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Disturbios en Barcelona en directo que imitan a Francia: qué arriesga un español si participa en un blocus en territorio francés

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Artículo generado por una inteligencia artificial, según un proceso diseñado y supervisado por el despacho

Fuente: Tribunal de Casación – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Colegio de Abogados de París Detención policial, instrucción, tribunal con jurado Ficha CNB avocat.fr
Hassan Kohen, abogado penalista en París
Hassan KOHEN
Abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París

Disturbios en Barcelona en directo que imitan a Francia: qué arriesga un español si participa en un blocus en territorio francés

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El 24 de octubre de 2026, mientras en Barcelona la plaza de Catalunya ardía con contenedores quemados y escaparates rotos, en TikTok circulaban carteles que llamaban a replicar en Madrid, Valencia, Alicante o Bilbao las protestas de Francia bajo una firma común: _Blocus_. Según la investigación de Newtral, una veintena de perfiles identificados por sus periodistas reclutaba a jóvenes españoles y los redirigía hacia grupos cerrados de WhatsApp y Telegram con instrucciones precisas: ropa oscura, guantes, bengalas y rostro cubierto. Uno de esos grupos, el de Barcelona, reunía alrededor de 700 participantes. Al día siguiente, El Confidencial informaba de 128 detenidos en una protesta de jóvenes que terminó en saqueos y quema de vehículos. Del otro lado de los Pirineos, Francia acababa de vivir el 17 de octubre una movilización nacional contra la carestía de la vida con 2.397 personas interpeladas en todo el país, 92 solo en París, según CNews y TF1. La pregunta que este artículo responde es concreta y afecta a miles de españoles: si viajas, estudias o trabajas en Francia y te sumas a un blocus o a una manifestación, ¿qué castiga exactamente la ley francesa? Y si reenvías convocatorias o reclutas por TikTok, ¿qué riesgo corres tú, aunque estés en España? La respuesta está en el Código penal francés, en el Código de la seguridad interior y en cuatro sentencias recientes de la Sala de lo Penal del Tribunal de Casación francés, que aquí se citan en francés y se explican en español.

I. Si participas en un blocus o en una manifestación en Francia: lo que castiga la ley francesa

A. El blocus, la manifestación prohibida y el corte de calles o vías: cuándo pasas de manifestante a imputado

En Francia, toda manifestación en la vía pública está sometida a declaración previa. El artículo L. 211-1 del Código de la seguridad interior dispone: « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique » ( Están sometidos a la obligación de declaración previa todos los cortejos, desfiles y concentraciones de personas y, de manera general, todas las manifestaciones en la vía pública ) (art. L. 211-1 CSI, Légifrance). Cuando la autoridad considera que la manifestación puede alterar el orden público, puede prohibirla. El artículo L. 211-4 del mismo código establece: « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu » ( Si la autoridad de policía estima que la manifestación proyectada puede alterar el orden público, la prohíbe mediante resolución que notifica inmediatamente a los firmantes de la declaración ) (art. L. 211-4 CSI, Légifrance). Participar en una manifestación prohibida no es una simple infracción administrativa: abre la puerta a detenciones y a condenas penales, como confirma la jurisprudencia más reciente.

El 7 de octubre de 2025, la Sala de lo Penal del Tribunal de Casación anuló la condena de un manifestante que había participado en una concentración en el centro de una ciudad, prohibida por resolución prefectoral, y que había ocupado calzadas durante varias decenas de minutos dificultando el paso de coches y autobuses. El tribunal de apelación lo había condenado a 200 euros de multa por obstaculización de la circulación. La Casación casó la sentencia con un fundamento que todo español debe conocer: el juez no puede limitarse a fórmulas generales sobre el orden público, sino que debe comprobar la proporcionalidad de la condena con la libertad de expresión y de reunión teniendo en cuenta « concrètement, les circonstances des faits et la gravité du trouble ou du dommage causé » ( concretamente, las circunstancias de los hechos y la gravedad del trastorno o del daño causado ) (Cass. crim., 7 oct. 2025, n.º 25-81.241, courdecassation.fr). La sentencia recuerda la regla europea aplicable: « La liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du premier de ces textes » ( La libertad de expresión solo puede someterse a injerencias cuando estas constituyan medidas necesarias conforme al apartado 2 de ese texto , en referencia al artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos) (Cass. crim., 7 oct. 2025, n.º 25-81.241). Y añade una exigencia procesal: « Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence » ( Toda sentencia debe contener los motivos que justifican la decisión y responder a las peticiones decisivas de las partes. La insuficiencia o la contradicción de los motivos equivale a su ausencia ). En la práctica, el tribunal de apelación había afirmado que la sanción prevista por el artículo L. 412-1 del Código de la circulación no constituía una afectación desproporcionada y que cometer una infracción penal no puede justificarse por participar en una manifestación. La Casación respondió que esas afirmaciones generales no bastan: hay que examinar el contexto de la manifestación, el vínculo directo entre la acción y el objeto de la protesta, la gravedad de los hechos, el comportamiento de los manifestantes, la magnitud de las perturbaciones y el comportamiento de las autoridades antes, durante y después.

El artículo L. 412-1 del Código de la circulación, aplicado en ese caso, castiga con severidad el corte de calles: « Le fait, en vue d’entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d’employer, ou de tenter d’employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende » ( El hecho de, con el fin de obstaculizar o dificultar la circulación, colocar o intentar colocar en una vía pública un objeto que impida el paso de los vehículos, o emplear cualquier medio para obstaculizarla, se castiga con dos años de prisión y 4.500 euros de multa ) (art. L. 412-1 C. route, Légifrance). El mismo texto prevé la suspensión del permiso de conducir hasta tres años y una multa a tanto alzado de 800 euros que extingue la acción pública. Un estudiante Erasmus que ayuda a levantar una barricada en una calle francesa no comete una travesura: comete un delito castigado con prisión.

El blocus ferroviario recibe el mismo tratamiento. El artículo L. 2242-4, 4.º del Código de transportes castiga con seis meses de prisión y 3.750 euros de multa « De troubler ou entraver, par des signaux faits en dehors du service ou de toute autre façon, la mise en marche ou la circulation des trains » ( Perturbar u obstaculizar, mediante señales ajenas al servicio o de cualquier otra forma, la puesta en marcha o la circulación de los trenes ) (art. L. 2242-4 C. transports, Légifrance). El 8 de enero de 2025, la Sala de lo Penal confirmó las condenas de una veintena de manifestantes que el 24 de octubre de 2018 habían ocupado las vías de una estación para defender los derechos de las personas con discapacidad en el transporte ferroviario: 750 euros de multa con suspensión para una acusada, 2.000 euros con 1.400 de suspensión para otra, 1.200 euros con suspensión para los demás (Cass. crim., 8 en. 2025, n.º 23-80.226, courdecassation.fr). La sentencia desestimó los recursos, pero fijó el marco que protege también al manifestante: « Selon l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à la liberté d’expression » ( Según el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión ), y « Lorsque le prévenu invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression, il appartient au juge, après s’être assuré, dans l’affaire qui lui est soumise, du lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général, de vérifier le caractère proportionné de la déclaration de culpabilité, puis de la peine » ( Cuando el acusado alega una afectación desproporcionada a su libertad de expresión, corresponde al juez, tras comprobar el vínculo directo entre la conducta y la libertad de expresión sobre un tema de interés general, verificar el carácter proporcionado de la declaración de culpabilidad y después de la pena ). El Tribunal Europeo, recuerda la sentencia, considera que en las manifestaciones pacíficas « la question de la liberté d’expression est difficilement séparable de celle de la liberté de réunion » ( la cuestión de la libertad de expresión difícilmente puede separarse de la libertad de reunión , TEDH 3 de febrero de 2009, Women on Waves contra Portugal).

Quedarse en el lugar cuando la policía ordena dispersarse constituye por sí solo un delito. El artículo 431-3 del Código penal define: « Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public » ( Constituye attroupement toda reunión de personas en la vía pública o en un lugar público que pueda alterar el orden público ) (art. 431-3 C. pén., Légifrance). Y el artículo 431-4 castiga: « Le fait, pour celui qui n’est pas porteur d’une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende » ( El hecho de, sin portar arma, seguir participando voluntariamente en un attroupement después de los requerimientos de dispersión se castiga con un año de prisión y 15.000 euros de multa ) (art. 431-4 C. pén., Légifrance). Dos requerimientos desatendidos bastan para que la permanencia se convierta en delito, y la pena sube a tres años de prisión y 45.000 euros de multa cuando el autor oculta voluntariamente todo o parte de su rostro para no ser identificado, según el segundo párrafo del mismo artículo (art. 431-4 C. pén., Légifrance).

Taparse la cara, precisamente una de las consignas difundidas en los grupos de Telegram descritos por Newtral, es un delito autónomo desde la ley de 10 de abril de 2019. El artículo 431-9-1 del Código penal dispone: « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis ou risquent d’être commis, de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime » ( Se castiga con un año de prisión y 15.000 euros de multa el hecho de que una persona, en una manifestación en la vía pública o en sus inmediaciones, durante la cual se cometen o pueden cometerse alteraciones del orden público, oculte voluntariamente todo o parte de su rostro sin motivo legítimo ) (art. 431-9-1 C. pén., Légifrance). El 23 de noviembre de 2021, la Sala de lo Penal examinó el caso de un manifestante de los gilets jaunes condenado en Marsella por rebelión, negativa a las tomas de huellas y ocultación voluntaria del rostro en una manifestación del 16 de febrero de 2019, con cuatro meses de prisión con suspensión y 500 euros de multa (Cass. crim., 23 nov. 2021, n.º 20-80.675, courdecassation.fr). Y cuando hay golpes, la escala penal se dispara: las violencias que causan una incapacidad laboral igual o inferior a ocho días, o ninguna incapacidad, se castigan con tres años de prisión y 45.000 euros de multa cuando concurren circunstancias agravantes, entre ellas las cometidas contra magistrados, abogados o personas depositarias de la autoridad pública en el ejercicio de sus funciones: « Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises » sobre estas víctimas protegidas (art. 222-13 C. pén., Légifrance). Un enfrentamiento con las fuerzas del orden, aunque no cause lesiones graves, entra en esa escala.

B. Detenido en Francia: garde à vue, derechos, juicio y el caso especial de los menores

Ser detenido en una manifestación en Francia significa, en la mayoría de los casos, pasar a garde à vue, la detención policial para investigación. El artículo 62-2 del Código de procedimiento penal la define como « une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs » ( una medida coercitiva decidida por un oficial de policía judicial, bajo el control de la autoridad judicial, por la que una persona contra la que existen una o varias razones verosímiles para sospechar que ha cometido o intentado cometer un crimen o un delito castigado con prisión queda a disposición de los investigadores ) (art. 62-2 CPP, Légifrance). La medida debe ser el único medio para lograr objetivos tasados: permitir las diligencias que requieren la presencia de la persona, garantizar su presentación ante el fiscal, evitar que altere pruebas, presione a testigos o se concierte con coautores o cómplices. Estar en el lugar equivocado en el momento equivocado no basta para decretarla; hacen falta razones verosímiles de participación en un delito castigado con prisión, y todos los delitos descritos en el apartado anterior lo están.

El detenido extranjero goza de los mismos derechos que el francés, con una garantía adicional esencial para un español que no domine el idioma: debe ser informado en una lengua que comprenda. El artículo 63-1 del Código de procedimiento penal establece: « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend » ( La persona detenida es informada inmediatamente, en una lengua que comprenda, por un oficial de policía judicial ) (art. 63-1 CPP, Légifrance). Derecho a guardar silencio, a avisar a un familiar y a su consulado, y a ser asistido por un abogado y por un intérprete forman parte de ese estatuto. Firmar un acta que no se entiende, o declarar sin intérprete, son errores que después resultan muy difíciles de reparar.

Ante el tribunal, una garantía procesal protege al acusado y la sentencia de los gilets jaunes muestra que su violación tiene consecuencias. El artículo 406 del Código de procedimiento penal exige que el presidente informe al acusado « de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » ( de su derecho, durante el debate, a hacer declaraciones, a responder a las preguntas que se le formulen o a guardar silencio ), tras comprobar su identidad y darle conocimiento del acto de acusación (art. 406 CPP, Légifrance; Cass. crim., 23 nov. 2021, n.º 20-80.675). La Casación recuerda: « En l’absence de l’information exigée par l’article 406 précité, cette atteinte est nécessairement caractérisée » ( A falta de la información exigida por el citado artículo 406, la lesión de los intereses de la parte es necesariamente manifiesta ). En aquel caso no hubo anulación porque la advertencia, aunque tardía, se dio antes de que el acusado tomara la palabra, pero la regla queda fijada: si el acusado declara sin haber sido advertido de su derecho a callar, la nulidad del procedimiento queda servida.

Los menores reclutados por TikTok merecen un apartado propio, porque Francia los juzga con un procedimiento blindado. El 26 de marzo de 2025, la Sala de lo Penal anuló sin reenvío la prisión provisional de un menor porque el debate ante el juez de libertades se había celebrado en presencia de un tercero ajeno al proceso. La sentencia fija: « Il résulte de ces textes que, lorsque la personne mise en examen est mineure au moment des faits, le débat devant le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire se déroule et l’ordonnance est rendue en audience de cabinet » ( De estos textos resulta que, cuando el investigado es menor en el momento de los hechos, el debate ante el juez de libertades con vistas a su prisión provisional se celebra y la resolución se dicta en audiencia a puerta cerrada ), y precisa que « Cette règle est instaurée pour protéger l’identité et la personnalité du mineur » ( Esta regla se establece para proteger la identidad y la personalidad del menor ) (Cass. crim., 26 mar. 2025, n.º 25-80.005, courdecassation.fr). El Código de la justicia penal de menores completa el cuadro: la publicidad de las audiencias de menores está restringida (art. L. 12-3 CJPM, Légifrance). Un padre español cuyo hijo menor es detenido en un blocus en Francia debe saber que el procedimiento es a puerta cerrada, que la identidad del menor está protegida y que cualquier irregularidad en esa protección anula la detención.

II. Si reclutas o difundes convocatorias por TikTok, WhatsApp o Telegram: el otro riesgo penal

A. Reclutar a menores para los disturbios se castiga con hasta cinco años de cárcel

La investigación de Newtral describe un mecanismo preciso: perfiles de TikTok con nombres similares bajo la marca _Blocus_, creados entre el 18 y el 19 de octubre, que publican carteles de convocatoria con ritmos anormales, uno de ellos 59 publicaciones en 48 horas, y redirigen a los jóvenes hacia grupos cerrados de WhatsApp y Telegram donde reciben consignas. Según ABC, que confirmó el dispositivo el 25 de octubre, se trataba de una convocatoria difundida por TikTok para emular en Barcelona los disturbios de Francia. Quien organiza ese reclutamiento, aunque no pise la calle, entra en el campo del Derecho penal francés cuando las víctimas son menores.

El artículo 227-21 del Código penal francés es tajante: « Le fait de provoquer directement un mineur à commettre un crime ou un délit est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende » ( El hecho de provocar directamente a un menor a cometer un crimen o un delito se castiga con cinco años de prisión y 150.000 euros de multa ) (art. 227-21 C. pén., Légifrance). Participar en un attroupement tras los requerimientos, ocultar el rostro en una manifestación, cortar la circulación u obstaculizar trenes son delitos. Incitar directamente a un menor a cometerlos, con consignas de ropa oscura, guantes, bengalas y rostro cubierto, encaja en la provocación directa del artículo 227-21. La pena se agrava cuando se trata de un menor de quince años o cuando la provocación es habitual. El adulto que administra el grupo de WhatsApp, redacta las consignas o fija el punto de encuentro no es un simple espectador: es, en la lógica del texto francés, un provocador castigado con hasta cinco años de prisión. Y la protección de la identidad del menor, recordada por la sentencia de 26 de marzo de 2025, no protege al reclutador: protege a la víctima.

El Derecho europeo añade una capa de obligaciones para las plataformas donde se recluta. El Reglamento (UE) 2022/2065 sobre servicios digitales impone a los proveedores de plataformas en línea accesibles a menores medidas adecuadas y proporcionadas para garantizar un nivel elevado de protección de la vida privada y de la seguridad de los menores en su servicio (art. 28 du règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques). TikTok, WhatsApp y Telegram, en la medida en que sus servicios sean accesibles a menores en la Unión, deben dotarse de esas medidas. Cuando un particular detecta contenidos de reclutamiento, el mismo Reglamento le da una herramienta: los prestadores de alojamiento deben crear mecanismos para que cualquier persona pueda señalar contenidos ilícitos, que permiten a cualquier particular o entidad señalar la presencia en su servicio de elementos de información específicos que considere contenido ilícito, mediante mecanismos fáciles de acceso y uso, exclusivamente por vía electrónica (art. 16 du règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques). Denunciar los perfiles _Blocus_ y los grupos que difunden las consignas no es solo un gesto cívico: es el procedimiento que el Derecho europeo ha diseñado para que la plataforma actúe.

B. Plataformas, denuncias y vídeos como prueba: lo que dice el Derecho europeo y lo que ya han zanjado los tribunales

Los vídeos que los propios participantes graban y difunden se han convertido en la prueba reina de estos procesos. El 10 de febrero de 2026, la Sala de lo Penal desestimó el recurso de un condenado por actos de intimidación contra una cargo electa cometidos al margen de una manifestación contra la reforma de las pensiones el 15 de marzo de 2023: una grabación difundida en la red social Twitter, publicada el mismo día de los hechos, había sido explotada por los investigadores para identificar al autor de las degradaciones ante el local de una diputada (Cass. crim., 10 fév. 2026, n.º 25-80.393, courdecassation.fr). Quien filma un saqueo en directo en Barcelona o un blocus en París y lo sube a TikTok para presumir está entregando a los investigadores su propia identificación, su geolocalización y la prueba de su presencia en el lugar de los delitos.

Frente a ello, la libertad de expresión protege la protesta pacífica, pero no ampara la violencia. Las dos sentencias de 2025 forman un díptico coherente. La de 7 de octubre de 2025 anuló una condena porque el juez se había contentado con generalidades sobre el orden público sin examinar si la represión era proporcionada dadas las circunstancias, el vínculo entre la acción y el objeto de la protesta y la gravedad real del trastorno (Cass. crim., 7 oct. 2025, n.º 25-81.241). La de 8 de enero de 2025 confirmó condenas por bloqueo de trenes tras comprobar que el control de proporcionalidad sí se había realizado (Cass. crim., 8 en. 2025, n.º 23-80.226). El mensaje para el manifestante español es doble: tienes derecho a expresarte y a reunirte pacíficamente incluso en Francia, y el juez francés debe ponderar tu libertad antes de condenarte; pero una vez acreditados la participación en un attroupement tras los requerimientos, la ocultación del rostro, el corte de vías o las violencias, la condena es proporcionada y será confirmada.

Queda una advertencia práctica para las familias. Si tu hijo menor viaja a Francia, estudia allí de Erasmus o participa en un intercambio escolar durante un ciclo de protestas, explícale antes tres reglas simples. Primera: una manifestación prohibida por resolución prefectoral sigue siendo una manifestación prohibida aunque la convocatoria llegue por TikTok y parezca una fiesta. Segunda: cuando la policía da los dos requerimientos de dispersión, hay que irse; quedarse, taparse la cara o cortar una calle convierte al menor en imputado por delitos castigados con prisión. Tercera: si es detenido, tiene derecho a un intérprete, a un abogado, a avisar a su familia y a su consulado, y a guardar silencio, y su caso se verá a puerta cerrada para proteger su identidad. Y si descubres que alguien recluta a tu hijo por redes para un blocus, el artículo 227-21 del Código penal y el mecanismo de denuncia del artículo 16 del Reglamento europeo de servicios digitales son tus dos instrumentos: la vía penal contra el provocador y la vía de la denuncia ante la plataforma para que retire los contenidos.

Conclusion

Los disturbios de Barcelona que se siguen en directo y los blocus de Francia forman una sola secuencia: perfiles de TikTok que reclutan jóvenes para emular al otro lado de los Pirineos lo que ocurre en Francia, grupos cerrados que dan consignas, manifestaciones prohibidas, calles cortadas, rostros cubiertos y detenciones. El Derecho francés responde con un arsenal preciso y severo: declaración previa y prohibición prefectoral de manifestaciones, un año de prisión por permanecer en un attroupement tras los requerimientos y otro año por ocultar el rostro, dos años por cortar la circulación, seis meses por bloquear trenes, tres años por violencias incluso sin incapacidad, y cinco años por provocar directamente a un menor a delinquir. Cuatro sentencias de la Sala de lo Penal, dos de ellas de 2025 y una de febrero de 2026, completan el cuadro: el juez debe ponderar la libertad de expresión antes de condenar, el acusado debe ser informado de su derecho a callar, el menor debe ser juzgado a puerta cerrada y los vídeos de redes sociales sirven como prueba. El español que viaja, estudia o trabaja en Francia no tiene menos derechos que el francés, pero tampoco tiene menos deberes: conocer estas reglas antes de sumarse a un blocus es lo que separa una experiencia de protesta amparada por el Convenio Europeo de una condena penal que deja rastro en los antecedentes y compromete el futuro.

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