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Cuándo es el Black Friday 2026: 27 de noviembre; devoluciones y falsos descuentos, qué dice la ley

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Fuente: Tribunal de Casación – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Colegio de Abogados de París Detención policial, instrucción, tribunal con jurado Ficha CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Hassan KOHEN
Abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París

Cuándo es el Black Friday 2026: 27 de noviembre; devoluciones y falsos descuentos, qué dice la ley

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En España, la búsqueda «cuándo es el Black Friday» vuelve cada noviembre, seguida de otras dudas: si el descuento es real, si se puede devolver lo comprado y qué hacer si el pedido no llega. En su nota informativa de 11 de noviembre de 2026, publicada en el portal oficial de consumo, el Centro Europeo del Consumidor en España (CEC-España) sitúa el Black Friday el viernes 27 de noviembre de 2026 y el Cyber Monday el lunes 30 de noviembre, y advierte de que muchos comercios adelantan sus promociones durante semanas. Ninguna ley española regula el Black Friday como tal: esas compras se rigen por las normas de todo el año. Todo producto anunciado con rebaja debe mostrar el precio anterior, que es el más bajo aplicado en los treinta días previos. Una compra hecha por internet puede anularse en catorce días naturales sin dar explicaciones, salvo excepciones legales. En una tienda física, en cambio, la devolución de un producto sin defecto solo es un derecho si el comercio la ha ofrecido; la garantía legal de tres años, por su parte, no se reduce porque el artículo estuviera rebajado.

Este texto expone el derecho estatal español del comercio minorista y de la defensa de los consumidores, aplicable en todo el territorio, tal como se lee a 22 de noviembre de 2026. La metodología es de alcance general y no sustituye el examen de cada compra concreta. Se trata de una información sobre derecho extranjero, redactada por Hassan Kohen, abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París, que no ejerce en España.

I. Cuándo es el Black Friday en España y qué reglas de precio se aplican

A. Cuándo es el Black Friday 2026: una fecha comercial que ninguna ley fija

La fecha del Black Friday no la fija el Boletín Oficial del Estado. Es una costumbre comercial importada de Estados Unidos: el viernes siguiente al Día de Acción de Gracias, que en 2026 cae el jueves 26 de noviembre. La nota del CEC-España de 11 de noviembre de 2026 confirma ese calendario para este año, con el Black Friday el 27 de noviembre y el Cyber Monday el 30 de noviembre, y recuerda que durante estas campañas los derechos de las personas consumidoras son los mismos que en cualquier otro momento. Esa precisión tiene consecuencias prácticas: un comercio puede empezar sus ofertas el 1 de noviembre o terminarlas el 7 de diciembre sin infringir ninguna norma sobre fechas, porque no existe un «periodo legal» del Black Friday. Lo que sí está regulado es la forma en que se anuncian y se aplican los descuentos, y los derechos del comprador una vez hecha la compra.

Para el derecho español, una campaña de Black Friday es una actividad de promoción de ventas. La Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista enumera en su artículo 18 esas actividades: ventas en rebajas, ventas en oferta o promoción, saldos, liquidaciones, ventas con obsequio y ofertas de venta directa. Cada denominación solo puede usarse para la venta que responda a su concepto legal. Y cualquiera que sea la etiqueta, el artículo 20 impone una regla común a todas las reducciones de precio: siempre que se oferten artículos rebajados, «deberá figurar con claridad, en cada uno de ellos, el precio anterior junto con el precio reducido». La misma disposición define ese precio de referencia: «Se entenderá por precio anterior el menor que hubiese sido aplicado sobre productos idénticos en los treinta días precedentes». Solo quedan fuera los artículos que se ponen a la venta por primera vez y, para combatir el desperdicio alimentario, los precios rebajados de alimentos próximos a su fecha de caducidad o de consumo preferente. En su redacción actual, la regla está en vigor desde el 28 de mayo de 2022.

La ley no exige, en cambio, un porcentaje mínimo de descuento. El apartado 2 del artículo 20 prohíbe condicionar las promociones a una reducción porcentual mínima o máxima: un descuento del 3 % es tan legal como uno del 70 %, siempre que el precio anterior mostrado sea el verdadero. Tampoco hay calendario obligatorio para las rebajas: según el artículo 25, los periodos de rebajas se fijan según el criterio de cada comerciante, que decide libremente su duración. Esa libertad tiene contrapartidas. El artículo 19 obliga a especificar en los anuncios la duración de la promoción y, en su caso, sus reglas especiales. Si las ofertas no alcanzan al menos la mitad de los artículos a la venta, la promoción no puede anunciarse como una medida general, sino solo para los productos o secciones que realmente la tengan. Un cartel de «toda la tienda rebajada» que en realidad solo afecta a unas pocas estanterías no respeta esta regla.

El artículo 21 añade una exigencia de orden: cuando conviven productos a precio normal y productos rebajados, deben estar suficientemente separados para que nadie pueda confundirlos. El artículo 24 precisa además que solo hay venta en rebajas cuando los artículos se ofrecen, en el mismo establecimiento, a un precio inferior al fijado antes, y excluye de esa calificación los productos que nunca se vendieron a precio ordinario, los deteriorados o los comprados expresamente para venderlos más baratos. El artículo 26 prohíbe ofrecer como rebajados artículos deteriorados. Si un comercio quiere vender restos con defectos, debe anunciarlos como «saldos» o «venta de restos» y señalar el defecto de forma precisa y ostensible, conforme a los artículos 28 y 29. Estas reglas permiten al comprador distinguir lo que es una oferta real de lo que es una simple operación de marketing, y son la base de cualquier reclamación posterior.

B. Falsos descuentos en el Black Friday: el precio anterior y la publicidad engañosa

El falso descuento más frecuente consiste en subir el precio unos días antes de la campaña para luego «rebajarlo» hasta el nivel de siempre. La regla de los treinta días está pensada precisamente contra esa práctica: si un televisor se vendió a 399 euros el 10 de noviembre, a 499 euros el 20 y a 399 euros el 27 con la mención «antes 499», el precio anterior que debía mostrarse era 399 euros, porque es el más bajo aplicado a ese mismo producto en los treinta días previos. El anuncio del descuento es entonces irregular, aunque el precio final sea el habitual. Lo mismo ocurre cuando el porcentaje anunciado se calcula sobre un «precio recomendado» que el comercio nunca aplicó: la ley habla del precio realmente aplicado por el vendedor sobre productos idénticos, no de una cifra de catálogo. Y la comparación debe hacerse sobre el mismo producto: otro color, otra capacidad o un modelo distinto no sirven de referencia.

Más allá de la normativa comercial, estas prácticas pueden ser actos de competencia desleal. La Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal considera engañosa, en su artículo 5, «cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios», cuando sea susceptible de alterar su comportamiento económico y afecte a alguno de los aspectos que enumera. Entre ellos figura expresamente «El precio o su modo de fijación, o la existencia de una ventaja específica con respecto al precio». Un porcentaje inflado, un precio tachado ficticio o una cuenta atrás que se reinicia cada día para crear una urgencia falsa entran en esa categoría cuando inducen a comprar algo que no se habría comprado de otro modo. El artículo 18.3 de la ley del comercio minorista remite precisamente a este artículo 5 para calificar como desleal el uso de denominaciones como «rebajas» u «oferta» en ventas que no responden a su concepto legal.

La misma ley de competencia desleal recoge otras prácticas típicas de las grandes campañas. Su artículo 7 considera desleal la omisión u ocultación de información necesaria para decidir con conocimiento de causa, y también la información poco clara, ambigua o que no se ofrece en el momento adecuado. El artículo 22 califica de engañoso por sí mismo anunciar un producto a un precio determinado sin revelar que existen motivos razonables para pensar que no estará disponible a ese precio durante un periodo suficiente y en cantidades razonables, o anunciarlo para después negarse a venderlo con la intención de colocar otro distinto. Es la conocida práctica del «producto gancho»: el artículo estrella que se agota en minutos y deja paso a modelos más caros. El artículo 19 de esa ley precisa que las prácticas de sus artículos 21 a 31 son desleales en todo caso y en cualquier circunstancia, sin necesidad de demostrar su efecto concreto sobre cada consumidor.

¿Qué puede hacer el comprador ante un falso descuento? En el plano administrativo, el artículo 47 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, califica como infracciones en materia de consumo tanto el incumplimiento de las normas reguladoras de precios, en su letra f), como el uso de prácticas comerciales desleales con los consumidores, en su letra m). Esas infracciones dan lugar a sanciones administrativas impuestas por la administración de consumo competente tras el correspondiente expediente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles. En el plano contractual, el consumidor puede apoyarse en una regla poco conocida del artículo 61 del mismo texto: el contenido de la oferta, la promoción o la publicidad, las condiciones económicas y las garantías ofrecidas «serán exigibles por los consumidores y usuarios, aún cuando no figuren expresamente en el contrato celebrado o en el documento o comprobante recibido». Lo prometido en el anuncio, incluido el precio o la ventaja anunciada, forma parte del contrato. Si se pagó un precio distinto del anunciado, puede reclamarse la diferencia, y si la publicidad engañosa fue determinante, pueden plantearse acciones más amplias sobre el contrato.

En ambos casos, la prueba decide. Conviene guardar capturas de pantalla fechadas del producto y de su precio en los días anteriores a la campaña, del anuncio con el precio tachado y el porcentaje, de la página de pago y de la confirmación del pedido, así como el tique o la factura. En una tienda física, una fotografía de la etiqueta con el precio anterior y el rebajado, tomada junto al producto, suele ser suficiente para plantear la reclamación. Los historiales de precios que ofrecen algunas aplicaciones pueden servir de indicio, pero no sustituyen la captura propia del comprador, que demuestra lo que él mismo vio en el momento de comprar.

II. Black Friday devoluciones: qué puedes exigir después de comprar

A. Devoluciones de compras online en el Black Friday: catorce días para desistir

Cuando la compra se hace a distancia, por internet o por teléfono, el consumidor dispone de un derecho de desistimiento que no depende de la voluntad del comercio. El artículo 102 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece que, salvo las excepciones de su artículo 103, el consumidor puede desistir del contrato durante catorce días naturales «sin indicar el motivo» y sin más costes que los previstos en la propia ley para la devolución. No hay que justificar nada: basta con haber cambiado de opinión. El mismo artículo declara nulas las cláusulas que penalicen ese desistimiento o impongan la renuncia a él. Ese texto refundido es también el que fija las reglas de entrega, de garantía y de reclamación que se exponen a continuación.

El plazo se cuenta, en las compraventas, desde el día en que el comprador, o un tercero indicado por él distinto del transportista, adquiere la posesión material del producto, según el artículo 104. Si un mismo pedido llega en varios paquetes, el plazo empieza con la entrega del último. Esta regla interesa especialmente a quien compra regalos de Navidad durante el Black Friday: para un producto recibido el 1 de diciembre, el desistimiento puede comunicarse hasta el 15 de diciembre, no después de las fiestas. Muchos comercios amplían voluntariamente ese plazo en noviembre y diciembre. Esas ampliaciones son válidas y obligan al comercio que las anuncia, porque el desistimiento existe también cuando se reconoce en la oferta, la promoción o el propio contrato, y porque lo anunciado en la publicidad es exigible.

Si el vendedor no informó al comprador de su derecho de desistimiento, el plazo no termina a los catorce días. El artículo 105 lo prolonga hasta doce meses después de la fecha en que habría expirado el plazo inicial; si la información se facilita dentro de esos doce meses, el comprador dispone de catorce días desde que la recibe. Para ejercer el derecho, el artículo 106 permite usar el modelo de desistimiento que figura en el anexo B de la ley o cualquier otra declaración inequívoca, por ejemplo un correo electrónico en el que se diga claramente que se desiste de la compra. Lo que cuenta es la fecha de envío de esa declaración, no la de su recepción. Como la prueba del ejercicio del desistimiento corresponde al consumidor, es prudente usar un medio que deje constancia.

Ejercido el desistimiento, el comercio debe devolver todo lo pagado, incluidos los gastos de envío iniciales, sin demoras indebidas y, en cualquier caso, antes de catorce días naturales desde que fue informado, utilizando el mismo medio de pago, salvo que el comprador acepte expresamente otro sin coste para él. Así lo dispone el artículo 107. El vendedor no tiene que reembolsar el sobrecoste de una modalidad de entrega más cara elegida por el comprador, y puede retener el reembolso hasta recibir el producto o hasta que el comprador demuestre haberlo devuelto. Por su parte, el comprador debe devolver el producto en un máximo de catorce días naturales desde que comunicó su decisión. Según el artículo 108, solo paga los costes directos de la devolución si el vendedor le informó de ello y no ha asumido esos costes, y solo responde de la pérdida de valor causada por una manipulación distinta de la necesaria para comprobar la naturaleza, las características o el funcionamiento del producto. Probar un abrigo o encender un aparato para comprobar que funciona es una manipulación normal; usarlo durante días excede, en principio, de esa comprobación.

El derecho de desistimiento tiene excepciones, enumeradas en el artículo 103. No se aplica, entre otros casos, a los productos confeccionados según las especificaciones del comprador o claramente personalizados, a los que pueden deteriorarse o caducar con rapidez, a los productos precintados que no son aptos para la devolución por razones de salud o de higiene y que han sido desprecintados tras la entrega, a las grabaciones de sonido o de vídeo y a los programas informáticos precintados que el comprador haya desprecintado, ni a los servicios de alojamiento, transporte de bienes, alquiler de vehículos, comida o actividades de ocio contratados para una fecha concreta. Para el contenido digital descargado, como un videojuego o una aplicación, el derecho se pierde cuando la descarga ha empezado con el consentimiento previo del comprador, su reconocimiento de que perdía el desistimiento y la confirmación del vendedor. Cuando no existe derecho de desistimiento, el vendedor debe advertirlo antes de la compra, según el artículo 97.

La entrega también está regulada. Salvo acuerdo distinto, el artículo 66 bis obliga a entregar los bienes sin demora indebida y en un plazo máximo de treinta días naturales desde la celebración del contrato. Si el vendedor no cumple, el comprador debe concederle un plazo adicional adecuado a las circunstancias; si sigue sin entregar, puede resolver el contrato y recuperar lo pagado. Puede resolverlo de inmediato si el vendedor se niega a entregar o si las partes acordaron, antes de contratar, que la entrega en una fecha determinada era esencial, por ejemplo cuando se pactó que un regalo debía llegar antes de una fecha señalada. La carga de probar la entrega recae en el vendedor. Mientras el paquete viaja, el riesgo de pérdida o deterioro lo soporta el vendedor: según el artículo 66 ter, solo se transmite al comprador cuando él o la persona que designe, distinta del transportista, recibe el producto.

Por último, el precio que se muestra en la compra en línea debe ser el precio final completo, impuestos incluidos, con indicación de los gastos adicionales de transporte o de entrega. Cuando el precio ha sido personalizado mediante una decisión automatizada, por ejemplo en función del historial de navegación del comprador, el vendedor debe informar de ello de forma clara. Los artículos 20 y 97 del texto refundido imponen esa información antes de la compra, y el apartado 6 del artículo 97 extrae la consecuencia: si el vendedor no informó de los gastos adicionales o de los costes de devolución, el consumidor no tiene la obligación de pagarlos.

B. Compras en tienda física, garantía y cómo reclamar

En una tienda física, la situación cambia por completo. El derecho de desistimiento de catorce días que se acaba de describir es propio de los contratos a distancia o celebrados fuera del establecimiento. Para las compras hechas en el mostrador, el artículo 68 del texto refundido reconoce el desistimiento únicamente en los supuestos previstos por la ley o cuando así se reconozca en la oferta, la promoción, la publicidad o el propio contrato. Dicho de otro modo: si la tienda no ofrece devoluciones, no está obligada a aceptar la devolución de un producto que funciona correctamente. Si las ofrece, debe respetar las condiciones que anuncia, y esas condiciones, incluido el plazo y la forma del reembolso en dinero o en vale, son las que el comercio haya comunicado. Por eso conviene pedir que la política de devoluciones figure en el tique: el artículo 11 de la ley del comercio minorista obliga a expedir factura, recibo u otro documento análogo en el que consten los derechos especiales del comprador cuando este puede desistir, y permite exigir siempre un documento con el objeto, el precio y la fecha de la compra.

La garantía legal, en cambio, es la misma en la tienda física y en internet, y no se reduce por el hecho de que el producto estuviera rebajado. Según el artículo 120 del texto refundido, el vendedor responde de las faltas de conformidad que existan en el momento de la entrega y se manifiesten en un plazo de tres años desde la entrega en el caso de los bienes, y de dos años en el caso de los contenidos o servicios digitales suministrados en un acto único. Para los bienes de segunda mano, las partes pueden pactar un plazo menor, que no puede ser inferior a un año. Durante los dos primeros años, el artículo 121 presume, salvo prueba en contrario, que el defecto ya existía en el momento de la entrega, salvo que esa presunción sea incompatible con la naturaleza del bien o del defecto; a partir del tercer año, es el comprador quien debe demostrarlo.

Ante una falta de conformidad, el artículo 117 permite exigir al vendedor, mediante una simple declaración, la puesta en conformidad del producto, la reducción del precio o la resolución del contrato, además de la indemnización de daños y perjuicios si procede, y suspender el pago de la parte del precio que quede pendiente. El artículo 118 da al comprador la elección entre reparación y sustitución, salvo que una de ellas resulte imposible o desproporcionada para el vendedor; la medida debe realizarse sin coste para el consumidor, incluidos los gastos de envío, mano de obra y materiales, en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes. Si la reparación o la sustitución no son posibles, no se hacen en un plazo razonable, o el defecto reaparece, el artículo 119 permite pedir la rebaja proporcionada del precio o la resolución del contrato. Mientras dura la reparación, los plazos de garantía quedan suspendidos, y durante el año siguiente a la entrega del producto reparado el vendedor responde de la misma falta de conformidad, según el artículo 122. Un producto de oferta defectuoso da, por tanto, exactamente los mismos derechos que uno comprado a precio completo.

Cuando el comercio no atiende una reclamación, el camino tiene varias etapas. La primera es la reclamación escrita al propio vendedor. El artículo 21 del texto refundido obliga a los servicios de atención al cliente a entregar una clave identificativa y un justificante por escrito o en otro soporte duradero, y a responder en el plazo más breve posible y, en todo caso, en un máximo de quince días desde la presentación de la reclamación. Si la respuesta no llega o no satisface, el consumidor puede acudir a una entidad de resolución alternativa de litigios de consumo notificada a la Comisión Europea, y el empresario debe informarle de las entidades disponibles. Para las compras hechas en comercios de otros países de la Unión Europea, Noruega, Islandia o el Reino Unido, el CEC-España ayuda a los consumidores residentes en España a gestionar sus reclamaciones transfronterizas, según su nota de 11 de noviembre de 2026. La denuncia ante la administración de consumo competente, por su parte, puede dar lugar a una sanción al comercio, pero no devuelve por sí sola el dinero al comprador.

Antes de llegar al juzgado hay un paso obligatorio desde el 3 de abril de 2025. La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia dispone en su artículo 5 que, en el orden civil y con carácter general, «para que sea admisible la demanda se considerará requisito de procedibilidad acudir previamente a algún medio adecuado de solución de controversias». La misma disposición precisa que el requisito se considera cumplido cuando la actividad negociadora se desarrolla directamente entre las partes. En la práctica, una reclamación escrita al vendedor que identifique la compra, explique el problema y proponga una solución concreta puede servir de intento de negociación, siempre que quede constancia de su recepción. Según el artículo 10 de esa ley orgánica, el intento puede acreditarse con cualquier documento que pruebe que la otra parte recibió la solicitud o la propuesta, en qué fecha, y que pudo acceder a su contenido íntegro. Si en treinta días naturales no hay reunión ni respuesta escrita, el proceso se entiende terminado sin acuerdo, y la demanda debe presentarse en el plazo de un año para que el requisito se considere cumplido, conforme a los artículos 7 y 10.

La vía judicial se ha adaptado a las reclamaciones de pequeña cuantía. Las demandas de hasta 15.000 euros se tramitan por el juicio verbal, según el artículo 250.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cuando la cuantía no supera los 2.000 euros, el comprador puede comparecer por sí mismo, sin abogado ni procurador, conforme a los artículos 23.2 y 31.2 de esa ley, y presentar una demanda sucinta, para la que existen impresos normalizados en los juzgados y en la sede judicial electrónica, según el artículo 437.2. Cuando lo que se reclama es una cantidad concreta ya debida, como un reembolso no realizado tras un desistimiento, el proceso monitorio permite reclamar deudas de cualquier importe acreditadas con documentos, incluidas las facturas o los justificantes habituales de la relación, conforme al artículo 812, y su petición inicial tampoco exige abogado ni procurador.

Todas estas vías pertenecen al derecho de los contratos y del consumo, en el que la prueba documental decide casi siempre el resultado. En un expediente de Black Friday, las piezas útiles son siempre las mismas: el anuncio con el precio anterior y el rebajado, las capturas de los días previos, la confirmación del pedido y el justificante de pago, el albarán o el aviso de entrega con su fecha, la declaración de desistimiento y la prueba de su envío, las conversaciones con el servicio de atención al cliente y la clave de la reclamación. Ordenadas por fecha, permiten demostrar qué se prometió, cuándo se recibió el producto y cuándo se ejercieron los derechos, que es lo que se discute en casi todas las disputas posteriores a una campaña de descuentos.

Conclusión

El Black Friday de 2026 cae el 27 de noviembre, y el Cyber Monday el 30, pero ninguna de esas fechas tiene valor jurídico: lo que protege al comprador en España son las normas permanentes del comercio minorista y de la defensa de los consumidores, que se aplican igual en una campaña de descuentos que en cualquier otra semana del año. Todo descuento debe mostrar como precio anterior el más bajo de los treinta días previos, y un porcentaje calculado sobre un precio inflado o ficticio puede constituir una práctica engañosa sancionable, además de un incumplimiento de lo prometido en la publicidad, que forma parte del contrato. Las compras por internet pueden anularse en catorce días naturales desde la recepción, con reembolso en otros catorce, salvo las excepciones legales; las de tienda física solo pueden devolverse sin defecto si el comercio lo ha ofrecido, y en las condiciones que haya anunciado. La garantía de tres años para los bienes nuevos se aplica sin rebaja alguna. Antes de demandar, hay que intentar una negociación documentada con el vendedor. En todos los casos, el resultado depende de lo que el comprador pueda demostrar, por lo que guardar desde el primer día anuncios, capturas, justificantes y comunicaciones es la medida más eficaz.

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