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Salario mínimo: cómo reclamar en México si te pagan menos y qué cambia en 2027

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Fuente: Tribunal de Casación – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Colegio de Abogados de París Detención policial, instrucción, tribunal con jurado Ficha CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Hassan KOHEN
Abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París

Salario mínimo: cómo reclamar en México si te pagan menos y qué cambia en 2027

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En México, la consulta «salario mínimo» registra desde el 20 de noviembre de 2026 un fuerte aumento de búsquedas. Detrás de esa búsqueda suelen aparecer dos preguntas muy concretas. La primera mira hacia adelante: cuándo se conocerá el monto que regirá en 2027 y qué cambia ese año para quien cobra el mínimo. La segunda es más urgente: qué puede hacer una persona trabajadora cuando su patrón le paga menos de lo que la ley exige. Este artículo responde a ambas a partir de la legislación federal mexicana vigente en la fecha de redacción, el 21 de noviembre de 2026.

No adelanta ninguna cifra para 2027 ni reproduce los montos vigentes: el monto lo fija cada año una resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación, que conviene consultar directamente. Tampoco describe la situación de ninguna empresa ni de ninguna persona. El método expuesto es de alcance general, se basa en hipótesis tipo y no sustituye el examen de cada caso. Se limita a las relaciones de trabajo del apartado A del artículo 123 constitucional, es decir, a las personas trabajadoras del sector privado; quedan fuera los trabajadores al servicio del Estado y los regímenes especiales que no se mencionan expresamente.

Por Hassan Kohen, abogado colegiado en París. Este texto es una información sobre el derecho mexicano; su autor no ejerce en México.

I. Lo que la ley garantiza a quien cobra el salario mínimo

A. Un piso legal que no se negocia, no se descuenta y no se grava

El punto de partida es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La fracción VI del apartado A de su artículo 123 dispone que los salarios mínimos serán generales o profesionales: los primeros rigen en las áreas geográficas que se determinen y los segundos en ramas de actividad, profesiones, oficios o trabajos especiales. La misma fracción añade una regla que explica muchas cosas del sistema actual: «El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza». Por eso las multas y otras cantidades que antes se expresaban en salarios mínimos se calculan hoy con otra unidad de referencia, la Unidad de Medida y Actualización, que es la que utiliza, por ejemplo, el régimen de sanciones de la ley laboral.

La Ley Federal del Trabajo, cuya versión vigente publicada por la Cámara de Diputados recoge reformas hasta el 14 de mayo de 2026, desarrolla ese mandato. Su artículo 1o precisa que es de observancia general en toda la República, de modo que las reglas que siguen valen en todas las entidades federativas. Su artículo 90 define el concepto: «Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo la persona trabajadora por los servicios prestados en una jornada de trabajo». Y el artículo 85 de la Ley Federal del Trabajo fija el principio que sostiene toda reclamación: «El salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como mínimo de acuerdo con las disposiciones de esta Ley».

De ahí se derivan tres consecuencias prácticas. La primera es que un contrato, un acuerdo verbal o una cláusula que pacte un salario inferior al mínimo no produce efecto: el artículo 5o de la ley enumera, entre las estipulaciones que no producen efecto legal, la que establezca un salario inferior al mínimo, y en su fracción XV la de «Registrar a un trabajador con un salario menor al que realmente recibe». La segunda es que el trabajador no puede renunciar a esa protección, aunque firme un documento en sentido contrario. El artículo 99 de la Ley Federal del Trabajo lo dice sin matices: «El derecho a percibir el salario es irrenunciable. Lo es igualmente el derecho a percibir los salarios devengados». La tercera es que el piso se aplica cualquiera que sea la forma de pago. Cuando el salario se fija por hora, el artículo 83 permite pactar el pago por cada hora siempre que no se exceda la jornada máxima legal, pero advierte: «El ingreso que perciban los trabajadores por esta modalidad, en ningún caso será inferior al que corresponda a una jornada diaria». Y cuando se paga por unidad de obra, el artículo 85 exige que la retribución sea tal «que para un trabajo normal, en una jornada de ocho horas, dé por resultado el monto del salario mínimo, por lo menos».

Este análisis, preparado desde un despacho de abogados en París a partir de los textos federales que publica la Cámara de Diputados, no pretende sustituir la lectura de un contrato ni de un recibo concreto. Su objetivo es ordenar las reglas que protegen el salario mínimo para que quien sospecha que cobra menos sepa qué revisar primero. Y lo primero que conviene revisar son los descuentos.

La Constitución es categórica en la fracción VIII del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: «El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento». La ley laboral concreta esa protección y enumera las únicas excepciones admitidas. El artículo 97 de la Ley Federal del Trabajo establece que «Los salarios mínimos no podrán ser objeto de compensación, descuento o reducción, salvo en los casos siguientes»: las pensiones alimenticias decretadas por la autoridad competente; el pago de las rentas a que se refiere el artículo 151, con un tope del diez por ciento del salario; los abonos de créditos del fondo nacional de la vivienda para los trabajadores, aceptados libremente y con topes del veinte por ciento para préstamos y del treinta por ciento para rentas; y los abonos de créditos otorgados o garantizados por el instituto a que se refiere el artículo 103 Bis, destinados a bienes de consumo duradero o al pago de servicios, también aceptados libremente y limitados al diez por ciento. Fuera de esos supuestos, un descuento que deja a la persona trabajadora por debajo del mínimo es, en principio, una reducción prohibida. El artículo 5o de la ley añade que no produce efecto la cláusula que dé al patrón la facultad de retener el salario por concepto de multa.

La forma y el ritmo del pago también están regulados. El artículo 88 de la Ley Federal del Trabajo dispone: «Los plazos para el pago del salario nunca podrán ser mayores de una semana para las personas que desempeñan un trabajo material y de quince días para los demás trabajadores». El artículo 101 exige que el salario en efectivo se pague en moneda de curso legal y prohíbe hacerlo en mercancías, vales o fichas. Admite el depósito en cuenta bancaria, la tarjeta de débito o la transferencia, pero solo con el consentimiento previo del trabajador, y pone a cargo del patrón los gastos o costos que originen esos medios de pago. El mismo artículo reconoce al trabajador el derecho a conocer el detalle de los conceptos y deducciones, y a recibir sus recibos impresos o por otro medio.

Por último, el salario mínimo tiene un tratamiento fiscal y de seguridad social propio, que a menudo se ignora y que permite detectar errores en el recibo. En materia fiscal, el artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuya última reforma publicada data del 1 de abril de 2024, dispone que quienes pagan salarios deben efectuar retenciones mensuales, y añade: «No se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente». El artículo 93, fracción I, de esa ley exime además del impuesto, para los trabajadores del salario mínimo general, las prestaciones distintas del salario calculadas sobre esa base cuando no excedan de los mínimos de la legislación laboral, así como el pago de horas extraordinarias y del trabajo en días de descanso dentro del límite legal. En materia de seguridad social, el artículo 36 de la Ley del Seguro Social, en su versión con reformas publicadas hasta el 15 de enero de 2026, establece: «Corresponde al patrón pagar íntegramente la cuota señalada para los trabajadores, en los casos en que éstos perciban como cuota diaria el salario mínimo». En términos prácticos, si el recibo de quien solo percibe el salario mínimo general muestra una retención de impuesto sobre la renta o un descuento por la cuota obrera del seguro social, existe una anomalía que conviene aclarar con el patrón y, si persiste, documentar para la reclamación.

B. 2027: cuándo se fija el nuevo monto y qué cambia con la reducción de la jornada

La pregunta sobre el salario mínimo de 2027 tiene una respuesta jurídica precisa, aunque todavía no tenga una cifra. El artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo dispone: «Los salarios mínimos se fijarán cada año y comenzarán a regir el primero de enero del año siguiente». El artículo 94 atribuye esa fijación a una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, y el artículo 96 le encarga determinar la división del país en áreas geográficas en las que rige un mismo salario mínimo general.

El calendario está en el artículo 571 de la misma ley. Los trabajadores y los patrones disponen de un término que vence el último día de noviembre para presentar los estudios que juzguen convenientes, y la dirección técnica de la comisión debe presentar su informe a más tardar ese mismo día. Después, según la fracción III del artículo 571 de la Ley Federal del Trabajo, «El Consejo de Representantes, durante el mes de Diciembre y antes del último día hábil del mismo mes, dictará resolución en la que fije los salarios mínimos». La resolución debe expresar sus fundamentos, y la fracción V añade: «Dictada la resolución, el Presidente de la Comisión ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación la que deberá hacerse a más tardar el treinta y uno de Diciembre». Dicho de otro modo, a la fecha de redacción de este artículo el procedimiento legal de fijación para 2027 está todavía en su fase de estudios, y cualquier cifra que circule antes de la resolución del Consejo de Representantes es una estimación, no una obligación para el patrón.

La ley sí fija un límite a esa decisión. El último párrafo del artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo establece: «La fijación anual de los salarios mínimos, o la revisión de los mismos, nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia transcurrido». El artículo 570 permite además revisar los salarios mínimos en el curso de su vigencia cuando existan circunstancias económicas que lo justifiquen, por iniciativa del Secretario del Trabajo y Previsión Social o a solicitud de organizaciones que representen al menos al cincuenta y uno por ciento de los trabajadores sindicalizados o de patrones con ese porcentaje de trabajadores a su servicio.

¿Qué ocurre el 1 de enero? Como los salarios mínimos generales rigen para todos los trabajadores del área geográfica correspondiente, independientemente de la rama de actividad, según el artículo 92 de la ley, el nuevo monto se aplica a los días trabajados desde esa fecha sin necesidad de firmar un nuevo contrato ni de pedirlo. Un periodo de pago que comience en diciembre y termine en enero debe reflejar, para los días de enero, el monto nuevo. Quien percibe un salario mínimo profesional, fijado para una profesión u oficio determinado, debe verificar el monto de su categoría en la misma resolución, porque el artículo 93 lo hace aplicable a todos los trabajadores de esa rama dentro del área geográfica.

El año 2027 trae además un cambio que no depende de la comisión, sino de una reforma legal ya publicada. El decreto en materia de reducción de la jornada laboral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2026 e integrado en el texto vigente de la Ley Federal del Trabajo, reformó su artículo 59, que ahora dispone: «La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta horas semanales». Esa meta no se alcanza de inmediato. El artículo segundo transitorio del decreto establece que esa duración «se alcanzará de manera gradual, a partir del 1 de enero del año que corresponda», con una tabla que fija la jornada semanal en 48 horas en 2026, 46 horas en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y 40 en 2030. El artículo 61, reformado por el mismo decreto, mantiene la jornada diaria máxima de ocho horas la diurna, siete la nocturna y siete horas y media la mixta.

Para quien cobra el mínimo, la disposición más importante del decreto es su artículo séptimo transitorio, que la Ley Federal del Trabajo reproduce en su versión vigente: «En ningún caso la reducción de la jornada laboral implicará la disminución de sueldos, salarios o prestaciones de las personas trabajadoras». La consecuencia es directa: si a partir del 1 de enero de 2027 la jornada semanal ordinaria se ajusta a 46 horas, el patrón no puede reducir proporcionalmente el salario semanal que venía pagando por ese motivo. Y si el nuevo salario mínimo de 2027 resulta superior al salario pagado, ese nuevo mínimo se convierte en el piso.

La reforma también cambia las horas extraordinarias. El artículo 66 reformado prevé que el tiempo extraordinario se pague con un cien por ciento más de lo fijado para las horas ordinarias y que no exceda de doce horas por semana, repartidas en hasta cuatro horas diarias y un máximo de cuatro días. El artículo cuarto transitorio escalona ese límite: nueve horas en 2026 y en 2027, diez en 2028, once en 2029 y doce en 2030. El artículo 68 obliga a pagar un doscientos por ciento más del salario de las horas ordinarias cuando la prolongación supera el límite del artículo 66, sin que pueda exceder de cuatro horas a la semana, y prohíbe que la suma de jornada ordinaria y extraordinaria pase de doce horas diarias. El artículo 71, en su párrafo reformado, reconoce una prima adicional de al menos el veinticinco por ciento a quienes laboran en domingo.

Por último, el decreto añadió al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo una obligación nueva para el patrón que tendrá peso probatorio: «Registrar de manera electrónica la jornada laboral de cada persona trabajadora, incluyendo el horario de inicio y finalización», y proporcionar ese registro a la autoridad cuando lo requiera. Según el artículo quinto transitorio, las disposiciones de carácter general que determinen el ámbito de aplicación de esa obligación entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2027. El mismo artículo 132 prevé que el contenido del registro electrónico hará prueba plena si se acredita que fue acordado entre la persona trabajadora y la empleadora, y el artículo 994 sanciona su incumplimiento con multa de 250 a 5000 Unidades de Medida y Actualización.

II. Cómo reclamar si le pagan menos del salario mínimo

A. Antes del tribunal: pruebas, plazo de un año y conciliación prejudicial

La reclamación empieza mucho antes de cualquier trámite: empieza en los papeles. Conviene reunir los recibos de nómina, los comprobantes de depósito o transferencia, los mensajes en los que se pactó el pago, las listas o registros de asistencia y cualquier constancia del horario efectivamente trabajado. Si el patrón entrega comprobantes fiscales digitales, el artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo prevé que pueden sustituir a los recibos impresos y que «el contenido de un CFDI hará prueba si se verifica en el portal de Internet del Servicio de Administración Tributaria». Guardar esos comprobantes, y descargarlos mientras se tiene acceso, evita depender después de la buena voluntad de la empresa.

Con esos documentos se calcula la diferencia. El método es sencillo en su principio: para cada periodo de pago se compara lo efectivamente cobrado por día trabajado con el salario mínimo diario aplicable al área geográfica o a la profesión, y se suman las diferencias. Hay que añadir los descuentos que no encajan en las excepciones del artículo 97, las retenciones de impuesto o de cuota obrera que no debieron practicarse a quien solo percibe el mínimo general y, en su caso, las horas extraordinarias y la prima dominical no pagadas. Cuando el pago es por hora, el cálculo debe respetar la regla del artículo 83, según la cual el ingreso nunca puede ser inferior al que corresponda a una jornada diaria.

El factor tiempo es decisivo. El artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo dispone: «Las acciones de trabajo prescriben en un año, contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible». Como cada pago de salario es exigible en su fecha, cada diferencia tiene su propio plazo de un año. En la práctica, quien deja pasar el tiempo pierde, mes a mes, las diferencias más antiguas. Si la relación de trabajo ya terminó por un despido, la ley prevé un plazo más corto para las acciones de los trabajadores separados del trabajo: el artículo 518 lo fija en dos meses contados a partir del día siguiente a la separación.

La ley obliga, en general, a intentar primero la conciliación. El artículo 684-B de la Ley Federal del Trabajo establece: «Antes de acudir a los Tribunales, los trabajadores y patrones deberán asistir al Centro de Conciliación correspondiente para solicitar el inicio del procedimiento de conciliación», salvo los supuestos eximidos. El artículo 685 Ter enumera esas excepciones, entre ellas los conflictos por discriminación en el empleo, la designación de beneficiarios por muerte, ciertas prestaciones de seguridad social y la tutela de derechos fundamentales como la libertad sindical o la prohibición del trabajo forzoso e infantil. Una reclamación de diferencias salariales no figura, por sí sola, en esa lista.

La solicitud se presenta ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o ante el centro de conciliación local que corresponda, según la rama de actividad, y puede hacerse por comparecencia personal, por escrito firmado o por vía electrónica, conforme al artículo 684-E. El artículo 684-C enumera sus datos: nombre, clave única de registro de población, identificación oficial y domicilio del solicitante; nombre y domicilio de la persona o empresa citada; y objeto de la cita. Para quien no tiene claro con quién trabajaba, el mismo artículo 684-C de la Ley Federal del Trabajo prevé una regla útil: «Si el solicitante es el trabajador e ignora el nombre de su patrón o empresa de la cual se solicita la conciliación, bastará con señalar el domicilio donde prestó sus servicios». El artículo 684-E, fracción III, obliga además a los centros de conciliación a auxiliar a quien lo solicite para elaborar su petición y a orientarle, sin costo, sobre sus derechos, los plazos de prescripción y los procedimientos disponibles.

Los plazos del procedimiento son cortos. Según la fracción IV del artículo 684-E de la Ley Federal del Trabajo, al recibir la solicitud la autoridad conciliatoria «señalará día y hora para la celebración de una Audiencia de Conciliación que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes». El citatorio debe notificarse personalmente al patrón con al menos cinco días de anticipación, con el apercibimiento de que, si no comparece, se le impondrá una multa de entre 50 y 100 veces la Unidad de Medida y Actualización y se le tendrá por inconforme con todo arreglo conciliatorio. El artículo 684-D fija el límite global: «El procedimiento de conciliación a que se refiere el presente título no deberá exceder de cuarenta y cinco días naturales».

La conciliación tiene, además, un efecto sobre el plazo de un año que suele pasarse por alto. El artículo 521 de la Ley Federal del Trabajo dispone que la prescripción se interrumpe, en su fracción III, «Por la presentación de la solicitud de conciliación a que se refiere el artículo 684-B de esta Ley», y precisa que esa interrupción cesa a partir del día siguiente a aquel en que el centro expida la constancia de no conciliación o archive el expediente por falta de interés. La misma disposición aclara que no es obstáculo para la interrupción que la autoridad conciliadora ante la que se promovió sea incompetente. Presentar la solicitud a tiempo protege, por tanto, las diferencias que estaban a punto de prescribir; dejar que el expediente se archive por no acudir a la audiencia hace correr de nuevo el plazo.

Quien no quiere acudir solo puede apoyarse en la procuraduría de la defensa del trabajo. El artículo 530 de la Ley Federal del Trabajo le atribuye, entre otras funciones, la de «Representar o asesorar a los trabajadores y a sus sindicatos, siempre que lo soliciten, ante cualquier autoridad», la de proponer soluciones amistosas y la de auxiliar a quienes lo soliciten en las audiencias de conciliación. Si la conciliación termina en un convenio, conviene comprobar que la cantidad pactada cubre las diferencias calculadas y que el documento no contiene una renuncia genérica a derechos: el artículo 5o de la ley priva de efecto a la estipulación que implique renuncia del trabajador a los derechos o prerrogativas consignados en las normas de trabajo.

B. Ante el tribunal laboral y las otras salidas posibles

Si la conciliación fracasa, la constancia de no conciliación abre la vía de la demanda ante el tribunal laboral competente. En ese proceso, la carga de la prueba favorece claramente al trabajador en materia de salario. El artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo prevé que el tribunal puede requerir al patrón para que exhiba los documentos que tiene la obligación legal de conservar, «bajo el apercibimiento de que, de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador». Y añade: «En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre» una lista de cuestiones entre las que figuran, en la fracción XII, el monto y pago del salario, y también la jornada ordinaria y extraordinaria cuando esta no exceda de nueve horas semanales, los pagos de días de descanso, el aguinaldo, las primas dominical y vacacional y la incorporación al seguro social.

Esa regla se apoya en una obligación documental del patrón. El artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo le obliga a conservar y exhibir en juicio, entre otros documentos, las «Listas de raya o nómina de personal, cuando se lleven en el centro de trabajo; o recibos de pagos de salarios», así como los controles de asistencia y los comprobantes de pago de aguinaldo, vacaciones, primas y cuotas de seguridad social. Esos documentos deben conservarse durante el último año y un año después de que se extinga la relación laboral. Si el patrón sostiene que pagó el mínimo y no puede demostrarlo con esos documentos, la presunción juega en su contra. La pérdida o destrucción de los documentos por caso fortuito o fuerza mayor no le releva de probar su dicho por otros medios, según el propio artículo 784.

Cuando el pago inferior al mínimo es la práctica habitual de la relación, la ley ofrece una salida distinta de la simple reclamación de diferencias: la rescisión por causa imputable al patrón. El artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo considera causas de rescisión sin responsabilidad para el trabajador, en su fracción IV, reducir el patrón el salario del trabajador y, en su fracción V, «No recibir el salario correspondiente en la fecha o lugar convenidos o acostumbrados». El artículo 52 fija un plazo estricto: «El trabajador podrá separarse de su trabajo dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se dé cualquiera de las causas mencionadas en el artículo anterior», con derecho a ser indemnizado en los términos del artículo 50. Para una relación por tiempo indeterminado, ese artículo prevé veinte días de salario por cada año de servicios y, además, el importe de tres meses de salario y los salarios vencidos e intereses en los términos del artículo 48. Es una decisión de peso, porque pone fin a la relación y exige probar la causa; conviene tomarla con el cálculo hecho y las pruebas reunidas, y nunca dejar pasar el plazo de treinta días sin haberla valorado.

La ley también prevé sanciones públicas, que no sustituyen a la reclamación del trabajador pero refuerzan su posición. El artículo 992 de la Ley Federal del Trabajo dispone que las violaciones a las normas de trabajo cometidas por los patrones se sancionan con independencia de la responsabilidad que les corresponda por el incumplimiento de sus obligaciones, y que la cuantificación de las sanciones pecuniarias se hace sobre la base de la Unidad de Medida y Actualización. El artículo 1004 prevé además penas de prisión y multa para la persona empleadora que entregue cantidades inferiores al salario fijado como mínimo general o que haya entregado comprobantes de pago por sumas superiores a las realmente pagadas, con penas que aumentan según el monto de la omisión. Su redacción vigente, reformada en enero de 2024, menciona expresamente a las personas trabajadoras del campo, por lo que su alcance exacto respecto de otras ramas debe verificarse antes de invocarlo en un caso concreto.

Algunas situaciones se repiten con frecuencia y merecen una advertencia específica. La primera es el registro ante el seguro social con un salario menor al real, que el artículo 5o, fracción XV, priva de efecto y que puede afectar el cálculo de sus prestaciones de seguridad social; la reclamación debe incluir la corrección de ese registro. La segunda es el pago en vales, mercancías o fichas en lugar de dinero, que el artículo 101 prohíbe: lo pagado de esa forma no cuenta como salario en efectivo. La tercera es el pago por comisión o por pieza que, en una semana floja, deja al trabajador por debajo del mínimo; el artículo 85 exige que el resultado de una jornada normal alcance, por lo menos, el monto del salario mínimo. La cuarta es la jornada reducida pactada por horas, que el artículo 83 admite siempre que el ingreso no sea inferior al de una jornada diaria. La quinta, por último, es el ajuste de enero: a partir del 1 de enero de 2027, un salario que hoy cumple con el mínimo puede quedar por debajo del nuevo monto si el patrón no lo actualiza, y la diferencia se vuelve exigible desde el primer día de pago del año.

En todas esas hipótesis, la secuencia razonable es la misma: reunir los recibos y comprobantes, calcular la diferencia día por día, verificar las fechas para no perder lo que está a punto de prescribir, presentar la solicitud de conciliación y, si no hay acuerdo, demandar con la constancia de no conciliación. Conviene conservar copia de cada documento presentado y de cada constancia recibida, porque la conciliación interrumpe la prescripción desde la presentación de la solicitud y esa fecha deberá poder probarse.

Conclusión

El salario mínimo es en México un piso que la Constitución y la Ley Federal del Trabajo protegen con especial intensidad: no puede pactarse por debajo de él, no puede renunciarse, no admite más descuentos que los enumerados en la ley y, para quien solo percibe el mínimo general, no da lugar a retención del impuesto sobre la renta ni a descuento de la cuota obrera del seguro social, que corre a cargo del patrón. Su monto se fija cada año por la comisión nacional tripartita mediante una resolución que debe dictarse en diciembre y publicarse a más tardar el 31 de diciembre, para regir desde el 1 de enero, sin quedar nunca por debajo de la inflación observada.

El año 2027 combina ese nuevo monto, todavía por fijar a la fecha de redacción, con la segunda etapa de la reducción de la jornada ordinaria, que pasa a 46 horas semanales sin que ello pueda implicar disminución de salarios. Quien cobra menos del mínimo dispone de un año por cada pago para reclamar la diferencia, debe en general pasar primero por la conciliación prejudicial, cuya solicitud interrumpe la prescripción, y llega al tribunal con una ventaja probatoria clara: corresponde al patrón demostrar el monto y el pago del salario con los documentos que la ley le obliga a conservar.

Este artículo describe el derecho federal vigente el 21 de noviembre de 2026 y no anticipa la resolución de 2027. En cada caso quedan por establecer los hechos determinantes: el área geográfica o la profesión aplicable, los días y horas efectivamente trabajados, las cantidades realmente pagadas, la naturaleza de cada descuento y las fechas de pago, de las que depende el cómputo de la prescripción.

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