Un español puede querer el pasaporte francés sin perder el español. Un francés instalado en España puede querer lo contrario. El Convenio de nacionalidad entre el Reino de España y la República Francesa, hecho en Montauban el 15 de marzo de 2021 y en vigor el 1 de abril de 2022, responde a esa inquietud: cada uno puede adquirir la nacionalidad del otro conservando la anterior, si cumple la ley del Estado cuya nacionalidad pide. No abre un atajo. No reduce los cinco años de residencia habitual que exige, en principio, la naturalisation par décret —la naturalización por decreto—. Desde el 1 de enero de 2026, esa vía francesa pide el nivel B2 de francés y un examen civique (examen cívico). Si la prefectura o el ministro rechazan el expediente, el reloj de dos meses empieza a correr.
Esta guía se dirige a quien ya se pregunta qué permite el convenio, qué sigue exigiendo el derecho francés y qué recurso cabe si llega un rechazo. No se trata de un permiso de residencia ni de un visado. Un español ciudadano de la Unión Europea no necesita, en principio, un titre de séjour (permiso de residencia) para vivir en Francia; un nacional de un tercer país sí. La nacionalidad de la persona y el país donde reside no son la misma cosa. El convenio tampoco convierte una consulta de turismo o de working holiday en un expediente de abogado. Quien está casado con un francés y piensa en la declaración del artículo 21-2 del Código civil tiene una vía distinta, ya tratada en nuestra guía sobre la nacionalidad francesa por matrimonio, el nivel B2 y el recurso.
I. El convenio hispano-francés y lo que el derecho francés permite de verdad
A. Conservar ambas nacionalidades: el texto oficial, la fecha de entrada en vigor y lo que no promete
El texto español del convenio, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 29 de marzo de 2022, y el texto francés, publicado por el decreto n.º 2022-943 del 27 de junio de 2022, publicado en el Journal officiel del 29 de junio de 2022, dicen lo mismo. El artículo 1.º del texto francés, publicado por ese decreto, y el artículo 1 del texto español del BOE coinciden. En español, y como explicación del texto oficial, no como cita francesa entrecomillada: los franceses pueden adquirir la nacionalidad española y los españoles la francesa, conservando la anterior, siempre que cumplan los requisitos de la legislación del Estado cuya nacionalidad adquieren. La adquisición se inscribe en el registro que cada legislación prevé.
Esa frase corta dos malentendidos. El primero es creer que el convenio da la nacionalidad por el solo hecho de existir. No la da. Remite a la ley interna de cada Estado. El segundo es creer que España o Francia han inventado una vía privilegiada, con menos años de residencia o sin pruebas de integración. La Instrucción de 31 de marzo de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, publicada en el BOE del 6 de abril de 2022, lo dice con claridad en derecho español: el objetivo es permitir la adquisición de la otra nacionalidad sin exigir la renuncia a la de origen, sin vías privilegiadas de acceso ni una reducción del plazo de residencia. Quien busque un pasaporte francés más rápido porque es español se equivoca de instrumento.
El artículo 5 del convenio fija la entrada en vigor el primer día del mes siguiente a la notificación recíproca de que los procedimientos internos han terminado. El BOE precisa la fecha concreta: 1 de abril de 2022. En Francia, la autorización de ratificación consta en la ley n.º 2022-216 del 21 de febrero de 2022, citada en el decreto de publicación. El desfase entre la entrada en vigor (abril) y la publicación francesa en el Journal officiel (junio) no cambia la fecha del 1 de abril de 2022 que el propio BOE consigna. El convenio permanece en vigor por tiempo indefinido; cualquiera de las partes puede denunciarlo, con efecto a los doce meses de la notificación.
El artículo 2 añade una consecuencia práctica: quienes se acojan al convenio pueden obtener y renovar pasaportes o documentos de identidad según la normativa de cada parte. Tener dos nacionalidades no es un adorno: es un doble vínculo jurídico, con dos documentos y dos administraciones. El artículo 3 se ocupa de quien ya perdió una nacionalidad antes del 1 de abril de 2022. El texto francés dice que los franceses y los españoles que, antes de la entrada en vigor, adquirieron la otra nacionalidad perdiendo automáticamente la anterior pueden prevalerse del convenio, y que este les es aplicable desde la fecha en que se acogen a él. Esa vía de recuperación o de regularización del vínculo perdido no es automática: hay que acogerse al convenio ante la autoridad competente. En España, esa autoridad es el Registro Civil o la oficina consular, según los criterios de la instrucción de 31 de marzo de 2022. Eso es derecho español. Un tribunal francés no inscribe, por sí solo, la recuperación de la nacionalidad española.
¿Qué cambiaba, entonces, si Francia ya toleraba la doble nacionalidad? El artículo 23 del Código civil francés es nítido para el francés mayor que reside habitualmente en el extranjero y adquiere voluntariamente otra nacionalidad: «ne perd la nationalité française que si elle le déclare expressément», en las condiciones de los artículos 26 y siguientes. En español, como explicación: no pierde la nacionalidad francesa salvo si lo declara expresamente. Francia no exige, en el caso ordinario, que el francés que se hace español renuncie a ser francés. La pérdida voluntaria existe, pero es un acto, no un efecto automático. El artículo 23-4 permite, además, que un francés que ya tiene otra nacionalidad pida al Gobierno francés autorización para perder la calidad de francés; esa autorización se concede por decreto. Nadie está obligado a usarla para hacer sitio a la nacionalidad española.
La asimetría estaba, sobre todo, del lado español. La instrucción de 31 de marzo de 2022 explica, como derecho español, que el artículo 23.b) del Código civil español exige, para la validez de la adquisición de la nacionalidad española por opción, carta de naturaleza o residencia, la renuncia a la nacionalidad anterior, con excepciones para naturales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal, y para sefardíes originarios de España. Con el convenio, los franceses que adquieren la nacionalidad española quedan también exentos de esa renuncia. El artículo 24.1 del Código civil español prevé, además, la pérdida de la nacionalidad española de origen para el emancipado que, residiendo habitualmente en el extranjero, adquiere voluntariamente otra nacionalidad y no declara en tres años su voluntad de conservarla. El segundo párrafo de ese apartado exceptuaba la adquisición de la nacionalidad de ciertos países. La instrucción indica que el convenio incluye a Francia en esa lógica: la adquisición de la nacionalidad francesa no basta, por sí sola, para producir esa pérdida de la nacionalidad española de origen. Esas reglas son españolas. No las aplica un prefecto francés. Quien necesite recuperar la nacionalidad española perdida antes de 2022 debe seguir el cauce del Registro Civil español, no el de la plataforma francesa de naturalización.
El artículo 23-8 del Código civil francés recuerda, por otra parte, que la doble nacionalidad no es un escudo absoluto. Un francés que ocupa un empleo en un ejército o un servicio público extranjero, o en una organización internacional de la que Francia no forma parte, y que no dimite pese a la intimación del Gobierno, puede ser declarado haber perdido la nacionalidad francesa por decreto en Consejo de Estado. Es un supuesto grave y residual, no el destino ordinario de un español que trabaja en una administración francesa ni de un francés empleado en España. Sirve, no obstante, para no presentar la doble nacionalidad como un estado inatacable.
B. Nacionalidad y residencia: el español en Francia, el francés en España y lo que el convenio no arregla
Confundir nacionalidad y residencia es el error más caro del expediente. Un español que vive en París, en los Hauts-de-Seine o en cualquier otro departamento sigue siendo español. Su derecho a residir en Francia no nace del convenio de 2021: nace, en principio, de su ciudadanía de la Unión Europea. No necesita convertirse en francés para alquilar, trabajar por cuenta ajena, escolarizar a un hijo o circular. Pedir la nacionalidad francesa es otra decisión, política y personal: voto, acceso a ciertos empleos públicos, documento de identidad francés, transmisión de la nacionalidad a los hijos según las reglas del Código civil. El convenio no transforma esa decisión en un trámite de extranjería.
Un mexicano, un argentino o un colombiano residente en Francia está en otra situación. No es ciudadano de la Unión. Su estancia se articula con un título de residencia, un visado de larga duración o, en su caso, una obligación de salir del territorio. El convenio hispano-francés no le concierne, salvo si también es español o francés. La búsqueda de la nacionalidad francesa desde México o Argentina describe a menudo otra pregunta: la filiación. El artículo 18 del Código civil dispone: «Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.» En español, como explicación: es francés el hijo de al menos un padre o una madre francés. Esa nacionalidad no se pide como una merced. Se comprueba. Cuando los papeles no bastan —acta de nacimiento extranjera, filiación discutida, abuelo francés sin documento útil— el instrumento es el certificat de nationalité française (CNF, certificado de nacionalidad francesa), no el convenio con España. Un rechazo de CNF se discute ante el tribunal judiciaire (tribunal judicial), no ante el prefecto de naturalizaciones.
El francés que vive en Madrid o en Barcelona y quiere la nacionalidad española tampoco usa la plataforma ANEF ni el téléservice de naturalización francesa. Pide la nacionalidad española según la ley española, con los plazos y pruebas que fije España. El convenio le permite, en derecho español, no renunciar a la francesa. En derecho francés, el artículo 23 ya le permitía no perder la francesa si no lo declaraba. El valor del convenio, para él, está sobre todo en España: inscripción, no renuncia, y, si perdió la francesa o la española antes de 2022, la posibilidad de acogerse al artículo 3 ante la autoridad competente.
Tampoco hay que mezclar el convenio con el matrimonio. El artículo 21-1 del Código civil dice que el matrimonio no produce, de pleno derecho, ningún efecto sobre la nacionalidad. Casarse con un francés no hace francés al cónyuge. La declaración del artículo 21-2 es una vía distinta de la naturalización por decreto: plazos de cuatro o cinco años de comunidad de vida, transcripción del matrimonio celebrado en el extranjero, nivel de lengua. Desde el 1 de enero de 2026, esa declaración también exige el B2 oral y escrito, por el artículo 14 del decreto n.º 93-1362 del 30 de diciembre de 1993, en la redacción del decreto n.º 2025-648. Quien está en esa hipótesis debe seguir el cauce de la declaración, no el del decreto de naturalización. Los recursos tampoco son los mismos: un rechazo de registro o una oposición del Gobierno por decreto no se discuten como un rechazo de naturalización.
En París y en Île-de-France, la instrucción de un expediente de naturalización tiene un matiz orgánico que conviene conocer desde el primer envío. El artículo 44 del decreto n.º 93-1362 atribuye al prefecto designado por el ministro o, en París, al préfet de police (prefecto de policía) la facultad de rechazar o aplazar la demanda incluso cuando es formalmente receivable. No es un detalle de cortesía local. Es el autor de la decisión que habrá que impugnar. Un expediente enviado de forma genérica a la prefectura, sin identificar al servicio competente, pierde semanas. Las plataformas de naturalización y el téléservice descrito por Service Public son el cauce ordinario; el artículo 45 del mismo decreto, reformado en 2025, exige luego que el recurso administrativo previo se presente por ese mismo téléservice cuando la demanda se hizo por esa vía.
El convenio no borra tampoco las causas francesas de pérdida o de indignidad. Conservar la nacionalidad española no impide que Francia rechace una naturalización por condena, por irregularidad de estancia, por defecto de asimilación o por simple oportunidad. El artículo 1.º del convenio lo dice al remitir a las condiciones previstas por la legislación del Estado cuya nacionalidad se adquiere. Esa legislación, del lado francés, es el Título I bis del Código civil y el decreto de 1993, no el BOE.
II. Cómo pedir la nacionalidad francesa siendo español y qué hacer si Francia rechaza
A. Naturalización por decreto: cinco años, residencia, B2, examen cívico y pruebas
La vía ordinaria para un español que no está en el caso del matrimonio ni en el de la filiación es la naturalización. El artículo 21-15 del Código civil dispone que, fuera del caso del artículo 21-14-1, la adquisición de la nacionalidad francesa por decisión de la autoridad pública resulta de una naturalización concedida por decreto a petición del extranjero. No es un derecho subjetivo. Es una facultad. El interesado pide; el Estado puede conceder, rechazar o aplazar.
El artículo 21-17 fija el principio: «la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande», bajo reserva de las excepciones de los artículos 21-18, 21-19 y 21-20. En español, como explicación: la naturalización no puede concederse sino al extranjero que justifica una residencia habitual en Francia durante los cinco años anteriores al depósito de la demanda. Un español que vive en España y pasa temporadas en Francia no cumple, en principio, esa residencia habitual. El artículo 21-16 añade otra exigencia, a menudo olvidada: nadie puede ser naturalizado si no tiene en Francia su residencia en el momento de la firma del decreto. Quien se marcha a Madrid a mitad del procedimiento, aunque haya reunido cinco años, se expone a un rechazo por ese solo motivo.
El artículo 21-18 reduce el stage —el periodo de residencia exigido— a dos años en tres supuestos: dos años de estudios superiores concluidos con éxito para obtener un diploma de una universidad o un establecimiento de enseñanza superior francés; servicios importantes prestados o que puedan prestarse a Francia por las capacidades y talentos del interesado; o un recorrido excepcional de integración, apreciado según actividades cívicas, científicas, económicas, culturales o deportivas. El artículo 21-19 permite, en casos más estrechos, naturalizar sin condición de stage: servicios militares en una unidad del ejército francés, servicios excepcionales o interés excepcional para Francia (con dictamen del Consejo de Estado), o estatuto de refugiado. Ninguno de esos alivios nace del convenio con España. Un diploma español cursado en francés en Madrid no equivale, por sí solo, al 1.º del artículo 21-18.
La edad mínima es dieciocho años, salvo el caso del hijo menor que ha permanecido extranjero aunque uno de sus padres haya adquirido la nacionalidad francesa, si justifica haber residido en Francia con ese padre durante los cinco años anteriores a la demanda (artículo 21-22). El artículo 21-23 exige buenas vida y costumbres y la ausencia de las condenas del artículo 21-27. Ese artículo 21-27, todavía aplicable, con abrogación diferida hasta el 1 de enero de 2029, excluye a quien ha sido condenado por crímenes o delitos que atentan a los intereses fundamentales de la Nación o por un acto de terrorismo, o a una pena igual o superior a seis meses de prisión no condicional, o que es objeto de una expulsión no expresamente derogada o de una prohibición del territorio no enteramente ejecutada, o cuyo estancia en Francia es irregular. Un español ciudadano de la Unión no está, en principio, en situación irregular por el solo hecho de residir en Francia. Una condena penal francesa o extranjera, en cambio, puede cerrar la vía. Las condenas extranjeras pueden no tomarse en consideración; en ese caso, el decreto de naturalización no puede dictarse sino previo dictamen conforme del Consejo de Estado.
Desde el 1 de enero de 2026, el listón lingüístico y cívico ha subido. El artículo 21-24 del Código civil, en vigor en esa fecha, exige la asimilación a la comunidad francesa, en particular por un conocimiento suficiente, según la condición del interesado, de la lengua, de la historia, de la cultura y de la sociedad francesas, de los derechos y deberes conferidos por la nacionalidad y por la adhesión a los principios y valores esenciales de la República. El propio artículo describe el nivel de lengua: comprender el contenido esencial de temas concretos o abstractos en un texto complejo, comunicarse con espontaneidad, expresarse de forma clara y detallada sobre una gran variedad de temas. Al término del control de asimilación, el interesado firma la charte des droits et devoirs du citoyen français (carta de derechos y deberes del ciudadano francés).
El artículo 37 del decreto n.º 93-1362, en la redacción del decreto n.º 2025-648 del 15 de julio de 2025, traduce ese nivel al B2 del Marco común europeo de referencia para las lenguas, oral y escrito. Esas disposiciones se aplican a las demandas de naturalización o de reintegración depositadas a partir del 1 de enero de 2026. La ficha de Service Public sobre cómo justificar el nivel de francés para la nacionalidad, verificada el 1 de enero de 2026, enumera los documentos aceptados: diploma nacional del brevet; diploma expedido en nombre del Estado de nivel al menos 3 del marco nacional de certificaciones profesionales; certificación profesional equivalente inscrita en el RNCP; cualquier diploma que acredite un nivel al menos B2; o una certificación TCF o TEF de menos de dos años. El arrêté del 22 de diciembre de 2025 confirma esa lista para los diplomas de los artículos 14 y 37 del decreto de 1993. El decreto de 2025 suprime, además, la posibilidad de dispensarse del test lingüístico con una simple attestación de comparabilidad de un diploma extranjero cursado en francés. Un título español, aunque las clases fueran en francés, no basta por ese atajo.
El mismo artículo 37 desplaza la verificación de la historia, la cultura y la sociedad francesas hacia un examen cívico, y ya no hacia el único entretien d’assimilation (entrevista de asimilación). Service Public, en la ficha sobre el examen cívico, describe un cuestionario de opción múltiple de cuarenta preguntas, en francés, con preguntas de conocimiento y de puesta en situación. La inscripción se hace en un centro autorizado por la Cámara de comercio e industria de París Île-de-France o por France Éducation international. Quien reside en el extranjero debe dirigirse a un Instituto francés, a una Alianza francesa o a las autoridades consulares. Un español que pide la naturalización desde Francia no está dispensado de ese examen por el solo hecho del convenio. La entrevista de asimilación sigue existiendo, pero el decreto de 2025 la reserva, en la instrucción, a las demandas que satisfacen las condiciones de recevabilidad y para las cuales la autoridad prefectural estima que hay lugar a conceder la naturalización. El artículo 44-1 permite incluso rechazar o aplazar sin esa entrevista si, desde la constitución del dossier o durante la instrucción, el prefecto comprueba que no hay lugar a conceder.
La ficha de Service Public sobre la naturalización francesa por decreto, verificada el 16 de julio de 2026, detalla el expediente: formulario, timbre fiscal de 255 euros, documento de identidad, estado civil, domicilio, recursos e impuestos, diploma o attestación de lengua, attestación de éxito en el examen cívico, justificantes de vida en pareja o de hijos menores. Un nacional de un Estado de la Unión Europea o del EEE no tiene que aportar la copia de un título de residencia en las mismas condiciones que un nacional de un tercer país. Eso no le ahorra probar la residencia habitual de cinco años. Extractos bancarios, contratos de trabajo, avisos de impuesto, certificados escolares de los hijos, contratos de alquiler: el convenio no sustituye ese dosier de prueba.
El artículo 21-25-1 del Código civil fija el plazo de respuesta: dieciocho meses como máximo a contar de la entrega de todas las piezas necesarias para un dossier completo, contra la cual se expide inmediatamente un récépissé (acusé de recibo). El plazo se reduce a doce meses si el extranjero justifica una residencia habitual en Francia de al menos diez años el día de esa entrega. Esos plazos pueden prolongarse una vez, por decisión motivada, por tres meses. Service Public retoma las mismas cifras. Un silencio que se alarga no es, por sí solo, una concesión. Puede ser el preludio de un rechazo implícito o de una petición de piezas complementarias. El artículo 46 del decreto de 1993 pide al prefecto, cuando estima que la demanda es receivable y que hay lugar a conceder, transmitir el dossier al ministro en los seis meses siguientes a la entrega del récépissé, con el boletín n.º 2 del casier judiciaire y el resultado de la encuesta.
Nada de lo anterior garantiza el decreto. El artículo 48 del decreto de 1993, en vigor desde el 1 de julio de 2010 en lo que aquí importa, permite al ministro, incluso cuando las condiciones legales están cumplidas, estimar que no hay lugar a conceder y pronunciar el rechazo, o aplazar imponiendo un plazo o condiciones. La Cour administrative d’appel de Nantes —la corte administrativa de apelación de Nantes— lo recordó el 13 de enero de 2026.
B. Rechazo, aplazamiento, silencio y recurso: dos meses, RAPO y tribunal administrativo
Cuando la demanda no reúne las condiciones legales, el ministro la declara irrecevable (inadmisible). Cuando las reúne pero el Estado estima que la naturalización no es oportuna, la demanda es rejetée (rechazada) o ajournée (aplazada). Service Public, en la ficha F2213, distingue esas dos lógicas. La irrecevabilidad se corrige, si desaparecen sus motivos, con una nueva demanda. El rechazo por inoportunidad puede ir seguido de un archivo sin tramitación si se presenta una nueva demanda menos de cinco años después de la notificación. El aplazamiento impone un plazo o condiciones; una nueva demanda presentada antes de que expire ese plazo puede ser clasificada sin seguimiento. El artículo 44 del decreto de 1993 dice lo mismo en el plano prefectural: el prefecto —en París, el prefecto de policía— puede rechazar o aplazar incluso una demanda receivable, y una demanda presentada menos de cinco años después de un rechazo puede, tras examinar en su caso las circunstancias nuevas, ser clasificada sin instrucción.
Esa clasificación sin seguimiento (classement sans suite) tiene una particularidad procesal introducida por el decreto n.º 2025-648. El artículo 45 del decreto n.º 93-1362 organiza el recurso administrativo previo ante el ministro encargado de las naturalizaciones. El texto es preciso. En los dos meses siguientes a su notificación, las decisiones tomadas en aplicación de los artículos 43 y 44 pueden ser objeto de un recurso ante ese ministro, con exclusión de cualquier otro recurso administrativo. Ese recurso debe exponer las razones por las que se pide el reexamen. «Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier, sauf pour les décisions de classement sans suite.» En español, como explicación: constituye un previo obligatorio al recurso contencioso, bajo pena de inadmisibilidad de este último, salvo para las decisiones de archivo sin seguimiento. El silencio del ministro durante más de cuatro meses vale rechazo del recurso. Si la demanda de naturalización se presentó por el téléservice, el recurso del artículo 45 debe formarse por el mismo téléservice; a falta de ello, y salvo imposibilidad técnica debidamente justificada, podrá rechazarse como inadmisible.
Hay que leer esa reforma con calma. Para un rechazo o un aplazamiento clásicos, el RAPO —recours administratif préalable obligatoire, recurso administrativo previo obligatorio— sigue siendo la llave. Saltar al tribunal administrativo sin pasar por el ministro expone a una inadmisibilidad. Para un archivo sin seguimiento, el RAPO no es obligatorio: se puede ir directamente al contencioso. Service Public lo confirma. El plazo de dos meses se cuenta desde la notificación. El plazo de cuatro meses de silencio ministerial se cuenta desde la recepción del RAPO. Si el ministro responde que no, o no responde, quedan dos meses para el recours contentieux (recurso contencioso) ante el tribunal administratif (tribunal administrativo). En materia de naturalización, el tribunal de Nantes es, en la práctica de muchos litigios, el juez de primera instancia porque el ministro instruye desde esa plaza; la competencia exacta se verifica en la decisión notificada y en las vías de recurso que debe mencionar. Un español en París no elige el tribunal más cercano a casa por comodidad.
El 13 de enero de 2026, la sexta sala de la Cour administrative d’appel de Nantes, en el asunto n.º 25NT00012, inédito en el recueil Lebon, ilustró el estándar del control. El interesado había visto rechazada su naturalización por el prefecto de Loire-Atlantique el 17 de julio de 2020. Formó el recurso administrativo previo. El ministro lo rechazó de forma implícita. El tribunal administrativo de Nantes desestimó su demanda el 15 de julio de 2024. En apelación, sostenía un error manifiesto de apreciación al respecto del artículo 48 del decreto de 1993 y del artículo 21-24 del Código civil. La corte recordó, en el considerando 2, que corresponde al ministro apreciar el interés de conceder la nacionalidad francesa al extranjero que la solicita, y que, en ese examen de oportunidad, puede tener en cuenta el grado de asimilación. En el considerando 4, la corte relató el acta de la entrevista de asimilación del 16 de julio de 2020: pese a casi treinta años en Francia, el interesado no supo responder a preguntas simples sobre las dos guerras mundiales, la Revolución francesa, Charles de Gaulle, los símbolos de la República, el himno, la divisa, el número de habitantes, la región, el departamento ni el nombre del alcalde. La corte consideró que no estaba establecido que las preguntas fueran imprecisas o inadaptadas a su nivel de instrucción, ni que el agente hubiera tenido una actitud intimidatoria. Desestimó la apelación. El dispositivo es seco. En francés, el artículo 1.º de la decisión rechaza la demanda del interesado.
Esa sentencia no dice que treinta años de presencia baste. Dice lo contrario. Tampoco dice que el juez sustituya al ministro y conceda la nacionalidad. Controla un error manifiesto de apreciación en un poder discrecional. Un español con B2, examen cívico y cinco años de residencia puede, aun así, verse rechazado si el Estado estima la demanda inoportuna. El recurso sirve para discutir un vicio de procedimiento, una irrecevabilidad mal calificada, una motivación insuficiente o un error manifiesto. No sirve para transformar el convenio de 2021 en un derecho a ser francés.
La prueba, en el recurso, es el expediente. El acta de entrevista, las respuestas al examen cívico, los diplomas de lengua, los contratos, los impuestos, el boletín n.º 2, las piezas que la prefectura pidió y las que el interesado no pudo aportar: todo eso pesa más que una afirmación genérica de integración. El decreto de 2025 ha reintroducido la facultad del ministro de hacer proceder a cualquier encuesta complementaria que estime útil. Un RAPO que se limita a decir que el convenio permite la doble nacionalidad no responde a un rechazo fundado en el artículo 21-24 o en el artículo 21-23. El convenio no cura un defecto de lengua, ni una condena, ni una residencia habitual mal probada.
Quien recibe un aplazamiento debe leer el plazo y las condiciones. Presentar una nueva demanda antes de tiempo puede llevar al archivo sin seguimiento. Quien recibe un rechazo debe contar dos meses, no un tiempo razonable. Quien no recibe respuesta en el plazo del artículo 21-25-1 debe hacer verificar si el silencio equivale a un rechazo implícito y cuáles son las vías indicadas en el récépissé. Nada de eso se improvisa el último día. En París, el interlocutor de la decisión prefectural es, de nuevo, el prefecto de policía; el interlocutor del RAPO es el ministro encargado de las naturalizaciones. Mezclar los dos destinos es un clásico de los recursos tardíos.
El convenio sigue siendo útil, pero en su sitio. Permite no tener que elegir entre ser español y ser francés cuando se cumplen las leyes de cada Estado. Permite, del lado español, no perder la nacionalidad de origen por el solo hecho de naturalizarse francés, y acogerse al artículo 3 si esa pérdida ya se produjo. Del lado francés, no añade un año de residencia, no baja el B2, no dispensa del examen cívico y no obliga al ministro a firmar el decreto. Un hijo de padre o madre francés no necesita el convenio para ser francés: necesita probar la filiación. Un cónyuge de francés no necesita el convenio para declarar: necesita el artículo 21-2. Un español que solo quiere vivir y trabajar en Francia no necesita el convenio para residir: necesita, en principio, su ciudadanía europea. El abogado interviene cuando el Estado francés dice que no, cuando el reloj de dos meses ha empezado, o cuando el expediente de naturalización se ha construido sobre una prueba frágil.
Conclusión
La doble nacionalidad española y francesa no es un rumor de redes ni un pasaporte exprés. Es, desde el 1 de abril de 2022, una regla convencional publicada en el BOE y en el Journal officiel: se puede adquirir una sin perder la otra, si se cumple la ley del Estado que la concede. Francia ya no hacía de la pérdida de la nacionalidad francesa el efecto automático de adquirir otra. España, con la instrucción de 31 de marzo de 2022, ha alineado a Francia con el régimen que ya conocía para otros países. El resto del trabajo sigue siendo francés cuando se pide ser francés: cinco años de residencia habitual, residencia en Francia el día del decreto, buenas vida y costumbres, asimilación, nivel B2 y examen cívico para las demandas depositadas desde el 1 de enero de 2026, y un poder discrecional del ministro. El rechazo se discute en dos meses ante ese ministro, luego ante el juez administrativo, como lo muestra el fallo de Nantes del 13 de enero de 2026. El convenio no gana ese litigio. Un expediente completo, una prueba de lengua y un recurso en plazo, sí pueden discutirlo.