La consulta «escuela» registra interés en España. Una cuestión de derecho de familia surge cuando un menor comunica posibles hechos de acoso escolar y sus progenitores, que viven separados, discrepan sobre si debe cambiar de centro. La escuela puede poner en marcha su protocolo ante los indicios o ante la comunicación del propio menor. Cuando ambos progenitores ejercen conjuntamente la patria potestad, el desacuerdo sobre el traslado plantea una decisión diferente. Si hay un peligro que exige actuar con urgencia, también cabe valorar medidas de protección adecuadas a ese riesgo.
Esta guía de derecho español expone un método general para familias sujetas al Código Civil común. Distingue qué comunicar al centro, qué documentos permiten comparar las opciones y qué se puede pedir a la autoridad judicial si persiste el desacuerdo. El protocolo educativo concreto y la admisión en otro centro dependen de las reglas aplicables en el territorio. También importa comprobar qué dice la resolución familiar, si existe, sobre la guarda, el ejercicio de la patria potestad y el lugar de residencia. Los ejemplos son hipotéticos. Su finalidad es mostrar cómo proteger al menor mientras se decide si la continuidad en el centro actual es viable.
Por Hassan Kohen, abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París.
I. Cómo proteger al menor mientras se aclaran los hechos
A. Qué comunicar a la dirección y qué medidas pedir desde el primer día
El artículo 34 de la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia obliga a aplicar los protocolos de actuación en todos los centros educativos, con independencia de su titularidad. El protocolo debe iniciarse cuando se detectan indicios de violencia o cuando un niño, una niña o un adolescente comunica los hechos. La dirección o titularidad responde de la ejecución y del seguimiento de las actuaciones previstas. El inicio de ese procedimiento permite comprobar lo sucedido y organizar la protección. La familia puede comunicar los indicios en cuanto disponga de ellos, aunque todavía desconozca cuántas veces ocurrió la conducta o quién intervino en todos los episodios.
Conviene dirigir una comunicación fechada a la dirección y hacerla llegar también al coordinador de bienestar y protección del alumnado. El artículo 35 identifica a esta figura como referente para las comunicaciones sobre posibles casos de violencia en el centro o en su entorno. En el escrito es útil separar lo que ha contado el menor, lo que ha observado directamente un adulto y lo que muestran los documentos disponibles. Por ejemplo, una docente pudo presenciar un incidente, la familia pudo recibir una captura por otro canal y el menor pudo explicar que teme volver a un lugar concreto del patio. El centro puede verificar cada dato por una vía diferente si el escrito aclara su procedencia.
La comunicación puede terminar con tres preguntas concretas para la dirección. Qué protocolo está aplicando el centro y quién realizará el seguimiento. Qué medidas de seguridad se pueden poner en marcha antes de la siguiente jornada lectiva. Y cómo se comunicarán a la familia los incidentes nuevos y la revisión de esas medidas. Conviene pedir acuse de recibo y guardar la respuesta. Si el contacto inicial fue verbal, un mensaje posterior puede recoger la fecha y la petición. Así queda constancia de qué se trasladó al centro y qué cuestiones siguen pendientes. Si el protocolo territorial establece un canal o un formulario, esa vía permite dirigir la información a quien deba tramitarla.
Las medidas inmediatas deben responder a los lugares y momentos concretos en que el menor queda expuesto. Puede ser razonable pedir que el centro designe a un adulto al que el alumno pueda acudir, revise la supervisión en un pasillo o en un tramo del recreo e indique qué hará si la conducta reaparece al salir de clase. En un caso de ciberacoso, importa informar si los mensajes continúan fuera del horario escolar y si lo sucedido se traslada después al aula. El artículo 34 exige que los protocolos contemplen actuaciones específicas en determinados supuestos de acoso mediante dispositivos o nuevas tecnologías. Las medidas concretas deben ajustarse al protocolo aplicable y a la evaluación del riesgo.
La gestión de la convivencia y la investigación de los hechos cumplen funciones distintas de la protección inmediata. El artículo 34 de la Ley Orgánica 8/2021 encomienda a la dirección o titularidad ejecutar y seguir las actuaciones del protocolo. La familia puede pedir una explicación sobre las actuaciones que protegen a su hijo y sobre cómo se valorará si funcionan. Si quiere conocer información sobre otros alumnos, conviene precisar para qué la necesita. El artículo 35.3 de la Ley Orgánica 8/2021 exige que el coordinador respete las reglas de protección de datos. Una respuesta que indique cómo se evita el contacto en un espacio concreto puede ser suficiente para evaluar esa medida sin divulgar un expediente ajeno.
Los artículos 15 y 16 de la Ley Orgánica 8/2021 establecen deberes de comunicación ante indicios de violencia. El artículo 15 prevé la comunicación inmediata a la autoridad competente y, si los hechos pudieran constituir delito, a las fuerzas de seguridad, al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial. Para el personal comprendido en el artículo 16, la ley exige avisar de inmediato a los servicios sociales competentes ante indicios de una posible situación de violencia. Cuando la salud o la seguridad del menor puedan verse amenazadas, prevé además la comunicación inmediata a las fuerzas de seguridad y/o al Ministerio Fiscal. Si hay una necesidad de atención inmediata, la discusión familiar sobre un posible traslado puede continuar después de atender esa necesidad.
B. Qué información permite valorar si el menor puede seguir en el centro
La primera tarea es reconstruir una cronología que se pueda comprobar. Para cada incidencia, basta empezar con la fecha aproximada, el lugar o canal, la conducta descrita, su fuente y la respuesta conocida. Si hubo un episodio en la entrada y luego varios mensajes, conviene registrar ambos por separado. Añada cuándo se informó al centro y qué pasó después. Puede ser relevante que un episodio se haya repetido cuando una medida ya debía estar en vigor. También puede serlo que el centro haya intervenido y que, desde ese momento, la situación haya cambiado en un lugar y continúe en otro. Esa distinción permite ajustar una medida sin perder de vista el conjunto.
Guarde los mensajes en un formato que conserve su contexto, fecha y, cuando conste, el origen. Si solo se conserva una captura parcial, indique qué falta. Puede ser útil conservar el correo original del centro, los justificantes de comunicaciones y los documentos que acrediten las ausencias o la atención recibida. Un justificante de ausencia acredita que el alumno faltó en una fecha. La descripción de la causa puede proceder de otro documento o del relato familiar y debe identificarse como tal. Si el menor recibe atención sanitaria, un documento clínico puede servir para explicar sus necesidades. Basta compartir la información pertinente para adoptar o valorar la medida y preservar el resto de sus datos.
Evite que el menor tenga que reconstruir el mismo episodio para cada adulto. El artículo 154 del Código Civil exige oír al menor que tenga suficiente madurez antes de adoptar decisiones que le afecten en los términos del precepto. Debe poder expresarse en condiciones adecuadas y de manera comprensible. Una pregunta abierta sobre dónde se siente seguro o qué le preocupa del día siguiente suele ser más informativa que pedirle que escoja entre sus padres. Su parecer puede cambiar cuando conoce las medidas disponibles o comprende qué implica cambiar de centro. Las opiniones del menor se valoran atendiendo a su edad y madurez y sirven para entender sus necesidades.
Para evaluar la continuidad, conviene poner por escrito los cambios que ofrece el centro y su fecha de revisión. Si propone adaptar un grupo, indique cuándo empezaría la medida, cómo se comprobará si funciona y quién responderá si surge otra incidencia. Si plantea mayor supervisión durante el recreo, concrete dónde sigue existiendo un punto de riesgo. Un compromiso genérico de vigilancia ofrece poca información para decidir si el alumno está protegido en los espacios que realmente necesita utilizar. Una medida con responsable y revisión permite valorar su eficacia y si hace falta completarla.
El artículo 154 del Código Civil exige ejercer la patria potestad en interés de los hijos y con respeto a sus derechos e integridad física y mental. La educación y la formación integral figuran entre los deberes que enumera. En la práctica, esto invita a comprobar si el menor puede asistir y aprender con seguridad en el centro actual y qué perdería o ganaría con el traslado. Una plaza alternativa puede afectar a apoyos educativos, transporte, actividades, relaciones de confianza o tiempos de cuidado. Si se desconoce qué apoyo prestaría el otro centro, ese dato debe quedar abierto hasta comprobarlo. También importa identificar qué situación quedaría durante el intervalo entre la solicitud y la eventual incorporación.
Imagine que dos progenitores comparten el objetivo de proteger a su hija. Uno quiere trasladarla cuanto antes por un incidente en el patio y por mensajes posteriores. El otro propone mantener la escolarización porque el centro puede separar los grupos a partir de la semana siguiente y la alumna cuenta allí con apoyo educativo. La decisión se entiende mejor si ambos disponen de la misma información sobre los mensajes, sobre lo que la dirección puede cambiar entretanto y sobre si existe una plaza alternativa con un apoyo equivalente. Si la medida del patio empieza tarde para el riesgo descrito, pueden pedir una respuesta provisional. Si queda una vía de contacto digital, la separación de grupos por sí sola deja parte del problema pendiente.
II. Cómo resolver el desacuerdo familiar sobre el traslado
A. Distinguir el aviso al centro de la decisión sobre la escolarización
El artículo 156 del Código Civil dispone que la patria potestad se ejerce conjuntamente o por uno de los progenitores con el consentimiento expreso o tácito del otro, con reglas para actos acordes con el uso social y las circunstancias y para situaciones de urgente necesidad. El precepto también contiene reglas sobre ausencia, imposibilidad y convivencia separada. Esta guía se centra en el supuesto en el que el ejercicio conjunto está establecido y existe un desacuerdo conocido sobre el cambio de escuela. Para comprobar ese punto, debe leerse la parte dispositiva de la resolución o del convenio aprobado judicialmente y cualquier resolución posterior que haya alterado el reparto de facultades.
Un progenitor puede comunicar indicios de violencia y pedir que la escuela aplique su protocolo. El propio artículo 34 admite comunicaciones procedentes de distintos miembros de la comunidad educativa y del menor. La matrícula o el traslado plantean una cuestión de ejercicio de la patria potestad que debe examinarse según la situación familiar concreta. La atribución de la guarda determina con quién y en qué condiciones se organiza el cuidado, mientras que el ejercicio de la patria potestad requiere comprobar a quién corresponde adoptar la decisión. Cuando el ejercicio es conjunto y el otro progenitor ha expresado su oposición, conviene partir de ese desacuerdo y determinar quién puede resolverlo conforme al artículo 156.
Una gestión ordinaria, como informar de una incidencia a la persona que ejerce la tutoría, tiene un alcance diferente de retirar al alumno del centro o formalizar una matrícula en otro. Si hay una situación de urgente necesidad, el artículo 156 admite actos de uno de los progenitores dentro de ese supuesto. En cada caso debe identificarse qué respuesta inmediata exige el riesgo y qué decisión puede prepararse con mejores datos. Si el traslado conlleva además un cambio de residencia habitual, hay una cuestión adicional. El artículo 154 del Código Civil prevé que el lugar de residencia habitual del menor solo pueda modificarse con el consentimiento de ambos progenitores o, en su defecto, con autorización judicial. Cambiar de escuela y cambiar de residencia deben figurar por separado cuando se plantean juntos.
Un intercambio breve entre progenitores puede aclarar si discrepan sobre el objetivo, sobre la alternativa concreta o sobre el momento de actuar. Una propuesta completa puede identificar el centro de destino, la fecha de incorporación que se ha podido verificar, los apoyos disponibles, el trayecto y quién se hará cargo de cada desplazamiento. También debe explicar cómo se protegería al menor si permanece temporalmente en su centro actual. Si el otro progenitor acepta solo pedir información sobre una plaza, deje constancia del alcance de ese acuerdo. Solicitar información, formalizar la matrícula y modificar el calendario familiar son actuaciones que pueden requerir decisiones distintas.
Como información general sobre el contexto del autor, la página del despacho de abogados en París en español identifica su lugar de ejercicio. El análisis de este artículo se limita al marco español y, en la parte relativa a la patria potestad, al supuesto regido por el Código Civil común. Si al caso le resulta aplicable otra legislación civil, revise sus reglas específicas antes de utilizar los artículos citados como base de una solicitud. En la parte educativa, compruebe en paralelo el protocolo territorial y las condiciones de acceso o traslado al otro centro. Una facultad para decidir sobre la escolarización y la disponibilidad de una plaza pertenecen a trámites con requisitos propios.
Cuando persiste el desacuerdo en el ejercicio conjunto, el artículo 156 permite que cualquiera de los dos progenitores acuda a la autoridad judicial. Tras oír a ambos y al hijo en los términos del precepto, se atribuye a uno de ellos la facultad de decidir. Para un desacuerdo puntual sobre escolarización, es útil delimitar la decisión que se pide atribuir y las opciones que existen en ese momento. Si la solicitud se refiere al traslado durante el curso, indique qué centro se ha valorado, qué medidas se han aplicado ya y qué haría que la espera resultara perjudicial. Para desacuerdos reiterados u otras causas que entorpezcan gravemente el ejercicio de la patria potestad, el artículo prevé una atribución o distribución de funciones con un alcance y duración que determinará la autoridad judicial, con un máximo de dos años para esa medida.
B. Qué pedir por desacuerdo y qué pedir si existe un peligro concreto
Los artículos 85 y 86 de la Ley 15/2015, de la Jurisdicción Voluntaria regulan la tramitación y la intervención judicial ante desacuerdos en el ejercicio conjunto de la patria potestad. Ambos progenitores tienen legitimación para promover el expediente individual o conjuntamente. El artículo 86 toma como referencia el domicilio del hijo o, en su defecto, su residencia. Si el ejercicio conjunto fue establecido por resolución judicial, atribuye la competencia al órgano que la dictó. La resolución familiar ayuda a comprobar qué regla corresponde. El artículo 85 prevé una comparecencia, regula la citación y permite acordar diligencias. En estos expedientes la intervención de abogado y procurador es facultativa según el apartado tercero.
Para preparar la solicitud, sitúe al comienzo la decisión pendiente y el motivo por el que interesa resolverla ahora. A continuación, describa el reparto de facultades, la propuesta de cada progenitor y el estado del protocolo escolar. Puede adjuntar la resolución familiar, la cronología de hechos y comunicaciones, las respuestas de la dirección, la información verificada sobre la plaza alternativa y la documentación pertinente sobre las necesidades del menor. Es preferible señalar qué acredita cada documento. Un mensaje de la escuela que confirma una reunión acredita una actuación de seguimiento. Si la familia considera insuficiente la supervisión, describa qué exposición persiste y en qué se basa esa apreciación.
La petición puede ser concreta incluso cuando algunos hechos sigan discutiéndose. Un progenitor puede solicitar que se le atribuya la facultad de decidir sobre la incorporación al centro identificado, explicar sus condiciones de admisión y aportar las medidas que el centro actual ya ofrece. El otro puede aportar un calendario verificable de las medidas de protección, describir los apoyos que se mantendrían y explicar qué aspecto considera insuficientemente acreditado. En ambos casos interesa precisar cómo se mantendrá la escolarización durante la tramitación. Si alguna circunstancia cambia, como la desaparición de la plaza prevista o la aparición de una incidencia nueva, esa variación modifica la valoración práctica y merece una comunicación diferenciada.
La audiencia del menor aporta información sobre sus necesidades y sus preocupaciones. El artículo 156 del Código Civil y el artículo 85 de la Ley 15/2015 contemplan la audiencia o citación atendiendo a la madurez y a la edad en los términos previstos en cada disposición. El artículo 154 del Código Civil exige condiciones de escucha adaptadas a la edad, madurez y circunstancias de la persona menor de edad. Una familia puede identificar qué cuestiones afectan al menor, por ejemplo su seguridad en el trayecto, el apoyo que considera importante o el motivo por el que teme acudir a clase. Corresponde preservar un espacio para que explique su experiencia con sus propias palabras.
Si el problema inmediato es un peligro para el menor, la petición debe identificar la medida de protección que se necesita, su finalidad y el tiempo durante el que tendría sentido aplicarla. El artículo 158 del Código Civil permite adoptar disposiciones para apartar al menor de un peligro o evitarle perjuicios. Incluye, entre otras posibilidades y con sujeción a la proporcionalidad, prohibiciones de aproximación o de comunicación. La ley exige valorar el caso concreto. La medida puede adoptarse en el marco de un proceso o de un expediente de jurisdicción voluntaria, con garantía de audiencia de la persona menor de edad. Si se abre un expediente de protección, los artículos 87 y 88 de la Ley 15/2015 regulan su ámbito, competencia y resolución. El artículo 87 prevé reglas específicas cuando ya hubo una resolución sobre el ejercicio conjunto o la guarda, además de indicar quién puede instar la protección.
Puede ocurrir que ambos progenitores quieran cambiar al menor de centro, pero la plaza disponible se abra unas semanas después y se sigan produciendo contactos que generen un riesgo inmediato. Entonces el expediente del artículo 156 puede resultar innecesario si hay acuerdo sobre el traslado. La protección durante la espera sigue siendo una cuestión propia. En otro supuesto, un desacuerdo sobre el centro de destino puede persistir aunque el protocolo consiga estabilizar la asistencia. Ahí la cuestión principal será decidir sobre la escolarización y justificar qué alternativa sirve mejor al interés del menor. La documentación debe permitir diferenciar esas dos situaciones y demostrar cualquier cambio producido entre la solicitud y su resolución.
Conclusión
Ante indicios de acoso escolar en España, la primera actuación consiste en comunicar los hechos, pedir la aplicación del protocolo y documentar qué protección recibe el menor. Si sus progenitores ejercen conjuntamente la patria potestad y discrepan sobre el traslado, el artículo 156 del Código Civil permite solicitar que se atribuya la facultad de decidir sobre esa cuestión. Cuando hay un peligro concreto, el artículo 158 permite pedir las medidas de protección que correspondan a las circunstancias. Para valorar la continuidad o el cambio de centro, la información más útil es la que muestra cómo funcionan las medidas actuales, qué alternativa existe de verdad y qué necesita el menor durante la espera.