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Precipitación: qué puede exigir un inquilino si hay goteras y una habitación queda inutilizable

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Fuente: Tribunal de Casación – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Colegio de Abogados de París Detención policial, instrucción, tribunal con jurado Ficha CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Hassan KOHEN
Abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París

Precipitación: qué puede exigir un inquilino si hay goteras y una habitación queda inutilizable

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La búsqueda «precipitación» ha ganado interés en España. Una pregunta que surge cuando la lluvia entra en una vivienda alquilada es cuánto puede hacer el inquilino si una habitación deja de poder usarse. La respuesta depende de lo que se esté reclamando. Pedir que se repare la entrada de agua, recuperar el coste de una actuación urgente y solicitar una rebaja de la renta durante las obras son tres pretensiones con requisitos distintos. También importa si la vivienda sigue siendo utilizable en conjunto o si las obras obligan a dejarla.

Esta guía ofrece información general sobre el régimen estatal español del alquiler de vivienda habitual. Se centra en el alquiler de una vivienda entera y toma como referencia el texto vigente el 20 de noviembre de 2026. Para explicar cómo se aplica, utiliza ejemplos hipotéticos. La distinción práctica está en tres fechas: cuándo recibió el arrendador el aviso, cuándo recibió un requerimiento escrito acompañado de presupuesto y cuánto tiempo duró realmente la obra. La primera ayuda a ordenar la respuesta urgente, la segunda puede abrir la vía para recuperar una reparación de las rentas futuras y la tercera permite valorar una reducción por la parte de la vivienda que se pierde durante los trabajos.

Por Hassan Kohen, abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París.

I. Cómo pedir que se arreglen las goteras y conservar la prueba

A. Identificar el origen de la filtración y avisar al arrendador

El artículo 21.1 de la Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos, atribuye al arrendador las reparaciones necesarias para conservar la habitabilidad de la vivienda en el uso pactado. La obra de conservación no le da derecho a incrementar la renta. La misma disposición exceptúa el deterioro imputable al inquilino y remite a los artículos 1563 y 1564 del Código Civil. El apartado 4 del artículo 21 asigna al inquilino las pequeñas reparaciones derivadas del desgaste por el uso ordinario. El tamaño visible de una mancha es un mal criterio para decidir a quién corresponde el arreglo. La causa y el trabajo necesario importan más que la superficie mojada.

Una mancha del tamaño de una mano puede indicar una grieta en la cubierta. En ese caso, secar el techo o pintarlo apenas cambia el problema. Otra mancha de aspecto parecido puede venir de un aparato instalado o manipulado en el interior. Si la causa se discute, cabe documentar primero lo que se ve y dejar al técnico la identificación del origen. Un aviso que dice que el agua se concentra junto al marco de la ventana y gotea cuando llueve aporta un dato comprobable. Afirmar desde el primer día que existe un defecto de impermeabilización en toda la fachada requiere otra base.

La función de la primera comunicación es permitir que el arrendador actúe. El artículo 21.3 pide al inquilino que le comunique la necesidad de reparar lo antes posible y que facilite la comprobación directa por el propio arrendador o por el técnico que designe. En el aviso pueden constar la fecha, las habitaciones afectadas, la presencia de agua activa y las franjas en que se puede acceder. Si se avisa primero por voz, un mensaje posterior puede resumir el aviso, indicar a qué hora se dio e incorporar las fotografías. La constancia de recepción será especialmente relevante si después se envía un requerimiento del artículo 21.5.

Conviene describir qué uso se ha perdido. Retirar la cama de un dormitorio porque caen gotas encima tiene una consecuencia diferente de mantener el dormitorio disponible mientras se seca una esquina. Si la humedad alcanza un cuadro eléctrico o se desprende material, la prioridad es alejarse de la zona insegura y comunicar esa circunstancia. Documentarla puede esperar a que sea seguro hacerlo. En una inspección posterior, interesa pedir que queden identificados el punto de entrada probable, las zonas que deben permanecer cerradas y el trabajo necesario para reabrirlas. Una segunda visita puede ser necesaria si la primera se realiza con la vivienda seca.

Cuando el origen aparente está en una cubierta común, es posible que el arrendador necesite coordinar la intervención con quien gestione el edificio. Desde la perspectiva del alquiler, sigue siendo importante que el aviso llegue al arrendador y que pueda demostrarse su recepción. Una notificación al conserje o a quien gestione el inmueble prueba esa comunicación concreta. Por sí sola, no acredita que el arrendador recibiera el aviso. El artículo 4.6 de la ley permite señalar un canal electrónico de notificación si quedan acreditados la autenticidad, el contenido, el envío, la recepción íntegra y el momento de ambos.

El contrato y el estado de entrega también cuentan. Son útiles el inventario, las fotografías de entrada y cualquier parte anterior que sitúe una mancha en el mismo punto. Si una filtración reaparece tras una reparación, abrir una segunda incidencia con sus propias fechas permite mostrar la continuidad. También ayuda conservar la respuesta a la primera: el trabajo prometido, el que se realizó y la explicación que se dio al cerrar el parte. Con esa secuencia es más fácil separar una reparación definitiva, una intervención provisional y un daño nuevo.

B. Distinguir la actuación urgente del requerimiento con presupuesto

El artículo 21.3 permite al inquilino actuar tras una comunicación previa al arrendador cuando la reparación sea urgente para evitar un daño inminente o una incomodidad grave. La ley le permite exigir de inmediato el importe de esa actuación. La urgencia se aprecia por lo que podía ocurrir si se esperaba. Una intervención para impedir que siga entrando agua y preservar una zona en uso puede requerir una respuesta inmediata. Sustituir por completo una carpintería cuando ya se contuvo la entrada de agua exige un análisis distinto. La visita, el diagnóstico provisional, el trabajo y el importe deben quedar separados en la documentación tanto como sea posible.

Imaginemos que el sábado por la tarde empieza a gotear de un falso techo. Antes de encargar una intervención urgente, quien alquila comunica al arrendador qué está ocurriendo y qué actuación inmediata se propone. El profesional consigue contener la entrada y entrega una factura que describe lo que hizo. Queda pendiente identificar y corregir el defecto en la cubierta. La factura del sábado permite pedir el reembolso de esa actuación inmediata si concurren los requisitos del apartado 3. El presupuesto para arreglar la causa pertenece a otra fase. Es preferible conservar los dos documentos por separado, con la fecha de cada encargo y el trabajo preciso que cubre cada uno.

El Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, añadió el artículo 21.5 mediante su artículo 3.13. La modificación entró en vigor el 8 de octubre de 2026. La ficha oficial del real decreto-ley recoge su convalidación por acuerdo publicado en noviembre. Para un requerimiento nuevo sometido a esta redacción, el apartado 5 permite pedir por escrito la reparación necesaria y adjuntar un presupuesto razonable. Cubre desperfectos que afectan a la habitabilidad, la seguridad o la salubridad y, en general, las reparaciones necesarias comprendidas en el apartado 1. El presupuesto puede describir las partidas, el lugar donde se ejecutarán, el precio y qué parte corresponde a reparar la causa.

Desde la recepción de ese requerimiento, el arrendador dispone de quince días naturales para aceptar el presupuesto, proponer una reparación alternativa o ejecutar directamente la reparación. Si transcurre el plazo sin respuesta o si hay una negativa injustificada, el inquilino puede realizar los trabajos necesarios y descontar su importe de rentas futuras en los términos del artículo 21.5. El coste tiene que ser razonable, corresponder a los daños o desperfectos que se pretende subsanar y quedar documentado. Antes de descontar, interesa poder mostrar el requerimiento completo con el presupuesto, su recepción, el trabajo efectivamente ejecutado y su coste. Una foto de la gotera acredita su aspecto. La factura y la prueba de pago explican de dónde sale el importe.

Una respuesta que ofrece enviar a un técnico merece conservarse íntegra. Si incluye una fecha y una intervención concreta, permite comprobar si esa alternativa llega a ejecutarse y si sirve para corregir la entrada de agua. Si la respuesta solo anuncia que alguien llamará, puede pedirse que se precise cuándo y qué se hará. En caso de controversia, importa la diferencia entre una alternativa de reparación y una contestación sin solución concreta. El artículo 21.5 contempla la alternativa y vincula la posibilidad de ejecutar y descontar al silencio después del plazo o a una negativa injustificada. Una discrepancia sobre el presupuesto debe examinarse a la luz de la respuesta real y de la necesidad de la obra.

Así, un primer mensaje con dos fotos cumple una función distinta del envío posterior de un requerimiento con presupuesto. Si el arrendador recibió las fotos el lunes y el presupuesto el jueves junto con un requerimiento escrito, debe conservarse por separado la prueba de ambas recepciones. El plazo de quince días del apartado 5 se vincula a la segunda, siempre que allí consten los elementos exigidos. Para calcular el coste reclamado también es útil distinguir la reparación necesaria de una mejora aprovechada al mismo tiempo. Un presupuesto conjunto para cerrar la filtración y cambiar por estética toda la carpintería dificulta acreditar cuánto corresponde al defecto.

II. Qué puede pasar con la renta cuando se pierde el uso de una habitación

A. Medir la privación de uso durante las obras

El artículo 21.2 regula las obras de conservación que no pueden aplazarse razonablemente hasta el final del alquiler. El inquilino debe soportarlas aunque causen una molestia importante o le priven de parte de la vivienda. Si las obras duran más de veinte días, la ley prevé una disminución de renta proporcionada a la parte de cuyo uso se le priva. El texto conecta la reducción con la duración de la obra y con la pérdida de uso. Los días de espera anteriores a la intervención deben quedar igualmente documentados, aunque pertenecen a una fase distinta y no se suman por sí solos a la duración de la obra. Los perjuicios de esa fase pueden requerir una pretensión y una prueba diferentes.

Un ejemplo muestra por qué interesa distinguir fechas. La entrada de agua se detecta el día tres. El técnico inspecciona el día seis. La obra comienza el día doce y el dormitorio vuelve a poder utilizarse al final de los trabajos, que han durado veinticuatro días. El primer intervalo ayuda a reconstruir cuándo se conoció la incidencia y qué se hizo. El segundo delimita el periodo de ejecución para el artículo 21.2. Si la obra dura catorce días y el dormitorio había permanecido cerrado dos semanas antes de empezar, ambos hechos cuentan para entender el perjuicio. Para esta reducción concreta, sigue siendo necesario examinar la duración real de la obra.

La proporción merece una explicación verificable. Los metros cuadrados pueden servir de referencia inicial si se acompañan de la descripción del espacio. Un despacho de ocho metros y el único dormitorio de la vivienda pueden tener el mismo tamaño y cumplir funciones distintas. También puede suceder que se trabaje en un dormitorio pero el acceso corte el paso al cuarto de baño durante parte de la obra. Un plano sencillo, el parte de trabajos y una relación fechada de los espacios cerrados permiten explicar mejor qué se perdió. El artículo 21.2 no fija un porcentaje uniforme ni una fórmula que se aplique automáticamente a todos los casos.

Por ejemplo, en una vivienda de sesenta metros cuadrados, un dormitorio de doce representa una quinta parte de la superficie total. Ese veinte por ciento es una referencia para conversar sobre la reducción, no una liquidación legal definitiva. Si el dormitorio estuvo cerrado solo durante parte de la obra y después se pudo usar de nuevo, interesa indicar ambas fechas. Si también quedó inservible el pasillo que lo conecta con otra estancia, el efecto puede superar la superficie del dormitorio. Una propuesta clara puede precisar qué periodo cubre, qué espacios incluye, qué renta toma como base y si el ajuste se hará en un recibo posterior o por devolución.

Las pausas de una obra también pueden afectar al cálculo. Si el equipo deja el dormitorio despejado y el técnico confirma que se puede volver a ocupar durante una pausa, la pérdida de uso puede haber terminado antes de la última visita. Si se retiran los operarios pero el pavimento sigue levantado y la estancia continúa cerrada, la ausencia de operarios no explica por sí sola cuándo se recuperó el uso. Es útil pedir que el parte distinga la suspensión material de los trabajos, la reapertura de cada espacio y el cierre de la incidencia. Así se puede reconstruir la disponibilidad real de la vivienda día a día.

El orden de las comunicaciones ayuda también a quien recibe la reclamación. En un único mensaje pueden identificarse el contrato, la referencia de la incidencia, las fechas de inicio y fin de obra, el espacio afectado y el ajuste solicitado. Si existen diferencias de criterio sobre los días o la proporción, quedan delimitadas para discutirlas por separado. Adjuntar varios recibos sin identificar el periodo controvertido dificulta comprobar si ya hubo un abono parcial o si las partes se están refiriendo a mensualidades distintas.

La reducción por privación parcial y el descuento del coste documentado de una reparación responden a hechos distintos. La primera se refiere al uso perdido durante las obras en las condiciones del apartado 2. El segundo recupera un desembolso bajo el procedimiento del apartado 5. En un mismo contrato podrían discutirse ambas cuestiones. Un desglose por separado facilita ver qué concepto está aceptado, cuál sigue pendiente y qué saldo atribuye cada parte al recibo. Si no hay acuerdo sobre las cifras o sobre los requisitos, una deducción improvisada puede abrir una controversia por impago. El artículo 27.2.a de la ley contempla la falta de pago como causa de resolución del contrato.

B. Valorar la inhabitabilidad y ordenar una eventual reclamación

Cuando la ejecución de obras de conservación o de obras ordenadas por una autoridad competente hace inhabitable la vivienda arrendada, el artículo 26 ofrece al inquilino la opción de suspender el contrato o desistir en los términos de la norma. Si se opta por la suspensión, se detienen el cómputo del plazo contractual y la obligación de pagar renta hasta que las obras terminen. La previsión se refiere a la inhabitabilidad causada por la ejecución de las obras. Una gotera activa antes de su inicio puede ser grave, pero exige comprobar cuál es la causa de que no se pueda permanecer en la vivienda y qué remedio se está invocando.

La valoración afecta al conjunto de la vivienda. Un dormitorio clausurado puede justificar que se examine la privación parcial si quedan estancias suficientes y los servicios esenciales funcionan. Si la obra obliga a desconectar la única instalación sanitaria o impide el acceso seguro durante toda su ejecución, el problema puede ser otro. Una explicación técnica resulta más útil cuando detalla qué servicios o accesos están afectados, en qué fechas y cuándo se restablecen. Si se invoca la suspensión, interesa dejar por escrito qué opción se está ejerciendo, la causa y la fecha de inicio, y conservar la respuesta y la documentación sobre el fin de la obra.

Si el arrendador no realiza las reparaciones exigibles, el artículo 27.3.a permite al arrendatario resolver el contrato por esa causa. El apartado 1 relaciona el incumplimiento con la posibilidad de exigir el cumplimiento o promover la resolución conforme al artículo 1124 del Código Civil. Según los hechos también puede discutirse si existen daños indemnizables conforme al artículo 1101 de ese código. En tal caso, hay que explicar qué obligación se incumplió y de qué manera ese incumplimiento causó el gasto o la pérdida concretos. Un recibo de alojamiento acredita un desembolso. La relación entre ese desembolso, el estado de la vivienda y la conducta del arrendador requiere prueba adicional.

Los artículos 217 y 299 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ofrecen dos referencias para preparar esa prueba. El primero distribuye la carga de probar los hechos relevantes y tiene en cuenta qué parte dispone de ellos o puede acreditarlos con más facilidad. El segundo distingue, entre otros medios, la documentación, los dictámenes periciales, los testigos y las grabaciones o imágenes. En la práctica, un mensaje ayuda a fijar qué se comunicó, una serie de fotografías permite ver la evolución y el informe técnico puede explicar la causa o la utilidad de cerrar una habitación. Guardar los archivos originales junto a las conversaciones completas evita depender de capturas aisladas sin fecha ni contexto.

Una carpeta ordenada por fechas permite reconstruir una incidencia sin depender de la memoria. Primero van el contrato y el estado de entrega. Después, el aviso inicial y su recepción, la visita técnica, el eventual requerimiento con presupuesto, la respuesta y los partes de inicio y fin de las obras. Al final pueden agruparse los recibos de renta, las facturas y cualquier acuerdo. Si se discute la causa de la filtración, se conserva el material que indica tanto dónde entró el agua como qué se reparó. Si se discute el uso perdido, se da prioridad a lo que muestra qué parte quedó inaccesible y durante qué días.

Esta guía forma parte de los recursos jurídicos en español publicados desde Francia. Este artículo se limita al derecho civil español del alquiler de vivienda habitual. Quien tenga un contrato antiguo sujeto a un régimen transitorio, alquile únicamente una habitación o tenga un contrato temporal debe comprobar primero la calificación y la fecha del contrato. Esa comprobación importa en particular para los contratos temporales formalizados antes del 8 de octubre de 2026, para los que la disposición transitoria octava de la Ley de Arrendamientos Urbanos establece un régimen propio. Los ejemplos anteriores se refieren a la pérdida de uso de un dormitorio dentro de una vivienda entera alquilada como residencia habitual.

Conclusión

En España, el primer paso tras una gotera en una vivienda habitual alquilada es avisar cuanto antes al arrendador, identificar la zona afectada y facilitar su revisión. Si se necesita una actuación urgente, el artículo 21.3 permite encargarla previa comunicación y reclamar su importe cuando concurren sus requisitos. Si la reparación sigue pendiente, el requerimiento escrito con presupuesto del artículo 21.5 abre una vía diferente, con quince días naturales desde la recepción y condiciones concretas para recuperar de rentas futuras el coste acreditado.

Que una habitación quede inutilizable puede dar lugar a una reducción proporcionada cuando las obras de conservación duran más de veinte días y causan esa pérdida parcial de uso. La suspensión corresponde a otro supuesto: que la ejecución de las obras haga inhabitable el conjunto de la vivienda. La fecha de recepción del aviso, la duración efectiva de la obra y las pruebas sobre los espacios que se pudieron utilizar permiten decidir qué pretensión encaja y cómo justificar su alcance.

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