Recibe usted una carta del prefecto (préfet, el representante del Estado en el departamento) o un agente le entrega en mano una decisión titulada obligation de quitter le territoire français (obligación de abandonar el territorio francés, abreviada OQTF). El texto le ordena salir de Francia, a veces en treinta días, a veces inmediatamente, y a menudo añade una interdiction de retour sur le territoire français (prohibición de retorno a Francia, abreviada IRTF) de varios años. El pánico es comprensible, pero la primera hora después de la notificación es la más valiosa: el recurso ante el tribunal administratif (el juzgado de lo contencioso-administrativo) suspende la expulsión, siempre que se presente dentro del plazo que corresponde a su caso, y un expediente de pruebas completo puede anular la medida. Esta guía explica, con los textos vigentes verificados el 3 de octubre de 2026 y la jurisprudencia más reciente, cómo leer su OQTF, qué plazo tiene exactamente y cómo construir un recurso útil.
I. Leer su OQTF: con plazo de 30 días o sin plazo, dos situaciones distintas
La OQTF no es un documento único y uniforme. La ley francesa distingue dos regímenes, y confundirlos hace perder el recurso. El punto de partida está en el artículo L. 611-1 del CESEDA, el Código de la entrada y la estancia de los extranjeros y del derecho de asilo, que enumera los casos en que el prefecto puede obligar a un extranjero a salir de Francia: entrada irregular y permanencia sin permiso de residencia vigente, permanencia más allá de la validez del visado, título denegado, retirado o no renovado, o pérdida del derecho a permanecer en Francia. El texto oficial dice: « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants », es decir, la autoridad administrativa puede obligar a un extranjero a abandonar el territorio francés cuando se encuentra en los casos que la ley enumera. Compruebe en su decisión cuál de esos casos invoca el prefecto, porque todo el recurso posterior depende de esa base.
A. La OQTF con plazo de salida voluntaria de 30 días
El caso general es el de la salida voluntaria. El artículo L. 612-1 del CESEDA dispone que el extranjero dispone de un plazo de salida voluntaria (délai de départ volontaire) de treinta días desde la notificación de la decisión. El texto oficial dice: « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision », es decir, usted dispone de treinta días contados desde que le notifican la decisión para organizar usted mismo su partida. A título excepcional, el prefecto puede conceder un plazo superior a treinta días si las circunstancias propias del caso lo justifican, por ejemplo la antigüedad de su estancia, la escolarización de sus hijos o una situación médica, y puede prorrogarlo después; esa prórroga debe comunicarse por escrito. Si cree que necesita más de treinta días, pídalo al prefecto que dictó la decisión antes de que venza el plazo, aportando las pruebas de su situación personal.
Durante esos treinta días, el prefecto puede imponerle obligaciones de control: presentarse periódicamente en la prefectura, la comisaría o la gendarmería, e informar de sus gestiones para partir. Pueden retirarle el pasaporte o el documento de viaje a cambio de un resguardo (récépissé), que sirve como justificante de identidad y menciona el plazo concedido. Conserve ese resguardo con la decisión, porque acredita que su presencia sigue siendo regular mientras el plazo corre. Si al final de los treinta días usted sigue en Francia sin haber recurrido, el prefecto puede ingresarlo en un centro de retención (centre de rétention administrative) o dictar una asignación a residencia (assignation à résidence, obligación de residir en un lugar determinado con presentaciones periódicas), y le notificará una prohibición de retorno. Es entonces la administración quien organiza su salida, ya no usted. Por eso el plazo de salida y el plazo de recurso corren en paralelo y ninguno debe descuidarse: salir por sus propios medios dentro del plazo evita la retención, pero recurrir a tiempo es lo único que puede anular la medida.
Tenga en cuenta además que el plazo concedido puede retirarse. El artículo L. 612-5 del CESEDA permite al prefecto poner fin al plazo de salida voluntaria si aparece con posterioridad un motivo que habría justificado denegarlo desde el principio, por ejemplo un riesgo de fuga. En ese caso se dicta una nueva OQTF sin plazo, entregada directamente en la prefectura o por un agente con ocasión de un control. Si su situación cambia durante el plazo, por ejemplo una detención o una comprobación policial, prepárese para esa hipótesis y consulte inmediatamente el expediente.
B. La OQTF sin plazo y la prohibición de retorno casi automática
La OQTF sin plazo (sans délai de départ volontaire) le obliga a salir de Francia inmediatamente, por sus propios medios, desde la notificación, que se hace en la prefectura o por la policía. El artículo L. 612-2 del CESEDA autoriza al prefecto a denegar el plazo en tres hipótesis: cuando su comportamiento constituye una amenaza para el orden público, cuando su permiso de residencia le fue denegado o no renovado por fraude o por tratarse de una solicitud manifiestamente infundada, y cuando existe un riesgo de que usted se sustraiga a la decisión, lo que la práctica llama riesgo de fuga (risque de fuite). Si su decisión es de este tipo, lea con atención cuál de esos tres motivos invoca, porque el recurso deberá demoler precisamente ese motivo con pruebas: arraigo, domicilio estable, familia en Francia, gestiones administrativas en curso.
La consecuencia más grave de la OQTF sin plazo es la prohibición de retorno. El artículo L. 612-6 del CESEDA dispone que, cuando no se ha concedido ningún plazo de salida voluntaria, la autoridad acompaña obligatoriamente la OQTF de una prohibición de retorno, salvo que circunstancias humanitarias lo desaconsejen. El texto oficial dice: « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français », es decir, sin plazo de salida hay prohibición de retorno, y solo razones humanitarias permiten al prefecto renunciar a ella. Los efectos de esa prohibición cesan al expirar una duración fijada por la administración que no puede exceder de cinco años desde la ejecución de la OQTF, y de diez años en caso de amenaza grave para el orden público. Si usted permanece en Francia más allá de un plazo de salida concedido, el artículo L. 612-7 del CESEDA impone igualmente una prohibición de retorno, también de hasta cinco años. Y aun fuera de esos dos casos, el artículo L. 612-8 del CESEDA permite al prefecto añadir una prohibición de retorno facultativa.
La duración de la prohibición no es libre: para fijarla, el artículo L. 612-10 del CESEDA obliga a tener en cuenta la duración de su presencia en Francia, la naturaleza y antigüedad de sus vínculos con el país, si ya fue objeto de una medida de expulsión y la amenaza que su presencia representa para el orden público. Una prohibición de cinco años contra una persona sin antecedentes, con años de presencia y familia en Francia, es por tanto atacable por desproporción, y el recurso debe pedir expresamente su anulación junto con la de la OQTF, porque son decisiones distintas aunque vayan en el mismo documento. El artículo L. 613-2 del CESEDA lo confirma: las decisiones de denegación o fin del plazo, las prohibiciones de retorno y sus prórrogas son decisiones autónomas respecto de la OQTF y deben estar motivadas por separado. Esa autonomía es un arma de doble filo que el Consejo de Estado precisó en julio de 2026, como veremos, pero ante todo significa que cada casilla de su decisión puede y debe contestarse.
La decisión fija además el país al que usted sería enviado si no parte voluntariamente (décision fixant le pays de renvoi): el país de origen, salvo si su vida o su libertad están amenazadas o corre riesgo de tortura o tratos inhumanos o degradantes; el último país que le expidió un documento de viaje válido; u otro país donde pueda ser admitido legalmente. Si corre peligro en el país fijado, esa decisión debe recurrirse también, con las pruebas del riesgo.
II. Recurrir a tiempo, con los motivos y las pruebas que anulan
El recurso contencioso contra la OQTF se presenta ante el tribunal administrativo y, cuando se interpone en plazo, impide la expulsión hasta que el juez decide. Pero los plazos son cortos y distintos según su situación, y el contenido del recurso determina su éxito. Esta segunda parte da el calendario exacto, los motivos que la jurisprudencia admite y la lista de pruebas que debe reunir desde hoy.
A. El calendario del recurso y su efecto suspensivo
La regla de oro está en el artículo L. 722-7 del CESEDA: la expulsión efectiva no puede producirse antes de que venza el plazo abierto para impugnar ante el tribunal administrativo la OQTF y la decisión que fija el país de retorno, ni antes de que ese tribunal haya resuelto si fue demandado. El texto oficial dice: « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision », es decir, mientras su plazo de recurso está abierto, y mientras el tribunal examina su recurso, no pueden expulsarle. Esa es la suspensión (effet suspensif) que protege su permanencia durante el proceso. Atención, sin embargo: esa protección solo nace si recurre dentro del plazo aplicable a su caso. Un recurso fuera de plazo no suspende nada.
Los plazos aplicables dependen de su situación en el momento de recurrir. En el caso general, sin asignación a residencia ni retención, el artículo R. 911-1 del CESEDA fija un plazo de recurso de un mes desde la notificación y un plazo de seis meses para que el tribunal resuelva. El procedimiento aplicable es el del artículo L. 911-1 del CESEDA, al que remite el artículo L. 614-1 del CESEDA para impugnar la OQTF junto con la decisión sobre la estancia, la decisión sobre el plazo y la prohibición de retorno que la acompañen. Dos advertencias prácticas: el recurso administrativo previo ante el prefecto (recours gracieux) o ante el ministro del Interior (recours hiérarchique) no prolonga ni interrumpe el plazo contencioso de un mes, así que nunca espere su respuesta para demandar; y la ayuda jurídica (aide juridictionnelle, la asistencia jurídica gratuita total o parcial) debe solicitarse como muy tarde al presentar el recurso, según el propio artículo L. 911-1, por lo que conviene pedirla el mismo día en el tribunal.
Si usted está sometido a asignación a residencia en aplicación del artículo L. 731-1 del CESEDA, el artículo L. 921-1 del CESEDA reduce el plazo a siete días desde la notificación para demandar, y el tribunal resuelve en quince días por juez único en procedimiento acelerado. Si el plazo de un mes aún no había vencido cuando le notifican la asignación, la administración debe informarle de que ese plazo queda interrumpido y de que dispone ahora de siete días, conforme al artículo R. 921-1 del CESEDA. Si está en retención administrativa, el artículo R. 921-2-1 del CESEDA fija un plazo de solo cuarenta y ocho horas desde la notificación, y el tribunal resuelve en noventa y seis horas desde el fin del plazo de recurso, según el artículo L. 921-2 del CESEDA. Si la retención o la asignación sobrevienen durante un proceso ya iniciado, el tribunal acelera igualmente su decisión: ciento cuarenta y cuatro horas en caso de retención posterior, conforme al artículo L. 921-4 del CESEDA, y quince días en caso de asignación posterior. En retención, cada hora cuenta: avise inmediatamente a su abogado, al consulado de su país o a una persona de su confianza, y pida el acceso a los elementos principales de su expediente en la prefectura.
El recurso debe presentarse ante el tribunal administrativo territorialmente competente para la prefectura que dictó la expulsión. Si está en retención o asignado a residencia, competente es el tribunal del lugar de retención o asignación, con dos excepciones señaladas por la administración: el centro de retención de Metz depende del tribunal de Nancy, y el centro número 3 de Mesnil-Amelot depende del tribunal de Montreuil. En París y la región parisina (Île-de-France), la mayoría de las OQTF las dicta el prefecto de policía de París (préfet de police) o los prefectos de los departamentos de la corona parisina, y el tribunal competente es normalmente el tribunal administrativo de París o el del departamento correspondiente; si le asignan a residencia o le retienen, por ejemplo en el centro de Vincennes, verifique en la propia notificación cuál es el tribunal indicado, porque un recurso dirigido al tribunal equivocado en un plazo de siete días o de cuarenta y ocho horas puede llegar tarde. La presencia de abogado no es obligatoria, pero en plazos tan breves resulta decisiva, y puede pedir al tribunal que le designe uno de oficio, además de solicitar la ayuda jurídica.
Si el tribunal confirma la OQTF, usted debe salir de Francia, aunque en caso de imposibilidad de regresar a su país puede dictarse una asignación a residencia. Contra la sentencia cabe apelación (appel) ante la corte administrativa de apelación (cour administrative d’appel) en el plazo de un mes desde la notificación de la sentencia, pero esa apelación no suspende la ejecución: puede ser expulsado aunque el juez de apelación aún no se haya pronunciado. Por eso el recurso de primera instancia es el momento decisivo y debe concentrar todos los motivos y todas las pruebas desde el inicio.
Un aviso de actualidad: la página oficial de la administración sobre la OQTF advierte de que el Pacto europeo sobre migración y asilo exigirá adaptar el derecho nacional antes del 12 de junio de 2026, con una circular de aplicación del 12 de junio de 2026 y varios decretos publicados en el Diario Oficial los días 7, 10, 12 y 13 de junio y el 26 de agosto de 2026, relativos entre otros a los plazos de recurso contra ciertas decisiones de expulsión, y declara la página en curso de actualización. Antes de actuar, compruebe la versión vigente de los artículos citados y lo que indica su propia notificación, que fija su plazo individual.
B. Los motivos que anulan, las pruebas que convencen y los errores que hacen perder
Un recurso ganador combina vicios de forma, examen de fondo y proporcionalidad de la prohibición de retorno, cada uno con sus pruebas. El primer motivo es la motivación. El artículo L. 613-1 del CESEDA exige que la OQTF esté motivada y se dicte tras verificar el derecho a la estancia, teniendo en cuenta la duración de su presencia en Francia, la naturaleza y antigüedad de sus vínculos con el país y las consideraciones humanitarias. Una decisión estereotipada, que no menciona su situación personal, es anulable. Reúna desde hoy las pruebas de esa situación: pasaporte y documentos de identidad, pruebas de entrada y de presencia continuada, contrato de alquiler o alojamiento, facturas, avisos de imposición (avis d’imposition), nóminas, certificados de escolarización de los hijos, certificados médicos, actas de nacimiento y de matrimonio, y testimonios circunstanciados. Si la OQTF acompaña a una denegación de permiso de residencia, recuerde que en ese caso la ley no exige una motivación separada de la denegación, así que el recurso debe atacar también la denegación misma: si usted puede ser regularizado, por ejemplo por la vía del progenitor de hijo francés o de la vida privada y familiar, esa solicitud forma parte del recurso. Quien recibió una denegación de renovación de su tarjeta puede consultar el análisis detallado de ese supuesto en nuestra guía sobre la renovación del permiso de residencia denegada con OQTF, plazos y recurso, y quien carece de papeles y estudia una regularización por trabajo o vida privada encontrará el itinerario probatorio en nuestra guía sobre la regularización sin papeles por trabajo y vida privada, pruebas, OQTF y recurso.
El segundo motivo es el examen serio y el derecho a ser oído. El prefecto debe haber examinado personalmente su situación, y usted debe haber podido presentar sus observaciones, normalmente en una audiencia con la policía antes de la medida, con intérprete si lo necesita. Conserve el acta de esa audiencia (procès-verbal d’audition), los resguardos de sus solicitudes en prefectura y la copia de todo lo que entregó: si comunicó elementos que el prefecto ignoró, el recurso lo demostrará documento por documento. El tercer motivo es el error manifiesto de apreciación y la vulneración del derecho a la vida privada y familiar, protegido por el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos: una OQTF desproporcionada respecto de sus vínculos reales en Francia puede anularse. La sentencia de la corte administrativa de apelación de Lyon del 3 de noviembre de 2022, número 22LY00438, consultable en su texto oficial, lo ilustra: un prefecto había impuesto una OQTF con noventa días de plazo a un solicitante de asilo rechazado cuya pareja, titular de un permiso por enfermedad, sufría un síndrome ansioso-depresivo agravado tras dar a luz un hijo sin vida del solicitante y estaba de nuevo embarazada de dos meses; la corte apreció un error manifiesto, anuló la OQTF y, por vía de consecuencia, la decisión que fijaba el país de retorno, y ordenó al prefecto reexaminar la situación en dos meses entregando entretanto una autorización provisional de estancia (autorisation provisoire de séjour). Ese es exactamente el esquema probatorio que funciona: certificados médicos precisos, prueba de la regularidad del cónyuge o pareja, y demostración del traumatismo y del embarazo en la fecha de la decisión. Los padres de un hijo francés deben además probar la contribución efectiva a su manutención y educación, como explica nuestra guía sobre el permiso de residencia como padre o madre de hijo francés denegado, contribución efectiva, OQTF y recurso.
El cuarto motivo ataca la denegación del plazo y la prohibición de retorno. Aquí la jurisprudencia más reciente juega a su favor y en su contra según el caso, y conviene conocerla con precisión. En su dictamen del 16 de julio de 2026, número 515248, publicado en el Diario Oficial, el Consejo de Estado respondió a la corte de apelación de París que la decisión sobre el plazo de salida voluntaria es una decisión autónoma respecto de la OQTF: el juez puede anular únicamente la denegación del plazo sin que ello afecte a la legalidad de la OQTF, y esa anulación solo impide su ejecución forzosa hasta que la administración fije un nuevo plazo teniendo en cuenta los motivos de la anulación; en cambio, la anulación de la OQTF arrastra por vía de consecuencia la anulación de la decisión sobre el plazo. Puede leer el texto oficial del dictamen 515248. En la práctica, esto significa que debe pedir siempre ambas anulaciones a título principal y subsidiario: la de la OQTF y, si el juez la confirma, la de la denegación del plazo, porque ganar el plazo le devuelve treinta días, frena la ejecución forzosa y evita la prohibición de retorno automática. El Consejo de Estado añade que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 1 de agosto de 2025 en los asuntos Al Hoceima y Boghni, C-636/23 y C-637/23, relativa al derecho belga, no cambia este análisis en Francia, y recuerda el marco de la Directiva 2008/115 de retorno (cuyo contenido cita íntegramente el dictamen del Consejo de Estado enlazado más arriba), cuyo artículo 7 prevé para la salida voluntaria un plazo apropiado de siete a treinta días, con excepciones por riesgo de fuga, solicitud manifiestamente infundada o fraudulenta, o peligro para el orden público.
La otra cara de la moneda la muestra la sentencia de la corte administrativa de apelación de París del 10 de diciembre de 2025, número 25PA01932, consultable en su texto oficial: una OQTF sin plazo con prohibición de retorno de dos años contra un nacional argelino en situación irregular, tras una readmisión en Francia por las autoridades españolas durante un viaje en autobús entre París y Barcelona. La corte anuló la sentencia del tribunal por omisión de respuesta sobre el error manifiesto, pero al resolver el fondo confirmó todo: motivación suficiente de las tres decisiones, examen personal acreditado, derecho a ser oído respetado mediante audiencia policial con intérprete la víspera, base legal correcta porque la readmisión en Francia no constituye una entrada regular y el intento de salida voluntaria no crea derecho a la estancia, y prohibición de dos años proporcionada al no acreditarse circunstancia humanitaria ni arraigo real. La lección es clara: los motivos formales solo prosperan con la prueba en la mano, y sin pruebas de vínculos, la prohibición de retorno se confirma. Por eso el recurso debe impugnar también la duración de la prohibición con los criterios del artículo L. 612-10, invocando las circunstancias humanitarias del artículo L. 612-6 cuando existan, y aportar los documentos que las sostienen.
Si el tribunal anula la OQTF, la ley prevé las consecuencias: el artículo L. 614-16 del CESEDA ordena poner fin inmediatamente a las medidas de vigilancia, como la retención o la asignación a residencia, y entregar al extranjero una autorización provisional de estancia hasta que la administración resuelva de nuevo sobre su caso. El texto oficial dice: « l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas », es decir, usted recibe un permiso provisional mientras la prefectura reexamina su expediente. Y si lo anulado es solo la denegación del plazo, el artículo L. 614-17 del CESEDA prevé igualmente el fin de la vigilancia y el recuerdo de la obligación de salir en el nuevo plazo que fije la administración. Guarde la sentencia y reclame ese documento en prefectura sin demora.
Quedan los errores que hacen perder incluso un buen caso. Primero, contentarse con el recurso administrativo ante el prefecto o el ministro y dejar pasar el mes contencioso: ese recurso no interrumpe el plazo y el tribunal declarará la demanda tardía. Segundo, recurrir solo la OQTF y olvidar la prohibición de retorno y el país de retorno: el juez no anula lo que no se le pide, y una OQTF anulada sin ataque a la prohibición deja a veces subsistir efectos dañinos, mientras que una prohibición no impugnada se ejecuta. Tercero, partir sin dejar rastro o quedarse sin recurrir tras el plazo: la permanencia irregular posterior genera una nueva prohibición conforme al artículo L. 612-7 y agrava la siguiente solicitud. Cuarto, pedir la ayuda jurídica tarde: preséntela con la demanda, no después. Quinto, presentar un recurso genérico sin piezas: en retención y asignación, el juez único resuelve en días u horas y solo valora lo que está en el expediente. La administración, por su parte, publica el régimen aplicable en su página oficial sobre la OQTF y en su página oficial sobre la prohibición de retorno: léalas para verificar su plazo, pero funde su recurso en los textos y las decisiones citadas aquí, comprobados en su versión vigente.
Conclusión
Una OQTF no es el final del procedimiento, sino el inicio de una carrera contrarreloj con reglas precisas. Identifique hoy mismo si su decisión concede treinta días o impone la salida inmediata, anote el plazo de recurso que le corresponde, un mes, siete días o cuarenta y ocho horas según esté libre, asignado a residencia o retenido, y presente ante el tribunal competente un recurso completo que suspenda la expulsión. Ataque cada decisión por separado, la OQTF, la denegación del plazo, el país de retorno y la prohibición de retorno, con las pruebas de su presencia, sus vínculos y sus circunstancias humanitarias, e invoque la motivación, el examen serio, el derecho a ser oído y la proporcionalidad. La jurisprudencia de 2022 a 2026 muestra que los jueces anulan las medidas desproporcionadas o mal motivadas y confirman las que reposan sobre hechos verificados: la diferencia la hacen las piezas del expediente y el respeto de los plazos. Conserve cada notificación, cada resguardo y cada sentencia, pida la ayuda jurídica con la demanda y haga reexaminar su derecho a la estancia hasta el final del procedimiento.