En España, la pasarela de la mutualidad al RETA ya es ley. La Ley 2/2026, de 29 de julio, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 31 de julio y en vigor desde el 1 de agosto de 2026, permite a los profesionales colegiados que estén o hayan estado en una mutualidad alternativa pedir que sus derechos económicos acumulados pasen a la Seguridad Social y se conviertan en periodos cotizados en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Esa solicitud, sin embargo, todavía no puede presentarse: el plazo de un año para pedirla empieza a contar con la entrada en vigor de un reglamento que la ley mandaba aprobar en tres meses, es decir, como muy tarde el 29 de octubre de 2026. La siguiente fecha que pesa sobre ese reglamento es la de las elecciones generales del domingo 29 de noviembre de 2026: después de ellas, el Gobierno queda en funciones y su margen para aprobar normas se estrecha. Para una parte de los mutualistas cuenta además otra fecha, el 31 de diciembre de 2026, día de referencia de la regla de los 52 años.
La consulta «mutualidad» está en tendencia en España, y las búsquedas que la acompañan giran en torno a la pasarela al RETA. Esta guía, de alcance general, explica quién podrá pedir la transferencia, qué está ya en vigor y qué falta, qué significa el calendario electoral para el reglamento y qué conviene comprobar ahora para no perder la opción. Se limita al derecho estatal de la Seguridad Social española.
Información sobre el derecho español, firmada por Hassan Kohen, abogado del Colegio de Abogados de París.
I. Mutualidad y pasarela al RETA: lo que dice la Ley 2/2026 y por qué aún no se puede pedir
A. Quién podrá pedir la transferencia y qué consecuencias tiene
La Ley 2/2026 no creó un régimen aparte. Mediante su artículo único introdujo varias reglas nuevas en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y la pieza central es su disposición transitoria cuadragésima séptima. Según su apartado 1, los profesionales colegiados que estén o hayan estado incluidos en una o varias mutualidades alternativas al régimen de autónomos «podrán solicitar de forma individual, en el plazo de un año desde la entrada en vigor del reglamento de desarrollo de esta disposición, la transferencia voluntaria de los derechos económicos acumulados en las mutualidades derivados de las aportaciones realizadas por el mutualista para cumplir con la función alternativa al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos». El segundo párrafo del mismo apartado añade una condición decisiva: «el peticionario no podrá tener la condición de pensionista a cargo de ningún régimen público ni de la respectiva mutualidad alternativa excepto si se trata de una pensión de viudedad». El apartado 4 fija la contrapartida, ya que la transferencia «conllevará el encuadramiento obligatorio e irreversible en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos del profesional colegiado para la actividad que determinó esta transferencia». Y el apartado 5 declara la operación «exenta de tributación por cualquiera de las operaciones económicas derivadas de la misma».
Para entender a quién se dirige la norma hay que volver a la disposición adicional decimoctava de esa misma ley, que regula el encuadramiento de los profesionales colegiados. La regla general es que quien ejerce por cuenta propia una actividad que exige colegiación queda incluido en el régimen de autónomos. La excepción, que es la que da origen a los llamados mutualistas alternativos, beneficia a los colegiados que optaron por incorporarse a la mutualidad de previsión social establecida por su colegio, siempre que esa mutualidad se hubiera constituido antes del 10 de noviembre de 1995. Quien eligió la mutualidad quedó exento del alta en el RETA por esa actividad; y la misma disposición precisa que quien, teniendo derecho, no optó por la mutualidad ya no puede hacerlo más tarde. La pasarela abre, por tanto, una vía general para recorrer el camino inverso.
La disposición se refiere a quienes «estén o hayan estado» incluidos en una mutualidad alternativa. Eso significa que no solo afecta a quien sigue hoy cotizando a su mutualidad: también alcanza, en principio, a quien dejó la mutualidad hace años y ahora cotiza en el RETA o en el Régimen General, siempre que conserve en ella derechos económicos procedentes de su etapa alternativa. El texto exige además que esa inclusión sea anterior a la entrada en vigor de la ley. Como la regla se introdujo por la Ley 2/2026, la referencia más natural es el 1 de agosto de 2026, aunque será el reglamento el que concrete cómo se acredita.
Tampoco se transfiere cualquier ahorro. La ley habla de los derechos económicos derivados de las aportaciones hechas para cumplir la función alternativa, es decir, de lo que el mutualista aportó en lugar de cotizar al RETA. Si la misma entidad gestiona otros productos del profesional, como planes de ahorro complementarios o seguros adicionales, la disposición no los menciona entre los derechos transferibles. Conviene, por eso, distinguir desde ahora en la documentación de la mutualidad qué parte del fondo corresponde a la cobertura alternativa y qué parte no.
La exclusión de los pensionistas merece una atención especial, porque puede cerrar la puerta sin que el interesado lo advierta. El requisito se aprecia en el momento de solicitar. Quien ya cobra una pensión pública, por ejemplo de jubilación o de incapacidad permanente en cualquier régimen, o quien cobra una pensión de su propia mutualidad alternativa, no podrá pedir la transferencia; la única pensión que no impide la solicitud es la de viudedad. Un mutualista que está a pocos meses de jubilarse y que piensa empezar a cobrar la prestación de su mutualidad antes de que se abra el plazo debe tener presente que, si lo hace, quedará fuera de la pasarela. La ley no aclara si una prestación cobrada en forma de capital, y no de renta, convierte al interesado en pensionista a estos efectos; es un punto que conviene verificar cuando se publique el reglamento, antes de tomar cualquier decisión irreversible.
La irreversibilidad es la segunda consecuencia de peso. Quien transfiere sus derechos pasa a estar incluido obligatoriamente en el RETA para la actividad que motivó la transferencia, sin posibilidad de volver atrás. No se trata de una prueba ni de una opción revisable: es un cambio definitivo de sistema de protección para esa actividad profesional. La exención fiscal, por su parte, cubre las operaciones económicas que deriven de la transferencia; la ley no dice nada más sobre la tributación futura de las prestaciones que se cobren después, que seguirán su propio régimen.
La misma disposición transitoria contiene en su apartado 3 dos reglas de cómputo para la pensión de jubilación, entre ellas la que afecta a quienes tenían 52 años o más a finales de 2026. La primera beneficia a quienes iniciaron su actividad profesional antes del 10 de noviembre de 1995: todo el tiempo en que estuvieron integrados obligatoriamente en una mutualidad sustitutiva, hasta que esta pasó a ser alternativa, se computará mes a mes como tiempo de alta en el RETA a efectos del porcentaje que se aplica a la base reguladora, cuando se acceda a la jubilación a la edad ordinaria. La segunda se aplica a los mutualistas que hayan cumplido 52 años o más a 31 de diciembre de 2026, es decir, a los nacidos en 1974 o antes: cada mes completo de alta y cotizado en la mutualidad alternativa contará como un mes completo de alta en el RETA, también solo a efectos del porcentaje y solo si la jubilación se produce a la edad ordinaria.
El alcance de esas reglas se entiende mejor con la escala del artículo 210.1, a la que remite la disposición. En su redacción aplicable desde 2027, los primeros quince años cotizados dan derecho al 50 por ciento de la base reguladora; a partir de ahí, cada mes adicional suma un 0,19 por ciento entre los meses uno y doscientos cuarenta y ocho, y un 0,18 por ciento a partir de ese umbral, hasta un máximo del 100 por cien. La edad ordinaria del artículo 205.1.a) queda fijada, desde ese mismo año, en sesenta y siete años, o sesenta y cinco cuando se acreditan treinta y ocho años y seis meses de cotización. Contar como meses de alta los años de mutualidad puede, por tanto, elevar de forma notable el porcentaje. Pero el texto es claro en que se trata de un cómputo a los exclusivos efectos del porcentaje: esos meses no sirven, según la ley, para calcular la base reguladora, ni operan si la jubilación es anticipada. Cómo se articulan estas reglas con la transferencia, por ejemplo para no contar dos veces un mismo periodo, es algo que la ley no detalla.
B. El reglamento pendiente, el plazo vencido y el calendario electoral
Todo depende de una norma que aún no existe. El apartado 2 de la disposición transitoria cuadragésima séptima encarga al reglamento fijar los términos y condiciones para solicitar la transferencia y para convertir los derechos económicos en periodos cotizados en el RETA. La ley solo adelanta el método: se tomará la base mínima de cotización que habría correspondido al profesional de haber estado en el RETA y se le aplicará un coeficiente de mejora comprendido entre el 0,67 y el 0,87, para tener en cuenta las contingencias que la mutualidad no cubría. La horquilla es amplia, y el coeficiente exacto no lo decide la ley, sino el reglamento. Cualquier cálculo que hoy circule sobre cuántos años de cotización se obtendrán es, por definición, una estimación construida sobre hipótesis.
El mismo apartado 2 fijaba al Gobierno un plazo de tres meses como máximo, contados desde la aprobación de la ley. La ley está fechada el 29 de julio de 2026. El artículo 5 del Código Civil establece, salvo que se disponga otra cosa, que «si los plazos estuviesen fijados por meses o años, se computarán de fecha a fecha». Contado así, el plazo para aprobar el reglamento terminó el 29 de octubre de 2026.
En la versión consolidada de la Ley General de la Seguridad Social publicada en el BOE, cuya última actualización es del 11 de noviembre de 2026 y que se ha consultado para preparar este artículo el 21 de noviembre, la disposición transitoria cuadragésima séptima figura con su redacción de la Ley 2/2026 y sin referencia a ningún reglamento de desarrollo. La consecuencia jurídica es sencilla, y tranquilizadora para quien teme haberse retrasado: el plazo de un año que la ley concede al mutualista se cuenta desde la entrada en vigor del reglamento, no desde la publicación de la ley. Mientras ese reglamento no entre en vigor, ese plazo no ha empezado a correr y nadie ha perdido su derecho por el simple paso del tiempo. La ley, en cambio, no prevé ninguna consecuencia para el caso de que el Gobierno incumpla el plazo de tres meses; el retraso no abre por sí solo la pasarela ni permite presentar la solicitud sin reglamento.
A ese retraso se suma el calendario político. El Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre, publicado en el BOE núm. 248 del 6 de octubre, declaró disueltos el Congreso de los Diputados y el Senado y convocó elecciones a ambas Cámaras, «que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de 2026». El mismo real decreto fija la reunión constitutiva de las nuevas Cámaras el 23 de diciembre de 2026. La disolución de las Cortes no impide por sí misma la aprobación del reglamento: se trata de una norma del Gobierno, no de una ley, y no necesita pasar por el Parlamento.
Lo que sí cambia con las elecciones es la posición del Gobierno. El artículo 21 de la Ley 50/1997, del Gobierno, dispone en su apartado 1 que el Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, y en su apartado 2 que continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno. Su apartado 3 delimita lo que puede hacer en esa situación: el Gobierno en funciones «limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas». El apartado 5 le prohíbe expresamente aprobar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado y presentar proyectos de ley a las Cortes, pero no menciona la aprobación de reglamentos.
De ahí se deducen tres escenarios, sin que sea posible saber hoy cuál se producirá. Hasta el 29 de noviembre de 2026, el Gobierno no está en funciones y conserva intacta su potestad reglamentaria, de modo que podría aprobar el reglamento. Entre las elecciones y la toma de posesión del nuevo Gobierno, la aprobación no está prohibida, pero exigiría justificar expresamente la urgencia o el interés general, como impone el artículo 21.3. Y si no se aprueba en ninguno de esos dos momentos, la tarea pasará al Gobierno que se forme tras las elecciones, sin que la ley fije entonces un nuevo plazo. En los tres casos la regla para el mutualista es la misma: el año para pedir la transferencia empezará el día en que entre en vigor el reglamento, y esa fecha habrá que leerla en el propio BOE, en la disposición final del reglamento, porque puede no coincidir con la de su publicación.
II. Qué puede hacer hoy un mutualista mientras espera el reglamento
A. Comprobar si podrá pedir la pasarela y reunir la información de su mutualidad
La espera no obliga a quedarse quieto. Varias de las condiciones que decidirán si la pasarela es posible y conveniente ya están fijadas en la ley y pueden comprobarse ahora, con calma, en lugar de hacerlo con prisa cuando se abra el plazo de un año. La primera es la más elemental: comprobar que la entidad a la que se ha aportado es una mutualidad alternativa en el sentido de la disposición adicional decimoctava, es decir, la mutualidad establecida por el colegio profesional que sustituye al alta en el RETA, y no un simple seguro o plan complementario contratado de forma voluntaria. También conviene reunir la prueba de la fecha de colegiación, de la fecha de alta en la mutualidad y de los periodos en que se ejerció por cuenta propia.
La segunda comprobación es la del requisito negativo: no ser pensionista de ningún régimen público ni de la propia mutualidad, salvo de viudedad. Quien esté cerca de la edad de jubilación o tenga en trámite una prestación de incapacidad debe ordenar su calendario con este requisito en mente. Pedir hoy una pensión de la mutualidad puede tener sentido en su situación concreta, pero hacerlo antes de que se abra la pasarela supone renunciar a ella. La decisión no es intrínsecamente buena ni mala: depende de cuánto valga el fondo acumulado, de la edad y de los años de cotización pública que ya se tengan.
La tercera comprobación es la de la edad y la fecha de inicio de la actividad. Quien haya nacido en 1974 o antes alcanzará los 52 años a 31 de diciembre de 2026 y entrará en la segunda regla de cómputo del apartado 3; quien empezó a ejercer antes del 10 de noviembre de 1995 puede acogerse a la primera. Ambas reglas se aplican a efectos del porcentaje y solo con jubilación a la edad ordinaria, lo que debe tenerse en cuenta si se contemplaba una jubilación anticipada. Para medir su efecto, hay que conocer los periodos ya cotizados en el sistema público, por ejemplo en el Régimen General durante etapas como asalariado o en el RETA tras dejar la mutualidad, porque la escala del artículo 210.1 se aplica sobre el total.
La cuarta pieza es la información económica de la propia mutualidad, y aquí la Ley 2/2026 ha reforzado los derechos del mutualista. Una disposición adicional nueva, hoy numerada como sexagésima segunda en la Ley General de la Seguridad Social, obliga a las mutualidades alternativas a elaborar cada semestre un informe claro sobre los fondos de sus mutualistas y su evolución. Ese informe debe indicar, entre otros extremos, el «valor actual actuarial de la renta inicial» de los fondos, calculado con criterios contrastables y equitativos, así como las operaciones realizadas cuyo coste pudiera recaer en los mutualistas. La norma añade que se deben facilitar los documentos que ayuden a comprender esas operaciones y los relativos a la actividad de la mutualidad, y que las mutualidades deben remitir a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones la documentación necesaria para su supervisión continua.
Ese informe semestral es la base de cualquier comparación seria. Permite saber qué renta podría ofrecer la mutualidad si el profesional se queda, y cuál es el fondo que, en su caso, se transferiría. Conviene conservarlo, pedir aclaraciones por escrito cuando alguna partida no se entienda y separar con claridad lo que corresponde a la función alternativa de lo que procede de otros productos. Cuando el reglamento fije el coeficiente y la fórmula de conversión, esos datos permitirán traducir el fondo a meses cotizados con cifras propias y no con supuestos genéricos.
Hay, además, un grupo concreto de antiguos mutualistas al que la Ley 2/2026 ofrece una vía distinta de la pasarela. Su disposición adicional primera prevé que los profesionales colegiados que causaron baja en una mutualidad alternativa antes de que esta aplicara un sistema de capitalización individual, y que no alcanzan quince años de cotización en la Seguridad Social, puedan suscribir por una única vez un convenio especial que les permita computar la cotización por periodos de actividad anteriores a su baja en la mutualidad, con un máximo de cinco años. El plazo, los términos y las condiciones de ese convenio los debe fijar el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de modo que también esta vía depende de una norma posterior. Los quince años no son un umbral cualquiera: el artículo 205.1.b) exige precisamente un periodo mínimo de cotización de quince años para acceder a la pensión de jubilación.
Por último, la prudencia aconseja no firmar nada irreversible mientras falte el reglamento. La ley sitúa el inicio del plazo de solicitud en la entrada en vigor de esa norma y remite a ella los términos y condiciones de la transferencia. Antes de ese momento no existe un cauce legal para pedir la pasarela, de modo que cualquier documento que se presente como tal debe examinarse con cuidado, y ninguna decisión que afecte al fondo de la mutualidad, como un rescate o el cobro de una prestación, debería adoptarse sin haber medido su efecto sobre la posibilidad de transferir.
B. Si se queda en la mutualidad: obligaciones que ya rigen y criterios para decidir
La pasarela es voluntaria. Quien prefiera seguir en su mutualidad puede hacerlo, pero la Ley 2/2026 también ha cambiado las reglas para quien se queda, y esas reglas ya están en vigor. La disposición adicional decimonovena de la Ley General de la Seguridad Social obliga a las mutualidades alternativas a ofrecer, mediante el sistema de capitalización individual, las coberturas de jubilación; incapacidad permanente; incapacidad temporal, incluidas la maternidad, la paternidad y el riesgo durante el embarazo; y fallecimiento que pueda dar lugar a viudedad y orfandad. No son coberturas opcionales que el mutualista pueda descartar para pagar menos: son el contenido mínimo de la función alternativa.
La reforma ha elevado también el nivel de protección exigido. Desde el 1 de agosto de 2026, cuando las prestaciones de la mutualidad adoptan la forma de renta, deben alcanzar al menos el 100 por ciento de la cuantía mínima inicial que corresponda a esa clase de pensión en la Seguridad Social o, si fuera superior, el importe de las pensiones no contributivas, y deben actualizarse cada año en los mismos términos que las del sistema público. Si adoptan la forma de capital, este no puede ser inferior al importe capitalizado de ese mínimo en el momento de su devengo. La ley considera cumplida esa obligación cuando las cuotas del mutualista equivalen al 100 por ciento de la cuota que resultaría de aplicar el tipo general de contingencias comunes del RETA a la base mínima del tramo que corresponda según sus rendimientos netos.
Ese 100 por ciento no se exige de inmediato. La disposición transitoria cuadragésima sexta, introducida por la misma ley, establece un incremento progresivo de la cuota que deben satisfacer los mutualistas: el 86 por ciento de esa cuota de referencia en 2026, el 93 por ciento en 2027 y el 100 por ciento en 2028. Para quien se queda, la consecuencia práctica es un aumento escalonado de lo que debe aportar en los dos próximos años, calculado en función de sus rendimientos netos. Para hacerlo posible, la disposición adicional decimonovena prevé que la Agencia Tributaria facilite a las mutualidades alternativas, por vía telemática, la información tributaria necesaria para calcular la cuota de cada mutualista, de modo que el profesional cotice en cada sistema solo por los rendimientos que le correspondan.
En el plano fiscal, la misma disposición adicional decimonovena, en su apartado 3, mantiene que las aportaciones y cuotas pagadas a la mutualidad en su condición de alternativa, en la parte destinada a cubrir las contingencias del RETA, son deducibles con el límite de la cuota máxima por contingencias comunes fijada cada año en ese régimen. Es un elemento más de la comparación, junto con el coste de la cuota y el valor de las prestaciones.
¿Cómo decidir, entonces, entre quedarse y transferir? La ley no da una respuesta única, y no podría darla, porque la conveniencia depende de datos personales de cada profesional. Sí permite identificar los criterios que pesarán. El primero es la irreversibilidad: la pasarela solo se recorre una vez y en un único sentido para la actividad de que se trate. El segundo es la comparación entre dos cifras que hoy solo puede hacerse de forma aproximada: la renta que ofrece la mutualidad, según el valor actuarial que figura en su informe semestral, y la pensión pública que resultaría de sumar los periodos convertidos a los ya cotizados, que solo podrá calcularse con el coeficiente que fije el reglamento. El tercero son las reglas especiales de cómputo, que pueden inclinar la balanza a favor de la transferencia para quienes empezaron antes de noviembre de 1995 o tenían 52 años o más a finales de 2026, siempre que se jubilen a la edad ordinaria. El cuarto es la situación personal ante el requisito de no ser pensionista y ante el mínimo de quince años del artículo 205.1.b). Y el quinto es el coste de seguir: la escalada de la cuota hasta 2028 forma parte del cálculo de quien se queda.
Conviene añadir un elemento de contexto. La Ley 2/2026 introdujo también una disposición adicional, hoy numerada como sexagésima tercera, que obliga al Gobierno a elaborar antes del 31 de diciembre de 2030 un informe de evaluación sobre el régimen de alternatividad, con especial atención a la cotización por ingresos reales y a la equiparación de cuotas entre mutualidades y RETA, que se remitirá a las Cortes y podrá servir de base para revisar, mantener o reformar ese régimen. El sistema de las mutualidades alternativas sigue, por tanto, abierto a cambios, y la decisión de cada profesional se adopta en un marco que el legislador ya ha anunciado que volverá a examinar. Este análisis se integra en la información jurídica en español del despacho, que presenta el derecho laboral y de la Seguridad Social de España con el mismo criterio: partir del texto en vigor y señalar lo que todavía no está decidido.
Conclusión
La pasarela de la mutualidad al RETA existe en derecho español desde el 1 de agosto de 2026, pero todavía no puede utilizarse. La Ley 2/2026 reconoce a los profesionales colegiados que estén o hayan estado en una mutualidad alternativa el derecho a pedir la transferencia de los derechos acumulados por su función alternativa, a cambio de un encuadramiento obligatorio e irreversible en el RETA y con exención fiscal de la operación. Excluye a quienes sean pensionistas, salvo de viudedad, y añade dos reglas de cómputo para el porcentaje de la pensión de jubilación, una para quienes empezaron antes del 10 de noviembre de 1995 y otra para quienes tenían 52 años o más a 31 de diciembre de 2026.
El plazo de un año para pedir la transferencia no ha empezado: se cuenta desde la entrada en vigor de un reglamento que la ley mandaba aprobar antes del 29 de octubre de 2026 y que, en la versión consolidada del BOE consultada el 21 de noviembre de 2026, no aparece. Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 no impiden por sí solas su aprobación, pero a partir de ellas el Gobierno quedará en funciones y solo podrá adoptar medidas fuera del despacho ordinario si acredita urgencia o interés general. Lo que ocurra en las próximas semanas es, a la fecha de redacción, una incógnita.
Mientras tanto, el mutualista puede preparar su decisión: comprobar que su mutualidad es alternativa, cuidar de no adquirir la condición de pensionista antes de tiempo, situar su edad respecto del 31 de diciembre de 2026, reunir sus periodos de cotización pública y pedir y conservar el informe semestral de su mutualidad. Quien decida quedarse debe prever el aumento de la cuota al 93 por ciento en 2027 y al 100 por ciento en 2028. Y quien piense en transferir debe esperar a conocer el coeficiente que fije el reglamento antes de dar un paso que la ley ha querido irreversible.