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Criptomonedas en Francia viviendo en España: dónde tributa la plusvalía, cómo declararla y cómo recurrir

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Fuente: Tribunal de Casación – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Colegio de Abogados de París Detención policial, instrucción, tribunal con jurado Ficha CNB avocat.fr
Hassan Kohen, abogado fiscalista en París
Hassan KOHEN
Abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París

Criptomonedas en Francia viviendo en España: dónde tributa la plusvalía, cómo declararla y cómo recurrir

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Vive en Madrid y mantiene una cuenta en una plataforma de criptomonedas con sede fuera de Francia. En 2025 vendió una parte de sus ethers a cambio de euros para financiar unas obras en su vivienda. Ahora duda: ¿debe declarar esa venta en Francia, en España o en los dos países? ¿Qué formulario debe utilizar? ¿Qué ocurre con la cuenta abierta en la plataforma extranjera si nunca la ha declarado? Esta pregunta, cada vez más frecuente entre los hispanohablantes que viven entre Francia y España, tiene una respuesta precisa en el derecho fiscal francés y en el convenio firmado entre ambos países. Desde el 1 de enero de 2026, además, una novedad europea cambia el contexto de los controles: la directiva sobre intercambio automático de información de criptoactivos ha entrado en vigor y las plataformas europeas recogen los datos de sus usuarios residentes en la Unión.

Este artículo explica, en un lenguaje accesible, dónde tributa en Francia la plusvalía de criptomonedas cuando existe un vínculo con España, cómo se calcula el impuesto francés, qué formularios deben presentarse y qué multas existen por no declarar la cuenta extranjera. También explica cómo reaccionar si la administración francesa reclama o corrige, y qué pruebas conviene conservar. Cada término francés se explica en su primera aparición. Este artículo describe únicamente el derecho francés y el convenio franco-español; no describe el derecho fiscal español, que deberá consultarse por separado con un profesional competente en España.

I. Dónde tributa su plusvalía: residencia fiscal y convenio entre Francia y España

La primera pregunta no es cuánto pagar, sino qué país puede gravar la venta. En Francia, la respuesta depende de dos niveles sucesivos: primero, la ley fiscal francesa (¿es usted residente fiscal francés?); después, el convenio para evitar la doble imposición firmado entre Francia y España el 10 de octubre de 1995 (¿el convenio atribuye la imposición a Francia o a España?). El juez fiscal francés razona siempre en este orden, como recordó el Consejo de Estado en una decisión sobre un contribuyente vinculado con España: una convención bilateral puede apartar la ley nacional en un punto concreto, pero no sirve por sí sola de base legal a la imposición; primero se comprueba si el impuesto se estableció válidamente según la ley francesa y después se verifica si el convenio se opone a esa imposición (Consejo de Estado, 30 de enero de 2019, n.º 408469).

A. La residencia fiscal francesa: tres criterios alternativos

El artículo 4 A del Código General de Impuestos francés (en francés, code général des impôts, abreviado CGI) dispone lo siguiente: «Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus». En español, esta frase significa que quien tiene su domicilio fiscal en Francia tributa allí por el conjunto de sus rentas, incluidas las obtenidas fuera de Francia, como una plusvalía de criptomonedas realizada desde una cuenta española. Quien no tiene su domicilio fiscal en Francia solo tributa en Francia por sus rentas de fuente francesa.

El artículo 4 B del mismo Código define el domicilio fiscal con tres criterios alternativos: basta cumplir uno solo de ellos. Son los siguientes: tener en Francia el hogar (foyer, es decir, el lugar donde vive habitualmente con su familia) o el lugar de estancia principal (lieu de séjour principal, donde se pasan más de 183 días al año); ejercer en Francia una actividad profesional, asalariada o no, salvo que se demuestre que esa actividad es accesoria; y tener en Francia el centro de los intereses económicos. Para un hispanohablante que vive en Madrid, trabaja en España y solo conserva en Francia un piso que alquila o una cuenta bancaria, ninguno de estos criterios suele cumplirse, pero cada situación se examina con sus hechos: la administración francesa puede considerar, por ejemplo, que el centro de los intereses económicos está en Francia si el patrimonio principal y su gestión se encuentran allí. Por eso conviene reunir desde el principio las pruebas de la vida real: certificado de empadronamiento, contrato de trabajo, billetes de transporte, facturas de suministros del domicilio y extractos que muestren dónde se gasta y se gestiona el dinero.

Cuando una persona puede ser residente de los dos países a la vez según cada ley nacional, el convenio franco-español prevé reglas de desempate en su artículo 4: se considera residente del Estado donde dispone de una vivienda permanente (foyer d’habitation permanent); si tiene vivienda en ambos, del Estado con el que mantiene vínculos personales y económicos más estrechos. Si necesita una explicación detallada de estos criterios con ejemplos entre Francia y España, puede consultar nuestro análisis dedicado a la residencia fiscal entre Francia y España.

B. El convenio atribuye las plusvalías de criptomonedas al Estado de residencia

Una vez determinada la residencia, el convenio decide qué país puede gravar cada tipo de renta. Para las criptomonedas, la disposición clave es el apartado 5 del artículo 13 del convenio franco-español, publicado en Francia por el decreto n.º 97-756 de 2 de julio de 1997. El artículo 13 se titula «Gains en capital» (ganancias de capital) y enumera en sus apartados 1 a 4 las plusvalías que el Estado de la fuente puede gravar: inmuebles, participaciones sustanciales en sociedades (al menos el 25 % del capital), bienes de un establecimiento permanente, buques y aeronaves. Su apartado 5 cierra la lista con la regla residual de los «tous biens autres», es decir, todos los demás bienes: solo pueden gravarse en el Estado del que es residente quien vende. Las criptomonedas no son inmuebles ni participaciones societarias ni bienes de un establecimiento permanente: entran en esta cláusula residual. En consecuencia, si usted es residente fiscal de España, solo España puede gravar su plusvalía de criptomonedas, aunque la plataforma esté establecida en Francia; y si es residente fiscal de Francia, Francia grava la plusvalía aunque la plataforma esté en España o en cualquier otro país. La nacionalidad de la plataforma no crea por sí sola una «fuente» francesa o española del impuesto.

El convenio prevé además un mecanismo para eliminar la doble imposición cuando ambos países podrían reclamar. Su artículo 24 dispone que las rentas procedentes de España que percibe un residente de Francia se tienen en cuenta para calcular el impuesto francés, pero el beneficiario tiene derecho a un crédito fiscal (crédit d’impôt) que se descuenta del impuesto francés. El Consejo de Estado aplicó recientemente esta lógica a unas rentas de intereses entre Francia y España: los intereses podían gravarse en ambos Estados con un máximo del 10 % en el Estado de la fuente, y el crédito fiscal francés exigía haber pagado efectivamente el impuesto en España; como los contribuyentes no demostraron esa imposición efectiva en España, el convenio no impidió la imposición francesa (Consejo de Estado, 9 de mayo de 2025, n.º 496935). La lección práctica es doble: guarde siempre el justificante del impuesto pagado en el otro país y no dé por hecho que el convenio anula automáticamente la factura francesa. Nuestro análisis general del convenio de doble imposición entre España y Francia desarrolla estos mecanismos con más ejemplos.

En la práctica se presentan dos situaciones espejo. Primera: vive en Madrid, es residente fiscal español y vende criptomonedas desde una cuenta abierta en una plataforma establecida en Francia. Según el artículo 13, apartado 5, solo España puede gravar esa plusvalía; si Francia le ha practicado alguna retención o le reclama, puede contestar invocando el convenio y pidiendo la devolución de lo retenido indebidamente. Segunda: vive en París o en la región parisina, es residente fiscal francés y opera con una plataforma establecida en España. Francia grava la plusvalía por el conjunto de sus rentas mundiales y deberá declararla en Francia, sin perjuicio del impuesto que España (cuya ley este artículo no describe) pueda reclamar por su lado.

II. Cómo se calcula y se declara en Francia: formularios 2086 y 2042-C, cuentas 3916-bis y recurso

Si usted es residente fiscal francés, la plusvalía entra en el régimen francés de los activos digitales, con sus propias reglas de cálculo, sus formularios y sus sanciones. Esta parte explica el cálculo del 30 %, la opción por el baremo progresivo, las declaraciones que deben presentarse y las multas por la cuenta extranjera no declarada. También explica cómo reaccionar ante un control o una reclamación de la administración.

A. El cálculo francés: hecho imponible, umbral de 305 euros y tipo global del 30 %

El régimen vigente desde 2019 figura en el artículo 150 VH bis del Código General de Impuestos, cuya redacción en vigor desde el 1 de julio de 2026 (ordenanza n.º 2024-936 de 15 de octubre de 2024, de adaptación al reglamento europeo sobre mercados de criptoactivos) habla de «crypto-actifs» sometidos al reglamento (UE) 2023/1114. El hecho generador del impuesto (fait générateur, es decir, el acto que hace nacer la deuda tributaria) es la cesión a título oneroso de criptoactivos o de derechos sobre ellos. El caso típico es la venta a cambio de euros, pero también lo es pagar un bien o un servicio con criptomonedas, porque en ambos casos se transmite el activo a cambio de una contraprestación. En cambio, los intercambios sin contrapartida en dinero (échanges sans soulte) entre criptoactivos no generan imposición inmediata el año del intercambio: por ejemplo, convertir ethers en bitcoins, o en una moneda estable (stablecoin), sin recibir euros, no es todavía una cesión imponible, aunque el valor pueda haber subido. Esta distinción tiene una consecuencia práctica importante: un inversor puede haber asegurado sus ganancias en monedas estables sin activar todavía el impuesto, mientras que una simple compra pagada con la tarjeta vinculada a su plataforma sí puede constituir una cesión imponible. Por eso el riesgo fiscal no viene solo de las grandes retiradas en euros, sino también de las operaciones pequeñas mal identificadas.

La ley prevé además un umbral de exención (seuil d’exonération): las personas cuyas cesiones del año no superen en total 305 euros de precio de venta, sin contar los intercambios sin contrapartida, están exentas. Se trata de la suma de todos los precios de venta del año: si vendió tres veces por 100 euros cada vez, el total es 300 euros y queda exento; si una cuarta venta eleva el total por encima de 305 euros, la exención desaparece. Es un umbral bajo, pensado para operaciones insignificantes, no para una actividad inversora real.

Cuando la plusvalía es imponible, su importe no se calcula comparando sin más lo invertido con el valor actual de la cartera. La ley aplica una fórmula de precio medio ponderado de toda la cartera (portefeuille): la plusvalía bruta de cada venta es igual a la diferencia entre el precio de venta y el producto del precio total de adquisición del conjunto de la cartera por el cociente entre el precio de venta y el valor global de la cartera. En términos sencillos, cada venta «consume» una fracción del coste total proporcional a su peso en la cartera. Un ejemplo con cifras redondas: usted compró criptomonedas por un total de 8.000 euros; un día su cartera vale globalmente 20.000 euros y vende una parte por 5.000 euros. La fracción del coste correspondiente es 8.000 x (5.000 / 20.000) = 2.000 euros, de modo que la plusvalía es 5.000 – 2.000 = 3.000 euros. El precio de venta puede reducirse, con justificantes, con los gastos soportados con ocasión de la venta (comisiones de la plataforma, gastos de red). Conserve por tanto cada justificante de compra, de venta y de gasto: sin ellos no podrá demostrar su cálculo si la administración lo discute.

Sobre esa plusvalía se aplica un tipo global del 30 %, descompuesto en dos partes: el 12,8 % de impuesto sobre la renta, previsto en el artículo 200 C del Código General de Impuestos, y el 17,2 % de cargas sociales sobre las rentas del patrimonio (prélèvements sociaux, las cotizaciones sociales francesas que gravan las rentas del capital). En el ejemplo anterior, 3.000 euros de plusvalía generan 900 euros de impuesto. Desde el 1 de enero de 2023, el contribuyente puede optar por el baremo progresivo del impuesto sobre la renta (barème progressif, la escala por tramos) en lugar del tipo fijo del 12,8 %. Esta opción, creada por el artículo 79 de la ley de finanzas para 2022, debe formularse expresamente en la declaración anual de rentas y, como muy tarde, antes de que expire el plazo de declaración; es global para todas las plusvalías del año e irrevocable, aunque puede modificarse mientras el plazo siga abierto. El comentario oficial de la administración (BOFiP, referencia BOI-RPPM-PVBMC-30-30, versión del 23 de abril de 2024) precisa todas estas modalidades. La opción interesa sobre todo a los contribuyentes con tipos marginales bajos; con rentas elevadas, el tipo fijo suele ser más favorable. Es un cálculo que debe hacerse cada año antes de presentar la declaración, porque una vez cerrado el plazo ya no hay vuelta atrás.

La declaración se realiza en dos documentos. Primero, el anexo de cálculo, el formulario n.º 2086 (declaración de plusvalías o minusvalías de cesiones de activos digitales), disponible cada año en el sitio impots.gouv.fr, donde se detalla cada cesión con su precio, sus gastos y, en su caso, la contrapartida recibida o entregada. Después, el importe neto imponible (o la minusvalía) se traslada a la declaración general de rentas n.º 2042-C. Las minusvalías del año reducen las plusvalías de la misma naturaleza; conviene declararlas aunque el resultado neto sea negativo, porque ese rastro servirá en un control posterior. Tenga en cuenta que este régimen de cesión ocasional no se aplica a todo el mundo: si la compraventa es habitual y se compra para revender, la actividad puede calificarse de profesional y tributar en otra categoría. El Consejo de Estado ya había sentado las bases de esta distinción en su gran decisión sobre el bitcóin: las unidades de bitcóin son bienes muebles incorporales, sus ganancias tributan en principio como plusvalías de bienes muebles, son rentas no comerciales cuando remuneran la participación en la creación o el funcionamiento del sistema (como el minado) y son beneficios comerciales cuando provienen de cesiones habituales de unidades adquiridas para su reventa (Consejo de Estado, 26 de abril de 2018, n.º 417809, publicado en el Lebon). Si opera con mucha frecuencia, con apalancamiento o con existencias gestionadas como un negocio, pida asesoramiento antes de declararlo todo como cesión ocasional.

B. Las cuentas en el extranjero, los controles automáticos y el recurso contra la reclamación

Muchos contribuyentes creen que, si no han obtenido ganancias, no tienen nada que declarar. Este razonamiento es inexacto porque existe una obligación independiente de declarar las cuentas, aunque no haya plusvalía. El artículo 1649 bis C del Código General de Impuestos, en su redacción vigente, dispone que las personas o entidades domiciliadas o establecidas en Francia deben declarar, al mismo tiempo que su declaración de rentas o de resultados, las referencias de las carteras de criptoactivos abiertas, poseídas, utilizadas o cerradas en empresas o entidades establecidas en el extranjero. Una cuenta en una plataforma española, cuando usted es residente fiscal francés, es una cuenta en el extranjero a estos efectos: España es otro Estado y la plataforma es una entidad establecida fuera de Francia. La obligación existe por cada cuenta y cada año, aunque solo haya servido para comprar y conservar, aunque no se haya vendido nada y aunque el saldo sea pequeño.

Según la información oficial de impots.gouv.fr sobre las modalidades de declaración (publicada el 18 de febrero de 2020 y actualizada el 6 de mayo de 2024), la declaración se realiza con el impreso n.º 3916-bis, que se envía firmado por mensajería segura desde el espacio personal del sitio impots.gouv.fr o en papel, y su fecha límite es la misma que la de la declaración de rentas de cada año. Quien declara sus rentas por internet también puede indicar las referencias de sus cuentas en el apartado de «otros datos». Las modalidades técnicas se fijan en los artículos 344 G decies y 344 G undecies del anexo III del Código. En la práctica, esto significa que la declaración de la cuenta acompaña cada campaña de renta: no es un trámite único que se hace una vez y se olvida, sino una mención anual que debe repetirse mientras la cuenta siga abierta o se haya utilizado en el año.

No declarar la cuenta cuesta dinero, incluso sin impuesto defraudado. El incumplimiento del artículo 1649 bis C se sanciona, conforme al apartado X del artículo 1736 del Código General de Impuestos, con una multa de 750 euros por cuenta no declarada o de 125 euros por omisión o inexactitud, con un límite de 10.000 euros por declaración. Y cuando el valor de mercado de las cuentas extranjeras supera los 50.000 euros en cualquier momento del año, los importes suben a 1.500 euros por cuenta y 250 euros por omisión o error. Una cuenta con 60.000 euros durante una sola semana de euforia del mercado entra en el tramo agravado aunque el 31 de diciembre solo queden 5.000 euros. Estas multas se acumulan por cuenta y por año, de modo que dos cuentas olvidadas durante tres años pueden generar seis multas. A ellas pueden añadirse, si además se ocultaron plusvalías, los recargos por insuficiencia de declaración y los intereses de demora.

El contexto de los controles ha cambiado en 2026 y conviene tomárselo en serio. La directiva 2023/2226 del Consejo, de 17 de octubre de 2023 (conocida como DAC8), publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 24 de octubre de 2023, extiende el intercambio automático de información a los criptoactivos: según la página oficial de la Comisión Europea sobre DAC8, consultada para este artículo, los Estados debían incorporarla a su derecho interno antes del 31 de diciembre de 2025 y sus reglas se aplican desde el 1 de enero de 2026, con los primeros intercambios de datos entre enero y septiembre de 2027. Concretamente, los prestadores de servicios de criptoactivos establecidos en la Unión, incluidas las plataformas españolas utilizadas por residentes franceses, recogen desde 2026 los datos de las operaciones de sus usuarios residentes en la UE y los comunican a su administración, que los transmite al país de residencia del usuario. La administración francesa sabrá, por tanto, que usted tiene una cuenta en España, con qué volúmenes y qué operaciones, aunque usted no se lo diga. El secreto fiscal sobre las criptomonedas, que nunca existió en derecho pero que muchos daban por hecho, ha terminado también en la práctica. Esta novedad es la que justifica publicar hoy este análisis: no responde a una moda, sino a un cambio verificable del riesgo de control.

Si, a pesar de todo, recibe un requerimiento, una propuesta de rectificación o un aviso con suplementos, conserve la calma y siga un método. Primero, reúna las pruebas antes de responder: historiales completos de la plataforma en formato electrónico, extractos de transferencias bancarias entre su banco y la plataforma, capturas o registros de cada precio de compra y de venta, justificantes de comisiones y gastos, y la copia de sus declaraciones 2086 y 2042-C ya presentadas. Sin el historial completo no se puede rehacer el cálculo de la cartera global que exige la ley, y la administración lo sabe. Segundo, compruebe los plazos: si detecta usted mismo un error en su declaración de rentas presentada por internet, puede corregirla en línea desde principios de agosto hasta finales de noviembre. Tercero, si el impuesto ya se ha puesto al cobro (mise en recouvrement, el acto por el que la administración liquida y exige el pago), puede presentar una reclamación (réclamation): según la página oficial de impots.gouv.fr sobre los plazos (actualizada el 26 de febrero de 2026), el plazo para el impuesto sobre la renta expira generalmente el 31 de diciembre del segundo año siguiente al de la puesta al cobro indicada en el aviso; por ejemplo, para el impuesto sobre las rentas de 2025 puesto al cobro en 2026, el plazo termina el 31 de diciembre de 2028. La reclamación debe precisar cada error de base o de cálculo y acompañarse de los justificantes; una carta genérica sin cifras ni pruebas tiene pocas posibilidades. Si la administración rechaza total o parcialmente la reclamación, queda la vía del juez: el recurso ante el tribunal administrativo (tribunal administratif), que controlará la calificación de las operaciones, el cálculo de la cartera y la aplicación del convenio. En cada etapa, el argumento del convenio (artículo 13, apartado 5) y la prueba del impuesto efectivamente pagado en el otro país, como enseñó la decisión del Consejo de Estado de mayo de 2025 citada más arriba, son sus dos mejores aliados.

Conclusión

Las criptomonedas entre Francia y España obedecen a reglas claras si se ordenan bien. Primero, determine su residencia fiscal con los tres criterios del artículo 4 B y las pruebas de su vida real. Segundo, aplique el convenio: la plusvalía de criptomonedas solo puede gravarse en su Estado de residencia, según el artículo 13, apartado 5, y el crédito fiscal del artículo 24 exige demostrar el impuesto pagado en el otro país. Tercero, si es residente francés, calcule cada venta con la fórmula de la cartera global, aplique el umbral de 305 euros y el tipo del 30 % (o estudie la opción por el baremo antes de que expire el plazo), y declare en los formularios 2086 y 2042-C. Cuarto, declare cada año sus cuentas extranjeras con el impreso 3916-bis, porque la multa existe aunque no haya ganancias y porque, desde 2026, la directiva DAC8 lleva sus datos de la plataforma a la administración. Quinto, ante cualquier reclamación, reúna el historial completo, corrija en línea si aún está a tiempo y reclame antes del 31 de diciembre del segundo año siguiente a la puesta al cobro, con cifras y justificantes. Con este método, un control deja de ser una sorpresa para convertirse en un expediente que usted domina.

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