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Hijo de francés nacido en España: nacionalidad desde el nacimiento, repudiación del artículo 18-1 y cómo conservar la doble nacionalidad (2026)

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Fuente: Tribunal de Casación – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Colegio de Abogados de París Detención policial, instrucción, tribunal con jurado Ficha CNB avocat.fr
Hassan Kohen, abogado de extranjería en París
Hassan KOHEN
Abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París

Hijo de francés nacido en España: nacionalidad desde el nacimiento, repudiación del artículo 18-1 y cómo conservar la doble nacionalidad (2026)

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Tiene diecisiete años, vive en España y acaba de recibir una carta del consulado de Francia, o quizá fue la universidad, un empleador o la propia familia quien planteó la pregunta que lo cambia todo: si su padre o su madre es francés, ¿es él también francés aunque haya nacido en España y nunca haya vivido en Francia? ¿Puede conservar a la vez la nacionalidad española? ¿Y qué ocurre al cumplir los dieciocho años, cuando una ventana legal breve se abre y se cierra para siempre? Este artículo responde desde el derecho francés verificado el 4 de octubre de 2026. La regla de partida tranquiliza: el hijo de al menos un progenitor francés es francés desde su nacimiento, haya nacido donde haya nacido, y Francia admite que conserve además la nacionalidad española. Pero esa doble nacionalidad de origen convive con un mecanismo que casi ninguna familia conoce hasta que un funcionario lo menciona: la facultad de repudiación del artículo 18-1 del Código civil, que permite al hijo nacido fuera de Francia, cuando solo uno de sus progenitores es francés, rechazar la nacionalidad francesa en los seis meses anteriores a su mayoría de edad y en los doce meses siguientes. Pasado ese plazo sin repudiar, la nacionalidad francesa se consolida. Y décadas después, otra trampa acecha a quien deja dormir sus papeles franceses: la pérdida por desuso. Conservar las dos nacionalidades exige, por tanto, entender el título, respetar los plazos y mantener viva la prueba.

Conviene fijar desde el principio una distinción que evita la mayoría de los errores. La nacionalidad de una persona y su país de residencia son dos cosas distintas, y la situación de un ciudadano de la Unión Europea no es la de un nacional de un tercer Estado. El joven nacido en España de padre francés y madre española es, en principio, binacional desde la cuna: francés por filiación paterna ante Francia y español por sus propios títulos ante España. No necesita ningún permiso de residencia para vivir en Francia, porque como ciudadano europeo ejerce su libre circulación, y su problema jurídico no es el séjour sino la nacionalidad y su prueba. Este artículo trata solo de la nacionalidad francesa del joven, de la repudiación, de la conservación y de los recursos; no convierte una consulta turística o de vacaciones-trabajo en una falsa necesidad de abogado. Y cuando menciona el derecho español lo hace únicamente como advertencia práctica de verificarlo ante el Registro Civil o el consulado de España, porque cada Estado decide quiénes son sus nacionales y el derecho francés no permite deducir la posición española del derecho francés.

I. Francés desde el nacimiento aunque se nazca en España, con una ventana para repudiar

A. La filiación transmite la nacionalidad francesa sin condición de lugar de nacimiento

El punto de partida está en el artículo 17 del Código civil francés, que dispone que la nacionalidad francesa se atribuye, se adquiere o se pierde según las disposiciones de su título, con reserva de la aplicación de los tratados y compromisos internacionales de Francia. Presentada como traducción y no como cita literal, la fórmula significa que nadie es francés o deja de serlo por apreciación administrativa libre, sino por las reglas escritas. Y la regla escrita decisiva para el joven nacido en España es el artículo 18 del Código civil: es francés el hijo de al menos un progenitor francés, «Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français». Ni el lugar de nacimiento ni la residencia en Francia condicionan esta atribución. El niño nacido en Madrid, Barcelona o Sevilla de padre francés es francés desde el día de su nacimiento, exactamente igual que si hubiera nacido en París, y puede ser al mismo tiempo español por la vía materna según la ley española. La página oficial de Service-Public sobre la plurinacionalidad, verificada el 19 de junio de 2025, confirma el marco: la plurinacionalidad puede existir desde el nacimiento, por ejemplo cuando los padres tienen nacionalidades diferentes, por aplicación del derecho del suelo en un país y del derecho de la sangre en el otro.

Ser francés desde el nacimiento produce efectos inmediatos que conviene medir. Quien adquiere la nacionalidad francesa goza desde ese día de todos los derechos y está sujeto a todas las obligaciones vinculadas a la calidad de francés, como recuerda el artículo 22. Para el joven binacional, esto significa derecho al pasaporte francés y al documento de identidad, inscripción en el registro de franceses establecidos fuera de Francia, escolarización y acceso a la función pública bajo las mismas condiciones que cualquier francés, pero también obligaciones fiscales, electorales una vez alcanzada la mayoría y deberes del servicio nacional según la ley aplicable. La misma página oficial precisa dos límites territoriales que muchos binacionales descubren tarde. Cuando el binacional reside en Francia, no puede hacer prevalecer sus otras nacionalidades: será tratado como francés, sin protección diplomática del otro Estado. Cuando reside en el territorio del Estado cuya nacionalidad también posee, generalmente será considerado por ese Estado como su nacional exclusivo, sin protección diplomática francesa. En la vida corriente del joven que vive en España, esto significa que ante las autoridades españolas será tratado como español y ante las francesas como francés, y que la detención, la asistencia consular o la determinación de la ley aplicable en materia penal o fiscal se decidirán según el territorio donde se encuentre. Conservar dos pasaportes no permite elegir a conveniencia el estatuto más favorable; somete plenamente a dos ordenamientos, cada uno en su territorio.

La filiación paterna o materna francesa debe, sin embargo, poder demostrarse, y aquí empieza la parte exigente. El artículo 30 atribuye la carga de la prueba a aquel cuya nacionalidad está en causa, aunque la traslada a quien discute la calidad de francés de un titular de un certificado de nacionalidad francesa expedido conforme a los artículos 31 y siguientes. El artículo 30-2 introduce el salvavidas de la posesión de estado: cuando la nacionalidad francesa solo puede tener su fuente en la filiación, se la tiene por establecida, salvo prueba en contrario, si el interesado y el progenitor que pudo transmitírsela gozaron de forma constante de la posesión de estado de francés. Poseer el estado de francés significa haberse comportado como francés y haber sido reconocido como tal: documentos de identidad franceses, pasaporte, inscripción consular, voto, escolarización como francés. Para el joven nacido en España, la cadena probatoria ideal une su acta de nacimiento, el acta de nacimiento del progenitor francés, el livret de famille o su equivalente, los documentos franceses del progenitor y sus propias pruebas de posesión de estado, como la inscripción consular o un pasaporte francés anterior. Cada discordancia de nombres, fechas o lugares entre las actas españolas y francesas alimenta la sospecha y debe corregirse antes de solicitar nada, con traducciones juradas y, cuando se exija, legalización o apostilla.

Un caso juzgado en París en 2026 muestra que este mecanismo sigue decidiendo expedientes reales de niños nacidos fuera de Francia. El 7 de mayo de 2026, el tribunal judicial de París, polo de la nacionalidad, sección A, dictó en el asunto registrado con el número 23/13620 una sentencia que ordena expedir un certificado de nacionalidad francesa a un niño nacido el 4 de mayo de 2020 fuera de Francia. El tribunal constata que la nacionalidad francesa del niño por filiación paterna, en virtud del artículo 18, se tiene por establecida conforme al artículo 30-2, porque el ministerio público no aporta la prueba en contrario, y remite a la familia ante el servicio de la nacionalidad del tribunal judicial de París para la expedición. La lección es nítida: una filiación francesa correctamente documentada, sumada a una posesión de estado constante que el ministerio público no logra desvirtuar, basta para obtener el certificado incluso para un niño nacido en el extranjero. Y la lección inversa también vale: la sentencia rechaza por inadmisible la solicitud de mención registral del artículo 28 del Código civil, porque ese cauce no era el competente; pedir al juez lo que no le corresponde se pierde aunque se gane lo principal.

B. La repudiación del artículo 18-1: quién puede rechazar la nacionalidad francesa, cuándo y cómo

Aquí entra el mecanismo que justifica este artículo y que ninguna familia franco-española debería descubrir por sorpresa. El artículo 18-1 dispone que, cuando solo uno de los progenitores es francés, el hijo que no nació en Francia tiene la facultad de repudiar la calidad de francés en los seis meses anteriores a su mayoría de edad y en los doce meses siguientes, y que esta facultad se pierde si el progenitor extranjero o apátrida adquiere la nacionalidad francesa durante la minoría del hijo. Cada elemento de la frase cuenta y merece una explicación en español llano. Primero, el supuesto: un solo progenitor francés y nacimiento fuera de Francia. El joven nacido en España de padre francés y madre española entra de lleno; el nacido en España de dos progenitores franceses no dispone de esta facultad. Segundo, la ventana: seis meses antes de los dieciocho años y doce meses después, es decir, en la práctica francesa actual, desde los diecisiete años y medio hasta los diecinueve. Tercero, el objeto: repudiar la calidad de francés, un acto jurídico unilateral y grave, recibido por la autoridad competente, que hace perder la nacionalidad francesa. Cuarto, la extinción anticipada: si la madre española adquiere la nacionalidad francesa mientras el hijo aún es menor, la facultad de repudiación desaparece, porque el supuesto de un solo progenitor francés deja de existir.

Las consecuencias de no hacer nada son tan importantes como las de actuar. Si el joven deja pasar la ventana sin repudiar, la nacionalidad francesa se consolida definitivamente por esa vía: cumplidos los diecinueve años sin declaración de repudiación, ya no podrá rechazar la nacionalidad francesa por este cauce. Para la familia que desea la doble nacionalidad, la inacción es por tanto la estrategia correcta, siempre que sea consciente: conservar los documentos franceses, mantener la inscripción consular y no firmar ninguna declaración de pérdida. Para el joven que, por razones personales, profesionales o militares, prefiera conservar únicamente la nacionalidad española, la ventana es la oportunidad legal prevista para salir limpiamente de la nacionalidad francesa, mucho más sencilla que los procedimientos de pérdida voluntaria de los adultos. El error clásico, en ambos sentidos, es el desconocimiento del plazo: quien quiere repudiar y se presenta a los veinte años llega tarde, y quien quería conservar y firma sin entender un formulario de renuncia ante una administración extranjera puede provocar un daño irreversible. Ningún formulario ambiguo debería firmarse sin haber verificado ante la autoridad francesa competente qué acto se está otorgando.

La repudiación debe distinguirse de otros dos mecanismos con los que se la confunde a menudo. El primero es la pérdida del artículo 23, que solo afecta al mayor de edad de nacionalidad francesa que reside habitualmente en el extranjero y adquiere voluntariamente una nacionalidad extranjera, y aun entonces solo si declara expresamente que pierde la francesa, «ne perd la nationalité française que si elle le déclare expressément». El joven que ya es binacional desde su nacimiento no adquiere voluntariamente nada al cumplir dieciocho años, de modo que el artículo 23 no le es aplicable por ese solo hecho; su cauce específico es el 18-1. El segundo mecanismo es la adquisición de la nacionalidad del progenitor por efecto colectivo durante la minoría: la página oficial precisa que el hijo menor se convierte en francés cuando uno de sus progenitores se convierte en francés, si el hijo reside habitualmente con ese progenitor y su nombre figura en el decreto de naturalización o en la declaración del progenitor. Así, el niño nacido en España de dos progenitores españoles, cuyo padre se naturaliza francés cuando el niño tiene diez años, reside con él y figura en el decreto, se convierte en francés además de español. Y si ese padre era el progenitor extranjero a efectos del artículo 18-1 para un hermano mayor, la naturalización durante la minoría de este extingue su facultad de repudiación. Las recomposiciones familiares, los divorcios con residencia alterna y las naturalizaciones sucesivas obligan, por tanto, a recalcular la situación de cada hijo por separado, con sus fechas exactas.

Para las familias de París y de Île-de-France, la geografía procesal añade una exigencia práctica. Las declaraciones de nacionalidad, incluidas las de repudiación y las de pérdida, se reciben por la autoridad administrativa y, en caso de litigio, el polo de la nacionalidad del tribunal judicial de París concentra los contenciosos más técnicos. Un joven franco-español escolarizado en Île-de-France que prepara su repudiación debe reunir antes de la ventana su acta de nacimiento, la del progenitor francés, la prueba de que el otro progenitor no era francés durante su minoría y sus propios documentos de identidad, y presentar la declaración en tiempo y forma ante la autoridad competente, guardando el resguardo. Un joven que desea conservar debe, simétricamente, asegurarse de que su cadena documental está completa antes de solicitar el pasaporte o el documento de identidad, porque la solicitud del título desencadena la verificación de la nacionalidad. En ambos casos, la prisa de última hora es mala consejera: los plazos de instrucción son largos y los complementos documentales frecuentes.

II. Conservar la doble nacionalidad toda la vida: certificado, desuso y jueces

A. El certificado de nacionalidad francesa: cómo obtenerlo y qué hacer si lo deniegan

El certificado de nacionalidad francesa, conocido por sus siglas CNF, es la pieza central de la vida administrativa del binacional: sin él, el pasaporte, el documento de identidad y muchas oposiciones se bloquean. El artículo 31 del Código civil reserva al director de los servicios de secretaría judicial del tribunal judicial la calidad exclusiva para expedirlo a quien justifique tener la nacionalidad francesa. El artículo 31-2 precisa su contenido y su fuerza: el certificado indica, con referencia a los capítulos aplicables, la disposición legal en virtud de la cual el interesado tiene la calidad de francés, así como los documentos que permitieron establecerla, y hace fe hasta prueba en contrario. Para establecerlo, el director puede presumir, a falta de otros elementos, que las actas de estado civil levantadas en el extranjero producen los efectos que la ley francesa les habría atribuido. Tres consecuencias prácticas se deducen. Primera, el CNF no crea la nacionalidad, la constata; un CNF denegado no significa necesariamente que no se sea francés, sino que la prueba aportada no convenció. Segunda, un CNF obtenido invierte la carga de la prueba: desde entonces corresponde a quien lo discute demostrar lo contrario. Tercera, las actas extranjeras se aceptan en principio con sus efectos franceses, pero pueden ser verificadas y descartadas si su sinceridad es dudosa.

El estado civil extranjero merece un desarrollo propio porque muchos expedientes franco-españoles dependen de actas levantadas fuera de Francia. La Corte de Casación, primera sala civil, en su sentencia de 30 de septiembre de 2020, recurso número 19-17.995, casó parcialmente una sentencia de la corte de apelación de París que había negado la nacionalidad francesa a una solicitante descalificando un acta supletoria de nacimiento dictada en 2004 por un tribunal extranjero. La Corte recuerda el artículo 37 de la convención judicial aplicable, según el cual las decisiones dictadas por las jurisdicciones extranjeras tienen de pleno derecho autoridad de cosa juzgada en Francia si no contienen nada contrario al orden público internacional francés, y reprocha a la corte de apelación haber sustituido su propia apreciación de los elementos de prueba a la del juez extranjero, sin poder proceder a una revisión de fondo. Traducido a consejos prácticos para actas españolas: un acta regular y motivada no puede descartarse por simple desconfianza del juez francés, pero un acta irregular, contradictoria o tardía sí puede hundir el expediente. Quien litiga con actas españolas debe aportarlas legalizadas o apostilladas cuando se exija, traducidas por traductor jurado y coherentes entre sí en nombres, fechas y lugares, porque la menor discordancia alimenta la sospecha de fraude documental. Y cada traducción debe presentarse como traducción, nunca entre comillas como si fuera el texto oficial francés.

Cuando el certificado es denegado, el ordenamiento ofrece un camino contencioso estructurado. La denegación de expedición puede impugnarse ante el tribunal judicial, que decide tras oír al ministerio público; la sentencia puede ordenar la expedición, como hizo el tribunal de París el 7 de mayo de 2026, o constatar la extranjería o la pérdida. La acción declarativa de nacionalidad permite pedir al juez que diga el derecho: soy francés por tal título desde tal fecha. La carga de la prueba sigue las reglas de los artículos 30 a 30-3, con el papel estelar de la posesión de estado y el muro del desuso que se examina a continuación. Los medios de prueba útiles son conocidos: actas de nacimiento y matrimonio de la cadena completa, livret de famille, certificados de nacionalidad de los ascendientes, pasaportes y documentos de identidad franceses antiguos y vigentes, inscripciones consulares y, cuando el nacimiento ocurrió fuera de Francia, la prueba de la transcripción ante el servicio central de estado civil de Nantes. Los medios inútiles también son conocidos: testimonios vagos, fotografías sin contexto, documentos españoles que prueban la nacionalidad española pero no la francesa, y documentos fabricados después de iniciado el litigio, que el juez descartará por tardíos.

B. Los dos peligros tardíos: declaración de pérdida y desuso de medio siglo

Conservar la doble nacionalidad exige conocer los dos mecanismos por los que el derecho francés puede arrebatarla en la edad adulta, porque ambos operan en silencio hasta que estallan en un control de pasaporte o una solicitud de certificado. El primero es la pérdida por adquisición voluntaria seguida de declaración expresa del artículo 23 ya citado, con su triple candado: solo afecta al mayor de edad, que reside habitualmente en el extranjero y adquiere voluntariamente la nacionalidad extranjera, y aun entonces solo si declara expresamente que pierde la francesa. El francés residente en Francia que adquiere la nacionalidad española no entra en el supuesto por falta de residencia en el extranjero, y nadie pierde por un formulario ambiguo o una casilla marcada por error. El peligro real, en la práctica franco-española, no es tanto este artículo como la confusión con el derecho del otro Estado, que puede prever la pérdida de su propia nacionalidad por adquisición voluntaria de otra si no se formula a tiempo una declaración de conservación ante sus propias autoridades. La verificación debe hacerse dos veces y ante dos ventanillas: la francesa para la nacionalidad francesa y la española para la nacionalidad española. Y para quien hubiera perdido la nacionalidad francesa, el artículo 24 prevé la reintegración por decreto o por declaración según los casos, de modo que la pérdida no siempre es irreversible. Quien no reúne las condiciones de la declaración de pérdida puede además solicitar autorización para perder la nacionalidad por decreto, el procedimiento de liberación de los vínculos de lealtad, sometido a condiciones estrictas.

El segundo mecanismo es la pérdida por desuso, la désuétude, y es el que más nacionalidades dormidas destruye en las familias instaladas fuera de Francia durante generaciones. Sus dos textos deben leerse juntos. El artículo 30-3 dispone que quien reside o residió habitualmente en el extranjero, donde los ascendientes de quienes trae por filiación su nacionalidad permanecieron fijados durante más de medio siglo, no será admitido a probar que tiene por filiación la nacionalidad francesa si él mismo y el progenitor que pudo transmitírsela no tuvieron la posesión de estado de francés, y que el tribunal deberá en tal caso constatar la pérdida en los términos del artículo 23-6. El artículo 23-6 permite constatar por sentencia la pérdida cuando el interesado, francés de origen por filiación, carece de la posesión de estado y nunca tuvo su residencia habitual en Francia, si los ascendientes tampoco tuvieron posesión de estado ni residencia en Francia desde hace medio siglo. En español llano: una familia francesa instalada fuera de Francia durante más de cincuenta años, que no usa documentos franceses ni vive como francesa, pierde jurídicamente la nacionalidad aunque la sangre sea francesa, y el nieto que despierta un día no puede probar lo que sus padres y abuelos dejaron extinguir.

La Corte de Casación delimitó este régimen en su sentencia de 28 de febrero de 2018, recurso número 17-14.239, que casa una sentencia de la corte de apelación de París. El demandante había accionado por la nacionalidad francesa de su madre, reconocida francesa por sentencia definitiva de 2015, y la corte de apelación había constatado su pérdida por desuso. La Casación anula por violación de los textos: la corte debió examinar si la madre tuvo una posesión de estado de francesa desde la sentencia que la reconoció como tal, en lugar de ignorarla, y recuerda que los únicos elementos invocados para establecer esa posesión, todos posteriores a la sentencia de pérdida, no podían tenerse en cuenta para anular retroactivamente sus efectos, sin que quepa regularización en curso de procedimiento. La doctrina es doble y directamente operativa. Por un lado, una sentencia declarativa de nacionalidad del progenitor cuenta como posesión de estado desde su fecha y debe ser examinada; ignorarla es motivo de casación. Por otro lado, fabricar a posteriori una posesión de estado cuando el juicio de pérdida ya está en marcha no sirve: los documentos deben ser anteriores y constantes. Para la doble nacionalidad franco-española, la moraleja es conservar desde siempre y sin interrupción los signos de la nacionalidad francesa, pasaporte, documento de identidad e inscripción consular, porque el día en que se discute la nacionalidad ya es tarde para empezar a parecer francés.

Quedan dos advertencias finales para cerrar el círculo de la conservación. La primera concierne al matrimonio: el extranjero que contrae matrimonio con un cónyuge francés puede adquirir la nacionalidad por declaración tras cuatro años de matrimonio, plazo elevado a cinco en ciertos casos de residencia discontinua, según el artículo 21-2 del Código civil, siempre que no haya cesado la comunidad de vida afectiva y material y el cónyuge francés haya conservado su nacionalidad. El joven binacional que un día se case con una persona española y funde su familia en España transmitirá a su vez la nacionalidad francesa a sus hijos por el artículo 18, reiniciando el ciclo, siempre que su propia nacionalidad esté intacta y documentada. La segunda advertencia concierne a los hijos: cada nacimiento, cada matrimonio y cada cambio de nombre debe transcribirse y declararse con prontitud, porque la doble nacionalidad no se hereda por inercia sino que se transmite por actos registrados. La doble nacionalidad es un patrimonio jurídico que se administra: se inventaría con el certificado, se mantiene con documentos vigentes y se defiende, cuando se discute, con una acción declarativa completa y coherente.

Conclusión

El hijo de francés nacido en España es francés desde su nacimiento por filiación, puede conservar además la nacionalidad española y dispone, si solo uno de sus progenitores es francés, de una ventana breve para repudiar la francesa entre los diecisiete años y medio y los diecinueve, conforme al artículo 18-1. Pasado ese plazo sin repudiar, la nacionalidad se consolida; así lo confirman los artículos 17, 18 y 22 del Código civil y la página oficial verificada el 19 de junio de 2025. Pero la filiación debe probarse eslabón por eslabón, el certificado de nacionalidad de los artículos 31 y 31-2 exige una cadena documental coherente y la posesión de estado constante de los artículos 30 a 30-2 debe poder demostrarse cuando se discute, como recuerdan las sentencias de la Corte de Casación de 28 de febrero de 2018 y de 30 de septiembre de 2020 y la sentencia del tribunal judicial de París de 7 de mayo de 2026. Y el medio siglo de instalación en el extranjero sin vida francesa de los artículos 23-6 y 30-3 extingue lo que no se cuidó. Quien prepara hoy su expediente, tenga diecisiete o setenta años, debe reunir la cadena completa de estado civil, solicitar el certificado ante el servicio competente, conservar vigentes sus documentos franceses y, si el certificado es denegado, accionar ante el juez con pruebas anteriores y constantes en lugar de fabricarlas a posteriori. La nacionalidad francesa del binacional no se presume ni se negocia: se demuestra.

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