Despacho Kohen Avocats · Distrito 17 de París
Estafa online o telefónica: qué hacer, cómo denunciar y cuándo te devuelve el dinero el banco

El abogado Hassan KOHEN interviene con urgencia, desde la comisaría hasta el tribunal con jurado (cour d'assises). Primer análisis estratégico: 80 € IVA incluido, respuesta personal en un plazo de 24 horas.

100 % confidencial · Secreto profesional · Sin compromiso

Artículo generado por una inteligencia artificial, según un proceso diseñado y supervisado por el despacho

Fuente: Tribunal de Casación – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Colegio de Abogados de París Detención policial, instrucción, tribunal con jurado Ficha CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Hassan KOHEN
Abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París

Estafa online o telefónica: qué hacer, cómo denunciar y cuándo te devuelve el dinero el banco

Hablar con un abogado 06 89 11 34 45

En España, la búsqueda «estafa» registró un fuerte repunte en Google el 15 de noviembre de 2026, y las sugerencias que la acompañan dicen mucho de lo que preocupa a quien la escribe: «estafa online que hacer», «estafa telefonica que hacer», «denunciar estafa online», «estafa devolver dinero» o «delito de estafa cuantia minima». Detrás de esas palabras hay tres preguntas jurídicas distintas que conviene no mezclar. La primera es penal: si lo ocurrido encaja en el delito de estafa y qué pena prevé la ley. La segunda es procesal: dónde y cómo se denuncia, y en qué casos se puede hacer por vía telemática. La tercera es económica, y suele ser la más urgente: si el banco tiene que devolver el dinero. La respuesta a esta última depende, ante todo, de una distinción que muchas víctimas desconocen: no es lo mismo una operación que el titular de la cuenta no autorizó que una transferencia que él mismo ordenó porque fue engañado. Este texto expone el derecho español tal como se lee en los textos consolidados publicados en el Boletín Oficial del Estado a 22 de noviembre de 2026, sin describir ningún caso concreto ni a ninguna empresa. La metodología es de alcance general: las condiciones del contrato con cada entidad, las pruebas disponibles y la valoración de los jueces deciden cada asunto. Se trata de una información sobre derecho extranjero, redactada por Hassan Kohen, abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París, que no ejerce en España.

I. Estafa online o telefónica: qué es un delito de estafa y qué hacer en las primeras horas

A. ¿Es delito de estafa? Lo que dice el Código Penal, también sobre la cuantía mínima

La palabra estafa tiene en España un significado jurídico preciso. El artículo 248 del Código Penal, en la redacción vigente desde el 12 de enero de 2023, la define así: «Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno». El mismo artículo fija la pena básica en prisión de seis meses a tres años y añade una regla que responde directamente a quien busca la cuantía mínima de la estafa: «Si la cuantía de lo defraudado no excediere de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses».

La definición contiene cinco piezas que conviene identificar antes de hablar de denuncia o de reclamación. Hace falta un ánimo de lucro, es decir, la intención de obtener un beneficio económico. Hace falta un engaño, y la ley exige que sea «bastante», lo que significa que debe ser suficiente para provocar el error; los tribunales valoran esa suficiencia caso por caso, a la vista de las circunstancias. Hace falta un error en la persona engañada. Hace falta que esa persona realice ella misma un acto de disposición: entregar dinero, hacer una transferencia, firmar un contrato, facilitar un bien. Y hace falta un perjuicio, propio o de un tercero. El ejemplo típico es el del falso vendedor que cobra un producto que nunca envía, el de la falsa inversión con rentabilidades imposibles o el de la llamada de alguien que se hace pasar por un empleado del banco y convence a la víctima de que mueva su dinero a una cuenta «segura».

El artículo 249 del mismo Código completa el cuadro con supuestos que son especialmente frecuentes en la estafa online. Considera también reos de estafa, con la misma pena de prisión de seis meses a tres años, a quienes, con ánimo de lucro y mediante una manipulación informática o un artificio semejante, consiguen una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro, y a quienes utilizan de forma fraudulenta tarjetas de crédito o débito, o cualquier otro instrumento de pago distinto del efectivo, o los datos que contienen, para hacer operaciones en perjuicio de su titular o de un tercero. El mismo artículo castiga a quien fabrica o facilita programas o medios diseñados para cometer estas estafas y a quien se apropia de tarjetas o instrumentos de pago para usarlos de forma fraudulenta.

La diferencia entre los dos artículos no es un detalle de manual. En el supuesto del artículo 248, es la víctima quien, engañada, hace el pago. En los supuestos del artículo 249, es el autor quien mueve el dinero, sin consentimiento del titular, porque ha obtenido sus claves, sus datos de tarjeta o el acceso a su banca en línea. Esa misma frontera reaparece, como se verá en la segunda parte, cuando se trata de saber si el banco debe devolver el importe: la normativa de servicios de pago distingue igualmente entre la operación que el titular autorizó y la que no autorizó.

Sobre la cuantía, la respuesta a la búsqueda «delito de estafa cuantia minima» es doble. No existe un importe por debajo del cual el engaño deje de ser delito: también una estafa de pocos euros es punible. Lo que cambia es la pena. Cuando lo defraudado no supera 400 euros, el artículo 248 prevé una multa de uno a tres meses. El artículo 33 del Código clasifica la multa de hasta tres meses entre las penas leves, y el artículo 13 llama delitos leves a las infracciones castigadas con pena leve. Por encima de 400 euros, la pena es de prisión de seis meses a tres años, y para fijarla el juez tiene en cuenta el importe, el quebranto causado, la relación entre víctima y autor y los medios empleados. El artículo 249 no repite el umbral de 400 euros; si ese umbral se aplica también a sus supuestos es una cuestión de interpretación que corresponde a los tribunales.

El artículo 250 contempla la estafa agravada, castigada con prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses. Entre sus supuestos figuran la estafa cuyo valor supera 50.000 euros o que afecta a un elevado número de personas, la que reviste especial gravedad por la entidad del perjuicio y la situación económica en que deja a la víctima o a su familia, la que recae sobre cosas de primera necesidad o viviendas, y la que se comete abusando de las relaciones personales entre víctima y autor o de la credibilidad empresarial o profesional de este. Su numeral octavo, relativo a quien ya ha sido condenado por al menos tres delitos de la misma naturaleza, fue modificado por la Ley Orgánica 1/2026, de 8 de abril. Si concurren determinadas circunstancias a la vez, o si lo defraudado supera 250.000 euros, la pena sube a prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses.

Por último, el tiempo cuenta. El artículo 131 del Código Penal establece que los delitos leves prescriben al año, que los delitos cuya pena máxima no supera cinco años prescriben a los cinco y que, cuando la pena máxima es de prisión de más de cinco años sin exceder de diez, el plazo es de diez años. Aplicado a la estafa, eso significa que una estafa leve prescribe al año, una estafa básica a los cinco años y una estafa agravada a los diez. Las reglas sobre el cómputo y la interrupción de esos plazos tienen matices que no se desarrollan aquí, pero la consecuencia práctica es clara: quien ha sufrido una estafa de poca cuantía no debe dejar pasar los meses antes de denunciar.

B. Estafa online qué hacer: los pasos de las primeras horas

La primera medida no es jurídica en apariencia, pero tiene consecuencias jurídicas directas: avisar a la entidad financiera en cuanto se descubre el problema. El Real Decreto-ley 19/2018, de servicios de pago, obliga al usuario, en su artículo 41, a notificar a su proveedor, sin demora indebida, el extravío, la sustracción, la apropiación indebida o la utilización no autorizada de su instrumento de pago. A cambio, su artículo 46 dispone que, salvo actuación fraudulenta, el titular no soporta consecuencia económica alguna por el uso posterior a esa notificación de un instrumento extraviado o sustraído. Cuando la operación no fue autorizada, el artículo 45 obliga al banco del ordenante a devolver el importe de inmediato y, en cualquier caso, «a más tardar al final del día hábil siguiente a aquel en el que haya observado o se le haya notificado la operación», con una excepción que se analiza más adelante. Y el artículo 43 limita en el tiempo el derecho a obtener la rectificación: el usuario debe comunicar la operación sin demora injustificada y, en todo caso, «dentro de un plazo máximo de trece meses contados desde la fecha del adeudo». Avisar pronto no es solo prudente; es lo que pone en marcha el plazo de devolución y lo que impide que se discuta después si el titular actuó con diligencia.

En la práctica, esa primera llamada sirve para bloquear la tarjeta, la banca en línea o la aplicación del móvil y para pedir que se anoten la fecha y la hora del aviso. Conviene repetir después la comunicación por escrito, por un canal que deje constancia (la aplicación de la entidad, su banca en línea o un escrito con acuse de recibo), identificando cada operación que no se reconoce: fecha, importe, beneficiario si aparece y la indicación expresa de que no fue autorizada. Ese escrito será la base de una eventual reclamación ante el servicio de atención al cliente de la entidad, cuyo plazo de respuesta se expone en la segunda parte.

La segunda medida es cortar todos los accesos que el autor haya podido obtener. Si se facilitaron contraseñas, códigos o datos de la tarjeta a través de un enlace recibido por mensaje, por correo o en una llamada, hay que cambiar de inmediato las contraseñas de la banca en línea y del correo electrónico asociado, revisar los dispositivos de confianza dados de alta en la cuenta y desconfiar de cualquier nuevo contacto que se presente como «departamento de seguridad» y pida otro código. Muchas estafas telefónicas tienen una segunda fase: tras el primer cargo, el autor vuelve a llamar haciéndose pasar por el banco para «anular» la operación y obtiene así una nueva autorización.

La tercera medida es conservar las pruebas antes de que desaparezcan. Capturas de pantalla de los mensajes y conversaciones, con la fecha y el número o la dirección del remitente; la dirección web de la página en la que se introdujeron los datos o en la que se hizo la compra; el anuncio, el perfil o el nombre comercial utilizado por el vendedor; los justificantes de transferencia y los extractos con los cargos; el registro de llamadas. No hay que borrar nada ni contestar al autor para «negociar». Esta documentación tiene una utilidad doble: permite describir los hechos con precisión en la denuncia, como exige la ley procesal, y permite demostrar frente al banco la secuencia exacta de lo ocurrido.

La cuarta medida es presentar la denuncia. Su forma, sus destinatarios y la posibilidad de hacerla por internet se explican en la segunda parte, porque la ley española excluye la vía telemática en varios supuestos que son habituales en la estafa online. Conviene en todo caso pedir el justificante de la denuncia: será necesario para la reclamación bancaria y, en su caso, para el seguro.

La quinta medida es una cautela. Tras una estafa, la víctima puede recibir ofertas de supuestos servicios que prometen recuperar el dinero a cambio de un pago por adelantado, o mensajes de quien dice ser un organismo público, un abogado o un investigador. Antes de pagar nada o de facilitar más datos, conviene verificar la identidad de quien contacta por un canal independiente. Lo mismo vale para la variante en la que alguien pide que se le «devuelva» un dinero supuestamente enviado por error: la segunda parte explica qué obliga a devolver la ley civil y por qué conviene comprobarlo en la propia cuenta antes de hacer nada.

II. Estafa: cómo denunciar y cuándo te devuelve el dinero el banco

A. Denunciar estafa online: dónde, cómo y cuándo por vía telemática

La Ley de Enjuiciamiento Criminal regula la denuncia en sus artículos 259 y siguientes. Su artículo 264 indica que quien tenga conocimiento de un delito perseguible de oficio debe denunciarlo al Ministerio Fiscal, al tribunal competente, al juez de instrucción o a un funcionario de policía, sin quedar obligado por ello a probar los hechos ni a presentar una querella. El artículo 265 permite hacer la denuncia por escrito o de palabra, personalmente o por medio de mandatario con poder especial, y exige que contenga la identificación del denunciante y la narración circunstanciada del hecho, además de la identidad de los autores y de los testigos si se conocen y cualquier fuente de información que pueda servir para esclarecerlo. En su redacción vigente, aplicable desde el 3 de abril de 2025, el artículo 266 admite la denuncia por vía telemática, firmada con firma electrónica, pero añade una lista de exclusiones que conviene leer con atención: «No se podrán denunciar por vía telemática aquellos hechos que se hayan producido con violencia o intimidación, ni si tienen autor conocido, ni si existen testigos, ni si el denunciante es menor de edad, ni si se ha cometido delito flagrante, ni aquellos hechos de naturaleza violenta o sexual».

Esa lista tiene consecuencias muy concretas para quien busca cómo denunciar una estafa online. La estafa cometida por un desconocido a través de una página falsa, un mensaje o una llamada, sin testigos, puede en principio denunciarse por vía telemática con firma electrónica. En cambio, si el denunciante sabe quién es el autor, por ejemplo porque tiene su nombre completo, su documento de identidad o su domicilio, la ley excluye esa vía y la denuncia debe presentarse en persona o por escrito firmado. Lo mismo ocurre si hubo testigos o si quien denuncia es menor de edad. En la práctica, la denuncia presencial se presenta ante la policía o la Guardia Civil, en el juzgado de guardia o mediante escrito dirigido a la Fiscalía.

El artículo 268 obliga a quien recibe la denuncia a hacer constar la identidad del denunciante y, si este lo pide, a entregarle un resguardo de haberla formalizado. El artículo 269 añade que, formalizada la denuncia, se procederá a la comprobación del hecho denunciado, salvo que no revista carácter de delito o sea manifiestamente falsa. Para el denunciante, esto significa que una denuncia bien documentada, con la cronología, los importes, las cuentas de destino y las capturas, tiene más posibilidades de dar lugar a diligencias útiles que un relato general.

La ley procesal prevé además herramientas pensadas para los delitos cometidos por internet. El artículo 13, en la redacción vigente desde el 10 de abril de 2026, dispone que, en la instrucción de delitos cometidos a través de internet, del teléfono o de otra tecnología de la información o de la comunicación, el juzgado puede acordar como primeras diligencias, de oficio o a instancia de parte, la retirada provisional de contenidos ilícitos, la interrupción provisional de los servicios que los ofrecen o su bloqueo provisional cuando radiquen en el extranjero. Es la base jurídica que permite pedir al juzgado que actúe sobre una tienda en línea falsa o una página de suplantación que sigue captando víctimas.

La denuncia abre también la vía para recuperar el dinero frente al autor. El artículo 116 del Código Penal establece que toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente si del hecho se derivan daños o perjuicios, y el artículo 110 precisa que esa responsabilidad comprende la restitución, la reparación del daño y la indemnización de los perjuicios materiales y morales. Según el artículo 109 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando la persona ofendida o perjudicada declara ante el juez, el letrado de la Administración de Justicia le informa de su derecho a mostrarse parte en el proceso y a renunciar o no a la restitución, la reparación y la indemnización. Si prefiere separar las vías, el artículo 109 del Código Penal permite al perjudicado optar por exigir la responsabilidad civil ante la jurisdicción civil. La condena civil del autor solo tiene efecto práctico si se le identifica y si tiene bienes, lo que explica que la reclamación frente al banco, cuando procede, sea a menudo la vía más rápida.

Las personas que viven entre Francia y España, o que han sido víctimas desde un país de un autor que opera desde el otro, encontrarán en la sección de derecho penal del despacho otras explicaciones elaboradas con el mismo método: lectura de los textos oficiales en vigor y distinción clara entre lo que dice la ley y lo que dependerá de la prueba y del criterio de los tribunales.

B. Estafa devolver dinero: cuándo tiene que devolverlo el banco y cuándo no

La pregunta de si el banco devuelve el dinero de una estafa no tiene una respuesta única, porque la normativa de servicios de pago parte de una distinción previa. Según el artículo 36 del Real Decreto-ley 19/2018, una operación de pago se considera autorizada cuando el ordenante ha dado su consentimiento para ejecutarla, y no autorizada a falta de ese consentimiento. Todo el régimen de devolución depende de en qué lado de esa frontera se sitúa lo ocurrido.

Primer caso: la operación no fue autorizada. Es lo que ocurre cuando el autor utiliza los datos de una tarjeta copiada, accede a la banca en línea con las claves que ha obtenido mediante un enlace fraudulento o realiza cargos que el titular nunca ordenó. Aquí la ley protege con fuerza al cliente. El banco debe devolver el importe de inmediato y, a más tardar, al final del día hábil siguiente a aquel en que observó la operación o se le notificó, y restituir la cuenta al estado en que habría estado sin el cargo, con una fecha de valor que no puede ser posterior a la del adeudo. La única excepción prevista en el artículo 45 es que la entidad tenga motivos razonables para sospechar la existencia de fraude y comunique esos motivos por escrito al Banco de España. Además, el artículo 44 pone la carga de la prueba sobre la entidad: es ella la que debe demostrar que la operación fue autenticada, registrada con exactitud y contabilizada, y que no se vio afectada por un fallo técnico. El mismo artículo precisa que el mero registro de la utilización del instrumento de pago no basta necesariamente para demostrar que el titular autorizó la operación ni que actuó con fraude o negligencia grave, y que corresponde al proveedor probar esa negligencia grave.

El artículo 46 fija los límites de lo que el titular puede llegar a soportar. Cuando las pérdidas derivan de un instrumento extraviado, sustraído o apropiado indebidamente, el titular puede quedar obligado a asumir hasta un máximo de 50 euros, salvo que no le fuera posible detectar la pérdida antes del pago o que esta se deba a la acción o inacción de empleados o agentes de la entidad. Ese límite desaparece, y el titular soporta todas las pérdidas, si actuó de manera fraudulenta o incumplió, deliberadamente o por negligencia grave, sus obligaciones de custodia del artículo 41. Por el contrario, si la entidad no exigió la autenticación reforzada del cliente, el titular solo soporta consecuencias económicas en caso de fraude por su parte. Y, como ya se ha visto, tras la notificación del extravío o la sustracción no responde del uso posterior, salvo actuación fraudulenta.

El caso de los mensajes que suplantan a un organismo público, que explica búsquedas como «estafa sms seguridad social», ilustra la zona de discusión. El mensaje invita a pulsar un enlace y a introducir los datos de la tarjeta o las claves de acceso; el autor los utiliza después para hacer pagos. El titular no consintió esos pagos, pero facilitó los datos. ¿Hubo negligencia grave? La ley no contesta en abstracto: obliga al banco a probarla y advierte que el simple registro técnico de la operación no es suficiente. La credibilidad del mensaje, la información de que disponía la víctima y el comportamiento de la propia entidad, por ejemplo si exigió o no la autenticación reforzada, son elementos que los tribunales valoran caso por caso. Por eso conviene conservar el mensaje recibido y describir con exactitud qué datos se facilitaron y cuáles no.

Segundo caso: la operación fue autorizada por el propio titular, aunque fuera bajo engaño. Es la situación del comprador que paga a un vendedor falso, de quien invierte en una plataforma ficticia o de quien, convencido por una llamada, ordena él mismo una transferencia o acepta en su móvil una solicitud de pago. En estos supuestos existe consentimiento en el sentido del artículo 36, y el régimen de devolución automática del artículo 45, pensado para las operaciones no autorizadas, no se aplica. El dinero se reclama entonces, en primer lugar, al autor, por la vía penal y la responsabilidad civil derivada del delito que se han expuesto antes. Cualquier reclamación frente a la entidad dependerá del contrato y de las reglas generales de la responsabilidad, y la ley de servicios de pago no garantiza su éxito. Nada impide, sin embargo, pedir al banco que contacte con la entidad del beneficiario para intentar recuperar los fondos, y cuanto antes se haga, más posibilidades hay de que el dinero siga en la cuenta de destino.

Tercer caso: el titular se equivocó al indicar el destinatario. El artículo 59 del Real Decreto-ley prevé que, cuando el identificador facilitado por el usuario es incorrecto, el proveedor no responde de la ejecución defectuosa, pero debe esforzarse razonablemente por recuperar los fondos, con la cooperación del proveedor del beneficiario. Si no lo consigue, debe facilitar al ordenante, previa solicitud por escrito, toda la información pertinente para que pueda interponer una reclamación legal, y puede cobrar gastos por esa gestión si así se pactó en el contrato marco.

Esa reclamación legal se apoya en el artículo 1895 del Código Civil, que regula el cobro de lo indebido con una fórmula muy antigua y muy clara: «Cuando se recibe alguna cosa que no había derecho a cobrar, y que por error ha sido indebidamente entregada, surge la obligación de restituirla». El artículo siguiente agrava la situación de quien acepta un pago indebido de mala fe: debe abonar el interés legal cuando se trata de dinero y responde de los perjuicios causados a quien lo entregó hasta que lo recobre. Quien ha enviado dinero por error a una persona equivocada tiene, por tanto, un fundamento legal para exigir su devolución.

La misma regla explica por qué conviene desconfiar de la variante de la estafa del pago «por error», que aparece entre las búsquedas sobre pagos con el móvil. En ella, alguien escribe para decir que ha enviado dinero por equivocación y pide que se le devuelva, a menudo a otro número o mediante una solicitud de pago que hay que aceptar. La obligación de restituir del artículo 1895 nace de lo que efectivamente se ha recibido, y la restitución se debe a quien lo entregó. Antes de devolver nada, lo prudente es comprobar en la propia aplicación o en el extracto de la entidad, y no en una captura enviada por el remitente, si el ingreso existe realmente; si existe, devolverlo por el mismo canal y al mismo ordenante, o pedir a la entidad que gestione la devolución. Aceptar una solicitud de pago no es devolver un ingreso: es hacer un nuevo pago, autorizado, que entra en el segundo caso descrito más arriba.

Queda la cuestión del procedimiento frente a la entidad. El artículo 69 del Real Decreto-ley obliga a los proveedores de servicios de pago a disponer de un servicio de atención al cliente que resuelva las reclamaciones de sus usuarios sobre los derechos y obligaciones de la norma, en papel o en otro soporte duradero si así se ha acordado, tratando todas las cuestiones planteadas a más tardar quince días hábiles después de recibir la reclamación. En situaciones excepcionales, y por razones ajenas a su voluntad, la entidad puede enviar una respuesta provisional que explique el retraso e indique el plazo de la definitiva, que en ningún caso puede exceder de un mes. Para lo no previsto, el mismo artículo remite al artículo 29 de la Ley 44/2002, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero. Si la respuesta es negativa o no llega, queda abierta la vía judicial civil frente a la entidad, en la que la carga de la prueba que impone el artículo 44 en las operaciones no autorizadas juega a favor del cliente. Conviene presentar la reclamación por escrito, identificar cada operación, adjuntar el justificante de la denuncia y guardar la prueba de la fecha de presentación, porque de ella dependen los plazos.

Conclusión

La búsqueda «estafa» encierra tres preguntas que el derecho español trata por separado. La primera es penal: el artículo 248 del Código Penal define la estafa por el engaño bastante que lleva a la víctima a disponer de su patrimonio, el artículo 249 añade las transferencias no consentidas y el uso fraudulento de tarjetas e instrumentos de pago, y no hay cuantía mínima para que exista delito, aunque por debajo de 400 euros la pena del artículo 248 es una multa de uno a tres meses y el delito es leve. Los plazos de prescripción, de un año para la estafa leve, cinco para la básica y diez para la agravada, invitan a no esperar. La segunda pregunta es procesal: la denuncia puede presentarse ante la policía, el juzgado o la Fiscalía, y, conforme al artículo 266 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, también por vía telemática con firma electrónica, salvo, entre otros supuestos, cuando el autor es conocido o hay testigos.

La tercera pregunta es la del dinero, y su respuesta depende de una sola distinción. Si la operación no fue autorizada por el titular, el Real Decreto-ley 19/2018 obliga al banco a devolverla a más tardar al final del día hábil siguiente a la notificación, salvo sospecha razonable de fraude comunicada por escrito al Banco de España, y le impone probar la autenticación y, en su caso, la negligencia grave del cliente; el aviso debe hacerse sin demora y, como máximo, dentro de los trece meses siguientes al adeudo. Si la operación fue autorizada bajo engaño, ese régimen no se aplica y el dinero se reclama sobre todo al autor, por la vía penal o civil, mientras que el pago recibido realmente por error debe restituirse a quien lo hizo, conforme al artículo 1895 del Código Civil. Estas reglas son las que se leen a 22 de noviembre de 2026 en los textos consolidados del Boletín Oficial del Estado; en cada caso, las condiciones del contrato con la entidad y las pruebas conservadas desde las primeras horas son las que deciden el resultado.

📄 Circular oficial