En México, «profeco» figura entre las búsquedas en aumento, y las búsquedas asociadas son muy concretas: cómo poner una queja en Profeco, cómo hacerlo en línea, qué pasa si el proveedor no se presenta. La respuesta corta es esta. La Procuraduría Federal del Consumidor recibe quejas por escrito, de forma oral, por teléfono o por medios electrónicos, notifica al proveedor y convoca a una audiencia de conciliación. Presentar la queja no devuelve el dinero ese mismo día: abre un procedimiento con plazos fijados por la ley, en el que un convenio aprobado, un dictamen o un laudo pueden convertirse en un título que se cobra ante un juez.
Esta guía expone, a partir del derecho federal mexicano vigente al 22 de noviembre de 2026, los pasos que fija la Ley Federal de Protección al Consumidor: quién puede reclamar y contra quién, en qué plazo, qué pruebas reunir, qué ocurre en la audiencia y qué hacer si el proveedor no cumple lo acordado. El método expuesto es de alcance general. Cada caso depende de su contrato, de sus pruebas y de las fechas de la operación, y las cantidades en pesos que se citan son las vigentes durante 2026.
Por Hassan Kohen, abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París. Este texto describe el derecho mexicano a título informativo.
I. Cómo poner una queja en Profeco
A. ¿Queja o denuncia? Qué buscas obtener y cuándo la Profeco es competente
La protección del consumidor tiene en México un fundamento constitucional. El artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que «La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses.» El artículo 17 de la misma Constitución añade que «Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias», y pide a las autoridades privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales cuando no se afecte la igualdad entre las partes. La conciliación ante la Procuraduría es una aplicación directa de esa lógica: antes de llegar a un tribunal, la ley ofrece un espacio para que el proveedor repare, devuelva o compense.
La ley que organiza ese espacio es la Ley Federal de Protección al Consumidor, cuya última reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2025. Su artículo 1 la declara de orden público y de observancia en toda la República, y precisa que «Sus disposiciones son irrenunciables y contra su observancia no podrán alegarse costumbres, usos, prácticas, convenios o estipulaciones en contrario». En la práctica, esto significa que una cláusula del contrato, un aviso en la tienda o unas condiciones generales aceptadas con un clic no pueden privarte del derecho a reclamar ante la Procuraduría.
La primera pregunta es si eres consumidor en el sentido de la ley. El artículo 2, fracción I, define como consumidor a la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta bienes, productos o servicios como destinatario final. La ley extiende la protección, solo para la queja del artículo 99 y para el arbitraje del artículo 117, a quien adquiere bienes o servicios para integrarlos en un proceso de producción, comercialización o prestación de servicios a terceros. Si se trata de una persona moral, debe acreditarse como microempresa o microindustria. Para estos consumidores que compran con fines productivos, la reclamación solo procede cuando el monto de la operación no excede de 760,889.82 pesos, cifra actualizada por el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2025 y vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026. El artículo 129 Bis obliga a la Procuraduría a publicar los montos del año siguiente a más tardar el 30 de diciembre: los de 2027 deben conocerse, por tanto, antes de que termine el año.
La segunda pregunta es qué buscas. La ley distingue dos vías que en las búsquedas se confunden a menudo. La queja o reclamación del artículo 99 sirve para resolver tu caso: que te entreguen lo que compraste, que te devuelvan lo pagado, que te repongan el producto o que te bonifiquen. La denuncia del artículo 97 sirve para señalar una violación de la ley: cualquier persona puede presentarla, por escrito, de manera verbal, por teléfono o por vía electrónica, indicando el nombre y domicilio del denunciado, los hechos y el bien o servicio de que se trate. La denuncia puede desembocar en el procedimiento por infracciones del artículo 123, en el que el proveedor dispone de diez días hábiles para aportar pruebas y la Procuraduría resuelve dentro de los quince días hábiles siguientes a los alegatos. Las multas de los artículos 126 a 128 se pagan al Estado; no indemnizan al consumidor. Por eso, quien quiere recuperar su dinero presenta una queja, y quien quiere además que se sancione una práctica puede presentar también una denuncia.
La tercera pregunta es si la Procuraduría es la autoridad competente. El artículo 5 excluye los servicios prestados en virtud de una relación de trabajo, los servicios profesionales que no sean de carácter mercantil y los de las sociedades de información crediticia. También excluye los servicios financieros regulados por las leyes financieras y supervisados por las comisiones nacionales del sector. Para un cargo bancario no reconocido, un seguro o una tarjeta, la vía es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Su ley propia, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, regula esas reclamaciones en su artículo 63 y establece en su artículo 65 que «Las reclamaciones deberán presentarse dentro del término de dos años contados a partir de que se presente el hecho que les dio origen». El plazo y la autoridad no son los mismos; equivocarse de puerta hace perder tiempo. Por último, el artículo 6 de la ley del consumidor recuerda que las entidades públicas también están obligadas cuando actúan como proveedores.
B. Queja en línea: requisitos, pruebas y el plazo de un año
La forma de presentar la queja es libre. El artículo 99 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que las quejas o reclamaciones, individuales o grupales, «podrán presentarse en forma escrita, oral, telefónica, electrónica o por cualquier otro medio». Presentarla en línea es, por tanto, una forma plenamente válida. Lo que cuenta es el contenido. La ley exige cuatro datos: tu nombre y domicilio; la descripción del bien o servicio reclamado y una relación sucinta de los hechos; el nombre y domicilio del proveedor que figure en el comprobante o, en su defecto, el que tú proporciones; y el lugar o la forma en que pides que se desahogue la reclamación. Las quejas grupales deben acreditar, además, que existe identidad de causa, acción, pretensiones y proveedor, y que quienes representan al grupo no cobran por esa gestión ni la vinculan con actividades de proselitismo político o electoral.
Si no conoces el domicilio exacto del proveedor, la queja no está perdida. El mismo artículo permite a la Procuraduría pedir a las autoridades federales, estatales y municipales los datos necesarios para identificarlo y localizarlo, y esas autoridades deben contestar dentro de los quince días siguientes. El artículo 100 te deja elegir dónde se tramita la reclamación: en el lugar donde ocurrieron los hechos, en tu domicilio, en el del proveedor o en otro justificado, como el de tu actividad habitual. Si alguien te representa, el artículo 109 se conforma, para una persona física, con una carta poder firmada ante dos testigos. El artículo 101 advierte, en cambio, que la Procuraduría rechazará de oficio las reclamaciones notoriamente improcedentes: una queja sin hechos claros o dirigida contra un servicio excluido corre ese riesgo.
El plazo es el punto que más quejas hace fracasar. El artículo 105 de la Ley Federal de Protección al Consumidor fija un término de un año para presentar la reclamación por la compra de bienes o la prestación de servicios. Ese año se cuenta a partir de alguno de estos momentos: la expedición del comprobante, el pago del bien o el momento en que el servicio es exigible, la recepción del bien o la prestación del servicio, o, según el inciso d), «la última fecha en que el consumidor acredite haber directamente requerido al proveedor el cumplimiento de alguna de las obligaciones pactadas por éste». Este último supuesto tiene una consecuencia práctica clara: un requerimiento escrito y fechado al proveedor, enviado por correo electrónico o entregado con acuse, sirve de prueba y fija un punto de partida verificable. La ley prevé una excepción: en los servicios educativos prestados por particulares a niñas, niños o adolescentes, cuando se vulneren sus derechos, el plazo es de diez años. Fuera de ese caso, el artículo 14 confirma que la prescripción general de los derechos que la ley reconoce es de un año.
Si tu problema es un producto defectuoso, existe un plazo más corto que no conviene ignorar. El artículo 92 te da derecho, a tu elección, a la reposición del producto o a la devolución de lo pagado, y en todo caso a una bonificación, cuando el contenido neto es inferior al indicado, cuando el bien no corresponde a la calidad, la marca o las especificaciones ofrecidas, o cuando un bien reparado dentro de la garantía no queda en estado adecuado. La devolución se hace con la misma forma de pago utilizada en la compra, salvo que aceptes otra. Pero el artículo 93 dispone que esa reclamación se presenta al vendedor, al fabricante o al importador dentro de los dos meses siguientes a la recepción del producto, y que el proveedor debe satisfacerla en un plazo de quince días. El proveedor puede negarse si la reclamación es extemporánea, si el producto se usó en condiciones distintas a las recomendadas o si sufrió un deterioro grave imputable al consumidor. Con un defecto de fábrica, por tanto, no esperes al límite del año.
Para los servicios, el artículo 92 Bis reconoce el derecho a una bonificación o compensación cuando la prestación es deficiente, no se presta o no se proporciona por causas imputables al proveedor. El artículo 92 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor fija el mínimo: esa bonificación «no podrá ser menor al veinte por ciento del precio pagado», y se paga sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda.
Las compras por internet y las suscripciones tienen reglas propias en el artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor. El proveedor debe darte, antes de celebrar la transacción, su domicilio físico, sus números telefónicos y los demás medios a los que puedes acudir para reclamar; si no lo hizo, esa omisión forma parte de tu queja. La reforma publicada el 12 de diciembre de 2025, en vigor desde el día siguiente a su publicación, añadió dos fracciones. La fracción VIII obliga a informar de forma clara y destacada si el servicio implica cobros automáticos recurrentes, exige el consentimiento expreso de la persona consumidora y, cuando el contrato prevé la renovación automática, un aviso con al menos cinco días naturales de anticipación que permita cancelar sin penalización. La fracción IX obliga al proveedor a implementar mecanismos que «permita a la persona consumidora cancelar el servicio, suscripción o membresía de manera inmediata». Si te siguen cobrando una membresía que intentaste cancelar, la queja puede apoyarse en esas dos fracciones.
Antes de enviar la queja, reúne las pruebas en un solo expediente: el comprobante, la factura o el ticket; el contrato o las condiciones aceptadas; capturas de la oferta o de la publicidad tal como se mostraba; los correos, chats y mensajes con su fecha; el folio de cualquier reclamación previa al proveedor; el estado de cuenta donde aparece el cargo; fotografías del defecto y la guía de envío. El artículo 114 permite al conciliador requerir a las partes los elementos de convicción que estime necesarios y a las partes aportar las pruebas que acrediten la reclamación. Si el asunto exige conocimientos técnicos, el artículo 107 prevé que cada parte designe un perito y que la Procuraduría nombre un tercero en caso de discrepancia.
Hay, por último, una razón para no aplazar la queja aunque todavía negocies con el proveedor. El artículo 102 de la Ley Federal de Protección al Consumidor dispone que «Presentada la reclamación se tendrá por interrumpido el término para la prescripción de las acciones legales correspondientes, durante el tiempo que dure el procedimiento». Mientras el expediente sigue abierto, el plazo para acudir después a un juez no corre en tu contra.
II. Qué pasa después de poner la queja en Profeco
A. La audiencia de conciliación: plazos y qué ocurre si el proveedor no se presenta
Una vez recibida y registrada la queja, el artículo 103 obliga a la Procuraduría a notificar al proveedor dentro de los quince días siguientes y a requerirle un informe por escrito sobre los hechos. Según el artículo 104, esa primera notificación es personal y, en el procedimiento conciliatorio, puede practicarse con el representante legal o con el encargado del local o establecimiento. El artículo 108 aclara el cómputo: salvo mención expresa, los plazos en días son naturales y, si el último día es inhábil, el plazo termina el siguiente día hábil.
Después viene la audiencia. El artículo 111 de la Ley Federal de Protección al Consumidor obliga a señalar día y hora para una audiencia de conciliación que debe celebrarse, por lo menos, cuatro días después de la notificación al proveedor, y añade que «La conciliación podrá celebrarse vía telefónica o por otro medio idóneo». En ese caso, la Procuraduría o las partes pueden pedir que los compromisos se confirmen por escrito. Conviene pedirlo siempre: un compromiso verbal es difícil de probar cuando el proveedor no lo cumple. La ley excluye la etapa de conciliación cuando el consumidor es menor de edad y se han vulnerado derechos reconocidos por la ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
En la audiencia, el artículo 113 de la Ley Federal de Protección al Consumidor encarga al conciliador reconocer la personalidad de las partes y la relación contractual, exponer un resumen de la queja y del informe, señalar los puntos comunes y los de controversia, y proponer una o varias opciones de solución «salvaguardando los derechos del consumidor». El mismo artículo contiene una regla que interesa a quien reclama contra su proveedor de luz, gas o telefonía: «el solo inicio del procedimiento conciliatorio suspenderá cualquier facultad del proveedor de interrumpir o suspender unilateralmente el cumplimiento de sus obligaciones en tanto concluya dicho procedimiento». Dicho de otro modo, mientras dura la conciliación sobre un servicio de suministro periódico, el proveedor no puede cortarlo por su sola decisión. La regla no extingue la deuda discutida; impide que se use la suspensión del servicio como medio de presión mientras la Procuraduría examina la queja.
¿Qué pasa si el proveedor no se presenta? El artículo 112 responde en dos tiempos. Si el proveedor no asiste a la audiencia o no rinde el informe, se le impone una medida de apremio y se cita a una segunda audiencia en un plazo no mayor de diez días. Si tampoco asiste a esta, se le impone una nueva medida de apremio «y se tendrá por presuntamente cierto lo manifestado por el reclamante», como dispone la Ley Federal de Protección al Consumidor. Las medidas de apremio están en el artículo 25: multa de 380.44 a 38,044.47 pesos en 2026, auxilio de la fuerza pública, arresto administrativo hasta por 36 horas y, si persiste el incumplimiento, nuevas multas por cada día que transcurra, hasta por 15,217.79 pesos diarios y durante un periodo no mayor a 180 días. Se aplican según la gravedad de la conducta, sin un orden obligatorio.
Conviene entender bien el alcance de esa presunción. Tener por presuntamente ciertos tus hechos fortalece tu posición, sobre todo si después se emite un dictamen o se acude a un juez, pero no equivale a una orden de pago. La presunción descansa sobre lo que hayas manifestado: de ahí la importancia de una queja precisa, con fechas, importes y documentos.
La regla también obliga al consumidor. El segundo párrafo del artículo 112 dispone que, si el reclamante no acude a la audiencia y no presenta dentro de los diez días siguientes una justificación fehaciente de su inasistencia, se le tendrá por desistido de la reclamación y no podrá presentar otra ante la Procuraduría por los mismos hechos. Una cita perdida puede cerrar definitivamente la vía administrativa. Si no puedes asistir, guarda la prueba del impedimento, como un comprobante médico o una constancia laboral, y preséntala dentro de ese plazo.
La audiencia no siempre se resuelve en una sola sesión. El artículo 114 permite al conciliador suspenderla hasta en tres ocasiones, por iniciativa propia o a petición de ambas partes, y obliga a reanudarla dentro de los quince días siguientes. En ese intervalo puede ordenar diligencias para acreditar los hechos y, sobre todo, requerir la emisión de un dictamen que cuantifique en cantidad líquida la obligación contractual. Las partes pueden formular observaciones al dictamen durante la audiencia. De toda audiencia se levanta un acta; si el proveedor se niega a firmarla, esa negativa se hace constar y el acta sigue siendo válida.
B. Convenio, dictamen o arbitraje: cómo hacer valer lo que te deben
El desenlace más frecuente de una conciliación exitosa es un convenio. El artículo 115 dispone que la Procuraduría aprueba los convenios celebrados por las partes cuando no van en contra de la ley, y que el acuerdo que los aprueba no admite recurso. Lo decisivo viene después, en el artículo 110 de la Ley Federal de Protección al Consumidor: los convenios aprobados y los laudos de la Procuraduría «tienen fuerza de cosa juzgada y traen aparejada ejecución», lo que puede promoverse ante los tribunales competentes en la vía de apremio o en juicio ejecutivo, a elección del interesado. Si el proveedor firma un convenio y no lo cumple, no necesitas volver a demostrar el fondo del asunto ante el juez: pides la ejecución de lo pactado. El mismo artículo permite que los reconocimientos de obligaciones y los ofrecimientos de cumplimiento que consten por escrito ante la Procuraduría, y que acepte la otra parte, se hagan efectivos con las medidas de apremio de la ley. Incluso sin queja previa, la Procuraduría puede aprobar un convenio propuesto por ambas partes, previa ratificación.
Cuando el pago se discute, el artículo 106 permite consignarlo ante la Procuraduría mediante billetes de depósito, por ejemplo si el acreedor se niega a recibir la cantidad o a entregar el comprobante, si hay duda sobre la procedencia del pago, o en cumplimiento de un convenio o de un laudo. La Procuraduría notifica la consignación y ordena la entrega al consignatario.
Si no hay acuerdo, el dictamen adquiere un valor particular. El artículo 24, fracción XVI, de la Ley Federal de Protección al Consumidor atribuye a la Procuraduría la facultad de emitir dictámenes que cuantifiquen las obligaciones contractuales del proveedor. Según el artículo 114, la Procuraduría puede emitir un acuerdo de trámite con ese dictamen, que «constituirá título ejecutivo no negociable a favor del consumidor», siempre que la obligación incumplida sea cierta, exigible y líquida a juicio de la autoridad judicial. Ante ese juez, el proveedor puede discutir el monto, aportar pruebas y oponer excepciones. El dictamen no es, por tanto, una sentencia, pero te permite iniciar un cobro por la vía ejecutiva sin empezar de cero.
El artículo 114 Bis explica cómo se calcula. Se toma el monto originalmente pactado, se analiza el grado de cumplimiento del proveedor, se estima la obligación incumplida y se añade una bonificación. Esta es del 30 % del monto de la obligación contractual determinada en el dictamen si pagaste la totalidad de la operación, del 25 % si pagaste más de la mitad, y del 20 % si pagaste hasta la mitad o en los demás casos. A modo de ilustración: si el dictamen determina una obligación contractual de 10,000 pesos y habías pagado el total, la bonificación calculada sería de 3,000 pesos. Esas bonificaciones se fijan sin perjuicio de las sanciones al proveedor y pueden ser modificadas por la autoridad judicial.
El artículo 114 Ter enumera lo que debe contener el dictamen: lugar y fecha, quién lo emite, nombre y domicilio de las partes, la obligación y el tipo de bien o servicio, el monto original, el importe a cargo del proveedor y la cuantificación líquida de la bonificación. La cantidad se actualiza hasta el pago conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Pero el mismo artículo de la Ley Federal de Protección al Consumidor impone un límite que conviene anotar en la agenda: «La acción ejecutiva derivada del dictamen prescribirá a un año de su emisión.» Un dictamen guardado en un cajón pierde su fuerza ejecutiva al cabo de doce meses.
Cuando la conciliación fracasa, el artículo 116 obliga al conciliador a invitar a las partes a designar como árbitro a la Procuraduría o a un árbitro independiente. Si el arbitraje no se acepta, quedan a salvo los derechos de ambas partes, lo que significa que el conflicto puede llevarse a los tribunales. El artículo 117 permite que la Procuraduría actúe como árbitro incluso sin queja ni conciliación previas, si las partes la designan. La designación consta en un acta que, según el artículo 118, fija los puntos de la controversia y elige entre el arbitraje de estricto derecho y la amigable composición. En esta última, conforme al artículo 119, el árbitro resuelve en conciencia y a buena fe guardada, sin sujeción a reglas legales pero respetando las formalidades esenciales del procedimiento. En el arbitraje de estricto derecho, el artículo 120 aplica supletoriamente el Código de Comercio y, a falta de disposición, el ordenamiento procesal civil local. El laudo debe cumplirse o empezar a cumplirse dentro de los quince días siguientes a su notificación, salvo pacto en contrario, según el artículo 121; las resoluciones dictadas durante el arbitraje solo admiten el recurso de revocación, que se resuelve en tres días, y el laudo solo puede aclararse dentro de los dos días siguientes a su notificación, según el artículo 122.
Si optas por los tribunales, la bonificación no agota tus derechos. El artículo 92 Ter permite reclamar además los daños y perjuicios, y precisa que el juez tendrá en cuenta la bonificación que el proveedor ya haya pagado. El artículo 114, reformado el 14 de noviembre de 2025, remite ahora al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares como norma supletoria de la conciliación. Según el régimen transitorio de esa reforma, su aplicación sigue la declaratoria de entrada en vigor gradual de ese código en cada entidad federativa y en el orden federal, y es automática a partir del 1 de abril de 2027 si no se emite antes. Cuando el daño afecta a un grupo de consumidores, el artículo 26 abre la acción colectiva a la Procuraduría y a los legitimados que señala ese código. Estas vías pertenecen al derecho de los contratos y del consumo, donde el resultado depende casi siempre de la calidad de la prueba documental reunida desde el primer día.
¿Y si la decisión de la Procuraduría te perjudica? El artículo 115 cierra la puerta a los recursos contra los acuerdos de trámite del conciliador y contra el acuerdo que aprueba un convenio. Para las demás resoluciones dictadas con fundamento en la ley, el artículo 135 remite al recurso de revisión de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. El artículo 83 de esa ley lo abre a los interesados afectados por las resoluciones que ponen fin al procedimiento, a una instancia o que resuelven un expediente, que también pueden, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda; el artículo 85 dispone que «El plazo para interponer el recurso de revisión será de quince días contado a partir del día siguiente a aquél en que hubiere surtido efectos la notificación de la resolución que se recurra». Según el artículo 28 de la misma ley, en los plazos fijados en días no se cuentan los inhábiles, salvo disposición en contrario. El artículo 86 indica que el escrito se presenta ante la autoridad que emitió el acto y lo resuelve su superior jerárquico.
La denuncia, por su parte, sigue su propio camino. Cuando una práctica afecta o puede afectar la vida, la salud, la seguridad o la economía de una colectividad de consumidores, el artículo 25 Bis permite a la Procuraduría adoptar medidas precautorias, como la suspensión de la comercialización, la colocación de sellos o la emisión de alertas. Las infracciones se sancionan con multas que, en 2026, van de 380.44 a 1,217,423.72 pesos en el artículo 126, de 760.89 a 2,434,847.42 pesos en el artículo 127, y de 1,093.02 a 4,274,960.73 pesos en el artículo 128, que incluye entre las conductas sancionadas el incumplimiento de los artículos 92 y 92 Ter. Esas sanciones no se suman a tu reclamación, pero explican por qué muchos proveedores prefieren conciliar.
En resumen, el orden de los pasos importa. Primero, requiere por escrito al proveedor y guarda la prueba de la fecha. Segundo, reúne en un expediente el comprobante, el contrato, las capturas y los mensajes. Tercero, presenta la queja dentro del año, o dentro de los dos meses si reclamas un defecto del producto al vendedor. Cuarto, acude a la audiencia o justifica tu ausencia dentro de los diez días. Quinto, si no hay acuerdo, pide que se emita un dictamen y valora el arbitraje. Sexto, si obtienes un convenio, un laudo o un dictamen y el proveedor no paga, promueve su ejecución sin dejar pasar el año que la ley concede para el dictamen.
Conclusión
Poner una queja en Profeco es sencillo en la forma: la ley admite la vía escrita, oral, telefónica y electrónica, y solo exige identificar a las partes, describir los hechos y señalar cómo quieres que se tramite. Lo que decide el resultado es el respeto de los plazos y la calidad de las pruebas. El plazo general es de un año, pero un defecto del producto debe reclamarse al vendedor dentro de los dos meses siguientes a su recepción, y los servicios financieros siguen otra vía, con un plazo de dos años, ante la comisión nacional competente.
Después de la queja, el procedimiento tiene etapas precisas: notificación al proveedor dentro de quince días, audiencia de conciliación al menos cuatro días después, una medida de apremio desde la primera inasistencia del proveedor y, tras la segunda, la presunción de que lo manifestado por el consumidor es cierto, y desistimiento si el consumidor falta sin justificar. Si se logra un convenio, tiene fuerza de cosa juzgada y se ejecuta ante un juez; si no, un dictamen con bonificación del 20 al 30 % puede servir de título ejecutivo durante un año, y el arbitraje sigue disponible.
Las cantidades citadas son las vigentes en 2026. Los montos de 2027 deben publicarse a más tardar el 30 de diciembre de 2026, y la remisión al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares será aplicable en todo el país a más tardar el 1 de abril de 2027. Antes de actuar, conviene comprobar la fecha exacta de tu operación, el tipo de bien o servicio y la autoridad competente, porque de esos tres datos depende la vía correcta.