En México, la búsqueda «línea telefónica» crece en estos días, acompañada de preguntas muy concretas: cómo hacer el registro de la línea con la CURP, hasta qué fecha, qué pasa si no se registra a tiempo y cómo saber si hay una línea a nombre propio. La obligación viene de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025, y de los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Según el calendario fijado por la modificación de esos lineamientos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2026, las líneas móviles cuyo número termina en 7 deben quedar vinculadas a su titular a más tardar el 30 de noviembre de 2026; las que terminan en 8, el 15 de diciembre de 2026, y las que terminan en 9, el 31 de diciembre de 2026. Vencida la fecha, el proveedor debe deshabilitar la línea en un plazo no mayor a 72 horas. A partir de ahí, la línea solo sirve para llamar a los números de emergencia y de atención ciudadana o al propio proveedor, y para recibir alertas oficiales.
Este texto expone el derecho federal mexicano de las telecomunicaciones, aplicable en todo el país, tal como se lee a 21 de noviembre de 2026. La metodología es de alcance general y no sustituye el examen de cada situación concreta. Se trata de una información sobre derecho extranjero, redactada por Hassan Kohen, abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París, que no ejerce en México.
I. Línea telefónica, registro y fechas: lo que exige hoy la ley mexicana
A. Línea telefónica registro fechas: el calendario que rige hasta el 31 de diciembre de 2026
La regla de fondo está en la ley y no en una decisión comercial de las compañías. El artículo 103 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión dispone que los concesionarios que operan redes públicas de telecomunicaciones con servicio móvil «únicamente podrán activar y mantener activo el servicio de aquellas líneas que estén asociadas a usuarios finales que hayan presentado una identificación oficial», conforme a los lineamientos que emita la Comisión. El mismo artículo precisa que la identificación debe contener la CURP para las personas físicas y el RFC para las personas morales, y que las personas extranjeras pueden identificarse con su nombre, su país de origen y su número de pasaporte. El artículo 164, fracción III, impone la misma obligación a las comercializadoras, es decir, a las empresas que venden servicio móvil usando la red de un concesionario sin serlo ellas mismas. Para el usuario, la consecuencia es idéntica sea cual sea el tipo de proveedor que le presta el servicio.
La ley también fijó desde el principio la sanción para quien no se identifique. El artículo trigésimo transitorio del decreto que expidió la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión ordenó a la Comisión emitir los lineamientos de identificación con un calendario de implementación y añadió que, una vez concluida esa implementación, «toda línea que no se encuentre asociada a un usuario final identificado será suspendida, y solamente podrá ser utilizada para realizar llamadas a números de emergencia y atención ciudadana». La ley no habla de cancelar el número ni de darlo de baja: habla de suspender el servicio. Esa diferencia es la que explica, más adelante, que una línea deshabilitada pueda recuperarse.
Los lineamientos que desarrollan esa obligación fueron aprobados por el Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones el 8 de diciembre de 2025 y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2025. Su artículo sexto transitorio fijaba una sola fecha de corte para todas las líneas que no estuvieran vinculadas a un titular. Según los considerandos de la modificación posterior, esa fecha caía el 30 de junio de 2026, y aplicarla a todas las líneas pendientes el mismo día podía sobrecargar la señalización de las redes.
Por esa razón, el Pleno aprobó el 25 de junio de 2026 el Acuerdo P/CRT/EXT/25062026/084, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2026 y en vigor desde ese mismo día. Su transitorio segundo sustituye la fecha única por un calendario escalonado según el último dígito del número de la línea móvil:
- número terminado en 0: 15 de agosto de 2026;
- número terminado en 1: 31 de agosto de 2026;
- número terminado en 2: 15 de septiembre de 2026;
- número terminado en 3: 30 de septiembre de 2026;
- número terminado en 4: 15 de octubre de 2026;
- número terminado en 5: 31 de octubre de 2026;
- número terminado en 6: 15 de noviembre de 2026;
- número terminado en 7: 30 de noviembre de 2026;
- número terminado en 8: 15 de diciembre de 2026;
- número terminado en 9: 31 de diciembre de 2026.
El mismo transitorio precisa que la deshabilitación se realizará en un plazo no mayor a 72 horas posteriores a la fecha que corresponde a cada dígito. Para un número que termina en 7, la línea puede seguir funcionando el 30 de noviembre de 2026 y quedar deshabilitada en cualquier momento de los tres días siguientes. Conviene leer bien ese margen: es el tiempo máximo que tiene el proveedor para ejecutar la medida, no un periodo de gracia del que pueda disponer el usuario. Quien quiera conservar el servicio sin interrupción debe terminar la vinculación antes de que acabe el día que le corresponde.
El acuerdo de junio también reforzó los avisos. Los proveedores deben enviar un SMS a todas las líneas habilitadas que sigan sin vincular dos veces por semana mientras no se haga el trámite, y todos los días durante los siete días previos al vencimiento del plazo de cada dígito. El mensaje indica la fecha límite y el enlace a la plataforma del proveedor. Una vez vencido el plazo, un último SMS debe anunciar que el servicio será deshabilitado dentro de las 72 horas siguientes. Para quien tiene un número terminado en 7, los avisos diarios corresponden a la última semana de noviembre.
Tres precisiones evitan confusiones frecuentes. La primera: la obligación alcanza a todas las líneas móviles, de prepago y de pospago, porque los lineamientos definen la vinculación como requisito para habilitar o mantener habilitada cualquier línea y obligan al proveedor a habilitar el servicio únicamente para las líneas vinculadas a un titular. La segunda: el calendario se aplica por número, no por persona; quien tiene varias líneas con terminaciones distintas tiene varias fechas límite. La tercera: a la fecha de este artículo, ningún texto oficial leído para su redacción modifica el calendario del 30 de junio de 2026; cualquier nueva prórroga tendría que publicarse en el Diario Oficial de la Federación para producir efectos.
B. Qué pasa si no registro mi línea telefónica: deshabilitación, no cancelación
Los lineamientos distinguen con cuidado entre la línea habilitada, que tiene servicio porque está vinculada a un titular, y la línea deshabilitada, que queda sin servicio por no estar vinculada o porque su titular la desvinculó. Esa es la situación de una línea con terminación 7 que no se vincule antes del 30 de noviembre de 2026. No es una baja definitiva del número, sino una pérdida del servicio que el propio texto permite revertir.
Lo que sigue funcionando está enumerado de forma limitativa. Una línea deshabilitada solo puede recibir mensajes de emergencia a través del protocolo de alerta común, llamar a los números de emergencia y de atención ciudadana y llamar al sistema de atención de su proveedor. Los lineamientos identifican esos números: 074, 079, 088, 089 y 911. La ley, por su parte, obliga a los concesionarios en su artículo 102, fracción XI, a «Prestar sin costo para sus usuarios finales los servicios de llamadas a los números de emergencia» y de atención ciudadana que defina el Ejecutivo Federal, según la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Fuera de esas excepciones, el texto no prevé ni llamadas ordinarias, ni mensajes, ni datos. En la práctica, eso significa que una línea deshabilitada deja de recibir también los mensajes ordinarios, incluidos los códigos de verificación que muchos servicios bancarios o administrativos envían por SMS. Quien usa su número para entrar a su banca en línea o para validar trámites debe tenerlo presente antes de dejar pasar la fecha.
La línea deshabilitada se puede recuperar. El último párrafo del artículo sexto transitorio de los lineamientos prevé que las líneas deshabilitadas «podrán ser habilitadas nuevamente por los Titulares» durante su ciclo de vida, siempre que se cumplan los requisitos de la ley y de los propios lineamientos. Dicho de otro modo, la solución después del corte es la misma que antes: hacer la vinculación con una identificación oficial válida. Eso vale también para las personas cuyo número termina en 0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6 y cuya línea ya fue deshabilitada en las fechas anteriores del calendario.
El límite está en la expresión «ciclo de vida». Los lineamientos la definen como los plazos que cada proveedor fija para las distintas etapas operativas de una línea. El texto no establece un plazo uniforme para todo el país: deja que cada compañía lo determine. Por eso, la pregunta de cuánto tiempo se conserva un número deshabilitado antes de perderlo no tiene una respuesta legal única. Depende de las condiciones del proveedor, que deben estar publicadas y, en el caso de los contratos de adhesión, registradas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), como exige el artículo 187 de la ley. Quien tenga un número al que esté ligado algo importante, como una cuenta bancaria, un negocio o un trámite oficial, no debería apostar por recuperarlo tarde.
El trámite no puede cobrarse. Los lineamientos obligan a los proveedores a abstenerse de realizar cobros por la vinculación, la desvinculación o la consulta de líneas, y a permitir el acceso y la navegación en sus plataformas de gestión y de consulta sin importar el esquema de contratación, la modalidad del servicio o el saldo de la línea. Una línea sin saldo, por tanto, no es un obstáculo legal para hacer el registro. Cualquier intento de cobrar por el trámite, o de condicionarlo a una recarga, contradice el texto publicado el 9 de diciembre de 2025.
Quedan dos preguntas económicas que los lineamientos no resuelven de forma expresa. La primera es la del plan de pospago. Los lineamientos no dicen qué ocurre con la factura mientras la línea está deshabilitada por falta de vinculación. Sí dicen, en su artículo 28, que la desvinculación voluntaria de una línea no implica la terminación ni la suspensión de las obligaciones contractuales del titular con su proveedor. Lo prudente es partir de la misma idea: el contrato sigue vigente salvo que se rescinda, y lo que se debe durante la deshabilitación depende de sus cláusulas. La ley reconoce en el artículo 185, fracción XI, el derecho a rescindir el servicio o cambiar de plan de forma anticipada pagando, en su caso, únicamente el costo remanente del equipo.
La segunda pregunta es la del saldo de prepago. Los lineamientos tampoco regulan el destino del saldo de una línea deshabilitada. La ley ofrece una regla general útil: según el artículo 185, fracción XVI, de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el usuario tiene derecho «A que, en los servicios móviles de prepago, el saldo no consumido a la fecha de su expiración, le sea abonado en las recargas que se lleven a cabo dentro del año siguiente a dicha fecha». Conservar los comprobantes de recarga es la mejor manera de hacer valer ese derecho si el saldo desaparece después de un corte.
II. Vincular la línea telefónica con CURP y reclamar si algo falla
A. Registrar línea telefónica con CURP: documentos, modalidades y casos especiales
Para una persona física, el registro exige una identificación oficial vigente. Los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles la definen como un documento expedido por una autoridad federal, con CURP y fotografía, y enumeran tres: la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral, el pasaporte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Documento Nacional de Identificación del Registro Nacional de Población. El proveedor valida la CURP ante el Registro Nacional de Población. Una identificación vencida, o sin CURP, no cumple los requisitos de este trámite.
El registro puede hacerse de dos formas, a elección de la persona. En la modalidad presencial, el titular acude a un centro de atención del proveedor, que debe mostrarle el aviso de privacidad, pedirle su identificación, validar la CURP e informarle del resultado. En la modalidad remota, la vinculación se hace en la plataforma de gestión del proveedor, que además exige una prueba de vida para comprobar que quien hace el trámite es la persona de la identificación. La plataforma permite hasta tres intentos para una misma línea; si los tres fallan, la vinculación no se tiene por hecha y el proveedor debe invitar al titular a contactar su sistema de atención para iniciar un nuevo proceso. En ambos casos, cuando la validación es exitosa, se genera un folio con fecha y hora y se habilitan los servicios contratados. Ese folio es la prueba del registro: conviene guardarlo, con una captura de pantalla o el SMS de confirmación.
Los lineamientos distinguen al titular, que es la persona a cuyo nombre queda vinculada la línea, del usuario, que es quien la utiliza. Toda línea debe estar vinculada a un titular y puede vincularse, además, a un único usuario. Desde la modificación de junio de 2026, ambos deben ser mayores de edad. La consecuencia práctica es clara: la línea de un hijo menor se vincula a nombre de uno de sus padres, o de otro adulto, como titular. Del mismo modo, el teléfono que una empresa entrega a un empleado puede quedar a nombre de la empresa, como titular, con el empleado como usuario.
Una persona física puede vincular hasta diez líneas. Ese límite no se aplica a las personas morales ni a las personas físicas con actividad empresarial, que deben acreditar esa calidad con su constancia de situación fiscal. El octavo transitorio exceptúa además a quienes ya tenían diez o más líneas de pospago a su nombre cuando entraron en vigor los lineamientos.
Las personas morales registran sus líneas con el RFC. Su representante legal debe presentar un documento con la razón social y el RFC de la empresa, que el proveedor valida ante el Servicio de Administración Tributaria, su propia identificación oficial vigente y el documento que acredite su representación. En la versión original de los lineamientos, ese registro solo podía hacerse en forma presencial. Desde el 30 de junio de 2026 puede hacerse también de forma remota, y los proveedores deben habilitar mecanismos para recibir y validar previamente la documentación del representante. Los entes públicos siguen un esquema parecido, con el nombramiento y las atribuciones de la persona servidora pública que hace el trámite.
Las personas extranjeras tienen sus propias reglas. Desde la modificación de junio de 2026, pueden identificarse con su pasaporte, con la CURP para extranjeros o con una tarjeta de visitante o de residente que contenga CURP, expedida por el Instituto Nacional de Migración. El proveedor solo registra su nombre, su país de origen, su número de pasaporte o su CURP, el número telefónico y el resultado de la validación. Para quienes usan en México una línea extranjera en itinerancia internacional, el noveno transitorio dejó a la Comisión la tarea de definir más adelante los mecanismos de vinculación; esos mecanismos no figuran en los textos leídos para este artículo, que solo tratan de las líneas con numeración mexicana.
Dos situaciones particulares merecen atención. Si alguien cambia de compañía conservando su número, la portabilidad no lo exime del registro: una vez ejecutada, el nuevo proveedor debe pedir al titular la vinculación. Y en caso de emergencia o desastre comunicado por la autoridad, los proveedores deben habilitar sin vinculación las líneas nuevas que se encuentren en la zona afectada, durante quince días o el plazo que fije la Comisión. Los lineamientos prevén además que los proveedores asistan, cuando lo pidan, a las personas con discapacidad y a las personas de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
El calendario de vinculación también es una oportunidad para los fraudes, y los lineamientos dan dos pistas para reconocerlos. Primero, el SMS que invita a vincular la línea debe identificar como remitente el nombre comercial del proveedor, y el enlace debe seguir el formato que fija el artículo 23 de los lineamientos, con la dirección del sitio de la compañía terminada en «vinculatulinea». Un mensaje que remita a otra dirección, o que llegue desde un número desconocido, merece desconfianza. Segundo, el artículo 44 prohíbe a los proveedores conservar datos biométricos, fotografías, copias de la identificación oficial o cualquier otro documento del titular. El proveedor solo resguarda el nombre, la CURP o el RFC, el número telefónico, el tipo de identificación, el folio y el resultado de la validación. Como el trámite se hace en un centro de atención o en la plataforma de gestión del propio proveedor, ninguna disposición prevé que la foto de una credencial se envíe por mensajería a un supuesto agente para registrar una línea.
B. Cómo saber si hay una línea telefónica a mi nombre y cómo reclamar
Muchas búsquedas preguntan cómo saber si alguien registró una línea a nombre propio. Los lineamientos obligan a cada proveedor a ofrecer una plataforma de consulta en la que, con la CURP o el RFC, cualquier persona puede ver las líneas vinculadas a su nombre. Por seguridad, la plataforma muestra solo los últimos cuatro dígitos de cada número, junto con el nombre comercial del proveedor que lo tiene asignado y el enlace a su plataforma de gestión. Las plataformas de consulta no deben almacenar datos personales.
Si aparece una línea que no se reconoce, la respuesta es la desvinculación. El artículo 26 de los lineamientos obliga a los proveedores a desvincular una línea a solicitud expresa del titular o del usuario, de forma inmediata. En la modalidad remota, el proveedor muestra el aviso de privacidad, pide la identificación oficial, valida la identidad y solicita una prueba de vida y la confirmación expresa de la voluntad de desvincular. La modificación de junio de 2026 añadió dos garantías: la plataforma solo debe mostrar los últimos cuatro dígitos de las líneas vinculadas a una persona, y no puede exigir que se escriba el número completo, que se valide una clave de un solo uso ni ningún otro requisito que obstaculice la desvinculación. Tras tres intentos fallidos consecutivos, el titular debe esperar quince minutos antes de volver a intentarlo. Si el trámite se hace en un centro de atención, el personal del proveedor debe acompañar a la persona en ese mismo procedimiento. Al terminar, se genera un folio con fecha y hora.
Los efectos de la desvinculación dependen de quién la pide. Cuando la pide el titular, la línea queda deshabilitada de inmediato, con las mismas excepciones de emergencia descritas antes. Cuando la pide el usuario, solo se rompe su propio vínculo y la línea sigue habilitada a nombre del titular. En caso de fallecimiento del titular o del usuario, la desvinculación solo puede hacerse en forma presencial, con el acta de defunción.
Una línea registrada a nombre de otra persona plantea también una cuestión de datos personales. Los lineamientos remiten expresamente a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, publicada el 20 de marzo de 2025, y declaran confidencial la información recabada para la vinculación y la desvinculación. Esa ley reconoce los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, conocidos como derechos ARCO. Su artículo 24 dispone que «La persona titular tendrá en todo momento el derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales» de los archivos y sistemas del responsable. La solicitud debe contener el nombre del titular y un medio para recibir notificaciones, los documentos que acrediten su identidad, la descripción de los datos y del derecho que se ejerce. El responsable tiene veinte días para comunicar su respuesta y, si procede, quince días más para hacerla efectiva, plazos que pueden ampliarse una vez por un periodo igual. Si la respuesta no satisface al titular, puede presentar una solicitud de protección de datos ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dentro de los quince días siguientes a la respuesta.
Esos derechos tienen límites que conviene conocer antes de usarlos. La misma ley prevé que el responsable no está obligado a cancelar datos que deban tratarse por disposición legal, y su artículo 26 precisa, según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, que «No procederá el ejercicio del derecho de oposición en aquellos casos en los que el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal impuesta al responsable». El registro de la propia línea es una de esas obligaciones legales: no se puede exigir al proveedor que borre la CURP de una línea que se quiere seguir usando. En cambio, la línea que alguien vinculó sin consentimiento se ataca primero con la desvinculación y, si los datos siguen tratándose sin fundamento, con la cancelación.
El otro gran motivo de reclamación es el fallo de las plataformas. Los lineamientos obligan a los proveedores a contar con mecanismos alternativos temporales cuando su plataforma de gestión no está disponible. Si una falla por caso fortuito o fuerza mayor dura más de tres horas, el proveedor debe avisar a la Comisión en un plazo no mayor a doce horas e informar de la falla en la página de ingreso a la plataforma mientras no se resuelva. Las ventanas de mantenimiento deben anunciarse con veinticuatro horas de anticipación. Quien intenta vincular su línea en los últimos días del plazo y no lo consigue debe documentarlo todo: capturas de pantalla con fecha y hora, mensajes de error, folios de los intentos y números de reporte del sistema de atención. Esas pruebas son las que permitirán demostrar después que la falta de registro no le era imputable.
Si la línea se deshabilita pese a una vinculación hecha a tiempo, o porque el proveedor no ofreció un medio funcional para hacerla, el usuario puede invocar sus derechos de consumidor. La Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión reconoce en el artículo 185, fracción XIII, el derecho «A la bonificación o descuento por fallas en el servicio o cargos indebidos, imputables al concesionario o autorizado», conforme a los contratos o cuando así lo determine la autoridad competente. El mismo artículo encarga a la PROFECO monitorear, vigilar, proteger, conciliar y representar a los usuarios frente a los concesionarios y autorizados de telecomunicaciones.
La Ley Federal de Protección al Consumidor completa ese régimen. Su artículo 92 Bis establece que «Los consumidores tendrán derecho a la bonificación o compensación cuando la prestación de un servicio sea deficiente, no se preste o proporcione por causas imputables al proveedor», y su artículo 92 Ter fija que esa bonificación no podrá ser menor al veinte por ciento del precio pagado, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios que pueda corresponder. La queja ante la PROFECO puede presentarse por escrito, de forma oral, por teléfono o por medios electrónicos, y debe señalar el nombre y domicilio del reclamante, la descripción del servicio y de los hechos, los datos del proveedor y la forma en que se pide desahogar la reclamación, según el artículo 99. La Procuraduría cita después a una audiencia de conciliación, que debe celebrarse por lo menos cuatro días después de la notificación de la reclamación al proveedor.
Estas vías pertenecen al derecho de los contratos y del consumo, en el que la prueba documental decide casi siempre el resultado. Por eso, en un expediente de este tipo, el orden de las piezas importa: el folio de vinculación o los intentos fallidos documentados, el contrato o las condiciones del plan, los comprobantes de pago o de recarga, los SMS recibidos y las respuestas del sistema de atención. A falta de bonificación voluntaria, esas piezas sostienen la queja ante la PROFECO. Por su parte, el incumplimiento de los lineamientos por parte de un proveedor puede ser sancionado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones en los términos de la ley, y la Comisión verifica su cumplimiento sin previo aviso a los proveedores.
Conclusión
En México, el registro de la línea telefónica con la CURP es una obligación legal que deriva del artículo 103 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de los lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Con el calendario publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2026, las líneas que terminan en 7 deben vincularse a más tardar el 30 de noviembre de 2026, las que terminan en 8 el 15 de diciembre de 2026 y las que terminan en 9 el 31 de diciembre de 2026. El proveedor dispone después de 72 horas como máximo para deshabilitar las líneas que sigan sin vincular.
No registrar la línea no cancela el número, pero lo deja sin servicio, salvo las llamadas a los números de emergencia y de atención ciudadana, las llamadas al proveedor y las alertas oficiales. La línea puede habilitarse de nuevo con el mismo trámite mientras dure el ciclo de vida que fija cada proveedor, y ese trámite no puede cobrarse. Quien no reconozca una línea a su nombre puede pedir su desvinculación inmediata. Quien pierda el servicio por una falla atribuible al proveedor puede reclamar una bonificación ante la PROFECO, con los folios y las pruebas de sus intentos. Las próximas fechas del calendario son el 30 de noviembre, el 15 de diciembre y el 31 de diciembre de 2026.