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Salario mínimo 2027: 1.286 euros desde el 1 de enero, cuánto es en 12 pagas y cómo reclamarlo

El abogado Hassan KOHEN interviene con urgencia, desde la comisaría hasta el tribunal con jurado (cour d'assises). Primer análisis estratégico: 80 € IVA incluido, respuesta personal en un plazo de 24 horas.

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Fuente: Tribunal de Casación – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Colegio de Abogados de París Detención policial, instrucción, tribunal con jurado Ficha CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Hassan KOHEN
Abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París

Salario mínimo 2027: 1.286 euros desde el 1 de enero, cuánto es en 12 pagas y cómo reclamarlo

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En España, la búsqueda «salario» se disparó en Google a partir del 17 de noviembre de 2026, acompañada de consultas como «smi», «salario mínimo» y «subida salario mínimo interprofesional». Las preguntas que más se escriben son prácticas: cuánto será el SMI 2027, cuánto es en 12 pagas, desde cuándo se cobra y qué hacer si la empresa no lo aplica. La respuesta está en el Real Decreto 1013/2026, de 18 de noviembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 19 de noviembre de 2026. El salario mínimo interprofesional queda fijado para 2027 en 42,87 euros al día o 1.286 euros al mes, en catorce pagas, con un mínimo anual de 18.004 euros. La norma entra en vigor el 1 de enero de 2027 y se abona con efectos desde esa fecha; el propio real decreto la presenta como una subida del 5,3 % respecto de 2026.

En paralelo, el Real Decreto-ley 38/2026, de 17 de noviembre, eleva la deducción del IRPF por rendimientos del trabajo para que quien cobre el nuevo mínimo no tribute por ese salario ni soporte retención. Como todo decreto-ley, debe someterse a convalidación parlamentaria en los treinta días siguientes a su promulgación. Este texto expone el derecho laboral y tributario estatal español tal como se lee a 22 de noviembre de 2026, sin perjuicio de lo que añadan los convenios colectivos. La metodología es de alcance general y no sustituye el examen de cada nómina. Se trata de una información sobre derecho extranjero, redactada por Hassan Kohen, abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París, que no ejerce en España.

I. Salario mínimo 2027 en el BOE: cuánto es y a quién se aplica

A. SMI 2027 en el BOE: 1.286 euros al mes, 42,87 euros al día y 18.004 euros al año

El salario mínimo interprofesional no se negocia empresa por empresa: lo fija el Gobierno cada año por real decreto. El artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores le impone ese mandato, previa consulta con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, y le obliga a tener en cuenta el índice de precios de consumo, la productividad media nacional, la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general. El Real Decreto 1013/2026 es la aplicación de ese mandato para el año 2027. Fue deliberado en el Consejo de Ministros del 17 de noviembre de 2026, firmado el 18 y publicado en el BOE núm. 288 del 19 de noviembre de 2026.

Su artículo 1 fija la cuantía para cualesquiera actividades de la agricultura, la industria y los servicios, sin distinción de sexo ni de edad: 42,87 euros por día o 1.286 euros por mes, según que el salario se haya fijado por días o por meses. Ese mismo artículo precisa una regla que conviene tener presente al leer la nómina: en el salario mínimo solo se computa la retribución en dinero, y el salario en especie no puede, en ningún caso, reducir la cuantía íntegra que debe pagarse en dinero. Dicho de otro modo, el alojamiento, la manutención, un vehículo o cualquier otra ventaja en especie no permiten pagar en efectivo menos del mínimo. El texto del real decreto añade que el salario se entiende referido a la jornada legal de trabajo en cada actividad y que el salario diario no incluye la parte proporcional de los domingos y festivos.

La cifra anual es la que más dudas resuelve. El artículo 3.1 del real decreto establece que el término de comparación en cómputo anual nunca puede ser inferior a 18.004 euros. Ese importe es exactamente el resultado de multiplicar 1.286 euros por catorce pagas: doce mensualidades y dos pagas extraordinarias. Quien trabaja a jornada completa y percibe en total, a lo largo de 2027, menos de 18.004 euros brutos en salario, cobra por debajo del mínimo legal.

Para medir la subida, basta comparar con la norma del año anterior. El Real Decreto 126/2026, de 18 de febrero, publicado en el BOE del 19 de febrero de 2026 (referencia BOE-A-2026-3815), había fijado el salario mínimo de 2026 en 40,70 euros por día o 1.221 euros por mes. El salto es, por tanto, de 65 euros brutos al mes. En cómputo anual, el mínimo pasa de 17.094 euros en 2026 (1.221 euros por catorce) a 18.004 euros en 2027, es decir, 910 euros brutos más al año para quien estaba exactamente en el mínimo.

La fecha también importa. La disposición final tercera del Real Decreto 1013/2026 dispone que la norma entra en vigor el 1 de enero de 2027, que surte efectos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2027 y que, en consecuencia, el salario mínimo que fija se abona con efectos desde el 1 de enero de 2027. La primera nómina afectada es, por tanto, la de enero de 2027. Lo que se devenga durante 2026, incluida la paga de Navidad que se abone en diciembre de 2026, sigue rigiéndose por la cuantía de 2026.

Hay una diferencia práctica con el año anterior que conviene subrayar. En 2026, el real decreto se publicó el 19 de febrero, con efectos desde el 1 de enero: las empresas tuvieron que pagar atrasos de enero y febrero. Para 2027, la norma se ha publicado en noviembre, más de un mes antes de que empiece a aplicarse. Las empresas conocen la cuantía con antelación y la nómina de enero de 2027 debe reflejarla desde el primer día; no hay atraso que justificar por una publicación tardía.

Por último, el ámbito de aplicación es general. El artículo 1 habla de cualesquiera actividades y de personas trabajadoras sin distinción de sexo ni de edad, de modo que un trabajador menor de edad con contrato laboral tiene derecho a la misma cuantía. El preámbulo del real decreto recuerda que las nuevas cuantías rigen tanto para las personas trabajadoras fijas como para las que tienen contratos de duración determinada y para las empleadas y empleados de hogar, con las reglas específicas que se exponen a continuación.

B. SMI 2027 en 12 pagas, a tiempo parcial, temporeros y empleadas de hogar

La búsqueda «smi 2027 12 pagas» responde a una confusión frecuente. Los 1.286 euros mensuales presuponen catorce pagas. El artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a dos gratificaciones extraordinarias al año, una de ellas con ocasión de las fiestas de Navidad y la otra en el mes que fije el convenio colectivo o el acuerdo con los representantes de los trabajadores. El mismo artículo permite que el convenio colectivo acuerde prorratear esas gratificaciones en las doce mensualidades. Cuando las pagas extraordinarias están prorrateadas, el salario mínimo mensual equivalente es de 18.004 euros divididos entre doce, es decir, 1.500,33 euros brutos al mes.

El error que más se repite es el contrario: una nómina mensual de 1.286 euros con las pagas extraordinarias ya prorrateadas. En ese caso, la persona trabajadora percibiría en todo el año 1.286 euros por doce, esto es, 15.432 euros, muy por debajo de los 18.004 euros que exige el real decreto. Para saber en qué situación se está, basta mirar la nómina: si incluye una línea de prorrata de pagas extraordinarias, la referencia mensual es 1.500,33 euros; si no la incluye y las pagas se cobran aparte, la referencia es 1.286 euros al mes más dos pagas de 1.286 euros.

Para la jornada parcial, el artículo 1 del real decreto es breve: si se realiza una jornada inferior a la legal, el salario mínimo se percibe a prorrata. La referencia es la jornada máxima ordinaria, que el artículo 34.1 del Estatuto de los Trabajadores sitúa en cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, salvo que el convenio aplicable fije una jornada completa menor. Con una jornada completa de cuarenta horas, un contrato de veinte horas semanales debe garantizar al menos 643 euros brutos al mes en catorce pagas, es decir, 9.002 euros al año; un contrato de treinta horas, 964,50 euros al mes en catorce pagas, o 13.503 euros al año.

Conviene comprobar también el propio contrato. El artículo 12.4 del Estatuto de los Trabajadores exige que el contrato a tiempo parcial se formalice por escrito y que en él figure el número de horas ordinarias de trabajo contratadas. Si no se respetan esas exigencias, el contrato se presume celebrado a jornada completa, salvo prueba en contrario de la empresa. En la práctica, quien trabaja sin un contrato escrito que indique sus horas puede reclamar sobre la base del salario mínimo completo, y es la empresa la que deberá demostrar el carácter parcial de los servicios.

Las personas con contratos de duración determinada cuyos servicios a una misma empresa no excedan de ciento veinte días tienen una regla propia. El artículo 4.1 del Real Decreto 1013/2026 les reconoce, junto con el salario mínimo, la parte proporcional de la retribución de los domingos y festivos y de las dos pagas extraordinarias, de modo que su salario no puede ser inferior a 60,88 euros por jornada legal en 2027. En 2026, el Real Decreto 126/2026 fijaba esa cifra en 57,82 euros. En cuanto a las vacaciones, estas personas perciben además la parte proporcional correspondiente a las vacaciones legales mínimas cuando el periodo de disfrute no coincide con la duración del contrato; en los demás casos, se aplica el régimen general de vacaciones del Estatuto.

Para las empleadas y empleados de hogar que trabajan por horas en régimen externo, el artículo 4.2 del real decreto fija para 2027 un salario mínimo de 10,06 euros por hora efectivamente trabajada, frente a 9,55 euros en 2026. Según el propio artículo 4.2, esta cifra incluye todos los conceptos retributivos, de modo que no cabe añadirle ni descontarle partidas por otros conceptos salariales. Una persona que trabaja diez horas semanales en un domicilio debe percibir, como mínimo, 100,60 euros brutos por semana.

El salario en especie merece una advertencia específica en este sector, donde el alojamiento y la manutención son frecuentes. El artículo 26.1 del Estatuto de los Trabajadores es tajante: en ningún caso, tampoco en las relaciones laborales de carácter especial, el salario en especie puede superar el treinta por ciento de las percepciones salariales ni reducir la cuantía íntegra en dinero del salario mínimo interprofesional. El artículo 4.3 del real decreto repite esa garantía para las cuantías por días u horas: la habitación o las comidas no pueden descontarse de la cantidad mínima que debe pagarse en dinero.

II. Si tu empresa no aplica el salario mínimo 2027: absorción, IRPF y reclamación

A. ¿Puede la empresa absorber la subida del salario mínimo 2027 con los pluses?

Es la duda que más conflictos genera cada mes de enero. Muchas personas cobran un salario base inferior a 1.286 euros, completado con pluses o complementos que elevan el total por encima del mínimo. La pregunta es si la empresa debe subir el salario base o si puede limitarse a comprobar que el total anual alcanza el mínimo. El artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores da la regla general en su último párrafo: la revisión del salario mínimo no afecta a la estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales cuando estos, en su conjunto y en cómputo anual, son superiores al mínimo.

El artículo 26.5 del mismo Estatuto generaliza el mecanismo: la compensación y absorción opera cuando los salarios realmente abonados, en su conjunto y en cómputo anual, son más favorables para los trabajadores que los fijados por la norma o el convenio de referencia. La comparación no se hace concepto por concepto ni mes a mes, sino sumando lo que realmente se cobra en el año.

El Real Decreto 1013/2026 desarrolla esa regla en sus artículos 2 y 3, y su redacción contiene un matiz que no siempre se lee. El artículo 2 dispone que al salario mínimo se adicionan, sirviendo este como módulo en su caso y según lo establecido en los convenios colectivos y contratos de trabajo, los complementos salariales del artículo 26.3 del Estatuto. El artículo 3.1 precisa después que el término de comparación en cómputo anual es el resultado de sumar al salario mínimo esos devengos, sin que en ningún caso pueda considerarse una cuantía anual inferior a 18.004 euros. Por tanto, el suelo absoluto es de 18.004 euros a jornada completa, pero cuando el convenio o el contrato calculan determinados complementos tomando como módulo el salario mínimo, la comparación se hace con una cifra superior.

El artículo 3.2 añade que las nuevas percepciones son compensables con los ingresos que, por todos los conceptos, venían percibiendo las personas trabajadoras en cómputo anual y jornada completa, con arreglo a normas legales o convencionales, laudos arbitrales y contratos individuales vigentes cuando entra en vigor el real decreto. El artículo 3.3, por su parte, mantiene esas normas y laudos en sus propios términos, sin más modificación que la necesaria para asegurar el mínimo anual, y concluye que los salarios profesionales inferiores a ese total deben incrementarse en la cuantía necesaria para alcanzarlo.

Dos ejemplos simplificados, a jornada completa y sin complementos calculados sobre el salario mínimo, permiten visualizarlo. Primera situación: un salario base de 1.100 euros en catorce pagas, es decir, 15.400 euros, más un complemento de convenio que suma 3.100 euros al año; el total es de 18.500 euros, superior a 18.004, y la empresa no está obligada por el real decreto a modificar la estructura ni la cuantía de ese salario, aunque el salario base sea inferior a 1.286 euros. Segunda situación: un salario de 1.200 euros en catorce pagas, sin complementos, es decir, 16.800 euros al año; la empresa debe elevarlo hasta al menos 18.004 euros, esto es, 1.286 euros en catorce pagas.

Para saber qué conceptos entran en la suma, hay que partir de la definición legal de salario. El artículo 26.2 del Estatuto excluye de esa noción las cantidades percibidas como indemnizaciones o suplidos por gastos realizados como consecuencia de la actividad laboral, las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social y las indemnizaciones por traslados, suspensiones o despidos. Lo que la ley no considera salario no puede, en principio, servir para justificar que se alcanza el salario mínimo. A la inversa, el artículo 26.3 remite a la negociación colectiva o al contrato la estructura del salario y el carácter consolidable o no de los complementos. Antes de aceptar o discutir una absorción, conviene tener a mano el convenio colectivo aplicable y revisar si califica un concepto como extrasalarial o si contiene una cláusula que excluya expresamente la compensación de algún complemento: el artículo 3.3 del real decreto mantiene esas cláusulas en sus propios términos.

El real decreto incluye además una disposición transitoria única que limita los efectos de la subida fuera de la relación laboral. Las nuevas cuantías no se aplican a las normas de las comunidades autónomas, de Ceuta y Melilla y de las entidades locales que utilicen el salario mínimo como indicador del nivel de renta para acceder a prestaciones, beneficios o servicios públicos, salvo disposición expresa de esas administraciones. Tampoco se aplican a los contratos y pactos privados vigentes que usen el salario mínimo como referencia a cualquier efecto, salvo que las partes acuerden lo contrario; para ellos, durante 2027, la referencia sigue siendo la cuantía vigente antes de la entrada en vigor del real decreto. Esa disposición deja a salvo, sin embargo, la obligación de subir los salarios fijados en contratos privados cuando sean inferiores, en su conjunto y en cómputo anual, a las nuevas cuantías.

La subida tiene también un efecto protector para quien sufre un embargo. El artículo 27.2 del Estatuto declara inembargable el salario mínimo, tanto en su cuantía anual como mensual. Por su parte, el artículo 607.1 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, declara inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o equivalente que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional. Por encima de esa cantidad, el apartado 2 del mismo artículo aplica una escala progresiva: el 30 % de la primera cuantía adicional hasta el doble del salario mínimo, el 50 % hasta el triple, el 60 % hasta el cuádruple, el 75 % hasta el quíntuple y el 90 % de lo que exceda. La disposición transitoria única del real decreto solo excluye normas autonómicas y locales y contratos privados, de modo que la referencia de esta norma estatal pasa a ser la cuantía de 2027 cuando entre en vigor. Según el propio artículo 27.2 del Estatuto, si el salario mensual incluye la prorrata de las pagas extraordinarias, el límite inembargable es el salario mínimo anual dividido entre doce, es decir, 1.500,33 euros; y en el mes en que se cobra una paga extraordinaria junto con la mensualidad, el límite es el doble del salario mínimo mensual, es decir, 2.572 euros.

B. SMI 2027 e IRPF, y cómo reclamar si no te lo pagan: pasos y plazos

La segunda gran pregunta es fiscal: ¿pagará IRPF quien cobre el nuevo salario mínimo? El preámbulo del Real Decreto-ley 38/2026 responde con claridad: la reforma pretende evitar que quienes perciban el salario mínimo interprofesional fijado para 2027 tributen por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Para lograrlo, su artículo 5 modifica, con efectos desde el 1 de enero de 2027, la disposición adicional sexagésima primera de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que regula la deducción por obtención de rendimientos del trabajo.

La deducción funciona en tres tramos. Si los rendimientos íntegros del trabajo son iguales o inferiores a 18.004 euros anuales, la deducción es de 1.033,58 euros anuales. Entre 18.004 euros y 23.171,89 euros, la deducción es de 1.033,58 euros menos el resultado de multiplicar por 0,2 la diferencia entre los rendimientos íntegros del trabajo y 18.004 euros. Por encima de 23.171,89 euros, la deducción desaparece. A modo de ejemplo, con 20.000 euros brutos anuales, la deducción sería de 1.033,58 euros menos 399,20 euros, es decir, 634,38 euros.

La deducción tiene condiciones que conviene leer completas. Los rendimientos deben derivar de la prestación efectiva de servicios en una relación laboral o estatutaria, y la persona no puede tener otras rentas, excluidas las exentas, superiores a 6.500 euros. Además, el importe de la deducción no puede exceder de la parte de las cuotas íntegras estatal y autonómica que proporcionalmente corresponda a esos rendimientos del trabajo, y se resta de la cuota líquida total una vez practicada la deducción del artículo 80 de la ley. Quien tenga, por ejemplo, un alquiler o rendimientos de capital que superen ese umbral no se beneficia de esta deducción.

El artículo 6 del mismo real decreto-ley traslada la medida a la nómina. Añade un apartado 3 al artículo 85 del Reglamento del IRPF, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, con efectos desde el 1 de enero de 2027, que minora la cuota de retención en las mismas cuantías cuando las retribuciones de la relación laboral o estatutaria son inferiores a 23.171,89 euros anuales, sin que la retención pueda resultar negativa. El preámbulo explica que así se garantiza que quien percibe el salario mínimo no soporte retención y no tenga que presentar después la declaración para recuperar lo retenido. En la práctica, una nómina de enero de 2027 ajustada al salario mínimo no debería mostrar retención de IRPF, salvo que concurran otras circunstancias que la empresa deba tener en cuenta.

Este segundo texto tiene un calendario propio. A diferencia del real decreto que fija el salario mínimo, que es un reglamento dictado por mandato del Estatuto, el Real Decreto-ley 38/2026 es una norma con rango de ley que la Constitución española somete a un control inmediato. Su artículo 86.2 exige que los decretos-leyes se sometan a debate y votación de totalidad del Congreso de los Diputados «en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación», y que el Congreso se pronuncie expresamente dentro de ese plazo sobre su convalidación o derogación. El artículo 78.2 de la Constitución atribuye esa facultad a la Diputación Permanente cuando las Cámaras han sido disueltas o ha expirado su mandato. El preámbulo del decreto-ley justifica el recurso a esta vía porque la situación parlamentaria no permite seguir el procedimiento legislativo ordinario. Si no fuera convalidado, la deducción ampliada no llegaría a aplicarse; la subida del salario mínimo, en cambio, no depende de esa votación.

Queda la cuestión decisiva: qué hacer si en enero de 2027 la empresa no paga el nuevo mínimo. El primer paso es documental. El artículo 29.1 del Estatuto de los Trabajadores obliga a liquidar y pagar el salario puntual y documentalmente, mediante un recibo individual y justificativo del pago. Esa nómina, el contrato con su jornada y el convenio colectivo aplicable son las tres piezas que permiten calcular la diferencia. Conviene sumar los conceptos salariales del año, separar lo que el artículo 26.2 excluye del salario, aplicar la prorrata si la jornada es parcial y comparar el resultado con 18.004 euros o con la cifra superior que resulte del convenio.

El segundo paso es una reclamación escrita a la empresa, con copia a la representación legal de los trabajadores si existe. Un escrito fechado que indique la cuantía reclamada y el cálculo seguido deja constancia de la fecha y suele bastar para corregir un error de configuración de nómina.

Si la empresa no rectifica, la persona trabajadora puede acudir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, califica como infracción grave, en su artículo 7.10, establecer condiciones de trabajo inferiores a las fijadas por la ley o por el convenio colectivo. Su artículo 8.1 califica como muy grave el impago y los retrasos reiterados en el pago del salario debido. El artículo 40.1 de esa ley prevé multas de 751 a 7.500 euros para las infracciones graves en materia de relaciones laborales y de 7.501 a 225.018 euros para las muy graves, según su grado. Conviene tener claro el alcance de esta vía: la sanción administrativa castiga a la empresa, pero no ingresa por sí sola las diferencias salariales en la cuenta de la persona trabajadora.

Para recuperar el dinero, la vía es la reclamación de cantidad ante la jurisdicción social. El artículo 63 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, exige, como requisito previo para la tramitación del proceso, el intento de conciliación o, en su caso, de mediación ante el servicio administrativo correspondiente o ante el órgano previsto en los acuerdos interprofesionales o convenios colectivos. Si no hay acuerdo en ese acto, se presenta la demanda ante el Juzgado de lo Social competente. La reclamación puede abarcar todas las mensualidades impagadas que no hayan prescrito.

El plazo es la otra trampa que hay que evitar. El artículo 59.1 del Estatuto de los Trabajadores fija en un año, a contar desde su terminación, la prescripción de las acciones derivadas del contrato de trabajo que no tengan un plazo especial, y su apartado 2 precisa que, cuando la acción se ejercita para exigir percepciones económicas, el plazo de un año se computa desde el día en que la acción pudiera ejercitarse. Cada diferencia mensual prescribe, por tanto, al año de la fecha en que debió pagarse: la de enero de 2027 puede reclamarse hasta la fecha equivalente de 2028, y así sucesivamente. Esperar al final del año para reclamar todo de una vez no hace perder el conjunto, pero sí puede hacer perder los meses más antiguos si se deja pasar el plazo.

Las cantidades reclamadas no se limitan a la diferencia bruta. El artículo 29.3 del Estatuto fija el interés por mora en el pago del salario en el diez por ciento de lo adeudado, lo que conviene incluir expresamente en la papeleta de conciliación y en la demanda.

Para quienes trabajan entre Francia y España o tienen intereses en ambos países, el despacho reúne otras explicaciones de derecho laboral y seguridad social redactadas con la misma metodología: lectura de los textos oficiales en vigor y advertencia expresa de que los convenios colectivos y las circunstancias de cada contrato pueden cambiar la respuesta.

Los próximos hitos están fechados. El 1 de enero de 2027 entra en vigor el nuevo salario mínimo, y la nómina de enero de 2027 es la primera que debe reflejarlo. En los treinta días siguientes a la promulgación del Real Decreto-ley 38/2026 debe producirse su votación de convalidación, de la que depende la ampliación de la deducción y de la reducción de retenciones. La deducción ampliada, si se mantiene, se aplicará en la declaración del IRPF de 2027, que se presenta en 2028.

Conclusión

El salario mínimo interprofesional en España para 2027 queda fijado por el Real Decreto 1013/2026 en 42,87 euros al día o 1.286 euros al mes en catorce pagas, con un mínimo de 18.004 euros brutos anuales a jornada completa. Equivale a 1.500,33 euros al mes cuando las pagas extraordinarias están prorrateadas, se aplica a prorrata en las jornadas parciales y alcanza 60,88 euros por jornada para los contratos de hasta ciento veinte días y 10,06 euros por hora para las empleadas y empleados de hogar que trabajan por horas. Entra en vigor el 1 de enero de 2027 y, al haberse publicado con antelación, debe figurar en la primera nómina del año.

La subida no obliga a tocar la estructura de los salarios que ya superan el mínimo en cómputo anual, pero sí a completar los que quedan por debajo; el convenio colectivo decide en buena medida qué complementos entran en la comparación. En el plano fiscal, el Real Decreto-ley 38/2026 eleva la deducción por rendimientos del trabajo a 1.033,58 euros para quien no supere 18.004 euros y suprime la retención correspondiente, siempre que sea convalidado en el plazo constitucional. Ante un impago, la nómina, el contrato y el convenio permiten calcular la diferencia; la conciliación previa abre la reclamación de cantidad, con un interés por mora del diez por ciento y un plazo de prescripción de un año por cada mensualidad. Estas reglas son las que se leen a 22 de noviembre de 2026 y deben contrastarse con el convenio aplicable a cada caso.

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