En España, falsificar un documento no es un único delito con una pena fija. La ley penal española distingue según quién comete la falsedad, qué clase de documento se altera y para qué se utiliza después: no se castiga igual a la autoridad que falsea un acta en el ejercicio de su cargo que al particular que imita una firma en un contrato privado, y tampoco a quien fabrica el papel que a quien lo presenta sabiendo que es falso. La búsqueda «falsificación» figura hoy, 22 de noviembre de 2026, entre las búsquedas en ascenso en España, y las preguntas que la acompañan son muy concretas: qué pena tiene la falsificación de documentos, qué delito es falsificar una firma, qué ocurre con un documento privado.
Este artículo responde a esas preguntas en el orden en que se las plantea quien descubre una firma que no es suya o quien recibe una acusación de haber falsificado un documento: si hay delito, qué castigo prevé la ley, cuánto tiempo hay para actuar, cómo se denuncia y cómo se impugna el documento en un pleito civil. Se trata de una información sobre derecho extranjero, en concreto sobre el derecho español vigente a la fecha de redacción, firmada por Hassan Kohen, abogado del Colegio de Abogados de París.
El método expuesto es de alcance general. No se refiere a ningún asunto concreto ni a ninguna persona, y los ejemplos son hipotéticos. Toda persona investigada por una falsedad se presume inocente mientras los hechos y su responsabilidad no queden establecidos por una resolución firme.
I. ¿Qué es delito de falsificación de documentos y qué pena tiene?
A. Falsificación de documentos: qué pena fija la ley según quién falsifica y qué documento
El punto de partida está en el Código Penal, artículos 390 a 400 bis, que regulan las falsedades documentales, completados por la definición general de documento de su artículo 26. Según ese artículo, «se considera documento todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica». La definición no exige papel: un archivo, una imagen escaneada o un soporte electrónico pueden ser documento si sirven para probar algo o producen efectos jurídicos. El artículo 390 describe después cuatro maneras de falsear un documento; la segunda está redactada así: «Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad».
Las cuatro conductas que enumera el artículo 390.1 son, en síntesis, las siguientes. La primera es alterar un documento en alguno de sus elementos o requisitos esenciales, por ejemplo cambiar una cifra, una fecha o un nombre que dan sentido al documento. La segunda es simular un documento, total o parcialmente, de modo que engañe sobre su autenticidad, que es lo que ocurre cuando se fabrica un contrato, un recibo o un certificado que nunca existió. La tercera es suponer en un acto la intervención de personas que no participaron en él, o atribuir a quienes sí intervinieron declaraciones distintas de las que hicieron. La cuarta consiste en actuar «faltando a la verdad en la narración» de los hechos, es decir, en un documento auténtico cuyo contenido no es cierto.
Esa distinción entre las cuatro conductas tiene consecuencias muy prácticas, porque la ley no las castiga todas en todos los casos. Cuando quien falsea es una autoridad o un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, el artículo 390 prevé prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial de dos a seis años, y lo hace para las cuatro conductas. Si la autoridad o el funcionario incurre en esas falsedades por imprudencia grave, o permite por esa imprudencia que otro las cometa, el artículo 391 prevé multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público de seis meses a un año.
Para los particulares, el régimen es distinto. El artículo 392.1 castiga al particular que comete en un documento público, oficial o mercantil alguna de las falsedades descritas en los tres primeros números del artículo 390.1, con prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses. La cuarta conducta, la de faltar a la verdad en la narración de los hechos, queda fuera de ese artículo. Dicho de otro modo, el particular que firma una declaración auténtica con datos inexactos no comete por ese solo hecho una falsedad documental del artículo 392. Eso no significa que la inexactitud carezca siempre de consecuencias: según el caso, puede tener relevancia en otros delitos o en otros ámbitos, pero no encaja en esta figura.
La clase de documento es la segunda variable. Para saber qué es un documento público, la referencia es el Código Civil, artículo 1216, según el cual «Son documentos públicos los autorizados por un Notario o empleado público competente, con las solemnidades requeridas por la ley». Una escritura notarial pertenece a esa categoría. El documento oficial procede de una administración en el ejercicio de sus funciones. El documento mercantil, en cambio, no está definido en el Código Penal: su calificación depende del documento concreto y corresponde a los tribunales. Lo que queda fuera de esas tres categorías es documento privado, con un régimen propio que se examina más abajo.
Dos supuestos frecuentes completan este primer cuadro. El primero es el del documento de identidad falso. El artículo 392.2 aplica las mismas penas del apartado anterior a quien, sin haber intervenido en la falsificación, trafica de cualquier modo con un documento de identidad falso, y castiga con prisión de seis meses a un año y multa de tres a seis meses a quien lo usa a sabiendas. La norma se aplica aunque el documento aparezca como perteneciente a otro Estado, de la Unión Europea o no, o se haya falsificado o adquirido fuera, siempre que se utilice o se trafique con él en España. El segundo supuesto es el del uso de un documento falso que otra persona fabricó: el artículo 393 castiga a quien, a sabiendas de su falsedad, lo presenta en juicio o lo usa para perjudicar a otro, con la pena inferior en grado a la señalada para los falsificadores, es decir, con una pena más baja que la del autor de la falsificación.
Por último, el artículo 400 bis amplía la noción de uso. A efectos de los artículos 392, 393, 394, 396 y 399, también se considera uso de un documento falso el uso de un documento auténtico por quien no está legitimado para ello. Utilizar el documento de identidad verdadero de otra persona, haciéndose pasar por ella, puede así entrar en el ámbito de estos delitos aunque el documento en sí no haya sido alterado.
B. Falsificación de firma y documento privado: qué delito es y cuándo prescribe
La pregunta que más se repite junto a la búsqueda es qué delito es falsificar una firma. La ley no contiene un delito específico de «falsificación de firma»: imitar la firma de otra persona es una manera de simular un documento o de suponer en un acto la intervención de alguien que no participó en él, es decir, una de las tres primeras conductas del artículo 390.1. El artículo aplicable depende entonces del documento en el que aparece la firma. Si es público, oficial o mercantil, rige el artículo 392, con prisión de seis meses a tres años y multa. Si es privado, rige el artículo 395.
El artículo 395 castiga con prisión de seis meses a dos años al particular que comete en un documento privado alguna de esas tres falsedades, pero añade un requisito que no existe para los documentos públicos, oficiales o mercantiles: que actúe «para perjudicar a otro». Esa finalidad es un elemento del delito. Imitar una firma en un contrato de arrendamiento, en un reconocimiento de deuda, en una autorización o en un recibo entre particulares puede ser delictivo cuando se hace para causar un perjuicio a otra persona. Si esa finalidad no se acredita, la conducta no encaja en el artículo 395, aunque el documento siga careciendo de valor frente a quien no lo firmó y pueda tener consecuencias en el terreno civil.
El uso posterior del documento privado falso tiene también su propia regla. El artículo 396 castiga a quien, a sabiendas de su falsedad, presenta en juicio un documento privado falso o lo usa para perjudicar a otro, con la pena inferior en grado a la señalada para los falsificadores. La expresión «a sabiendas de su falsedad» es decisiva en la práctica: quien aporta de buena fe un papel que otro falsificó no comete este delito, mientras que quien lo presenta conociendo su falsedad sí puede cometerlo aunque no haya sido el autor material de la imitación.
Los certificados siguen un régimen más leve. El artículo 397 castiga al facultativo que libra un certificado falso con multa de tres a doce meses. El artículo 398 sanciona con suspensión de seis meses a dos años a la autoridad o funcionario que libra una certificación falsa con escasa trascendencia en el tráfico jurídico, y precisa que esa regla no se aplica a los certificados relativos a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública. El artículo 399 castiga con multa de tres a seis meses al particular que falsifica una de esas certificaciones, con la misma pena para quien la usa a sabiendas o trafica con ella sin haber intervenido en su falsificación.
Otros supuestos que aparecen en las búsquedas reciben penas mucho más altas porque la ley los trata aparte. La falsificación de moneda, prevista en el artículo 386, se castiga con prisión de ocho a doce años y multa del tanto al décuplo del valor aparente de la moneda para quien la altera o fabrica, la importa o exporta, o la distribuye conociendo su falsedad. Quien recibió de buena fe moneda falsa y la gasta después de conocer su falsedad tiene una pena mucho menor, prisión de tres a seis meses o multa de seis a veinticuatro meses, que se reduce a multa de uno a tres meses si el valor aparente no excede de 400 euros. La falsificación de tarjetas de crédito o débito, cheques de viaje u otros instrumentos de pago distintos del efectivo se castiga en el artículo 399 bis con prisión de cuatro a ocho años; su uso en perjuicio de otro, a sabiendas, con prisión de dos a cinco años.
Queda la cuestión del tiempo. Según el artículo 131 del Código Penal, los delitos cuya pena máxima es prisión o inhabilitación de más de cinco años y no superior a diez prescriben a los diez años, y los demás delitos, salvo los leves y los de injurias y calumnias, a los cinco años. Con esas reglas, la falsificación cometida por un particular en documento público, oficial o mercantil, la falsificación de documento privado y el uso de esos documentos tienen, en principio, un plazo de prescripción de cinco años, porque sus penas máximas de prisión no superan los cinco años. La falsedad cometida por autoridad o funcionario del artículo 390, cuya pena máxima de prisión es de seis años, prescribe a los diez años. Cuando la pena es compuesta, se toma la que exige más tiempo.
El artículo 132 fija cómo se cuenta ese plazo. Corre desde el día en que se cometió la infracción; en el delito continuado, desde el día de la última infracción. La prescripción se interrumpe cuando el procedimiento se dirige contra la persona indiciariamente responsable, lo que exige una resolución judicial motivada que le atribuya su presunta participación. Además, la denuncia o la querella presentada ante un órgano judicial contra una persona determinada suspende el cómputo durante un máximo de seis meses desde su presentación. En la práctica, quien descubre una falsificación antigua debe comprobar la fecha en que se cometió y no la fecha en que la descubrió, y actuar sin esperar a que el plazo esté a punto de agotarse.
II. ¿Qué hacer si falsifican tu firma o te acusan de falsificar un documento?
A. Cómo denunciar una falsificación de documentos y qué pruebas reunir
La primera reacción útil ante una firma falsa es conservar el documento tal como se ha recibido. Si se tiene el original, no conviene escribir sobre él, recortarlo ni separarlo de sus anexos; si solo se dispone de una copia, hay que anotar quién la entregó, cuándo y en qué contexto, y averiguar dónde está el original. Conviene reunir también documentos con la firma auténtica de la persona afectada, como escrituras, contratos anteriores o documentos bancarios, y fijar una cronología: cuándo se firmó supuestamente el documento, cuándo se tuvo conocimiento de él, qué efecto ha producido y quién se beneficia de él.
La denuncia es la vía más sencilla para poner los hechos en conocimiento de la justicia penal. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 264, dispone que quien tenga conocimiento de la perpetración de un delito perseguible de oficio «deberá denunciarlo al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente o al Juez de instrucción o municipal, o funcionario de policía». El mismo artículo aclara que el denunciante lo hace «sin que se entienda obligado por esto a probar los hechos denunciados ni a formalizar querella». La denuncia no exige, por tanto, haber reunido de antemano una prueba completa: basta con exponer los hechos con precisión y aportar lo que se tenga.
La forma de presentarla depende de las circunstancias. El artículo 266 de la misma ley exige que la denuncia escrita esté firmada por el denunciante, de forma manuscrita si es presencial o con firma electrónica si se presenta por vía telemática. Pero excluye la vía telemática en varios supuestos, entre ellos cuando el hecho tiene autor conocido o existen testigos. En muchas falsificaciones de firma el posible autor es conocido, porque se trata de un familiar, un socio, un antiguo arrendatario o la otra parte de un contrato. En esos casos, la denuncia debe presentarse de forma presencial, ante la policía, el juzgado o la fiscalía.
La elección del destinatario no es indiferente. Como se ha visto, el artículo 132.2 del Código Penal atribuye a la denuncia o querella formulada ante un órgano judicial, contra una persona determinada, el efecto de suspender la prescripción durante un máximo de seis meses. Cuando el plazo de cinco años está próximo a cumplirse, esa regla puede pesar en la decisión de acudir directamente al juzgado.
La querella es la otra vía. Según el artículo 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, todos los ciudadanos españoles, ofendidos o no por el delito, pueden querellarse, y los extranjeros pueden hacerlo por los delitos cometidos contra sus personas o bienes, en las condiciones que la ley fija. A diferencia de la denuncia, la querella se presenta por medio de procurador y suscrita por letrado, según el artículo 277, y debe contener una relación circunstanciada del hecho y las diligencias que se piden para comprobarlo. La querella convierte a quien la presenta en parte acusadora desde el inicio.
Quien ha denunciado sin querellarse también puede intervenir en el procedimiento. El artículo 110 de la misma ley permite a los perjudicados por un delito mostrarse parte en la causa si lo hacen antes del trámite de calificación del delito y ejercitar las acciones civiles que procedan. Añade que no personarse no equivale a renunciar a la restitución, la reparación o la indemnización que pueda acordarse en sentencia firme: la renuncia debe hacerse de manera clara y terminante. Para quien ha sufrido un perjuicio económico por un documento falso, por ejemplo un préstamo o una deuda atribuida con una firma imitada, esta regla permite reclamar el daño dentro del propio proceso penal.
La prueba de la falsedad suele descansar en el análisis del documento. Una pericial caligráfica compara la firma discutida con firmas indubitadas de la persona a la que se atribuye; una pericial documental examina el soporte, las tintas, las impresiones o los metadatos de un archivo electrónico. Por eso las firmas auténticas reunidas desde el principio y la conservación del documento original son tan importantes: sin original, o sin firmas de comparación fiables, la comprobación puede volverse mucho más difícil.
La situación inversa, la de quien es señalado como autor de una falsificación, obliga a revisar los mismos elementos desde el otro lado. Hay que comprobar, primero, si el soporte es un documento en el sentido del artículo 26. Después, cuál de las cuatro conductas se le atribuye, recordando que la falsedad en la narración de los hechos no está prevista para los particulares en los artículos 392 y 395. Si se trata de un documento privado, hay que examinar si se acredita la finalidad de perjudicar a otro; si se trata de un uso, si consta que se conocía la falsedad. También deben verificarse la fecha de los hechos y el plazo de prescripción. Mientras la autenticidad o la falsedad no se establezcan, la persona investigada conserva la presunción de inocencia, y ninguna conclusión puede extraerse solo del hecho de que el documento esté discutido.
B. Firma falsa en un contrato o en un juicio civil: cómo impugnar el documento
Muchas falsificaciones de firma no se descubren en una comisaría, sino en un pleito civil: una demanda de reclamación de cantidad basada en un reconocimiento de deuda, un contrato que se aporta como prueba, un recibo que acreditaría un pago. En ese terreno, la Ley de Enjuiciamiento Civil, artículo 326, establece que los documentos privados hacen prueba plena en el proceso cuando su autenticidad no es impugnada por la parte a quien perjudican. Si se impugna, la misma disposición prevé: «Cuando se impugnare la autenticidad de un documento privado, el que lo haya presentado podrá pedir el cotejo pericial de letras». Si de esa prueba no se deduce la autenticidad, o si no se propone prueba alguna, el tribunal valora el documento conforme a las reglas de la sana crítica.
La consecuencia práctica es clara: quien recibe una demanda acompañada de un documento con una firma que no reconoce debe impugnar expresamente su autenticidad en el proceso. Guardar silencio sobre la firma permite que el documento despliegue su fuerza probatoria. El Código Civil refuerza esa idea: según su artículo 1225, el documento privado reconocido legalmente tiene el mismo valor que la escritura pública entre quienes lo suscribieron y sus causahabientes.
El cotejo de letras está regulado en los artículos 349 y 350 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Lo practica un perito designado por el tribunal cuando la autenticidad de un documento privado se niega o se pone en duda por la parte a quien perjudica. La parte que lo solicita designa los documentos indubitados con los que debe compararse la firma. La ley considera indubitados, entre otros, los documentos que todas las partes reconocen, las escrituras públicas, los que constan en los archivos públicos relativos al Documento Nacional de Identidad y los documentos privados cuya firma ya haya sido reconocida en juicio por la persona a la que se atribuye la dudosa. A falta de ellos, la persona a la que se atribuye la firma puede ser requerida para formar un cuerpo de escritura dictado en el juzgado, y si se niega, «el documento impugnado se considerará reconocido». Negarse a escribir delante del tribunal no es, por tanto, una estrategia neutra.
El proceso civil y el proceso penal pueden coincidir. El artículo 40 de la Ley de Enjuiciamiento Civil obliga al tribunal civil a poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos con apariencia de delito perseguible de oficio que surjan en el pleito. Cuando la posible falsedad afecta a un documento aportado que puede ser decisivo para resolver el fondo, la suspensión del proceso civil se acuerda sin esperar a su conclusión, tan pronto como se acredita que existe una causa criminal sobre esa falsedad. La parte a la que favorece el documento puede evitar la suspensión renunciando a él, en cuyo caso el documento se separa de los autos.
Esa misma disposición contiene una advertencia que conviene tener presente antes de denunciar. Si la causa penal sobre la falsedad del documento se inició por denuncia o querella de una de las partes y termina con una resolución que declara auténtico el documento o no probada su falsedad, la parte perjudicada por la suspensión del proceso civil puede pedir una indemnización de daños y perjuicios. La denuncia de falsedad no debe utilizarse, por tanto, como una simple táctica para paralizar un pleito: exige indicios serios.
En cuanto a los efectos civiles del documento, el Código Civil sitúa el consentimiento de los contratantes entre los requisitos sin los cuales no hay contrato, según su artículo 1261. Un contrato en el que se ha imitado la firma de una persona no expresa su consentimiento, y quien no firmó puede sostener que no queda obligado por él. La forma de hacerlo valer depende del momento: oponiéndose a la demanda que se basa en el documento, impugnando su autenticidad, o ejercitando la acción civil, dentro del proceso penal o fuera de él, para obtener la reparación del perjuicio.
Esta explicación del derecho español se integra en la información jurídica en español sobre derecho penal de un abogado del Colegio de Abogados de París. Las consecuencias concretas de cada documento se determinan conforme a la legislación española y a las pruebas del caso. Los ejemplos utilizados en este texto son situaciones generales, y la calificación de un documento como público, oficial, mercantil o privado, así como la finalidad de quien lo falsificó o lo usó, solo puede establecerse a partir de los hechos concretos.
Conclusión
La falsificación de documentos en España se analiza en tres pasos. El primero es identificar el documento: si es público, oficial o mercantil, o si es privado. El segundo es identificar a quien actuó y lo que hizo: autoridad o particular, autor de la falsificación o simple usuario, alteración, simulación, suposición de una intervención inexistente o inexactitud en el relato. El tercero es situar los hechos en el tiempo, porque la mayoría de estas falsedades cometidas por particulares prescriben a los cinco años desde que se cometieron. Falsificar una firma no es un delito autónomo, sino una de esas conductas: su pena depende del documento en el que aparece y, en el documento privado, de que se haya actuado para perjudicar a otro.
Quien descubre una firma que no es suya tiene dos herramientas complementarias: la denuncia o la querella en el orden penal, y la impugnación de la autenticidad del documento en el proceso civil, con el cotejo pericial de letras como prueba central. En ambos casos, la conservación del original, la reunión de firmas indubitadas y una cronología precisa condicionan el resultado. Quien es señalado como autor conserva la presunción de inocencia mientras los hechos no queden establecidos, y puede discutir cada uno de los elementos del delito, desde la naturaleza del documento hasta el conocimiento de la falsedad y el plazo de prescripción.