La palabra «cayucos» figura este domingo entre las búsquedas en ascenso en España, y las consultas que la acompañan en el buscador apuntan a Canarias y a El Hierro, pero también a preguntas muy concretas: qué pasa con los inmigrantes que llegan a Canarias, adónde van, qué hacen con ellos las autoridades. Son preguntas que se hacen los vecinos de las islas, los familiares que esperan noticias desde otro país o desde la península, y las propias personas que acaban de desembarcar. Este artículo no relata ningún desembarco concreto: responde a esas preguntas desde el derecho.
La respuesta se refiere al derecho de España aplicable en todo el territorio y, en la práctica, en las islas Canarias, en la versión vigente el 22 de noviembre de 2026, fecha de redacción. Combina dos niveles de normas que hoy funcionan juntos: las leyes españolas de extranjería y de asilo, con su reglamento, y los reglamentos europeos del Pacto de Migración y Asilo, que se aplican directamente en España desde el 12 de junio de 2026 y han cambiado el recorrido de quien llega por mar. Se trata de una información sobre derecho extranjero, firmada por Hassan Kohen, abogado del Colegio de Abogados de París.
El método expuesto es de alcance general. No se refiere a ninguna persona, embarcación ni expediente concretos, y los ejemplos que aparecen son hipotéticos. La situación de cada persona depende de su edad, de su nacionalidad, de su estado de salud, de que pida o no protección internacional y de las decisiones que adopten las autoridades y los jueces en su caso.
I. ¿Qué pasa en los primeros días con los inmigrantes que llegan en cayuco a Canarias?
A. Cayucos en Canarias: rescate, triaje europeo e identificación en comisaría
Desde el 12 de junio de 2026, la primera etapa jurídica después de un desembarco ya no es solo española. El Reglamento (UE) 2024/1356, que introduce el llamado triaje de nacionales de terceros países en las fronteras exteriores, se aplica desde esa fecha en toda la Unión y, al tratarse de un reglamento, rige directamente en España sin necesidad de una ley que lo incorpore. Su artículo 5 lo extiende a dos grupos de personas que no cumplen las condiciones de entrada en el espacio Schengen: las que son aprehendidas al cruzar de forma no autorizada una frontera exterior por tierra, mar o aire, y las que han sido desembarcadas en el territorio de un Estado miembro después de una operación de búsqueda y salvamento. Una persona rescatada en el mar y llevada a puerto en Canarias entra, por tanto, en el ámbito del triaje, haya pedido o no asilo.
El triaje tiene un contenido y una duración fijados por el propio reglamento. Debe hacerse sin demora y terminar como máximo siete días después del desembarco. Comprende un reconocimiento médico preliminar, que sirve para detectar necesidades sanitarias urgentes o de aislamiento; un examen preliminar de vulnerabilidad, realizado por personal formado, para detectar si la persona puede ser menor, víctima de tortura o de trata, apátrida o persona con necesidades especiales; la identificación o verificación de la identidad, con consulta de las bases de datos europeas; el registro de los datos biométricos en el sistema Eurodac; y una inspección de seguridad. Todo ello queda recogido en un formulario de triaje que acompaña a la persona en la fase siguiente. Durante esos días, la persona tiene acceso a la atención sanitaria de urgencia y debe ser informada de la finalidad del triaje, de sus derechos y obligaciones y de la posibilidad de solicitar protección internacional.
El reglamento añade dos reglas que explican por qué los primeros días transcurren en lugares controlados. Mientras dura el triaje no se autoriza la entrada en el territorio, aunque la persona se encuentre físicamente en Canarias, y cada Estado debe asegurar que permanezca a disposición de las autoridades en los lugares que designe, generalmente en las fronteras exteriores o cerca de ellas. Al final, el triaje no decide nada sobre el fondo: quien no ha pedido protección internacional es derivado a las autoridades competentes para los procedimientos de retorno, y quien la ha pedido es derivado a las autoridades que registran su solicitud. El reglamento no precisa cómo debe organizar cada Estado esa permanencia, y esa organización sigue sometida a las garantías nacionales sobre la libertad que se examinan en el apartado siguiente.
En paralelo, el derecho español regula desde hace años el destino inmediato de las personas interceptadas en la costa. El Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, vigente desde el 20 de mayo de 2025, dispone en su artículo 23 que las fuerzas encargadas de la custodia de costas y fronteras que intercepten a personas extranjeras que pretenden entrar irregularmente «los conducirán con la mayor brevedad posible a la correspondiente comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, para que pueda procederse a su identificación y, en su caso, a su devolución». El mismo artículo incluye expresamente entre quienes «pretenden entrar irregularmente» a las personas interceptadas en la frontera o en sus inmediaciones, y atribuye la decisión de devolución al Subdelegado o al Delegado del Gobierno.
A la pregunta de adónde van los inmigrantes que llegan a Canarias, el derecho responde, por tanto, por etapas. Primero, a los lugares de triaje y a las dependencias policiales donde se identifica a cada persona. Después, según el resultado, a una de tres vías: la protección de menores si se trata de un niño o de una niña sin adultos responsables, el procedimiento de asilo si la persona pide protección internacional, o el procedimiento de retorno si no la pide. La ley no fija un centro concreto para cada caso, salvo dos supuestos: el internamiento en un centro de internamiento de extranjeros exige autorización judicial y nunca puede afectar a menores, y los menores no acompañados quedan bajo la tutela de los servicios autonómicos de protección.
El examen de vulnerabilidad del triaje tiene consecuencias inmediatas en el derecho español. El mismo artículo 23 del Reglamento de extranjería suspende la ejecución de una devolución cuando se trata de una mujer embarazada y la medida puede suponer un riesgo para la gestación o para su salud, de una persona enferma para la que la medida suponga un riesgo, de una víctima de trata, o cuando existen indicios de que la persona puede ser menor de edad y no está acompañada. Por eso tiene tanta importancia lo que se declara y se observa en los primeros días: la edad que la persona afirma tener, los adultos con los que viaja, las señales de violencia o de explotación, el estado de salud.
B. Detención de 72 horas, abogado, intérprete y juez: los derechos desde el desembarco
La Constitución fija el límite que ninguna norma puede rebasar. El artículo 17 de la Constitución Española reconoce a toda persona, sea cual sea su nacionalidad, el derecho a la libertad y a la seguridad, y establece que la detención preventiva no puede durar más del tiempo estrictamente necesario y que, «en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial». El mismo artículo exige que la persona detenida sea informada de forma inmediata y comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, garantiza la asistencia de abogado en las diligencias policiales y judiciales, y remite a un procedimiento de habeas corpus para llevar de inmediato ante un juez a quien considere que está detenido ilegalmente.
La ley de extranjería concreta esas garantías para quien llega sin autorización. La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, dispone en su artículo 22 que los extranjeros que se hallen en España «tienen derecho a asistencia letrada en los procedimientos administrativos que puedan llevar a su denegación de entrada, devolución, o expulsión del territorio español» y en todos los procedimientos de protección internacional, así como a un intérprete si no comprenden o hablan la lengua oficial que se utilice. Esas asistencias son gratuitas para quien carece de recursos económicos suficientes según la normativa de asistencia jurídica gratuita. La persona que acaba de llegar en cayuco no necesita, por tanto, conocer a un abogado ni poder pagarlo para que su expediente de devolución se tramite con defensa.
El plazo de setenta y dos horas reaparece en la ley de extranjería con un efecto preciso. Según su artículo 58, apartado 6: «Cuando la devolución no se pudiera ejecutar en el plazo de 72 horas, se solicitará de la autoridad judicial la medida de internamiento prevista para los expedientes de expulsión». Y el artículo 61 añade que, en cualquier supuesto de detención, la puesta a disposición judicial debe producirse en un plazo no superior a setenta y dos horas. Una detención no puede, por tanto, prolongarse más allá de tres días sin que la persona quede en libertad o sin que un juez intervenga para decidir si debe seguir privada de ella.
El internamiento en un centro de internamiento de extranjeros es una medida judicial y limitada. El artículo 62 de la ley encarga la decisión al Juez de Instrucción del lugar de la detención, que resuelve tras oír al interesado y al Ministerio Fiscal, mediante auto motivado y conforme al principio de proporcionalidad. El juez debe ponderar el riesgo de incomparecencia, la falta de domicilio o de documentación, las actuaciones dirigidas a evitar la salida y la existencia de antecedentes, y, en caso de enfermedad grave, el riesgo que el internamiento supone para la salud. El texto dispone que el internamiento «se mantendrá por el tiempo imprescindible para los fines del expediente, siendo su duración máxima de 60 días», sin que pueda acordarse un nuevo internamiento por las mismas causas en el mismo expediente, y obliga a liberar inmediatamente a la persona cuando dejan de cumplirse las condiciones que lo justificaron.
Dos prohibiciones completan este cuadro. Ningún menor puede ser internado en un centro de internamiento de extranjeros, y los menores no acompañados deben ser puestos a disposición de los servicios públicos de protección de menores. Además, la ley atribuye al juez del lugar donde se encuentra el centro el control de la estancia de los internos y el conocimiento de sus quejas cuando afecten a sus derechos fundamentales.
Para la persona afectada, o para quien la ayuda desde fuera, de todo ello se desprenden algunas comprobaciones prácticas. Conviene saber en qué fecha y a qué hora tuvo lugar el desembarco, porque de ese momento dependen el plazo de siete días del triaje y el de setenta y dos horas de la detención. Conviene pedir que conste por escrito la asistencia del abogado y del intérprete, y que se haga constar la voluntad de pedir protección internacional si existe. Conviene declarar la edad real y, si se trata de un menor, insistir en ello desde el principio. Y conviene conservar cualquier documento entregado, porque la resolución de devolución, el auto de internamiento o la constancia de la solicitud de asilo determinan los recursos posibles.
II. Devolución o asilo: ¿qué decide España sobre las personas llegadas en cayuco?
A. Devolución sin expediente de expulsión: cuándo procede, cuándo se suspende y qué pasa si no se ejecuta
Quien no pide protección internacional y no es menor queda, tras el triaje, sometido al procedimiento de retorno. En el derecho español, la vía prevista para quien llega por mar sin autorización es la devolución, que el artículo 58 de la ley de extranjería permite acordar sin tramitar un expediente de expulsión para dos grupos de personas: quienes, habiendo sido expulsados, contravienen la prohibición de entrada, y quienes «pretendan entrar ilegalmente en el país». La decisión corresponde a la autoridad gubernativa competente para la expulsión, es decir, al Subdelegado o al Delegado del Gobierno, y debe tramitarse con la asistencia letrada y de intérprete descrita en el apartado anterior.
La devolución tiene límites legales que la propia ley enumera. No puede ejecutarse mientras se tramita una solicitud de protección internacional, en los términos que fija la normativa de asilo, ni contra mujeres embarazadas cuando la medida puede suponer un riesgo para la gestación o para la salud de la madre. El Reglamento de extranjería añade la suspensión en el caso de las personas enfermas para las que la medida suponga un riesgo, de las víctimas de trata y de quienes presentan indicios de ser menores no acompañados. Estas causas no son favores administrativos, sino impedimentos jurídicos a la ejecución: si concurren, la orden puede existir, pero no puede llevarse a cabo.
La devolución deja huella en el futuro de la persona. El artículo 58, apartado 7, de la ley dispone que toda devolución acordada por intento de entrada ilegal lleva consigo una prohibición de entrada en territorio español por un plazo máximo de tres años. El Reglamento fija, a su vez, un plazo de prescripción de la resolución de devolución de dos años cuando se acordó por ese motivo, plazo que los órganos competentes deben aplicar de oficio. Pasado ese tiempo sin ejecución, la orden ya no puede ejecutarse.
Una pregunta frecuente es qué ocurre cuando la devolución no puede ejecutarse, por ejemplo porque el país de origen no acepta el retorno o porque la persona no ha podido ser identificada. Si el juez no autoriza el internamiento, o si se agotan los sesenta días sin que la salida se produzca, la persona debe quedar en libertad. Esa libertad no equivale a una autorización de estancia: la orden de devolución sigue vigente hasta su ejecución o su prescripción, y la permanencia sin autorización constituye, según el artículo 53 de la ley, una infracción grave por encontrarse irregularmente en territorio español. El Reglamento prevé, sin embargo, una salida concreta para quien con el tiempo reúne los requisitos de una autorización de residencia por circunstancias excepcionales: si se le concede, la resolución de devolución no ejecutada debe ser revocada, y si el órgano que concede la autorización no es el que dictó la devolución, debe instar de oficio su revocación.
La resolución de devolución es recurrible. La ley de extranjería regula el reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita en los procesos contencioso-administrativos contra las resoluciones de denegación de entrada, devolución o expulsión, que requiere una solicitud, y el Reglamento dispone que, si la persona está privada de libertad y manifiesta su voluntad de recurrir ante el Delegado o Subdelegado del Gobierno o ante el director del centro de internamiento, esa voluntad se haga constar en un acta incorporada al expediente. En la práctica, la primera comprobación consiste en leer el pie de recurso de la resolución notificada, que indica el órgano ante el que se recurre y el plazo.
B. Pedir asilo tras llegar en cayuco: procedimiento fronterizo de doce semanas y protección de los menores
El derecho a pedir protección internacional sigue reconocido por la ley española. La Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, reconoce a toda persona no comunitaria o apátrida presente en territorio español el derecho a solicitarla, con asistencia sanitaria, asistencia jurídica gratuita e intérprete, y su artículo 19 establece el efecto protector esencial de la solicitud: «Solicitada la protección, la persona extranjera no podrá ser objeto de retorno, devolución o expulsión hasta que se resuelva sobre su solicitud o ésta no sea admitida». La misma ley precisa que la entrada ilegal no puede sancionarse cuando la realiza una persona que reúne los requisitos para ser beneficiaria de protección internacional, y que la persona solicitante tiene derecho a ser documentada como tal, a que su solicitud se comunique al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y a recibir, si carece de recursos, los servicios sociales y de acogida necesarios para cubrir sus necesidades básicas en condiciones de dignidad.
Lo que ha cambiado en 2026 es el procedimiento. El Reglamento (UE) 2024/1348, que establece un procedimiento común de protección internacional en la Unión, se aplica a las solicitudes formalizadas desde el 12 de junio de 2026. Para ordenar su aplicación en España, la Subsecretaría del Ministerio del Interior dictó una instrucción de 11 de junio de 2026, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 13 de junio, que se aplica desde el 12 de junio. Esa instrucción parte de la primacía del derecho europeo: la Ley 12/2009 sigue aplicándose en todo lo que sea compatible con los reglamentos europeos, y debe dejarse de aplicar en lo que los contradiga. Se trata de una instrucción de servicio dirigida a los órganos de la Administración, que orienta su actuación, pero no sustituye a la ley ni a los reglamentos de la Unión.
El punto decisivo para quien llega en cayuco es el procedimiento fronterizo de asilo. El reglamento europeo permite examinar en ese procedimiento la solicitud de una persona que no cumple las condiciones de entrada y que la formula, entre otros casos, como resultado del desembarco en el territorio de un Estado miembro después de una operación de búsqueda y rescate, y la instrucción española recoge expresamente ese supuesto entre los que abren el procedimiento fronterizo en España. La instrucción equipara así, a estos efectos, la solicitud formulada tras un salvamento marítimo a la presentada en un puesto fronterizo, aunque el artículo 21 de la ley española solo menciona los puestos fronterizos. Mientras dura el procedimiento fronterizo, la persona no está autorizada a entrar en el territorio, aunque se encuentre físicamente en Canarias, y el reglamento europeo exige como regla general que resida en la frontera exterior, en sus proximidades o en otros lugares designados.
El procedimiento fronterizo no es facultativo en todos los casos. El reglamento europeo obliga a aplicarlo cuando concurre alguna de tres circunstancias: que la persona haya inducido deliberadamente a engaño a las autoridades sobre su identidad o nacionalidad, por ejemplo destruyendo su documentación para impedir su identificación; que existan motivos razonables para considerarla un peligro para la seguridad nacional o el orden público; o que tenga la nacionalidad de un país para el que la tasa de reconocimiento de protección internacional en toda la Unión, según los últimos datos de Eurostat, sea igual o inferior al 20 por ciento, salvo cambio significativo en ese país o salvo que la persona pertenezca a una categoría para la que esa tasa no sea representativa. Este último criterio depende de la nacionalidad y de datos estadísticos que cambian con el tiempo, por lo que no puede afirmarse de antemano qué nacionalidades quedan cubiertas en cada momento.
Los plazos son mucho más cortos que en el procedimiento ordinario. Según el reglamento europeo, la solicitud sujeta al procedimiento fronterizo debe formalizarse como máximo cinco días después de su primer registro, y todo el procedimiento, recurso judicial incluido, debe concluir en un plazo máximo de doce semanas desde el registro; transcurrido ese plazo, la persona debe ser autorizada a entrar en el territorio, salvo en los supuestos previstos en el artículo 4 del Reglamento (UE) 2024/1349. La instrucción española organiza esas semanas en dos tiempos. En un primer examen, que debe procurar resolverse en el plazo de cuatro días naturales del artículo 21 de la Ley 12/2009, ampliable en los casos previstos por esa ley, se decide si la solicitud es inadmisible o puede ser desestimada por alguna de las causas previstas en el reglamento europeo. Si ese examen no puede concluirse en cuatro días, el expediente sigue en el procedimiento fronterizo y es resuelto por la Subsecretaría a propuesta de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, con el objetivo de dictar resolución en las seis primeras semanas.
Ese cambio tiene una consecuencia que conviene conocer. El artículo 21, apartado 5, de la ley española dispone que el transcurso del plazo de cuatro días sin resolución notificada lleva a la tramitación ordinaria y a la autorización de entrada y permanencia provisional. La instrucción indica ahora que ni el paso a la segunda fase ni la falta de resolución en seis semanas suponen autorización de entrada ni cambio de procedimiento, conforme al reglamento europeo. Lo que pone fin al procedimiento fronterizo sin resolución es el plazo máximo de doce semanas, o alguna de las excepciones que el propio reglamento prevé.
Esas excepciones protegen a las personas más vulnerables. El procedimiento fronterizo no se aplica, o deja de aplicarse en cualquier fase, cuando la autoridad considera que no concurren las causas de inadmisión o de examen acelerado, cuando no puede prestarse el apoyo necesario a solicitantes con necesidades especiales de acogida, en particular menores, o con necesidades de garantías procedimentales especiales, cuando existen razones médicas, incluidas las de salud mental, o cuando no se cumplen las garantías del internamiento y el procedimiento no puede aplicarse sin recurrir a él. En todos esos casos, la persona debe ser autorizada a entrar y su solicitud sigue el procedimiento adecuado. La instrucción española prevé además que la asistencia jurídica es preceptiva en el procedimiento fronterizo, desde la formalización de la solicitud, y que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados puede acceder a la solicitud y ser oído antes de una inadmisión o denegación cuando la persona lo consiente.
Frente a una resolución negativa caben recursos breves. La instrucción prevé que, contra la resolución dictada en el primer examen, se puede formular una petición de reexamen dentro de los dos primeros días naturales del plazo de recurso, que debe resolverse en dos días, además del recurso contencioso-administrativo; contra la resolución dictada en la segunda fase solo cabe recurso contencioso-administrativo. El reglamento europeo fija para las inadmisiones y para las desestimaciones dictadas cuando concurren las causas de examen acelerado, que son las que permiten resolver en el procedimiento fronterizo, un plazo de recurso de entre cinco y diez días, y la instrucción exige que el pie de recurso de la resolución indique el plazo y el órgano competente. Con carácter general, quien recurre tiene derecho a permanecer hasta que se resuelva el recurso, pero ese efecto no es automático cuando se deniega una solicitud en el procedimiento fronterizo, salvo para los menores no acompañados: en ese caso, la persona dispone de al menos cinco días desde la notificación para pedir al juez que le permita permanecer mientras se resuelve el recurso, y no puede ser expulsada mientras corre ese plazo ni mientras el juez decide sobre esa petición.
Las solicitudes que no entran en el procedimiento fronterizo siguen el procedimiento de examen acelerado o el procedimiento de examen ordinario del reglamento europeo, completados por los artículos 24 y 25 de la Ley 12/2009 en lo que sean compatibles. Y, antes que todo ello, el Reglamento (UE) 2024/1351 obliga a determinar qué Estado miembro es responsable de examinar la solicitud. Quien, tras pasar por España, llega a Francia queda sometido además a las reglas francesas de extranjería y de asilo, que el despacho explica en su página dedicada al abogado de extranjería en París, con sus propios plazos y autoridades.
Los menores no acompañados tienen un estatuto propio, que prevalece sobre el resto. La ley de extranjería dispone que, cuando las fuerzas de seguridad localizan a un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no puede establecerse con seguridad, los servicios de protección de menores deben prestarle la atención inmediata que precise, «poniéndose el hecho en conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal, que dispondrá la determinación de su edad», con la colaboración prioritaria de las instituciones sanitarias. Determinada la edad, el Ministerio Fiscal pone al menor a disposición de los servicios de protección de la comunidad autónoma en la que se encuentra, y la residencia de los menores tutelados por una Administración pública se considera regular a todos los efectos. El Reglamento de extranjería añade una regla de interpretación favorable: cuando la determinación de la edad arroja una horquilla de años, la persona se considera menor si la edad más baja de esa horquilla es inferior a dieciocho años.
Una nota reciente del texto consolidado del Reglamento en el Boletín Oficial del Estado refuerza esa protección. A raíz de un fallo judicial publicado en el diario oficial el 22 de septiembre de 2026, el inciso «en su caso» del artículo 166.1 ha sido anulado, y la nota precisa que la obligación de atención inmediata «opera con carácter imperativo e incondicionado desde el momento en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado comuniquen la localización del extranjero de minoría de edad incierta». Dicho de otro modo, la duda sobre la edad no permite aplazar la atención propia de un menor mientras se decide si lo es.
En materia de asilo, el reglamento europeo limita mucho el procedimiento fronterizo para los menores no acompañados: solo puede aplicárseles cuando existen motivos razonables para considerarlos un peligro para la seguridad nacional o el orden público, o cuando han sido expulsados con carácter forzoso por motivos graves de esa naturaleza, y, en caso de duda sobre la edad, la determinación debe hacerse sin demora. La Ley 12/2009 dispone, por su parte, que los menores no acompañados solicitantes de protección internacional sean remitidos a los servicios de protección de menores, con conocimiento del Ministerio Fiscal, y que su representante legal actúe en su nombre y les asista en el examen de la solicitud.
Por último, la ley de extranjería prevé un régimen de reparto de los menores entre comunidades autónomas para situaciones de saturación. Desde la reforma introducida por el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, se declara una situación de contingencia migratoria extraordinaria en la comunidad autónoma cuyo sistema de protección de menores no acompañados supera en ocupación tres veces su capacidad ordinaria, y la declaración debe aprobarse en un plazo máximo de cinco días naturales desde la comunicación de la comunidad afectada. Mientras dura esa situación, el menor debe ser reseñado e inscrito en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados en las veinticuatro horas siguientes a la reseña, y trasladado en un plazo máximo de quince días naturales a la comunidad de destino, tras oír al menor y a esa comunidad y con conocimiento del Ministerio Fiscal; si su edad no ha podido establecerse con seguridad, el expediente de determinación de la edad se tramita en la comunidad de destino. Según el análisis del texto consolidado en el Boletín Oficial del Estado, esos artículos han sido objeto de varios recursos de inconstitucionalidad; a la fecha de consulta, el texto consolidado los mantiene en vigor.
Conclusión
Quien llega a Canarias en cayuco no entra jurídicamente en España en el momento en que pisa tierra. Desde el 12 de junio de 2026, la primera etapa es un triaje europeo de siete días como máximo, con reconocimiento médico, examen de vulnerabilidad, identificación, registro biométrico e inspección de seguridad, durante el cual no se autoriza la entrada. En paralelo, el derecho español conduce a la persona a dependencias policiales para identificarla y, en su caso, devolverla.
Las garantías básicas no dependen del origen ni del modo de llegada. La detención no puede superar setenta y dos horas sin libertad o control judicial, la asistencia de abogado y de intérprete es un derecho en los procedimientos de devolución y de asilo, y el internamiento en un centro de internamiento de extranjeros exige autorización judicial, tiene un máximo de sesenta días y está prohibido para los menores.
Después del triaje, el recorrido se bifurca. Quien no pide protección internacional queda expuesto a una devolución sin expediente de expulsión, que se suspende en caso de embarazo con riesgo, enfermedad, trata o indicios de minoría de edad, conlleva una prohibición de entrada de hasta tres años y prescribe a los dos años si no se ejecuta. Quien la pide no puede ser devuelto mientras se resuelve su solicitud, pero, tras un rescate en el mar, puede ver su solicitud examinada en el procedimiento fronterizo europeo, con plazos muy breves, recursos de cinco a diez días y un máximo de doce semanas sin autorización de entrada.
Los menores no acompañados quedan al margen de ese esquema general: atención inmediata e incondicionada incluso cuando su edad es dudosa, determinación de la edad bajo la dirección del Ministerio Fiscal, tutela autonómica, prohibición de internamiento y, en caso de saturación declarada, traslado a otra comunidad autónoma en un plazo de quince días. Para cada persona, el resultado dependerá de su edad, de su nacionalidad, de lo que declare desde el primer día y de las decisiones administrativas y judiciales que se adopten en su expediente.