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Menor acogido o tutelado en Francia: declaración de nacionalidad (artículo 21-12), prueba de la edad y recurso si deniegan el registro (2026)

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Fuente: Tribunal de Casación – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Colegio de Abogados de París Detención policial, instrucción, tribunal con jurado Ficha CNB avocat.fr
Hassan Kohen, abogado de extranjería en París
Hassan KOHEN
Abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París

Menor acogido o tutelado en Francia: declaración de nacionalidad (artículo 21-12), prueba de la edad y recurso si deniegan el registro (2026)

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Un menor extranjero acogido en Francia por un ciudadano francés o confiado al servicio de protección de menores puede convertirse en francés antes de cumplir los dieciocho años sin pasar por la naturalización por decreto. La vía se llama declaración de nacionalidad y está abierta por el artículo 21-12 del Código civil. Sobre el papel parece sencilla: residir en Francia, ser menor de edad y justificar tres años de acogida o de tutela. En la práctica, dos filtros tumban la mayoría de los expedientes: el cómputo exacto de esos tres años, que no empieza cuando muchos creen, y la prueba de la identidad y de la edad con documentos de estado civil extranjeros. Este artículo explica qué vía corresponde a cada situación, cómo contar el plazo día a día, qué papeles preparar y qué recurso existe si el registro de la declaración es denegado.

En francés, el servicio de protección de menores se llama Aide sociale à l’enfance, abreviado ASE. Es un servicio del département (la provincia francesa) que acoge a los menores en peligro o no acompañados por decisión del juez de menores (juge des enfants) o del fiscal. La declaración de nacionalidad (déclaration de nationalité) es el trámite por el que una persona que ya cumple las condiciones legales reclama la calidad de francés; no es una solicitud graciosa como la naturalización por decreto, sino el ejercicio de un derecho cuando se reúnen los requisitos. El registro (enregistrement) es el acto por el que la autoridad comprueba esas condiciones y las inscribe; sin registro válido, la declaración es nula.

I. Quién puede reclamar la nacionalidad y desde cuándo se cuentan los tres años

A. Las tres vías del artículo 21-12: adopción simple, niño recogido y niño confiado a la ASE

El artículo 21-12 del Código civil abre la declaración de nacionalidad, hasta la mayoría de edad y siempre que el menor resida en Francia en el momento de declarar, a tres perfiles distintos. Cada perfil tiene sus propias pruebas, y equivocarse de vía es la primera causa de denegación evitable.

La primera vía es la del niño que ha sido objeto de una adopción simple (adoption simple) por una persona de nacionalidad francesa. La adopción simple, a diferencia de la adopción plena, no rompe los vínculos con la familia de origen, pero crea un vínculo de filiación con el adoptante francés suficiente para abrir esta declaración. La única condición temporal añadida es residir en Francia en el momento de la declaración, salvo que el adoptante francés no tenga en Francia su residencia habitual, en cuyo caso se suprime incluso la exigencia de residencia del niño. Para las familias hispanohablantes que adoptan en simple a un sobrino o a un hijastro extranjero, esta es la vía natural, y conviene no confundirla con la nacionalidad por filiación, que exige un vínculo de sangre o una adopción plena y se acredita por otros medios, como el certificado de nacionalidad francesa.

La segunda vía, la más utilizada por los menores no acompañados y por los niños en peligro, tiene dos ramas alternativas: el niño que, desde hace al menos tres años, ha sido recogido (recueilli) por decisión judicial y educado (élevé) por una persona de nacionalidad francesa, o el niño que, desde hace al menos tres años, está confiado (confié) al servicio de la Ayuda Social a la Infancia. La diferencia importa mucho en la prueba. En la rama del acogimiento por un particular francés hay que demostrar dos cosas acumuladas durante tres años: una decisión de justicia que ordenó el acogimiento y una educación efectiva por esa persona francesa. En la rama de la ASE basta con justificar tres años de tutela por el servicio departamental, sin necesidad de que una familia francesa concreta haya educado al niño. Un joven llegado solo a España y después a Francia, confiado primero a una comunidad autónoma y luego a un département francés, solo puede contar el periodo francés bajo tutela de la ASE, porque la ley exige acogimiento o tutela en Francia.

La tercera vía beneficia al niño recogido en Francia y educado en condiciones que le hayan permitido recibir, durante al menos cinco años, una formación francesa (formation française), impartida por un organismo público o por un organismo privado con las características fijadas por decreto en Consejo de Estado. Aquí no se exige ni decisión judicial ni nacionalidad francesa del acogedor: lo que cuenta es la escolarización y la formación efectiva en Francia durante cinco años. Es la vía de los niños criados de hecho por familiares o allegados sin pasar por el juez, pero su prueba es exigente, porque hay que documentar cinco años completos de formación, curso por curso.

En las tres vías, dos condiciones son comunes y se verifican el día de la declaración: el declarante debe ser todavía menor de dieciocho años y debe residir en Francia en ese momento. La página oficial del servicio público francés sobre la nacionalidad del niño recogido o confiado a la ASE, verificada el 11 de diciembre de 2024, precisa que el niño debe ser menor el día de la convocatoria (convocation) ante el tribunal judicial o la cámara de proximidad para suscribir la declaración, y que debe justificar al menos tres años de acogimiento por decisión judicial y de educación por un francés (fiche F31919 de service-public.gouv.fr). Quien cumple dieciocho años antes de haber podido declarar pierde esta vía definitivamente; por eso el calendario se prepara hacia atrás desde el cumpleaños, y por eso conviene solicitar con meses de antelación la convocatoria ante el tribunal. En París y en toda la Île-de-France, donde los plazos de convocatoria pueden alargarse, ese margen es aún más importante: la declaración debe suscribirse antes de la medianoche del día anterior al decimoctavo cumpleaños, y el día de la convocatoria el interesado ya debe tener el expediente probatorio completo.

B. El cómputo de los tres años empieza con la decisión del juez, no con la primera evaluación

El error más frecuente y más caro consiste en contar los tres años desde la primera evaluación social o desde la llegada a Francia. La cour d’appel de Rennes lo ha dicho con una claridad que conviene memorizar: en su sentencia del 6 de julio de 2026 (recurso número 24/00635), la corte confirma que el punto de partida del plazo de tres años de tutela es la fecha en la que el niño es confiado al servicio de la Ayuda Social a la Infancia, sin ambigüedad posible. En aquel caso, el joven sostenía que el plazo debía calcularse desde la evaluación socioeducativa del 7 de junio de 2017, mientras que la directora de los servicios judiciales y después el tribunal lo contaban desde la decisión del 20 de diciembre de 2017 por la que el juez de menores de Nantes lo confió al consejo departamental de Loira Atlántico sobre el fundamento del artículo 375 del Código civil. La corte de apelación dio la razón a la administración y al tribunal: solo cuenta la fecha de la decisión judicial de tutela, y confirmó en todas sus disposiciones la sentencia que había validado la denegación del registro.

La lección práctica es triple. Primero, hay que identificar el documento exacto que abre el plazo: la sentencia u orden del juez de menores que confía al niño al consejo departamental, o la orden de tutela (tutelle) posterior. Una evaluación, un informe de una asociación, una acogida de urgencia sin decisión judicial o una tutela en otro país no abren el cómputo. Segundo, hay que verificar la continuidad: el texto exige tres años de tutela, de modo que toda interrupción, fuga prolongada o retorno al país de origen puede romper la cuenta, y la administración lo comprobará en el expediente de la ASE. Tercero, hay que distinguir la tutela de la simple escolarización: un niño escolarizado tres años pero confiado a la ASE solo desde hace dos no cumple la segunda vía, aunque quizá pueda orientarse hacia la tercera vía de los cinco años de formación francesa si reúne ese otro plazo.

Para un joven tutelado que se acerca a la mayoría de edad, la declaración de nacionalidad y la tarjeta de residencia de joven mayor (jeune majeur) avanzan en paralelo pero no se confunden. La tarjeta de residencia protege el derecho a permanecer en Francia al cumplir dieciocho años; la declaración del artículo 21-12 da la nacionalidad misma, que hace innecesaria cualquier tarjeta. Quien ya ha consultado la guía sobre qué ocurre al cumplir dieciocho años siendo tutelado por la ASE, denegación de la tarjeta y recurso contra la OQTF (menor tutelado y tarjeta al cumplir 18 años) debe saber que ambos expedientes se preparan con las mismas pruebas de tutela, pero ante autoridades distintas y con calendarios distintos: la prefectura para la residencia, el tribunal judicial para la nacionalidad. Perder uno no hace perder automáticamente el otro, y ganar la nacionalidad apaga el litigio de extranjería, porque un francés no puede recibir una obligación de abandonar el territorio.

Conviene añadir una advertencia sobre el riesgo de esperar. El joven extranjero que cumple dieciocho años sin tarjeta de residencia y sin nacionalidad reconocida puede recibir una obligación de abandonar el territorio francés (obligation de quitter le territoire français, OQTF), puesto que la ley permite obligar a abandonar Francia al extranjero que se mantiene en el territorio sin un título de residencia en vigor o al que se le ha denegado un título (artículo L611-1 del CESEDA). Por eso la declaración de nacionalidad del menor tutelado nunca debe prepararse sola: forma parte de una estrategia de conjunto con la renovación o la primera solicitud de tarjeta en la prefectura, y cada denegación de un lado alimenta las pruebas del otro.

II. Declarar ante el tribunal, probar la identidad y recurrir si deniegan el registro

A. Dónde se declara, qué resguardo se obtiene y qué juez controla la denegación

Salvo las declaraciones por matrimonio con un francés y unas pocas declaraciones vecinas, que se reciben en vía administrativa, las demás declaraciones de nacionalidad, incluidas las del artículo 21-12, se reciben por el director de los servicios de secretaría judicial (directeur des services de greffe judiciaires) del tribunal judicial, o por el cónsul si se suscriben en el extranjero, y sus formas se fijan por decreto en Consejo de Estado (artículo 26 del Código civil). Después de entregar las piezas necesarias para probar la admisibilidad (recevabilité) de la declaración, se expide un resguardo (récépissé). Ese resguardo es mucho más que un papel: es el punto de partida del plazo dentro del cual la autoridad debe responder, y la prueba de que el expediente estaba completo en una fecha cierta.

Toda declaración de nacionalidad debe, bajo pena de nulidad, ser registrada: por el director de los servicios de secretaría judicial del tribunal judicial para las declaraciones suscritas en Francia, o por el ministro de Justicia para las suscritas en el extranjero (artículo 26-1 del Código civil). El registro no es un favor ni una decisión discrecional: es la comprobación de que se cumplen las condiciones legales. Si las condiciones se cumplen, la declaración debe registrarse; si no se cumplen, debe denegarse de forma motivada.

Cuando la autoridad estima que no se cumplen las condiciones legales, el ministro o el director de los servicios de secretaría judicial deniega el registro. Su decisión motivada se notifica al declarante, que puede impugnarla ante el tribunal judicial en un plazo de seis meses (artículo 26-3 del Código civil). Tres precisiones de ese mismo texto cambian la vida de los expedientes de menores. Primera, la acción puede ejercerla personalmente el menor desde los dieciséis años, de modo que un joven de dieciséis o diecisiete años no depende de su tutor para llevar la denegación ante el juez. Segunda, la decisión de denegación del registro debe adoptarse como máximo seis meses después de la fecha en la que se entregó al declarante el resguardo que acredita la entrega de todas las piezas necesarias para probar la admisibilidad; pasado ese plazo sin respuesta, el silencio no equivale a un registro, pero el retraso queda documentado y puede invocarse ante el juez. Tercera, el pleito se desarrolla ante el tribunal judicial, es decir, ante el juez ordinario (juge judiciaire) y no ante el tribunal administrativo: el contencioso de la nacionalidad por declaración pertenece al orden judicial, con sus propias reglas de prueba y de procedimiento.

Una vez registrada, la adquisición produce un efecto de estado civil visible: se hará mención, al margen del acta de nacimiento, de los actos administrativos y de las declaraciones que tengan por efecto la adquisición de la nacionalidad francesa, así como de toda primera expedición de certificado de nacionalidad francesa y de las decisiones judiciales relativas a esta nacionalidad (artículo 28 del Código civil). Esa mención marginal es la que permitirá después obtener el certificado de nacionalidad francesa (certificat de nationalité française), el documento que prueba la nacionalidad ante la prefectura, el empleador o la administración. Quien necesite entender cómo se pide ese certificado, qué pruebas de filiación y de posesión de estado exige y cómo recurrir si es denegado encontrará el detalle en la guía sobre el certificado denegado por falta de pruebas (certificado de nacionalidad denegado).

En cuanto a la prueba, la regla de partida es severa: la carga de la prueba en materia de nacionalidad francesa incumbe a aquel cuya nacionalidad está en cuestión, aunque esa carga se desplaza a quien discute la calidad de francés de quien ya posee un certificado de nacionalidad expedido conforme a los artículos 31 y siguientes (artículo 30 del Código civil). En la práctica del artículo 21-12, esto significa que el menor debe probar su minoría de edad, su residencia en Francia, su tutela o acogimiento durante tres años y su identidad. Ninguna de esas pruebas se presume: cada una se documenta, y la más frágil suele ser la identidad, porque depende de documentos de estado civil del país de origen.

En París, la declaración se suscribe ante la secretaría del tribunal judicial de París (tribunal judiciaire de Paris), en cuya demarcación residen la mayoría de los menores tutelados por la ASE parisina. Conviene pedir cita con antelación, llevar originales y copias de todo el expediente de tutela, y exigir el resguardo de entrega completa de piezas, porque ese resguardo fija el punto de partida del plazo de seis meses de respuesta de la autoridad. Si el joven reside en un departamento de la corona parisina, la competencia sigue la regla general del domicilio: tribunal judicial del lugar de residencia, con las mismas reglas de fondo en todo el territorio francés.

B. El estado civil extranjero y la edad: una condición de fondo que puede completarse después de declarar

Muchos expedientes de menores tutelados tropiezan con la misma piedra: el acta de nacimiento extranjera se considera poco fiable, tardía, contradictoria con la edad aparente o imposible de verificar, y la administración deniega el registro por duda sobre la identidad o sobre la minoría de edad. La Cour de cassation ha puesto orden en este debate con una sentencia que todo expediente debe conocer: el 9 de julio de 2025, su primera sala civil casó y anuló en todas sus disposiciones la sentencia de la cour d’appel de Lyon del 25 de mayo de 2023 en un litigio sobre una declaración del artículo 21-12 suscrita el 28 de noviembre de 2018 y denegada el 29 de marzo de 2019 (recurso de casación número 23-23.417).

El razonamiento de la Corte, dictado tras examinar los artículos 21-12 del Código civil y 16 del decreto número 93-1362 del 30 de diciembre de 1993, es el siguiente: de esos textos resulta que puede reclamar la nacionalidad francesa, por declaración suscrita en las condiciones de los artículos 26 y siguientes, hasta su mayoría de edad y siempre que resida en Francia en el momento de declarar, el niño que desde hace al menos tres años ha sido recogido por decisión judicial y educado por un francés o está confiado a la ASE. Y aunque de los artículos 21-12 y 47 resulta que nadie puede ver reconocida la nacionalidad francesa, tampoco por esta vía, sin justificar una identidad cierta acreditada por un acta de estado civil fiable en el sentido del segundo texto, esa exigencia pertenece a las condiciones de fondo de la adquisición y no a la admisibilidad de la declaración, y se aprecia en la fecha en que se examinan esas condiciones de fondo teniendo en cuenta, en su caso, todo documento útil que haya podido aportarse con posterioridad a la declaración. Dicho de otro modo: la corte de apelación había violado los artículos 21-12 y 47 al exigir que las condiciones estuvieran reunidas el día de la declaración para poder registrarla y al negarse a tener en cuenta las actas de estado civil aportadas después.

La referencia al artículo 47 del Código civil merece una lectura atenta, porque es la regla que decide la suerte de casi todos los documentos extranjeros del expediente. Todo acto del estado civil de franceses y extranjeros otorgado en país extranjero y redactado en las formas usadas en ese país hace fe, salvo que otros actos o piezas en poder de la administración, datos exteriores o elementos extraídos del propio acto establezcan, en su caso después de todas las verificaciones útiles, que el acto es irregular, falsificado o que los hechos declarados no corresponden a la realidad, apreciada conforme a la ley francesa. La administración puede, por tanto, discutir un acta extranjera, pero debe apoyarse en elementos concretos: otros documentos, datos externos o anomalías del propio acto, y en su caso ordenar verificaciones. Una duda genérica, un prejuicio sobre el país de origen o la simple juventud aparente no bastan para descartar un acta formalmente regular.

Para el expediente práctico, la sentencia de casación abre una estrategia en dos tiempos que conviene aplicar desde el primer día. En un primer tiempo, se declara antes de la mayoría de edad con el mejor estado civil disponible, aunque sea imperfecto, para salvar el plazo y obtener el resguardo; en un segundo tiempo, se completa y se refuerza la prueba de la identidad ante el juez con todo documento útil posterior: actas renovadas y legalizadas, sentencias supletorias del país de origen, resultados de verificaciones, testimonios coherentes y expediente de tutela que confirme de forma constante la misma identidad y la misma fecha de nacimiento. Lo que no puede hacerse es lo contrario: esperar a tener el estado civil perfecto y dejar pasar el decimoctavo cumpleaños, porque la mayoría de edad cierra la vía del artículo 21-12 sin remedio.

Queda una hipótesis dolorosa que debe decirse con franqueza: cuando el tribunal judicial, tras examinar el fondo, declara que el interesado no es francés, lo dice en una sentencia que ordena además la mención marginal del artículo 28 y constata la extranjería. Así lo hizo, por ejemplo, el tribunal judicial de Lyon el 15 de enero de 2025 (asunto número 21/03445), que desestimó las peticiones de registro y de transcripción de la declaración, declaró que la interesada no era francesa y ordenó la mención prevista por el artículo 28. Esa sentencia es apelable, y la casación de 2025 muestra que las cortes de apelación se equivocan a veces al cerrar la puerta demasiado pronto; pero también muestra que el pleito se gana con documentos, no con afirmaciones. Cada acta que se aporta tarde pero se aporta puede contar, y cada mes perdido antes de la mayoría de edad no vuelve.

Conclusión

El menor acogido por un francés, adoptado en simple por un francés, recogido por decisión judicial o confiado a la ASE dispone de una verdadera vía hacia la nacionalidad francesa por declaración, sin examen de asimilación ni decreto discrecional, siempre que actúe antes de los dieciocho años. El expediente se juega en tres puntos: elegir la rama exacta del artículo 21-12 que corresponde a su historia, contar los tres años desde la decisión judicial de tutela y no desde la primera evaluación, y tratar la identidad y la edad como una condición de fondo que puede y debe reforzarse con documentos posteriores hasta el día en que el juez decide. La denegación del registro no es el final del camino: se impugna ante el tribunal judicial en seis meses, el menor puede actuar solo desde los dieciséis, y la jurisprudencia reciente exige al juez examinar todos los documentos útiles, incluidos los aportados después de declarar. Preparar a la vez la declaración de nacionalidad y la tarjeta de residencia, guardar cada decisión judicial de tutela con su fecha exacta y no dejar que el cumpleaños decida por usted son las tres reglas que separan los expedientes que prosperan de los que se pierden.

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