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Expropiación de vivienda en España: cuándo procede, cuánto te pagan y cómo recurrir

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Fuente: Tribunal de Casación – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Colegio de Abogados de París Detención policial, instrucción, tribunal con jurado Ficha CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Hassan KOHEN
Abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París

Expropiación de vivienda en España: cuándo procede, cuánto te pagan y cómo recurrir

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En España, «expropiación» figura entre las búsquedas en ascenso desde la noche del sábado 21 de noviembre de 2026, y las consultas que la acompañan son muy concretas: expropiación forzosa, expropiación de vivienda, expropiación de viviendas vacías, expropiación de la vivienda habitual o precio de una expropiación. Detrás de todas ellas aparece la misma inquietud: ¿puede la Administración quedarse con mi casa, cuánto me pagaría y qué puedo hacer si no estoy de acuerdo con la cantidad que me ofrecen?

Esta guía responde a esas preguntas con el derecho español vigente, leído el 22 de noviembre de 2026 en el Boletín Oficial del Estado: la garantía del artículo 33 de la Constitución, la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana de 2015, las leyes de procedimiento y de la jurisdicción contencioso-administrativa y la Sentencia 93/2015 del Tribunal Constitucional sobre la expropiación del uso de viviendas. Explica cuándo puede expropiarse una vivienda, qué ocurre con las viviendas vacías, cómo se calcula el justiprecio, qué plazos corren y cómo se recurre. La regla de fondo es sencilla: sin causa legal, sin indemnización y sin procedimiento no hay expropiación válida.

Por Hassan Kohen, abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París. Este texto es información general sobre el derecho estatal español; el método expuesto es de alcance general y no sustituye el examen de un expediente concreto. Las comunidades autónomas tienen normas propias de vivienda y de urbanismo que conviene comprobar en cada caso.

I. Expropiación de vivienda: cuándo puede la Administración privarte de tu casa

A. Expropiación forzosa: la garantía de la Constitución y la causa que la justifica

La primera respuesta está en la Constitución Española. Su artículo 33 reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, pero añade que «La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.» A continuación fija la regla que gobierna cualquier expropiación: «Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.» Son tres condiciones que deben cumplirse a la vez: una causa reconocida por la ley, una indemnización y un procedimiento legal. Si falta una de ellas, la privación de la vivienda no es una expropiación válida, sino una actuación que el propietario puede combatir.

El Código Civil va en la misma dirección desde 1889. Su artículo 349 exige una autoridad competente, una causa justificada de utilidad pública y la indemnización previa, y prevé que, si ese requisito no precede, los jueces amparen al propietario y, en su caso, lo reintegren en la posesión. Esta regla antigua sigue siendo útil hoy: recuerda que la Administración no puede ocupar una vivienda por la vía de los hechos, sin título y sin pagar o consignar lo que la ley exige.

La norma que desarrolla la garantía constitucional sigue siendo la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, reformada en numerosas ocasiones. Su artículo primero adopta una definición amplia: es expropiación cualquier forma de privación singular de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos acordada de forma imperativa, tanto si implica una venta o un arrendamiento como una ocupación temporal o la mera cesación de su ejercicio. Por eso la ley no protege solo a quien pierde la propiedad de su piso. También ampara a quien pierde temporalmente su uso, a quien es titular de un derecho real sobre el inmueble y al inquilino que vive en él.

El punto de partida de todo expediente es la causa. El artículo noveno de la ley exige la previa declaración de utilidad pública o de interés social del fin al que se destinará el bien. Esa declaración no siempre es un acto separado. Según el artículo diez, la utilidad pública se entiende implícita, para los inmuebles, en los planes de obras y servicios del Estado, de la provincia y del municipio; cuando una ley ha declarado de forma genérica la utilidad pública, su reconocimiento en cada caso concreto corresponde al Consejo de Ministros, salvo que las leyes sectoriales dispongan otra cosa, y el artículo once reserva a una ley aprobada en Cortes los demás supuestos relativos a inmuebles. En materia de urbanismo, el artículo 42 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana añade que la aprobación de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística conlleva la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes cuando su ejecución deba hacerse por expropiación. Una vivienda puede verse afectada, por tanto, por una obra pública, como una carretera o una línea ferroviaria, o por un plan urbanístico que destina el suelo a un vial, a una zona verde o a un equipamiento.

Declarada la causa, la Administración no puede llevarse cualquier cosa. El artículo quince limita la ocupación a los bienes o derechos estrictamente indispensables para el fin de la expropiación, y el beneficiario debe presentar una relación concreta e individualizada de los bienes que considera necesarios (artículo diecisiete). Cuando solo se expropia una parte de una finca y la conservación del resto resulta antieconómica para el propietario, este puede pedir que la expropiación comprenda la totalidad de la finca (artículo veintitrés). Es una petición que conviene valorar pronto, porque un piso o una parcela amputados pueden perder buena parte de su valor real.

La ley también define con quién se tramita el expediente. Según su artículo tercero, la Administración considera propietario, salvo prueba en contrario, a quien figura como tal en los registros públicos que producen presunción de titularidad, como el Registro de la Propiedad; en su defecto, a quien aparece en los registros fiscales y, finalmente, a quien lo es pública y notoriamente. El artículo cuarto permite que intervengan también los titulares de derechos reales y de intereses económicos directos sobre el inmueble, así como los arrendatarios, para cada uno de los cuales se abre un expediente incidental destinado a fijar su indemnización. Estas cuestiones pertenecen al derecho civil y de la propiedad inmobiliaria, donde la prueba de la titularidad y de las cargas decide muchas veces quién cobra y cuánto. Una herencia no inscrita o un piso que sigue a nombre de un antiguo titular complican el expediente y, como se verá, también el cobro.

B. ¿Pueden expropiar una vivienda vacía? Lo que exige la ley y lo que dijo el Tribunal Constitucional

Una de las búsquedas que más se repiten es la expropiación de viviendas vacías. La Ley de Expropiación Forzosa contempla desde su origen una expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad, regulada en sus artículos setenta y uno a setenta y cinco. Según el artículo setenta y uno, existe causa de interés social cuando una ley ha declarado expresamente la oportunidad de que un bien o una clase de bienes se utilicen en un sentido determinado y el propietario incumple esa directiva. Pero el artículo setenta y dos somete este supuesto a cuatro requisitos acumulativos. Primero, una declaración positiva de que un bien o una categoría de bienes debe transformarse o utilizarse de una manera específica. Segundo, que esa declaración se formule por ley o por decreto acordado en Consejo de Ministros. Tercero, que la ley contenga de forma inequívoca la advertencia de expropiación forzosa en caso de incumplimiento. Cuarto, que se haya fijado un plazo para cumplir esa función y que, a su vencimiento, el propietario la haya incumplido total o sustancialmente.

El procedimiento de esta expropiación es el general, con las mismas garantías de información pública, notificación, audiencia de los interesados y recursos (artículo setenta y cinco). El propietario conserva el derecho a un justo precio, y la ley prevé incluso que, si el bien se adjudica en subasta a un particular que se compromete a cumplir la función desatendida y el precio obtenido supera el fijado en el expediente, la diferencia quede a beneficio del expropiado. Dicho de otro modo: la Ley de Expropiación Forzosa no contiene una regla general que permita expropiar una vivienda por el solo hecho de estar vacía. Hace falta una norma específica que imponga el uso, fije un plazo y anuncie la expropiación, y que respete además las exigencias constitucionales sobre el tipo de norma utilizada y el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.

Ese último punto quedó ilustrado por la Sentencia 93/2015, de 14 de mayo de 2015, dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional y publicada en el BOE. El recurso se dirigía contra un decreto-ley andaluz de 2013 de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda. El Tribunal anuló el inciso que declaraba parte del contenido esencial del derecho de propiedad de la vivienda el deber de destinarla de forma efectiva al uso habitacional, porque regular de ese modo el régimen general del derecho de propiedad, razonó, «está vedado a esta modalidad de disposición con fuerza de ley», es decir, al decreto-ley. Pero precisó el alcance de su decisión: «Esta conclusión no significa que la configuración constitucional del derecho de propiedad impida al legislador restringir de ese modo la amplitud de las facultades de uso y disposición del propietario de vivienda, análisis que no procede desarrollar en este momento». La objeción se refería, por tanto, a la forma: un deber de esa naturaleza exige una ley formal aprobada por un parlamento, no una norma de urgencia del Gobierno.

La misma sentencia anuló la disposición adicional segunda del decreto-ley, que declaraba de interés social la cobertura de la necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social afectadas por desahucios derivados de ejecuciones hipotecarias, a efectos de expropiar el uso de la vivienda durante un plazo máximo de tres años desde el lanzamiento. Aquí el motivo fue competencial. Para el Tribunal, ese mecanismo chocaba con las medidas que el Estado había adoptado para la misma situación en la Ley 1/2013, la suspensión de los lanzamientos de deudores especialmente vulnerables y el fondo social de viviendas, dictadas en ejercicio de su competencia sobre las bases de la planificación económica del artículo 149.1.13.ª de la Constitución. La norma autonómica, dice la sentencia, «arbitra un mecanismo por completo incompatible» con la estatal. En cambio, el Tribunal declaró conforme a la Constitución el resto del precepto andaluz que definía la vivienda deshabitada, siempre que se interprete como instrumento de fomento del alquiler, y desestimó el recurso en todo lo demás.

La sentencia también recuerda que esa ley andaluza combinaba varias herramientas para movilizar las viviendas deshabitadas: sanciones para ciertos propietarios personas jurídicas, intermediación en el mercado del alquiler, aseguramiento de riesgos, medidas fiscales y subvenciones. La expropiación es solo una de las respuestas posibles y, como se ve, la más exigente desde el punto de vista constitucional. Hay que añadir una precaución: el decreto-ley examinado ya había sido derogado por una ley andaluza de octubre de 2013 cuando se dictó la sentencia, y la legislación autonómica de vivienda ha seguido evolucionando desde entonces. La sentencia fija criterios constitucionales; no describe el derecho vigente en cada comunidad.

¿Qué significa todo esto para un propietario hoy? En primer lugar, que una propuesta, un debate parlamentario o un anuncio político sobre la expropiación de viviendas vacías no produce ningún efecto jurídico mientras no se apruebe una norma, se publique en el boletín oficial correspondiente y entre en vigor. En segundo lugar, que, aun aprobada, una norma de ese tipo tendría que respetar la garantía del artículo 33.3 de la Constitución: causa declarada, indemnización y procedimiento con recursos. En tercer lugar, que la forma de la norma importa: según la doctrina de la Sentencia 93/2015, la regulación general del contenido del derecho de propiedad de la vivienda no puede hacerse por decreto-ley. Y en cuarto lugar, que la comunidad autónoma no puede crear un mecanismo que contradiga las medidas estatales adoptadas para la misma situación en el ámbito de la planificación económica.

II. Justiprecio y recursos: cuánto te pagan y cómo defenderte

A. Precio de la expropiación de una vivienda: cómo se calcula el justiprecio

Antes de cualquier tasación, la ley abre una puerta que conviene conocer. La Administración y el propietario pueden convenir libremente la adquisición del bien por mutuo acuerdo; si no lo alcanzan en quince días, el expediente sigue su curso, aunque el acuerdo sigue siendo posible en cualquier momento posterior (artículo veinticuatro de la Ley de Expropiación Forzosa). A falta de acuerdo, el justo precio se fija en una pieza separada, con un expediente individual para cada propietario, salvo que el bien pertenezca en comunidad a varias personas o que varios bienes formen una unidad económica (artículos veinticinco y veintiséis).

La fecha de referencia de la valoración es decisiva. El texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana se aplica a la fijación del justiprecio en toda expropiación, sea cual sea su finalidad y la legislación que la motive, y dispone que la valoración se refiere al momento de iniciación del expediente de justiprecio individualizado o, si se sigue el procedimiento de tasación conjunta, al de exposición al público del proyecto de expropiación (artículo 34). La Ley de Expropiación Forzosa añade que no se tienen en cuenta las plusvalías que sean consecuencia directa del proyecto que da lugar a la expropiación ni las previsibles para el futuro, y que las mejoras realizadas después de la incoación del expediente no se indemnizan, salvo que fueran indispensables para conservar el bien; las anteriores sí se indemnizan, excepto si se hicieron de mala fe (artículo treinta y seis).

Para una vivienda situada en suelo urbanizado, la regla central está en el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. Su artículo 37.2 dispone: «Cuando se trate de suelo edificado o en curso de edificación, el valor de la tasación será el superior de los siguientes». El primero es la tasación conjunta del suelo y de la edificación existente que se ajuste a la legalidad, por el método de comparación, aplicado exclusivamente a los usos de esa edificación. El segundo es el valor del suelo calculado por el método residual, sin tener en cuenta la edificación existente. El artículo 35 completa la regla: el suelo se valora en pleno dominio, libre de cargas, y «La valoración de las edificaciones o construcciones tendrá en cuenta su antigüedad y su estado de conservación.» Si la edificación ha quedado fuera de ordenación, su valor se reduce en proporción al tiempo transcurrido de su vida útil.

Para el expropiado, esto tiene una consecuencia práctica. La discusión no gira en torno a lo que pagó por el piso ni a lo que cree que vale, sino a si la Administración ha aplicado correctamente el método legal: si los inmuebles tomados como comparación son de verdad comparables, si se ha considerado el estado real de la vivienda, si el uso y la edificabilidad son los que corresponden. La Ley de Expropiación Forzosa excluye, para los inmuebles, los criterios estimativos libres que admite para otros bienes: el justiprecio de un inmueble se fija exclusivamente con el sistema de valoración de la ley del suelo (artículo cuarenta y tres, en la redacción que le dio el texto refundido de 2015). Si la vivienda está en suelo rural, el método cambia: el terreno se tasa por capitalización de la renta anual real o potencial de la explotación, sin incluir expectativas urbanísticas que no se hayan realizado, y las edificaciones que deban valorarse aparte se tasan por su coste de reposición según su estado y antigüedad (artículos 35.3 y 36 del texto refundido).

Al justiprecio se suma siempre un cinco por ciento en concepto de premio de afección (artículo cuarenta y siete de la Ley de Expropiación Forzosa). Si la vivienda está arrendada, el inquilino tiene un expediente incidental propio y una indemnización que fija el Jurado de Expropiación conforme a la legislación de arrendamientos y que paga la Administración o la entidad expropiante (artículos cuarto y cuarenta y cuatro). Cuando la finca soporta cargas, como una hipoteca o un usufructo, el texto refundido permite a la Administración elegir entre fijar el justiprecio de cada derecho por separado o valorar el inmueble en su conjunto y consignar su importe ante el órgano judicial, que distribuirá la parte que corresponde a cada interesado (artículo 35.4).

Quien vive en la vivienda expropiada tiene además una protección específica en las actuaciones sobre el medio urbano, es decir, en las operaciones de rehabilitación, regeneración o renovación urbana que obligan a desalojar a los ocupantes legales de su residencia habitual. En ese caso, cuando se actúa por expropiación, la Administración expropiante o el beneficiario deben garantizar el realojamiento, poniendo a disposición de los afectados viviendas en las condiciones de venta o alquiler de las viviendas protegidas y con una superficie adecuada a sus necesidades. La entrega de la vivienda de reemplazo, en el mismo régimen en que se ocupaba la expropiada, equivale al pago del justiprecio, salvo que el expropiado prefiera cobrar en metálico, en cuyo caso pierde el derecho de realojo (artículo 19 del texto refundido). Ese derecho es personal e intransferible, salvo para los herederos forzosos o el cónyuge supérstite que compartan con el titular la vivienda como residencia habitual.

Una vez fijado el justiprecio, la Administración debe pagarlo en un plazo máximo de seis meses (artículo cuarenta y ocho de la Ley de Expropiación Forzosa). Si el propietario rehúsa cobrar o existe un litigio, la cantidad discutida se consigna en la Caja General de Depósitos, pero el expropiado tiene derecho a recibir, incluso con un recurso pendiente, la parte en la que hay conformidad con la Administración (artículo cincuenta). La ley prevé dos tipos de intereses. Los primeros compensan la demora en la fijación: si pasan seis meses desde la iniciación legal del expediente sin que el justo precio se haya determinado por resolución definitiva, la Administración culpable de la demora abona el interés legal del justiprecio hasta su determinación (artículo cincuenta y seis). Los segundos compensan la demora en el pago: el justiprecio devenga el interés legal desde que vencen los seis meses del artículo cuarenta y ocho hasta que se paga (artículo cincuenta y siete). Si transcurren cuatro años sin que el justiprecio se pague ni se consigne, procede una nueva valoración, la llamada retasación (artículo cincuenta y ocho).

Para cobrar, el expropiado debe acreditar su derecho. El texto refundido de la Ley de Suelo exige que los interesados aporten una certificación registral a su favor o, en su defecto, los títulos que justifiquen su derecho, completados con certificaciones negativas del Registro de la Propiedad sobre la misma finca; si existen cargas, deben comparecer sus titulares, y en caso contrario la cantidad se consigna (artículo 43.4). Quien tenga una herencia pendiente de inscripción o un título que no refleja la realidad tiene interés en regularizar su situación cuanto antes, porque la ley también permite pagar a quien haya rectificado los pronunciamientos registrales contrarios a la realidad por los medios de la legislación hipotecaria o mediante acta de notoriedad (artículo 43.5).

B. Plazos para recurrir una expropiación: hoja de aprecio, jurado y recurso contencioso-administrativo

Los plazos de una expropiación son cortos y empiezan a correr antes de que se hable de dinero. La relación de bienes que presenta el beneficiario se somete a información pública durante quince días (artículo dieciocho de la Ley de Expropiación Forzosa). En ese trámite, cualquier persona puede aportar por escrito datos para corregir errores de la relación u oponerse, por razones de fondo o de forma, a la necesidad de la ocupación, indicando qué otros bienes serían preferibles para el fin perseguido (artículo diecinueve). Después, el acuerdo de necesidad de ocupación inicia formalmente el expediente expropiatorio; se publica y se notifica individualmente a cada interesado en la parte que le afecta (artículo veintiuno). La Ley 39/2015, de procedimiento administrativo común, obliga a que toda notificación indique si el acto pone fin o no a la vía administrativa, qué recursos proceden, ante qué órgano y en qué plazo (artículo 40.2). Esa información debe leerse el mismo día en que se recibe la notificación.

Llega entonces la fase del precio. La Administración requiere al propietario para que, en el plazo de veinte días desde el siguiente a la notificación, presente su hoja de aprecio, en la que concreta el valor que atribuye al bien y formula las alegaciones que considere oportunas. La valoración debe estar motivada y puede ir avalada por la firma de un perito, cuyos honorarios corren siempre a cargo del propietario (artículo veintinueve). La Administración dispone de otros veinte días para aceptarla o rechazarla. Si la acepta, el justo precio queda fijado y debe pagarse antes de la ocupación. Si la rechaza, emite su propia hoja de aprecio fundada, que se notifica al propietario; este tiene diez días para aceptarla sin más o rechazarla, alegando los métodos de valoración que considere adecuados y aportando las pruebas que justifiquen su valoración (artículo treinta). Conviene preparar la hoja de aprecio con rigor desde el principio, porque es la valoración que el propietario defenderá durante todo el procedimiento.

Si el propietario rechaza el precio ofrecido, el expediente pasa al Jurado provincial de expropiación (artículo treinta y uno). Se trata de un órgano administrativo presidido por un magistrado designado por el presidente de la audiencia correspondiente, del que forman parte un Abogado del Estado, dos funcionarios técnicos, un representante de la cámara, colegio profesional u organización empresarial que corresponda según el tipo de bien, un notario y el interventor territorial (artículo treinta y dos). El Jurado decide sobre el justo precio a la vista de las dos hojas de aprecio (artículo treinta y cuatro), y su resolución debe estar motivada, con explicación de los criterios de valoración aplicados. Esa resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella procede el recurso contencioso-administrativo (artículo treinta y cinco).

Frente a un acto que pone fin a la vía administrativa, la Ley 39/2015 ofrece dos caminos: interponer un recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano, en el plazo de un mes, o acudir directamente a los tribunales (artículos 123 y 124); si se elige la reposición, no puede presentarse el recurso judicial hasta que se resuelva o se entienda desestimada. El plazo judicial lo fija la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, cuyo artículo 46.1 dispone: «El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso.» Si se interpuso reposición, los dos meses se cuentan desde el día siguiente a la notificación de su resolución expresa o desde que deba entenderse desestimada (artículo 46.4). El órgano judicial competente depende de la Administración que dicta el acto, conforme a los artículos 8 y 10 de esa ley, y debe figurar en la notificación.

Durante el proceso, el expropiado puede pedir medidas cautelares en cualquier estado del procedimiento. La ley de la jurisdicción permite acordarlas cuando la ejecución del acto pudiera hacer perder su finalidad legítima al recurso, tras valorar todos los intereses en conflicto, y permite denegarlas si de ellas pudiera seguirse una perturbación grave de los intereses generales o de terceros (artículos 129 y 130). En materia de expropiación, el interés público de la obra forma parte de esa ponderación, de modo que quien pida la suspensión debe explicar con precisión qué perjuicio irreparable le causaría la ocupación inmediata.

La ocupación urgente altera ese calendario. De forma excepcional, la Administración del Estado puede declarar, por acuerdo del Consejo de Ministros, urgente la ocupación de los bienes afectados (artículo cincuenta y dos). En ese caso se entiende cumplido el trámite de necesidad de ocupación y se notifica a los interesados, con una antelación mínima de ocho días y mediante cédula, el día y la hora en que se levantará el acta previa a la ocupación, en la que se describen el bien, los derechos afectados y los datos útiles para valorarlos; los interesados pueden acudir acompañados de sus peritos y de un notario. La Administración formula después una hoja de depósito previo, calculado a partir de la riqueza imponible del inmueble, y fija una indemnización por los perjuicios derivados de la rapidez de la ocupación, como la mudanza; una vez consignados el depósito y esa indemnización, puede ocupar el bien en el plazo máximo de quince días. El justiprecio se fija después por el cauce general y los intereses por demora en su determinación se calculan desde el día siguiente al de la ocupación.

La expropiación tampoco es siempre definitiva. Si la obra no se ejecuta, si el servicio no se establece, si queda una parte sobrante o si desaparece la afectación, el antiguo dueño o sus causahabientes pueden recuperar el bien mediante el derecho de reversión, devolviendo la indemnización actualizada conforme al índice de precios al consumo (artículos cincuenta y cuatro y cincuenta y cinco). El plazo para pedirla es de tres meses desde que la Administración notifica el exceso de expropiación, la desafectación o su propósito de no ejecutar la obra; a falta de notificación, la ley abre otras vías, por ejemplo cuando han pasado cinco años desde la toma de posesión sin iniciar la obra o el servicio. No hay reversión, entre otros casos, cuando el bien se afecta a otro fin de utilidad pública o interés social, o cuando la afectación se ha mantenido diez años desde la terminación de la obra. En urbanismo, el artículo 47 del texto refundido de la Ley de Suelo regula supuestos propios de reversión y de retasación.

Por último, la ley contempla los fallos más graves del procedimiento. Si la Administración ocupa una vivienda sin título, sin seguir el procedimiento o sin la indemnización que debía preceder, actúa por la vía de hecho: el propietario puede requerirle que cese y, si no atiende el requerimiento en diez días, recurrir en plazos muy breves, de diez días desde que termina el plazo del requerimiento o de veinte días desde el inicio de la actuación si no hubo requerimiento (artículo 46.3 de la ley de la jurisdicción). Y si el expediente expropiatorio se declara nulo, el expropiado tiene derecho a ser indemnizado siempre que acredite haber sufrido por esa causa un daño efectivo e indemnizable (disposición adicional de la Ley de Expropiación Forzosa).

Conclusión

La búsqueda «expropiación» refleja una inquietud legítima, pero el marco jurídico español es claro y protector. Ninguna vivienda puede expropiarse en España sin una causa de utilidad pública o de interés social declarada conforme a la ley, sin una indemnización y sin un procedimiento con garantías, como exigen el artículo 33.3 de la Constitución y la Ley de Expropiación Forzosa. Las viviendas vacías no constituyen una excepción: su expropiación, de la propiedad o del uso, solo es posible si una norma específica impone su ocupación, fija un plazo y anuncia la expropiación, y esa norma debe respetar la forma de ley cuando regula el contenido general del derecho de propiedad y el reparto de competencias con el Estado, como recordó la Sentencia 93/2015. Mientras no se publique y entre en vigor una norma de ese tipo, un anuncio o un debate no cambia nada para el propietario. Cuando la expropiación llega, el precio se calcula con los métodos del texto refundido de la Ley de Suelo, se incrementa con el cinco por ciento del premio de afección y genera intereses si la Administración tarda en fijarlo o en pagarlo. Los plazos son breves: quince días en la información pública, veinte para la hoja de aprecio, diez para responder a la oferta de la Administración, un mes para la reposición y dos meses para el recurso contencioso-administrativo. Reunir desde el primer día las escrituras, la nota del Registro, la descripción del estado de la vivienda, los contratos de arrendamiento y cualquier tasación disponible es la mejor manera de defender un justiprecio a la altura del bien perdido.

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