Despacho Kohen Avocats · Distrito 17 de París
Hacienda no me ha devuelto la renta 2025: intereses de demora desde final de 2026 y cómo reclamar

El abogado Hassan KOHEN interviene con urgencia, desde la comisaría hasta el tribunal con jurado (cour d'assises). Primer análisis estratégico: 80 € IVA incluido, respuesta personal en un plazo de 24 horas.

100 % confidencial · Secreto profesional · Sin compromiso

Artículo generado por una inteligencia artificial, según un proceso diseñado y supervisado por el despacho

Fuente: Tribunal de Casación – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Colegio de Abogados de París Detención policial, instrucción, tribunal con jurado Ficha CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Hassan KOHEN
Abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París

Hacienda no me ha devuelto la renta 2025: intereses de demora desde final de 2026 y cómo reclamar

Hablar con un abogado 06 89 11 34 45

En España, Hacienda dispone de seis meses, contados desde el final de la campaña de la renta, para devolver lo que corresponde al contribuyente cuyo IRPF de 2025 salió a devolver. La campaña terminó el 30 de junio de 2026, de modo que ese plazo se agota con el cierre de diciembre de 2026. A partir de ahí, si la devolución sigue sin ordenarse y el retraso no se debe al propio contribuyente, la cantidad pendiente genera intereses de demora a su favor, sin que tenga que pedirlos. Esa es la próxima etapa fechada para quien todavía espera su dinero.

La consulta sobre Hacienda está en tendencia en España, y las búsquedas que la acompañan repiten la misma inquietud: la renta de 2025 todavía no ha llegado, y el contribuyente quiere saber cuándo empieza Hacienda a pagar intereses y qué puede hacer. Esta guía, de alcance general, explica cómo se cuenta el plazo, qué cambia si la declaración se presentó tarde, por qué una revisión de Hacienda no borra por sí sola los intereses, qué retrasos se descuentan y cómo reaccionar ante una devolución menor de la esperada. Se limita al IRPF estatal del territorio común; los territorios forales del País Vasco y de Navarra aplican su propia normativa del impuesto y no se tratan aquí.

Información sobre el derecho español, firmada por Hassan Kohen, abogado del Colegio de Abogados de París.

I. Hacienda y el plazo para devolver la renta 2025

A. Seis meses a contar desde el 30 de junio de 2026

El punto de partida es el calendario de la campaña. El artículo 7.1 de la Orden HAC/277/2026, de 25 de marzo, que aprobó los modelos de declaración del ejercicio 2025, dispone que el plazo de presentación del borrador y de las declaraciones del IRPF, cualquiera que sea su resultado, «será el comprendido entre los días 8 de abril y 30 de junio de 2026, ambos inclusive». La misma orden recuerda, en su artículo 1.5, que presentar la declaración es imprescindible para solicitar y obtener las devoluciones derivadas de la normativa del impuesto, entre ellas las que nacen de las retenciones, los ingresos a cuenta y los pagos fraccionados del ejercicio 2025. Dicho de otro modo, quien no presentó su declaración no ha puesto en marcha ningún plazo de devolución.

El plazo de Hacienda arranca exactamente cuando termina ese periodo de presentación. Según el artículo 103.1 de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cuando la suma de retenciones, ingresos a cuenta, pagos fraccionados y, en su caso, determinadas deducciones supera la cuota resultante de la autoliquidación, «la Administración tributaria practicará, si procede, liquidación provisional dentro de los seis meses siguientes al término del plazo establecido para la presentación de la declaración». El segundo párrafo de ese mismo apartado contiene la regla para quien se retrasó: si la declaración se presentó fuera de plazo, «los seis meses a que se refiere el párrafo anterior se computarán desde la fecha de su presentación». Los apartados 2 y 3 completan el mecanismo: la Administración devuelve de oficio el exceso sobre la cuota y, si no ha practicado liquidación provisional dentro de esos seis meses, devuelve de oficio el exceso sobre la cuota autoliquidada, sin perjuicio de las liquidaciones posteriores que pudieran proceder.

La consecuencia práctica para la renta de 2025 presentada dentro de la campaña es sencilla. Los seis meses que siguen al 30 de junio de 2026 cubren el segundo semestre del año, de modo que el plazo se agota con el final de diciembre de 2026. Da igual que la declaración se presentara el 8 de abril o el 29 de junio: la ley no cuenta los seis meses desde la fecha en que cada contribuyente envió su declaración, sino desde el final del plazo general. Es un error frecuente pensar que quien declaró en abril puede exigir intereses desde octubre. No es así. Quien declaró pronto suele cobrar antes porque Hacienda tramita su expediente antes, pero el plazo legal del que dispone la Administración es el mismo para todos los que declararon en campaña.

La situación cambia para quien presentó su declaración de 2025 después del 30 de junio de 2026. Supongamos que un contribuyente la presentó el 15 de septiembre de 2026. Para él, los seis meses no terminan en diciembre, sino a mediados de marzo de 2027, porque se cuentan desde la presentación. Si lee en otro sitio que los intereses empiezan a correr con el año nuevo, ese dato no le concierne. Antes de calcular nada, por tanto, conviene recuperar el justificante de presentación y comprobar la fecha que figura en él. La orden prevé que ese justificante incorpore un código seguro de verificación con la fecha y la hora de la presentación, lo que facilita la prueba.

Un caso particular merece atención: el de quien no estaba obligado a declarar y presentó la declaración solo para recuperar las retenciones que le practicaron. La Orden HAC/277/2026 recuerda en su artículo 1.6, remitiéndose al reglamento del impuesto, que la liquidación provisional que Hacienda pueda practicarle en ese caso no puede imponerle otra carga que la de restituir lo que se le hubiera devuelto, más el interés de demora correspondiente. Para ese contribuyente, por tanto, presentar la declaración para recuperar retenciones no le expone a una deuda nueva distinta de esa restitución, aunque Hacienda revise después los datos.

B. Intereses de demora: automáticos, pero solo por el retraso que no te sea imputable

La consecuencia del retraso está regulada con carácter general en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Su artículo 31.2 establece que, transcurrido el plazo fijado en la norma de cada impuesto y, en todo caso, el de seis meses, sin que se haya ordenado el pago de la devolución por causa imputable a la Administración tributaria, esta abona el interés de demora sin que el contribuyente tenga que reclamarlo. El mismo apartado precisa que «el interés de demora se devengará desde la finalización de dicho plazo hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución». Y añade una regla de cálculo decisiva: «no se computarán las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración».

La ley del IRPF formula esa misma condición desde el lado del contribuyente. Su artículo 103.4 prevé que, una vez transcurrido el plazo de seis meses sin que se haya ordenado el pago de la devolución «por causa no imputable al contribuyente», se aplica a la cantidad pendiente el interés de demora en la cuantía y forma que fijan los artículos 26.6 y 31 de la Ley General Tributaria. Leídas juntas, las dos normas dibujan una frontera clara. El retraso que se debe al contribuyente, por ejemplo porque tardó en contestar a un requerimiento, no genera intereses a su favor. El retraso que no se le puede reprochar sí los genera, y se suman sin necesidad de ninguna solicitud.

Hay un matiz que muchos contribuyentes pasan por alto: el interés corre hasta la fecha en que Hacienda ordena el pago, no hasta el día en que el dinero aparece en la cuenta bancaria. Los días que transcurren entre la orden de pago y el abono efectivo no se añaden al cálculo. Por eso, cuando se comprueba si los intereses pagados son correctos, la fecha relevante es la de la orden de pago que consta en el expediente, y no la del extracto bancario.

¿Cuánto se cobra? El artículo 26.6 de la Ley General Tributaria fija el interés de demora en el interés legal del dinero vigente durante el periodo en que resulte exigible, «incrementado en un 25 por ciento», salvo que la ley de presupuestos generales del Estado establezca otro tipo. La versión consolidada que publica el Boletín Oficial del Estado acompaña ese artículo de una nota según la cual la Ley 31/2022, de presupuestos para 2023, lo fijó en el 4,0625 % hasta el 31 de diciembre de 2023. El tipo que se aplica a cada periodo de retraso es el que esté vigente durante ese periodo. Para un retraso que se produzca en 2027, habrá que comprobar el tipo aplicable en 2027 en el momento de hacer el cálculo, sin dar por sentado que sigue siendo el de años anteriores.

Un ejemplo ayuda a dimensionar la cuestión. Imaginemos una devolución de 1.200 euros de la renta de 2025, presentada en campaña, cuya orden de pago se emite noventa días después de que venza el plazo de seis meses, sin que el retraso sea imputable al contribuyente. Con un tipo hipotético del 4 % anual, el interés sería de 1.200 × 0,04 × 90 / 365, es decir, unos 11,84 euros. La cifra es modesta, pero el mecanismo cobra peso cuando la devolución es elevada o el retraso se prolonga: con el mismo tipo hipotético, una devolución de 6.000 euros que tarda un año más de lo debido generaría unos 240 euros. Lo importante, en cualquier caso, es comprobar que el importe abonado incluye esa partida cuando corresponde.

Queda por saber qué retrasos se descuentan y qué ocurre cuando Hacienda, en lugar de pagar, abre una revisión. Es la segunda parte de la cuestión, y la que más dudas genera.

II. Qué hacer si Hacienda no devuelve la renta o devuelve menos

A. Requerimientos y comprobaciones: la revisión no borra los intereses

La causa más habitual de una devolución que no llega es que Hacienda ha abierto un procedimiento para revisar la declaración. La Ley General Tributaria prevé, entre otros, el procedimiento de verificación de datos y el de comprobación limitada. Según su artículo 131, la verificación de datos puede iniciarse cuando la declaración tiene defectos formales o errores aritméticos, cuando los datos declarados no coinciden con los que constan a la Administración, cuando se aprecia una aplicación indebida de la normativa que resulta patente de la propia declaración, o cuando se necesita aclarar o justificar algún dato que no se refiera a actividades económicas. La comprobación limitada, regulada en los artículos 136 a 140, permite un examen más amplio de los datos y justificantes.

Aquí aparece el punto que más confusión provoca. Algunas explicaciones dan a entender que, si Hacienda revisa la declaración, el contribuyente pierde los intereses porque el retraso ya no sería culpa de la Administración. El texto de la ley no dice eso. El artículo 127 de la Ley General Tributaria establece que el procedimiento de devolución termina, entre otras causas, por el inicio de un procedimiento de verificación de datos, de comprobación limitada o de inspección, y añade que, en todo caso, se mantiene la obligación de pagar el interés de demora sobre la devolución que finalmente se practique, de acuerdo con el artículo 31. La revisión, por sí sola, no extingue los intereses. Lo que se descuenta del cálculo son las dilaciones que no son imputables a la Administración.

¿Qué es una dilación no imputable a la Administración? El artículo 104 del Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, enumera varias. La primera son «Los retrasos por parte del obligado tributario al que se refiera el procedimiento en el cumplimiento de comparecencias o requerimientos de aportación de documentos», que se cuentan desde el día siguiente al fin del plazo concedido hasta que se cumple íntegramente lo pedido; un requerimiento contestado de forma incompleta no se tiene por atendido, a estos efectos, hasta que se completa, y la Administración debe advertirlo. El mismo artículo incluye la aportación de nuevos documentos y pruebas después del trámite de audiencia o de alegaciones, la ampliación de plazos o el aplazamiento de actuaciones que el propio contribuyente solicita, y el retraso en la notificación de las propuestas de resolución o de liquidación desde el día siguiente a un intento de notificación hasta que esta se produce.

De esa lista se desprenden varias pautas útiles. Contestar a un requerimiento dentro del plazo y de forma completa protege el derecho a los intereses. Pedir más tiempo puede ser necesario cuando un documento tarda en llegar, pero conviene saber que ese tiempo adicional se descontará del cálculo. Y dejar sin recoger una notificación tiene un coste: el tiempo que transcurre desde el intento de notificación de una propuesta hasta que se practica tampoco cuenta. Revisar con regularidad las notificaciones, tanto postales como electrónicas, es por tanto la primera medida práctica para quien espera una devolución.

El procedimiento ofrece además un momento clave para defenderse. Antes de dictar una liquidación provisional, la Administración debe comunicar al contribuyente la propuesta de liquidación para que alegue lo que convenga a su derecho, como exige el artículo 132.3 de la Ley General Tributaria para la verificación de datos y el artículo 138.3 para la comprobación limitada; la propuesta debe estar motivada, con una referencia sucinta a los hechos y fundamentos de derecho tenidos en cuenta. Ese trámite es el lugar natural para aportar todos los justificantes de una vez: el certificado de retenciones, el documento que acredita una deducción, el justificante de una aportación. Recordemos que, según el reglamento, los documentos nuevos aportados después del trámite de audiencia o de alegaciones cuentan como dilación imputable al contribuyente.

Otra causa de una devolución inferior a la esperada no tiene nada que ver con la declaración: las deudas pendientes. El artículo 73 de la Ley General Tributaria obliga a la Administración a compensar de oficio las deudas tributarias que se encuentren en periodo ejecutivo. Si el contribuyente tenía una deuda de esa clase, la devolución puede haberse aplicado, total o parcialmente, a cancelarla. En ese caso debe existir un acuerdo de compensación que declare la extinción de la deuda, como prevé el apartado 3 de ese artículo. Antes de pensar en un error de cálculo, conviene comprobar si existe ese acuerdo y a qué deuda se ha aplicado el importe.

Por último, la revisión tampoco puede prolongarse indefinidamente. El artículo 104.1 de la Ley General Tributaria fija como plazo máximo de resolución el que establezca la norma de cada procedimiento, sin que pueda exceder de seis meses salvo que una norma con rango de ley o la normativa europea disponga otra cosa. El artículo 133.1 prevé que la verificación de datos termina por caducidad si transcurre ese plazo sin que se haya notificado la liquidación provisional, aunque la Administración puede iniciar de nuevo el procedimiento dentro del plazo de prescripción. La caducidad no equivale, por tanto, a un cierre definitivo, pero sí es un dato que conviene verificar cuando una revisión se alarga.

B. Recurrir, rectificar y no dejar prescribir la devolución

Cuando la revisión termina con una liquidación provisional que reduce o deniega la devolución, el contribuyente dispone de dos vías. La primera es el recurso de reposición, que es potestativo y se interpone en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación, según el artículo 223.1 de la Ley General Tributaria. La segunda es la reclamación económico-administrativa, cuyo plazo es también de un mes desde el día siguiente a la notificación, conforme al artículo 235.1. Las liquidaciones provisionales figuran expresamente entre los actos reclamables en el artículo 227.2. Las dos vías no se acumulan: según el artículo 222.2, quien interpone el recurso de reposición no puede promover la reclamación hasta que aquel se resuelva de forma expresa o pueda entenderse desestimado por silencio. La reposición presenta además una garantía: el órgano que la resuelve no puede empeorar la situación inicial de quien recurre.

¿Qué conviene incluir en el recurso o en la reclamación? Ante todo, la identificación precisa del acto impugnado y de las partidas discutidas, y después los documentos que acreditan cada una. Si la liquidación provisional rechaza una deducción, el escrito debe explicar por qué se cumplían los requisitos y aportar la prueba. Si la diferencia procede de un dato de un tercero, por ejemplo de un pagador que comunicó retenciones erróneas, conviene aportar el certificado correcto. Cuando una resolución administrativa o judicial anula la liquidación después de que el contribuyente haya pagado alguna cantidad derivada de ella, el derecho a recuperar lo pagado se ejecuta como devolución de ingresos indebidos, según el artículo 221.2 de la Ley General Tributaria. El apartado 5 de ese artículo remite al artículo 32.2, que prevé intereses de demora desde la fecha del ingreso hasta la de la orden de pago, sin que haya que solicitarlos y con el mismo descuento de las dilaciones no imputables a la Administración.

Puede ocurrir también que el problema esté en la propia declaración: una deducción olvidada, una retención que no se incluyó, un dato familiar mal consignado. El artículo 120.3 de la Ley General Tributaria permite instar la rectificación de una autoliquidación que haya perjudicado los intereses legítimos del contribuyente y, cuando así lo establezca la norma del impuesto, impone hacerlo mediante una autoliquidación rectificativa. La propia Orden HAC/277/2026 indica en su exposición de motivos que esa autoliquidación rectificativa está regulada, para el IRPF, en el artículo 67 bis del reglamento del impuesto. El artículo 120.3 añade que, cuando la rectificación origina una devolución derivada de la normativa del tributo, Hacienda debe pagar intereses de demora si transcurren seis meses sin ordenar el pago por causa que le sea imputable, contados desde el fin del plazo de presentación o, si este ya concluyó, desde la presentación de la rectificación.

La diferencia es relevante para quien rectifica ahora. Supongamos que un contribuyente descubre en noviembre de 2026 una deducción que olvidó aplicar y presenta su autoliquidación rectificativa el 20 de noviembre de 2026. Como el plazo de presentación de la campaña concluyó el 30 de junio, los seis meses para esa devolución adicional se cuentan desde el 20 de noviembre de 2026 y vencen en mayo de 2027. La devolución inicial y la adicional pueden seguir, así, calendarios distintos. Si la rectificación se rechaza, la resolución también es reclamable, ya que el artículo 227.2 de la Ley General Tributaria incluye las resoluciones expresas o presuntas derivadas de una solicitud de rectificación de una autoliquidación.

Queda una última frontera temporal: la prescripción. El artículo 66 de la Ley General Tributaria fija en cuatro años la prescripción tanto del derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo como del derecho a obtenerlas. Según el artículo 67.1, el plazo para solicitar la devolución empieza a contar desde el día siguiente a aquel en que termina el plazo para pedirla, y el plazo para obtenerla, desde el día siguiente a aquel en que terminan los plazos establecidos para efectuar la devolución o desde la notificación del acuerdo que la reconozca. Para la renta de 2025 presentada en campaña, el derecho a solicitar la devolución se extiende, por tanto, hasta mediados de 2030. No hay urgencia inmediata, pero tampoco conviene dejar pasar los años si se ha detectado un error a favor del contribuyente.

¿Y si Hacienda paga después del plazo y el importe no incluye intereses? El acuerdo que reconoce la devolución es un acto que reconoce un derecho, y el artículo 227.1 de la Ley General Tributaria admite la reclamación económico-administrativa contra los actos que provisional o definitivamente reconozcan o denieguen un derecho. Conviene, por tanto, revisar ese acuerdo en cuanto se notifica, comparar la fecha de la orden de pago con la del vencimiento del plazo y, si los intereses faltan sin que haya dilaciones imputables al contribuyente, impugnarlo dentro del mes siguiente a su notificación por cualquiera de las dos vías descritas.

Para recapitular, la secuencia práctica es la siguiente:

  • comprobar la fecha de presentación de la declaración en el justificante, porque determina si el plazo termina en diciembre de 2026 o más tarde;
  • consultar el estado de tramitación de la devolución y revisar las notificaciones, postales y electrónicas;
  • contestar a cualquier requerimiento dentro del plazo y de forma completa, y aportar todos los justificantes en el trámite de alegaciones;
  • verificar si se ha aplicado la devolución a una deuda en periodo ejecutivo mediante un acuerdo de compensación;
  • recurrir una liquidación provisional desfavorable dentro del mes siguiente a su notificación;
  • comprobar, cuando llegue el pago, que incluye los intereses de demora si se superó el plazo sin culpa del contribuyente.

Las situaciones en las que el contribuyente tiene a la vez obligaciones fiscales en España y en Francia, por ejemplo tras un traslado de residencia durante 2025, añaden una capa de complejidad, porque la devolución española puede depender de cómo se hayan declarado las rentas en el otro país. El despacho, con sede en París, describe esos supuestos de doble tributación en su página de derecho fiscal en español, sin que ello cambie las reglas españolas expuestas en esta guía.

Conclusión

Para la renta de 2025 presentada dentro de la campaña, el plazo de seis meses que la ley concede a Hacienda se cuenta desde el 30 de junio de 2026 y se agota con el final de diciembre de 2026. Desde ese momento, la cantidad pendiente genera intereses de demora a favor del contribuyente, sin que tenga que pedirlos, hasta la fecha en que se ordene el pago. Quien presentó la declaración fuera de plazo debe contar los seis meses desde la fecha de presentación, y quien rectifica ahora su autoliquidación, desde la presentación de la rectificación.

La apertura de una verificación de datos o de una comprobación limitada no hace desaparecer esos intereses: la ley obliga a mantenerlos sobre la devolución que finalmente se practique, descontando solo los retrasos que no son imputables a la Administración, como los requerimientos atendidos tarde, las ampliaciones de plazo solicitadas o las notificaciones no recogidas. Contestar a tiempo y de forma completa, revisar las notificaciones, alegar con todos los justificantes y recurrir en el plazo de un mes una liquidación desfavorable son las garantías que ofrece el procedimiento. Estas reglas son de alcance general; cada expediente depende de sus fechas y de los actos que consten en él.

📄 Circular oficial