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Me mudé a España y vendo mi piso de Francia: ¿puedo no pagar plusvalía por mi antigua vivienda habitual?

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Fuente: Tribunal de Casación – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Colegio de Abogados de París Detención policial, instrucción, tribunal con jurado Ficha CNB avocat.fr
Hassan Kohen, abogado fiscalista en París
Hassan KOHEN
Abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París

Me mudé a España y vendo mi piso de Francia: ¿puedo no pagar plusvalía por mi antigua vivienda habitual?

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Vivía en Francia, se mudó a España y ahora quiere vender el piso francés donde vivía. La pregunta que recibe el notario es siempre la misma: ¿la venta sigue exenta como vivienda habitual, aunque yo ya viva en España? La respuesta corta es que sí puede estarlo, pero solo si se cumplen tres condiciones acumulativas y si la venta se firma antes del 31 de diciembre del año siguiente al traslado. Pasada esa fecha, la plusvalía tributa en Francia al 19 % más las cargas sociales, y solo queda un segundo mecanismo de alivio, con tope de 150 000 euros. Este artículo explica las dos vías, la prueba que exige el juez, el papel del convenio entre Francia y España y cómo reclamar si la Hacienda francesa cobra de más.

Conviene fijar desde el principio el marco. El artículo trata únicamente del derecho fiscal francés aplicable a la venta de un inmueble situado en Francia por una persona que ya vive en España. Lo que España haga después con esa misma plusvalía depende del derecho español y del convenio, y debe verificarse con un asesor competente en España; este artículo no describe el impuesto español. Las cifras y los textos citados son los vigentes y verificados en la fecha de redacción, indicada al final.

I. La exoneración total de la antigua vivienda habitual: el artículo 244 bis A

El artículo 244 bis A, I, del Código General de los Impuestos (Code général des impôts) somete por principio a un gravamen específico, llamado en francés prélèvement, las plusvalías inmobiliarias realizadas por personas que no tienen su domicilio fiscal en Francia. Pero ese mismo texto prevé una exoneración total para un caso preciso: la venta del inmueble que constituía la residencia principal (résidence principale, la vivienda habitual) del vendedor en Francia en la fecha en que trasladó su domicilio fiscal fuera de Francia. La página oficial de la Hacienda francesa dedicada a los no residentes confirma esta lectura y detalla las condiciones en Plus-values immobilières | impots.gouv.fr.

España cumple sin dificultad la condición relativa al país de destino. En el momento de la venta, la nueva residencia del vendedor debe estar situada en un Estado miembro de la Unión Europea o en un Estado que haya firmado con Francia un convenio de asistencia administrativa contra el fraude y la evasión fiscales y un convenio de asistencia mutua en materia de recaudación. España, como miembro de la Unión Europea, entra en la primera categoría. Las relaciones fiscales entre ambos países se rigen, por lo demás, por el convenio firmado en Madrid el 10 de octubre de 1995, publicado en Francia por el decreto n.º 97-756 de 2 de julio de 1997, y la doctrina oficial resume este marco en el BOI-INT-CVB-ESP.

A. Las tres condiciones acumulativas y el plazo del 31 de diciembre

La exoneración se aplica únicamente si se reúnen, a la vez, tres requisitos. Faltar a uno solo basta para perderla.

Primera condición: el inmueble vendido debe haber constituido la residencia principal del vendedor en Francia en la fecha del traslado de su domicilio fiscal fuera de Francia. No basta con haber vivido allí años atrás ni con conservar allí una segunda residencia. Lo que cuenta es la situación en el día del traslado. El artículo 150 U del mismo Código, que exonera la venta de la vivienda habitual para los residentes, exige igualmente que el inmueble constituya la residencia principal del vendedor el día de la venta; la lógica es la misma, adaptada al caso del que se marcha.

Segunda condición: entre el traslado y la venta, el inmueble no debe haberse puesto a disposición de terceros, ni sin contraprestación ni a título oneroso. Esta exigencia suele subestimarse y, sin embargo, es la que más expedientes arruina. Dejar a un familiar ocupando el piso, alquilarlo aunque sea unos meses o prestarlo a un amigo rompe la condición. La vivienda debe permanecer a libre disposición del vendedor y vacía, o en todo caso no ocupada por terceros, desde la marcha hasta la firma.

Tercera condición: la venta debe realizarse, a más tardar, el 31 de diciembre del año siguiente a aquel en que el vendedor trasladó su domicilio fiscal fuera de Francia. Quien se mudó a España en 2025 debe vender como muy tarde el 31 de diciembre de 2026. Quien se mudó en 2024 y vende en 2026 llega tarde. El plazo se cuenta por años civiles completos, no por doce meses desde la mudanza, lo que puede dar algo más o algo menos de un año efectivo según el mes de salida.

Cuando las tres condiciones se cumplen, la exoneración es total y, además, dispensa al vendedor no residente de presentar la declaración de plusvalía. La escritura de venta debe entonces mencionar el fundamento de la dispensa. Un detalle importante: quien se beneficia de esta exoneración no puede solicitar además la exoneración específica del artículo 150 U, II, 2.º, el segundo mecanismo con tope de 150 000 euros que se explica más adelante. Hay que elegir, y la exoneración total es casi siempre la mejor opción.

Para quien vende siendo todavía residente fiscal francés, antes de la mudanza, rige un marco distinto y más flexible: la doctrina oficial admite que la exoneración de la vivienda habitual subsiste si la venta interviene en un plazo considerado normal, en principio un año en un contexto económico ordinario, siempre que la vivienda no se haya alquilado ni ocupado por terceros entretanto. Es el BOI-RFPI-PVI-10-40-10 el que fija ese criterio del plazo normal de venta, apreciado según las circunstancias, el mercado local, el precio pedido y las diligencias realizadas. Pero atención: desde el momento en que el vendedor ya es no residente el día de la firma, es el plazo rígido del 31 de diciembre del artículo 244 bis A el que se aplica, no el plazo flexible de la doctrina.

B. La prueba: quién debe demostrar qué, y con qué documentos

En la práctica, la batalla se juega sobre la prueba. Una sentencia reciente lo ilustra con claridad pedagógica. En su decisión de 5 de octubre de 2023, la corte administrativa de apelación de Marsella (CAA Marseille, 3.ª sala, 5 de octubre de 2023, n.º 21MA04737) rechazó la reclamación de unos vendedores que invocaban la exoneración del artículo 244 bis A tras trasladarse a Australia. El motivo no fue la ley, sino la falta de prueba: los interesados no precisaban la fecha de su traslado, no habían presentado declaración de renta en Francia del año del supuesto traslado pese a haber declarado el año anterior y aportaban avisos de imposición australianos relativos a un período distinto del alegado. Ni el envío del aviso francés a la dirección del inmueble ni los avisos de la tasa de vivienda bastaron para demostrar la fecha del traslado. La corte recordó que corresponde al contribuyente aportar los elementos que solo él puede producir para establecer que la venta se realizó, a más tardar, el 31 de diciembre del año siguiente al del traslado.

La misma decisión aporta una segunda enseñanza. Los vendedores alegaban una diferencia de trato contraria a la libre circulación de capitales entre residentes, exentos por la vivienda habitual, y no residentes, gravados. La corte respondió que el artículo 244 bis A, en su redacción aplicable desde el 1 de enero de 2019, exonera también a los no residentes que venden su antigua vivienda habitual dentro del plazo y sin ponerla a disposición de terceros, de modo que las reglas se aplican sin consideración de la residencia y no introducen restricción alguna a la libertad de circulación de capitales. El mecanismo, por tanto, ha sido juzgado compatible con el derecho europeo en ese marco.

De ello se deduce una lista práctica de piezas que conviene reunir desde el día de la mudanza. Primero, la prueba de la fecha del traslado del domicilio fiscal: declaración de salida, inscripción consular, contrato de trabajo o de alquiler en España, billetes y justificantes de la mudanza efectiva. Segundo, la prueba de que el piso francés era la vivienda habitual hasta esa fecha: avisos de imposición del impuesto sobre la renta enviados a esa dirección, tasa de vivienda, facturas de suministros. Tercero, la prueba de la ausencia de ocupación por terceros entre la marcha y la venta: facturas de electricidad y agua que muestren un consumo residual, attestación del seguro de vivienda no ocupada, mandato de venta firmado desde el principio, anuncios y gestiones en agencias. Cuarto, la prueba de las diligencias de venta a un precio de mercado, porque un precio desconectado del mercado local puede hacer dudar de la realidad de la puesta en venta. Cada documento aislado vale poco; el conjunto coherente lo es todo.

Tres errores frecuentes merecen una advertencia expresa. El primero consiste en alquilar el piso «mientras se vende» para no perder dinero: el alquiler destruye la segunda condición. El segundo consiste en dejar a un hijo o a un progenitor ocupándolo sin contraprestación: la puesta a disposición sin contrapartida destruye igualmente la condición, pues el texto no distingue entre ocupación con y sin contraprestación. El tercero consiste en confundir la fecha de la mudanza física con la fecha del traslado del domicilio fiscal y no poder documentar ninguna de las dos. Cuando el expediente es borroso sobre las fechas, el juez rechaza, como muestra la sentencia de Marsella.

Quien dude sobre su situación puede interrogar a la administración antes de vender mediante el rescripto fiscal (rescrit fiscal), la respuesta formal de la Hacienda francesa a una pregunta precisa sobre su caso. Pero el rescripto no sustituye a la prueba: solo confirma el análisis jurídico sobre hechos que el contribuyente describe y, después, debe demostrar.

II. Si el plazo se supera: tributación, convenio y reclamación

Perder la exoneración total no significa perderlo todo. La plusvalía pasa entonces al régimen común de los no residentes, con un segundo mecanismo de alivio posible, y el convenio entre Francia y España reparte el derecho a gravar entre ambos Estados. Conviene examinar cada etapa en orden: cuánto se paga en Francia, qué dice el convenio y cómo se declara y se reclama.

A. Cuánto se paga en Francia y el segundo alivio de 150 000 euros

La Hacienda francesa lo indica sin ambigüedad en su página oficial: la plusvalía del no residente soporta un gravamen del 19 %, cualquiera que sea el país de residencia, más las cargas sociales (prélèvements sociaux) al tipo global del 17,2 %. En total, por tanto, un 36,2 % sobre la plusvalía neta imponible antes de los alivios por duración de la tenencia. Existe, no obstante, un matiz importante para quien está afiliado a un régimen obligatorio de seguridad social de un país del Espacio Económico Europeo o de Suiza, como puede serlo un trabajador afiliado en España: esas personas están exoneradas de la contribución social generalizada (CSG) y de la contribución para el reembolso de la deuda social (CRDS), aunque siguen sujetas a un gravamen de solidaridad del 7,5 %. La fuente de esta distinción es la misma página oficial citada, Plus-values immobilières | impots.gouv.fr.

La base imponible no es el precio de venta, sino la plusvalía neta: precio de venta menos precio de compra reajustado, menos gastos justificados de adquisición, de obras y de venta según las reglas comunes. A esa plusvalía bruta se aplican después los alivios por duración de la tenencia (abattements pour durée de détention), que reducen la base año tras año y conducen a la exoneración total al cabo de veintidós años para el impuesto propiamente dicho y de treinta años para las cargas sociales. El cálculo exacto depende de la fecha de adquisición, por lo que dos ventas al mismo precio pueden tributar de forma muy distinta según que el piso se comprara hace cinco, quince o veinticinco años.

El segundo mecanismo de alivio es la exoneración específica del artículo 150 U, II, 2.º. Permite a una persona física no residente, nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que haya firmado con Francia un convenio de asistencia administrativa contra el fraude fiscal, exonerar hasta 150 000 euros de plusvalía neta imponible por la venta de una vivienda situada en Francia. Las condiciones son estrictas: haber estado domiciliado fiscalmente en Francia de forma continua durante al menos dos años en algún momento anterior a la venta; límite de una sola vivienda por contribuyente; y, en cuanto al plazo, venta realizada a más tardar el 31 de diciembre del décimo año siguiente al del traslado del domicilio fiscal fuera de Francia, o sin condición de plazo cuando el vendedor tiene la libre disposición del bien al menos desde el 1 de enero del año anterior al de la venta. Como ya se indicó, esta exoneración no es acumulable con la exoneración total de la antigua vivienda habitual del artículo 244 bis A: el mismo artículo 244 bis A lo prohíbe expresamente.

Un ejemplo sencillo ayuda a situar las magnitudes. Una plusvalía neta de 200 000 euros, sin alivio por duración, soportaría en principio 38 000 euros de gravamen al 19 % más 34 400 euros de cargas sociales al 17,2 %. Si el vendedor puede aplicar la exoneración de 150 000 euros del artículo 150 U, II, 2.º, la base se reduce a 50 000 euros y el impuesto cae en proporción. Y si el vendedor está afiliado a la seguridad social española, las cargas sociales se sustituyen en lo esencial por el gravamen de solidaridad del 7,5 %. Cada situación exige su cálculo propio; el ejemplo solo muestra el orden de magnitud y el interés de verificar cada alivio antes de firmar.

El Consejo de Estado ha tenido ocasión de examinar el artículo 244 bis A bajo el ángulo constitucional. En su decisión de 10 de diciembre de 2021 (Consejo de Estado, salas 9.ª y 10.ª reunidas, 10 de diciembre de 2021, n.º 456728), transmitió el análisis de una cuestión prioritaria de constitucionalidad relativa a ese texto. La cita interesa porque confirma que el gravamen de los no residentes es un terreno contencioso vivo, donde cada condición legal se discute al céntimo: otra razón para documentar el expediente desde el primer día.

B. El convenio con España, la declaración ante notario y la reclamación

El convenio entre Francia y España de 10 de octubre de 1995 atribuye el derecho a gravar al Estado donde está situado el inmueble. Su artículo 13, apartado 1, letra a), dispone que las ganancias que un residente de un Estado contratante obtenga de la enajenación de bienes inmuebles situados en el otro Estado son imponibles en ese otro Estado. Dicho en términos sencillos: si el piso está en Francia, Francia puede gravar la plusvalía aunque el vendedor viva en España. Y su artículo 24 organiza la eliminación de la doble imposición del lado francés mediante un crédito de impuesto imputable sobre el impuesto francés, dentro del límite del impuesto francés correspondiente a esas rentas. Para el residente en España, la doble imposición se corrige en España según el mecanismo previsto por el convenio y el derecho español, punto que debe verificarse con asesoramiento competente en España y que este artículo no desarrolla.

En la práctica francesa, la venta por un no residente sigue un circuito preciso. El notario que autoriza la escritura liquida en principio el gravamen y presenta la declaración específica de plusvalía, el formulario 2048-IMM, al servicio de impuestos. Cuando la exoneración total de la antigua vivienda habitual es aplicable, no hay declaración que presentar y la escritura menciona el fundamento de la dispensa. Desde hace años, la obligación de designar un representante fiscal acreditado (représentant fiscal accrédité) se ha aligerado considerablemente para los residentes de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo; el notario indica en cada caso si subsiste alguna formalidad. Lo esencial para el vendedor es comprobar, antes de la firma, qué va a mencionar la escritura: fundamento de exoneración, cálculo de la plusvalía, alivios aplicados y justificantes de afiliación a la seguridad social si se invoca la exoneración de CSG y CRDS.

Si la Hacienda cobra de más, la vía es la reclamación contenciosa (réclamation contentieuse). El plazo general figura en el artículo R*196-1 del Libro de los procedimientos fiscales: para ser admisibles, las reclamaciones relativas a impuestos distintos de los impuestos directos locales deben presentarse, a más tardar, el 31 de diciembre del segundo año siguiente al del cobro, al del pago del impuesto si no hubo padrón ni aviso de cobro, o al del hecho que motiva la reclamación. La reclamación debe motivarse, cuantificarse y acompañarse de las piezas: es el momento de rentabilizar el dossier reunido desde la mudanza. Si la respuesta es negativa o no llega en seis meses, cabe acudir al tribunal administrativo. También es posible pedir la suspensión del pago en los casos previstos por la ley, pero esa solicitud obedece a sus propias condiciones y no debe confundirse con la reclamación misma.

Dos comprobaciones finales antes de firmar evitan la mayoría de los litigios. Primera, releer la escritura en proyecto y verificar que el fundamento jurídico mencionado corresponde exactamente a la situación: exoneración total del artículo 244 bis A con sus tres condiciones, o exoneración de 150 000 euros del artículo 150 U, II, 2.º, o tributación común con alivios por duración. Segunda, conservar todos los justificantes durante los plazos de reclamación y de control, porque la administración puede pedirlos años después y el contribuyente que no los tiene pierde dos veces.

Conclusión

Quien se muda a España y conserva un piso en Francia dispone de una ventana estrecha pero real para vender sin plusvalía: la exoneración total de la antigua vivienda habitual del artículo 244 bis A, reservada a quien vende, a más tardar, el 31 de diciembre del año siguiente al traslado, sin haber puesto el piso a disposición de terceros. La jurisprudencia muestra que la fecha del traslado y la vacancia del inmueble se prueban con documentos, no con afirmaciones. Pasado el plazo, Francia grava al 19 % más las cargas sociales, con los alivios por duración y, en su caso, la exoneración de 150 000 euros del artículo 150 U, II, 2.º, mientras el convenio atribuye a Francia el gravamen del inmueble situado en su territorio. Vender a tiempo, no ocupar el piso entretanto y documentarlo todo: esas tres decisiones, tomadas el día de la mudanza, valen más que cualquier reclamación posterior. Fuentes verificadas en este artículo el 7 de octubre de 2026: artículos 150 U y 244 bis A del Código General de los Impuestos, artículo R*196-1 del Libro de los procedimientos fiscales, doctrina BOI-RFPI-PVI-10-40-10 y BOI-INT-CVB-ESP, páginas oficiales impots.gouv.fr sobre no residentes, convenio Francia-España de 1995 y sentencias citadas del Consejo de Estado y de la corte de Marsella.

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