Despacho Kohen Avocats · Distrito 17 de París
Poder judicial: cómo calcular la indemnización por despido improcedente y en qué plazo reclamar

El abogado Hassan KOHEN interviene con urgencia, desde la comisaría hasta el tribunal con jurado (cour d'assises). Primer análisis estratégico: 80 € IVA incluido, respuesta personal en un plazo de 24 horas.

100 % confidencial · Secreto profesional · Sin compromiso

Artículo generado por una inteligencia artificial, según un proceso diseñado y supervisado por el despacho

Fuente: Tribunal de Casación – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Colegio de Abogados de París Detención policial, instrucción, tribunal con jurado Ficha CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Hassan KOHEN
Abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París

Poder judicial: cómo calcular la indemnización por despido improcedente y en qué plazo reclamar

Hablar con un abogado 06 89 11 34 45

La expresión «poder judicial» figura desde el 21 de noviembre de 2026 entre las búsquedas en ascenso en España, y buena parte de las consultas que la acompañan en el buscador no tiene nada de institucional: «poder judicial indemnización despido», «calculadora poder judicial despido», «calculadora poder judicial empleadas de hogar» o «calculadora poder judicial fijos discontinuos». Detrás de esas palabras suele haber una persona que acaba de recibir una carta de despido y quiere saber cuánto le corresponde y hasta cuándo puede reclamar. La herramienta a la que se refieren es la calculadora de indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo que el Consejo General del Poder Judicial ofrece al público en su página web.

Este artículo explica cómo funciona esa calculadora, qué datos hay que introducir, cómo se llega a la cifra final y, sobre todo, qué hacer con ella: en qué plazo impugnar el despido, cómo se reclama y quién paga si la empresa no lo hace. La respuesta se refiere al derecho laboral de España, común a todo el territorio, en la versión publicada en el Boletín Oficial del Estado y vigente el 22 de noviembre de 2026, fecha de redacción. Se trata de una información sobre derecho extranjero, firmada por Hassan Kohen, abogado del Colegio de Abogados de París.

El método expuesto es de alcance general. Los ejemplos numéricos son hipotéticos y no se refieren a ninguna empresa ni a ninguna persona. El resultado de cada caso depende del contrato, del convenio colectivo aplicable, de la causa del despido y de lo que decida, en su caso, el juzgado de lo social.

I. Calculadora del Poder Judicial: ¿cuánto me corresponde por el despido?

A. Poder judicial e indemnización por despido: los tres datos que pide la calculadora y el salario diario

La calculadora del Consejo General del Poder Judicial no es un formulario de reclamación ni un trámite administrativo: es una utilidad de cálculo. Según la presentación que la acompaña en la web del Consejo, basta con introducir tres datos, la fecha de inicio de la relación laboral, la fecha de finalización y el salario, que puede ser diario, mensual o anual, para que aparezca en pantalla la indemnización que corresponde a cada causa de extinción prevista por la ley. La misma página advierte de que sus resultados no son vinculantes. Esa advertencia tiene consecuencias prácticas: la cifra sirve para comprobar la carta de despido, preparar la papeleta de conciliación o negociar una salida, pero quien fija la cantidad en caso de desacuerdo es el juez, aplicando la ley al salario y a la antigüedad que queden probados en el juicio.

La calculadora no inventa ninguna regla: traduce a números las del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en su texto consolidado. Para el despido declarado improcedente, su artículo 56.1 permite a la empresa optar entre la readmisión y «el abono de una indemnización equivalente a treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades». Para los contratos firmados antes de la reforma laboral de 2012, la disposición transitoria undécima mantiene un cálculo doble, a razón de cuarenta y cinco días por año hasta el 11 de febrero de 2012 y de treinta y tres días después, y añade que «El importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a setecientos veinte días de salario», salvo que el periodo anterior a esa fecha ya hubiera generado más días, con un límite absoluto de cuarenta y dos mensualidades. En cuanto al salario que sirve de base, el artículo 26.1 del mismo texto considera salario «la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena». El artículo 56 conserva en el texto consolidado consultado el 22 de noviembre de 2026 la redacción de 2015: no hay en el BOE ningún cambio posterior de los días por año ni de los topes del despido improcedente.

El primer error frecuente está en el salario que se introduce. Hay que consignar el salario bruto, es decir, antes de descontar la retención del IRPF y la cotización del trabajador a la Seguridad Social, y con la parte proporcional de las pagas extraordinarias. La guía legal y jurisprudencial que acompaña a la herramienta, cuya versión 0.6 se actualizó en julio de 2026, pone un ejemplo sencillo: con un salario mensual de 1.000 euros y catorce pagas iguales, se puede introducir un salario anual de 14.000 euros o un salario mensual prorrateado de 1.166,67 euros, que resulta de multiplicar 1.000 por 14 y dividir el resultado entre 12. Si el convenio prevé quince o dieciséis pagas, o pagas extraordinarias de importe distinto al de la mensualidad ordinaria, lo más seguro es introducir el salario anual real, porque la herramienta no puede saber cuántas pagas cobra cada trabajador.

La segunda cuestión es qué conceptos entran en ese salario. La definición legal es amplia: además del salario base, cuentan los complementos, las primas, las comisiones o los incentivos que se cobran por el trabajo, en dinero o en especie, y también los periodos de descanso que se computan como trabajo. Quedan fuera, según el apartado 2 del mismo artículo 26, las cantidades que solo compensan gastos ocasionados por la actividad, como las dietas o los suplidos, las prestaciones de la Seguridad Social y las propias indemnizaciones por traslados, suspensiones o despidos. En la práctica, las nóminas de los últimos doce meses son la mejor base de trabajo: permiten detectar un variable que la empresa ha dejado fuera de la carta, un complemento cobrado solo algunos meses o una retribución en especie que no aparece en la cifra mensual. Si una parte del sueldo se pagaba fuera de nómina, también es salario a efectos de la indemnización, pero habrá que probarla con transferencias, mensajes o testigos.

Una vez fijado el salario anual, la herramienta lo convierte en salario diario dividiéndolo entre 365, no entre 360, y la guía precisa que tampoco se divide entre 366 cuando el despido se produce en un año bisiesto. Con 14.000 euros anuales, el salario diario es de 38,36 euros. Ese mismo salario diario sirve también para calcular los salarios de tramitación cuando proceden, de modo que un error en esta primera operación se arrastra a todas las demás. Por eso conviene comprobarlo a mano antes de fiarse de cualquier resultado, sea el de la carta de despido, el de una calculadora privada o el de la herramienta del Consejo.

Queda el tiempo de servicio. Los artículos del Estatuto que fijan indemnizaciones por año de servicio ordenan prorratear por meses los periodos inferiores a un año, y la guía de la herramienta explica cómo se aplica esa regla: cualquier fracción de mes cuenta como un mes entero. Quien ha trabajado del 1 de enero al 2 de febrero suma dos meses a efectos de indemnización, y quien ha trabajado del 1 de enero al 1 de abril suma cuatro, porque a los tres meses completos se añade un día que se computa como mes. Con esos dos datos, salario diario y número de meses, la operación es una multiplicación: salario diario por número de meses por 2,75 en el despido improcedente, porque 33 días divididos entre 12 meses dan 2,75 días por mes; por 3,75 para el tramo anterior a 2012, que resulta de dividir 45 entre 12; y por 20/12, es decir, unos 1,667 días por mes, en las extinciones que dan derecho a veinte días por año.

B. Cálculo de la indemnización por despido improcedente, objetivo o fin de contrato: días por año, contratos anteriores a 2012 y topes de 360 y 720 días

La calculadora muestra a la vez varias cifras porque la ley no paga lo mismo por todas las extinciones. El despido disciplinario o el despido objetivo que el juez declara improcedente se indemniza con treinta y tres días por año y un máximo de veinticuatro mensualidades. La misma indemnización corresponde al trabajador que pide al juez la extinción de su contrato por un incumplimiento grave de la empresa, como los retrasos continuados en el pago del salario, porque el artículo 50.2 del Estatuto le reconoce las indemnizaciones señaladas para el despido improcedente; el apartado 1.b) de ese artículo considera que hay retraso cuando el salario se abona con más de quince días de demora sobre la fecha fijada, y que la causa existe, sin perjuicio de otros supuestos que aprecie el juez, si en un año se adeudan tres mensualidades completas o si el retraso se repite durante seis meses, aunque no sean consecutivos. El despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción se indemniza con veinte días por año y un máximo de doce mensualidades, según el artículo 53.1.b); el mismo módulo se aplica a los despidos de un despido colectivo, que el artículo 51.4 ordena notificar conforme a ese artículo 53.1, y a la extinción del trabajador que no acepta un traslado con cambio de residencia, según el artículo 40.1. Cuando el trabajador se ve perjudicado por una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo y decide rescindir su contrato, el artículo 41.3 le reconoce también veinte días por año, pero con un máximo de nueve meses.

Los contratos temporales siguen otra lógica. A su finalización, el artículo 49.1.c) concede una indemnización equivalente a la parte proporcional de doce días de salario por año de servicio, salvo en los contratos formativos y en el contrato de sustitución, y siempre que el convenio no prevea una cantidad mayor. La disposición transitoria octava escalona esos días según la fecha del contrato: ocho días para los celebrados hasta el 31 de diciembre de 2011 y uno más por año hasta llegar a doce días para los celebrados desde el 1 de enero de 2015. Como la ley habla de parte proporcional y no de prorrateo por meses, la herramienta calcula aquí con los días reales trabajados: salario diario por número de días por 12/365 en los contratos recientes. El artículo 49.1.g), por su parte, reconoce un mes de salario cuando el contrato se extingue por muerte, jubilación o incapacidad del empresario.

Los topes se expresan en mensualidades, pero hay que traducirlos a días para aplicarlos. La guía de la herramienta lo hace a razón de treinta días por mes: nueve mensualidades equivalen a 270 días de salario, doce a 360, veinticuatro a 720 y cuarenta y dos a 1.260. La propia ley apunta en esa dirección, porque la disposición transitoria undécima expresa en setecientos veinte días el mismo límite que el artículo 56.1 formula en veinticuatro mensualidades. La nota de actualización que el Consejo General del Poder Judicial publicó en julio de 2026 con la versión 0.6 de la herramienta se dedica precisamente a ese punto: confirma que el tope de doce mensualidades de las extinciones a veinte días por año es de 360 días de salario y no de 365, criterio que la calculadora ya aplicaba. Cuando el resultado alcanza el máximo legal, la pantalla lo indica de forma expresa.

Un primer ejemplo hipotético permite ver el método completo. Una persona trabaja desde el 15 de marzo de 2016 hasta el 20 de noviembre de 2026, con un salario bruto anual de 28.000 euros, pagas extraordinarias incluidas. Su salario diario es de 76,71 euros. Entre esas dos fechas hay diez años, ocho meses y seis días, que se convierten en 129 meses porque los seis días cuentan como un mes. Si el despido se declara improcedente, la indemnización es de 129 por 2,75, es decir, 354,75 días de salario, unos 27.213,70 euros, lejos del tope de 720 días. Si se trata de un despido objetivo que el juez considera justificado, la indemnización es de 129 por 20/12, es decir, 215 días de salario, unos 16.493,15 euros, también por debajo del tope de 360 días, que en este caso serían 27.616,44 euros. La diferencia entre ambas cifras, más de 10.700 euros, explica por qué la calificación del despido es lo que realmente se discute en la mayoría de los juicios.

El segundo ejemplo muestra el efecto de los contratos anteriores a 2012. Una persona trabaja desde el 1 de septiembre de 2005 hasta el 20 de noviembre de 2026 con un salario anual de 36.500 euros, es decir, 100 euros diarios. El primer tramo, hasta el 11 de febrero de 2012, suma seis años, cinco meses y once días, que son 78 meses; a razón de 3,75 días por mes genera 292,5 días de salario. El segundo tramo, desde el 12 de febrero de 2012, suma catorce años, nueve meses y nueve días, que son 178 meses; a razón de 2,75 días por mes genera 489,5 días. La suma da 782 días, pero el resultado no puede superar los 720 días, porque el primer tramo no llegaba por sí solo a ese límite. La indemnización por despido improcedente queda, por tanto, en 720 días de salario, es decir, 72.000 euros. Solo cuando el periodo anterior a 2012 genera ya más de 720 días se aplica como tope esa cifra superior, sin superar nunca cuarenta y dos mensualidades.

Tres advertencias completan la lectura de la pantalla. La primera: un despido disciplinario que el juez declara procedente no da derecho a indemnización ni a salarios de tramitación, según el artículo 55.7, de modo que la cifra de la calculadora solo es una expectativa. La segunda: un despido declarado nulo, por ejemplo por discriminación, por vulneración de derechos fundamentales o en los supuestos de embarazo, nacimiento o permisos de conciliación que enumera el artículo 55.5, no se resuelve con una indemnización sino con la readmisión inmediata y el abono de los salarios dejados de percibir. La tercera: en el despido objetivo, la empresa debe poner la indemnización a disposición del trabajador al entregar la carta y conceder quince días de preaviso, pero el artículo 53.4 precisa que la falta de preaviso o un error excusable en el cálculo no convierten por sí solos el despido en improcedente; la empresa queda obligada a pagar los salarios del preaviso o la diferencia correcta. Si el error no es excusable, el mismo apartado lleva a otra consecuencia: cuando no se han cumplido los requisitos de forma del apartado 1, entre ellos la puesta a disposición de la indemnización, el despido objetivo se considera improcedente. En ese debate, el cálculo hecho con la herramienta sirve para mostrar la diferencia.

II. ¿Qué hacer si la empresa no paga lo que toca? Plazo para reclamar, conciliación y cobro

A. Plazo para reclamar el despido improcedente: veinte días hábiles, papeleta de conciliación y demanda

El plazo es lo que más se pierde, y una cifra bien calculada no sirve de nada si llega tarde. La Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social establece en su artículo 103.1 que el trabajador puede reclamar contra el despido «dentro de los veinte días hábiles siguientes a aquél en que se hubiera producido», y precisa que se trata de un plazo de caducidad en el que «no se computarán los sábados, domingos y los festivos en la sede del órgano jurisdiccional». El mismo artículo añade, en su apartado 4, que el procedimiento es urgente y tiene tramitación preferente cuando el trabajador manifiesta que la empresa no ha tramitado su baja por despido en la Tesorería General de la Seguridad Social. Antes de presentar la demanda, su artículo 63 exige intentar la conciliación o la mediación ante el servicio administrativo competente, y su artículo 65.1 dispone que la presentación de esa solicitud suspende la caducidad, que vuelve a correr al día siguiente de intentada la conciliación o una vez transcurridos quince días hábiles sin que se haya celebrado.

El Estatuto de los Trabajadores recoge la misma regla de los veinte días hábiles. Desde el 19 de noviembre de 2026, tras una reforma que añadió a su artículo 59 un nuevo apartado sobre las acciones por discriminación retributiva, la caducidad de la acción contra el despido figura en el apartado 4 de ese artículo, sin cambio de contenido: veinte días hábiles desde el despido, con el efecto de la solicitud de conciliación ante el órgano público competente. Quien encuentre en un modelo o en una guía antigua la referencia al artículo 59.3 debe saber que la regla es la misma, aunque haya cambiado de número.

En la práctica, el cómputo empieza el día siguiente a la fecha de efectos del despido que figura en la carta, no el día en que se firma el finiquito ni el día en que llega la última nómina. Veinte días hábiles equivalen aproximadamente a cuatro semanas naturales, pero los festivos nacionales, autonómicos y locales de la sede del juzgado acortan ese margen, y diciembre acumula varios. Por eso la papeleta de conciliación debe presentarse cuanto antes: los días ya transcurridos antes de presentarla no se recuperan, porque la conciliación suspende el plazo, no lo reinicia. Tras el acto de conciliación sin acuerdo, o tras quince días hábiles sin celebrarse, solo quedan los días que faltaban para presentar la demanda ante el juzgado de lo social.

La papeleta de conciliación se presenta ante el servicio de mediación, arbitraje y conciliación que corresponda en cada comunidad autónoma, y debe identificar bien a la empresa, la fecha del despido, la antigüedad, el salario y lo que se pide: que se declare el despido improcedente o nulo y, en su caso, la indemnización calculada. Aquí la calculadora del Consejo es útil como documento de trabajo, porque permite fijar una cifra razonada y explicar de dónde sale. La asistencia al acto es obligatoria para ambas partes. Si el trabajador que ha presentado la solicitud no acude sin justa causa, la papeleta se tiene por no presentada y se archiva, con el riesgo que eso supone para el plazo. Si la empresa debidamente citada no comparece, la conciliación se tiene por intentada sin efecto y, según el artículo 66.3 de la ley procesal, el juez le impondrá las costas, con los honorarios del abogado o del graduado social del trabajador hasta 600 euros, si la sentencia coincide esencialmente con lo pedido en la papeleta.

Si la persona se equivoca de empresario, por ejemplo porque trabajaba para una contrata o para un grupo con varias sociedades, el artículo 103.2 de la misma ley permite dirigir una nueva demanda contra el verdadero empleador, y el plazo de caducidad no empieza a correr hasta que conste quién es. Es una válvula de seguridad, no una estrategia: lo prudente es dirigir la papeleta, desde el principio, contra todas las sociedades que puedan haber actuado como empleadoras y contra la que figura en las nóminas. En ese recorrido, la carta de despido, el contrato, las nóminas, la vida laboral y el resultado impreso de la calculadora forman el núcleo del expediente de derecho laboral y extinción del contrato de trabajo que cualquier profesional pedirá en la primera lectura del caso.

Un acuerdo en conciliación puede cerrar el litigio sin juicio. Suele adoptar la forma de un reconocimiento de la improcedencia del despido con el pago de una cantidad, que puede coincidir con la cifra de la calculadora o quedar por debajo a cambio de un pago inmediato. Antes de firmar conviene comprobar tres cosas: que el acuerdo distinga la indemnización del finiquito, es decir, de los salarios, vacaciones no disfrutadas y partes proporcionales de pagas pendientes; que fije una fecha de pago concreta; y que la cantidad acordada como indemnización respete el mínimo legal si se quiere aprovechar su tratamiento fiscal, que se examina más adelante. El artículo 49.2 del Estatuto obliga además a la empresa a acompañar la comunicación de la extinción con una propuesta del documento de liquidación de las cantidades adeudadas, y permite al trabajador pedir la presencia de un representante legal en el momento de firmar el finiquito.

B. Cobrar la indemnización: opción en cinco días, Fogasa, calculadora del Poder Judicial para empleadas de hogar y fijos discontinuos, y Hacienda

Si el juez declara improcedente el despido, la decisión vuelve a la empresa. El artículo 56.1 del Estatuto y el artículo 110.3 de la ley procesal le conceden cinco días desde la notificación de la sentencia para optar entre readmitir al trabajador o pagar la indemnización, sin esperar a que la sentencia sea firme. Si opta por la readmisión, debe abonar los salarios de tramitación, es decir, los salarios dejados de percibir desde el despido hasta la notificación de la sentencia, con descuento de lo que el trabajador haya cobrado en otro empleo si la empresa lo prueba. Si no opta, se entiende que elige la readmisión. Cuando el despedido es representante legal de los trabajadores o delegado sindical, la opción le corresponde a él y tiene derecho a los salarios de tramitación en ambos casos. El artículo 110.1.b) de la ley procesal añade una salida útil cuando la readmisión ya no es posible, por ejemplo porque la empresa ha cerrado: a petición del trabajador, la sentencia puede declarar extinguida la relación y condenar al pago de la indemnización calculada hasta la fecha de la propia sentencia.

Si la empresa elige readmitir pero no lo hace, o lo hace en condiciones distintas de las anteriores, el trabajador puede abrir en la ejecución el incidente de no readmisión. El artículo 281.2 de la ley procesal prevé que el juez declare entonces extinguida la relación en la fecha de su auto, ordene el pago de la indemnización del despido improcedente y de los salarios dejados de percibir, y pueda añadir una indemnización adicional de hasta quince días de salario por año de servicio, con un máximo de doce mensualidades, computando como tiempo de servicio el transcurrido hasta la fecha del auto. La calculadora no cubre ese supuesto, pero el método es el mismo: salario diario, meses de servicio y módulo de días por año.

Cuando la empresa no paga porque es insolvente o está en concurso, entra en juego el Fondo de Garantía Salarial. El artículo 33.2 del Estatuto le obliga a abonar las indemnizaciones reconocidas por sentencia, auto, acto de conciliación judicial o resolución administrativa a causa de despido o de extinción de los contratos, pero con límites propios que la calculadora del Consejo tampoco incluye: el máximo es, con carácter general, una anualidad, nueve mensualidades en la modificación sustancial y seis en la extinción del contrato de empleo de hogar, y el salario diario que sirve de base no puede superar el doble del salario mínimo interprofesional, con la parte proporcional de las pagas extraordinarias. Para los despidos improcedentes y las extinciones del artículo 50, el Fondo calcula además la indemnización sobre treinta días por año, y no sobre treinta y tres, dentro de esos mismos límites. El derecho a pedir el pago al Fondo prescribe al año desde el acto de conciliación, la sentencia, el auto o la resolución que reconoce la deuda, según el apartado 7 del mismo artículo. Por eso, en una empresa en dificultades, la diferencia entre lo que dice la calculadora y lo que finalmente se cobra puede ser importante, y la parte no cubierta por el Fondo queda como crédito frente a la empresa o frente al concurso.

Las personas que trabajan en el servicio del hogar familiar tienen una regla propia, y por eso aparecen en las búsquedas como un caso aparte. El Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, en la redacción de su artículo 11 vigente desde septiembre de 2022, permite a la persona empleadora extinguir el contrato por tres causas justificadas, la disminución de los ingresos o el aumento de los gastos de la unidad familiar por una circunstancia sobrevenida, la modificación sustancial de las necesidades de la familia y un comportamiento del trabajador que justifique de forma razonable y proporcionada la pérdida de confianza. En esos casos, la comunicación debe hacerse por escrito y la persona empleadora debe poner a disposición del trabajador, al mismo tiempo, «una indemnización, en cuantía equivalente al salario correspondiente a doce días por año de servicio con el límite de seis mensualidades», con un preaviso de veinte días si la relación ha durado más de un año y de siete días en los demás casos, que puede sustituirse por los salarios de ese periodo. Si falta la forma escrita o la puesta a disposición de la indemnización, el apartado 3 dispone que «se presumirá que la persona empleadora ha optado por la aplicación del régimen extintivo del despido regulado en el Estatuto de los Trabajadores». Fuera de esas causas, el apartado 1 remite a las causas de extinción del artículo 49.1 del Estatuto y a la normativa laboral común, salvo en lo que sea incompatible con el carácter especial de la relación. La calculadora del Consejo trata este supuesto en un enlace separado de su página, precisamente porque los módulos no son los mismos.

Los trabajadores fijos discontinuos también tienen una entrada aparte en la herramienta, y la razón está en el cómputo de la antigüedad. El artículo 16.6 del Estatuto les reconoce el derecho a que su antigüedad se calcule teniendo en cuenta toda la duración de la relación laboral y no solo el tiempo efectivamente trabajado, pero admite excepciones para las condiciones que exijan otro tratamiento en atención a su naturaleza, siempre que respondan a criterios de objetividad, proporcionalidad y transparencia. En la práctica, eso obliga a fijar con cuidado la fecha de inicio que se introduce, a conservar los llamamientos y los periodos de inactividad de cada campaña y a comprobar si el convenio sectorial prevé alguna cuantía por fin de llamamiento, que el apartado 5 del mismo artículo permite pactar. Ante cualquier duda sobre el periodo computable, lo prudente es calcular las dos hipótesis, con toda la duración de la relación y solo con los periodos de actividad, para conocer el margen de la discusión antes de la conciliación.

Por último, la indemnización tiene un tratamiento fiscal que conviene conocer antes de firmar cualquier acuerdo. El artículo 7.e) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas declara exentas las indemnizaciones por despido o cese del trabajador en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o en la normativa de ejecución de sentencias, «sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato». La misma letra precisa que no se consideran pactadas las cantidades acordadas en el acto de conciliación ante el servicio administrativo al que se refiere el artículo 63 de la ley procesal laboral, y fija un techo: «El importe de la indemnización exenta a que se refiere esta letra tendrá como límite la cantidad de 180.000 euros.» En los despidos colectivos y en los despidos objetivos por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o por fuerza mayor, queda exenta la parte de la indemnización que no supere los límites obligatorios del despido improcedente. Dicho de forma práctica: fuera de esos dos casos, lo que la empresa pague por encima de la indemnización obligatoria en un pacto privado no disfruta de la exención, y el cálculo de la herramienta del Consejo es también la referencia para saber qué parte de la cantidad tributa.

Conclusión

La calculadora del Consejo General del Poder Judicial, que explica buena parte de las búsquedas de «poder judicial» en España estos días, es una buena herramienta siempre que se le den los datos correctos: salario bruto con las pagas extraordinarias prorrateadas, fechas exactas de inicio y de fin, y la causa de extinción que realmente se discute. A partir de ahí aplica reglas fijadas por la ley: treinta y tres días por año con un máximo de veinticuatro mensualidades en el despido improcedente, cálculo doble con cuarenta y cinco días por año para el tiempo trabajado antes del 12 de febrero de 2012, veinte días por año con un máximo de doce mensualidades en el despido objetivo y en el colectivo, salario diario obtenido dividiendo el salario anual entre 365, cualquier fracción de mes computada como mes completo y topes traducidos a razón de treinta días por mes. Su resultado no es vinculante: es la base razonada de una reclamación.

Lo decisivo, sin embargo, está fuera de la pantalla. La acción contra el despido caduca a los veinte días hábiles, sin contar sábados, domingos ni festivos de la sede del juzgado, y solo la papeleta de conciliación suspende ese plazo. Después, la empresa dispone de cinco días para elegir entre readmitir o indemnizar; si es insolvente, el Fondo de Garantía Salarial paga con sus propios límites; las personas empleadas del hogar y los fijos discontinuos tienen reglas específicas; y la indemnización está exenta del IRPF solo en la cuantía obligatoria y hasta 180.000 euros. Calcular bien es el primer paso; reclamar a tiempo y con los documentos adecuados es lo que convierte esa cifra en un derecho efectivo.

📄 Circular oficial