan a quien se pregunta si puede cobrar la viudedad de su excónyuge o de su pareja. Las personas separadas o divorciadas antes de 2008, con sesenta y cinco años o más y un matrimonio de al menos quince años, ya no quedan excluidas por tener derecho a otra pensión pública. Las parejas con hijos en común solo necesitan acreditar dos años de convivencia empadronada, sin inscripción previa. Y quienes vieron suspendida su pensión por las reglas anteriores, así como las parejas cuyo conviviente falleció antes de esa fecha sin generar pensión, disponen de un plazo improrrogable de doce meses, que se agota en octubre de 2027.

Para la mayoría de los divorcios posteriores a 2008, en cambio, la regla no ha variado: hace falta ser acreedor de una pensión compensatoria que se extinga con la muerte del excónyuge, salvo en los casos de violencia de género. La búsqueda «pensión de viudedad» está en tendencia en España. Este artículo explica, con carácter general, quién tiene derecho, qué ha cambiado y cómo reclamar si la Seguridad Social deniega la pensión. Es una información sobre el derecho español firmada por Hassan Kohen, abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París, que no ejerce en España.

I. Pensión de viudedad divorciados: ¿quién puede cobrarla tras un divorcio?

A. Divorciados con pensión compensatoria: los requisitos de la regla general

La regla de base figura en el artículo 220 de la Ley General de la Seguridad Social, cuyo texto refundido aprobó el Real Decreto Legislativo 8/2015. En los casos de separación o divorcio, el derecho a la pensión corresponde a quien sea o haya sido cónyuge legítimo de la persona fallecida, siempre que, si ya no lo era, no haya vuelto a casarse ni haya constituido una pareja de hecho. A esa primera exigencia se suma una condición decisiva: las personas divorciadas o separadas judicialmente deben ser «acreedoras de la pensión compensatoria a que se refiere el artículo 97 del Código Civil y esta quedara extinguida a la muerte del causante». Dicho de otro modo, la viudedad no se concede por el solo hecho de haber estado casado muchos años: sustituye a un ingreso que el excónyuge pagaba y que su muerte hace desaparecer.

Antes incluso de examinar la situación de quien solicita la pensión, la ley mira a la persona fallecida, a la que la Seguridad Social llama causante. El artículo 220 remite a los requisitos del artículo 219, que son los mismos que para un viudo o una viuda casados en el momento del fallecimiento. Si el causante estaba en alta o en una situación asimilada al alta, debía haber cotizado quinientos días dentro de los cinco años inmediatamente anteriores. Si ya no estaba en alta, basta con que hubiera completado un periodo mínimo de cotización de quince años. Cuando la muerte se debe a un accidente, sea o no de trabajo, o a una enfermedad profesional, no se exige ningún periodo previo de cotización. El artículo 217 añade que los titulares de pensiones contributivas de jubilación e incapacidad permanente también pueden causar la pensión: el fallecimiento de un excónyuge jubilado abre, por tanto, la misma cuestión.

La pensión compensatoria es la del artículo 97 del Código Civil. Corresponde al cónyuge al que la separación o el divorcio produce un desequilibrio económico respecto del otro, y puede consistir en una pensión temporal, en una pensión por tiempo indefinido o en una prestación única, según se haya fijado en el convenio regulador o en la sentencia. El mismo artículo exige que la resolución judicial o el convenio formalizado ante el secretario judicial o el notario fijen la periodicidad, la forma de pago, las bases de actualización, la duración o el momento de cese y las garantías. Esa precisión tiene consecuencias directas para la viudedad. Si la compensación se pagó de una sola vez, no queda ninguna pensión que la muerte pueda extinguir. Si era temporal y su plazo terminó antes del fallecimiento, la persona divorciada ya no era acreedora cuando murió el causante. En ambos casos, la condición del artículo 220 no se cumple en sus propios términos. El artículo 101 del Código Civil añade un matiz: «El derecho a la pensión no se extingue por el solo hecho de la muerte del deudor». Los herederos pueden pedir al juez que la reduzca o la suprima si el caudal hereditario no alcanza o si afecta a su legítima. Al pedir la viudedad conviene, por tanto, documentar qué ha ocurrido con la compensatoria después del fallecimiento.

La ley también fija un techo. Según el mismo artículo 220, «En el supuesto de que la cuantía de la pensión de viudedad fuera superior a la pensión compensatoria, aquella se disminuirá hasta alcanzar la cuantía de esta última». Un ejemplo teórico permite entenderlo: si el excónyuge pagaba 300 euros al mes de compensatoria y la viudedad calculada con las reglas generales alcanzara 700 euros, la persona divorciada cobraría 300 euros. La pensión de viudedad no mejora la situación económica que existía antes del fallecimiento; la mantiene. Por eso, la cuantía exacta de la compensatoria, y sus actualizaciones, deben poder demostrarse con el convenio, la sentencia y los justificantes de pago.

Muchas personas divorciadas se preguntan qué ocurre si el fallecido se volvió a casar o vivía con una nueva pareja. En ese caso hay varias personas con derecho, y el apartado 2 del artículo 220 ordena repartir la pensión en proporción al tiempo que cada una convivió con el causante, «garantizándose, en todo caso, el 40 por ciento a favor del cónyuge superviviente» o, en su caso, de la pareja de hecho que convivía con él y tiene derecho a la pensión. Si el reparto proporcional dejara a la viuda o al viudo actual por debajo de ese porcentaje, su parte se eleva al 40 por ciento y la del excónyuge se reduce en la misma medida. La parte de la persona divorciada sigue sometida, además, al límite de la compensatoria. Conviene reunir las fechas exactas de matrimonio, separación, divorcio y nueva convivencia, porque de ellas depende el cálculo.

La situación inversa también se plantea con frecuencia, y las búsquedas lo reflejan: ¿puede cobrar la viudedad una persona divorciada que se volvió a casar? La respuesta del artículo 220 es negativa, porque exige que la persona divorciada no haya contraído nuevas nupcias ni constituido una pareja de hecho. Y si ya cobra la pensión, el artículo 223 dispone que el derecho se extingue cuando la persona beneficiaria contrae matrimonio o constituye una pareja de hecho, sin perjuicio de las excepciones que fija el reglamento. Antes de rehacer la vida en pareja de forma oficial, quien cobra una viudedad debe conocer esta consecuencia.

Dos situaciones próximas siguen reglas propias. En caso de nulidad del matrimonio, el apartado 3 del artículo 220 reconoce la pensión a quien obtuvo la indemnización del artículo 98 del Código Civil, siempre que no se haya vuelto a casar ni haya constituido una pareja de hecho, y en proporción al tiempo vivido con el causante. Y cuando una pareja de hecho se rompió antes del fallecimiento, el artículo 221.3 exige, de forma paralela al divorcio, que la persona superviviente sea acreedora de una pensión compensatoria fijada por el juez o en un pacto otorgado en documento público, que se extinga con la muerte. La ley habla, en todos estos casos, de separación judicial y de divorcio; una simple separación de hecho no aparece en estos artículos y plantea cuestiones distintas, que dependen de cada expediente.

B. Divorciados sin pensión compensatoria: violencia de género y divorcios anteriores a 2008

La primera excepción a la exigencia de compensatoria protege a las víctimas de violencia de género. El artículo 220 dispone que «tendrán derecho a la pensión de viudedad las mujeres que, aun no siendo acreedoras de pensión compensatoria, pudieran acreditar que eran víctimas de violencia de género en el momento de la separación judicial o el divorcio». El texto enumera los medios de prueba: una sentencia firme, o el archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento; a falta de sentencia, la orden de protección dictada a favor de la mujer o el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios; y, por último, cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho. El artículo 221.3 prevé la misma excepción cuando lo que se extinguió fue una pareja de hecho.

El momento relevante es el de la separación judicial o el divorcio, no el del fallecimiento. Una mujer que se divorció tras años de violencia, sin solicitar compensatoria para cerrar cuanto antes el procedimiento, puede acceder a la pensión si demuestra aquella situación con los documentos de entonces. Esos documentos suelen estar dispersos: un procedimiento penal antiguo, una orden de protección de un juzgado, un informe del fiscal, diligencias de denuncia, informes médicos o de servicios sociales. Recuperarlos lleva tiempo, de modo que conviene empezar a reunirlos en cuanto se conoce el fallecimiento. Como la enumeración termina con «cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho», la falta de sentencia no cierra la puerta; obliga a construir la prueba con lo que exista.

La segunda excepción depende de la fecha del divorcio. La disposición transitoria decimotercera de la Ley General de la Seguridad Social se refiere a las separaciones judiciales y los divorcios anteriores al 1 de enero de 2008, es decir, anteriores a la entrada en vigor de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, a la que la propia disposición se remite. Su apartado 1 permite cobrar sin compensatoria cuando entre el divorcio y el fallecimiento no han pasado más de diez años, el matrimonio duró al menos diez años y, además, existen hijos comunes o la persona solicitante tenía más de cincuenta años al fallecer el causante. En esos casos, la cuantía se calcula con la normativa anterior a la Ley 40/2007, y quien era deudor de la compensatoria no tiene derecho. El apartado 2 ofrece una vía distinta a las personas que no reúnen esos requisitos, «siempre que se trate de personas con sesenta y cinco o más años y la duración del matrimonio con el causante de la pensión no haya sido inferior a quince años».

Un cálculo sencillo muestra cuál de las dos vías sirve hoy. Para que se aplique el apartado 1, el divorcio debe ser anterior a 2008 y el fallecimiento no puede producirse más de diez años después; una muerte ocurrida en noviembre de 2026 queda, como mínimo, a dieciocho años de cualquier divorcio anterior a 2008. Salvo para expedientes antiguos todavía pendientes, la vía práctica para los fallecimientos actuales es el apartado 2: tener sesenta y cinco años o más y un matrimonio de al menos quince años con el causante. Es precisamente el apartado que modificó la reforma de octubre de 2026, que interesa a los divorciados mayores de 65 años.

Fuera de estas excepciones, una persona divorciada después de 2008 que no cobraba compensatoria no tiene derecho a la pensión vitalicia de viudedad por el régimen general, aunque el matrimonio haya sido largo y haya hijos comunes. Los hijos pueden tener sus propios derechos, como la pensión de orfandad, pero esa es otra prestación. Esta conclusión, a menudo mal recibida, tiene una consecuencia práctica para quien se divorcia hoy: el contenido del convenio regulador, y en particular la forma, la duración y la cuantía de la compensación, condiciona la protección de la persona más vulnerable si el excónyuge fallece.

II. Pensión de viudedad 2026: qué cambia desde el 21 de octubre y cómo reclamar

A. Divorciados mayores de 65 años y parejas sin ser pareja de hecho: el plazo de doce meses

El Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, para la mejora de la acción protectora de la Seguridad Social y de otras normas sociales, se publicó en el «BOE» núm. 261, de 21 de octubre de 2026, y entró en vigor ese mismo día según su disposición final cuarta. Sus cambios están integrados en el texto consolidado de la Ley General de la Seguridad Social que publica el BOE, cuyas notas indican, para los artículos afectados, una redacción en vigor a partir del 21 de octubre de 2026. Como todo real decreto-ley, debía someterse al Congreso de los Diputados: su Diputación Permanente acordó convalidarlo el 18 de noviembre de 2026, según la resolución de esa fecha publicada en el «BOE» núm. 289, de 20 de noviembre de 2026 (referencia BOE-A-2026-24292). Las reglas descritas a continuación están, por tanto, vigentes.

Para los divorcios anteriores a 2008, el cambio está en el apartado 2 de la disposición transitoria decimotercera. En su redacción original de 2015, ese apartado exigía, además de la edad y de la duración del matrimonio, que la persona solicitante no tuviera derecho a otra pensión pública. La nueva redacción suprime esa condición. Una persona divorciada antes de 2008, que tiene hoy sesenta y cinco años o más, cuyo matrimonio duró quince años o más y que cobra, por ejemplo, su propia pensión de jubilación, ya no queda excluida por ese motivo. El límite general sigue aplicándose: según el artículo 57 de la misma ley, la suma de pensiones concurrentes no puede superar la cuantía máxima vigente en la fecha del hecho causante de la nueva pensión.

El nuevo apartado 3 se dirige a quienes ya tenían reconocida la pensión con la redacción anterior y vieron suspendido el derecho a cobrarla, o a cobrar otra pensión contributiva, como consecuencia de esa condición. Pueden pedir la rehabilitación de la pensión suspendida si acreditan que mantienen los demás requisitos. El texto impone un calendario estricto: «La solicitud deberá presentarse en el plazo improrrogable de los doce meses siguientes a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre». La rehabilitación produce efectos económicos desde el día primero del mes siguiente al de la solicitud: una petición presentada el 15 de diciembre de 2026 daría derecho a cobrar desde el 1 de enero de 2027. No hay pago retroactivo de los meses anteriores a la solicitud, de modo que cada mes de espera es un mes perdido.

Queda una situación que el texto no menciona de forma expresa: la de quien solicitó en su día la pensión y vio cómo se la denegaban por tener otra pensión pública, sin llegar a tenerla reconocida. El apartado 3 habla de pensiones reconocidas y después suspendidas, y la reforma no contiene una regla específica para estas denegaciones anteriores. Si el fallecimiento se produjo antes del 21 de octubre de 2026, la aplicación de la nueva redacción a ese caso es una cuestión de derecho transitorio que la norma no resuelve de forma expresa. En la práctica, la persona afectada puede presentar una nueva solicitud con la documentación actualizada y, si la entidad la rechaza, utilizar la reclamación previa descrita más adelante.

El segundo cambio afecta a quienes buscan la pensión de viudedad sin ser pareja de hecho, en 2026. El artículo 221.2 sigue definiendo la pareja de hecho a efectos de la pensión: dos personas que no están impedidas para casarse, sin vínculo matrimonial ni otra pareja de hecho, que acreditan con el certificado de empadronamiento una convivencia estable y notoria de al menos cinco años ininterrumpidos inmediatamente antes del fallecimiento, y cuya pareja consta en un registro autonómico o municipal, o en un documento público, desde al menos dos años antes de la muerte. La reforma añade un párrafo: «En el caso de que existan hijos en común únicamente será exigible el requisito de una convivencia estable y notoria durante un periodo de al menos dos años ininterrumpidos, con carácter inmediato al fallecimiento del causante». Esa convivencia se acredita también con el certificado de empadronamiento. Con hijos comunes, la inscripción en un registro y el documento público dejan de ser necesarios, y los cinco años se reducen a dos. Sin hijos comunes, las exigencias anteriores no cambian.

Para los fallecimientos anteriores a la reforma, la nueva disposición transitoria cuadragésima octava abre una vía excepcional. Reconoce la pensión cuando el miembro de la pareja falleció antes del 21 de octubre de 2026, reunía los requisitos de cotización del artículo 219.1 y, aun así, no se pudo causar la pensión de viudedad, siempre que la persona superviviente acredite que en el momento del fallecimiento existía una pareja de hecho en los términos del nuevo artículo 221.2. La solicitud debe presentarse en el plazo improrrogable de los doce meses siguientes a la entrada en vigor del real decreto-ley, y la pensión tiene efectos desde el día primero del mes siguiente a la solicitud. Si la persona beneficiaria cobra o llega a cobrar otra pensión contributiva, la suma no puede superar el límite fijado para la concurrencia de pensiones. La misma disposición permite pedir, dentro del mismo plazo, la rehabilitación de las pensiones reconocidas con la antigua disposición adicional cuadragésima, ahora suprimida, que quedaron suspendidas por aplicación de su letra c).

Quien no alcanza la duración exigida no siempre se queda sin nada. El artículo 222 prevé una prestación temporal de viudedad, de la misma cuantía que la pensión y con una duración de dos años, cuando el cónyuge o la pareja superviviente no puede acceder a la pensión por no acreditar un año de matrimonio en los supuestos del artículo 219.2, por no existir hijos comunes, o porque la inscripción de la pareja o el documento público tienen menos de dos años, siempre que concurran los demás requisitos del artículo 219.

En términos de calendario, las dos ventanas de doce meses se abrieron el 21 de octubre de 2026 y se agotan en octubre de 2027. La norma las califica de improrrogables, y los efectos económicos solo empiezan el mes siguiente a la solicitud. Para las parejas con hijos comunes cuyo conviviente falleció hace años, para los pensionistas que vieron suspendida su viudedad y para las personas divorciadas mayores de sesenta y cinco años que creían estar excluidas, la consecuencia práctica es la misma: preparar la solicitud cuanto antes y conservar la prueba de la fecha de presentación.

B. Cómo solicitar la pensión de viudedad y qué hacer si la deniegan

En el régimen general, la gestión de las prestaciones económicas de la Seguridad Social corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social, según el artículo 66.1.a) de la misma ley. La solicitud se dirige a esta entidad gestora. Su éxito depende sobre todo de los documentos. Para una persona divorciada o separada, los esenciales son el certificado de defunción, la sentencia de separación o de divorcio, el convenio regulador o la resolución que fijó la compensatoria, con su cuantía, sus actualizaciones y su duración, y los justificantes de que se seguía pagando en el momento del fallecimiento, como los extractos bancarios. Si se invoca la violencia de género, se añaden la sentencia, la orden de protección, el informe del Ministerio Fiscal o los demás elementos de prueba disponibles. Para una pareja, el documento clave es el certificado de empadronamiento que acredita la convivencia durante el periodo exigido, junto con los certificados de nacimiento de los hijos comunes y, cuando exista, la inscripción en el registro de parejas o la escritura.

Fuera de las dos ventanas transitorias, el tiempo juega de otra forma. El artículo 230 dispone que «El derecho al reconocimiento de las prestaciones por muerte y supervivencia, con excepción del auxilio por defunción, será imprescriptible». El derecho no se pierde, pero sus efectos solo se remontan a los tres meses anteriores a la fecha de la solicitud. Quien deja pasar un año desde el fallecimiento conserva su derecho, pero pierde las mensualidades que excedan esos tres meses. En los supuestos de la reforma de 2026, la regla es aún más estricta: el plazo de doce meses es improrrogable y los efectos comienzan el mes siguiente a la solicitud. En ningún caso conviene esperar.

Si la entidad deniega la pensión, el camino está fijado por el artículo 71 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social. Antes de acudir al juez hay que presentar una reclamación previa ante el mismo órgano que dictó la resolución, en el plazo de treinta días desde su notificación o desde la fecha en que deba entenderse producido el silencio administrativo. La entidad debe contestar expresamente en cuarenta y cinco días; si no lo hace, la reclamación se entiende denegada. A partir de ahí, «La demanda habrá de formularse en el plazo de treinta días», a contar desde la notificación de la denegación o desde el día en que se entiende denegada por silencio. El mismo artículo obliga a las entidades gestoras a expedir un recibo de presentación o a sellar las copias con indicación de la fecha: ese justificante debe conservarse, porque permite probar que se respetaron los plazos.

La reclamación previa no es un trámite de pura forma. Es el momento de corregir lo que motivó la denegación: aportar la sentencia y el convenio que la entidad no tenía, explicar por qué la compensatoria se extinguió con la muerte, demostrar la convivencia con un certificado de empadronamiento histórico o reunir la prueba de la violencia sufrida. La demanda posterior se presenta ante el juzgado de lo social, que el artículo 6 de la misma ley designa para conocer en única instancia de los procesos del orden social. Su artículo 72 impide, además, introducir en el proceso variaciones sustanciales de tiempo, cantidades o conceptos respecto de lo planteado en la reclamación previa, salvo hechos nuevos o que no hubieran podido conocerse antes. Ordenar el expediente desde el principio, con un índice de documentos y las fechas clave, evita buena parte de los rechazos.

Varias confusiones explican muchas denegaciones. La pensión de alimentos de los hijos no es una pensión compensatoria: el artículo 97 del Código Civil se refiere a la compensación de un cónyuge por el desequilibrio que le produce la ruptura, no a la manutención de los hijos. Una compensatoria temporal ya extinguida no basta, porque al fallecer el causante la persona divorciada ya no era acreedora. Un nuevo matrimonio o una nueva pareja de hecho de la persona divorciada cierran el derecho. Para las parejas, un empadronamiento interrumpido o en domicilios distintos debilita la prueba de convivencia que exige la ley. Y para las vías abiertas por la reforma de 2026, presentar la solicitud fuera del plazo de doce meses la condena.

Estas reglas son las del régimen general de la Seguridad Social. Los funcionarios del régimen de Clases Pasivas tienen su propio texto legal, que el mismo real decreto-ley también modificó, y el derecho civil de algunas comunidades autónomas regula a su manera la compensación entre excónyuges; esas variantes no se analizan aquí. Cuando la familia tiene además vínculos con Francia, por residencia, bienes o carreras profesionales en ambos países, la página en español del despacho de abogados en París presenta el ámbito de actividad del autor.

Conclusión

La pensión de viudedad de una persona divorciada en España sigue dependiendo, como regla general, de una pensión compensatoria que se extinga con la muerte del excónyuge, y su cuantía no puede superar la de esa compensatoria. Las víctimas de violencia de género en el momento de la separación o el divorcio pueden cobrarla sin compensatoria, y quienes se separaron o divorciaron antes de 2008 disponen de una vía propia, hoy centrada en tener sesenta y cinco años o más y un matrimonio de al menos quince años.

Desde el 21 de octubre de 2026, esta última vía ya no excluye a quien tiene derecho a otra pensión pública, y las parejas con hijos comunes solo deben acreditar dos años de convivencia empadronada. Las rehabilitaciones de pensiones suspendidas y las solicitudes por fallecimientos de convivientes anteriores a la reforma deben presentarse antes de que se agote el plazo improrrogable de doce meses, en octubre de 2027, con efectos desde el mes siguiente a la solicitud. Si la entidad gestora deniega la pensión, la reclamación previa debe presentarse en treinta días, y la demanda ante el juzgado de lo social en los treinta días siguientes a su denegación.

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