La búsqueda «agència valenciana antifrau» figura desde el 16 de noviembre de 2026 entre las búsquedas en ascenso en España, y las consultas que la acompañan en el buscador son muy prácticas: el canal de denuncias de la Agencia, sus funciones, la ley que la regula. Detrás de ellas suele haber la misma situación. Una persona que trabaja en un ayuntamiento, en una consejería, en una universidad pública o en una empresa contratista, o un simple vecino, ha visto algo que le parece irregular y se pregunta si puede contarlo, a quién, de qué manera, con qué riesgo y qué protección tendrá después.
Este artículo responde a esas preguntas según el derecho de España aplicable en la Comunitat Valenciana, donde la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción, conocida como Agència Valenciana Antifrau, recibe e investiga denuncias sobre el sector público valenciano. La respuesta combina dos niveles de normas, la ley autonómica que creó la Agencia y la ley estatal que protege a las personas que informan sobre infracciones, en la versión vigente el 22 de noviembre de 2026, fecha de redacción. Se trata de una información sobre derecho extranjero, firmada por Hassan Kohen, abogado del Colegio de Abogados de París.
El método expuesto es de alcance general. No se refiere a ningún expediente abierto ni a ninguna persona o entidad concreta, y los ejemplos que aparecen son hipotéticos. Toda persona señalada en una denuncia se presume inocente mientras los hechos y su eventual responsabilidad no queden establecidos por la autoridad competente.
I. ¿Qué es la Agència Valenciana Antifrau y qué denuncias puede recibir?
A. Agència Valenciana Antifrau: qué es, qué funciones tiene y qué ley la regula
La Agencia nace de la Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, aprobada por Les Corts y publicada también en el Boletín Oficial del Estado. Es una entidad con personalidad jurídica propia, adscrita a Les Corts y no al Gobierno autonómico, y su propia ley insiste en esa posición: «La agencia actúa con independencia de las administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones». Desde la reforma introducida por la Ley 5/2025, de 30 de mayo, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, vigente desde el 1 de junio de 2025, el artículo 1 de esa ley añade que «La Agencia se constituye como la autoridad independiente de protección del informante de la Comunitat Valenciana». Y su artículo 11 abre la puerta a cualquiera: «Cualquier persona puede dirigirse a la agencia para comunicar conductas que puedan ser susceptibles de ser investigadas o inspeccionadas por esta».
Las funciones de la Agencia están enumeradas en el artículo 4 de esa ley. La primera es preventiva: detectar y evitar el uso o el destino irregular de fondos públicos y las conductas contrarias a la integridad, a la objetividad y al sometimiento pleno a la ley. La segunda es investigadora: examinar actos u omisiones que pudieran constituir una infracción administrativa, disciplinaria o penal y, según el resultado, instar la apertura de los procedimientos que correspondan para depurar responsabilidades. A ellas se suman el análisis de riesgos en la contratación pública, en las ayudas y subvenciones y en el acceso al empleo público, el asesoramiento y las recomendaciones a Les Corts, al Consell y a las entidades de su ámbito, y la formación del personal público en materia de ética e integridad.
Para investigar, la ley le da poderes reales. Según su artículo 6, el personal habilitado de la Agencia puede presentarse en cualquier oficina o dependencia pública para pedir información y examinar expedientes, registros, contabilidad y bases de datos, cualquiera que sea su soporte. Puede realizar entrevistas personales, en las que la persona entrevistada conserva sus derechos, incluidos el derecho a guardar silencio y la asistencia letrada. Puede pedir, si la legislación lo permite, información sobre cuentas bancarias en las que se hayan efectuado pagos relacionados con contratos públicos o con subvenciones, y hacer copias adveradas de los documentos. Los funcionarios que tienen atribuidas funciones inspectoras son agentes de la autoridad, y los documentos en los que recogen hechos constatados hacen prueba salvo que se acredite lo contrario. Las entidades y las personas incluidas en su ámbito están obligadas a colaborar, y quien obstaculiza la investigación, se niega a entregar información o la entrega incompleta puede ser sancionado por la propia Agencia, con multas que el artículo 19 escalona de 200 a 5.000 euros para las infracciones leves, de 5.001 a 30.000 euros para las graves y de 30.001 a 400.000 euros para las muy graves.
Conviene saber también lo que la Agencia no es. No es un juzgado, ni la Fiscalía, ni la policía judicial. El artículo 5.2 de su ley, en la redacción dada por la Ley 5/2025, lo dice expresamente y añade una regla de prioridad: si la autoridad judicial o el ministerio fiscal abren un procedimiento para determinar el alcance penal de hechos que la Agencia está investigando, esta debe interrumpir sus actuaciones y entregarles de inmediato toda la información de que dispone. Su potestad sancionadora tampoco recae sobre la corrupción en sí: se limita a las infracciones que su ley tipifica, como la obstrucción de la investigación, la filtración de información, el incumplimiento de las medidas de protección del denunciante o las denuncias manifiestamente falsas. Cuando aprecia una posible infracción disciplinaria, la comunica al órgano competente; cuando aprecia indicios de delito, traslada los hechos al ministerio fiscal o a la autoridad judicial.
La segunda pieza del sistema es estatal. Se trata de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, en vigor desde el 13 de marzo de 2023, que incorporó al derecho español la directiva europea de 2019 sobre protección de los denunciantes. Su artículo 16 permite acudir directamente al canal externo, sin pasar antes por el canal interno de la propia organización: «Toda persona física podrá informar ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., o ante las autoridades u órganos autonómicos correspondientes». Su artículo 17 admite la comunicación sin identificarse: «La información puede llevarse a cabo de forma anónima». Su artículo 36 establece el principio central de todo el sistema: «Se prohíben expresamente los actos constitutivos de represalia, incluidas las amenazas de represalia y las tentativas de represalia». Y su artículo 38 facilita la prueba al informante que se considera perjudicado, porque una vez que demuestra razonablemente que informó conforme a la ley y que sufrió un perjuicio, «se presumirá que el perjuicio se produjo como represalia por informar o por hacer una revelación pública».
Las dos leyes se articulan entre sí. El artículo 2 de la ley valenciana, modificado por la Ley 3/2024, de 27 de junio, dispone que el canal externo de denuncias de la Agencia se rige por su propia ley y su normativa de desarrollo, por la directiva europea y por la ley estatal, y que la persona denunciante goza de la protección de la ley estatal y, además, de la que prevé la norma valenciana. Del lado estatal, el artículo 16.2 de la Ley 2/2023 precisa que las referencias de su título III a la Autoridad Independiente se entienden hechas, en su caso, a las autoridades autonómicas competentes. Un detalle de redacción merece señalarse para no confundir al lector que consulte el texto: el apartado 4 del artículo 1 de la ley valenciana, tal como fue publicado, menciona una «Ley 2/2003, del 20 de febrero»; la fecha y el título completo que siguen identifican sin margen de duda la ley estatal de 2023.
B. Agència Valenciana Antifrau: qué hechos se pueden denunciar y contra quién
El primer filtro es subjetivo: la Agencia solo actúa sobre determinadas entidades y personas. El artículo 3.1 de su ley, en la redacción de 2024, incluye la administración de la Generalitat y su sector público instrumental; Les Corts y las instituciones estatutarias, como la Sindicatura de Comptes o el Síndic de Greuges, en relación con su actividad administrativa y presupuestaria; las entidades de la administración local de la Comunitat Valenciana, como ayuntamientos, diputaciones o mancomunidades, con sus entes dependientes; las universidades públicas valencianas; las corporaciones de derecho público, para su actividad sujeta al derecho administrativo; y las asociaciones constituidas por administraciones públicas.
La lista alcanza también a sujetos privados, pero con límites precisos. Las personas físicas o jurídicas concesionarias de servicios o perceptoras de ayudas o subvenciones públicas entran en el ámbito de la Agencia solo para comprobar el destino y el uso de esas ayudas. Los contratistas y subcontratistas que ejecutan obras públicas o gestionan servicios públicos entran en relación con la gestión contable, económica y financiera del servicio o de la obra y con las obligaciones que derivan del contrato o de la ley. Figuran además los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales, y cualquier entidad financiada mayoritariamente por administraciones públicas o sometida a su dominio efectivo. Una empresa privada que no recibe fondos públicos ni contrata con la administración no queda, por regla general, bajo la investigación de la Agencia en virtud de su ley propia.
A esa lista se añade lo que deriva de la ley estatal. Su artículo 24.2 atribuye a la autoridad que designe cada comunidad autónoma las comunicaciones que afectan al sector público autonómico y local de su territorio y a las entidades del sector privado cuando el incumplimiento comunicado se circunscribe al territorio de esa comunidad. Como la ley valenciana designa a la Agencia autoridad independiente de protección del informante con el ámbito y las funciones de la ley estatal, la combinación de ambos textos conduce a que una persona que trabaja en una empresa privada pueda dirigirse a ella cuando la infracción que comunica se limita a la Comunitat Valenciana. Si la infracción produce efectos en más de una comunidad autónoma, o afecta al sector público estatal, el artículo 24.1 reserva la competencia a la Autoridad Independiente de Protección del Informante de ámbito estatal.
El segundo filtro es material: qué hechos. El artículo 3.2 de la ley valenciana define cuatro grupos de conductas. La corrupción, entendida como el uso o la desviación de poder o de recursos públicos para fines distintos de los concedidos, o el abuso del poder público para obtener ventajas particulares, propias o de terceros. El fraude, entendido como el acto que elude de forma engañosa una disposición legal o el uso inapropiado y perjudicial de los recursos de una organización. Las irregularidades administrativas y las infracciones administrativas o disciplinarias detrás de las cuales hay una situación potencial de fraude o de corrupción. Y, por último, las conductas contrarias a la objetividad, la imparcialidad, la eficacia, la integridad o el buen gobierno, incluida la realización de gastos «superfluos e innecesarios» con fondos públicos, constituyan o no una infracción directa de una norma. Este último grupo es el más amplio y explica que la Agencia pueda examinar prácticas que, sin ser ilegales en sentido estricto, deterioran la gestión pública.
La ley estatal utiliza otro criterio. Su artículo 2 protege a quien informa sobre infracciones del derecho de la Unión Europea en determinados ámbitos y sobre acciones u omisiones que puedan constituir una infracción penal o una infracción administrativa grave o muy grave, incluidas en todo caso las que causan un perjuicio económico a la Hacienda Pública o a la Seguridad Social. Su artículo 35.2 excluye de la protección las informaciones vinculadas a conflictos interpersonales o que solo afectan al informante y a la persona a la que se refieren, las que ya están completamente disponibles para el público y los meros rumores. Un desacuerdo personal con un superior sobre un horario o unas vacaciones no se canaliza, por tanto, a través de este sistema, sino por las vías laborales o de función pública ordinarias.
Algunos ejemplos hipotéticos ayudan a situar los casos. Un contrato de obra dividido artificialmente en varios contratos menores para evitar la licitación, el pago de una factura por trabajos que no se realizaron, una subvención destinada a un fin distinto del concedido, un proceso de selección de personal con preguntas filtradas a un candidato, el uso privado y reiterado de un vehículo municipal o un conflicto de intereses no declarado en una adjudicación encajan en las categorías del artículo 3.2. Varios de esos hechos pueden además constituir delitos contra la administración pública, como la prevaricación, el cohecho o la malversación; en ese caso, la Agencia no es la última palabra, porque los traslada al ministerio fiscal, y quien los conoce puede también acudir directamente a la Fiscalía, a la policía o al juzgado de guardia.
Estas categorías se cruzan constantemente con el derecho penal de la corrupción y del fraude, que se trata con más detalle en la información jurídica en español sobre derecho penal de un abogado del Colegio de Abogados de París. La elección entre la vía administrativa de la Agencia y la vía penal no es excluyente: una misma persona puede informar a la Agencia de una irregularidad y, si después aparecen indicios de delito, ver cómo el expediente pasa a la Fiscalía por decisión de la propia Agencia o por iniciativa del juez.
II. ¿Cómo denunciar ante la Agència Valenciana Antifrau y qué protección tiene el denunciante?
A. Canal de denuncias de la Agència Valenciana Antifrau: cómo presentar la denuncia, anonimato y plazos
Antes de escribir, hay que elegir la vía. La ley estatal ofrece tres. La primera es el sistema interno de información de la propia entidad, que el artículo 13 de la Ley 2/2023 impone a todas las entidades del sector público, desde la administración autonómica hasta los ayuntamientos, las universidades públicas, las corporaciones de derecho público y las sociedades públicas; su artículo 4 lo presenta como el cauce preferente siempre que la infracción pueda tratarse de forma efectiva y el informante considere que no hay riesgo de represalia. La segunda es el canal externo, que en la Comunitat Valenciana corresponde a la Agencia y al que, como se ha visto, se puede acudir directamente. La tercera es la vía penal clásica, ante la Fiscalía, la policía o el juzgado. Cuando el autor de la irregularidad es precisamente quien controla el canal interno, o cuando la represalia parece probable, el canal externo suele ser la opción más segura.
El contenido de la denuncia es decisivo. El artículo 12 de la ley valenciana, en su redacción de 2025, dispone que la Agencia comprueba primero que la denuncia contiene una «relación descriptiva de hechos presuntamente cometidos» y que esos hechos están dentro de su ámbito de actuación, y que solo inicia una investigación cuando aprecia «indicios razonables de veracidad». En la práctica, eso significa describir hechos y no opiniones: qué ocurrió, cuándo, dónde, en qué expediente, contrato o convocatoria, qué órgano o qué cargo intervino, qué importe está en juego y qué documentos o testigos pueden confirmarlo. Un número de expediente, una fecha de resolución o la referencia de una licitación permiten a la Agencia verificar con rapidez lo que se le cuenta. Los documentos deben haberse obtenido de forma lícita: el artículo 14 de la ley valenciana excluye su estatuto protector cuando la información es falsa, tergiversada u obtenida de manera ilícita, y el artículo 38.2 de la ley estatal solo exime de responsabilidad por la adquisición de la información cuando esa adquisición no constituye un delito. Acceder a un sistema informático sin autorización o llevarse expedientes que no se tienen derecho a consultar puede convertir al denunciante en investigado.
La cuestión del anonimato merece una decisión meditada. El artículo 11.2 de la ley valenciana permite a quien informa pedir que se garantice la confidencialidad de su identidad, y obliga al personal de la Agencia a mantenerla salvo requerimiento judicial. La ley estatal va más lejos: además de admitir la comunicación anónima, su artículo 21 reconoce al informante el derecho a elegir entre comunicar de forma anónima o identificada, a hacerlo por escrito o verbalmente, a indicar un domicilio, un correo electrónico o un lugar seguro para recibir comunicaciones, a renunciar a recibirlas, a comparecer asistido de abogado, a pedir que esa comparecencia se haga por videoconferencia y a conocer el estado de la tramitación y el resultado de la investigación. El anonimato protege frente a la exposición, pero tiene un coste: la Agencia no puede pedir aclaraciones ni informar del curso del expediente, y una denuncia anónima imprecisa corre el riesgo de no superar el filtro de verosimilitud. La denuncia confidencial, en la que el nombre consta pero queda reservado, permite en cambio un diálogo con los investigadores. Si una persona que informó de forma anónima es identificada más tarde, el artículo 35.3 de la ley estatal le conserva la protección siempre que cumpla las demás condiciones.
La reserva de identidad no es absoluta, y conviene saberlo antes de presentar la denuncia. El artículo 33 de la Ley 2/2023 permite comunicar la identidad del informante a la autoridad judicial, al ministerio fiscal o a la autoridad administrativa competente en el marco de una investigación penal, disciplinaria o sancionadora. En ese caso, el informante debe ser avisado antes de que se revele su identidad, salvo que el aviso pueda comprometer la investigación o el procedimiento judicial, y recibir un escrito que explique los motivos. Quien denuncia hechos que pueden acabar en un juicio penal debe contar con la posibilidad de ser llamado como testigo.
Los plazos dependen del texto que se aplique. La ley valenciana fija, para la Agencia, un máximo de tres meses desde la presentación de la denuncia para que la dirección decida abrir una investigación o archivar, y precisa que si el denunciante rectifica o amplía los datos aportados empieza a correr un plazo nuevo. Abierta la investigación, el artículo 13 limita su duración a seis meses desde el acuerdo de inicio, prorrogables de forma motivada por otros seis como máximo. La ley estatal, para las actuaciones de la Autoridad Independiente, que su artículo 16.2 extiende en su caso a las autoridades autonómicas, prevé un acuse de recibo en un plazo de cinco días hábiles, una decisión sobre la admisión en un plazo máximo de diez días hábiles desde el registro, comunicada al informante en los cinco días hábiles siguientes, y una respuesta en un plazo que no puede superar tres meses. Guardar el acuse de recibo y anotar la fecha de presentación sirve para controlar esos plazos y, si llega a producirse una represalia, para demostrar que la denuncia existía antes de la medida perjudicial.
Al término de la investigación, el artículo 16 de la ley valenciana ofrece varias salidas. La dirección de la Agencia emite un informe motivado con sus conclusiones, que se remite al órgano competente, el cual debe informar después de las medidas adoptadas o de las razones por las que no sigue las recomendaciones. El expediente puede archivarse, y el archivo se comunica al denunciante por escrito motivado. La Agencia puede abrir un procedimiento sancionador por las infracciones de su propia ley, comunicar al órgano competente los indicios de infracción disciplinaria, trasladar de inmediato al ministerio fiscal o a la autoridad judicial los hechos que puedan constituir delito y remitir a la jurisdicción contable los casos de posible responsabilidad contable. Puede también dirigir recomendaciones a las administraciones para que modifiquen o revisen actos y prácticas, y elevar informes extraordinarios a Les Corts cuando la relevancia de los hechos lo justifica.
El denunciante no es, sin embargo, parte en el expediente. El artículo 20.5 de la Ley 2/2023 establece que presentar una comunicación no confiere por sí sola la condición de interesado, y su artículo 13.5 dispone que las decisiones de los organismos públicos con funciones de comprobación o investigación sobre las informaciones recibidas no son recurribles en vía administrativa ni contencioso-administrativa. Si la Agencia archiva, el denunciante que sigue convencido de la existencia de un delito conserva la posibilidad de presentar su denuncia ante la Fiscalía, la policía o el juzgado, y puede dirigirse a otros órganos de control cuando los hechos entran en sus competencias.
Los empleados públicos tienen, además, un deber específico. El artículo 11.3 de la ley valenciana obliga a las autoridades, a los empleados públicos y a quienes ejercen funciones públicas a comunicar inmediatamente a la Agencia los hechos que puedan ser objeto de su investigación, sin perjuicio de las obligaciones de denuncia que impone la legislación procesal penal. Esas obligaciones figuran en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo artículo 262 dispone: «Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente». El mismo texto precisa, en su artículo 264, que quien conoce por otros medios un delito perseguible de oficio debe denunciarlo «sin que se entienda obligado por esto a probar los hechos denunciados ni a formalizar querella». Denunciar no exige, por tanto, tener la prueba completa; exige describir con honestidad lo que se sabe.
Para los cargos y funcionarios que dudan antes de firmar o tramitar un expediente, la Ley 5/2025 añadió a la ley valenciana un artículo 5 bis con una herramienta preventiva. Cualquier funcionario o autoridad pública que presta servicios en una entidad del ámbito de la Agencia puede plantearle consultas, solicitudes, alertas y comunicaciones preventivas sobre expedientes administrativos en tramitación que aún no tienen resolución definitiva. Esas consultas deben responderse en el plazo máximo de un mes. Es una vía útil para quien detecta una irregularidad en un expediente vivo y prefiere frenarla antes de que se consume.
B. Protección del denunciante: represalias, nulidad, sanciones y riesgo de denuncia falsa
La protección no depende de que la denuncia acabe demostrando una irregularidad. El artículo 35.1 de la ley estatal la reconoce a quien tiene motivos razonables para pensar que la información es veraz en el momento de comunicarla, aunque no aporte pruebas concluyentes, siempre que la información entre en el ámbito de la ley y se haya comunicado conforme a sus requisitos. La ley valenciana, por su parte, define de forma amplia a la persona denunciante en su artículo 14: cualquier persona física o jurídica que comunica hechos que pueden dar lugar a responsabilidades legales, ante la propia Agencia, ante otro órgano administrativo, ante el ministerio fiscal o ante la autoridad judicial. Las personas denunciantes de buena fe reciben, «sin necesidad de previa declaración o reconocimiento», asesoría legal sobre los hechos denunciados y la garantía de confidencialidad de su identidad. Las dos leyes no tienen el mismo radio: la protección estatal frente a represalias está pensada sobre todo para quien informa desde un contexto laboral o profesional, mientras que el estatuto valenciano alcanza a cualquier denunciante.
El estatuto valenciano incluye medidas concretas. La Agencia debe velar para que el denunciante no sufra, durante la investigación ni después, aislamiento, persecución, empeoramiento de sus condiciones laborales o profesionales ni ninguna otra forma de perjuicio o discriminación. Si tiene conocimiento de actos de intimidación o de represalia, puede adoptar las acciones correctoras o de restablecimiento que considere oportunas. A petición del denunciante, puede instar al órgano competente a trasladarlo a otro puesto sin perjuicio para su carrera y, de forma excepcional, a concederle un permiso temporal con mantenimiento de la retribución. El denunciante puede pedirle asesoramiento en los procedimientos que se dirijan contra él a causa de la denuncia, y la protección puede mantenerse, mediante resolución de la Agencia, más allá del final de la investigación. Un punto de procedimiento tiene consecuencias prácticas: según el artículo 14.3, la falta de resolución expresa en los procedimientos de protección del denunciante tiene «efectos desestimatorios», de modo que el silencio de la Agencia equivale a una negativa y permite al solicitante actuar en consecuencia.
La ley estatal describe con precisión lo que es una represalia. Su artículo 36.3 enumera, a título de ejemplo, la suspensión del contrato, el despido o la extinción de la relación laboral o estatutaria, la no renovación o la terminación anticipada de un contrato temporal, la imposición de medidas disciplinarias, la degradación o la denegación de ascensos, las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, la no conversión de un contrato temporal en indefinido cuando había expectativas legítimas, los daños reputacionales, las coacciones, el acoso o el ostracismo, las evaluaciones o referencias negativas, la inclusión en listas negras, la denegación o anulación de una licencia o un permiso, la denegación de formación y cualquier trato discriminatorio. La única salvedad son las medidas adoptadas en el ejercicio regular del poder de dirección por circunstancias, hechos o infracciones acreditados y ajenos a la denuncia.
Las consecuencias para quien toma represalias son importantes. El artículo 36.5 declara nulos de pleno derecho los actos administrativos que impiden o dificultan la presentación de comunicaciones y los que constituyen una represalia, y prevé medidas disciplinarias o de responsabilidad, incluida la indemnización de los daños y perjuicios. En el juicio sobre el despido, la sanción o el perjuicio, opera la presunción ya citada del artículo 38.4: corresponde a quien adoptó la medida demostrar que se basó en motivos debidamente justificados y ajenos a la denuncia. El artículo 38 añade que el informante no incurre en responsabilidad por haber vulnerado una restricción de revelación de información cuando tenía motivos razonables para considerar la comunicación necesaria, salvo en el plano penal, y que en los procesos por difamación, revelación de secretos o protección de datos puede alegar en su defensa haber informado conforme a la ley. La protección cubre en principio dos años; el artículo 36.4 permite, de forma excepcional y motivada, prolongarla cuando los derechos del informante se ven lesionados después de ese plazo.
En el plano sancionador, la represalia contra un informante es una infracción muy grave según el artículo 63.1 de la ley estatal, como lo es vulnerar la confidencialidad o el anonimato. El artículo 65 prevé para las personas físicas multas de 30.001 a 300.000 euros en las infracciones muy graves y, para las personas jurídicas, de 600.001 a 1.000.000 de euros, a las que pueden añadirse la amonestación pública, la prohibición de obtener subvenciones durante un máximo de cuatro años y la de contratar con el sector público durante un máximo de tres. La ley valenciana, por su lado, castiga como infracción muy grave el incumplimiento de las medidas de protección del denunciante cuando la falta de colaboración causa un grave perjuicio al denunciante o a la investigación, con multa de 30.001 a 400.000 euros. Estas sanciones administrativas pueden concurrir con el régimen disciplinario del funcionario o del trabajador responsable.
Para la persona que sufre una represalia, el orden de las actuaciones importa. Primero, reunir la prueba de la denuncia, empezando por el acuse de recibo y su fecha, y la cronología de lo ocurrido después: cambios de funciones, comunicaciones, evaluaciones, sanciones. Segundo, solicitar a la autoridad competente las medidas de apoyo del artículo 37 de la ley estatal, que incluyen información y asesoramiento completos e independientes sobre los procedimientos y los recursos disponibles, la certificación de que la persona puede acogerse a la protección de la ley, la asistencia jurídica en los procesos penales y, de forma excepcional, apoyo financiero y psicológico; y pedir a la Agencia las medidas del estatuto valenciano. Tercero, impugnar la medida perjudicial ante la jurisdicción competente dentro de los plazos, a menudo muy breves, que fija la legislación laboral o de función pública aplicable, sin esperar el resultado de la investigación sobre los hechos denunciados.
La protección tiene un límite claro: la mentira. El artículo 14 de la ley valenciana excluye el estatuto del denunciante cuando la denuncia proporciona información falsa, tergiversada u obtenida de manera ilícita; en esos casos, la Agencia puede archivar tras una audiencia reservada y advertir al denunciante de las responsabilidades que podría asumir. Las denuncias manifiestamente falsas son una infracción de esa misma ley, muy grave si causan graves perjuicios a la persona denunciada. La ley estatal califica también de muy grave comunicar o revelar públicamente información a sabiendas de su falsedad. Y en el plano penal, el Código Penal castiga en su artículo 456 a quienes, «con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad», imputan a alguien hechos que constituirían una infracción penal ante un funcionario judicial o administrativo obligado a averiguarlos: prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses si se imputa un delito grave, multa de doce a veinticuatro meses si se trata de un delito menos grave y multa de tres a seis meses si es leve. El mismo artículo añade una garantía procesal: «No podrá procederse contra el denunciante o acusador sino tras sentencia firme o auto también firme, de sobreseimiento o archivo» del juez o tribunal que conoció de la infracción imputada.
La frontera entre el error y la falsedad es, por tanto, la que separa la protección del riesgo. Quien describe con exactitud lo que ha visto, distingue entre lo que le consta y lo que supone y aporta los documentos de que dispone no comete ninguna infracción aunque la investigación concluya que no hubo irregularidad. Lo que la ley sanciona es la acusación construida a sabiendas de su falsedad o con un desprecio temerario por la verdad. Una fórmula prudente consiste en redactar la denuncia en términos de hechos verificables y de indicios, y no de culpabilidad.
Las personas a las que se refiere la denuncia también tienen derechos, y conocerlos ayuda a calibrar el propio relato. El artículo 10 de la ley valenciana obliga a la Agencia a informar a la persona afectada en cuanto determina una posible implicación individual, a darle audiencia y a no formular conclusiones personalizadas ni referencias nominales en sus informes sin que haya podido conocer los hechos y presentar alegaciones; el aviso solo puede diferirse cuando la investigación exige un secreto absoluto. El artículo 39 de la ley estatal le garantiza la presunción de inocencia, el derecho de defensa, el acceso al expediente sin revelar la identidad del informante y la misma reserva de identidad que al denunciante. Por último, el artículo 40 de la ley estatal prevé un supuesto particular: quien participó en una infracción administrativa y la comunica antes de que se le notifique la apertura del procedimiento puede quedar exento de la sanción administrativa, o ver atenuada su sanción, si cesó en la conducta, coopera plenamente, aporta información veraz y relevante y repara el daño que le es imputable. Esa regla no alcanza a la responsabilidad penal.
Conclusión
La Agència Valenciana Antifrau es, desde la reforma de 2025, la autoridad independiente de protección del informante de la Comunitat Valenciana. Recibe denuncias de cualquier persona sobre el sector público valenciano, sobre los contratistas y los beneficiarios de fondos públicos en lo que concierne a esos fondos y, en virtud de la ley estatal, sobre las empresas privadas cuando la infracción se limita al territorio valenciano. No es un tribunal: investiga, recomienda, sanciona la obstrucción y la falsedad, y traslada al ministerio fiscal lo que puede ser delito.
Para denunciar con eficacia, lo esencial es describir hechos concretos y verificables, con fechas, expedientes y documentos obtenidos de forma lícita, elegir con conocimiento de causa entre la denuncia identificada, la confidencial y la anónima, y conservar el acuse de recibo. Los plazos de la ley valenciana, tres meses para decidir si se investiga y seis meses prorrogables para investigar, permiten seguir el expediente, aunque el denunciante no sea parte en él ni pueda recurrir el archivo.
La protección descansa en dos leyes que se suman. La ley estatal prohíbe toda represalia, declara nulos los actos que la materializan, presume que el perjuicio sufrido tras una comunicación conforme a la ley es una represalia y sanciona a su autor con multas elevadas; la ley valenciana añade asesoría, confidencialidad y medidas de traslado o de permiso. Esa protección cubre al denunciante de buena fe aunque su denuncia no se confirme, y desaparece ante la falsedad consciente, que puede acarrear sanciones administrativas y una condena penal.