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Bus-VAO: qué indemnización puede reclamar un pasajero herido en un accidente de autobús

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Fuente: Tribunal de Casación – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Colegio de Abogados de París Detención policial, instrucción, tribunal con jurado Ficha CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Hassan KOHEN
Abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París

Bus-VAO: qué indemnización puede reclamar un pasajero herido en un accidente de autobús

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Hassan Kohen, abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París.

En España se busca estos días «bus-vao», y la búsqueda relacionada que acompaña a esa consulta se refiere a un accidente de autobús. Esta guía no relata ningún suceso: las circunstancias de cualquier accidente concreto, sus causas, las personas afectadas y sus consecuencias no constan en ningún documento oficial leído para prepararla y quedan por establecer. Parte, en cambio, de la pregunta que se hace cualquier viajero que resulta herido dentro de un autobús, urbano o interurbano: quién le indemniza, con qué criterios y en qué plazo.

Se trata de información general sobre el derecho español, elaborada a partir de los textos consolidados publicados en el Boletín Oficial del Estado y leídos el 19 de noviembre de 2026: el Reglamento del Seguro Obligatorio de Viajeros, el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor y el Código Civil. El método que se expone es de alcance general y no sustituye el examen del atestado, de los informes médicos ni de las pólizas de cada caso. Quedan fuera del análisis el régimen de la Seguridad Social y de los accidentes de trabajo, el transporte ferroviario, aéreo y marítimo, y los viajes con origen fuera de España.

La idea central es sencilla: el pasajero herido dispone de dos vías que se suman. La primera es un seguro de accidentes que paga cantidades fijas sin discutir la culpa; la segunda es la responsabilidad civil del conductor, que repara el daño completo según el baremo de tráfico y que se pierde si no se reclama dentro de plazo.

I. Dos coberturas distintas para un mismo viajero herido

A. El seguro obligatorio de viajeros: una indemnización tasada que no depende de la culpa

La primera cobertura está regulada por el Reglamento del Seguro Obligatorio de Viajeros, aprobado por el Real Decreto 1575/1989, cuya versión consolidada leída recoge como última actualización la publicada el 4 de julio de 2009; las cuantías de su anexo figuran en euros desde la Resolución de 28 de septiembre de 2001. Su artículo 1 fija la finalidad del seguro: «indemnizar a éstos o a sus derechohabientes, cuando sufran daños corporales en accidente que tenga lugar con ocasión de desplazamiento en un medio de transporte público colectivo de personas». El artículo 2 añade tres reglas que explican todo lo demás. El seguro es obligatorio y protege a todo viajero de esos medios de transporte. Constituye una modalidad del seguro privado de accidentes individuales, «compatible con cualquier otro seguro concertado por el viajero o a él referente». Y no libera a las empresas transportistas, a los conductores ni a terceros de su responsabilidad civil, «ni las prestaciones satisfechas por razón de dicho Seguro reducen el importe de la expresada responsabilidad». Dicho de otro modo, lo que se cobra por esta vía no se descuenta de lo que se reclame después al responsable del accidente.

El ámbito del seguro está delimitado con precisión. Según el artículo 4, alcanza a todos los usuarios de medios de transporte público colectivo de viajeros, urbanos e interurbanos, mientras circulen por territorio nacional y en los viajes que empiecen en él. El artículo 10 incluye expresamente los transportes de viajeros en vehículos automóviles que circulan sin camino de rodadura fijo por vías públicas, es decir, los autobuses de línea. El artículo 11, en cambio, excluye los medios destinados al transporte público de personas con capacidad inferior a nueve plazas, de modo que un turismo con menos de nueve plazas, aunque preste un servicio público, queda fuera de este seguro. El transportista es el tomador obligado a contratarlo (artículo 5) y repercute la prima en el precio del billete (artículo 12).

La persona protegida es, según el artículo 6, quien en el momento del accidente está provista del título de transporte, de pago o gratuito. Cuando el billete se expide sin identificar al viajero, el reglamento presume que el accidentado lo tenía siempre que, por las características del accidente, sea verosímil su extravío o destrucción. También están protegidos los menores exentos de billete y el personal de la empresa transportista dedicado al funcionamiento del vehículo, lo que incluye a quien trabaja a bordo.

Los riesgos cubiertos son amplios. El artículo 7 protege las lesiones corporales que resultan de forma directa de un choque, un vuelco, un alcance, una salida de la vía, una rotura, una explosión, un incendio o cualquier otra avería o anormalidad que afecte al vehículo o proceda de él. El artículo 8 cubre los accidentes ocurridos durante el viaje, pero también los que suceden antes de arrancar, una vez que el vehículo se ha puesto a disposición de los viajeros, y los inmediatamente posteriores a la llegada, siempre que el asegurado siga dentro del vehículo. Protege igualmente al viajero que se lesiona al subir o al bajar por el lugar debido, o al recoger el equipaje directamente del vehículo. La única exclusión que el texto prevé, en su artículo 9, se refiere al asegurado que provoca el accidente en estado de embriaguez, bajo los efectos de drogas o mediante actos dolosos. La culpa del conductor del autobús o la de otro vehículo es indiferente: el seguro paga por el solo hecho del accidente.

Lo que paga está tasado. El artículo 3 limita la cobertura a las indemnizaciones pecuniarias y a la asistencia sanitaria cuando el accidente produce muerte, invalidez permanente o incapacidad temporal. La asistencia sanitaria tiene, según el artículo 19, un límite máximo de setenta y dos horas desde el accidente para las lesiones que no requieren hospitalización ni tratamiento especializado en cura ambulatoria, de diez días cuando el asegurado la tiene cubierta por otros seguros obligatorios y de noventa días en los demás casos. Las indemnizaciones se calculan conforme al baremo anexo. En caso de muerte, la indemnización es única, asciende a 36.060,73 euros y procede si el fallecimiento se produce en los dieciocho meses siguientes al accidente como consecuencia directa de este, incluso cuando agrava una enfermedad o una lesión anterior (artículo 16). Las lesiones se ordenan en catorce categorías, desde la primera, indemnizada con 42.070,85 euros, hasta la decimocuarta, con 1.202,02 euros. En esta última figuran, por ejemplo, las fracturas desviadas o conminutas no epifisarias del húmero, del cúbito y el radio, del fémur o de la tibia y el peroné, la pérdida de más de ocho piezas dentarias o la hernia discal de origen traumático.

Tres reglas del baremo condicionan el resultado. La incapacidad temporal se indemniza según el grado que el baremo atribuye a la lesión, sin tener en cuenta su duración real (artículo 18). Cuando una persona sufre lesiones que encajan en varias categorías, se califican en la de mayor gravedad, aunque las indemnizaciones de varias categorías pueden acumularse siempre que no superen el límite de la primera. Y cuando las lesiones hacen imposible un diagnóstico definitivo durante el tratamiento, el asegurado puede pedir anticipos a cuenta de la indemnización por incapacidad permanente (artículo 17). En caso de fallecimiento, el artículo 22 fija un orden propio de beneficiarios, distinto del de la herencia: el cónyuge no separado por sentencia firme percibe la totalidad, salvo que haya hijos del fallecido, en cuyo caso la mitad corresponde a los hijos y la otra mitad al cónyuge viudo; a falta de cónyuge, cobran los descendientes, y después los padres, los abuelos y los hermanos y sobrinos, por este orden.

Estas cantidades son modestas y no pretenden medir el daño real. Su valor práctico reside en otra parte: se obtienen sin discutir quién causó el accidente y no reducen la indemnización que se pueda reclamar después. Quien se limita al seguro de viajeros suele quedarse muy lejos de lo que el derecho le reconoce.

B. La responsabilidad civil del conductor y su seguro obligatorio: la reparación íntegra del baremo de tráfico

La segunda vía descansa en el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, cuya versión consolidada leída recoge como última actualización la publicada el 18 de febrero de 2026; buena parte de los artículos citados aquí fueron modificados por la Ley 5/2025, de 24 de julio, en vigor desde el 26 de julio de 2025. El artículo 1.1 hace responsable al conductor, «en virtud del riesgo creado» por la circulación, de los daños causados a las personas. Frente a esos daños personales, el conductor «solo quedará exonerado cuando pruebe que los daños fueron debidos a la culpa exclusiva del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo». El mismo precepto cierra una puerta que a menudo se intenta abrir tras un accidente de autobús: «no se considerarán casos de fuerza mayor los defectos del vehículo ni la rotura o fallo de alguna de sus piezas o mecanismos». El artículo 7.1 traslada esa lógica al asegurador, que debe pagar al perjudicado y solo queda exonerado si prueba que el hecho no da lugar a responsabilidad civil conforme al artículo 1.

Para el pasajero, esta construcción es favorable. El viajero no conduce, de modo que la culpa exclusiva de la víctima o la fuerza mayor extraña a la circulación serán, en la gran mayoría de los casos, difíciles de sostener frente a él. El artículo 5.1 solo excluye de la cobertura del seguro obligatorio los daños sufridos por el conductor del vehículo causante del accidente; los pasajeros no están excluidos. El artículo 6 impide además al asegurador oponer al perjudicado otras exclusiones, pactadas o no, distintas de las legales, así como franquicias. Y el artículo 4.2.a fija la cobertura del seguro obligatorio, para los daños a las personas, en 70 millones de euros por siniestro, cualquiera que sea el número de víctimas. Si las indemnizaciones superan ese importe, el exceso corresponde al seguro voluntario o al responsable del siniestro.

Cuando en el accidente intervienen dos o más vehículos, el pasajero no tiene por qué resolver quién tuvo la culpa antes de reclamar. El artículo 7.1 exige que la reclamación identifique el vehículo y el conductor que hubiesen intervenido en la producción del siniestro, si se conocen, y en la práctica conviene dirigirla al asegurador del autobús en el que se viajaba y, si se conoce, al del otro vehículo implicado, para que el reparto de responsabilidades se discuta entre ellos y no a costa del herido. Si el vehículo causante es desconocido o carece de seguro, el artículo 11.1 encomienda la indemnización de los daños personales al Consorcio de Compensación de Seguros, dentro de los límites del seguro obligatorio.

La diferencia con el seguro de viajeros está en la forma de valorar el daño. Los artículos 32 a 35 organizan un sistema que valora todos los perjuicios causados a las personas por hechos de la circulación según dos principios: la reparación íntegra, que busca la total indemnidad de la víctima teniendo en cuenta sus circunstancias personales, familiares, sociales y económicas, y la reparación vertebrada, que obliga a valorar por separado los daños patrimoniales y los no patrimoniales y, dentro de cada grupo, cada concepto. El artículo 34 distingue tres grandes daños indemnizables, la muerte, las secuelas y las lesiones temporales, recogidos en las tablas 1, 2 y 3 del anexo, y dentro de cada tabla separa el perjuicio personal básico, los perjuicios personales particulares y los perjuicios patrimoniales. Los conceptos y criterios aplicables son los vigentes a la fecha del accidente (artículo 38), pero las cuantías se actualizan al año en que se fija la indemnización por acuerdo o por resolución judicial, salvo desde que empiezan a devengarse intereses de demora (artículo 40). La propia versión consolidada remite a la Resolución de 3 de febrero de 2026 de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que acordó publicar en su portal las cuantías vigentes durante 2026, actualizadas en un 2,9 por ciento.

Para la mayoría de los pasajeros heridos, la partida decisiva será la de las lesiones temporales, que el artículo 134 define como las sufridas desde el accidente hasta el final del proceso curativo o hasta que la lesión se estabiliza y se convierte en secuela. Cada día de ese periodo da derecho a una cantidad diaria por perjuicio personal básico (artículo 136). Si las lesiones impiden o limitan la autonomía o el desarrollo personal, la cantidad diaria se sustituye por la del grado de pérdida temporal de calidad de vida que corresponda, que ya incluye el perjuicio básico (artículos 137 a 139). El grado es muy grave cuando el lesionado pierde temporalmente su autonomía para casi todas las actividades esenciales de la vida ordinaria, y el ingreso en una unidad de cuidados intensivos tiene siempre ese grado; es grave cuando pierde su autonomía para una parte relevante de esas actividades o para la mayor parte de sus actividades de desarrollo personal, y la estancia hospitalaria tiene ese grado; es moderado cuando pierde la posibilidad de realizar una parte relevante de sus actividades específicas de desarrollo personal. A cada día se le asigna un único grado. Cada intervención quirúrgica se indemniza además con una cantidad situada entre un mínimo y un máximo, según su complejidad y el tipo de anestesia (artículo 140).

A esos perjuicios personales se suman los patrimoniales. El artículo 141 obliga a resarcir los gastos de asistencia sanitaria, prótesis, órtesis y productos de apoyo prescritos hasta la curación o estabilización, siempre que estén justificados y sean médicamente razonables; garantiza la libre elección de centro por el lesionado, con reembolso de lo que haya pagado, y asimila a esos gastos los desplazamientos realizados para recibir asistencia. El artículo 142 añade los gastos que la lesión provoca en la vida ordinaria, como el aumento de los costes de movilidad o los desplazamientos de familiares para atender al lesionado cuando su situación lo requiere. El artículo 143 indemniza el lucro cesante, es decir, la pérdida de ingresos netos del trabajo durante las lesiones temporales, que para ingresos variables se acredita por referencia al mismo periodo del año anterior o a la media de los tres años previos si es superior; de esa cantidad se deducen las prestaciones públicas que el lesionado perciba por el mismo concepto. Si la lesión deja secuelas, se añade la indemnización por secuelas de la tabla 2, compatible con la de lesiones temporales.

Dos matices pueden reducir el resultado. El artículo 1.2 permite rebajar todas las indemnizaciones, hasta un máximo del setenta y cinco por ciento, cuando la víctima contribuye a la producción del daño, y considera que existe esa contribución si, por no usar o usar mal el cinturón u otros elementos protectores, incumple la normativa de seguridad y agrava el daño. La misma rebaja se aplica a la víctima que incumple su deber de mitigar el daño, en especial si abandona sin justificación el proceso curativo. El texto consolidado advierte, por último, de que la aplicación de varios de los preceptos modificados en 2025, entre ellos los artículos 36, 37.3, 134, 141 y 143, debe tener en cuenta la disposición final novena de la Ley 5/2025; esa regla de aplicación en el tiempo debe comprobarse con la fecha exacta de cada accidente.

Esta guía forma parte de la información jurídica en español del despacho de París y se limita al derecho español escrito. No describe la práctica de cada aseguradora ni la de los juzgados de cada partido judicial.

II. Cómo reclamar después del accidente: pasos, plazos y errores que reducen la indemnización

A. Los primeros días: aviso, atención médica y pruebas

El primer paso concierne al seguro de viajeros. El artículo 13 del reglamento obliga al asegurado o a sus beneficiarios a avisar del accidente al transportista en cuyo vehículo ocurrió, o al personal de la empresa que presta el servicio o que está al frente de las estaciones e instalaciones. Ese mismo artículo pone a cargo del viajero la prueba de los daños corporales, que puede aportar mediante certificaciones médicas que describan las lesiones, y le permite justificar su condición de viajero con el billete, con un certificado de la empresa o de la autoridad que ordenó el servicio, o con cualquier otro medio de prueba admitido en derecho. En la práctica, conviene conservar el billete o el justificante del título de transporte, anotar la línea, el sentido y la hora del viaje, y pedir por escrito a la empresa que deje constancia del aviso. El artículo 12 del reglamento obliga, por su parte, al transportista a dejar constancia escrita de los avisos recibidos, a comunicar el accidente a su asegurador y a hacer lo necesario para que los asegurados puedan cobrar.

El segundo paso es médico, y su calendario importa más de lo que parece. Muchos pasajeros no sienten dolor en el momento del choque y acuden al médico días después. La ley de responsabilidad civil trata con desconfianza ese retraso en los traumatismos menores de la columna vertebral, como el esguince cervical. Su artículo 135 exige, para indemnizarlos, que la naturaleza del accidente pueda producir el daño según varios criterios de causalidad, y en el criterio cronológico concede especial relevancia a que los síntomas se hayan manifestado dentro de las setenta y dos horas posteriores al accidente o a que el lesionado haya recibido atención médica en ese plazo. La secuela que derive de un traumatismo cervical menor solo se indemniza si un informe médico concluyente acredita su existencia tras el periodo de lesión temporal. Ese mismo plazo de setenta y dos horas coincide con el límite de la asistencia sanitaria a cargo del seguro de viajeros para las lesiones leves. La consecuencia práctica es clara: quien ha viajado en un autobús accidentado y nota cualquier molestia debe acudir a un servicio de urgencias o a su médico sin esperar, y pedir que el informe mencione el accidente.

El tercer paso consiste en reunir las pruebas del accidente y del daño. El artículo 7.1 de la ley obliga a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargadas de la vigilancia del tráfico a facilitar sin coste, a petición de los perjudicados, copia del atestado o del informe equivalente con toda la información sobre las circunstancias del accidente, incluso cuando ya lo hayan remitido a la autoridad judicial. Ese documento permite identificar los vehículos implicados y sus aseguradores. Conviene también conservar los datos de otros viajeros que puedan declarar, las fotografías tomadas en el lugar y todas las facturas: farmacia, transporte a las consultas, fisioterapia, ayudas técnicas. Los artículos 141 y 142 solo resarcen los gastos justificados y razonables, y el artículo 143 exige acreditar los ingresos perdidos, de modo que las nóminas, las declaraciones fiscales o los justificantes de actividad del periodo anterior al accidente forman parte del expediente desde el primer día.

El cuarto paso es colaborar con la valoración médica. El artículo 37 dispone que las lesiones temporales y las secuelas se determinan y miden mediante un informe médico ajustado a las reglas del sistema, y obliga al lesionado a prestar, desde el accidente, la colaboración necesaria para que los servicios médicos designados por cuenta del posible responsable le reconozcan y sigan la evolución de sus lesiones. Negarse a esos reconocimientos tiene un coste concreto: la ley lo considera una causa no imputable a la aseguradora a efectos del devengo de intereses de demora. Los servicios médicos deben entregar tanto a la aseguradora como al lesionado el informe médico pericial definitivo. Colaborar no significa aceptar sin más sus conclusiones: el lesionado puede aportar sus propios informes y, como se verá, pedir una pericial complementaria. Del mismo modo, seguir el tratamiento prescrito hasta el alta protege la indemnización, porque el abandono injustificado del proceso curativo permite reducirla en virtud del artículo 1.2.

Por último, el pasajero que viajaba hacia su trabajo o desde él debe saber que su situación puede activar también el régimen de la Seguridad Social, que esta guía no analiza. El artículo 143.3 de la ley de responsabilidad civil anticipa la articulación entre ambos regímenes en un punto: del lucro cesante se deducen las prestaciones públicas percibidas por el mismo concepto. Conviene, por tanto, conservar los partes de baja y los justificantes de las prestaciones cobradas, que la aseguradora pedirá al calcular su oferta.

B. La reclamación a la aseguradora, la oferta motivada y la vía judicial

La reclamación frente al asegurador de responsabilidad civil sigue un procedimiento que la reforma de 2025 ha precisado. El artículo 7.1 concede al perjudicado o a sus herederos acción directa contra el asegurador y fija su prescripción en un año. Antes de demandar, el perjudicado debe comunicar el siniestro al asegurador y pedir la indemnización. Esa reclamación extrajudicial debe contener su identificación, una declaración sobre las circunstancias del hecho, la identificación del vehículo y del conductor que intervinieron si se conocen, y la información médica, pericial o de otro tipo que permita cuantificar el daño; no necesita estar cuantificada, aunque el reclamante disponga de todos los elementos para calcularla. La reclamación interrumpe el plazo de prescripción desde que se presenta al asegurador obligado, y la notificación fehaciente de su oferta o de su respuesta motivada abre un nuevo plazo de un año. Si el perjudicado inicia un procedimiento penal, debe también comunicarlo al asegurador, y esa comunicación equivale a la reclamación extrajudicial; si el procedimiento se inicia de oficio, la notificación corresponde al juzgado.

Desde que recibe la reclamación, el asegurador dispone de tres meses (artículo 7.2). Si considera acreditada la responsabilidad y cuantificado el daño, debe presentar una oferta motivada. El artículo 7.3 exige que esa oferta separe la valoración de los daños personales y la de los daños en los bienes, calcule los daños personales según el título IV y el anexo, detalle los documentos e informes en que se basa, incluido el informe médico pericial definitivo, y haga constar que el pago no se condiciona a la renuncia del perjudicado a reclamar después una cantidad mayor. Si el asegurador no ofrece, debe dar una respuesta motivada que explique por qué (artículo 7.4). Cuando la razón es que la curación se prolonga y no se conoce todavía el alcance de las secuelas, la respuesta debe referirse a los pagos a cuenta de los perjuicios ya consolidados e incluir el compromiso de presentar la oferta en cuanto se cuantifique el daño y de informar motivadamente de la situación cada dos meses. Un pasajero hospitalizado durante semanas no tiene, por tanto, que esperar al alta definitiva para cobrar lo que ya está consolidado.

El retraso tiene un precio para la aseguradora. Pasados los tres meses sin oferta motivada por una causa no justificada o imputable al asegurador, se devengan intereses de demora conforme al artículo 9, que remite al artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro; esos intereses también se devengan si, aceptada la oferta, el pago no se hace en cinco días o la cantidad no se consigna. El mismo artículo 9 dispensa de intereses al asegurador que presenta en plazo una oferta motivada válida, pero solo por la cantidad ofrecida y pagada o consignada. El incumplimiento del deber de oferta o respuesta constituye además una infracción administrativa sancionable según la ley de ordenación y supervisión de las entidades aseguradoras.

Si la oferta no convence, el perjudicado tiene varias opciones antes del juzgado. El artículo 7.5 permite a las partes pedir, de común acuerdo y a costa del asegurador, informes periciales complementarios, incluso al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, siempre que este no haya intervenido ya tras el ejercicio de acciones judiciales. El lesionado puede solicitar ese informe del Instituto aunque la aseguradora no esté de acuerdo, y también con cargo a ella; puede igualmente encargar periciales propias a su costa. Esa solicitud obliga al asegurador a presentar una nueva oferta en el plazo de un mes desde la entrega del informe complementario, mientras el plazo de prescripción sigue interrumpido. Según el artículo 7.6, el Instituto debe reconocer al lesionado en tres meses desde la solicitud y emitir el informe en el mes siguiente al reconocimiento. El artículo 14 abre además la puerta a cualquier medio adecuado de solución de controversias fuera de los tribunales, con la intervención de profesionales formados en responsabilidad civil de la circulación y en el sistema de valoración.

La vía judicial queda abierta en todo caso una vez recibida la oferta o la respuesta, o vencido el plazo para emitirlas (artículo 7.8). La demanda debe acompañarse de la oferta o de la respuesta motivada o, si no se emitieron, de la reclamación previa; sin esos documentos no se admite a trámite. Cuando el accidente da lugar a un proceso penal que termina con sentencia absolutoria, o, en caso de fallecimiento, con una resolución que le pone fin sin declaración de responsabilidad, el artículo 13 permite al perjudicado que no renunció a la acción civil ni la reservó pedir al juez un auto que fije la cantidad líquida máxima que puede reclamar con cargo al seguro obligatorio, dictado a la vista de la oferta o la respuesta motivada. El asegurador que no aportó en su día los informes exigidos en su oferta o en su respuesta no puede introducir después informes médicos periciales definitivos en el proceso, según los artículos 7.3.c y 7.4.b: un motivo más para exigir que la oferta venga completa.

En paralelo, la reclamación del seguro de viajeros se dirige al asegurador con el que el transportista lo tiene contratado. La empresa transportista, a la que el artículo 12 del reglamento obliga a hacer lo necesario para que los asegurados obtengan las prestaciones, es el primer interlocutor para conocer esa entidad. El reglamento declara aplicable a este seguro la Ley de Contrato de Seguro (artículo 2.4), que esta guía no analiza; quien haya sufrido el accidente tiene interés en presentar el aviso y la documentación médica sin demora, sin esperar al resultado de la reclamación de responsabilidad civil, porque ambas son independientes.

Queda el caso de los objetos personales. El artículo 5.2 de la ley de responsabilidad civil excluye de la cobertura del seguro obligatorio de un vehículo los daños sufridos por las cosas transportadas en él. El teléfono, el ordenador o el equipaje dañados dentro del autobús no se reclaman, por tanto, al seguro obligatorio de ese mismo autobús. Para los daños en los bienes, el artículo 1.1 de la ley remite a los artículos 1902 y siguientes del Código Civil: el conductor de otro vehículo responde frente a terceros cuando resulte civilmente responsable conforme a esas normas. El artículo 1902 dispone que «El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado», y el artículo 1968.2 somete esa acción a un plazo de un año desde que lo supo el agraviado. Frente a la empresa con la que se contrató el viaje cabe, además, una reclamación contractual, cuyo fundamento general es el artículo 1101 del mismo código, que obliga a indemnizar a quienes en el cumplimiento de sus obligaciones incurren en dolo, negligencia o morosidad. Para esa acción contractual, el artículo 1964.2 establece que «Las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación»; las normas especiales del contrato de transporte, que pueden fijar otro plazo, no se han analizado aquí. En todos los casos, el artículo 1973 permite interrumpir la prescripción mediante una reclamación extrajudicial del acreedor, que conviene enviar por un medio que deje constancia de su fecha y contenido.

Conclusión

Un viajero herido en un accidente de autobús en España no tiene que elegir entre dos indemnizaciones. El seguro obligatorio de viajeros le paga cantidades fijas, que el baremo de 1989 sitúa entre 1.202,02 y 42.070,85 euros por lesiones y en 36.060,73 euros por fallecimiento, sin discutir la culpa y sin reducir lo que le deba el responsable. La responsabilidad civil derivada de la circulación le permite, además, reclamar la reparación íntegra de su daño según el baremo de tráfico: cada día de curación, las intervenciones, las secuelas, los gastos médicos y de desplazamiento y los ingresos perdidos.

La segunda vía exige método. La acción directa contra el asegurador prescribe en un año, la reclamación previa es obligatoria antes de demandar, el asegurador debe responder en tres meses con una oferta o una respuesta motivadas, y el lesionado dispone de una pericial complementaria del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses a costa de la aseguradora si discrepa de la valoración. Las pruebas decisivas se reúnen en los primeros días: aviso a la empresa transportista, atención médica dentro de las setenta y dos horas, copia del atestado, facturas y justificantes de ingresos.

Las circunstancias de cualquier accidente concreto, la identidad de los vehículos y de los aseguradores implicados y el alcance de las lesiones de cada viajero quedan por establecer en cada expediente, que es donde se aplican las reglas generales expuestas en esta guía.

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